Senado de Puerto Rico, 1917-1992 / Ensayos de Historia Constitucional by La Colección Puertorriqueña

SENADO DE PUERTO RICO

1917 -1992

JUNTA EDITORA

Carmen I. Raffucci, directora ■ Silvia Alvarez Curbelo Femando Picó Emilio Nazario, coordinador ejecutivo publicaciones conmemorativas 75e aniversario

ENSAYOS DE HISTORIA INSTITUCIONAL

® 1992, Senado de Puerto Rico

Portada: Senado de Puerto Rico, 1917-1992, óleo de Angel Nevárez, fotografiado por Eric Borcherding. Diseño: Rafael Rivera Rosa Tipografía: Mary Jo Smith Parés Diagramadón y cuidado de la edición: Yvette Torres Rivera

Impreso y hecho en los Estados Unidos de América/ Printed and made in the United States of America

Al pueblo de Puerto Rico

La creación del Senado de Puerto Rico representa un hito importante en el desarrollo de nuestra democracia. Al sustituir en 1917 al Consejo Ejecu tivo, un organismo de crasa naturaleza colonial, esta institución rubricó su intención de responder por encima de todo al pueblo puertorriqueño, fuente inalienable del ejercicio político. Hemos querido recoger setenta y cinco años de historia del Senado como Cuerpo al servicio del Pueblo de Puerto Rico. Lo valoramos como un espacio privilegiado por donde han transitado ilustres puertorriqueños, aportando desde sus diferentes miradas al bienestar del país. Líderes de diferentes partidos políticos —Antonio R. Barceló, Santiago Iglesias Pantín, Rafael Martínez Nadal, Luis Muñoz Marín, Gilberto Con cepción de Gracia, Luis A. Ferré, Rafael Hernández Colón y otros han reflejado en el espejo del Senado las utopías, proyectos, sueños y penas del Puerto Rico del siglo XX. En este volumen presentamos trabajos sobre la aportación de buenos puertorriqueños a la crónica del país en su agenda de modernización y de búsqueda de su identidad nacional. Estos ensayos narran, desde el recinto senatorial, acontecimientos decisivos que testimonian la transformación de Puerto Rico de una sociedad agraria a una sociedad industrial de corte internacional. Acogemos estos ensayos con el convencimiento de que son una refle xión honesta y crítica por parte de un grupo distinguido de académicos, sobre una institución de indiscutible significación en nuestra historia contemporánea. Invitamos a su lectura con la certeza de que promoverán entusiasmo e inspiración a generaciones presentes y futuras de puertorriqueños.

Miguel Hernández Agosto Presidente del Senado

INDICE

Introducción

Carmen I. Raffucci El Senado de Puerto Rico: La lucha por un espacio político puertorriqueño, 1900-1917

Enrique Vivoni Farage El Capitolio de Puerto Rico, 1907-1929: Origen y transformación de un ideal ........................

Silvia Alvarez Curbelo La casa de cristal: El ejercicio senatorial de Luis Muñoz Marín, 1932-1936

103

César A. Rey Parlamentarismo obrero y Coalición, 1932-1940

137

Femando Picó La incorporación del discurso del otro: La confrontación entre Vicente Géigel Polanco y Padrón Rivera en el Senado de Puerto Rico en marzo de 1941 ............................

161

Carlos Rodríguez Fraticelli Rexford G. Tugwell, el Senado de Puerto Rico y el problema del status, 1941-1946

183

Antonio Gaztambide Géigel El debate por la tradición: El Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, 1952-1956

207

Luis Martínez Fernández La Fortaleza y la Ciudadela: La transformación del Senado y de la política puertorriqueña durante la administración de Luis A. Ferré, 1968-1972 .

239

Aarón G. Ramos El camino hacia la anexión: La gestión del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, 1976-1980

269

Marcos A. Ramírez Irizarry El poder investigativo del Senado de Puerto Rico .......

289

Blanca G. Silvestrini Igualdad y protección: La legislación sobre la mujer en Puerto Rico ..............

313

María E. Rodríguez Castro Ley y letras en el Senado de Puerto Rico.....................

339

Carlos Gil Subjetividad nacional y dispositivo cultural de Estado: La legislación cultural puertorriqueña ........................

373

Silvia Alvarez Curbelo, Femando Picó, Carmen I. Raffucci Fuentes para la historia del Senado de Puerto Rico: Identificación y localización...............................................

405

Ensayistas / Colaboradores ...............................................

415

Integrantes del Senado de Puerto Rico, cuatrienio 1988-1992

417

14 El jueves 13 de agosto de 1992 se conmemora el septuagésimo quinto aniversario de la sesión inaugural del primer Senado elegido de Puerto Rico, creado mediante la Ley Orgánica Jones del 2 de marzo de 1917. En esa ocasión, y como resultado de las elecciones celebradas el 16 de julio de 1917, el Partido Unión de Puerto Rico ocupó trece de los diecinueve escaños disponibles, el Partido Republicano Puertorriqueño contó con cinco senadores y el Partido Obrero Socialista con uno. Setenta y cinco años después, el Senado de Puerto Rico está integrado por veintisiete miembros, dieciocho en representación del Partido Popular Democrático, ocho senadores pertenecientes al Partido Nuevo Progresista y un senador por el Partido Independentista Puertorriqueño. Aquel primer Senado asumió sus funciones en un Puerto Rico predominantemente rural y agrícola, diecinueve años después de que el general Nelson A. Miles desembarcara en Guánica al mando de las tropas norteamericanas. Junto a la Cámara de Representantes, integraba el único cuerpo insular representativo de los puertorriqueños. La población ascendía entonces a 1,299,809 habitantes. Hoy las circunstancias son otras. Vivimos en un Puerto Rico urbano, habitado por más de tres millones y medio de personas (3,522,037 según el último censo) y cuya economía globalizada descansa en industrias y servicios. Aún vinculado políticamente a los Estados Unidos, desde 1948 los votantes de la isla, además de seleccionar los cuerpos legislativos, eligen al gobernador cada cuatro años. La promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952 representa otro momento significativo en los esfuerzos de los puertorriqueños por ampliar su participación en el manejo de los asuntos políticos. A lo largo de setenta y cinco años, el Senado ha desempeñado un papel de gran trascendencia en la historia de Puerto Rico. Desde este espacio se han diseñado agendas y lanzado proyectos políticos que han dejado profundas huellas en el país; se han fraguado y aprobado piezas legislativas que inciden de manera decisiva sobre nuestro ordenamiento social y sobre nuestra calidad de vida; y se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con asuntos públicos encaminadas a tí?ir situaciones y lograr mayor justicia y equidad para los 'rriqueños. Se trata de una institución fundamental en nuestra vida Jo y de un espacio donde actúan líderes y partidos políticos cuyas íes, aciertos, desaciertos y omisiones afectan a todos. J volumen recoge catorce ensayos que estudian y analizan nes, proyectos, actuaciones y momentos claves del quehacer torial insular en el contexto del siglo XX. No se trata de un testimonio , fonológico del surgimiento y desarrollo de la institución. Es una colección de escritos que aborda aspectos y circunstancias claves en la historia del organismo desde diferentes accesos y perspectivas, deteniéndose en instancias que marcan rupturas, despegues y fechas simbólicas en nuestra

historia colectiva. El Senado es el espacio privilegiado que actúa de hilo comunicante dando coherencia al libro, a la vez que ilumina procesos y estructuras fuera de sus propias fronteras. El volumen es también una obra de enfoque plural, producto de un trabajo de equipo en el cual participaron historiadores, científicos políticos, abogados, arquitectos y estudiosos de la literatura comparada y de la filosofía, apoyados por un grupo de estudiantes que colaboraron con uno o varios ensayistas en sus investigaciones. Se trata, pues, de una combinación de esfuerzos y formas de historiar encaminadas a ampliar la discusión del tema, a renovar perspectivas y maneras de hacer historia institucional, y a mostrar nuevas posibilidades de investigación sobre el Puerto Rico del siglo XX. En los dos primeros escritos se reflexiona sobre aspectos fundacionales que guardan tangencia significativa: el político y el arquitectónico. Carmen I. Raffucci aborda el proceso que condujo al establecimiento del Senado de Puerto Rico tomando en consideración los reclamos locales, las pautas delineadas por influyentes ideológos de la política norteamericana opuestos a darle participación a los puertorriqueños en el manejo de sus asuntos, y la reticencia del Congreso de los Estados Unidos ante el temor de ser demasiado generosos con la antigua colonia española. Enrique Vivoni documenta la gestación, diseño y construcción del espacio físico que hoy alberga a nuestra Asamblea Legislativa. El Capitolio es, según el autor, “el edificio público de mayor presencia y significado en la modernidad americana” y representa las aspiraciones de progreso, estabilidad, libertad y democracia. En Puerto Rico, la estructura simboliza tanto la búsqueda de esos ideales como la ardua lucha por el gobierno propio. Desde ese escenario, inaugurado en 1929, actúan las cámaras legislativas insulares, principales y por mucho tiempo únicos cuerpos representativos del país. Los siguientes siete ensayos muestran al Senado como lugar de encuentros, desencuentros y conflictividades manejadas por líderes y partidos políticos con sus propuestas cambiantes sobre el país. De diversas maneras, la acción partidista y las fricciones y discusiones que ella genera se vierten en la legislación aprobada por el Cuerpo y afectan significativamente la vida cotidiana del pueblo puertorriqueño. Silvia Alvarez Curbelo escudriña la gestión legislativa de Luis Muñoz Marín durante el cuatrienio de 1932 a 1936. Con el sugestivo título “La casa de cristal: el ejercicio senatorial de Luis Muñoz Marín”, vincula la “herencia recibida”, su confrontación con la realidad del Puerto Rico de entonces y cómo —a pesar de la desventaja que significó moverse en un espacio dominado por la Coalición y de las discrepancias con el alto liderato de su propio Partido Liberal— Muñoz Marín fue diseñando un novedoso proyecto político que llevaría a la práctica en un futuro cercano y cuya trascendencia todos conocemos.

El jueves 13 de agosto de 1992 se conmemora el septuagésimo quinto aniversario de la sesión inaugural del primer Senado elegido de Puerto Rico, creado mediante la Ley Orgánica Jones del 2 de marzo de 1917. En esa ocasión, y como resultado de las elecciones celebradas el 16 de julio de 1917, el Partido Unión de Puerto Rico ocupó trece de los diecinueve escaños disponibles, el Partido Republicano Puertorriqueño contó con cinco senadores y el Partido Obrero Socialista con uno. Setenta y cinco años después, el Senado de Puerto Rico está integrado por veintisiete miembros, dieciocho en representación del Partido Popular Democrático, ocho senadores pertenecientes al Partido Nuevo Progresista y un senador por el Partido Independentista Puertorriqueño. Aquel primer Senado asumió sus funciones en un Puerto Rico predominantemente rural y agrícola, diecinueve años después de que el general Nelson A. Miles desembarcara en Guánica al mando de las tropas norteamericanas. Junto a la Cámara de Representantes, integraba el único cuerpo insular representativo de los puertorriqueños. La población ascendía entonces a 1,299,809 habitantes. Hoy las circunstancias son otras. Vivimos en un Puerto Rico urbano, habitado por más de tres millones y medio de personas (3,522,037 según el último censo) y cuya economía globalizada descansa en industrias y servicios. Aún vinculado políticamente a los Estados Unidos, desde 1948 los votantes de la isla, además de seleccionar los cuerpos legislativos, eligen al gobernador cada cuatro años. La promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952 representa otro momento significativo en los esfuerzos de los puertorriqueños por ampliar su participación en el manejo de los asuntos políticos. A lo largo de setenta y cinco años, el Senado ha desempeñado un papel de gran trascendencia en la historia de Puerto Rico. Desde este espacio se han diseñado agendas y lanzado proyectos políticos que han dejado profundas huellas en el país; se han fraguado y aprobado piezas legislativas que inciden de manera decisiva sobre nuestro ordenamiento social y sobre nuestra calidad de vida; y se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con asuntos públicos encaminadas a corregir situaciones y lograr mayor justicia y equidad para los puertorriqueños. Se trata de una institución fundamental en nuestra vida de pueblo y de un espacio donde actúan líderes y partidos políticos cuyas iecisiones, aciertos, desaciertos y omisiones afectan a todos. Este volumen recoge catorce ensayos que estudian y analizan gestiones, proyectos, actuaciones y momentos claves del quehacer senatorial insular en el contexto del siglo XX. No se trata de un testimonio cronológico del surgimiento y desarrollo de la institución. Es una colección de escritos que aborda aspectos y circunstancias claves en la historia del organismo desde diferentes accesos y perspectivas, deteniéndose en instancias que marcan rupturas, despegues y fechas simbólicas en nuestra

Por su parte, César A. Rey explora la labor de la mayoría coalicionista entre 1932 y 1940, destacando la gestión de los senadores socialistas en un Puerto Rico minado por una profunda crisis estructural y donde era cada vez más evidente el insoluble conflicto entre el capital y los reclamos reinvindicativos de los obreros. Los ensayos de Fernando Picó y Carlos Rodríguez Fraticelli se ocupan de aspectos relacionados con el quehacer senatorial en la década de 1940. Picó aprovecha el histórico debate protagonizado por el “ateneísta y novato” senador Vicente Géigel Polanco y el experimentado legislador Lino Padrón Rivera en marzo de 1941, para confrontar dos visiones aparentemente irreconciliables. En ese momento, Géigel llevaba el peso de “conducir a través del tráfico parlamentario” la legislación propulsada por el “joven” Partido Popular Democrático (PPD). Su insistencia en destacar las novedades del proyecto pepedeísta y sus críticas a los que no hicieron lo que tenían que hacer cuando correspondía provocaron la reacción de Padrón Rivera, quien defiende con ahínco su abolengo obrero, curtido en las luchas laborales, y denuncia con fuerza la filiación del PPD con los unionistas y liberales de viejo cuño. Ante todo, Padrón Rivera resiente que Géigel invada un discurso social que estima le pertenece al Partido Obrero Socialista. Rodríguez Fraticelli examina el comportamiento político del “matrimonio de conveniencia” protagonizado por el gobernador Rexford G. Tugwell y el Partido Popular Democrático entre 1941 y 1946. Durante esos años se establecieron las bases políticas, económicas, sociales y legales del modelo de desarrollo modernizante lidereado por los populares. El Senado fue una zona clave desde donde actuó el PPD, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, para poner en marcha ese plan y desde donde se negociaron y ratificaron nombramientos e iniciativas promovidas por Tugwell para transformar la “tierra aflijida” que concebía permanentemente ligada a los Estados Unidos. El afán tugwelliano de alejar al PPD de la independencia y su gestión en favor de que los puertorriqueños eligiesen al gobernador, como parte de la redefinición del vínculo colonial con los Estados Unidos, son también discutidos por Rodríguez Fraticelli en su trabajo. En su ensayo sobre el desempeño de los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado entre 1952 y 1956, Antonio Gaztambide Géigel analiza los reclamos y esfuerzos de éstos ante el debate sobre el status que se genera en y fuera de Puerto Rico en los albores de la creación del Estado Libre Asociado. El PIP, considerado por puchos como un desprendimiento del PPD y principal partido de posición entonces, asume una decidida postura anticolonialista frente a o que ocurre en la Organización de Naciones Unidas e invoca el compromiso fundacional pepedeísta con la justicia social y la

independencia. Esa ofensiva patriótica opacó, de acuerdo con Gaztambide, una gestión legislativa mucho más abarcadora llevada a cabo por el liderato independentista en el Senado y sentó las bases de los términos en que se discutirá el tema del status en el Puerto Rico contemporáneo. Luis Martínez Fernández privilegia otro momento y circunstancia en la historia del Senado. Narra los esfuerzos y ejecutorias llevadas a cabo por una Cámara Alta dominada por el Partido Popular Democrático mientras el Partido Nuevo Progresista controlaba el ejecutivo. El cuatrienio que transcurre entre 1968 y 1972 es de trascendental importancia para la vida de la institución y del Puerto Rico contemporáneo. En esos años, según el autor, ocurrió una dramática expansión de la autonomía y de los poderes del Cuerpo en el contexto de gobierno dividido prevaleciente. Es en ese foro donde se logra el traspaso generacional en el PPD y, como sucedió en 1944 y 1984, le servirá de base propulsora de su victoria electoral en 1972. En contraposición a La Fortaleza, se consolidó una “ciudadela” popular que exigía negociaciones y acuerdos en un ambiente caldeado por agrias pugnas partidistas. Este segmento sobre encuentros, desencuentros y conflictividades manejadas por líderes y agrupaciones políticas cierra con el escrito de Aarón G. Ramos, quien se ocupa del momento en que, por primera vez en la historia del Puerto Rico moderno, un partido anexionista adquiere pleno control del gobierno. Alentado por voces autorizadas en Washington, el liderato del Partido Nuevo Progresista, tras las elecciones de 1976, se lanza en una decidida campaña en favor de la “estadidad ahora”. La institución senatorial fue vital en el impulso y aprobación de legislación específica encaminada a pavimentar el camino para la incorporación de la isla como estado de la Unión norteamericana. Se legisló para modificar sustancialmente el orden económico estadolibrista, para incrementar la participación insular en la política metropolitana y para fortalecer símbolos que articularan nuevas lealtades ciudadanas cónsonas con la estadidad. Los cuatro ensayos subsiguientes se ocupan de tareas de larga duración asumidas por el Senado que han desembocado en políticas públicas para la sociedad puertorriqueña. Marcos Ramírez Irizarry traza el desarrollo de los poderes investigativos del Senado en el contexto del principio de separación de poderes enraizado en la tradición liberal anglosajona. Partiendo de la base de que la facultad de investigar de los cuerpos legislativos es inherente a la función de legislar, cita jurisprudencia al respecto y analiza los pormenores de la experiencia del Senado de Puerto Rico desde 1944 hasta hoy. En su narración destaca dos instancias claves en ese proceso: la investigación conjunta del Senado y la Cámara de Representantes entre 1957 y 1958 relativa al llamado “barril de tocino”, y

18 la investigación que arranca de los sucesos acaecidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978 El trabajo de Blanca G. Silvestrini sobre medidas referentes a los derechos de la mujer en Puerto Rico destaca las acciones tomadas durante la década de 1930 y a partir de 1975. De acuerdo con Silvestrini, las leyes insulares vinculadas a la mujer se han ocupado principalmente de dos aspectos: la familia y el ambiente de trabajo. En todo momento, la discusión ha estado permeada por el juego de visiones encontradas sobre lo que son y deben ser los roles de la mujer y los derechos que se le reconocen. María E. Rodríguez Castro explora visiones y opiniones sobre el país recogidas en los escritos de destacados líderes políticos que, además, se distinguieron en el cultivo de las letras, previo a la implantación de la Constitución de 1952. Tras destacar la función histórica del letrado puertorriqueño en el contexto latinoamericano, deslinda las agendas culturales en la acción legislativa y nos lleva hasta el momento en que el papel del político-hombre de letras se transforma ante el avance de la especialización y la profesionalización de la gestión gubernamental. Partiendo del análisis de la relación Estado-cultura, generadora de textos culturales que se generalizan en la percepción popular, Carlos Gil Ayala documenta tres fases en la trayectoria de la legislación cultural puertorriqueña. Una primera etapa —de “ensayo cultural”— se empeñó en la conservación, reglamentación y fomento de actividades en tomo al legado español. La legislación entonces se orientó a la preservación de documentos, monumentos y zonas históricas en estrecha vinculación con el proyecto turístico del país. La segunda etapa, considerada de “madurez fundacional de instituciones culturales”, se inicia en 1952 y culmina en 1987. La creación de organismos como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación del Centro de Bellas Artes y la Ley Orgánica del Departamento de Educación son iniciativas representativas de esa etapa. La tercera y última fase, calificada de “protagonismo cultural”, tiene como puntales importantes la Ley de Propiedad Intelectual (1988) y la Ley del Español como Idioma Oficial (1991). Cada una de estas etapas de legislación cultural registra la trayectoria del Senado puertorriqueño en la creación e institucionalización de símbolos y formas que nos identifican como pueblo. Finalmente, se incluye un corto ensayo sobre los diversos tipos de fuentes disponibles para quienes deseen conocer más a fondo la historia del Senado de Puerto Rico y se identifican los principales depósitos documentales donde se encuentran dichas fuentes. Esperamos que el mismo sirva de guía a los que se inician en la investigación de la historia político-institucional insular. La preparación y publicación de esta obra no hubiera sido posible sin la iniciativa y apoyo del presidente del Senado, Honorable Miguel A. Her-

nández Agosto, así como de un grupo de personas que colaboraron en la gestación e implantación del proyecto. En agosto de 1990, la profesora Celeste Benítez, entonces secretaria del Senado de Puerto Rico, inició las gestiones para instrumentar la prepara ción del volumen conmemorativo. Su intervención fue decisiva en la viabilización del proyecto. Se constituyó entonces una Junta Editora integrada por Silvia Alvarez Curbelo, Femando Picó y Carmen I. Raffucci, cuya entrega para lograr el éxito del proyecto merece nuestro más alto reconocimiento. De igual manera, el entusiasmo y respaldo continuo ofrecido por la actual secretaria del Senado de Puerto Rico, Mercedes Ortiz de Martínez, fue de significativa importancia para la realización y culminación del mismo. A Emilio Nazario, coordinador ejecutivo de las publicaciones conme morativas del setenta y cinco aniversario del Senado, el más sincero agradecimiento por la diligencia en la solución de los inevitables proble mas y por la ayuda ofrecida a los participantes en todo momento. Agradecemos, además, la generosa y desinteresada cooperación brin dada por Pablo Crespo Claudio, Orlando I. Vargas López, Blanca I. Pérez Molinary, Orlandita Berríos, Yolanda Sánchez Estrada, Enrique Ortiz Rodríguez, Elia López Rodríguez, Maritza Rivera Ocasio, Ana D. Miranda y Carmen Iris Rosario, adscritos a las secretarías de Administración y del Senado de Puerto Rico. Nuestro reconocimiento también al personal de los distintos archivos y bibliotecas que facilitaron el trabajo de los participantes en el proyecto. En particular, agradecemos el apoyo ofrecido en la Colección Puertorriqueña y en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca General José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; en la Biblioteca Legislativa del Capitolio, en la Administración de Documentos del Senado de Puerto Rico y en la Fundación Luis Muñoz Marín. El proyecto tiene una enorme deuda de gratitud con los estudiantes investigadores Carlos Altagracia, José R. Colón Fuentes, Alberto García Torres, Zilkia Janer Vila, Jorge Lizardi Pollock, Alejandra Martorell, Mareia Quintero Rivera, Clotilde Rexach Benítez, Dina Rivera y Rady Roldán Figueroa, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, por su entusiasmo y dedicación en el cumplimiento de las tareas de investigación que les fueron asignadas. A los compañeros estudiantes y a los ensayistas el más sincero agradecimiento; el volumen refleja el trabajo de todos. Este libro representa también la colaboración entre dos instituciones importantes del país: el Senado de Puerto Rico y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Gracias al doctor José M. Saldaña,

20 presidente de la UPR, y al rector del Recinto de Río Piedras, doctor Juan R. Fernández, por acoger y apoyar la idea.

El Senado de Puerto Rico: La lucha por un espacio político puertorriqueño 1900-1917

Carmen I. Raffucci

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Alas 10 y 45 de la mañana de ayer, hicieron su entrada en el salón de sesiones del alto cuerpo colegiador dirigiéndose a ocupar los escaños respectivos, los senadores electos. La Democracia, 14 de agosto de 1917

El lunes 13 de agosto de 1917 quedó constituido el primer Senado de Puerto Rico según dispuesto por la Carta Orgánica Jones, firmada por el presidente de los Estados Unidos el 2 de marzo de 1917. La prensa portavoz de los principales partidos políticos locales destacó con gran despliegue el acontecimiento e informó sobre el “infinito número de personas” que concurrió a la sesión inaugural, los discursos pronunciados en la ocasión y la enorme responsabilidad que sobre el país “pesa ahora”.1 En un editorial que anunciaba “el nuevo régimen”, La Democracia confirmaba la muerte del Consejo Ejecutivo con las siguientes palabras:

...desaparecía una gran sombra, un cuerpo más perjudicial que inútil; y pensamos que la muerte era justa, necesaria, placentera, y en lugar de decir, como en la muerte de los reyes: ¡El Consejo Ejecutivo ha muerto, viva el Consejo Ejecutivo!, exclamamos con regocijo: Bien muerto está. Ya era tiempo de que pasara a la historia, para que la historia le absuelva o le condene.

Respecto al régimen implantado con la Ley Jones, el editorial indicaba que “no era todo lo que teníamos derecho a esperar. Es parte de lo que se nos debía”, y concluía señalando que “a este paso de avance, han de suceder otros más”. En cuanto a las responsabilidades de los miembros de la nueva Asamblea Legislativa apuntaba: Ahora corresponderá íntegra a vosotros la responsabilidad del fracaso, o la gloria del éxito. La prueba es decisiva. De esta prueba debéis salir.

1 La Democracia, 14 de agosto de 1917.

24 Tenéis que salir triunfantes, para gloria de todos y para gloria y honra de la tierra en que nacimos.2

Por su parte, El Tiempo —órgano del Partido Republicano Puertorriqueño— al reseñar los trabajos de la primera sesión legislativa y tras exaltar “el buen juicio, la serenidad de espíritu y el buen sentido” reflejados en el discurso pronunciado por el presidente del Senado, Antonio R. Barceló, concluía: Dios tenga de la mano a los hombres de Puerto Rico que aceptan gozosos la gran responsabilidad de demostrar con sus artes y sus votos que somos capaces de gobernamos sin la retranca del Consejo Ejecutivo.3

El establecimiento de un senado electivo en Puerto Rico estuvo precedido por grandes luchas y contratiempos, agrias polémicas políticopartidistas, frustraciones, e intensos debates en y fuera del país. El empeño en demostrarle a los poderes legislativo y ejecutivo norteamericanos la capacidad de los puertorriqueños para “gobernarse a sí mismos” se advierte desde la instauración del régimen militar en 1898 y se intensifica con la aprobación de la Ley Foraker en 1900. La discusión en favor de una cámara alta seleccionada por los votantes puertorriqueños se asocia con otros contextos metropolitanos igualmente importantes. Estuvo estrechamente vinculada a las exigencias y necesidades estratégico-militares y económicas de los Estados Unidos a fines del siglo XIX, al “proyecto” concebido por las altas esferas del gobierno sobre la función de las islas arrebatadas a España en 1898, y a la visión que sobre los habitantes de éstas fueron labrando influyentes ideólogos de la política norteamericana. Contra estas coordenadas chocaron los sueños de los líderes políticos insulares que esperaban que el Congreso dotara a la isla de un gobierno territorial, similar al que tradicionalmente otorgaba a áreas no estatales bajo su jurisdicción. En este ensayo nos proponemos examinar el proceso de creación del Senado de Puerto Rico tomando en consideración las aspiraciones y reclamos locales, las pautas delineadas por un influyente sector de la rama ejecutiva en Washington y la reticencia congresional ante el temor de ser “demasiado generoso” con las antiguas colonias españolas. Fueron diecisiete años de trabajo arduo. El establecimiento de una cámara alta electiva fue un episodio complejo y denso en el proceso de lucha de los puertorriqueños por ampliar su participación en el manejo de los asuntos internos dentro de conflictivas propuestas sobre la identidad y el futuro eolítico del país. 2 La Democracia, 13 de agosto de 1917. 3 El Tiempo, 14 de agosto de 1917.

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Primer Senado de Puerto Rico (1917). Puerto Rico Ilustrado, 18 de agosto de 1917.

DE LA LEY FORAKER A LA CRISIS LEGISLATIVA DE 1909 No es fácil formar una idea exacta ni determinar el sentido de las palabras “absorción" y “ameri canización” empleadas en los últimos tiempos en debates políticos. Francisco P. Acuña, The Puerto Rico Herald, 10 de marzo de 1902.

El legado de la Ley Foraker: El Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados

La “ley para proveer, temporalmente, de rentas y un gobierno civil a la isla de Puerto Rico”, conocida comúnmente como Acta o Ley Foraker, generó gran frustración en importantes sectores de la sociedad puertorriqueña y en algunos círculos políticos norteamericanos. La misma no satisfacía las aspiraciones de aquéllos que habían soñado con la plena integración económica a la nueva metrópoli mediante el comercio libre, con la sustitución del régimen militar implantado tras la invasión por uno de carácter civil, acorde con los patrones seguidos en los Territorios estadounidenses; y con la extensión de la Constitución y ciudadanía norteamericanas a Puerto Rico. La Ley Foraker no trajo consigo ni el comercio libre, ni la extensión de la Constitución federal, ni la ciudadanía norteamericana, ni la legislatura

bicameral electiva, ni el delegado territorial que nos representaría en el Congreso. En cambio, impuso una tarifa temporera de 15% sobre el comercio entre los dos países, la condición de ciudadanos de Puerto Rico bajo la protección de los Estados Unidos, y un comisionado residente, sin voz ni voto en el Congreso, con derecho a reconocimiento oficial en los departamentos del ejecutivo, a la presentación en el Departamento de Estado del correspondiente certificado de elección extendido por el gobernador de Puerto Rico. Los poderes legislativos quedaron en manos de una Cámara de Delegados elegida localmente cada dos años y un Consejo Ejecutivo compuesto por once miembros designados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Seis de los once integrantes del organismo constituían el gabinete del gobernador: los que ocupaban los cargos de secretario de Puerto Rico, procurador general, tesorero, contador, comisionado del Interior y comisionado de Educación, Los cinco restantes se seleccionarían entre personas “bien acreditadas”, residentes “nativos” de la isla. Las leyes aprobadas por ambos cuerpos estaban sujetas a la firma del gobernador. Se disponía, además, que toda ley decretada por la Asamblea Legislativa sería comunicada al Congreso de los Estados Unidos, “el que por la presente se reserva la facultad de anularla si lo tuviere por conveniente”.4 Las disposiciones de la Ley Foraker relativas a la composición de la Asamblea Legislativa se alejaban dramáticamente del patrón de gobierno territorial y abandonaban la práctica, observada consecuentemente a partir de la Ley que creaba el Territorio de Wisconsin en 1836, de permitir la elección de ambos cuerpos legislativos por los votantes del lugar.6 De igual manera, la otorgación de facultades “híbridas” a seis miembros del Consejo Ejecutivo tampoco respondía a la tradición liberal de separación de poderes. La imposición de una cámara alta nombrada por el presidente, con la única restricción de que cinco de sus integrantes fuesen nativos residentes; el poder de veto reservado al gobernador, y la facultad del Congreso para

4 Para unanáliBÍBdetalladodelamedida,bu pasoporel Congreso, lastnodificacionefl y discusiones en tomo a éstas, ver entre otros trabajos, Lyman J. Gould, La Ley Foraker: raíces de la política colonial de loe Estados Unidos, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1969); Carmen I. Raffucci, El gobierno civil y la Ley Foraker (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1981); José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, 4 volúmenes, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980-1983), 1:186-234. 6 Actas territoriales recogidas en: 56th Congress, Ist Session, Senate Document 148, Organic Acts for the Territorios of the United States, with Notes, thereon, Compiled from the Statutes at Large of the UnitedStaies; also Appendixes, ComprisingOtherMatters Relating to the Government of the Territorios, (Washington, Government Pnnting Office, 1900). Ver también: William F. Willoughby, Territorios and Dependencies of the United States: Their

anular cualquier legislación aprobada localmente dejaba a la Cámara de Delegados en una posición de gran debilidad. En realidad, la iniciativa legislativa del único cuerpo representativo de los puertorriqueños estaba sujeta a un triple veto: el del Consejo Ejecutivo, el del gobernador y el del Congreso de los Estados Unidos. Las expresiones de descontento no se hicieron esperar. Luis Muñoz Rivera, quien en su visita al presidente William McKinley en mayo de 1899 le manifestó que “los puertorriqueños, sin excepción alguna, son adictos a la Unión Americana” y esperaban la extensión a la isla de “toda clase de derechos y libertades propias de los Territorios y estados del Continente”6, expresó su insatisfacción e indicó que la medida “no llena las aspiraciones, ni satisface los anhelos del País”.7 A su juicio, la Ley Foraker era “un mezquino simulacro de régimen civil” donde todo era exótico menos la Cámara de Delegados que era la “única voz de Puerto Rico en el sistema a implantarse”.8 Comparaba desfavorablemente con la Carta Autonómica otorgada por España en 1897 que disponía una cámara baja representativa y un Consejo de Administración, o cámara alta, compuesto de quince miembros, ocho de los cuales eran elegidos y siete nombrados. Concluía diciendo que la Ley Orgánica de 1900 “nunca debió salir del Capitolio” porque era “indigna de los Estados Unidos que la imponen y de Puerto Rico que la soporta”.9 Las esperanzas del Partido Republicano Puertorriqueño, defensor al igual que el Federal Americano del “gobierno propio” de corte territorial previo a la integración de la isla como estado de la Unión, también fueron defraudadas. En febrero de 1900, mientras se discutía el proyecto Foraker en el Congreso, el enviado del Partido a Washington, Luis Sánchez Morales, manifestó sus temores en una carta dirigida a Manuel F. Rossy: En general aquí prevalece la opinión de que no somos aptos para gobernamos enteramente por nosotros mismos y de que la Constitución nos viene muy ancha...

Más adelante añadía:

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Hasta que Puerto Rico no esté suficientemente americanizado, hasta que no haya mucha lengua americana en nuestro país, que en idioma inglés pida lo que estamos nosotros pidiendo hoy, en el lenguaje de una raza que

Government and Administration (New York, The Century Co., 1905) y “The Executive Coundl of Porto Rico”. The American Political Science Review (Auguet, 1907), 561-582. 6 La Democracia, 19 de mayo de 1899. 7 Diario de Puerto Rico, 15 de abril de 1900. 8 Diario de Puerto Rico, 19 de abril de 1900. 9 The Puerto Rico Herald, 13 de junio de 1901.

28 aquí se juzga inferior, no conseguiremos la completa satisfacción de nuestras aspiraciones.10

Terminaba consignando un comentario de un congresista a los efectos de que hacer extensiva la Constitución a Puerto Rico “era lo mismo que arrojar perlas a cerdos”. Sin embargo, tras la aprobación de la medida, el Partido Republicano adoptó una actitud colaboracionista y pareció aceptarla como algo “transitorio” que seria corregido en un futuro cercano. En lugar de hacerse eco de la crítica pública de los federales, El País editorializó que la Ley Foraker podía producir “brutos óptimos en su desenvolvimiento” y lograr garantías para el pueblo mediante gestiones en la Cámara de Delegados.11 Por su parte, el anexionista doctor José Julio Henna denunció “Al Pueblo de Puerto Rico” que el gobierno otorgado a la isla era “tan infame en principio como inmoral en detalles”.12 Meses más tarde, en una carta enviada a Roberto H. Todd, candidato a un escaño en la Cámara de Delegados, Henna afirmaba que la Ley era “una gigante injusticia a un pueblo confiado a la vez que vilmente engañado por la Nación que usted y yo habíamos creído incapaz de acción tan baja”.13 Eugenio María de Hostos desde su exilio voluntario en Santo Domingo al hacer constar su desacuerdo con la legislación congresional, señaló: No es propiamente el gobierno civil, ni siquiera el que en los Estatutos Revisados del país de las leyes precisas y concretas, se conoce con el nombre de Territorio. Es—, un ensayo de gobierno híbrido, mezcolanza de régimen a la americana y de coloniaje a la española.14

La imposición de una estructura legislativa con las características del Consejo Ejecutivo generó un agrio debate y levantó voces de protesta en el propio Congreso norteamericano. El representante James Hay (demócrata-Virginia) la tildó de “oligarquía” que se apartaba de la forma republicana de gobierno. Los representantes Swanson y Jones calificaron al Consejo de “directorio”, de “organismo extranjero” y de “corporación antidemocrática”. En tanto, el republicano disidente Samuel McCall,

10 Gonzalo F. Cérdova, Luis Sánchez Morales: servidor ejemplar, (San Juan, Editorial Académica, Inc., 1991) Apéndice 1,211-213. 11 El País, 5 de junio de 1900. 12 Diario de Puerto Rico, 27 de abril de 1900. 13 Roberto H. Todd, José Julio Henna, 1848-1924 (San Juan, Cantero, Fernández y Compañía, 1930), 38-39. 14 Eugenio María de Boatos, Madre isla: campaña política por Puerto Rico, 1898-1903, Volumen V de Obras completas, 22 volúmenes (La Habana, Cultural, SA, 1939), 223.

describió la medida como “colonial”.15 En la plataforma del Partido Demócrata de 1900 se incluyó una clara condena a la sustitución de los ideales democráticos norteamericanos por la “tiranía” y el “imperialismo” al aprobarse la Ley Foraker y se expresó apoyo a la extensión de los derechos y privilegios del gobierno territorial a los habitantes de Alaska y Puerto Rico.16 Es evidente que la Ley Foraker no satisfizo las aspiraciones de los puertorriqueños, ni de algunos sectores de la política norteamericana. Como muy bien concluye el historiador Lyman J. Gould, la medida se apartó definitivamente de la tradición territorial y sentó las bases de la “política colonial”, lanzando al país a las aguas del imperialismo.17

El discurso de la tutoría Para entender cómo y por qué se fraguaron las instituciones y derechos recogidos en la Ley Foraker, es necesario examinar brevemente el papel neurálgico desempeñado por el Departamento de Guerra y, en particular, por el secretario Elihu Root. El propio Root confirma en sus escritos que en 1899 decidió dejar una próspera carrera como abogado de corporaciones en Nueva York y aceptar al gobierno de Estados Unidos “como su cliente” a petición del presidente McKinley. En un discurso pronunciado en 1915 reconoció que la principal y “más fascinante tarea” durante el desempeño de sus funciones había sido el diseño y elaboración de la política de gobierno implantada en Puerto Rico, Cuba y Filipinas entre 1900 y 1904, a fin de “familiarizar” a sus habitantes con las tradiciones y prácticas políticas norteamericanas, y “alejarlos” de la herencia de atraso, ignorancia y desconocimiento de “gobierno honesto” legada por España.18 18 Tanto el proyecto Foraker (S. 2264) como loe presentados por Sereno Payne en la Cámara de Representantes (HR 6883 y 8245) referentes a Puerto Rico fueron objeto de amplios y acalorados debates en el Congreso. La extensión de esas discusiones durante los meses de enero, febrero y marzo de 1900 llevó a los congresistas a designar el proyecto de ley para la isla como el “unfínished business” de la sesión. Cf. United States. 56th Congress. Congressional Record, volume XXXIII. Para un resumen de los puntos más sobresalientes ver: Raffucci, El gobierno, 89-104. 16 Kirk Porter y Donald Bruce Johnson (editores), National Party Platforms: 1840-1960 (Urbana, University of Illinois Press, 1961), 112-121. 17 Gould, La Ley Foraker, 9-11. También John R. Dulles, America’sRiseto World Power, 1898-1954 (New York, Harper Torchbooks, 1963); David Healy, U. S. Expansionisnu the Imperialist Urge in the 1890’s (Madison, Wisconsin University Press, 1976) y Drive to Hegemony: the United States in the Caribbean, 1898-1917 (Madison, Wisconsin University Press, 1988); Charles Reynolds, History and the Seas: Essays on Maritime Strategies (South Carolina, University of South Carolina Press, 1989). 18 Elihu Root, The Military and Colonial Papers of the United States: Addresses and Reporte (Cambridge, Harvard University Press, 1916), xiii-xvi. Sobre lacarrera profesional y su gestión pública como secretario de Guerra, secretario de Estado y senador por Nueva York, ver: Phillip Jessup, Elihu Root, 2 volúmenes, (Nueva York, Dodd, Mead & Co., 1938) y Richard Leopold, Elihu Root and the Conservativo Tradition (Boston, Little, Brown & Co., 1954).

30 En el Informe anual de 1899 indicó que comenzó su trabajo con Puerto Rico por considerar que era el “caso más sencillo”. Partiendo del supuesto de que la isla estaba bajo la “soberanía incuestionable” de los Estados Unidos, sin ninguna obligación de seguir las pautas territoriales, concluyó que, ante la tradición heredada de España y el alto grado de analfabetismo imperante, convenía someter a los puertorriqueños a un período de “tutoría” o de adiestramiento en el arte de gobernar. Durante esta etapa la administración insular estaría en manos del gobernador, un gabinete ejecutivo y un “consejo legislativo”, compuesto por los miembros del gabinete y una minoría de puertorriqueños, nombrados todos por el presidente estadounidense. En cuanto a la elección de algún cuerpo legislativo, indicó que debía posponerse hasta que los puertorriqueños tuvieran oportunidad de ensayar el manejo de los asuntos municipales y • concluyera el “período formativo” bajo la dirección del propuesto consejo legislativo. Recomendaba, además, que en esta fase se limitara el sufragio a propietarios y alfabetizados.19 Una de las principales fuentes de información de Root en la elaboración de sus recomendaciones fue el Informe sometido por el gobernador militar de Puerto Rico, George W. Davis.20 Al igual que Root, Davis creía en establecer en la isla un gobierno altamente centralizado controlado por una élite norteamericana nombrada por el presidente y que respondía a él. Consideraba que era la única manera de evitar que Puerto Rico se convirtiera en un país al estilo “centro y suramericano” y de extirpar la mala herencia española. Para apoyar sus puntos de vista destacó que Inglaterra implantó un modelo similar en la isla de Trinidad a partir de 1810, para sustituir el gobierno militar establecido al ocuparla en 1797.21 El proyecto (S. 2264) radicado por el senador republicano de Ohio, Joseph B. Foraker, el 9 de enero de 1900 disponía el establecimiento de una legislatura bicameral compuesta por el consejo ejecutivo y una cámara de delegados elegida cada dos años. Durante el período de vistas públicas celebradas por el Comité de Asuntos Insulares, el gobernador Davis reiteró su apoyo a la exclusión de los puertorriqueños del gobierno y se refirió a la “eventual” creación de la cámara de delegados. Varios deponentes norteamericanos y puertorriqueños optaron por no hablar sobre las

19 Root, The Military, 161-175. 20 Annual Report of the War Department (1899), 29. 21 Report of the Brigadier General George W. Davis on Civil Affairs of Puerto Rico (Washington, GPO, 1901), 71 y siguientes. Sobrelahistoña de Trinidad bajo el dominio inglés ver. Eric Williams, The History of the People of Trinidad and Tobago (London, Andre Deutsch, 1964) capítulos VII, X y XIII. Davis no menciona que en 1791 los ingleses establecieron en Quebec un consejo legislativo con funciones ejecutivas y legislativas similar al propuesto.

31 estructuras de gobierno y fundamentalmente defendieron el libre comercio entre ambos países. La mayoría de los representantes de Puerto Rico, sin embargo, insistió en la ciudadanía americana, la extensión de la Constitución a la isla y el gobierno propio de corte territorial.22 Aunque finalmente se impuso el concepto de consejo ejecutivo formulado por el Departamento de Guerra, la mayoría senatorial bajo el liderato de Foraker defendió y finalmente aprobó la Cámara de Delegados, ante las acusaciones de imperialismo esgrimidas por congresistas demócratas y republicanos disidentes y el temor de no conseguir los votos necesarios para aprobar la medida. ¿Por qué el empeño en apartarse de las pautas territoriales y en negarle los reclamos de comercio libre, extensión de la Constitución y ciudadanía, delegado territorial y cuerpos legislativos electivos a Puerto Rico en 1900? ¿Por qué esta conducta respecto a un país que había recibido entusiasta al ejército invasor y no presentaba una situación de insurrección interna como Filipinas? Los motivos fueron múltiples y se insertan en el escenario macro del rumbo exterior asumido por los Estados Unidos a fines de siglo. La razón principal para ocupar y retener la isla y las otras posesiones adquiridas durante la Guerra Hispanoamericana, fue la necesidad de asegurar mercados, rutas y posiciones estratégicas en un mundo parcelado por y para los intereses de las naciones industrializadas de entonces. Estados Unidos estaba en esa carrera; las elecciones de 1896 demostraron que había consenso entre diversos sectores de poder sobre la urgencia de buscar y garantizar el control de mercados y áreas de inversión. El Departamento de Guerra contaba con un plan de acción preciso y claro. El diseño estratégico-militar “mahaniano” que guió las acciones de 1898 debía ser consolidado.23 Para 1900 la construcción del canal interoceánico estaba a la vuelta de la esquina y urgía desarrollar estaciones de avanzada, pimíos de apoyo, bases carboneras y bases navales que completaran el diseño de dominio. Los estrategas y los políticos norteamericanos hablaban de colonias, protectorados, zonas militarizadas y áreas de influencia. El Caribe era 22 56th Congress, Ist Session, Sen ate Document 147. Hearings before the Committee on Pacific Islands and Puerto Rico on Senate bilí2254, to Provide a Government for the Island of Puerto Rico and for Other Purposes. (Washington, GPO, 1900). 23 Cf. Alfred T. Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Future (London, Sampson, Low, Maratón & Co., 1897); The Influence of Seapower upon History, 1660-1783 (New York, Hill and Wang, 1968) y Lessons of the War with Spain and Other Articles (Boston, Little, Brown & Co., 1918). También: Richard Challener, Admiráis, Generáis and American Foreign Policy, 1898-1914 (New Jersey, Princeton University Press, 1973); Donald A. Yerxa, Admiráis and Empire; the United States Navy and the Caribbean 1898-1945 (South Carolina, University of South Carolina Press, 1991) y Walter La Feber, The New Empire: An Interpretation of American Expansión, 1860-1898 (Ithaca, Cornell University Press, 1980).

vital en la concreción de este proyecto y Puerto Rico, considerado por Mahan como “la Malta del Caribe”, constituía una pieza clave en el “lago americano” en esta parte del mundo. La Marina de Guerra se convirtió en el principal instrumento diplomático en la región, encargada de protegerla de la intervención de naciones competidoras y de mantener la “estabilidad interna” de los países del área.24 En las mentes de los principales estrategas y asesores del presidente McKinley estaba claro que la finalidad última de las antiguas posesiones españolas no era “incorporarlas” como futuros estados de la Unión. Su destino era otro. El andamiaje ideológico de corte racista para justificar la intervención privilegió una visión de mundo dividido entre países “civilizados” (con economías industrializadas, alta tecnología y tradiciones anglosajonas) y pueblos “por civilizar”, descendientes de razas “inferiores”, herederos de tradiciones no anglosajonas e incapaces de gobernarse. Su función era suplir materia prima o alimentos, garantizar el control de rutas comerciales, servir de puntos estratégicos y consumir mercancías producidas en los países industrializados. La metrópoli, en cambio, traería carreteras, escuelas, higiene, vacunas, leyes y gobierno a la inglesa. En otras palabras, “progreso”, “modernización” y “redención eterna”. El “tutelaje civilizador” esbozado en la antigüedad por Aristóteles y puesto al día en la Inglaterra victoriana fue invocado en 1900 por los Estados Unidos. Irónicamente, la antigua y “ex-tirana” metrópoli proporcionó los “modelos” institucionales que habrían de implantarse en las nuevas posesiones; Root, Davis, Mahan y otros se inspiraron en las pautas británicas para diseñar el “gobierno” y reconocerle “derechos” a los habitantes de aquéllas. Ya para el 14 de septiembre de 1898 el asesor del Partido Republicano, entonces decano de la Facultad de Filosofía y próximo presidente de la Universidad de Columbia (1901), Nicholas M. Butler, escribió al presidente McKinley para expresar su rechazo a la posibilidad de que Hawaii, Puerto Rico, Filipinas, o la misma Cuba pudieran ser aceptadas alguna vez como miembros de la unión. A su juicio, esto sería “el principio del fin de nuestra forma actual de gobierno constitucional”. Recomendó que las islas fueran gobernadas según el patrón establecido por los ingleses en Egipto y que, mientras durara la

24 Para detalles específicos sobre el papel de Puerto Rico, ven María E. Estades, La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, 1898-1918: Intereses estratégicos y dominación colonial (Río Piedras, Huracán, 1988); Jorge Rodríguez Beruff, Política militar y dominación: Puerto Rico en el contexto latinoamericano (Río Piedras, Huracán, 1988) Parte I; Humberto García, La estrategia de Estados Unidos y la militarización del Caribe (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1988), capítulo 1 y James Dietz, Historia económica de Puerto Rico (Rio Piedras, Huracán, 1989), capítulo Ú:9&-152.

33 ocupación, se desarrollaran sus riquezas naturales para “hacer que ellas paguen el costo de su propia redención”. Para lograr ese objetivo era imprescindible que el gobierno estuviera en manos de “oficiales expertos seleccionados por el Presidente de los Estados Unidos”.25 Años después de abandonar su cargo en el Departamento de Guerra, Root continuó oponiéndose a otorgarles a los puertorriqueños y a los filipinos derechos cónsonos con la legislación territorial o estadual. En 1908 hizo constar su oposición a la incorporación de Puerto Rico como Territorio argumentando que Estados Unidos no podía renunciar a la isla “por su importancia estratégica para la defensa del Canal de Panamá”, pero que no debía “diluirse nuestro electorado” aceptándolo como miembro de la Unión. Durante su incumbencia en el Congreso como senador por el estado de Nueva York (1912-1916) se opuso a la concesión de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños con argumentos similares.26 ¿Para qué había servido el tutelaje en esos diecisiete años?

Reclamos de reforma y conflictos inevitables

Entre 1901 y 1909 se radicaron alrededor de quince proyectos en el Congreso para modificar o ampliar aspectos de la Ley Foraker. La mayoría no llegó a discutirse en el hemiciclo pero refleja los reclamos más urgentes de los portavoces de Puerto Rico, a saben (1) la petición de la ciudadanía norteamericana (2) el derecho a enviar un delegado al Congreso y (3) la creación del senado electivo. En la discusión pública estas aspiraciones se fundieron con la exigencia de la extensión de la Constitución y la insistencia en el gobierno propio acorde con las pautas territoriales. Una rápida ojeada a las gestiones del primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington, licenciado Federico Degetau, (1900-1904) demuestra sus esfuerzos para enmendar la Ley Foraker y, a la vez, luchar por los objetivos programáticos del Partido Republicano Puertorriqueño. En su visita protocolar al presidente McKinley en diciembre de 1900, el comisionado le manifestó su deseo de que la isla contara con un delegado territorial ante el Congreso en lugar del comisionado residente.27 Para 26 Nicholas M. Butler, Aeróse the Buey Years: Recollections and Reflections. 2 volúmenes (New York/London, C. Scribner’s Sons, 1939), 11:344-349. 26 Jessup, Elihu Root, I, 378-379. Root, Mahan, Davis y Butler tenían un vasto cono cimiento del sistema colonial inglés que se refleja en sus análisis y recomendaciones para el manejo de las posesiones adquiridas en 1898. 27 Carta de Federico Degetau a José C. Barbosa, Manuel F. Rossy y Luis Sánchez Morales, 14 de diciembre de 1900. En: Colección Angel M. Mergal, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; (caja) 2 (cartapacio) V (documento) 18. Ver también: Angel M. Mergal, Federico Degetau: un orientador del pueblo (New York, Hispanic Institute, 1944).

34 Degetau, la concesión del delegado, por enmienda a la Ley Foraker o mediante legislación especial, implicaba el reconocimiento de hecho de la condición territorial de Puerto Rico. Durante los próximos tres años laboró con ahínco para propulsar legislación congresional a esos efectos. En 1903 el representante Cooper (Wisconsin) radicó un proyecto para crear el cargo pero, aunque recibió el endoso del Comité de estudio cameral, no llegó a convertirse en ley.28 La lucha por la ciudadanía norteamericana fue otra prioridad importante para Degetau. En un primer momento, tanto él como el liderato de su Partido cifraron sus esperanzas en que la ciudadanía vendría a través de la “solución favorable” de unos casos pendientes de decisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así lograrían lo que “la Administración no estaba dispuesta a otorgar”. Por otro lado, tan pronto tomó posesión de su cargo de comisionado solicitó postular ante ese foro por ser abogado postulante del “Tribunal Supremo del Territorio de Puerto Rico”. Fortaleció su petición con el argumento de que los puertorriqueños eran ciudadanos norteamericanos “por virtud del Tratado de París, la Ley Foraker y la propia Constitución de los Estados Unidos”.29 Ante el fracaso de éstos y otros esfuerzos, el líder republicano Manuel F. Rossy manifestó su desilusión por la falta de acción federal para cambiar “nuestro estado actual”. En carta enviada a Degetau en 1903 le expresaba que, a pesar de todo, tenía fe en que el Congreso otorgara la ciudadanía y modificara la composición del Consejo Ejecutivo, “lo cual es de suma importancia para nosotros por ir esta gente (conséjales norteamericanos) sacando las uñas”.30 En el Informe rendido en 1901 por la Comisión encargada de revisar y compilar las leyes de Puerto Rico, nombrada por el presidente de los Estados Unidos por virtud del Artículo 40 de la Ley Foraker, se propuso la creación de un senado electivo formado por veintiún (21) miembros y se criticó severamente “la confusión de poderes” creada por la Ley Foraker. Se insistió también en el gobierno territorial y en la ciudadanía norteamericana.31 Por su parte, la Cámara de Delegados se convirtió en un importante portavoz de la lucha por modificar el régimen vigente. En un memorial al Congreso enviado en 1903, la Cámara reclamó la revocación inmediata de

28 Ibid, 4, VI, 358 y 4, VH, 21. 29 Ibid, 3,1,3 y 3,1,4. 30 Ibid, 4, n, 176. 81 José Trías Monge, Historia constitucional, II, 2. Para un análisis detallado de los principales proyectos presentados en el Congreso entre 1901 y 1909 ver. Ibid, 11:5-7,13-20.

la medida, la creación del Territorio de Puerto Rico mediante una ley “similar a la que tuvieron Wyoming y Montana antes de ser estados” y la extensión de la Constitución “con todas las enmiendas que la acompañan”. Describía al Consejo Ejecutivo como un cuerpo que “sofoca, anula y restringe la voluntad de los puertorriqueños”.32 La minoría del Partido Federal en el cuerpo propuso la sustitución del organismo por un senado de catorce (14) miembros escogidos cada dos años por los votantes capacitados.33 Resultaron inútiles los esfuerzos por conseguir el apoyo del Consejo Ejecutivo a estas peticiones. Los memoriales camerales continuaron durante los años subsi guientes. El 10 de julio de 1906, a propuesta de José de Diego, se envió una carta al entonces secretario de Estado Elihu Root, quien se encontraba de visita en Puerto Rico, para recabar su apoyo al reclamo de la ciudadanía norteamericana y a la creación de un senado insular escogido por los puertorriqueños.34 Para entonces estaba ante el Congreso un proyecto presentado por el comisionado residente Tulio Larrínaga en el que se solicitaba la ciudadanía norteamericana, la sustitución del Consejo Ejecutivo por un senado electivo de catorce miembros y el derecho a elegir un delegado territorial. Proponía, además, la celebración de elecciones cada cuatro años en lugar de cada dos.35 El Partido Republicano Puertorriqueño incluyó en su plataforma (1902) el reclamo de una legislatura electiva donde las funciones ejecutivas y legislativas estuvieran claramente separadas. El programa del Partido Unión de Puerto Rico, fundado en 1904, también se expresó en favor de la implantación inmediata del “gobierno propio” y de la separación de poderes. En un enérgico llamado “Al Pueblo de Puerto Rico” criticó duramente esa “oligárquica institución” que no emanaba de la voluntad del pueblo y que, de acuerdo con la tradición norteamericana, no debía imponer contribuciones por no haber sido elegida por los contribuyentes. Reclamó una acción coordinada frente a una institución que estaba mayoritariamente compuesta por “elementos exóticos que desconocen nuestras necesidades y nuestros anhelos”.36 Los municipios unieron su voz en la petición de reformas al régimen. En un memorial del 25 de julio de 1905 solicitaron la eliminación del Consejo Ejecutivo y la creación de un Senado elegido por el pueblo. La Democracia,

32 Actas de la Cámara de Delegados, Resoluciones conjuntas 1 y 2,14 de enero de 1903, Libro 3, 46. 33 La Democracia, 31 de enero de 1903. 34 Reece Bothwell, Puerto Rico: Cien años de lucha política, 4 volúmenes (5 tomos), (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979), 11:219-220. 35 Nos referimos al proyecto H.R. 12076 (59th Congress, Ist Session, 1906). 36 Bothwell, Puerto Rico: Cien años, 1-1:275-294.

en su edición del 31 de enero de 1906, describe las gestiones realizadas por la Comisión de la Liga Municipal en la capital federal y la frustración de sus miembros cuando el propio senador Foraker les dijo que no veía “la absoluta necesidad de enmendar la Ley” ya que nada impedía el nombramiento de puertorriqueños para desempeñar cargos ejecutivos y así constituir mayoría en el Consejo. Los insistentes reclamos se dieron en un ambiente caldeado por frecuentes y profundas desavenencias entre los cuerpos legislativos insulares. La actitud del gobernador y su inclinación hacia uno u otro bando en ciertos momentos, el “desdén” del Consejo frente a las iniciativas de la Cámara y la pugna político-partidista, protagonizada por los Partidos Federal/Unión de Puerto Rico y Republicano Puertorriqueño, constituyen piezas claves en el debate. Sin duda, tras las acusaciones y contra-acusaciones de “servilismo”, “anti-americanismo”, “oligarquía opresora”, “incapacidad para gobernarse”, “querer perpetuar el atraso” y “pobre gestión legislativa” se escondían visiones, prioridades y proyectos políticos diferentes. Todos, de una manera o de otra, hablaban de “americanizar” al país pero con significado y alcance distintos. Los miembros norteamericanos del Consejo Ejecutivo se erigieron en defensores de la “modernización” de la isla, igualaron el significado de los términos americanizar y centralizar, y criticaron abierta y duramente a “los que querían perpetuar el atraso de los tiempos de España”. En múltiples ocasiones el Partido Republicano Puertorriqueño en su afán de debilitar “el mundo de la hacienda” y el legado español para adelantar la “americanización modernizante,” colaboró con los concejales. El Partido Unionista, por su parte, autoproclamado portavoz de la “gran familia puertorriqueña”, rechazaba con más fuerza cada vez la “absorción” o americanización a todo trance que implicaba el dominio de la economía insular por el capital norteamericano, el desplazamiento de los hacendados criollos del espacio de poder municipal y el control de éste por un gobierno central en manos de una élite norteamericana que negaba a los puertorriqueños una participación efectiva en la toma de decisiones. Al examinar las Actas de los cuerpos legislativos, la prensa y otros escritos de época, se pone de relieve, por ejemplo, la visión encontrada del liderato federal/unionista con los miembros del Consejo Ejecutivo sobre proyectos relacionados con empréstitos y facilidades de crédito agrícola, leyes contributivas, presupuesto, tasación de la propiedad y legislación municipal. Los unionistas, quienes controlaron la Cámara de Delegados a partir de 1904, resentían y protestaban enérgicamente contra la política absorbente y centralizadora del Consejo.37 87 Angel Quintero Rivera analiza algunas de estos aspectos en Conflictos de clase y política en Puerto Rico (Rio Piedras, CEREP/Huracán, 1976), 34-51.

37 En 1904 el comisionado del Interior (Elliot), al oponerse al proyecto de empréstito aprobado por la Cámara de Delegados, argumentó que éste se pedía por puro “sentimentalismo” y que los agricultores locales “debían ayudarse ellos”.38 Por su parte, La Democracia, con voz profética, denunciaba el 5 de diciembre de 1908: “la tierra se nos va y con ella el pequeño propietario que se convierte en jornalero, facilitando así su acaparamiento por compañías americanas y por personas extrañas al país”. La defensa de la autonomía municipal fue otro punto de fricción frecuente entre el gobernador, el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados dominada por los unionistas. El proceso de consolidación de unidades, iniciado bajo el gobierno militar, alcanzó un momento culminante con la aprobación de la Ley Municipal en 1902, estando la Cámara controlada por los republicanos. La medida redujo de 66 a 46 los municipios de la isla. A partir de 1904 se redoblaron esfuerzos para derogarla y obstaculizar la aprobación de legislación encaminada a fortalecer la intervención del gobierno central en los nombramientos y funciones hasta entonces en manos de los alcaldes. La lucha por la autonomía municipal y la defensa de las prerrogativas del municipio se convirtieron en asuntos importantes en la agenda cameral. Resulta irónico que se le regateara este espacio de acción a los puertorriqueños cuando supuestamente, según consignaron los principales exponentes de la tesis de la “tutoría” en 1900, era el lugar para “adiestrarse” en las prácticas de administración y gobierno norteamericanas. Para 1908 era obvio el deterioro de las relaciones entre los cuerpos legislativos. En un emotivo discurso ante la Cámara de Delegados el 30 de enero de 1908, Luis Muñoz Rivera calificó al Consejo como “estorbo supremo” y destacó la “inutilidad” de los trabajos de la Cámara. Concluyó diciendo que el esfuerzo de ésta, y por consiguiente “el de los puertorriqueños, iban a parar a los cestos de papeles rotos del Consejo Ejecutivo”. Cinco semanas tarde, expresó: El Consejo Ejecutivo es lo peor de la Ley Foraker. Si nos lo qui taran, aceptaríamos la Ley Foraker. Y no se comprende que, contando con recursos para hostilizarle, permanezcamos con los brazos quietos e inactivos y, al llegar una ocasión buena y justa, no la aprovechemos en pro de nuestra causa.39

38 Journal of the Executive Council, May 30,1904,123-126. 39 La Democracia, 31 de enero, 1 de febrero y 10 de marzo de 1908.

38 En tanto, el Consejo acusaba a la Cámara “de no saber lo que estaban haciendo” y alegaba que si no fuera por él “probablemente estarían perplejos respecto a sus mismas acciones.”40 El 12 de enero de 1909 la Junta Central del Partido Unión y treinta y cuatro miembros de la Cámara de Delegados celebraron una reunión conjunta para establecer la línea de conducta que se habría de seguir en la próxima sesión legislativa. La resolución aprobada recoge tres acuerdos básicos: (1) actuar enérgicamente contra la Ley Foraker que destruye la personalidad de Puerto Rico y contra la forma en que “están aplicándola los centros ejecutivos”; (2) adoptar como cuerpo “una situación de irrevocable independencia” sin llevar a cabo ningún acto de oposición sistemática; y (3) votar y sostener leyes de carácter autonómico para el país, criticar severamente a la administración en sus distintas dependencias y utilizar los medios políticos disponibles a fin de que aquellas leyes sean aprobadas y esta administración corregida.41 El escenario para una confrontación estaba preparado; era cuestión de tiempo. Hay que señalar que esta resolución no fue exclusivamente una respuesta a los conflictos con el Consejo. Fue también un intento de calmar los ánimos de algunos sectores del Partido que pedían acciones más drásticas para dramatizar la situación y defender “lo puertorriqueño”. El grupo, encabezado por Luis Lloréns Torres, insistía en el boicot a todo proyecto de ley presentado por el Consejo. Muñoz Rivera no favorecía ese curso de acción en este momento.

El tranque legislativo de 1909 El impasse presupuestario de 1909 fue un episodio dramático en una cadena de eventos que arrancó de años anteriores. La aprobación del presupuesto gubernamental había sido objeto de caldeadas polémicas y negociaciones de último minuto. La Cámara de Delegados resentía las iniciativas del gobernador y el Consejo en su confección y se quejaba insistentemente de la inclusión de partidas que “no beneficiaban al país”. Amparándose en unos señalamientos hechos por el gobernador Regis H. Post en el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa sobre la precaria situación económica que se avecinaba, la Cámara tomó la iniciativa de reducir varias partidas salariales de funcionarios del gobierno central, particularmente de empleados del Tribunal Federal,

Publicado en el Philadelphia Press y reproducido en La Democracia, 25 de febrero de

41 Bothwell, Puerto Rico: Cien años, 11:232.

cuyos sueldos no estaban establecidos por ley. Se argumentó que la acción era necesaria para no tener que hacer recortes en “el plan de construcción de escuelas y caminos”. El Consejo se opuso. Las gestiones de tres comisiones conjuntas, la intervención personal del gobernador y la celebración de una sesión extraordinaria para dilucidar las diferencias quedaron en nada. Ante el tranque, la Cámara decidió enviar una comisión a Washington para plantearle la situación al secretario del Interior. El Consejo hizo lo mismo. Los alegatos presentados por los enviados de los cuerpos legislativos ante el foro federal dramatizan las profundas diferencias que los separaban. En su planteamiento, los comisionados camerales alegaban que el Consejo sistemáticamente se oponía a las “tendencias progresistas” del Cuerpo y trataba sus iniciativas con “desdén imprudente”. Como ejemplo de esa actitud, enumeraban una serie de proyectos relacionados con la creación de un banco agrícola, reformas escolares, nombramientos en vacantes municipales, revisión del sistema de valoración de la propiedad y tasación de ésta; que el Consejo había ignorado ese año. Acusaban a los conséjales de “no querer ceder en nada” y reclamaban que ya era tiempo de darle a Puerto Rico lo que “en justicia le correspondía”. La delegación del Consejo contestó que la Cámara tenía la costumbre de detener la aprobación del presupuesto hasta el último momento para forzarlo a pasar leyes. Tildaron de falsedades los señalamientos traídos por la comisión cameral.42 Subyacente en el debate estaban proyectos y visiones diferentes sobre el país que les impedían ponerse de acuerdo. El 10 de mayo de 1909 el presidente William H. Taft, haciéndose eco de los planteamientos del gobernador Post y de la delegación del Consejo Ejecutivo, pidió al Congreso que resolviera el impasse surgido. Tras puntualizar la ingratitud de Puerto Rico, “hija favorita de los Estados Unidos” a quien se le había dado mucho demasiado rápido, “siendo incapaz de gobernarse a sí mismo”, y acusar a los miembros de la Cámara de Delegados de estar dispuestos a “subvertir el Gobierno con la mira de conseguir la aprobación de cierto cuerpo de leyes”, recomendó que se enmendara la Ley Foraker siguiendo el patrón establecido en los casos de Hawaii y Filipinas para resolver una situación similar.43 El 15 de julio de 1909 se aprobó la Ley Olmsted para modificar el Artículo 31 de la Ley Orgánica a los efectos de que, de no aprobarse las asignaciones correspondientes para el sostén del gobierno a la terminación de un año fiscal, quedaba vigente el presupuesto del año anterior.

42 Texto de los alegatos y contra-alegatos en: Bothwell, Puerto Rico: Cien años, 11:233249. 48 Cayetano Coll Cuchí, Pro patria (San Juan, M. Burrillo & Co., 1909), 221-229.

José Trías Monge al analizar el impacto de lo ocurrido en 1909 destaca que la experiencia “reforzó la convicción de Taft y su administración respecto a la impreparación de los puertorriqueños para gobernarse a sí mismos en grado sustancialmente mayor al que les confiaba la Ley Foraker”. Añade que con ello se acentuó “la filosofía gradualista de Washington, con consecuencias observables en todo el proceso de elaboración de la segunda carta Orgánica.” Concluye diciendo: “la confrontación reveló en forma dramática la intensidad del sentimiento puertorriqueño en favor de reformar el régimen, sacudió a Washington de su indiferencia, y contribuyó a la decisión de revisar el Acta en vigor.”44 La actuación del presidente Taft y la implantación de la ley Olmsted tuvieron gran impacto en el ámbito local. Las acusaciones de “acto de poder” y “abuso de fuerza” se escucharon de inmediato. Más aún, en un movimiento poco común en nuestra vida política, comenzó a fraguar un frente unido unionista/republicano para reclamar cambios sustanciales al régimen vigente. Logias masónicas de Bayamón y Ponce tomaron la iniciativa de reunir a José C. Barbosa y a Luis Muñoz Rivera. En una asamblea celebrada en San Juan “ambos patricios se confundieron en un fraterno abrazo” y se comprometieron a laborar juntos por una nueva Ley Orgánica que incluyera el senado electivo y la ciudadanía norteamericana. Los organismos directivos de los partidos Republicano y Unionista sancio naron el acuerdo.45 En tanto, los conflictos entre la rama ejecutiva y la Cámara de Delegados provocaron la renuncia del gobernador Post, presentada a Taft el 30 de agosto de 1909.46 Tres meses más tarde y como secuela de lo ocurrido, el secretario de Guerra, J.M. Dickinson, acompañado por el general Charles R. Edwards, jefe del Negociado de Asuntos Insulares (bajo cuya jurisdicción estaba la isla) visitó Puerto Rico para auscultar el ambiente político local. Los resultados de esa gestión y las recomendaciones de ambos funcionarios se recogen en las propuestas para modificar la Ley Foraker elevadas a Taft y al Congreso tras su regreso a los Estados Unidos a mediados de diciembre de 1909.

44 Trías Monge, Historia constitucional, 11:24-25. 45 Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños. 2 volúmenes (Barcelona, M. Pareja, 1972), 1:143-144. 46 Luis M. Díaz Soler, Rosendo Matienzo Cintrón: orientador y guardián de una cultura. 2 volúmenes. (San Juan, Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1960), 1:432.

41 EL CONGRESO DECIDE ACTUAR

La mayoría de las acciones de diplomacia de cañón en el Caribe durante todo el siglo XX ocurrió durante los primeros años de la administración de (Woodrow) Wilson... Cuando los Estados Unidos entraron en la Guerra de 1917 el Caribe era, más que nunca, un lago norteamericano. Donald A. Yerxa, Admiráis and Empire: The US Navy and the Caribbean, 1898-1945

Hay un viejo axioma guerrero, que también es una vieja táctica imperial: divide y vencerás. El sistema de gobierno colonial en Puerto Rico está diseñado con sutileza diabólica para producir esta división, para estimularla, determinarla, manejarla. Una autoridad irresponsable, desde los escaños del Congreso, desde los escritorios del Departamento de la Guerra de los Estados Unidos, tiene en sus manos premiar o castigar las actividades públicas de los puertorriqueños. Luis Muñoz Marín El Mundo, 10 de marzo de 1932.

Propuestas de cambio: Las luchas entre e intra partidos se recrudecen en la isla Durante el período comprendido entre enero de 1910 y la firma déla Ley Jones en marzo de 1917 se radicaron en el Congreso alrededor de catorce proyectos, o versiones revisadas de éstos, relacionados con el caso de Puerto Rico. En la sesión congresional de 1910 el representante republicano por Pennsylvania, Marlin E. Olmsted, actuando de portavoz de Taft y Dickinson, presentó tres proyectos para modificar la Ley Foraker.47 Los puntos más polémicos de su propuesta (la trataremos como una sola) fueron la ciudadanía y la sustitución del Consejo Ejecutivo por un senado con facultades estrictamente legislativas. La discusión sobre ciudadanía

47 Nos referimos a los proyectos H.R. 19718, H.R. 22554 y H.R. 23000 (61st Congrega. 2d Session). Para un análisis pormenorizado ver: Trías Monge, Historia constitucional, 11:25-30.

se centró en si ésta se otorgaría colectivamente o mediante un proceso de naturalización individual. El debate en tomo a la creación del senado osciló entre si el mismo sería total o parcialmente nominado por el presidente de los Estados Unidos. Aun los más conservadores parecían estar de acuerdo con la separación de funciones. Como ocurrió en 1900, el Departamento de Guerra intervino de manera destacada en la confección y discusión del proyecto Olmsted. En las vistas públicas convocadas por el Comité de Asuntos Insulares para considerar la medida, Dickinson señaló que durante su estadía de una semana en la isla había palpado “un clamor general pero no universal” por la ciudadanía norteamericana y por la legislatura totalmente electiva. A pesar de ello, expresó su oposición a ambas reformas por considerar que no era el momento adecuado. Finalmente aceptó la propuesta de Olmsted para crear una cámara alta integrada por ocho senadores nombrados por el presidente y cinco elegidos localmente. Defendió la limitación del sufragio a los que sabían leer y escribir o poseyesen propiedad, aunque reconoció que ello implicaba la exclusión de casi el 70% de los votantes puertorriqueños, y recomendó la celebración de sesiones legislativas bienales en lugar de cada año.48 En contraste con esta postura y a pesar de que la tregua partidista promovida por los masones había concluido, los portavoces unionistas y republicanos que comparecieron a las vistas favorecieron la ciudadanía colectiva y la creación de un senado electivo con los poderes legislativos que tenía el Consejo Ejecutivo. Por su parte, Luis Muñoz Rivera indicó que personalmente no deseaba la ciudadanía norteamericana pero que en la isla había un sentimiento favorable a ella.49 El comisionado residente Larrínaga, junto a un grupo de representantes demócratas lidereados por William A Jones (Virginia) suscribió un informe de minoría en favor de la extensión de la ciudadanía colectiva, la creación de un senado electivo y de permitir que el voto de 2/3 de la Asamblea Legislativa pudiese ir por encima del veto del gobernador. La versión del proyecto Olmsted aprobada por la Cámara de Representantes el 10 de junio de 1910 creaba un senado cuya mayoría de miembros sería elegida después de doce años, hasta configurar uno totalmente electivo al cabo de treinta y seis años, a partir de la aprobación de la ley. El proyecto, sin embargo, no llegó a considerarse en el Senado de los Estados Unidos. *** 61 th Congress, lst. Session. House. Committee of Insular Affairs. Hearings upon the BtUProposing to Amend the Preaent Organic Law of Puerto Rico (HR19718) (January 31 to February 24, 1910), 1-108. (Washington, 1910). Ninguno de los cinco norteamericanos participantes en estas vistas se manifestó a favor del senado electivo. Ver también- House Document 615 (del mismo Congreso, año y sesión). 49 Hearings, 145.

43 El triunfo de Woodrow Wilson en las elecciones de 1912 puso fin a una era de dieciséis años de presidencia republicana. El ascenso demócrata, sin embargo, no significó un cambio drástico en cuanto a la política ejecutiva hacia la isla. A juicio de Trías Monge, el Partido Demócrata adoptó en 1913 “los postulados centrales del colonialismo a la Foraker”y el Departamento de Guerra, a través del Negociado de Asuntos Insulares, continuó dictando pautas.50 Las propuestas de la nueva Administración se enmarcaron en la idea de que los puertorriqueños no habían “madurado lo suficiente en el ejercicio de sus derechos electorales” y debían regresar a un período de adiestramiento. El Negociado apoyó la creación de un senado electivo siempre y cuando se garantizara el veto absoluto del gobernador, defendió la restricción del sufragio y endosó la concesión de la ciudadanía norteamericana para reafirmar la jurisdicción norteamericana sobre la isla y desalentar el emergente sentimiento independentista.51 A lo largo del cuatrienio (1912-1916) el representante Jones —autor también de la ley orgánica otorgada a Filipinas en 1916— radicó siete proyectos, o versiones modificadas, referentes a Puerto Rico. En general, los proyectos apoyaban la concesión de la ciudadanía norteamericana en forma colectiva y la creación de un senado electivo. A estas propuestas, extensamente debatidas, se unieron las de los senadores republicanos John D. Shafroth (Colorado) y Willard Saulsbury (Delaware). Entre otras cosas, Shafroth favorecía la implantación de un senado electivo integrado por diecinueve miembros. Saulsbury, por su parte, recomendó la creación del Territorio de Puerto Rico, tal y como lo venía pidiendo el Partido Republicano Puertorriqueño.52 Mientras los comités de estudio del Congreso celebraban vistas públicas y debatían las propuestas ante su consideración, las pugnas intra y entre los partidos locales se recrudecían haciendo cada vez más evidente el abismo que separaba las agendas respectivas. En 1912 un pequeño pero importante sector del Partido Unión lo abandonó y fundó el Partido de la Independencia. El programa de la agrupación dramatiza los problemas del momento desde una perspectiva puertorriqueñista y refleja la agudización de los efectos políticoadministrativos, culturales y socio-económicos del dominio norteame ricano en la isla. La ineficacia de la Ley de los 500 acres, el acaparamiento de la tierra y el control de la economía local por el capital norteamericano, la proletarización de la mano de obra y los cada vez más 50 Trías Monge, Historia constitucional, 11:107. 51 Ibid-, 11:45-47. 52 A las vistas públicas sobre los proyectos Shafroth y Saulsbury (1916) concurrieron norteamericanos ex-miembros del Consejo Ejecutivo, y se expresaron a favor del senado electivo. Cf. 54th Congreso. Ist Session. Senate. Hearings before the Committee on Pacific Islands and Puerto Rico on Senate Bill 1217 (Washington, 1916).

reducidos espacios de acción política para los criollos, constituyen señalamientos programáticos claves.53 Por su parte, los unionistas bajo el liderato de José De Diego eliminaron la estadidad de su plataforma manteniendo el “self-government” y la independencia como posibles opciones de status para la isla. La aprobación en el Congreso (1913) de la tarifa Underwood que reducía el impuesto protector del azúcar y prometía su entrada libre para 1916 hizo temblar a los azucareros puertorriqueños y, por consiguiente, al Partido Unión. Los reclamos en favor de mayor gobierno propio, senado y gobernador electivos, y la oposición a la ciudadanía norteamericana se intensificaron. La Unión se radicalizaba. Años más tarde, Luis Muñoz Marín, hablando en otro contexto sobre la dependencia insular en el azúcar, explicaba esa radicalización al decir:

Aquel año los independentistas triunfaron, no sólo por el verbo candente de De Diego, sino también por la fuerza incontrastable del determinismo económico. Si no sobreviene la guerra mundial, Puerto Rico habría muerto o habría sido independiente. La ecuación, en términos de álgebra, es ésta: la tarifa de 1913 menos laGuerra Mundial, equivale a la ruina menos la independencia.54

El 27 de febrero de 1914 el comisionado residente Luis Muñoz Rivera presentó un proyecto (H.R. 3979) que nunca llegó a considerarse en el Congreso. Los puntos más sobresalientes de su propuesta eran: (a) mantener la ciudadanía puertorriqueña (b) crear un senado totalmente electivo integrado por diecinueve miembros, dos seleccionados en cada distrito senatorial y cinco por acumulación (c) dotar a la asamblea legislativa de la facultad de aprobar medidas por encima del veto del gobernador (ch) darle injerencia al senado insular en la confirmación de los nombramientos hechos por el gobernador y (d) abolir el Tribunal Federal en Puerto Rico. En tanto, los republicanos insulares intensificaron las acusaciones de antiamericanismo contra los unionistas mientras luchaban sin descanso por alcanzar la ciudadanía norteamericana, como parte fundamental e imprescindible de las reformas a la Ley Orgánica vigente. El Partido Obrero Socialista también reclamó con fuerza la ciudadanía como “acto de justicia” a los obreros puertorriqueños. El 23 de marzo de 1916, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto Jones (HR 9533). Tres meses más tarde el Comité de las islas del Pacífico y Puerto Rico del Senado rindió un informe

53 Bothwell, Puerto Rico: Cien años, 1-1:300-333. 54 £/ Mundo, 10 de marzo de 1932. La tarifa Underwood fue derogada días antes de que se pusiera en vigor.

favorable a dicha medida. El 30 de enero de 1917, con poco entusiasmo, comenzó el debate; el 26 de febrero fue aprobada por el Senado. Tres días después se convirtió en ley. La Ley Jones y el senado electivo

Los cuatro elementos más sobresalientes de la nueva ley Orgánica otorgada por el Congreso son los siguientes: (1) la creación de un senado electivo (2) la separación de funciones legislativas y ejecutivas (3) la concesión de la ciudadanía norteamericana y (4) la inclusión de una Carta de Derechos.55 Los Artículos 25 y 26 disponían el establecimiento de una legislatura bicameral integrada por Cámara y Senado. El Senado constaría de diecinueve miembros elegidos cada cuatro años; dos por cada uno de los siete distritos y cinco por acumulación seleccionados por los votantes de toda la isla. No se impusieron requisitos de propiedad para ser elegible al cargo. Se exigía que la persona fuese mayor de 30 años, residente de Puerto Rico y supiera leer y escribir español o inglés. En el Artículo 27 se consignó que la Cámara de Representantes estaría compuesta por treinta y nueve miembros, cuatro de éstos elegidos por acumulación. Ahora bien, como contrapeso a la concesión del Senado, se fortaleció el poder del gobernador y su veto no podía ser anulado por la Asamblea Legislativa. El Artículo 34 establecía claramente que, una vez agotado el proceso de reconsideración correspondiente, si las cámaras legislativas y el ejecutivo no llegaban a un acuerdo sobre un proyecto de ley, el mismo sería enviado al presidente de los Estados Unidos. Si éste lo firmaba se convertía en ley, si no, lo devolvería a la isla y no sería ley. Como ocurrió en 1900, el Congreso se reservó el derecho a anular cualquier legislación aprobada localmente. En cuanto al nombramiento y confirmación de los miembros del gabinete, se estipuló que el gobernador designaría al tesorero y a los comisionados de Salud, Agricultura y Trabajo, y del Interior, sujetos a confirmación senatorial. El presidente de los Estados Unidos nombraría al procurador general y al comisionado de Instrucción, con el consejo y consentimiento del Senado norteamericano (Artículos 12 y 13). Opiniones y celebraciones

En términos generales, la Ley Jones fue acogida con beneplácito por los distintos sectores políticos del país. Cada cual festejó con mayor o menor entusiasmo las disposiciones más afines con sus metas y expectativas 55 Trías Monge ofrece un valioso análisis comparativo de las leyes Foraker y Jones. Ibid., 11:88-106.

46 políticas. Para unos la ciudadanía norteamericana fue el mayor logro, para muchos lo fue el senado electivo. Los republicanos no podían ocultar su enorme alegría por haber alcanzado uno de sus sueños más preciados. De hecho, aun antes de que la medida fuera firmada por el presidente Wilson, el alcalde de San Juan, Roberto H. Todd, convocó a “distinguidas personalidades de nuestro mundo político y social” a una reunión para planear la “celebración del advenimiento de la ciudadanía americana”. El doctor Barbosa propuso que a dicha fiesta se invitase “ala isla entera, al Regimiento de Puerto Rico y a todas las instituciones”. Se designó el 5 de marzo para la celebración que comenzaría por la mañana y se extendería hasta por la noche cuando habría “fuegos artificiales, bailes populares y toda clase de diversiones que sean lícitas”. Para facilitar la movilización, acordaron que la Comisión Ejecutiva a cargo de las festividades gestionaría una rebaja en el precio de los pasajes con la Compañía de Ferrocarriles.66 Por su parte, El Tiempo comentó que “hoy tenemos ciudadanía, que trae como consecuencia indeclinable, el imperio de la Constitución, porque no es posible reputar ciudadano de los Estados Unidos a un hombre, sin que lo cobije la Constitución, que crea y sostiene esa ciudadanía”.67 La Cámara de Delegados también se unió a las celebraciones y aprobó una resolución conjunta en la que expresaba la gratitud del pueblo de Puerto Rico por la aprobación del “bilí” Jones. Luego de reconocer la labor de figuras como Wilson, Jones, Shafroth y el Gobernador Yager. y ordenar la colocación de una placa o lápida conmemorativa en la tumba de Luis Muñoz Rivera, proclamó un di a de fiesta legal y designó una comisión para organizar las “fiestas patrióticas”. La prensa unionista se mostró un poco más cautelosa. En un editorial publicado en La Democracia el 21 de febrero de 1917, se expresó:

El bilí Jones no contiene todas las cosas buenas que esperábamos, y contiene algunas cosas malas que temíamos; pero aún con lo bueno que le falta y lo malo que le sobra, representa un progreso, un verdadero progreso, sobre el bilí Foraker. Un editorial posterior exaltó la creación del senado electivo como medida de gobierno propio que nos permitía “regir y administrar los intereses de nuestro país”. Respecto a la ciudadanía, comentó que la aceptaba sin reservas porque ella definía la personalidad política de Puerto Rico frente al mundo y nos redimía de “nuestra inferioridad de

66 La Correspondencia de Puerto Rico, 26 de febrero de 1917. 67 El Tiempo, 11 de junio de 1917.

47 colonos”, permitiéndonos laborar “por nuestra plena soberanía” bajo la protección “del gran pueblo que nos cobija con su bandera”.58 El semanario El Diluvio en su edición del 3 de marzo se preguntaba, ¿De quién es el triunfo? y concluía:

La Ley Jones no ha pasado la boca del Morro, donde es fama que se marea todo pájaro, y ya estamos en discusión sobre quién trajo la gallina de los huevos de oro. Los republicanos alegan haber triunfado, por el arribo de tres de sus mejores ideales —ciudadanía, división de poderes legislativos y ejecutivos y la electividad del senado— mientras los unionistas hacen igual alegación, por más que la ciudadanía la consideren temporal.

Mientras tanto, Luis Solá Rodríguez testimoniaba su esperanza de que el “error de la ciudadanía compulsoria” no fuese un golpe de muerte para el “ideal nacionalista puertorriqueño” y exhortaba a rechazarla para salvar la puertorriqueña.59 El periodista Norberto Escabí, haciéndose eco de ese sentir y tras argumentar que bajo la Foraker Puerto Rico “constituyó un pueblo aparte”, denunció: Con la Ley Jones-Shafroth, con la ciudadanía americana, muere el ideal de Ruiz Belvis, de Pepe De Diego, de todos los que defendimos la independencia, por creerla la solución más decorosa a nuestro status.60 La ciudadanía volvía a ocuparla opinión pública del país. Había sido el punto más discutido durante la consideración del proyecto Jones. El Senado electivo satisfacía a todos; al fin se había alcanzado el espacio legislativo tan deseado.

CONCLUSIONES El 16 de julio de 1917 se celebraron las primeras elecciones generales bajo la nueva Ley Orgánica con la participación de 175,006 electores. El Partido Unión obtuvo 90,155 votos que le dieron el triunfo en los distritos senatoriales de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Guayama y Humacao. Logró trece de los diecinueve escaños en el Senado. El Partido Republicano sacó 60,319 votos, triunfó en los distritos senatoriales de Ponce y Mayagüez, y eligió cinco senadores. El Partido Obrero Socialista, con 24,468 votos a su favor, obtuvo un escaño senatorial.61 58 La Democracia, 2 de marzo de 1917. 59 La Correspondencia de Puerto Rico, 26 de febrero de 1917. 60 El Diluvio, 10 de marzo de 1917. 61 Por el Partido Unión fueron elegidos: Mariano Abril, Antonio R. Barceló, José Benítez Díaz, Juan García Ducós, Eduardo Giorgetti, Frank Martínez, Joeé Revira, Félix Santoni, Francisco Seín, Francisco Susoni, padre, José de Jesús Tizol, Martín Travieso y Ramón Valdés Cobián. Los republicanos eligieron a José Celso Barbosa, Juan Cortada, Leopoldo Feliú, Juan Angel Tió y José Torres Soto. Santiago Iglesias fue seleccionado por el Partido Obrero Socialista.

La Asamblea Legislativa constituida según las disposiciones de la Ley Jones inició sus trabajos el 13 de agosto de 1917. El 26 de noviembre acordó recesar hasta el 5 de febrero de 1918. El gobernador Arthur Yager no estuvo de acuerdo con esta acción. La decisión generó el primer conflicto serio entre las cámaras y el ejecutivo. Este manifestó, y así lo consignó en su Informe anual, que la Asamblea Legislativa había actuado así por “su falta de experiencia en el funcionamiento práctico de un gobierno de esta clase” y debido a “las muchas ocasiones que ofrecía esta primera sesión para la ocurrencia del conflicto de puntos de vista.” Fue necesaria la intervención del Tribunal Supremo para aclarar si la prerrogativa de declarar un receso correspondía o no a los cuerpos legislativos. En respuesta al incidente, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución en la que se criticaba al gobernador y se consignaba en el primer Por Tanto: Protestar de la errónea e improcedente relación de hechos aue contiene el informe anual del Gobernador de esta Isla, correspondiente al año 1918, y hacer constar su desagrado por la injustificada imputación de inexperiencia contenida en el referido informe.62

Se acordó, además, enviar copia del documento al presidente de los Estados Unidos, al secretario de Guerra y al comisionado residente de Puerto Rico en Washington. La creación del Senado de Puerto Rico en 1917 constituye un paso importante en la lucha de los puertorriqueños por ampliar su participación en el manejo de los asuntos internos. Abrió el camino a nuevos reclamos dirigidos a alcanzar el gobernador electivo y la elaboración de una constitución propia. Representó también un nuevo espacio para las luchas partidistas. Como se ha demostrado, supuso grandes esfuerzos, debates y contratiempos ante la insensibilidad de los diseñadores de la política norteamericana que sólo pensaban en la conveniencia de su país y la “cautelosa timidez” del Congreso. Todavía, en 1992, se está batallando contra esas fuerzas y actitudes. Por otro lado, la concesión de la ciudadanía fue un paso decisivo hacia una mayor integración con los Estados Unidos. Es necesario analizar la labor de la Asamblea Legislativa, particularmente del Senado a partir de 1917, para constatar los objetivos hacia donde se orientó la legislación, en qué medida ésta subsanó las acciones centralizadoras del Consejo Ejecutivo, y cuáles fueron los principales escollos o puntos de fricción entre los cuerpos legislativos y el ejecutivo. Esto permitirá conocer cómo se utilizó el espacio senatorial y

49 hasta qué punto se amplió el margen de acción de los puertorriqueños para elaborar y aprobar leyes ajustadas a las realidades y necesidades del país. Hay que estudiar a fondo por qué el Congreso accedió a modificar la Ley Orgánica en 1917 y qué razón tuvo para otorgarle la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños. Resultaría interesante explorar cuánto peso tuvo en esa decisión el naciente sentimiento independentista en la isla y la firme determinación de los Estados Unidos de reafirmar su control sobre Puerto Rico. La política del presidente Wilson respecto al Caribe estuvo encaminada a fortalecer la presencia norteamericana en la zona. Por esa razón y siguiendo las pautas establecidas, intervino en Cuba, Haití, Santo Domingo, América Central, México, Venezuela y en 1917 “compró” las islas de Saint Thomas, Santa Cruz y Saint John a Dinamarca. ¿Estuvo vinculada la concesión de la ciudadanía al fortalecimiento del “lago americano” en un momento en el que el mundo estaba enfrascado en una guerra y era necesario asegurar lealtades a cualquier precio?

El Capitolio de Puerto Rico: 1907 - 1929 Origen y transformación de un ideal puertorriqueño o

Enrique Vivoni Farage

The State capítol owes its special character to symbolism... Their creators were legislators who saw in them the dramatic possibilities of architecture as a means of expressing the spirit of Liberty... ■ Henry Russell-Hitchcock

Tradicionalmente, la arquitectura se define como el “arte de construir”. Definición que se ha limitado, en algunos casos, a indicar que el arquitecto no solamente interviene en las construcciones sino que lo hace con un particular gusto, con dominio, o de algún modo artístico. Sin embargo, definir la arquitectura de esta manera es impreciso y restringe su comprensión como discurso cultural. La arquitectura es necesariamente algo más, es la representación concreta del imaginario de la naturaleza y esencia de una sociedad. El estudio del quehacer arquitectónico permite la lectura cultural de un pueblo, en la que cada edificio se convierte en un texto cuyas páginas revelan sus inquietudes. En países como Puerto Rico, cuya situación cultural está supeditada a la intervención de la metrópoli, la arquitectura, tanto oficial como vernácula, (después de un proceso de adoctrinación y asimilación), refleja las actitudes de ésta hacia la colonia. Dice Norris Kelly Smith en su libro Frank Lloyd Wright ...la arquitectura siempre ha sido el arte del establishment...Puede decirse, entonces, que un edificio es una obra del arte arquitectónico siempre y cuando sirva como metáfora visual, que declare en su propia forma algo (aunque nunca todo) acerca del tamaño, permanencia, fuerza, sentido de protección y estructura organizacional de la institución que representa (pero que no necesariamente alberga).1

1 Norria Kelly Smith, Frank Lloyd Wright, (New Jersey, Prentice-Hall. Inc„ 1966). 6-10. La traducción de esta cita, asi como las correspondientes a las llamadas 23,41,66,78,80,82, 87, 96,107 y 133 son del autor.

Dentro de esta concepción, el estilo arquitectónico, o la manera de darle presencia concreta al edificio-idea, se convierte en el lenguaje del poder, cuyas acciones e intenciones quedan representadas en el tejido edilicio. La obra arquitectónica se convierte en texto que, como fuente documental revela, por medio del análisis de un proceso formativo y formulario; las intenciones de la estructura gobernante y las inquietudes de un pueblo. En el 1907 los políticos puertorriqueños consideraron de suma importancia la construcción de un capitolio insular. Aunque el Capitolio de Puerto Rico se inauguró oficialmente en el 1929 todavía, en las postrimerías del siglo, continúa el proceso de construcción y transformación del mismo, trayectoria que ha tomado más de 80 años de desarrollo. Los primeros 22 años de gestación del Capitolio, desde su concepción en el 1907 hasta su inauguración en el 1929, revelan los significados que este edificio ha tenido en la sociedad y condición puertorriqueñas: su lucha por un gobierno propio. En la modernidad americana, el capitolio es el edificio público de mayor presencia y significado. Para estos pueblos éste representa ideas de progreso y aspiraciones de estabilidad, seguridad, libertad y democracia. El palacio legislativo es más que una estructura: trae en su concepción toda una significación cuyos orígenes se remontan a los albores de nuestra cultura occidental. Estudiar el tipo arquitectónico “capitolio” por medio de un análisis formativo, o sea, los condicionantes de su forma arquitectónica, revela la esencia de esta estructura pública. En sus orígenes, el “capitolio” como sede legislativa es un fenómeno arquitectónico netamente norteamericano. Se gestó en Williamsburg, Virginia, en el 1699, cuando el gobernador Nicholson de esa colonia inglesa pronunció su deseo que el nuevo asiento gubernamental llevase el nombre de “capitolio”, en referencia obvia al Capitolium romano, que fue el lugar de fundación de Roma y de su imperio.2 En la cima del Monte Capitolino, Rómulo erigió su primigenia choza,3 acontecimiento que fue posteriormente celebrado con la erección del templo a Júpiter Optimus Maximus.* El término “capitolio”, por historia y por mito, recibió el más noble y alto significado: cuna de patria. Durante el

B 2 Henry RusBell-Hitehcocky William Seale, Temples ofDemocracy, (New York, Harcourt

Doy3

°n ^rc^ecture (Trad. por Morris Hicky Morgan), (New York,

Axel Boethius y J.B. Ward Perkins, Etruscan and Román Architecture, (Middlesex, Inglaterra, Pengum Books, 1970), 217.

55 medioevo se le atribuyó al Capitolio romano el significado más abarcador de caput mundi y omphalos, o centro y eje del mundo.5 En el siglo XVI Miguel Angel Buonarroti le dio permanencia a la idea de Roma como centro del mundo con su diseño para la Plaza del Campidoglio, situada en el Monte Capitolino. Con su diseño, Miguel Angel determinó la ubicación de la Casa Senatorial y de dos Casas Consistoriales gemelas y simétricas como fachadas para la plaza. El diseño obtenido, trapezoidal y con un pavimento curvo y estrellado que representaba la cúpula del mundo, llevó a Christian Norberg-Shulz a declarar que este espacio es “el primer interior urbano y, desde el punto de vista urbanístico, el más importante” en el Renacimiento italiano.8 Cuando el gobernador Nicholson pronunció su dictamen en Virginia, trasladó la imagen de este espacio y el significado del caput mundi al Nuevo Mundo y auguró el desarrollo político de los Estados Unidos como el nuevo Imperio romano del mundo moderno. El proceso formulario del “capitolio”, el establecimiento de la imagen arquitectónica, ocurrió a lo largo de los siglos XVIII y XIX, cuando fue necesario investir al tipo arquitectónico nuevo con sus propios atributos. Los capitolios de los distintos estados de la federación norteamericana y también el nacional coagularon durante este período cuatro elementos arquitectónicos que se convirtieron en los símbolos de la democracia y libertad de la nación norteamericana, el pórtico, la cúpula, la rotonda y la simetría entre Cámara y Senado.7 Para fines del XIX, todos los capitolios de los estados, de una forma u otra, incorporaron estos elementos de diseño. Esta formula arquitectónica también sirvió de modelo para los palacios legislativos de otros países de América Latina, el Caribe y Europa. No es de extrañarse que el Capitolio de Puerto Rico contenga estos cuatro elementos arquitectónicos y que por medio de éstos se represente la visión norteamericana de democracia y libertad. Esta noble estructura, de base firme, con cúpula que hurga de los cielos las más altas inspiraciones y sus superficies recubiertas del más noble de los materiales, se convirtió en el símbolo de un Puerto Rico ideal. Concretizar la imagen del Capitolio de Puerto Rico generó tres diseños diferentes, cada uno de los cuales connota una problemática cultural y política compleja. El primer diseño fue producto de un concurso internacional celebrado en el 1907, el segundo se desarrolló en las oficinas de la División de Edificios Públicos del Departamento del Interior de

5 Ludwig H. Heydenreich y Wolfgang Lotz, ArchitectureinItaly 1400-1600, (Middlesex, Inglaterra, Penguin Books, 1974), 249. 6 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture, (New York, Rizzoli, 1980), 151. 7 Russell-Hitchcock, Temples of Democracy, 26.

Puerto Rico en el 1919 y, el tercer y último, producto de una extensa revisión por la misma oficina gubernamental en el 1924. Por medio del análisis de éstos, de los estilos utilizados y del estudio de las circunstancias que rodearon la concepción arquitectónica de cada proyecto, se esboza una dinámica que facilitará la comprensión del fenómeno cultural y político, tanto el impuesto por la metrópoli, como el deseado por los políticos puertorriqueños. Es con esta intención que podemos tomar la obra del Capitolio de Puerto Rico, indagar sobre su origen y analizar lo que el desarrollo de su diseño revela del pueblo que lo auspició.

EUFORIA Y DERROTA: EL CONCURSO DE DISEÑO PARA UN CAPITOLIO INSULAR

Después de mucho meditarlo, el Primer Magis trado se entregó [...] a lo que habría de ser su gran obra de edificador, materialización en piedra de su obra de gobierno: dotar al país de un Capitolio Nacional... Tomada la determinación se pensó en promover un gran concurso internacional, abierto a todos los arquitectos, para poder com parar ideas, proyectos y planos. [...] Y se inició, entonces, un trabajoso proceso de críticas, trans formaciones, discusiones, que imponían al futuro edificio sucesión de metamorfosis en cuanto al aspecto, estilo y proporciones.

Alejo Carpentier8

Necesidad y localidad En el 1900, el edificio de la antigua Diputación Provincial9 fue designado como la sede del cuerpo legislativo del país. Desde entonces, los miembros de la Cámara de Delegados se enfrentaron a diversos problemas con las facilidades físicas asignadas para sus funciones legislativas.

8 Alejo Carpentier, El recuno del método, (México, Siglo Veintiuno Editores, 1974), 152153. 9 El edificio de la Diputación Provincial se construyó en el antiguo cementerio, en la esquina que forman las calles de San Francisco, Cristo y San José, al lado del Palacio de la Intendencia. Hoy día se ha restaurado para oficinas del Departamento del Estado. Para más información sobre el origen de esta estructura ver María de los Angeles Castro, A rquitectura en San Juan de Puerto Rico (siglo XIX), (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980), 298-304.

Estos problemas fluctuaban desde la reubicación a una estructura más adecuada para las oficinas y salas de deliberaciones, hasta tener que soportar el ruido de las maquinillas de los empleados de la Cámara y de la calle durante las sesiones de trabajo. Las salas de sesiones eran completamente inadecuadas, lo que provocaba expresiones públicas de incomodidad de parte de los legisladores. Esta necesidad llegó a oídos del pueblo y en una carta publicada en La Correspondencia y luego en El Boletín Mercantil de enero del 1907, un lector/sacerdote ofreció una solución al problema al sugerir que la Asamblea Legislativa ocupara el edificio conocido como “Las Monjas”, antiguo Convento de las Carmelitas en San Juan. Todos entendemos que la Asamblea de Puerto Rico, el Cuerpo representativo del pueblo debe estar hospedado en el edificio el más majestuoso y aún suntuoso de la Capital. Todos convinimos que este edificio debe estar céntrico, y si es posible algo retirado de todo movimiento de gran tráfico y circulación; si a éstas condiciones se les puede añadir una condición de orden moral, de que sea un sitio venerable por su pasado y antiguo y respetable por su historia, tenemos un sitio ideal.10

Esta expresión concretizó la idea de ubicar las Cámaras Legislativas en un edificio especial, digno de esas funciones gubernamentales representativas del pueblo puertorriqueño. En el 1907 Luis Muñoz Rivera sometió a la Legislatura una propuesta de ley para construir un capitolio. Desde su posición en la Cámara de Delegados, en marzo de 1907, luego que se “extendiese en consideraciones relativas al particular”,11 Muñoz Rivera logró convencer a la Asamblea Legislativa de que aprobara la ley H.B. 84. Esta ley asignaba un total de $300,000.00 para el proyecto.12 De éstos, $50,000.00 se utilizarían para la celebración de un concurso de diseño, planos y otros gastos administrativos y, $250,000.00 para la construcción del Capitolio de Puerto Rico. En su discurso ante la Cámara, Muñoz Rivera justificó la ley H.B. 84 con los siguientes puntos: 1. el estado actual del salón donde se reúne la Legislatura que calificó de “mezquino y vergonzoso... muy inferior a cualquiera de las salas de los Ayuntamientos de cuatro mil habitantes de los Estados Unidos”; 2. la existencia en “caja

10 “Una buena idea”. El Boletín Mercantil de Puerto Rico, 16 de enero de 1907, 2. 11 Archivo General de Puerto Rico (AGPR), Fondo Legislativo. Cámara de Delegados. Libros de Actas. Libro 1. Primera sesión de la cuarta Asamblea Legislativa, 169. 12 Los $300,000.00 se consiguieron de una emisión de bonos de $1 millón que se habla autorizado por la Legislatura para obras publicas, mayormente carreteras y puentes. Bajo la dominación norteamericana, esta inversión representaba la mayor que se hacia para un edificio público en Puerto Rico.

58 de un crédito de un millón de dollars sin aplicación, de cuya suma se han tomado 300,000 dollars, cantidad insignificante si se compara con lo que ha costado el Capitolio de Washington...”; 3. la necesidad de efectuar un concurso de diseño con “los premios y accésits a fin de impresionar fuertemente la voluntad de los arquitectos y puedan presentar planos dignos del edificio que se trata de levantar y de Puerto Rico”; y finalmente, 4. está convencido de que “Puerto Rico está llamado a realizar grandes cosas, que tiene un porvenir hermoso y hay que hacer algo para su progreso y engrandecimiento”.13 Las anteriores razones explican, en parte, la súbita necesidad de proponer una nueva estructura para la Legislatura, ya que habían transcurrido siete años desde su ubicación en el edificio de la Diputación Provincial. Sin embargo, subyacente a toda esta situación radica la visita a Puerto Rico del presidente Teodoro Roosevelt en noviembre de 1906. Esta fue la primera visita de un presidente norteamericano a Puerto Rico y los políticos puertorriqueños tomaron la oportunidad para recibirlo y enfrentarlo directamente con la situación reinante en el país. Como en épocas romanas, el presidente fue recibido con arcos de triunfo, sin embargo, éstos estaban adornados con estandartes que proclamaban la protesta puertorriqueña: “Queremos el gobierno propio”. ...Tal fue la fórmula, vigorosa y cencilla, [sic] en que el pueblo os dijo lo que espera hace ocho años. Queremos el gobierno propio; es a saber: que se nos reconozca en nuestra patria lo que en su patria tienen todos los hombres: el derecho de votar sus tributos, de ordenar sus gastos, de hacer sus leyes, ya que el beneficio o el daño que de ello resulte, al pueblo y a nadie más corresponden y es el pueblo el único responsable de sus errores y de sus aciertos.14 Estas palabras, pronunciadas por Luis Muñoz Rivera en la misma sesión legislativa en la cual se aprobó la ley para llevar a cabo el diseño del Capitolio, fueron recibidas con “un aplauso cerrado, estruendoso, uno de esos aplausos inspirados por grandes corrientes de sentimiento, que nacen del corazón como un trueno...” La idea del gobierno propio se fundamentaba en el modelo norteamericano que dependía, según Muñoz Rivera, de “las artes del trabajo y por los empeños del civismo”.16 Estos empeños del civismo necesitaban de una imagen concreta que simbolizara la mano reguladora de las instituciones para el gobierno, como una

“El sábado en la Cámara”, El Boletín Mercantil de Puerto Rico, 18 de febrero de 1907,

14 “El Mensaje de la Cámara puertorriqueña al Presidente Rooaevelt”, El Boletín Mercantil de Puerto Rico, 15 de marzo de 1907,2. 15 Luis Muñoz Rivera, “En la América del Norte(1899)”, reproducido en Aarón Gamaliel Ramos, ed., Las ideas anexionistas en Puerto Rico bajo la dominación norteamericana, (Rio Piedras, Ediciones Huracán, 1987), 61-63.

59 genuina expresión de democracia, y que a su vez facilitaría vivir con las libertades predicadas por la nación norteamericana. Este sentir fue lo que fundamentó la idea de construir un edificio para la Asamblea Legislativa en forma de un capitolio. La localización de este nuevo edificio era de suma importancia tanto a nivel funcional como de imagen. Según la propuesta original de Luis Muñoz Rivera, el lugar ideal para el Capitolio sería en “las afueras de la población, en la explanada frente al Teatro Municipal, mirando a la estatua del inmortal genovés Cristóbal Colón” y en un punto que estuviese cerca de La Fortaleza y las oficinas administrativas del gobierno.16 Este terreno representaba el primer predio a ser desarrollado después del derrumbe de las murallas en el 1897 y significaba un nuevo orden urbano para San Juan. Localizar ahí el Capitolio lo convertía en umbral de la ciudad. Sin embargo, por encima de las protestas de Muñoz Rivera, el Sr. Falkner, comisionado de Instrucción, logró que este predio de terreno se designara para la construcción de la Escuela José Julián Acosta. A raíz de ese incidente, la Legislatura nombró una comisión para seleccionar otro lugar para construir el Capitolio.17 Finalmente, en mayo del 1907 se escogió un predio de terreno extramuros, amplio, bien ventilado y con una topografía dominante que formaba promontorio en el centro geográfico de la isleta. En el solar, propiedad del municipio, se encontraba un hospitalillo para los residentes pobres de Puerta de Tierra. Para esta fecha, el área urbanizada de Puerta de Tierra estaba localizada en el sector central de la isleta con las viviendas concentradas principalmente entre la “Carretera Central” y las vías del ferrocarril.18 El solar seleccionado para el Capitolio formaba parte de un proyecto para el desarrollo urbano de la ciudad capital. Esta nueva localidad para el Capitolio era importante en el crecimiento futuro de la isleta, ya que la administración norteamericana en Puerto Rico deseaba desarrollarla como una extensión de la ciudad antigua. En varias ocasiones el gobernador Beekman Winthrop se había dirigido a las Cámaras para solicitar que se aprobasen leyes necesarias a fin de que “la mayor parte de

16 “El Capitolio dePuerto Rico”, El Boletín Mercantil de Puerto Rico, 8 de febrero de 1907,

17 Este solar conformaba el primer predio de terreno liberado por el derrumbe de las murallas de San Juan. Construir el Capitolio en dicho lugar pudo haber sentado pautas para la expansión reticular de la ciudad. Sin embargo, quitarle este terreno al edificio símbolo de los puertorriqueños para cedérselo al comisionado de Instrucción y obligar la selección de un predio extramuros determinó un crecimiento lineal que facilitó la ejecución de edificios objetos a lo largo de la Carretera Central. 18 Aníbal Sepúlveda y Jorge Carbonell, San Juan Extramuros (San Juan, Centro de Investigaciones CARI MAR, 1990), 48-49.

los terrenos [...] situados directamente al sur del Fuerte San Cristóbal y al este de la Plaza de Colón [...] serían suficientes para las necesidades comerciales de la ciudad por muchos años”.19 Se había escogido la “Carretera Central” para iniciar este desarrollo, que comenzaría con la Plaza de Colón y concluiría en el barrio San Gerónimo con una proyectada penitenciaría estatal.20 Cónsono con la idea de comercializar esta área, en el 1910 el gobernador Colton propuso en los terrenos al sur del Castillo de San Cristóbal la construcción de un gran hotel de turismo, una “obra que constituye un adelanto prodigioso que en pro de su mejoramiento y progreso realiza Puerto Rico, que de esta vez se colocará al nivel de las grandes urbes que descuellan por su magnificencia y esplendor”.21 El genius loci, o espíritu del lugar, se había manifestado y el primer paso se tomó hacia la interpretación del significado de esta nueva estructura. Su presencia en la cúspide de la isleta sería almenara del nuevo Puerto Rico.

“A nuestro certamen viene un verdadero ejército de intelectuales” En septiembre del 1907, el comisionado del Interior, Laurence Grábame, convocó a los arquitectos, por medio de la prensa local y las revistas de arquitectura en los Estados Unidos, a que sometieran propuestas para el diseño del Capitolio insular.22 El programa de diseño era sencillo. Se pedia que el edificio albergara tres facilidades principales muy parecidas a las ofrecidas por los capitolios de los estados norteamericanos: el Consejo Ejecutivo, la Cámara de Delegados y el Tribunal Supremo. En el edificio propuesto la cámara para el Consejo Ejecutivo y el salón de asambleas de la Cámara de Delegados deberán estar localizados en el piso principal y provistos de accesos adecuados. El Tribunal Supremo se podrá ubicar en el segundo piso. Estos departamentos deberán ser tan independientes unos de otros como sea factible y deberán ser accesibles desde la entrada principal. Todas las habitaciones, oficinas, vestíbulos, pasillos o escaleras deberán tener buena iluminación y ventilación natural. No se requiere un sistema de calefacción.23 19 Rigual, El Capitolio estatal, legisladores 1900-1953 y leyes relativas a la Asamblea Legislativa. Mimeografiado. (Secretaría de la Cámara de Representantes, 1954), 58. 20 Esta penitenciaría se llevó a concurso arquitectónico para la misma fecha del Capitolio. Participaron 9 firmas de diseño y se le adjudicó el primer premio a Horace Traumbauer de Füadelfia. Desafortunadamente no se ha podido localizar en el AGPR ni en los archivos de Traumbauer en Füadelfia copia de este proyecto. 21 “Grandioso hotel en Puerto Rico”, Puerto Rico Ilustrado, (6 de octubre de 1910), 8-9. 22 Se tiene evidencia de que se publicó en la revista The American Architect and Building News de septiembre 21 del 1907 y en The Brickbuilder (luego Architectural Forum) también de septiembre del 1907. 23 “Program Embracing Terms of a Competition forthe Plans of a Building to be Known

Aunque el programa de diseño le permitía al arquitecto expresarse en el estilo y en los materiales que él considerase apropiados, la Asamblea Legislativa estableció dos requisitos adicionales: que el edificio mostrara un carácter conservador y digno en su expresión arquitectónica y que se adaptase a las condiciones del clima tropical.24 Se establecieron los siguientes criterios de evaluación para determinar el diseño ganador: 1) distribución satisfactoria del primer piso; 2) ventilación e iluminación; 3) fáciles comunicaciones interiores; 4) aspecto general de la fachada; 5) costo del edificio en relación con la cantidad presupuestada; y 6) capacidad del autor, a juzgar por los dibujos.25 La respuesta a la convocatoria fue abrumadora; se recibieron 438 solicitudes para los pliegos del concurso, la mayoría provenientes de los Estados Unidos, pero algunas de Cuba, Panamá, Canadá, México, e Inglaterra. De Puerto Rico, once personas solicitaron los pliegos del concurso: Rafael del Valle Zeno; Ramón Gandía Córdova; A. Stierle; Armando Morales; Louis León; Francisco de P. Acuña y Antonín Nechodoma, de San Juan; Blas C. Silva; Joe Umbach; y Acisclo Subirá, de Ponce; y Van Alien Harries de Juncos.26 Finalmente, un total de 139 firmas sometieron planos para el concurso, “tres o cuatro de arquitectos españoles, dos o tres de arquitectos puertorriqueños, dos de arquitectos cubanos, uno de un canadiense y los restantes pertenecen a los americanos”.27 En febrero del 1908 todas las propuestas para el diseño del Capitolio se presentaron al público en una exhibición “en el salón que ocupaba el archivo general de la isla”.28 La prensa local, en nota eufórica, anunció que este certamen había batido “el record de los certámenes de esta índole [...] a nuestro certamen viene un verdadero ejército de intelectuales. En resumen, el certamen que acaba de verificarse en Puerto Rico, hará época en la historia”.29 Y tenía razón. La participación en el certamen del Capitolio de Puerto Rico contrastó con el que se celebró en el 1905 para el diseño del Capitolio de Idaho, donde solamente 21 concursantes

as the Capitel of Porto Rico te be Erected in the City of San Juan, Porto Rico”, American. Competitions, (1908), 24. 24 Ibid. 25 “Los planos del Capitolio”, La Democracia, 11 de abril de 1908, 5. 26 AGPR. Fondo, Obras Públicas, Serie, Edificios Públicos, Competencia del Capitolio, 1907, Legajo 116-118a, Cajas 689-690. 27 “Los planos del Capitolio”, El Boletín Mercantil de Puerto Rico, 11 de febrero de 1908, 2. Aunque este artículo menciona concursantes de España, en la revisión del libro del concurso del Capitolio que está en el AGPR no se indican solicitudes de arquitectos españoles. 28 "Notas de interés—Departamento del Interior—planos del Capitolio de Puerto Rico”, La Democracia, 11 de febrero de 1908,1. 29 “Capitolio de Puerto Rico”, La Correspondencia, 5 de febrero de 1908,1.

sometieron planos.30 Esta diferencia en el número de participantes seguramente se debió a los inauditos premios del concurso: un primer premio de $5,000.00, un segundo de $2,000.00 y $1,500.00 para el tercer lugar. Estas sumas de dinero eran excesivas, si se considera que en esos años los Estados Unidos estaba afectado por un período “general de perturbación del mundo comercial” y el premio ofrecía un gran incentivo para los arquitectos ya que en el gobierno de Puerto Rico, el sueldo anual de un buen arquitecto fluctuaba entre $2,500.00 y $3,000.00.31 La tarea de evaluar las propuestas se le asignó a la Comisión del Capitolio compuesta por el presidente del Consejo Ejecutivo, William F. Willoughby; el speaker de la Cámara, José de Diego, representado por Luis Muñoz Rivera; el presidente del Tribunal Supremo, José S. Quiñones y el comisionado del Interior, Laurence Grábame. Debido a la cantidad de proyectos sometidos la Comisión del Capitolio designó una Comisión Técnica compuesta por tres arquitectos norteamericanos, a saber: E.B. Homer de Providence, Rhode Island, John E. Howe, y Bowen Bancroft Smith, ambos de Nueva York. Homer era graduado de M.I.T. en el 1885 y Howe de la Universidad de Harvard y de la Ecole des Beaux Arts de París en el 1884. Smith había estudiado en M.I.T. y la Ecole des Beaux Arts de París, de la que se graduó en el 1890.32 Los primeros dos arquitectos ya estaban relacionados con trabajos en Puerto Rico pues habían diseñado varias escuelas para el comisionado de Instrucción, entre ellas, la Escuela José Julián Acosta. No es de extrañarse que no se contara con la representación puertorriqueña en esta Comisión Técnica ya que, para esa fecha, la mayoría de las posiciones claves en el gobierno estaban ocupadas por norteamericanos y el personal técnico encargado de la reparación y construcción de edificios era dirigido por ellos. Sin embargo, omitir a profesionales puertorriqueños de la Comisión Técnica creó un malestar en la Comisión del Capitolio. Luego de empezadas las labores, Luis Muñoz Rivera protestó e indicó que era necesario reclutar arquitectos puertorriqueños para la misma. Esto causó que Willoughby se apresurara a comunicarse con algunos ingenieros puertorriqueños para que participaran como voluntarios. Los ingenieros José Canals, Ramón Gandía Córdova y Juan Bautista Rodríguez declinaron la invitación

311 Russell-Hitchcock, Temples of Democracy, 249. 31 Rigual, El Capitolio estatal, 67. Para esos años, $5,000.00 dólares representaba más del sueldo anual de un buen arquitecto al servicio del gobierno. En el informe del comisionado del Interior del 1907 se propone crear el puesto de arquitecto del Estado con un sueldo anual de $3,000.00 para traer a buenos candidatos. 32 “Los planos para el ‘Capitolio’—Tardarán 10 ó 12 días en el estudio de los diferentes proyectos”, La Correspondencia, 4 de abril de 1908, 2.

1 63 tardía, alegando que responsabilidades ya contraídas no le permitían participar del Comité Técnico.33 Fue tal la indignación pública causada por esta omisión que el rotativo local The Times publicó las tres cartas enviadas a Willoughby para rechazar su invitación.34 El malestar trascendió a otros niveles, y se publicaron editoriales y artículos en la prensa que cuestionaban lo oportuno de la inmensa inversión en un edificio-símbolo. En el editorial del periódico El Tiempo se expresó lo siguiente: “¡Y pensar que con los 300,000 dollars que se trata de dedicar al Capitolio, podría mejorarse la condición de los maestros y establecer 300 ó 400 escuelas más que las que en la actualidad existen!”35 El mismo editor de El Tiempo dudaba de las intenciones de Muñoz Rivera al respaldar la ley que facilitaría la construcción del Capitolio.

Es cierto que el alma latina necesita de un lugar apropiado donde expansionarse, donde expresar el hondo sentimiento de amor hacia el terruño, donde cantar con patéticas estrofas la suerte desdichada de la bella Borinquen, cautiva y aherrojada por los bárbaros del Norte... ¡Qué grandiosa, qué soberbia resultaría esa patriotera oratoria en un local apropiado, donde las condiciones acústicas diesen más vigorosa entonación a los esculturales párrafos del orador poeta...!36 Con intención similar, El Boletín Mercantil, en su edición del 15 de abril del 1908, publicó una noticia titulada “Lo que costó un Capitolio”. En ésta se advertía que en Pensilvania los contratistas habían sido acusados de defraudar al Estado al obtener grandes sumas para edificar y amueblar el Capitolio, y advertía de posibles conflictos de intereses y corrupción en el proceso de edificar un capitolio. En medio de esta situación, la Comisión Técnica, en sus trabajos de selección, había separado los proyectos sometidos en tres grupos; el primer grupo comprendía

...fachadas inaceptables por lo vulgares, imprimiendo al conjunto apariencias de cuarteles, cárceles, etc., y no de capitolios. 33 “P.R. Architects Will Not Work Gratuitiously”, The Times, 10 de abril de 1908,1. Esta noticia apareció en la sección en inglés del periódico El Tiempo, uno de los primeros diarios bilingües de Puerto Rico. Las noticias en inglés no eran traducciones de las noticias en español, sino que estaban dirigidas exclusivamente al público anglohablante en Puerto Rico. La noticia se refiere a que Willoughby le había solicitado a los ingenieros puertorriqueños que trabajasen gratuitamente en el Comité ya que alegaba que dos de los arquitectos norteamericanos así lo estaban haciendo. Todos los ingenieros rechazaron la oferta porque alegaban, primero, que había fondos para pagarles los servicios de consultoria y, segundo, que era imposible que arquitectos tan prestigiosos pudiesen abandonar su práctica profesional por dos semanas sin recibir compensación alguna. 84 Ibid. y "Only US. Architects Pass on Capitel Plans”, The Times, II de abril de 1908. 35 “Capitolio, nó, escuelas”, El Tiempo, 27 de febrero de 1908, 2. 36 Ibid.

El segundo grupo abarca fachadas con enormes cúpulas sin empleo al parecer conocido, derroche de arabescos, indicando obras cuyo costo se acercará a un millón de pesos. Pudiera pensarse que muchas de las fachadas de este grupo no es ésta la primera batalla que riñen y que han figurado en torneos de capitolios de otras tierras. Uno muestra una copia del capitolio de Washington. En el tercer grupo entran aquellas en que existe discreción y buen gusto.37 Luego de esta revisión los asesores técnicos descartaron 103 proyectos por no cumplir con el programa de diseño y determinaron tres ganadores: se le adjudicó el primer premio a James Ritchie y Lewis Abbot, el segundo a Clarence Brazer, y el tercer premio a Glenn y Bedford Brown. Sin embargo, cuando el jurado del concurso presentó confiden cialmente el laudo a la Comisión del Capitolio, éste fue rechazado^ por incluir un proyecto un tanto extravagante y no satisfactorio.38 Se le concedió un periodo de cuarenta y ocho horas a la Comisión para revisar los proyectos. Luego de tres dias de debate, finalmente se seleccionaron los siguientes arquitectos como los ganadores: primer premio se otorgó a Frank E. Perkins de Nueva York (Ilus. 1); segundo premio a James H. Ritchie y Lewis B. Abbot de Boston (Ilus. 2) y, el tercer premio a Henry L. Biddle, también de la ciudad de Nueva York. (Ilus. 3)

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L . ..„.....__..... J 1. Elevación principal del diseño ganador del primer premio. Frank Perkins, arquitecto. Foto publicada en Informe del Comisionado del Interior al Gobernador de Puerto Rico, 1908.

37 “Las primeras ‘fachadas’ del concurso”, La Correspondencia, 11 de febrero de 1908,1. 88 “Los proyectos para el Capitolio”, La Democracia, 21 de abril de 1908, 2.

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2. Elevación y primera planta del diseño ganador del segundo premio, de los arquitectos James Ritchie y Lewis Abbot. Foto publicada en American Competitions, 1908. Foto cortesía del Avery Architectural Library, Universidad de Columbia.

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3. Elevación y primera planta del diseño ganador del tercer premio, del arquitecto Henry Biddle. Foto publi cada en American Competitions, 1908. Foto cortesía del Avery Architectural Library, Universidad de Columbia.

66 El arquitecto ganador, Frank E. Perkins, natural de Boston, contaba con 38 años de edad. Había estudiado en París y fue profesor de Arquitectura en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.39 Su proyecto representó el tipo arquitectónico de capitolio norteamericano, utilizando la fórmula preestablecida por éstos: el pórtico, la cúpula, la rotonda y la simetría entre las cámaras legislativas. El proyecto de Perkins, a diferencia de los otros proyectos sometidos, presentaba un edificio austero que, con excepción del uso del orden dórico en los pórticos y un domo sencillo, no contaba con ornamentación aplicada.49 El vocabulario arquitectónico utilizado fue el neoclásico,

...sureño, una adaptación de la arquitectura de Grecia, modificada por el conocimiento del arco romano. Este estilo se aplica aquí a las necesidades de un pueblo isleño, que vive en un clima cálido, pero en un país propenso tanto a ciclones como a terremotos, los cuales la arquitectura griega ha resistido por miles de años.41

La fachada sur, que daba hacia la bahía, era la principal, y por ésta se llegaba a la rotonda, la cual estaba coronada por una cúpula que imitaba a la del Panteón romano con un óculo central abierto para permitir la circulación del aire y la entrada de luz solar.42 Según el arquitecto, se escogió como modelo para el diseño del pórtico el Partenón helénico, ya que desde el Capitolio “emanaría legislación sabia para el beneficio de las personas de una nueva colonia”.43 Una vez en la rotonda del edificio, a la derecha se encontraba el salón de sesiones del Consejo Ejecutivo y, a la izquierda, el de la Cámara de Delegados. El Tribunal Supremo se orientó mirando hacia el norte, separado del resto del edificio por un patio interior. El segundo premio era un edificio con más ornamentación que el de Perkins. Aunque carecía de un pórtico monumental, la fachada principal estaba compuesta por tres elementos principales: ala izquierda, la entrada a la Cámara de Delegados, a la derecha la entrada al salón de sesiones del Consejo Ejecutivo y en el centro de la composición, una loggia o arcada que daba acceso inmediato a un patio interior. Desde el patio se accedía a un “salón de la fama”, bajo en altura y ubicado exactamente debajo del piso del Tribunal Supremo. Desde este “salón de la fama” se accedía a otros dos

89 “Varios informes—Llegó ayer el arquitecto americano Mr. F.E. Perkins”, La Democracia, 22 de mayo de 1908, 2. 4U Los periódicos de la época criticaban los proyectos con fachadas extravagantes ya que entendían que era un derroche de fondos públicos. 41 Frank F. Perkins, “The New Capítol of Porto Rico”, Architectural Record 25 (abril 1909), 272-273. 42 Perkins, “The New Capitel”, 272. 43 Perkins, Ibid.

67 patios interiores de menor tamaño que servían para la ventilación, iluminación y la circulación de las otras dependencias del Capitolio. En el segundo piso, el Tribunal Supremo ocupaba el espacio monumental debajo de la cúpula. En el exterior, la cúpula contenía elementos neo-barrocos que, en conjunto con los techos cubiertos en tejas, las arcadas en el primer piso y los ojos de buey mixtilíneos de la fachada, le impartían al edificio rasgos del vocabulario del California Mission Style desarrollado en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y utilizado frecuentemente en Puerto Rico. El tercer premio fue otorgado a un edificio neo-barroco con excesiva ornamentación. El acceso al edificio se lograba por una plaza desde la cual se accedía a cada una de las tres dependencias principales del capitolio. Al norte, y en el centro de la composición, se encontraba la Cámara de Delegados que ocurría debajo de la cúpula central. Desde la plaza hacia el oeste se llegaba al Tribunal Supremo y, hacia el este, al Consejo Ejecutivo. Este diseño, del cual la Comisión Técnica dijo que “su fachada principal es inadecuada, la cúpula sobre la cámara de delegados muy extravagante, y la fachada lateral muy inconveniente” ,44 carecía también de una ventilación adecuada para las tres grandes salas. El laudo final fue el resultado de grandes pugnas internas entre la Comisión Técnica y los miembros de la Comisión del Capitolio. No obstante el laudo de la Comisión del Capitolio, el diseño preferido de Luis Muñoz Rivera fue otro que había sido descartado por los arquitectos norteamericanos por un tecnicismo.45 Había sido presentado por el arecibeño Rafael del Valle Zeno. El Capitolio de Rafael del Valle Zeno El proyecto de Rafael del Valle Zeno (1878-1960) había sido descalificado por el Comité Técnico porque había incluido un lema en las hojas de presentación, lo que estaba prohibido en las reglas del concurso.46 44 “El Capitolio Insular—Fachada extravagante premiada con $1,500.00”, La Correspondencia, 18 de abril de 1908,1. 45 La controversia suscitada por la descalificación de este proyecto rayó en insinuaciones de que el autor había incluido el lema LEX para destacar su proyecto y de ese modo alertar a la Comisión. Es importante notar que el diseñador era hijo de Rafael del Valie Rodríguez, presidente interino del Consejo Ejecutivo y miembro fundador del Partido Unión de Puerto Rico. Sin embargo, en carta publicada en el diario El Tiempo del 30 de abril del 1908, Del Valle Zeno establece lo siguiente, “Este lema, al cual han dado algunos una interpretación que cuando se analice con calma se encontrará absurda, tiene una explicación sencilla. Es práctica corriente, con el objeto de ocultar el nombre de los autores de una obra que aspira a un laudo, el colocar en ella un lema, que se escribe también en un sobre cerrado cuyo interior contiene el nombre del autor. Esta operación la he practicado en los diferentes concursos en que he tomado parte, y aquí en San Juan, en el ‘Hospital Municipal,’ en el ‘Sanatorio del Auxilio Mutuo,’ etc.” 46 Op. cit., “Los proyectos para el Capitolio”, La Democracia, 21 de abril de 1908.

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Esta decisión del jurado del concurso fue motivo de una gran controversia en la prensa de Puerto Rico, que ocupó la atención de los puertorriqueños durante el mes de abril del 1908. Los tres principales rotativos, La Democracia, La Correspondencia de Puerto Rico y El Tiempo/The Times dedicaron sendos editoriales donde protestaban que el proyecto fuese descalificado del concurso, ya que, en palabras de La Democracia, privó a Puerto Rico de tener “...un Capitolio suyo, planeado y dirigido por un hijo suyo, llenando sus ardientes aspiraciones”.47 (Ilus. 4). Rafael del Valle Zeno nació en Arecibo, hijo de Rafael del Valle Rodríguez, reconocido médico, poeta y político puertorriqueño, miembro del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico (1905-1913) y Micaela Zeno Gandía, hermana mayor de Manuel Zeno Gandía.48 Estudió una carrera de ingeniería civil y arquitectura en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Central de Caracas.49 Se graduó de ingeniero civil con un curso especial de arquitectura e ingeniero agrónomo el día 1 de agosto de 1899.50 Después de su graduación, Rafael del Valle Zeno se trasladó a Puerto Rico donde trabajó en el recién creado Negociado de Obras Públicas del Departamento del Interior. En este Negociado fue ingeniero residente de estudios y construcción de carreteras (1899-1901) e ingeniero jefe de Distrito de conservación de carreteras hasta el 1903, cuando se “dedicó al ejercicio Ebre de su profesión como Ingeniero-Arquitecto... ”, formando una de las primeras oficinas de arquitectura en Puerto Rico.51 En el 1904, junto a los ingenieros José A. Canals, Juan Bautista Rodríguez, Tubo Larrínaga y otros, fundó la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico.52 La práctica privada de Del Valle Zeno tomó auge en el 1907. Participó en por lo menos cuatro concursos de diseño, y ganó tres de ellos: los diseños para los hospitales Auxilio Mutuo y Municipal de Santurce y el diseño para el medallón conmemorativo del cuarto centenario de la evangelización de América. Su arquitectura fue calificada por la prensa de la época como una que gozaba de un “sello peculiar de... reconocido gusto artístico”.53

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47 “Concurso para el Capitolio de Puerto Rico”, La Democracia, de abril de 1908,2. 48 Entrevista con Josefina del Valle Cestero, 17 de agosto de 1991. 49 Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR), Colección Martínez y Lázaro, Historia de la Ingeniería en Venezuela, fotocopia de las páginas 322,326-327, autor sin identificar, sin fecha. 50 AACUPR, Colección Martínez y Lázaro. En esa primera clase graduanda había otro puertorriqueño, Rafael Nones del Valle,primohermano de Rafael del Valle Zeno. También se graduaron José Lázaro Costa y Antonio Martínez Domínguez, dos venezolanos que se radicaron en Puerto Rico y tuvieron una larga vida profesional en la isla. 51 “Las obras de riego en Guayama, progresos dePuerto Rico”, Puerto Rico Ilustrado, (13 de marzo de 1910), 14. 52 Quién es quién en Puerto Rico, 1936-1937, 60. 53 “La arquitectura en Puerto Rico”, Puerto Rico Ilustrado, (2 de julio de 1911), 9.

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La simpatía de la prensa se volcó hacia el proyecto de Del Valie Zeno, que presentó una visión diferente de lo que el Palacio de las Leyes debía ser. Dos rotativos publicaron la planta y la elevación de éste y no las de los proyectos ganadores. Los lectores de La Democracia saben... que el plano número 55 fue presentado y defendido, en la Comisión del Capitolio, como uno de los más bellos y también como uno de los más propios para el edificio que se trata de construir... El señor Muñoz Rivera sostuvo la superioridad de esa fachada sobre las otras del concurso e insistió, sobre todo, con razones poderosas, en la perfecta distribución de los compartimientos interiores.54 El autor rasga en la fachada del edificio tres grandes arcos de triunfo que marcan la Cámara de Delegados, el Tribunal Supremo y el Consejo Ejecutivo. Al primero y al tercero los fortalece con torres de abrigo, en lo alto de las cuales tiene asiento el pueblo patrocinador de ambos centros legislativos. Estos dos cuerpos ceden al Tribunal Supremo el centro.55 Resulta que este proyecto a que nos referimos, a juicio de todos, es el mejor. Si así és, ese proyecto es el que debe ejecutarse. [...] Una razón legal priva al país puertorriqueño, de que el pueblo de Puerto Rico eleve sobre su suelo un monumento arquitectónico, creación afortunada de un hijo de este suelo.56 A diferencia del proyecto ganador de Frank E. Perkins, que se fundamentaba en un vocabulario neoclásico, la solución ofrecida por Del Valle Zeno reflejaba un gusto por la arquitectura francesa. Este gusto seguramente lo adquirió mediante su formación académica en Venezuela, por medio de la influencia de su padre, que había pasado una temporada en París,57 y porque lo francés, para muchos puertorriqueños, significó lo culto, lo intelectual y lo moderno.58 Su diseño, según la prensa, era de un

...estilo renacimiento, en el que, utilizando con respeto los más bellos elementos de órdenes clásicos y conservando éstos en toda su pureza de proporciones, a manera de sagradas reliquias de épocas del antiguo arte, rompe, sin embargo, el cofre adusto en que eran encerradas, y los distribuye en un ambiente más libre, donde la fantasía encuentra mayor campo, donde los gustos y necesidades del presente y aún los sueños del futuro tiene su reflejo en un conjunto armónico.

54 “Concurso para el Capitolio de Puerto Rico”, La Democracia, 27 de abril de 1908,2. 55 Ibid. 56 “Convencionalismos”, El Tiempo, 29 de abril de 1908,2. 57 Carlos del Valle Ojeda, hijo de Carlos del Valle Zeno, recuerda que en su padre había adoptado costumbres francesas. En su casa se comía a lo francés con paté fois gras, vino, etc. 58 “La fiesta de los patriotas franceses”, Puerto Rico Ilustrado, (19 de junio de 1910). Basta ver la influencia de los corsos, como Giorgetti, en la vida social, política y cultural del pais y la preferencia de ilustres puertorriqueños como José de Diego por lo francés, tanto en el diseño y decoración de su casa como del edificio del Instituto De Diego. Es interesante notar que el concepto de instituto también es de raíz francesa.

[...] Y en verdad, para un pueblo que, como Puerto Rico, nace a la vida déla libertad y el progreso, semejante estilo responde mejor que ningún otro a su situación y a su carácter.59

Esta interpretación del estilo utilizado por Del Valle Zeno revela la mentalidad de la época: la búsqueda de una sociedad fundamentada en valores tradicionales, con unas libertades que fomentaran el desarrollo de un pueblo. El antiguo arte, con ropaje moderno, era expresado en el proyecto de Del Valle Zeno por medio de lo francés, “donde la fantasía encuentra mayor campo”. El rechazo de lo español surge de un pueblo que “nace a la vida de la libertad y el progreso”, ya que España todavía estaba en la memoria del pueblo como un poder colonial opresor. El estilo utilizado por Del Valle Zeno desasoció las tradiciones arquitectónicas españolas y norteamericanas del diseño del Capitolio. Sus mansardas, la ausencia del domo, símbolo del poder político norteamericano, y la utilización de arcos de triunfos en sustitución de los pórticos neoclásicos hacen de este proyecto uno completamente innovador en la arquitectura puertorriqueña.

Desenlace y desilusión El clamor de la prensa y de la opinión pública no logró que se efectuara una revisión en el resultado del concurso. No es de extrañar que la Comisión del Capitolio llegara a un consenso y premiara el proyecto de Perkins. Para los puertorriqueños en la Comisión, su estilo neoclásico sobrio y el uso del patio interior eran elementos arquitectónicos reconocibles utilizados por los españoles en su arquitectura oficial en Puerto Rico. Por otro lado, el uso de una amplia y prominente cúpula, apoyada sobre un tambor claramente definido, las grandes escalinatas en la fachada principal, el pórtico monumental y la articulación simétrica de los dos cuerpos legislativos en la volumetría del edificio, reflejaba la preferencia norteamericana por los símbolos de la democracia en los modelos capitalinos. El proyecto de Perkins, por diseño o por designio, con su búsqueda por un diseño que reflejase condiciones tropicales y a la vez estuviese claramente identificado con un vocabulario norteño, sintetizaba la condición puertorriqueña de principios de siglo. El arquitecto Perkins fue contratado para confeccionar los planos de construcción del nuevo Capitolio. Perkins vino a Puerto Rico, tomó medidas, buscó materiales adecuados y habló con los políticos. Al finalizar el año 1908 ya había entregado dos alternativas para los planos de construcción del Capitolio, los cuales se llevaron a subasta pública. En los

89 “Concurso para el Capitolio de Pto. Rico”, La Democracia, 27 de abril de 1908, 2.

planos del diseño ganador se especificaron vigas de ausubo, pisos de madera y manipostería para las paredes estructurales. Como medida alterna, se le solicitó al arquitecto Perkins una “Alternativa A”, donde se sustituía toda madera por hormigón para hacer el proyecto a prueba de fuego. En marzo del 1909 se llevaron a subasta los dos juegos de planos. Entre las compañías de construcción que sometieron cotizaciones, P.J. Carlin Construction de Nueva York cotizó $317,000.00 por la propuesta original y $367,000.00 por la “Alternativa A”, sumas muy por encima de las cantidades presupuestadas de $275,000.00 y $335,000.00 respec tivamente.60 Esta diferencia de precios causó que se paralizaran todas las gestiones hacia la construcción del Capitolio de Puerto Rico.

Sobre el neoclásico Es probable que para Luis Muñoz Rivera, Rafael del Valie Rodríguez y muchos otros políticos puertorriqueños de la época, la arquitectura neoclásica evocara además de lo familiar en su entorno construido, memorias de la España de la guardia civil y opresión policiaca. Más sin embargo, en sus orígenes, el neoclásico representó la mentalidad de la Ilustración europea, momento en que se abandonan las extravaganzas del barroco por la sencillez y la vuelta a los orígenes. En el siglo XVIII lo neoclásico se asoció con ideas de revolución, objetividad, ilustración e igualdad.61 Formó parte de un cambio cataclísmico en la naturaleza de la sociedad europea y en su modo de pensar. Al transportarse a los Estados Unidos, sirvió como estilo que cobijó la revolución norteamericana en el 1776. Los que transportaron este estilo desde Francia a las colonias inglesas en América fueron norteamericanos ilustrados, como Thomas Jefferson y Benjamín Franklin. Sin embargo, al transferirse a Puerto Rico por España, el neoclásico perdió su efervescencia original de representar en la arquitectura la vuelta a unos orígenes que comprometían a la sociedad a buscar una legítima dignidad y libertad. El uso del vocabulario neoclásico se convirtió en la representación de la opresión colonial ya que no fue importado a Puerto Rico por patriotas ilustrados, sino por decreto de la misma corona. Desde el siglo XIX España adoptó el neoclásico, regulado por la Academia de Bellas Artes de San Femando, como el vocabulario de su arquitectura oficial en Puerto Rico y símbolo de una segunda colonización efectuada en las postrimerías de su imperio americano. De manera que “como en el estilo

6U AGPR, Fondo: Obras Públicas, Señe: Edificios Públicos, Legajos 116-118a, Cajas 68961 Joeeph Rykwert. The First Moderns; The Architects of the Eighteenth Century (Cambridge, The MIT Press, 1980), 2.

73 neoclásico, donde cada elemento es parte integral y proporcionada de un todo, los artículos de los bandos [de policía] se conjugaron para regular los aspectos más diversos de la comunidad. El orden, la serenidad del estilo neoclásico era la norma impuesta a la sociedad colonial”.62 El cambio de soberanía impuso en Puerto Rico cambios radicales en todos los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, la arquitectura oficial de la nueva metrópoli también partía de un vocabulario neoclásico. Al transferirse el poder colonial de manos de España a manos de los Estados Unidos, el neoclásico sirvió como elemento y vocabulario de transición. Relevado de toda significación ilustrada y de toda connotación de libertad, el neoclásico se convirtió en Puerto Rico en lenguaje de propaganda impuesto por ambas metrópolis. En la misma forma en que el neoclásico sirvió en tiempos de España para significar el opresivo orden policiaco, durante las primeras décadas del siglo XX significó el atentado norteamericano de insertar al pueblo puertorriqueño dentro del nuevo sistema del American way of life. Es por esta razón que posiblemente el diseño preferido por los puertorriqueños fue uno realizado en el estilo del renacimiento francés. Un estilo ajeno al neoclásico, que representó la necesidad de los políticos puertorriqueños de desligarse de los gobiernos opresivos, tanto el español como el norteamericano, para establecer una identidad propia enraizándose en tradiciones europeas no españolas que identificaran al pueblo puertorriqueño como culto, inteligente y moderno.

LA HISPANOFILIA Y EL SEGUNDO DISEÑO PARA EL CAPITOLIO De ciudadanía, guerra y héroes Toda la trama de las circunstancias del concurso habían hecho que se perdiera el empuje y la efervescencia que esos meses de febrero a mayo del 1908 le habían dado a la idea de construir un palacio de las leyes en Puerto Rico. Aunque en su segundo mensaje, el 10 de agosto de 1910, el gobernador Colton (1909-1913) expresaba que “es de importancia que el Cuerpo Legislativo de Puerto Rico tenga locales cómodos y adecuados, incluyendo los departamentos necesarios para los trabajos de las comisiones y para oficinas administrativas, a fin de que los asuntos públicos puedan despacharse rápida y efectivamente sin confusión de ningún género”; no se llevó a cabo ningún trabajo en la construcción del Capitolio.63 En el 1916, ocho años después de la adjudicación del concurso de diseño, se volvió a mencionar el proyecto del Capitolio en el informe del í 62 Castro, “San Juan tras la fachada”, Op. Cit., 1,1985, 36. 63 Néstor Rigual, Reseña de los mensajes de los gobernadores de Puerto Rico, 1900-1930, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1967), 96.

comisionado del Interior al gobernador de Puerto Rico. El entonces comisionado del Interior, Manuel V. Domenech, primer puertorriqueño en ocupar ese puesto, informó que la Legislatura había establecido un fideicomiso de $300,000.00 para dicho proyecto. Estos fondos saldrían de la venta de terrenos pertenecientes al gobierno insular y del edificio de la Diputación Provincial.64 Sin embargo, la crisis económica causada por la Primera Guerra Mundial no permitió que se continuara con los planes para construir el Capitolio. Después del cese del conflicto mundial, el senador Antonio R. Barceló propuso a la Asamblea Legislativa que se asignaran los fondos necesarios para la construcción del Capitolio de Puerto Rico de acuerdo con los planos que obraban en la oficina del comisionado del Interior. En dicha ley, aprobada el 13 de junio de 1919, se asignaban fondos de los siguientes renglones: 1. todos los beneficios netos de la Comisión de Alimentos ($600,000.00); y 2. el producto de la venta en pública subasta del edificio de la Diputación Provincial. Una vez referida la tarea de coordinar la construcción del Capitolio al comisionado del Interior, Guillermo Esteves Volkers, la División de Edificios Públicos efectuó “un cuidadoso examen de los planos que se disponía y se determinó que no eran apropiados para la época presente. La estructura estaba diseñada para ser construida en ladrillo y bloques, construcción ésta que después de los fuertes temblores ocurridos el año 1918, no se considera segura”.65 La idea de lo “propio” resulta importante en el desarrollo de este segundo diseño para el Capitolio de Puerto Rico. No solamente se refería a los recientes problemas telúricos en Puerto Rico, sino a un país muy diferente al de Luis Muñoz Rivera y William Willoughby. La percepción de las relaciones con los Estados Unidos había cambiado. El cambio más significativo entre estas dos épocas de nuestra historia fue la apropiación general de la americanización por parte del puertorriqueño. Desde un punto de vista político, la Ley Jones (1917) había alterado la estructura del gobierno en Puerto Rico y convertido a todo puertorriqueño en ciudadano americano. Por primera vez, Puerto Rico y los Estados Unidos consolidaban sus emociones en héroes comunes y líderes tangibles como el General Pershing y los miles de puertorriqueños reclutados en el ejército norteamericano. Por medio de esta guerra, los puertorriqueños lograron identificarse con la metrópoli y tener un proyecto en común. Fue tan importante este acontecimiento, que por primera vez, el puertorriqueño se sintió socio de sus conciudadanos anglosajones. 64 Puerto Rico, Office of the Govemor of Porto Rico, Report of the Commissioner of the Interior for Porto Rico, 1917, (Washington, Government Printing Office, 1917), 306. 65 Puerto Rico, Office of the Govemor of Porto Rico, Report of the Commissioner of the Interior of Porto Rico, 1920, (Washington, Government Printing Office, 1921), 84.

75 La guerra también generó un fervor patriótico en la Isla. Los puertorriqueños hablaron muchas veces de su participación en el conflicto durante la década subsiguiente... Más que palabrerías fueron los arranques de apedrear las casas de los alemanes residentes en Puerto Rico después del hundimiento del Carolina... Todo indica que los puertorriqueños se sentían orgullosos de su ciudadanía americana y consideraban su participación en la guerra como una sociedad con los Estados Unidos.66

Por otro lado, la recuperación económica de la posguerra se intensificaba. El número de planos aprobados para construcciones durante el período del 1918-1919 había duplicado el del año fiscal anterior.67 Aquella División de Edificios Públicos que se organizó en el 1907 y que tenía como responsabilidad mayor el mantenimiento de las vetustas estructuras en San Juan se había convertido en la oficina de diseño de más-alcance y que más afectó el entorno y el gusto puertorriqueño. De sus mesas de dibujo surgieron edificios de presencia monumental en Puerto Rico: escuelas, alcaldías, hospitales municipales, plazas del mercado, y edificios universitarios; al igual que muchas estructuras de importancia social, como los barrios obreros, manicomios, asilos y cárceles.

El gobierno como diseñador

Guillermo Esteves asumió la dirección del Departamento del Interior el 18 de febrero de 1918, luego de que Manuel V. Domenech renunciara.68 Esteves, hombre dinámico, estaba convencido de que, desde su posición, podía cambiar la faz de Puerto Rico. El informe anual del 1919-1920 establece la tónica de su nueva administración. Al comparar la versión en español de este informe con los realizados por sus predecesores, inmediatamente se destaca la utilización de la fotografía como medio de promoción de la obra pública en Puerto Rico. En el mismo informe se incluye un resumen de la labor del gobierno en la creación de la infraestructura pública en Puerto Rico desde el “primer acto público de los conquistadores de América [...] hasta octubre 18 de 1898”.69 Otra 66 Traman Clark. Puerto Rico and the United States, 1917-1933, (Pittsburgh.University of Pittsburgh Press, 1975), 39, 46. 67 AGPR. Fondo: Obras Públicas, Serie: Asuntos varios, Caja 222. Puerto Rico. Bureau of Sanitary Engineering, Dept. of Health. “Plans approved during fiscal years 1913-1944.” 68 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior al Honorable Gobernador de Puerto Rico, 1918-1919, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1919), 501. En este informe se hace un reconocimiento a la labor de Domenech. 69 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior al Honorable Gobernador de Puerto Rico, 1919-1920, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1920), 145-148. ■

aportación significativa de este informe es la documentación del desarrollo de las obras públicas durante los primeros 22 años de ocupación norteamericana. En su esquema organizativo, Esteves le dio importancia a la función del arquitecto del Estado. Esto lo llevó a desarrollar un sistema para clasificar la producción de edificios públicos de acuerdo con ciertas épocas determinadas por los años de intervención de cada arquitecto del Estado. Esta división de los trabajos realizados por el Departamento permite, al que evalúa el informe, asociar los diversos diseños con el arquitecto responsable y la fecha de realización. El arquitecto del Estado dirigía la División de Edificios Públicos. Hasta la fecha, ésta había sido siempre dirigida por un norteamericano.70 Desde el 1915 ocupaba este cargo el arquitecto Adrián C. Finlayson y, en el 1919, la División contaba con cuatro arquitectos auxiliares, Pedro A. Bigay, quien era el jefe delineante, Francisco Roldán, Pedro A. de Castro (18951936) y Rafael Carmoega (1894-1968). Bajo la supervisión de Adrián C. Finlayson, Francisco Roldán y Pedro A. de Castro se produjeron los planos para el segundo Capitolio de Puerto Rico.71 El edificio se diseñó en hormigón reforzado, “adaptado a las condiciones climatológicas del país”.72 Sin embargo, el diseño del Capitolio producido por esta oficina gubernamental contrastó radicalmente con el diseño neoclásico de Perkins. No solamente habían intervenido los arquitectos en el cambio del material utilizado en su construcción, y en cambios programáticos, sino que el estilo arquitectónico neoclásico se rechazó en su totalidad. Esto no era de extrañarse ya que tanto De Castro como Roldán preferían el vocabulario del neo-hispánico para sus proyectos arquitectónicos. Pedro A. de Castro se graduó de la Universidad de Syracuse (1918). El gusto por lo hispánico se verifica en un trabajo de estudiante donde utilizó

70 Según datos recopilados en el AGPR y en los informes anuales, los siguientes fungieron como arquitectos del Estado en Puerto Rico: 1. Franklin [Harries], 1899-[1908] 2. Albert B. McCullogh, 1909-1914 3. Albert B. Nichols, 1914-1915 4. Adrián C. Finlayson, 1915-1920 5. Rafael Carmoega, 1921-1935 6. Inocente Rivera, 1936-1942 7. Pedro Méndez, [1942-1943) 71 Según nombres que aparecen en el dibujo de la elevación del Capitolio. Cuando esta misma elevación se publica en el Puerto Rico Ilustrado del 20 de mayo del 1922, se incluye a Carmoega como miembro del equipo de diseño. 72 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior al Honorable Gobernador de Puerto Rico, 1920, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1921), 84.

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el vocabulario neo-morisco en su diseño.73 Durante el año y medio (diciembre 1918 a junio 1920) que estuvo en la División de Edificios Públicos intervino en varios proyectos, muchos de ellos en un estilo neohispánico, como la Escuela Superior y Graduada de Guayama (c. 1919), Escuela de seis salones para San Germán (c. 1919) y la Escuela Superior Central de Santurce (1919). En su práctica privada, que comenzó en junio del 1921, De Castro se destacó por sus diseños en el vocabulario neohispánico, entre éstos, el Castillo Serrallés (1930), la Residencia Cabassa (c. 1930), ambos en Ponce, la Casa de España (1934) en San Juan y varias residencias en la República Dominicana.74 Francisco Roldán estudió arquitectura en España.75 Trabajó en la División de Edificios Públicos hasta el 1920. En su práctica privada, Roldán produjo los diseños para el Ateneo de Puerto Rico (1923), el Edificio El Mundo (1923), el Hospital Municipal de Arecibo (c. 1923), el edificio de Maternidad del Auxilio Mutuo (c. 1925), y la Peniten ciaría Estatal en Río Piedras (1926), todos diseñados en alguna variación de un vocabulario neo-morisco. El segundo diseño utilizó el vocabulario del Renacimiento español “modificado de manera que quede adaptado especialmente a Puerto Rico”.76 (Ilus. 5). Los símbolos de la democracia encamados en el modelo federal estaban ausentes, la imagen del edificio era completamente ajena a la imagen del capitolio norteamericano. Se localizó en “el sitio más pintoresco de San Juan”, el mismo predio de terreno designado para el Capitolio de Perkins. Sin embargo, para fines de la década del veinte, este sector de Puerto de Tierra se había transformado en el gran centro cívico de la capital.77 Además de la Escuela José Julián Acosta, se habían construido los edificios para el Casino de Puerto Rico (1913-1917), la Y.M.C.A. (1913), la Gran Logia Soberana de Puerto Rico (convertida en el Archivo Insular) (1914) y la Biblioteca Camegie (1916). Como en el de Perkins, este capitolio tenía la fachada principal de frente a la Avenida Ponce de León, como se había nombrado la antigua “Carretera Central”, y 73 AACUPR, Colección Pedro de Castro. En el 1917 De Castro preparó un proyecto de estudiante titulado A Country House in Moorish Style. 74 En el 1928, en una declaración jurada sometida a la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, De Castro menciona que había diseñado 112 residencias, de las cuales la mayoría, según se aprecia en la Colección Pedro A. de Castro, seguían las lineas de este vocabulario. 138 75 Sylve8ter BaxtÉr> “Porto Rico’s New Capítol”, Architectural Record 49, (febrero 1921), 85.

76 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior, 1920,

'Edificios monumentales y artísticos de la ‘Ciudad Encantada’, el nuevo Capitolio de Puerto Rico que actualmente se levanta en el sitio más pintoresco de San Juan”, Puerto Rico Ilustrado, (22 de mayo de 1922), 27.

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6. Elevación del segundodiseño, realizado por Adrián C. Finlayaon, Pedro de Castro y Francisco Roldán. Foto publicada en el Architectural Record, febrero de 1921. Foto cortesía del Avery Architectural Library de la Universidad de Columbio.

hacia la Bahía de San Juan. Por otro lado, carecía de una cúpula, lo que llevó a un crítico de la arquitectura a comentar en una revista de arquitectura norteamericana:

La superestructura en forma de pabellón [...] es un cambio oportuno de la cúpula convencional de los capitolios en los Estados Unidos... combina la cualidad conspicua de la cúpula con la utilidad, característica que ésta raramente posee. Además, en países de tradiciones hispanas, la cúpula generalmente se asocia más con la arquitectura eclesiástica que con la arquitectura secular.78 La planta, en forma de “U”, permitía que todas las dependencias del edificio tuvieran iluminación y ventilación natural aprovechando los vientos alisios. Debido al desnivel del terreno, el edificio contaba con un sótano. En éste se localizó un estacionamiento soterrado, los archivos del Capitolio y una entrada con vestíbulo para aquellos que llegaran en su automóvil. (Dus. 6). En la primera planta, que en los capitolios norteamericanos se reservaba para los hemiciclos y el espacio ceremonial de la rotonda, se localizó el Tribunal Supremo, los Tribunales de Distrito, sus dependencias y un museo. En la segunda planta estaban los hemiciclos del Senado y la Cámara de Representantes, salas para las comisiones y oficinas generales

78 Baxter, “Porto fiico’a New Capítol”, 179.

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de la Legislatura. El Senado se localizó en el ala izquierda del edificio, estableciendo un equilibrio de formas con la Cámara de Representantes. Ambos hemiciclos portaban espacios interiores monumentales, con una altura que en el exterior del edificio se identificaba como un pabellón-edículo techado en tejas españolas. Catorce años después de que Luis Muñoz Rivera propusiera la construcción de un capitolio para Puerto Rico, finalmente se comenzó la construcción de este segundo capitolio en el otoño del 1921. Se le adjudicó la subasta al ingeniero Francisco Pons, que luego de diez meses de

80 construcción completó la obra hasta el nivel del primer piso. Se detuvo el trabajo de construcción en lo que el Departamento del Interior terminaba los planos finales para el primer y segundo piso, tarea que se dificultó por la falta de arquitectos y delineantes arquitectónicos en la División de Edificios Públicos.

Detrás de una fachada ¿Qué significó este cambio tan radical en el diseño del segundo capitolio? ¿Por qué el uso del vocabulario del renacimiento español? En Puerto Rico el avivamiento del vocabulario español en la arquitectura es susceptible a dos lecturas. La primera interpretaría el suceso como una propuesta contestataria de parte de los sectores preocupados activamente en la defensa de la raíz hispánica como eje de la puertorriqueñidad. La segunda establecería el avivamiento como un mecanismo de americanización cónsono con el nuevo proyecto panamericano de los Estado Unidos y en el cual habría una apropiación del elemento hispánico por parte de la cultura norteamericana. Por ser instrumento de la estructura de poder en Puerto Rico, la arquitectura oficial parece estar más asociada con esta segunda lectura. El avivamiento del vocabulario arquitectónico del renacimiento español se popularizó en los Estados Unidos a raíz de la Guerra Hispanoamericana. Aunque se había utilizado en California y Florida desde fines del siglo XIX,79 se le da a este “estilo” pertinencia nacional en la Pan-American Exposition (PAX) celebrada en Búfalo, Nueva York en el 1901. El uso de este vocabulario arquitectónico en los edificios de esta feria internacional intentaba evidenciar que los Estados Unidos tenía intenciones amistosas hacia México, Centro y Sur América: Sin embargo, con el cambio de siglo, adquirir los mercados y recursos latinoamericanos significaba superar una creciente desconfianza de estos países con respecto a los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos, en vista de las consecuencias imperialistas claras de la Guerra Hispanoamericana. Los promotores de la exposición estaban esperanzados de que ésta le demostrara a los latinoamericanos ‘que su gigantesco vecino del norte es un camarada y amigo, y no un tirano u opresor potencial; y que los habitantes de los Estados Unidos deben aprender que el tamaño, poder y riquezas de la nación no hacen innecesarios ni indignos los esfuerzos serios de las comunidades latinoteutónicas a nuestro sur de construir sus propias instituciones americanas’.80

79 Para una discusión de este “estilo” en California y Florida ver David Gebhard, “The Spamsh Colonial Reviva! in Southern California (1895-1930)”, Journal of the Society of Architectural Historians, (mayo 1967), 131-147; y Rafael A. Crespo, “Florida’s First Spanish Renaissance” (Tesis doctoral, Harvard University, 1987). ®u Robert P. Rydell. AUthe World’s a Fair; Visions of Empire at American International Expositions, 1876-1916. (Chicago, The University of Chicago Press, 1984), 128.

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Fue tan exitoso el uso propagandístico de la arquitectura inspirada en el renacimiento español que los edificios de la feria llevaron a un reportero del periódico The Nation a exclamar: “Hoy, nuestro arrepentimiento [de la negligencia comercial con América Latina] asume la forma de la belleza arquitectónica en Búfalo”.81. En dos ferias subsiguientes, la Panama-Pacific International Exposition (1915) en San Francisco y la Panama-California Exposition (1915-1916) en San Diego se consolidó el uso y la popularidad del vocabulario del avivamiento del renacimiento español en la arquitectura norteamericana. Organizadas para celebrar la apertura del Canal de Panamá, los edificios para estas dos ferias se diseñaron en su totalidad en el “estilo” renacimiento español. Sin embargo, la crónica de la época toma un giro diferente con respecto al significado del estilo arquitectónico. Ya no se reclama la necesidad de la política de buenos vecinos, sino que las ferias se convierten en una celebración de la conquista de la raza norteña sobre la sureña, descripción que evoca los sucesos de la antigüedad entre Grecia y el Imperio Romano. Todavía, en el norte y en el sur, el viejo mundo conquistó al nuevo hasta que las hordas revoltosas se encontraron y se mezclaron en la costa de California —aquí en San Diego, durante el comienzo de esta posterior y más reciente historia de las ideas mutables de los hombres. Y el débil fue absorbido por el fuerte; pero con la desaparición del débil, dejaron el legado de su arte y cultura, que el sobreviviente se apropió gustosamente para embellecer y decorar los propios. Nos dejaron su tradición, su romance y su nomenclatura musical... Hemos recibido esta tradición gustosamente; hemos hecho de este romance el trasfondo de nuestra propia historia...82.

Por lo tanto, las enseñanzas de una tradición hispana en los Estados Unidos habían sido asimiladas a la concepción arquitectónica de la época. Esto trajo como consecuencia que el diseñar en un vocabulario evocador de España era aseverar la superioridad de la cultura anglosajona en

América. Dentro de esta concepción no es de extrañar que, para la década de los veinte, el estilo oficial del gobierno insular fuera uno que evocase selectiva y depuradamente el pasado español. A diferencia de los primeros intentos de adoctrinación directa y agresiva que ocurrieron durante la primera y segunda década del siglo XX, éstos se sustituyen por promesas de un mejor futuro en el que ya no era necesario eliminar lo español de la cultura puertorriqueña para aceptar el American way of life. Lo importante era consolidar en Puerto Rico el nuevo sistema norteamericano, cuya historia también gozaba de un trasfondo hispánico. 81 Rydell, AU the World’s a Fair, 128. 82 Rydell, All the World’s a Fair, 209.

Esta estrategia cultural y política tuvo su repercusión especialmente en la educación de los arquitectos puertorriqueños. Durante esta década regresaron a la isla los primeros arquitectos educados en escuelas de arquitectura norteamericanas, entre ellos, Pedro A. de Castro (Syracuse, 1918), Rafael Carmoega (Comell, 1919), Germán Ramírez de Arellano (Syracuse, 1920), Pedro Méndez (Syracuse, 1926), Raymond Dávila (Cooper Union, 1926), Augusuto Plard (Michigan, 1928) y Eloy Ruiz (Michigan, 1929).83 Esta práctica de enviar a los puertorriqueños a completar sus estudios académicos en los Estados Unidos pretendía garantizar la incursión del nuevo sistema de vida, forzado hasta entonces desde el exterior, para que surgiera desde adentro, desde las convicciones del propio puertorriqueño.84 Esto resultó sumamente efectivo, ya que muchos puertorriqueños veían como única alternativa la educación en los Estados Unidos para competir con los norteamericanos en Puerto Rico. Estos arquitectos puertorriqueños aprendieron en sus respectivas universidades que en la arquitectura, un estilo es válido mientras le dé expresión al sentimiento de la época y que la forma externa que éste asuma sea más o menos la expresión completa de ese sentimiento.85 Las formas en la arquitectura, el estilo seleccionado para un diseño en particular, necesariamente reflejaban el pensamiento y la intención de ese momento. Estos arquitectos comenzaron su trabajo profesional en la División de Edificios Públicos. Entre los edificios públicos de esa época diseñados en el vocabulario del renacimiento español se destacan los siguientes: la Escuela Superior Central en Santurce (1919), la Escuela de Medicina Tropical en Puerta de Tierra (1924), el Edificio Número 2 (Janer) de la Universidad de Puerto Rico (1925) y la Escuela Superior de Fajardo (1929), todos estructuras importantes que sirvieron de marco para la educación del puertorriqueño. Por otro lado, a fines de la década, el gobierno federal construyó varias de sus aduanas en el vocabulario del renacimiento español, como la de Fajardo y San Juan. La educación universitaria en Puerto Rico también mostró indicios de la incursión de esta nueva actitud del norteamericano hacia la herencia hispana. La Universidad de Puerto Rico contaba con su recién inaugurado Edificio no. 2 al estilo del renacimiento español y se había trazado el plan maestro del desarrollo del recinto con las indicaciones de la firma Bennett, Parsons y Frosfc un cuadrángulo con un edificio central diseñado en el 83 AACUPR, Expedientes Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Expedientes de Pedro A. de Castro, Germán Ramírez de Arellano, Raymond Dávila, Augusto Plard y Eloy Ruiz. 84 Ver Aída Negrón de Montilla, La americanización en Puerta Rico y el sistema de instrucción pública 1900/1930, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1977). 85 Louis Spiering, “American Schools of Architecture. Washington University, St. Louis”, Architectural Record 22, no. 5, (noviembre 1907), 392.

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7. Capitolio de Puerto Rico, elevación norte. Rafael Carmoega, arquitecto, Albert B. Nichols, arquitecto asociado. Foto publicada en Informe del Comisionado del Interior al Gobernador de Puerto Rico, 1924.

California Mission Style. Por otro lado, esta búsqueda de la tradición hispana tuvo su repercusión en los programas académicos desarrollados en la Universidad. Bajo la tutela del canciller Thomas Benner, en el 1927 se estableció el Departamento de Estudios Hispánicos, atendiendo las quejas de que en la Universidad se enseñaban los cursos en inglés.86 Aunque el Departamento llegó a destacarse a nivel internacional en su ejecutoria académica, los cursos en la Universidad se continuaron ofreciendo en inglés. En la década de los veinte se confirmó el éxito de esta doctrina. El identificar a Puerto Rico con su herencia española, no aquella neoclásica, imperialista, sino la romántica, renacentista o califomiana, permitió darle continuidad al sistema norteamericano desde adentro. En los Estados Unidos se promovió la imagen de un Puerto Rico enfrascado en un romance con el gobierno norteamericano, como un lugar ideal, que al verlo, el visitante renovaría su fe en la prosperidad “que acompaña la forma de gobierno norteamericano y la supervisión norteamericana del comercio, la educación y la higiene... Ninguna nación en la historia ha creado un historial de administración colonial como el que nuestros Estados Unidos ha escrito en nuestro bello El Dorado de las Antillas”.87

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86 Thomas Benner, Five Years of Foundation Building, The University of Puerto Rico 1924-1929, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1965), 89-97. 87 John Oliver La Gorce, “Porto Rico, the Gate of Riches”, The National Geographic Magazine XLVI, no. 6, (diciembre 1924), 601-602,651.

84 EL REGRESO A LOS ORIGENES: RAFAEL CARMOEGA Y EL TERCER DISEÑO PARA EL CAPITOLIO

El Capitolio

A Luis Con tu pluma nerviosa en la cuartilla tú lo forjaste en época lejana, y hoy la mole grandiosa y soberana surgiendo está sobre la dura arcilla.

Es de mármol su traje que al sol brilla, y ha de llamar con singular campana a nuestra humilde gente borincana a ser como ella es: fuerte y sencilla. También ayer, con otros mil patriotas, forjaste para bien de los ilotas un capitolio: el del honor austero, que los heroicos paladines crea; y en él, sobre una cúpula de acero, alzaste el pararrayos de la idea.

José Muñoz Rivera ■

De gobierno, educación y arquitectura Puerto Rico entró en un período de intranquilidad política bajo el régimen del gobernador E. Montgomery Reilly (1921-1923) que “trajo como consecuencias la paralización de casi todas las obras públicas”.88 Durante este período, Finlayson enfermó, renunció a su cargo y regresó a los Estados Unidos.89 Francisco Roldán y Pedro de Castro también renunciaron a sus puestos en la División de Edificios Públicos para ir a trabajar en la oficina

88 “Breve memoria sobre el Capitolio de Puerto Rico”, Revista de Obras Públicas de Puerto Rico (junio 1930), 186. 89 Finlayson murió a consecuencia de sü enfermedad en el 1921. Se conoce poco de este arquitecto que por cinco años tuvo a su cargo los diseños de obras públicas en Puerto Rico. El articulo de Sylvester Baxter se detiene en el estudio de algunas de sus obras pero no arroja luz sobre la persona. Tampoco se han encontrado referencias de Finlayson en publicaciones puertorriqueñas de la ¿poca.

85 del arquitecto Antonín Nechodoma.90 Solamente quedó del equipo original de diseño del segundo capitolio los arquitectos Pedro Bigay y Rafael Carmoega. En febrero del 1920 Finlayson había designado a Cannoega como jefe de delineantes a cargo del taller de diseño.91 Al renunciar Finlayson, Esteves designó a Carmoega como arquitecto del Estado, pri mer puertorriqueño en ocupar dicho cargo. Con ese nombramiento, por primera vez, el futuro de las obras públicas estaba bajo la responsabilidad de puertorriqueños. Como parte de este intento de puertorriqueñizar la producción arquitectónica en la isla y resolver el problema de escasez de profesionales, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, de la cual Esteves era miembro, trató de organizar en el 1920 un departamento de arquitectura en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas enMayagüez.

[Lia Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico le solicitó urgentemente al recién nombrado Decano Borne del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas que, comenzando en septiembre del 1920, estableciera un departamento de arquitectura en Mayagüez. Home se mostró algo renuente de comenzar un departamento con tan poco tiempo de preparación y sin el personal adecuado para dirigirlo y logró aplazar el comienzo de este programa hasta septiembre de 1921. Durante el transcurso de ese año, contrató a Frederick W. Reveis, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Syracuse para que organizase y dirigiese por un año el departamento de arquitectura en Mayagüez.92 El departamento de Arquitectura duró escasamente cuatro años, sin lograr graduar a ningún estudiante. El fracaso de esta primera escuela de arquitectura en Puerto Rico se debió, entre otras razones, a 1. la sustitución de Guillermo Esteves por John Wilson como comisionado del Interior; 2. la ubicación del departamento en Mayagüez, lejos de la División de Edificios Públicos; 3. la imposibilidad de atraer buenos profesores de los Estados Unidos con salarios por debajo de los ofrecidos en universidades norteamericanas; y 4. la desconfianza del estudiante puertorriqueño en el éxito de dicho departamento. Durante el período de gobernación de E. Montgomery Reilly (1921-1923) Esteves fue sustituido por John Wilson, quien había dirigido el Departamento del Interior durante los años 1910-1914. Reilly se había

90 AACUPR, “Declaración Jurada”, Pedro A. de Castro, Junta Examinadora de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico. Nechodoma le ofreció un sueldo de $5,000.00 anuales, mientras en Edificios Públicos ganaba $2,300.00. 91 AGPR, Fondo: Obras Públicas, Serie: Personal, Legajo 51A. 92 Enrique Vivoni Farage. “...y hubo una vez, la primera Escuela de Arquitectura”, Dearquitectura, sept.-oct. 1990,12.

enajenado de loa puertorriqueños desde el comienzo de su gobernación y rodeado de norteamericanos en su administración, lo que causó una paralización en la obra de gobierno. Luego de dos años, Reilly fue sustituido por Horace Mann Towner (1923-1929), quien tenía una actitud más conciliatoria hacia el puertorriqueño. Towner reunió un gabinete donde nombró a puertorriqueños a varios cargos, entre ellos, a Esteves como comisionado del Interior, nombramiento que mantuvo hasta el 1932. Al regresar Esteves como comisionado, ya el Departamento de Arquitectura en Mayagüez estaba a punto de fracasar. Solamente se había matriculado un estudiante para comenzar estudios en el año académico 1923-1924. El fracaso de esta primera Escuela de Arquitectura en producir arquitectos puertorriqueños motivó a Esteves a enviar a Rafael Carmoega a los Estados Unidos a reclutar talento nuevo para la División de Edificios Públicos, para trabajar en el desarrollo de los planos finales del Capitolio y varios otros proyectos de gran escala.93 Carmoega, junto al arquitecto Germán Ramírez de Arellano, viajó a Nueva York para entrevistar a varios arquitectos norteamericanos. De estas entrevistas se contrataron los servicios de los arquitectos Joseph O’Kelly, William Schimmelpfennig y Harry Pembleton.94 “...el trabajo se proseguirá ahora hasta su conclusión” En diciembre del 1923 los tres arquitectos norteamericanos, junto a otros arquitectos que ya estaban empleados en la División de Edificios Públicos, Luis F. Pina y Gonzalo Femós Maldonado, comenzaron a trabajar en los nuevos planos para el capitolio bajo la supervisión de

93 Este viaje lo menciona Efrain Pérez Chanis en una entrevista que le hizo a Joseph O’Kelly y que publicara en la revista URBE de abril de 1965. En el Informe al Gobernador del 1923-1924, Esteves hace mención de este viaje. 94 Pembleton trabajó en el proyecto del Capitolio y regresó a los Estados Unidos, mientras O’Kelly y Schimmelpfennig permanecieron en la isla. O’Kelly se había graduado de arquitecto en el 1915 del DrexelTechnical Institute en Filadelfia. En Puerto Rico trabajó once años para el gobierno y luego estableció su propia firma de arquitectos, O’Kelly, Méndez y Brunner. De William Schimmelpfennig se conocen pocos datos. Nació en Tejas y luego de 1923 permaneció en Puerto Rico donde formó, en la década de los cuarenta, la firma Schimmelpfennig, Ruiz y González. Ambos arquitectos deben ser objeto de estudio por su contribución a la arquitectura del siglo XX en Puerto Rico. 96 Se conoce muy poco de los arquitectos Luis F. Pina y Gonzalo Femós. Ambos eran delineantes arquitectónicos en la división de Edificios Públicos. De Pina se conoce muy poco; años más tarde, en el 1926, se trasladó a la República Dominicana para trabajar en el Departamento de Obras Públicas de esa república. Regresó a Puerto Rico en los albores de la era de Trujillo. Gonzalo Femós estudió en la Escuela Superior de San Juan del 1905 al 1909. En el 1916 fue empleado por el Departamento del Interior como delineante arquitectónico. En el 1927 consiguió la licencia núm. 269 de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico.

Carmoega.95 El Departamento del Interior contrató también al arquitecto Albert B. Nichols como arquitecto asociado del proyecto del capitolio. Nichols había estudiado arquitectura en la Universidad de George Washington, de la que se había graduado en 1906. Tenía experiencia en el trabajo gubernamental, ya que desde el 1906 había sido empleado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Del 1912 a 1916 Nichols estuvo en Puerto Rico empleado por la División de Edificios Públicos. De 1914 a 1915 fue arquitecto del Estado, y entre 1916 y 1923 ocupó su antiguo puesto en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De este nuevo intento surgió un tercer y último diseño para el Capitolio (Ilus. 7). El gobernador Towner comentó del diseño nuevo en su informe anual de julio de 1923 al secretario de Guerra de los Estados Unidos:

Se han realizado muchos cambios a los planos originales. Ya que se hizo una apropiación adicional, el trabajo se proseguirá ahora hasta su conclusión. Como está diseñado ahora, el capitolio atenderá las necesidades de la Legislatura y el Tribunal Supremo. Se proveerá una biblioteca, un museo histórico, oficinas y salas para conferencias, salones para comités y un gran vestíbulo central debajo de la cúpula. Se utilizará el mármol abundantemente, tanto en el interior como en el exterior, para las terminaciones. El estilo es clásico y agradable.96

Predeterminado por los muros construidos y abandonados hacía dos años, el Capitolio se construyó en el “Monte Capitolino” de Puerta de Tierra. Aunque limitados por los cimientos del segundo diseño, este equipo de arquitectos y delineantes arquitectónicos produjo un diseño totalmente diferente del propuesto por el equipo de Finlayson. El tercer diseño para el Capitolio resultó ser similar al diseño original realizado por Perkins, ya que “el estilo seleccionado es una adaptación del clásico romano”.97 Este diseño reincorporó el modelo de los capitolios norteamericanos, con todos los símbolos de la democracia: la cúpula, la rotonda, el pórtico y la simetría entre los hemiciclos. El comisionado Esteves comentó en su informe al gobernador: “La diferencia más prominente entre el proyecto nuevo y el original, consiste en el uso de mármol para revestir y enchapar los muros de hormigón y el efecto resultante justificará plenamente el costo adicional”.98

96 Horace M. Towner, Twenty-Third Annual Report of the Governor of Porto Rico, (Washington, Government Printing Office, 1923), 33. 97 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior al Honorable Gobernador de Puerto Rico, 1923, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1924), 24. 98 Ibid.

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8. Capitolio de Puerto Rico, primera planta. Rafael Carmoega, arquitecto, Albert B. Nichols, arquitecto asociado. Publicada en el Architectural Forum, junio de 1927.

Al recubrir de mármol el Capitolio de Puerto Rico, éste se convirtió en el primer edificio en Puerto Rico en ostentar tan lujosa piel. El uso del noble material lo convertía en el tercer capitolio de la nación en utilizar el mármol; los otros dos capitolios, ambos completados a principio del siglo, son el de Rhode Island (1905), diseñado por la firma de arquitectos norteamericana McKim, Mead & White, y el de Minnesota (1905) por el arquitecto Case Gilbert. El impacto del Capitolio recubierto en mármol blanco fue tal, que en el 1927 se publicaron fotos del mismo en el artículo “Designing Capítol Buildings” en la revista Architectural Forum." Aunque la decisión de forrar el Capitolio en mármol resultó de suma importancia para su imagen, los arquitectos además incorporaron al diseño final un cambio trascendental: la fachada principal del Capitolio ya no miraba hacia la isla de Puerto Rico, sino que se diseñó para que mirase hacia el Norte. En su discurso inaugural del edificio, Antonio

99 Joeeph H. Freedlander, “Designing Capítol Buildings”, The Architectural Forum XLVI, no. 6 (junio 1927), 535-536.

Barceló pronunció palabras que justifican el cambio: “[...] mirando al Norte, ‘para que diga a los que vengan de allá de todo lo que es capaz un pueblo pequeño en extensión, pero grande en el concepto que tiene de sí mismo”.100 Se puede interpretar que el Capitolio se orientó para recibir a los conciudadanos del norte, para indicarles la igualdad que existe entre ambos pueblos y la capacidad de Puerto Rico de tener gobierno propio. Urbanísticamente, esta decisión política causó un problema de identificación: ¿cuál es la fachada principal del Capitolio? La avenida Ponce de León es, históricamente, la carretera de más importancia en la isleta. A lo largo de ésta se han construido la mayoría de las estructurassímbolos de la ciudad. Además, sin duda alguna, la Ponce de León es la entrada principal a San Juan. Al no colocar la fachada principal del Capitolio en esa avenida, se desorientó al pueblo. Esta ambigüedad la trataron de resolver los diseñadores al colocar en la fachada norte una columnata jónica e incorporar una plaza y establecer la extensión de la calle Salvador Brau. Sin embargo, la fuerte simetría entre ambas fachadas y la memoria colectiva de la importancia de la Carretera Central hacen de ésta la más desafortunada decisión en el tercer diseño del Capitolio. El tercer diseño para el Capitolio mantiene el mismo esquema que el de Finlayson, en el primer piso el Tribunal Supremo y en el segundo los salones de sesiones de la Legislatura. (Ilus. 8). El área focal del tercer esquema es el espacio central de la rotonda. “Este salón tiene grandes columnas de mármol entre las cuales se colocarán estatuas e inscripciones memorables; tendrá un aspecto grande y majestuoso”.101 De este salón se accedía, en el ala derecha, al Tribunal Supremo, “severo y majestuoso en su interior”.102 A la izquierda, se colocaría el Museo Histórico “de estilo Renacimiento español con columnas salomónicas y plafones ricamente decorados”.103 El acceso a la Cámara de Representantes y al Senado sería “por dos soberbias escaleras o por cualquiera de los cuatro ascensores con que cuenta el edificio”.104 El tercer piso estaba reservado para las oficinas de los senadores y representantes, sala para los caucus de la mayoría y minoría y otras dependencias. El modelo finalmente utilizado para el diseño del cuerpo central del Capitolio, tanto en el exterior como en el interior de la rotonda, fue el

100 Antonio R. Barceló citando a Luía Muñoz Rivera, según Néstor Rigual, El Capitolio estatal, 3. 101 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior, 1923, 108. 102 Ibid. 103 “Breve memoria”, Revista de Obras Públicas, 187. 104 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior, 1923, 110.

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9. Biblioteca Low, Universidad de Columbia, Nueva York. Elevación principal. McKim, Mead and White, arquitectos, 1893. Foto publicada en A Monograph of the Works of McKim, Mead & White 1879-1915 (Nueva York: Da Capo Press, 1985).

edificio para la Biblioteca Low de la Universidad de Columbia diseñado por los arquitectos McKim, Mead & White de Nueva York en el 1893 (Ilus. 9).105 Esta se reprodujo en casi todos sus detalles, alterando las proporciones para darle más altura a la rotonda capitolina. La cúpula, evocadora del Panteón romano, se modificó al cerrar el óculo e incorporar la linterna. El Capitolio, con este ropaje arquitectónico que algunos clasifican de Renacimiento italiano, mientras que otros insertan dentro del Renacimiento americano, volvió a ser “de tipo nórdico transplantado a tierras del trópico”.106

1US “Las modernas construcciones de Puerto Rico”, Puerto Rico Ilustrado (4 junio 1938), 110. Este modelo es identificado también en P.R.RA. Puerto Rico. A Guide to the Island of Boriquén, (New York, University Sodety, 1940), 118. Estos arquitectos se consideraban una de las mejores firmas de diseño de los Estados Unidos. El modelo utilizado por ellos para el diseño de la biblioteca fue la Universidad de Virginia por Thomas Jefferson, que a su vez utilizó como modelo el Panteón romano. 1U6 Ibid.

Esta percepción de que el edificio, aunque elegante, no pertenecía en un lugar tropical fue compartida por varios autores de la época. El autor John Jennings, Jr. en su libro Our American Tropics describe el Capitolio de la siguiente manera: Sin duda alguna es una estructura bella; sin embargo, hay algo de incongruente con relación a ella en este marco tropical. Es lamentable que algo más apropiado a la localización no se hubiese elaborado de antemano y rechazado ese patriotismo, que aunque bien intencionado, estaba mal orientado.107

Antonín Nechodoma (1877-1928) se unió a esta crítica de lo apropiado del Capitolio para nuestras condiciones tropicales en el artículo “Conceming Architecture in Porto Rico”, publicado en la prestigiosa revista norteamericana de arquitectura The Western Architect en diciembre de 1927. Durante los últimos años de su vida, Nechodoma había tratado de establecer “un nuevo vocabulario arquitectónico, audaz y atinado, a su concepto de vida en el trópico caribeño”,1118 que a la larga produciría en Puerto Rico una nueva “arquitectura orgánica... fundamentada en las necesidades de la gente que vive hoy en nuestros trópicos, en condiciones climáticas completamente diferentes a las del norte frígido...”1119 Su comentario sobre el Capitolio de Puerto Rico fue mordaz: Nuestro capitolio, ahora en construcción, es una composición de virtudes todavía más austeras, pues es una réplica, con desviaciones, de todos los otros capitolios en los Estados Unidos, con excepción, desde luego, del diseñado por Goodhue para Nebraska. Es meramente un bosque de pilares corintios, una milla o más de barandas y comisas, alrededor de dieciséis jarrones, e interminables perogrulladas en el diseño y “clichés” en la ornamentación. Está provisto de la cúpula acostumbrada, y en su cima se construyó lo que parece ser un pabellón de baile o el monumento corágico de Lisícrates.110

11,7 John E. Jennings, Jr., Our American Tropics, (New York, Thomas Y. Crowell Co., 1938), 151. I, 18 Enrique Vivoni Farage, “Antonín Nechodoma: umbral para una nueva arquitectura caribeña” en: Enrique Vivoni Farage (ed.), Antonín Nechodoma: umbral para una nueva arquitectura caribeña, (Río Piedras, Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, 1989), 25, 27. II, 9 Antonín Nechodoma, “Conceming Architecture in Porto Rico”, The Western Architect (diciembre 1927), 193. 119 AACUPR, Colección Antonín Nechodoma, “Conceming Architecture in Porto Rico”, manuscrito, s.f., s.l.

“Una adecuada expresión de nuestra dignidad, de nuestro carácter y de nuestra individualidad’’

¿Qué causó este cambio en el diseño final del Capitolio? Es posible enumerar varios factores que arrojan cierta luz sobre esta interrogante. Una de las claves se encuentra en el discurso del gobernador Towner en ocasión de la colocación de la piedra angular del Capitolio el 17 de julio de 1925. En su discurso el gobernador se refiere al Capitolio como un edificio que ...será la primera y única manifestación patente de aquello que llamamos Gobierno de Puerto Rico... Ahora construimos uno aquí que a nuestro juicio será una adecuada expresión de nuestra dignidad, de nuestro carácter y de nuestra individualidad. Así como el Capitolio en Washington representa en forma patente el gobierno de Estados Unidos, y así como los capitolios de los varios estados se levantan como representativos de sus gobiernos, de igual modo este edificio simbolizará ante nuestro pueblo, ante la nación de la cual somos parte y ante el mundo, el gobierno de Puerto Rico.111

El diseño para el edificio que “es por demás el más importante y el más significativo en Puerto Rico”, al conformarse a los modelos norteamericanos, reforzó el concepto de igualdad que expresó Towner en su discurso.112 No es de extrañar la actitud de igualdad de Towner. En su primera mensaje a la Asamblea Legislativa el 13 de junio de 1923, Towner expresó su deseo de que Puerto Rico, luego de adquirir mayor gobierno propio, se convirtiese en un estado de la Unión. A diferencia de su predecesor, que imponía la americanización sin respeto por el puertorriqueño, Towner ofrecía la estadidad como “el verdadero desarrollo evolutivo de Puerto Rico...”113 Este desarrollo evolutivo comenzó a concretizarse en el campo político puertorriqueño al efectuarse una redefinición de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Antonio R. Barceló en el 1923 veía a Puerto Rico “como un injerto de la ‘orgullosa encina de nuestra ancestral civilización hispana’ con el vigoroso roble anglosajón”.114 Esta visión del político puertorriqueño permitió un proceso de americanización en Puerto Rico, “reflejo político e ideológico del reaiuste colonial norteamericano a partir de la Primera Guerra Mundial...”115 111 “El Gobierno por la ley y no por los hombres es el tipo de Gobierno reconocido por el cual todos debmoe luchar...”, El Mundo, 18 de julio de 1918, 2 y 6. 112 Ibid., 6. 112 Horace M. Towner, Mensaje del Gobernador de Puerto Rico a la décima Asamblea Legislativa, (San Juan, Bureau of Supplies, Printing and Transportation, 1923), 20. 114 Silvia Alvarez Curbelo, “La patria agrícola: la ideología de los agricultores. Puerto Rico 1924-1928”. (Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, 1986), 3. 115 Ibid.

Por otro lado, la política partidista puertorriqueña tomó durante el 1924 un nuevo giro que facilitaría la identidad del puertorriqueño con la nación norteamericana. La Alianza entre el Partido Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano logró suspender las hostilidades entre éstos. Esta Alianza se fundamentó en acuerdos llegados entre políticos norteamericanos y puertorriqueños que ofrecían una mayor igualdad y un gobierno propio para el 1928, situación que inspiró a Antonio R. Barceló y a José Tous Soto a manifestar: Formemos en el Mar Caribe una comunidad democrática, libre y próspera, pacífica y progresista que rinda culto a los grandes ideales de fraternidad y justicia, nutrida en la cuna con la savia generosa de la nación descubridora, educada en la escuela democrática de la nación libertadora, formada al calor de sus propias iniciativas, forjada en el yunque del sacrificio y del propio esfuerzo y redimida por el trabajo y el estudio. Esforcémonos en dar a nuestro pueblo los instrumentos que le son indispensables para cumplir con su misión providencial en América: el cultivo y la conservación del idioma histórico, la adquisición y difusión del lenguaje que es indispensable para nuestras relaciones con Estados Unidos. Hablemos a las dos Américas en su propia lengua y ofrezcamos a ellas nuestro suelo, como la arena en que las dos razas y las dos civilizaciones que pueblan el mundo de Colón puedan encontrarse fraternalmente, llevando en las manos las palmas y las olivas de la paz y el progreso.116 Puerto Rico no solamente contaría con todos los elementos democráticos, sino que su posición sería clave en el desarrollo de las relaciones norteamericanas con el resto del continente americano. Su imagen cívica, con el cambio de diseño del Capitolio, sería una más identificada con los Estados Unidos. En el campo profesional surgieron otros posibles factores que facilitaron el cambio en el diseño del Capitolio, entre éstos: 1) la ausencia de Pedro A. de Castro y Francisco Roldán de la División de Edificios Públicos; 2) la influencia de los tres arquitectos norteamericanos recién llegados a Puerto Rico; 3) la influencia del arquitecto Albert Nichols, quien fue designado “arquitecto asociado” para el tercer diseño; y 4) la posible preferencia de Carmoega, ahora arquitecto del Estado, por un capitolio que siguiese las líneas tradicionales de los capitolios estatales. Es importante mencionar que el abandono de un vocabulario hispanorenacentista por uno neoclásico fue exclusivamente para el diseño del Capitolio. Los mismos arquitectos, en proyectos para otros edificios

116 Antonio R. Barceló y José Tous Soto, “Manifiesto dirigido al Pueblo de Puerto Rico...”, La Correspondencia de Puerto Rico, 6 de marzo de 1924. Reproducido en Reece Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, 5 vols., (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979), 1-1:427.

públicos de importancia, utilizaron el vocabulario de una España idealizada. Esta decisión arquitectónica apunta hacia la importancia que tenía la concretización de la imagen del Capitolio como vástago del capitolio norteamericano para los políticos en Puerto Rico. Los planos del tercer diseño para el Capitolio se terminaron en diciembre del 1924.117 La ceremonia de colocación de la primera piedra se pautó para el día 17 de julio de 1925, natalicio de Luis Muñoz Rivera. La ceremonia se celebró con toda la pompa del Estado; participaron el gobernador, su gabinete, los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, y un nutrido público. En su discurso, descrito en La Correspondencia como uno de “sus más conceptuosos y hermosos”, el gobernador expresó que el Capitolio “será la evidencia palpable del progreso y de nuestra esperanza. Representará tanto el bien que hemos conseguido como las mejores cosas que lucharemos por conseguir”.118 Por otro lado, Don Juan Hernández López y don José Tous Soto, pronunciaron elocueatee discursos que contribuyeron a dar mayor colorido a la gran significación del simbólico inicio del edificios del Parlamento puertorriqueño. Pero el momento más impresionante de la ceremonia fue cuando don Antonio R. Barceló, alma y brazo del proyecto, se dirigió al público allí congregado, dando rienda al fervor patriótico que le alentaba en la propulsión de la obra.118 En una cavidad hecha expresamente en los cimientos existentes, se depositaron monedas de todas las denominaciones y dentro de un cofre metálico se colocó el acta del ceremonial del día, una copia de la ley del Capitolio del 1907, una copia de la ley enmendada en el 1920 y ejemplares de la prensa diaria. La ceremonia concluyó con la Banda del Regimiento de Puerto Rico tocando el himno de los Estados Unidos y, a petición popular, La Borinqueño.120 El presupuesto para la construcción del Capitolio ascendió a $1,100,455.33, y se anunció la subasta para julio de 1925. Los fondos provenían de un empréstito de $6,000,000.00 que la Legislatura había asignado por medio de la venta de bonos para la construcción de edificios 117 Los planos originales del Capitolio se conservan fuera de circulación en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico por su avanzado estado de deterioro. En 1988 la Sra. Meredith Mickelson del Smithsonian Institution hizo una evaluación de estos documentos. En octubre del 1991 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó los fondos necesario para restaurar las 28 hojas originales en el AACUPR. 118 “El gobierno por la ley y no por los hombres es el tipo de gobierno reconocido por el cual debemos luchar", La Correspondencia, 18 julio 1925,6. 119 Rigual, El Capitolio estatal, 6-7. 1211 “En la mañana de ayer, se llevó a efecto la colocación de la piedra angular para el edificio del Capitolio”, La Democracia, 18 de julio de 1925,1.

públicos. Esta suma presupuestada probó ser insuficiente y, en el 1926, ya se estimaba que para terminar las obras se necesitarían unos $2,500,000.00. No obstante este aumento en el costo del edificio, el comisionado Esteves le informaba al gobernador Towner: “esperamos que el edificio en general pueda compararse con los mejores trabajos de su clase en otros países, siendo al mismo tiempo fiel exponente del progreso maravilloso alcanzado por Puerto Rico en los últimos años en el arte de construir”.121 Durante el año fiscal 1925-1926 la colocación del mármol en el exterior del Capitolio estaba casi terminada; faltaba sólo la cubierta de la cúpula. El interior del edificio se diseñó durante este período. Tomando en cuenta el alto costo del edificio, se diseñó lo más sencillo posible, utilizando mármol para recubrir los muros de hormigón. El mármol que se utilizó para los interiores provinieron de Georgia, de la misma cantera que produjo los mármoles para el Capitolio de Rhode Island. Se escogió esta cantera por la similitud de estos mármoles con el blanco carrara. El uso copioso de mármoles en el Capitolio de Puerto Rico había motivado al arquitecto W. Noble a someter ante el comisionado del Interior una propuesta para que se utilizaran mármoles puertorriqueños en la construcción del Capitolio. Su petición fue publicada en la Revista de Obras Públicas (febrero 1924) y en el periódico El Mundo (7 febrero 1924). Noble argumentaba que la cantidad de mármol necesitada en la construcción del Capitolio hacía viable el establecimiento de una industria de mármol en la isla. En nuestra rica Islita hay canteras de mármol que pueden competir con las de los Estados Unidos, supliendo mármoles de variados colores para el Capitolio de Puerto Rico. En Juana Di az hay mármol de tres colores, desde el blanco opaco hasta el crema; en Coamo, en los kilómetros 105,107 y 110 de la carretera Central hay tres clases de mármol desde el color rojo ladrillo hasta el rosa. En Río Piedras hay tres variedades en colores negroy blanco jaspeado, ceniza y blanco, y ceniza y negro. Casi todos los mármoles en Puerto Rico son del período cretáceo, y cretáceo superior, y no hay temor de que se agoten prontamente; de buena dureza y textura y susceptibles de hermoso pulimento, y en cantidades suficientes para de ellos hacer una industria grande y provechosa para el país.122 Aunque su idea fue discutida, todos los mármoles utilizados en el Capitolio se importaron de los Estados Unidos y de Europa.123 121 Puerto Rico, Departamento del Interior, Informe del Comisionado del Interior al Honorable Gobernador de Puerto Rico, 1926, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1927), 95. 122 D. W. Noble, “Los mármoles de Puerto Rico y el Capitolio”, Revista de Obras Públicas (febrero 1924), 57. 123 En su Informe al Gobernador del afio fiscal 1927-1928 Estevas describe los diferentes tipos de mármoles utilizados en el interior del Capitolio.

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10. Plan maestro de los jardines y terrenos del Capitolio. Bennett, Parsons & Frost, arquitec tos, 1925. Foto cortesía del Bumham Library, Chicago.

En el año 1925 la firma de Bennett, Parson y Frost de Chicago fue contratada para que diseñara varias mejoras a la ciudad capital, entre éstas, un nuevo acceso por el norte para el Capitolio. En una noticia en el Chicago Tribuna titulada “Chicagoans lay out dty of splendor” se comentó sobre la propuesta de diseño de esta firma para los terrenos del Capitolio: La prolongación propuesta de la Calle Salvador Brau pasará por la plaza [frente al Capitolio] y continuará hacia el este a lo largo de la costa. Se han tomado medidas para futuras ampliaciones del edificio del Capitolio mediante la adición de alas en ambos lados. Se ha provisto una localización para un futuro edificio para los tribunales entre el Capitolio y la biblioteca [Camegie].124 Con la propuesta de Parsons se estableció la trayectoria final de la Avenida Luis Muñoz Rivera al norte del Capitolio y una plaza que define, 124 Archivo Nacional de loe Estados Unidos, Records of the Burean of Insular Affaira relating to Puerto Rico, 1898-1934, RG 350, Legajo 21062, Caja 957, Chicago Tribuna, 10 de enero de 1926.

de manera monumental, la fachada norte como la principal. En su propuesta también se diseñaron los jardines laterales del Capitolio, se determinó el lugar para una futura expansión de las instalaciones y se proyectó un edificio para el Tribunal Supremo (Ilus. 10). Para el año de 1926-1927 solamente faltaba la instalación de puertas y ventanas, cuyos herrajes tenían que ser de bronce para resistir el embate del salitre. Sin terminar también quedaron las inscripciones que coronarían los dos pórticos del Capitolio. Los planos sugerían dos inscripciones.125 En la fachada norte se proclamaba a la mar, a los que de allá llegaban: No se pueden mantener las libertades y las instituciones libres por largo tiempo si el pueblo no comprende la naturaleza de su propio gobierno. Y en la fachada sur, dirigida al puertorriqueño que llegaba a la colina capitolina desde tierra adentro: El poder y la estricta responsabilidad por su uso vienen a ser los constituyentes esenciales del buen gobierno.

En enero de 1926 Carmoega le escribió al juez superior Emilio del Toro para solicitar su opinión sobre las inscripciones que habrían de colocarse en el Capitolio. Su contestación es indicativa de la situación puertorriqueña: A mi juicio las siguientes serían las inscripciones apropiadas: EL DERECHO, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD POR ENCIMA DE TODO. Luis Muñoz Rivera GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE, SHALL NOT PERISH FROM THE EARTH. Abraham Lincoln Muñoz fue el autor de la primitiva ley ordenando la construcción del Capitolio; en vida, el leader de la mayoría del pueblo de Puerto Rico; muerto, su héroe. Las frases que se atribuyen pronunciadas en un momento solemne, revelan su espíritu indomable y marcan el camino que debe seguir su pueblo para ser realmente grande. El Capitolio será el baluarte de las libertades de Puerto Rico y por tanto estará dedicado a sostener el gobierno del pueblo; por el pueblo y para el pueblo, constituyendo así, en sí mismo, una demostración evidente de la profecía de Lincoln. Los dos pensadores y los dos nombres serán una inspiración constante para todos los ciudadanos y especialmente para aquellos llamados a cumplir con el recinto augusto del Capitolio sus deberes públicos. No puedo concebir nada, además, que se armonice mejor con el simbolismo de la situación puertorriqueña.126

125 AACUPR. Colección Capitolio de Puerto Rico. 126 AGPR. Fondo Obras Públicas, Serie Edificios Públicos, Caja689, Legajo 117. Carta del Juez Emilio del Toro a Rafael Carmoega, 1 de febrero de 1926. Es probable que Carmoega le hiciera la misma solicitud al gobernador y a los presidentes de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, no se encontró evidencia de contestación.

98 No se llegó a un acuerdo respecto a cuál de las inscripciones debía colocarse en los frontones del Capitolio y hasta hoy, éstos, mudos quedaron.

De res publica

La inauguración del Capitolio se pautó para que coincidiese con el comienzo de la duodécima asamblea legislativa, el lunes, 11 de febrero de 1929. Los trabajos en el interior del edificio se aceleraron para que por lo menos los hemiciclos de la Cámara y el Senado estuviesen fistos. En La Democracia se informó el 5 de febrero, con gran anticipación, que

Se eetá imprimiendo una gran actividad a loe trabajos, de día y de noche. Ya están colocados loe pisos de corcho de los salones del Senado y de la Cámara. Está terminada también la instalación eléctrica provisional. El ingeniero señor Carmoega, bajo cuya dirección se efectúan las obras, noe informó que la escalera interior quedará terminada dentro de unos días. La escalinata exterior, que comunica con la carretera central, no podrá estar terminada el lunes, y será reemplazada provisionalmente por una escalera de madera. También se eetá trabajando con toda actividad en uno de los ascensores, el cual quedará listo probablemente el lunes.127 El lunes, 11 de febrero, a las diez de la mañana, se celebró la primera sesión legislativa en el Capitolio. El edificio estaba sin terminar; solamente se habían hecho instalaciones temporeras para que se pudiese llevar a cabo la simbólica ceremonia. Los muebles, anaqueles, archivos, mesas y demás cosas habían sido mudadas desde la Diputación Provincial, lo que provocó que el editor del periódico El Tiempo exclamara:

¡Por fin bien de mi alma! se lograron los deseos de nuestro querido y viejo compatriota, Ledo. Antonio R. Barceló. La mudanza de cachivaches de la Cámara y el Senado ya es un hecho... Es bueno que el país se entere que la fiebre ha sido tan grave, que no se ha puesto reparo al ridículo que significa ocupar un nuevo edificio de la importancia de nuestro Capitolio llevando a él cientos de escritorios viejos y apelillados, papeles sucios, filtros del tiempo de María Castaña, mesas estilo ventorrillos, sillas rotas y otros tantos cachibaches que no valen veinte pesos provinciales.128 No obstante la critica de los republicana, el hecho de que por primera vez se reunía la Legislatura en el Capitolio atrajo a la sesión a numerosas personas. Los discursos pronunciados comparaban al Capitolio con “el

127 “Con gran actividad se terminan loe trabajos en el Capitolio”, La Democracia, 5 de febrero de 1929,2. 128 “En broma y en serio, mudanza de cachivaches”, El Tiempo, 12 de febrero de 1929,2.

99 hogar de nuestro patriotismo” y como “basílica en que están vinculados la grandeza y el honor de Puerto Rico”.129 Otros criticaron fuertemente lo que calificaron de despilfarro de fondos públicos. A pesar del paso devastador del huracán San Felipe en septiembre del 1928, que en “muchas regiones se nota una desolación y una ruina total que nos hace evocar los campos de batalla de Francia a raíz de la Guerra Europea”, y la atención dedicada a la “reconstrucción” de Puerto Rico por el Departamento del Interior, los trabajos de terminación del Capitolio se llevaron a cabo aceleradamente.130 Desde la inauguración del edificio numerosas personas lo visitaron cada hora, curiosos y deseosos de ver hecho una realidad el símbolo de un Puerto Rico nuevo. “Pasajeros de los más apartados sitios de la isla, al pasar por allí detienen sus respectivos automóviles y [...] caminan por todas las amplias y hermosas dependencias, asombrados de toda magnificencia”.131 Luego de 22 años de lucha por unas instalaciones adecuadas para los cuerpos legislativos de Puerto Rico, el Capitolio se convirtió en una realidad palpable, que le dio presencia concreta a la lucha de los políticos puertorriqueños por un gobierno propio, con igualdad y democracia modelada en los Estados Unidos. El objeto-símbolo se levantaba sobre suelo privilegiado en Puerta de Tierra. Los símbolos de la democracia finalmente se erguían sobre suelo puertorriqueño, el mármol blanco resplandecía como fanal, indicando el lugar donde los puertorriqueños proclamaban sus derechos. Sin embargo, el invitado tan esperado, nunca llegó... REFLEXIONES FINALES En este Capitolio, que como dijo el ilustre Muñoz, había de construirse como símbolo de un pueblo pequeño en sus límites geográficos, pero grande en su historia y en su espíritu.132

Con el tercer y último diseño para el Capitolio de Puerto Rico, el gobierno colonial norteamericano en la isla presentó la imagen de un 129 “El Senado acordó ayer unánimemente dirigirse al Presidente electo Hoover”, El Mundo, 12 de febrero de 1929, 3. 130 EiizabethKneippleVan Deusen, The Hurricane (El huracán San Felipe), (San Juan, Bureau of Supplies, Pnnting and Transportation, 1929), 40. 131 “Notas del Capitolio'*, La Correspondencia, 11 de febrero de 1929,2. 132 “Dos votos de la mayoría unidos a los de la minoría decidieron ayer el primer debate suscitado en la Cámara de Representantes”, El Mundo, 12 de febrero de 1929,12.

100 Puerto Rico que, aunque tropical e hispánico, tenía o tendría en un futuro un gobierno propio y los mismos derechos que los otros estados federados. El gobierno norteamericano en Puerto Rico había logrado que, inevitablemente y como un proceso evolutivo, la inferioridad de la cultura sureña fuese completamente absorbida por la superioridad de la norteña. Con su nuevo Capitolio, el Puerto Rico de los años veinte dio un paso definitivo hacia ese fin. Diseñar un Capitolio es proyecto de políticos. El primer diseño para el Capitolio de Puerto Rico representó un acomodo obligado entre el proyecto político norteamericano y las aspiraciones de los políticos puertorriqueños, representados por la sobriedad en la ornamentación, el uso del patio interior y del vocabulario neoclásico. Este estilo, como instrumento de gobierno, también se utilizó en otras estructuras gubernamentales de la época. Se diseñaron hospitales, tribunales, alcaldías y escuelas utilizando el neoclásico como vehículo de significación política. El uso más crítico del neoclásico como instrumento de adoctrinación se dio en las escuelas diseñadas por el Departamento del Interior. Con la invasión norteamericana, la escuela se convirtió en un tipo arquitectónico nuevo para Puerto Rico, que ocuparía un lugar prominente en el desarrollo de nuestros barrios, pueblos y ciudades. En diez años, entre el 1900 y 1910, se construyeron más de 500 escuelas públicas. Escuelas como la Labra en Santurce, la Baldorioty de Castro en San Juan, la Ponce de León en Humacao, la Escuela Superior de Ponce y la Escuela Graduada Columbia de Fajardo son ejemplos del neoclásico utilizado como vestimentas de los nuevos planteles escolares. El carácter monumental de estas estructuras, con sus columnas de orden monumental y sus amplias y altas escalinatas, reducían la escala del niño puertorriqueño e imponían sobre él la dimensión de las aulas donde se enseñaba en inglés y se adoctrinaba sobre la excelencia de los próceres norteños. El segundo diseño para el Capitolio, con ropaje hispanófilo, se desarrolló en momentos de gran opresión política por parte de los norteamericanos en Puerto Rico. Este vocabulario arquitectónico se había popularizado en los Estados Unidos como símbolo del poder norteamericano sobre sus vecinos hispanos. Al apropiarse y norteamericanizar el vocabulario del renacimiento español, los Estados Unidos facilitaron su incursión tanto en la economía como en la política de los pueblos hispanohablantes de América. El puertorriqueño educado en los Estados Unidos vio en el uso de este vocabulario una oportunidad para definir su propia identidad sin violentar el sistema. Desde adentro, confiado en una aparente identidad hispana, el puertorriqueño legitimizó, por medio de un vocabulario neohispánico en la arquitectura, su ciudadanía norteamericana. Fue tal el impacto de este vocabulario neo-hispánico, que impregnó el gusto

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11. Capitolio de Puerto Rico, fachada principal (ca. 1939). Foto de la Colección Rafael Carmoega en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR).

insular en las décadas subsiguientes al 1920. Un gran número de edificios públicos diseñados en este vocabulario, el gusto popular por las casas hispanorenacentistas, cundió la cultura puertorriqueña con mayor empeño después de 1917. La transformación y legitimización del puertorriqueño como “ciudadano norteamericano” se efectuó bajo el susurro y la memoria de la arquitectura de la “Madre Patria España”. La insistencia del gobernador Towner en el gobierno propio, en la igualdad de los puertorriqueños ante los otros estados y ciudadanos norteamericanos, el aparentemente inevitable destino de la isla como estado federado y las nuevas alianzas políticas de la época hicieron que el tercer diseño para el Capitolio se formulase siguiendo los modelos típicos norteamericanos. La forma final del Capitolio de Puerto Rico simbolizó los excelsos ideales de democracia representados por la cúpula, el pórtico, la rotonda y la simetría cameral, pero también incorporó, en su ubicación y orientación hacia el norte, la crisis de identificación que sumía al pueblo puertorriqueño.

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La imagen de un Puerto Rico moderno, representado por el Capitolio, se exportó a los Estados Unidos por medio de los libros “guías” para los turistas que informaban: Además de un programa de nuevas construcciones, el Departamento del Interior tiene a su haber un gran número de proyectos públicos. Enumerar algunos de éstos servirá para demostrar la modernidad de esta Isla y disipar por completo y para siempre cualquier imagen de un Puerto Rico semicivilizado, con nativos en faldas de paja agobiados por la jungla. Incomparablemente localizado en una estrecha franja de tierra que conecta la antigua ciudad de San Juan con el moderno suburbio de Santurce, el Capitolio de mármol de Puerto Rico, visible desde mar afuera y desde innumerables puntos en las montañas que rodean a San Juan, se levanta como el más elocuente de todos los monumentos que tipifican la Nueva Era.133 El Capitolio, con sus formas *de tipo nórdico’, representó para el puertorriqueño de la década de los veinte la presencia del gobierno norteamericano en Puerto Rico y la aparente inevitabilidad de su unión con los Estados Unidos (Ilus. 11). Pero junto a la realidad física del edificio se encuentra también su presencia histórica, como sombra proyectada sobre suelo puertorriqueño, que convierte el conjunto de elementos arquitectónicos en importante recordatorio de las fuerzas que transformaron y deformaron las genuinas aspiraciones de los puertorriqueños que a viva voz proclamaban: “¡Queremos gobierno propio!”

133 Richard Van Deusen y Elizabeth Kneipple Van Deusen, Porto Rico: A Caribbean lele, (New York, H. Holy & Co„ 1931), 122.

La casa de cristal: El ejercicio senatorial de Luis Muñoz Marín (1932-1936)

Silvia Alvarez Curbelo

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Agradezco la estrecha colaboración de Dina Rivera, Clotilde Rexach Benítez y, en especial, de Carlos Altagracia, auxiliares de investigación para este ensayo.

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Yo tengo mi vista fija en los próximos treinta años de vida futura de Puerto Rico. Para realizar en ese término la labor fundamental de mi patria. Por lo tanto es necesario que yo me quede en Puerto Rico y en una casa de cristal para luchar por la libertad de mi patria. Es necesario que se me vea aquí, cuidando y cultivando mis condiciones espirituales, morales e intelectuales para esta suprema labor de reivindicación de mi país. Luis Muñoz Marín La Democracia, 13 de septiembre de 1932

A la altura de 1931, Luis Muñoz Marín decidió regresar al país en el que había nacido 33 años antes y en cuya vida política había irrumpido intermitentemente en episodios de conspicuo dramatismo. La textura de estas intervenciones se había planteado desde el mismo entierro de su padre, Luis Muñoz Rivera, en 1916. Las fotografías que registran la secuencia mortuoria muestran a un abrumado adolescente. Es el heredero por filiación pero aparece rodeado, casi atropellado, por las voces públicas y autorizadas que se han apoderado de su padreymanejan el interminable ritual. Una de ellas, despide el duelo. Es el heredero político, Antonio R. Barceló. La muerte prematura del jefe indiscutido de la principal fuerza política —el partido Unión de Puerto Rico— daba paso a un plantel gris cuyo ejercicio en las próximas dos décadas estaría, de alguna manera u otra, escrutinado por la sombra del caudillo muerto. Este magma subterráneo de herencias no se dirimiría hasta mucho tiempo después del funeral en Barranquitas, precisamente en el momento en que el heredero de sangre haría despegar su propio proyecto político y asumiría por fin la herencia política.1 Pero para que ello se diera, el país habría de atravesar por una crisis que incidiría profundamente en las estructuras sociales y económicas, los ordenamientos políticos, y los sistemas simbólicos y discursivos.

1 Arcadio Díaz Quiñones, “Recordando el futuro imaginario: La escritura histórica en la década del treinta”, Sin Nombre, Vol. XTV, número 3 (abril-junio de 1984).

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1Luis Muñoz Marín ante la tumba de su padre en Barranquitaa, 1916. (Foto cortesía de la Fundación Luis Muñoz Marín)

La muerte de Luis Muñoz Rivera constituyó una ruptura en otros sentidos más allá del familiar. Iluminó un haz de cambios que se develaría a partir de 1917 —la concesión de la Ley Orgánica Jones con su doble y fundamentalmente ambigua propuesta: la ciudadanía norteamericana para los isleños y el Senado nativo por elección; la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la subsiguiente imposición del servicio militar a los puertorriqueños; el relevo de liderato en dos de los tres partidos principales (las muertes de José de Diego y José Celso Barbosa acaecerían muy pronto); modificaciones importantes en el discurso político del unionismo y realineamientos sorpresivos de las fuerzas políticas. En más de un sentido, se trataba de un tardío adiós a un siglo XIX que, como aconteció en casi todo el mundo, estuvo resistiéndose por largo tiempo a morir. Pero, a la misma vez, la muerte de Muñoz Rivera constituyó otra frontera delante de la cual Puerto Rico se comportaría en función de otro modelo societal, como una gigantesca plantación tropical moderna, escenario opresivo sobre el que transcurriría la crisis de entreguerras.

107 Mediante un proceso global que Fernando Picó ha denominado “cañaveralización”, emergió un país cuyas venas abiertas no podían ser escondidas tras las frondas engañosas.2 Tras un breve período de prosperidad económica provocada por un alza coyuntural en los precios agrícolas luego de la Primera Guerra Mundial, Puerto Rico comenzó a presentar los signos inequívocos de la crisis que fungiría como contexto indispensable para el despliegue del discurso político de Luis Muñoz Marín.3 En exilio interno en los Estados Unidos, ocupado por una gama densa de intereses que incluían las luchas en el México post-revolucionario, el socialismo norteamericano, y sus propias incursiones literarias, Luis Muñoz Marín parecía la imagen viva de la inofensividad política al comenzar la década de los veinte. Sin embargo, su sorpresiva participación en las elecciones puertorriqueñas de 1920 en apoyo a la plataforma del Partido Socialista sentó la pauta de sus intervenciones políticas durante la década. Para mortificación de los amigos de su padre, el joven Luis parecía empeñado en “épater la bourgeoisie”, en transgredir las reglas del juego político, ya fuera al unirse a la “marea roja” de Santiago Iglesias o enfrascado en una agria controversia con el Obispo Caruana al defender el control de la natalidad. En 1924 junto a Pedro Albizu Campos fue el crítico más acerbo de la constitución de la Alianza Puertorriqueña, la insólita combinación entre los partidos Republicano y Unión.4 Sin embargo, en 1926 asumió la dirección de La Democracia a instancias del propio Antonio R. Barceló. El retrazar la vida periodística de su padre en el mismo diario que aquél había fundado, parecía despejar el horizonte de veleidades juveniles. Pero las posibilidades de domesticación fueron infundadas. Desde la columna editorial emprendió una vigorosa campaña contra el latifundio y el ausentismo que lo hizo antipático a los sectores más conservadores de la Alianza. Cuando en 1927 propuso una nueva combinación de fuerzas progresistas que incluía a los socialistas para enfrentar a la reacción, la Alianza lo desautorizó y tuvo que abandonar la tribuna privilegiada de La Democracia. Con su futuro político en hiato, Muñoz Marín se dedicó al periodismo y a aunar una red decisiva de relaciones en los medios progresistas en los Estados

2 Fernando Picó, Historia general de Puerto Rico, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1986), Cap. 13. 3 Silvia Alvarez Curbelo, “Un discurso ideológico olvidado: Los agricultores puertorriqueños (1924-1928)”, Op. Cit., Vol. I, número 2 (1986-1987), 143-160. 4 La Alianza Puertorriqueña concertada en 1924 pospone la consideración del problema del status y se centra en obtener el gobernador electivo para Puerto Rico. Propone una plataforma conservadora en materias económicas y sociales acentuando el carácter oligárquico de la colectividad.

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Unidos. Pero Puerto Rico reaparecía constantemente como tema de sus escritos. El país de la crisis, el que tenía, como afirmó en un artículo de 1929, “...hambre, primero de pan, después de justicia” no era, sin embargo, un tópico de la nostalgia.8 Constituía una opción de vida pública y personal. Finalmente la asumió reintegrándose a un escenario confuso, muy fluido, en el que todo, excepto el hambre y la muerte generalizadas, era incierto. Loa espacios paternos Sin lugar a dudas, la tónica inmediata estaba dada por una isla colapsada tras el huracán San Felipe que azotó al país en septiembre de 1928, y el descalabro indudable de la economía mundial desde el Crash de octubre de 1929. A pesar de que en las elecciones de 1928 la Alianza obtuvo la mayoría de los puestos en contienda, la crisis que arropaba al país dictaba nuevos y urgentes reacomodos políticos.6 Por un lado, las fisuras socio-económicas alentadas por los críticos índices demandaban soluciones extraordinarias y urgentes que revocaran la tendencia general del país a la pauperización. Y esto no sólo era válido para los sectores de alta vulnerabilidad como los trabajadores agrícolas, los campesinos sin tierra, los desempleados urbanos y los pequeños propietarios hipotecados sino también para los sectores medios y los capitalistas nativos. Por otro lado y sólo como contradicción aparente, comenzaban a marcarse más las diferencias en tomo al status. El caso más claro era el del Partido Nacionalista, dirigido desde 1930 por Pedro Albizu Campos y que clamaba por la independencia inmediata para el país. Los unionistas, que habían constituido la mayoría dentro de la Alianza, gravitaron también hacia un discurso de independencia articulado por una nueva generación política e intelectual. Mientras tanto, los republicanos cohesionados por el liderato de Rafael Martínez Nadal y Miguel Angel García Méndez asumían con similar énfasis un discurso cada vez más anexionista. En tomo a un renovado paradigma de anexión, los republicanos lograrían concertar con los socialistas un arreglo electoral para 1932 bajo el nombre de la Coalición.7 8 Luis Muñoz Marín, “He aquí dos hombrea buenos anulándose mutuamente sus ideas comunes porque ninguno de los dos tiene entera confianza en el otro”, El Mundo (Reproducido de Mundo Nuevo, Nueva York), 16 de abril de 1929. 6 El cuatrienio 1928-1932 es un verdadero rompecabezas en términos de identificaciones partidistas. Los espacios legislativos fueron particularmente vulnerables a este piso movedizo pues muchos legisladores se integraron de facto a otras colectividades como el Grupo de Buen Gobierno tras el rompimiento de la Alianza en 1929. 7 Para una crónica de la asamblea socialista en la que se aprueba el acuerdo con los republicanos ver Gonzalo Córdova, Santiago Iglesias y las elecciones de 1932, (San Juan, Oficina del Gobernador, 1984).

109 Con rendimientos sorpresivamente altos aun en lo más álgido de la depresión, las corporaciones ausentistas representaban la otra formidable fuerza política.8 Los intereses azucareros mantenían una labor de cabildeo constante en Washington e intervenían de manera sutil pero constante en las determinaciones de plataforma y de candidaturas tanto en la Coalición como en el Partido Liberal. En modo alguno puede exagerarse la capacidad interventora de los intereses azucareros y su habilidad para promover un mayor conservadurismo en las filas de la Coalición como para presentar un dique dentro del Partido Liberal a los sectores asociados activamente con la independencia y con la reconstrucción del país. El Muñoz Marín que regresaba en 1931 epitoma el doble pespunte que había adquirido la discursiva política en Puerto Rico. En “TR of PR,” un artículo de julio de 1931 en el que se manifiesta de manera entusiasta sobre el gobernador Teddy Roosevelt, reitera la óptica socio-económica para describir a Puerto Rico:

...más de una tercera parte está en manos de quinientas entidades, corporaciones o individuos... El resto, por lo tanto, no contando a unos cuantos abogados, doctores, poetas, dentistas, boxeadores y tenderos, constituye un bullicioso proletariado agrícola, abundante como la lluvia y casi tan barato.9

El actual momento político debía atender urgencias concretas como la salud y la economía. Esta confesión que parecía ubicarlo nuevamente en el discurso socialista tenía, sin embargo, una importante cualificación. El apoyo de Muñoz al socialismo puertorriqueño sería ...en todo aquello que no está en conflicto con la soberanía moral que inherentemente tiene Puerto Rico...10 La libertad era un problema que habría que resolver “al menos en nuestro propio espíritu” para emprender lo otro. ¿A qué libertad se refería? ¿Era la misma libertad que enunciaba Pedro Albizu Campos, por quien se proponía votar en las elecciones de 1932? ¿Estaba la periodista ante un Muñoz que estrenaba nacionalismo al señalar: “Yo soy nacionalista (aunque no pertenezco al Partido Nacionalista ni a ningún otro) porque creo que en Puerto Rico hacen falta algunos hombres que preserven entera libertad de acción”?11

8 Para un cuadro de las ganancias sorprendentes de las corporaciones azucareras ver Arthur Gayer et al., The Sugar Economy of Puerto Rico y Esteban Bird, Report on the Sugar Industry of Puerto Rico. 9 Luis Muñoz Marín, “TR. of PR.”, World’s Work, Vol. 60, número 7, (julio de 1931), 2124.

10 Angela Negrón Muñoz, “Hablando con Don Luis Muñoz Marín”, El Mundo, 22 de noviembre de 1931. 11 Ibid.

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A comienzos de 1932 la ambigüedad política de Luis Muñoz Marín quedó parcialmente resuelta al integrarse a las filas del Partido Liberal (el nuevo nombre de la vieja colectividad unionista imposibilitada por ley de usar su viejo nombre) y al aceptar la dirección de La Democracia. Como en tantos otros momentos de su vida, la figura de Luis Muñoz Rivera y los espacios que aquél privilegió le ayudarían a orientar su biografía pública.12 El integrarse al Partido Liberal le proporcionó, además, una franquicia electoral, una red de lealtades y una maquinaria ávida de emular las legendarias victorias del unionismo. La inminencia de las elecciones obligó a Muñoz Marín a una agenda compleja en varios frentes. En términos generales, puede hablarse de un elenco de deslindes ideológicos que sirvieron, por un lado, para consolidar un ideario y una identidad mínimas en un escenario del cual había estado alejado y, por otro lado, para enfrentar los proyectos políticos contestatarios.13 A diferencia de su posición en los veinte, se proponía atender la cuestión del status político. En una serie de artículos, Muñoz se encargó de legitimar la independencia en virtud de un doble imperativo: el moral y el económico.14 La asamblea del partido, celebrada pocos días después, adoptó una plataforma que articulaba casi al pie de la letra el tema de la legitimidad de la independencia bajo la doble óptica de lo económico y de la moralidad. Además, siguiendo a Muñoz, la plataforma establecía una doble proyección: la independencia absoluta como paradigma final pero de manera más inmediata, la consecución de aquellas medidas económicas, sociales, culturales y políticas que ...siendo inherentes a la autoridad moral soberana de Puerto Rico carezca éste de autoridad efectiva para establecer, por residir esta autoridad temporalmente en el poder que de hecho ejerce su soberanía.15

El propósito del Partido Liberal como futuro partido de gobierno sería ...crear la independencia económica de Puerto Rico ... descolonizar y ... nacionalizar la economía de Puerto Rico, adaptándola así al momento en

12 Días después de ser elegido senador por acumulación, Luis Muñoz Marín rinde homenaje a su padre en el editorial “Nobleza obliga”. Ver La Democracia, 17 de noviembre de 1932. 13 Hay un deslinde mayor que Muñoz Marín comienza a establecer en este período y que lo separa de la discursiva nacionalista. Para un análisis de la diferencia entre el nacionalismo y el independentismo muñocista de la década de los treinta ver Silvia Alvarez Curbelo, "La conflictividad ideológica en el discurso político de Luis Muñoz Marín” en Afanes nacionales: política y cultura en Puerto Rico (en preparación). 14 Luis Muñoz Marín, “Puerto Rico y el Partido Liberal”, El Mundo, 10 de marzo, 11 de marzo y 12 de marzo de 1932. 15 “Programa Político del Partido Liberal (1932)”, en Reece Bothwell, Puerto Rico: Cien años de lucha política, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979), 1-1:491-494.

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que, desapareciendo la colonia, Puerto Rico entre en sus plenas funciones de nación soberana e independiente.16 A lo largo de los cuatro años de su ejercicio senatorial, el senador Muñoz Marín recorrería como un consumado equilibrista esta complicada y, a la larga, insostenible doble carrilera. El énfasis en las demandas socio-económicas dentro de un partido que era atacado precisamente por estar atado al mundo patriarcal requirió que Muñoz Marín rompiese de una vez y por todas el cordón umbilical que lo unía al líder socialista, Santiago Iglesias. Las antiguas arengas muñocistas contra las “fuerzas vivas” fueron sustituidas por proyectos de alivio contributivo a los pequeños propietarios; por promesas de legislación social que no pusiesen en riesgo las fuentes de trabajo de las mismas clases que se quería beneficiar y una aplicación ponderada de la Ley de los 500 acres contra el latifundio.17 La argumentación contra el socialismo acaparó gran parte de la campaña de 1932. El Partido Socialista, según el ñamante líder liberal, había terminado por “aburguesar a su liderato y desintelectualizar a sus intelectuales” y, en última instancia, olvidarse de los trabajadores. Más aún, los socialistas puertorriqueños estaban en pugna frente a los socialistas de todo el mundo:

...loe ideas socialistas que en todas partes representan un movimiento de avance, en esta isla son un movimiento de retroceso, de tiranía y de opresión porque patrocinan y defienden el más desgraciado de los sistemas de gobierno que le puede ser aplicado por la fuerza a un pueblo indefenso.18

Arropados en la bandera norteamericana, los socialistas cultivaban un culto irracional a la Constitución de los Estados Unidos, el cual comparaba con el culto de los mexicanos por la Virgen de la Guadalupe.19 Había que desfetichizar la Constitución. En una interesante polémica con el socialista Rivera Zayas, Muñoz Marín apuntaba que la Constitución que los socialistas esgrimían como modelo para el mundo entero había servido para dominar ese mismo mundo; que no era garantía de democracia pues bajo su amparo habían nacido las poco democráticas Leyes Foraker y Jones y que incluso la Constitución había sido uno de los mayores obstáculos para el logro de los derechos obreros. Pero sobre todo,

16 Ibid. 17 Ver La Democracia, 12 de septiembre de 1932, en la que se reseña una importante conferencia de Luis Muñoz Marín en la Universidad de Puerto Rico. 18 La Democracia, 27 de julio de 1932. 19 La Democracia, 16 de agosto de 1932. f

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la Constitución era un instrumento extraño. El problema de los socialistas era ...su servilismo esencial que corroe el espíritu de nuestra patria: el aceptar cualquier cosa que venga de Estados Unidos en la más humillante esperanza de que algún día, sin intervención de nuestra parte, habrá de ser mejor.20

Lo que catapultó a Muñoz Marín a una posición de liderato envidiable fue, sin embargo, su campaña en Washington en favor de reformas en la Ley Electoral que garantizasen unas elecciones limpias. Al levantar la polvareda en el escenario federal, la Legislatura local y el gobernador Beverley se aprestaron a armar un paquete mínimo de reformas. A su regreso de Washington lo aguardaba una recepción multitudinaria. Pocas semanas después la Asamblea de Nominaciones del Partido Liberal lo aclamaba como candidato a senador por acumulación. Había rechazado la candidatura a comisionado residente, una profética decisión que le evitó quedarse sin espacio político tras las elecciones que el Partido Liberal, a pesar de ganar más votos que ninguna otra colectividad, perdería. No obstante, la derrota del Partido Liberal (que no logró elegir su candidato a comisionado residente ni alcanzar la mayoría legislativa) fue convirtiéndose paulatinamente, por obra y gracia de Muñoz, en un triunfo escamoteado por el fraude y en una victoria moral de las fuerzas que no se habían plegado a los grandes intereses. No sería la última vez que Muñoz recurriría a un simulacro narrativo que resemantizara y reinterpretara la realidad. El Partido Liberal y él, en particular, actuarían como si el mando les correspondiera.21 A días plazo de la ceremonia de juramentación del nuevo Senado, Luis Muñoz Marín, enfermo con fiebres altas, se preocupaba por cómo habría de actuar en la ceremonia. El protocolo dictaminaba jurar apoyo a la Constitución de los Estados Unidos. Sin ello no ocuparía el escaño senatorial. El único desvío posible —le confió cuatro días antes a Ruby Black— era cumplir con el requisito pero jurando por la independencia de su país.22 La preocupación del senador electo remitía a un contexto inmediato. Desde las elecciones, la confianza en una estadidad cercana para Puerto Rico había crecido dentro de las filas de la Coalición y 20 La Democracia, 31 de agosto y 1 de septiembre de 1932. 21 A este respecto ver el editorial “¡Hombres libres!” en La Democracia, 14 de noviembre de 1932. En 1940, la construcción narrativa de una victoria a pesar de la derrota electoral en términos estadísticos se impone hasta el punto de que se habla de la “victoria popular” de 1940. 22 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 9 de febrero de 1933. Colección Ruby Black (CRB), Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico (CIH). Cartapacio VH A, doc. 17.

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Martínez Nadal había anunciado ya su intención de impulsar una resolución concurrente a favor de la misma para ser enviada al Congreso norteamericano. En un editorial de bravata en La Democracia, Luis Muñoz Marín se había ofrecido para obtener los votos liberales necesarios para aprobarla en la Legislatura insular con tal de que el Congreso la rechazara y pudiese demolerse finalmente el mito de la estadidad.28 Privadamente, sin embargo, tenía un gran temor a pesar de las bromas (“No tendría miedo en convertirme en estado como Luis XIV”) y que Black, su confidente y corresponsal de La Democracia en Washington, intentaba diluir.24 El miedo a la estadidad constituyó un importante prisma para el nuevo senador en este su primer año de ejercicio, así como el miedo a una independencia sin transiciones y especificaciones matizó su último año de incumbencia senatorial.28 En el Ínterin, sin embargo, el curul del Senado representaría una posición neurálgica desde la cual Muñoz Marín iría afinando una relación dramáticamente indispensable con el país. En una de las periódicas e intencionadas entrevistas qae le concedía a la periodista Angela Negrón Muñoz de El Mundo, adelantaba, sin escatimar grandilocuencia, su plan para “detener la ruina...” y lograr “la salvación de todo el pueblo de Puerto Rico”.28 Las agendas paralelas La entrevista a Negrón Muñoz el día de la inauguración de la sesión legislativa fue una especie de ceremonia de juramentación particular en la

23 “¡En el potro, señor Martínez Nadal!”, La Democracia, 19 de noviembre de 1932. 24 En la carta del 9 de noviembre le pedia que entrevistase a congresistas norteamericanos que se expresasen de forma adversa a la posibilidad de un estado Puerto Rico “...preferably in gruff and contemptuous terms on the possibility ofsuch trash as Puerto Ricans ever beingadmitted tosuch high privilege as statehood.” Black le animaba diciéndole que los Estados Unidos, que hablan fracasado en americanizarlo a él, no lograrían americanizar al pais. 28 El triunfalismo de la Coalición en este primer afio se vertió en algunas medidas de carácter anexionista. La campaña contra el comisionado de Instrucción, José Padin, y el intento de sustituirlo con un norteamericano asi como el apoyo a los planes de americanización a ultranza del gobernador Robert Gore son algunos ejemplos. En el Senado, Mufioz Marín impulsó una moción para que el comisionado de Instrucción siguiera siendo un puertorriqueño. Asimismo, se opuso a la resolución del Senado que pedia el gobernador electivo porque en su texto se hablaba de “nuestra nación” refiriéndose a los Estados Unidos. En la argumentación a favor del “no” señala que “tratándose de un documento en el que se piden derechos que moralmente pertenecen a los puertorriqueños resulta de poca altivez el tratar humildemente de hermanarse precisamente con aquellos que han negado los derechos que se les piden no siendo esta la actitud de respeto y orgullo que en nuestro concepto emplean los hombres libres al dirigirse a otros hombres libres”. Actas del Senado de Puerto Rico, 7 de marzo de 1933,145-146. 26 Reproducido por La Democracia, 13 de febrero de 1933.

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que Muñoz estableció una instancia y un estilo de interpelación que maduraría a lo largo del término senatorial. En el mismo día en que a regañadientes juraba por aquel “instrumento extraño” que era la Constitución, Muñoz se explayaba en el perímetro más propio, en aquél en el que fijaría sus propios límites y agendas, en el de la comunicación directa con un pueblo que él, en más de una manera, iría inventando. Estas construcciones que impondría sobre los lugares canónicos, sobre los símbolos y discursos establecidos y los modos políticos sancionados con el tiempo conformarían una poderosa versión, una gran narrativa, una crónica apabullante sobre el país. Por lo pronto, se alzaban como agendas paralelas, como contra-programa en el Senado de un solo hombre en lo que se convertiría su ejercicio. La entrevista es un texto muy rico en el que se organizan prioridades, se definen miradas, se contextualiza el momento político y se identifican los parámetros del Muñoz senatorial. El momento político —señala en la entrevista— requiere fundamentalmente que no se “trivialice” la gestión pública. Hay cuestiones “interesantes” como lo son los issues del gobernador electivo, la resolución a favor de la estadidad y el planteamiento de los problemas económicos de Puerto Rico en el Congreso norteamericano. Pero por encima de todo, “...está el hecho de que nuestro pueblo se está muriendo de hambre”.27 El por qué se está muriendo el país le remite a una compleja y premonitoria reflexión. La revisión de valores a raíz de la Primera Guerra, había desembocado en una ofensiva mundial contra la democracia: “La democracia y el autoritarismo están en pugna a través del mundo, y la democracia va perdiendo terreno”.28 Y es que la democracia —continúa Muñoz Marín— tiene un gran defecto. A pesar de que es un régimen en que los gobiernos son los gobernados, los gobernados no son precisamente el pueblo porque la cultura popular no ha alcanzado tal capacidad:

Los gobiernos son gobernados por una serie de intereses especiales, organizados en camarillas, desde la camarilla de los prestidigitadores profesionales, parando por la de los fabricantes de patentizados y por la de los mandatarios de las industrias básicas del mundo y llegando hasta la de los propios trabajadores agremiados.29 La operación de una democracia de camarillas no puede resultar en una salvación global sino en una componenda. Para Muñoz la única solución estriba en:

...una comprensión clara, explícita, científica, de nuestro mal y autoridad jpara atacarlo y curarlo. No me refiero aquí a la Independencia ni a ningún 27 La Democracia, 13 de febrero de 1933. 28/óü 29 Ibid

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otro status político: me refiero a la autoridad que le permitan ejercer las camarillas a nuestros hombres de gobierno.30 Muñoz había identificado la base histórica de la autoridad populista— la instancia superior por encima de los intereses particulares—. La periodista piensa que el joven senador está abogando por una dictadura. No lo es, piensa aún que la democracia es la forma menos mala de gobierno. De lo que se trata es de una recategorización de entidades como “pueblo”, “funcionarios”, “gobierno”. El Senado al que se integraba podía ser un espacio de prueba. Aun cuando en términos inmediatos él representaba a la “alta clase social” y a la “clase media económica” les proponía a ambas que

concibieran la autoridad que ha sido puesta en mis manos al ser elegido al Senado de Puerto Rico como una autoridad para agotar mis esfuerzos, no en salvarlas a ellas temporalmente en perjuicio de otras clases que es una salvación efímera y sin importancia sino en tratar de salvarlas a ellas en el proceso general de la salvación de todo el pueblo de Puerto Rico.31 La primera legislatura coalicionista produjo poca legislación fundamental. El proyecto más importante de la mayoría, el de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, fue objeto de numerosas reconsideraciones que al final generaron una versión aguada del mismo y que ilustraba las difíciles relaciones entre las dos mitades de la Coalición. En gran medida para evitar fricciones precoces entre republicanos y socialistas, el liderato legislativo maniobró hacia legislaciones inocuas. Faltando tres días para terminar la sesión ordinaria, Muñoz Marín intentó forzar la crisis en el hemiciclo al presentar una moción para la formación de un comité timón que atendiera la legislación pendiente, inclusive la resolución pro es tadidad presentada por el propio presidente del Senado, Martínez Nadal. En el debate reseñado detalladamente por El Mundo intervinieron los portavoces parlamentarios de la Coalición —Bolívar Pagán, Celestino Iriarte, Martínez Nadal— quienes le recordaron al novel senador que los problemas del latifundio y el ausentismo por los que reclamaba acción inmediata habían sido la hechura de los hombres con quienes había resuelto reintegrarse a la vida política.32 El manejo del reciente pasado patriarcal era un recurso hábil que volvía a imponer sobre Muñoz Marín la tarea de marcar distancias sin abjurar de una base política sin la cual, por el momento, no tendría futuro alguno. El balance de la primera sesión legislativa en lo que respecta a Muñoz Marín no es concluyente. Es obvio

30 Ibid. 31 Ibid. 32 El Mundo, 15 de abril de 1933.

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que logró plantear una presencia iconoclasta en el hemiciclo y mantuvo— a través deZa Democracia, que seguía dirigiendo—, una opinión pública en expectativa pero no consiguió hacer mella en el bloque coalicionista que, a pesar de las obvias tensiones en su seno, se mantuvo cohesionado y pudo derrotar persistentemente sus mociones. El issue que le permitió una crucial ventaja política fue el fatal nombramiento de Robert Gore como gobernador de Puerto Rico por el presidente Roosevelt. La ineptitud de Gore se manifestó desde su discurso inaugural, en el que se proclamó partidario de la estadidad para Puerto Rico. Aun cuando puede aducirse que con ello sólo se hacía eco de la plataforma del Partido Demócrata de los Estados Unidos, el anuncio creó una animadversión entre el nuevo gobernador y el Partido Liberal que fue acentuándose durante los próximos meses.33 No sólo Gore fue torpe al enajenarse de los liberales y tratar de manejar al país únicamente con la Coalición34 o al imponer una política de renuncias en blanco para los funcionarios de confianza, sino al tratar de imponer un plan de americanización a ultranza en el sistema de educación pública. Los reparos del gobernador se tomaron obsesivos hasta el extremo de solicitar una investigación del sistema educativo puertorriqueño por parte del FBI y de pedir el despido del doctor José Padín como comisionado de Instrucción y su sustitución por un norteamericano. La campaña contra Padín y el nombramiento del socialista Rafael Alonso Torres como síndico de la Universidad de Puerto Rico provocaron una ola de manifestaciones estudiantiles en toda la isla.35 A esto se sumaron otras protestas de agricultores y comerciantes que exigían moratorias contributivas para frenar las ejecuciones forzadas en sus propiedades. La oportunidad era dorada para Muñoz Marín. Por medio de las columnas de La Democracia y una incesante correspondencia con sus influyentes amigos en Washington arremetió contra Gore. La

33 Para una relación del conflicto entre Gore y el Partido Liberal ver Thomaa Mathews, £a política puertorriqueña y el Nuevo Trato, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1970), 66121. 34 Muñoz Marín habla de “tammanización” por parte de Gore refiriéndose a Tammany Hall, la legendaria maquinaria de patronazgo de los demócratas en la ciudad de Nueva York. Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 5 de septiembre de 1933. CRB, CIH. Cartapacio VII, doc. 147. 35 Contra Alonso Torres se lanzaron todo tipo de censuras, especialmente en tomo a su desconocida competencia en las “artes y ciencias”, que era uno de los requisitos para el nombramiento. Sin embargo, había otro móvil crítico, según Muñoz Marín, para oponerse. En una carta a Ruby Black le señalaba que el nombramiento iba en contra del espíritu de la ley que requería que dos legisladores y otras personas de reconocidos méritos fueran seleccionados como síndicos. Los dos síndicos legislativos estaban ya nombrados (Martínez Nadal y Felipe Carro). Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 22 de septiembre de 1933. CRB, CIH. Cartapacio VII B, doc. 172.

117 permanencia de Gore —argumentó entonces Muñoz— podía perjudicar la imagen de los Estados Unidos, empeñados en borrar una fama imperial con la política del Buen Vecino.36 El relacionar los asuntos de Puerto Rico con los diseños de la política exterior norteamericana respecto a América Latina no era nada nuevo. Lo singular ahora era insistir en reformas para Puerto Rico en función de las mejores relaciones de los Estados Unidos con sus vecinos. Durante los próximos meses Muñoz se movió hacia una percepción de Puerto Rico dentro de un esquema más vasto en el Caribe, una especie de “Caribbean policy”. Este desplazamiento sería esencial durante las arduas jomadas en 1934 para estabilizar el azúcar mundial que tendrían como foco el azúcar del Caribe y le darían a Muñoz, por un tiempo, una visión ventajosa en sus negociaciones sobre la reconstrucción de Puerto Rico en Washington. Otra de las consecuencias del debate Gore que Muñoz manej ó con excelente tino fue el separar al presidente Roosevelt de los ataques a la persona que había nombrado en Puerto Rico. Roosevelt quedó aislado porque el único obstáculo era “un hombre pequeño” que había traicionado el ideario de su presidente.37 Esto le permitió a Muñoz manejar la discursiva del Nuevo Trato como algo compartido entre él y los Roosevelt, de forma tal que su mediación fuese imprescindible en toda legislación para Puerto Rico. No menos importante fue la reformulación de los poderes públicos que se desprendió de la polémica. Podría decirse que en sus debates de fin de año con el speaker Miguel Angel García Méndez (un opositor temible de su misma generación) a propósito de Gore estaba en juego algo más que la suerte de un funcionario perfectamente prescindible. Para Muñoz el espacio senatorial se trasladaría de los confines capitolinos y se confundiría con la opinión pública para tomarse en el principal poder público. Puerta del pasado, puerta del porvenir

Por segunda vez en poco más de un año, Muñoz Marín regresaba a Puerto Rico en ademán triunfalista. La caída de Gore produjo un

36 En una carta a Black: “Have called Gore a liar in English, Spanish, and, today in French -all the languages of the Pan American Conference. Get the idea?” Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 8 de septiembre de 1933. CRB, CIH. Cartapacio VIIB, doc. 155. Black le contesta una semana después: “Emest Gruening is about to airmail you a request to write at The Nation the whole story of Gore’s blunders. I suggested to him that he write an editorial on the Americanization scheme and the bad feeling it would cause in Latín America, and emphasize the importance of Puerto Rico in Latin American opinión of the United States, with the Montevideo conference in mind... Have you called Gore a damn liar in Portuguese?" Carta de Ruby Black a Luis Muñoz Marín, 15 de septiembre de 1933. CRB, CIH. Cartapacio VH B, doc. 163. 37 La Democracia, 8 de noviembre de 1933

118 recibimiento masivo a principios de 1934 en el que se reforzaron varias de las improntas simbólicas en tomo a su persona. Tres de los oradores en el recibimiento, representativos de sucesivas generaciones del liberalismo: el viejo autonomista Juan Hernández López, Antonio R. Barceló y el representante Ernesto Ramos Antonini, marcaron en sus discursos el hilo de continuidad entre el joven senador y su padre mediante la metáfora del viaje épico. Hernández López, compañero de luchas de Muñoz Rivera,

...relacionó las luchas políticas del pasado con las del presente y auguró que Muñoz Marín no ha de ser menos en las conquistas del presente que su progenitor en las conquistas del pasado.38 Barceló habló del “espíritu y carne redivivos de Muñoz Rivera”, mientras que Ramos Antonini en las escalinatas legislativas señalaría:

Estamos frente al Capitolio, obra que concibió Muñoz Rivera y donde ya ha repercutido la voz de este varón íntegro, voz que seguirá resonando hasta conseguir todo lo que es nuestro.39 En su discurso, sin embargo, Muñoz parecía interesado en emitir otro registro. Insistió en aparecer como el mensajero de buenas nuevas, el que marcaba el comienzo de otros tiempos y otras prácticas y el agorero de un porvenir distinto.

Yo quiero decir a todos los puertorriqueños aquí presentes que cuando vayan a sus pueblos digan a sus amigos que cierren la puerta del pasado y abran la puerta del porvenir para dar paso al imperio de la justicia... Ahora es que comienza el ‘NuevoTrato’: más educación, mejor alimentación para fortalecer a nuestro pueblo de manera que esté mejor preparado para asumir la lucha en la defensa de su independencia. Así entendemos nosotros el ‘Nuevo Trato’... Yo pido una vez más que demos por cerrada la era de las inquinas, la era de las divisiones y se abra la era del verdadero Nuevo Trato que dé paso a la justicia social.40

Hablando con Angela Negrón a los pocos días de su llegada, anunciaba una ofensiva perentoria en el terreno económico. Sus propuestas de legislación privilegiaron entonces el tema de las leyes de cabotaje, la rehabilitación del café (“un producto típicamente portorriqueño por la libertad de sus mercados”), la diversificación de cultivos para atender las necesidades alimentarias y un énfasis en el “homestead” o parcela

La Democracia, 23 de enero de 1934. En esa misma crónica se destaca el mensaje de una pancarta que decía: “Gloria al padre, Luis Muñoz Rivera; gloria al hijo: Luis Muñoz Marín; gloria al espíritu santo: Antonio R. Barceló y el honor, el derecho y la dignidad: el Partido Liberal”. Ver también la crónica de El Imparcial del 23 de enero en la que hay fotos del recibimiento. 39 Ibid. 40 Ibid.

119 agrícola como proyecto vital del campesinado.41 Para Muñoz el Nuevo Trato de farsa había terminado. El se encargaría de definir el verdadero Nuevo Trato como ...una movilización de grandes fuerzas económicas a los efectos de la reconstrucción permanente a base de recursos propios, en un nivel más alto de vida y de cultura de las comunidades afectadas...42 Años más tarde, todavía inmerso en una vigorosa rectificación política que lo había llevado a descartar la independencia como status viable para Puerto Rico, Muñoz Marín vio en 1934 un año singular en el que se había operado una ruptura fundamental en la historia del país.43 Tras una época de intensos cambios, su visión sobre lo acontecido doce años antes se adecuaba razonablemente a un contexto mundial que, según Muñoz, exigía superar las categorías de soberanía e independencia. Pero, durante 1934, en aquel entonces, el discurso político muñocista y particularmente su labor senatorial se articularon, sin ninguna cualificación, en función de la esperanza de obtener para Puerto Rico la independencia económica, requisito previo para la independencia política. Fue un año de deslumbrante creatividad legislativa. Al iniciarse la sesión y en sintonía con Ramos Antonini en la Cámara de Representantes, se presentó una resolución conjunta para declarar monopolístico el negocio de venta y expendio de petróleo, gasolina y otros derivados y en virtud de ello declarar tales artículos como de primera necesidad y sujetos a precios fijos decretados por la Comisión de Servicio Público.44 En desacuerdo con el informe rendido por una comisión investigadora nombrada por el gobernador interino Benjamín Horton, los chóferes de toda la isla se habían ido a la huelga.45 Muñoz no sólo defendió la regulación sino que propuso al Senado que apoyara la huelga no usando los vehículos oficiales:

...hoy he venido en guagua, mi carro está en el garage y estoy dispuesto a permanecer en el Capitolio en San Juan seis u ocho días, el tiempo necesario hasta que se termine el movimiento de boycott.46 41 El Mundo, 29 de enero de 1934. El “homestead” o parcela agrícola en la cual el campesino tendría hogar y hacienda se mantuvo como paradigma por muchos años aun cuando el proyecto económico muñocista ya se había inclinado hacia la industrialización a ultranza. 42 Ibid. 43 Luis Muñoz Marín, “Nuevos caminos hacia viejos objetivos”, El Mundo, 28 de junio de 1946, 29 de junio de 1946. 44 Actas del Senado de Puerto Rico, 16 de febrero de 1934. 45 Este conflicto huelgarío se sumaba a la huelga de los obreros cañeros decretada en enero de 1934 y que ha recibido mayor atención por la historiografía reciente debido a su carácter neurálgico en una economía que giraba alrededor del azúcar. Ver Taller de Formación Política, ¡Huelga en la caña!, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1979). 46 La Democracia, 21 de febrero de 1924. Actas del Senado de Puerto Rico, 19 de febrero de 1934, 67.

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La moción de Muñoz fue derrotada en votación estrictamente partidista. La refutación de Martínez Nadal a nombre de la Coalición descansó en el argumento de la inconstitucionalidad de regular la gasolina47 pero —en clara alusión a Muñoz— acusó a ciertos elementos de incitar al pueblo en contra del Senado para forzarlo a legislar “festinadamente”. Martínez Nadal enarboló la defensa de un Senado sereno y ponderado frente al jacobinismo de Muñoz que inmediatizaba el reclamo del pueblo.48 Igualmente, hubo acusaciones de demagogia cuando Muñoz presentó un proyecto para dotar de títulos de propiedad a los trabaj adores residentes en barrios y granjas obreras con sólo haber pagado un año y el compromiso de pagar una tasa contributiva menor de lo ordinario. No habría diferencia económica —argüía Muñoz— pero sí una diferencia humana y social.49 Este tipo de propuesta resultó ser particularmente mortificante para los socialistas, cuyo compromiso histórico con legislaciones populares tuvo que modificarse en gran medida como precio político para mantener la Coalición. A la inversa, su voto negativo a las asignaciones para el fondo de Indemnizaciones para Obreros se basó en que el Senado pudo haber aprobado una legislación más justa y no lo hizo para proteger a las corporaciones azucareras, los mayores patronos del país y quienes menos contribuían al fondo. En el caso de las leyes de cabotaje, Muñoz propuso apoyar los proyectos congresionales que intentaban sacar a Puerto Rico de la jurisdicción marítima. La justificación inmediata era que las leyes de cabotaje ...multan a toda la población puertorriqueña, especialmente a las clases pobres que tienen que consumir productos importados, y a las industrias de exportación que sufren las consecuencias del pago de altos fletes. Eran también, a largo plazo, un obstáculo para cualquier programa de industrialización. 50 Pero en igual o mayor medida, 1934 fue un año de fracasos en que sólo la habilidad de Muñoz para recomponer escenarios y narraciones impidió el descalabro de su proyecto para el país. Irónicamente, su iniciativa senatorial para que el gobierno de Puerto Rico

47 Parecía también ser el argumento del nuevo gobernador, Blanton Winship. “But Govemor Winship —who, as Luis says, is oíd enough to remember the Conatitution— thinka it would be unconstitutional to declare gasoline a public utility, and implies that he will veto the bilí if it pasees.” Carta de Muña Lee a Ruby Black, 20 de febrero de 1934. CRB, CIH. Cartapacio VIH A, doc. 48. 48 Durante una comparecencia en Ponce, Muñoz Marín habló de que el Partido Liberal “...había asumido la dirección del pueblo sin loa puestos públicos...” La Democracia, 7 de febrero de 1934. 49 Se trata de la Resolución del Senado Número 44. Ver también El Mundo, 6 de abril de 1934. 50 Actas del Senado de Puerto Rico, 2 de abril de 1934,451-452.

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comprase las tierras de la United Porto Rico Sugar Co., eje de un impresionante plan global de reconstrucción para Puerto Rico —el llamado Plan Chardón— sacó a flote también los límites y barreras que su ejercicio no podía aún transgredir.61 Muñoz estaba en el camino correcto cuando insistió en 1933 en ver a Puerto Rico dentro del nuevo interés déla Administración Roosevelt hacia América Latina y, en particular, respecto al Caribe.52 No era sólo un interés político y estratégico-militar sino también —en el contexto de la Depresión y las modificaciones a los arreglos mundiales en intercambios— una urgencia económica. La producción y los precios azucareros debían controlarse de una vez y por todas y los intereses de los productores domésticos de azúcar de remolacha y de caña debían salvaguardarse. La estrategia tanto de los consorcios azucareros como de los países productores de sembrar más para compensar por los abismales precios mundiales debía cesar. Como resultado, se llegó a un complicado sistema de cuotas de importación por los Estados Unidos que se extendió a todas las áreas azucareras; el azúcar quedó incluido en la Ley de Ajustes Agrícolas como artículo de primera necesidad y sujeto a un impuesto de procesamiento. El monto de este impuesto engrosaría un fondo que serviría para compensar a los agricultores por la no siembra.63 Desde 1921 y ante la deflación de los precios del azúcar, Puerto Rico había aumentado consistentemente sus áreas de producción y se aprestaba en 1934 para su primera cosecha de un millón de toneladas. La inminencia de una limitación a las exportaciones de Puerto Rico tuvo efectos desestabilizadores en la vida política. Junto a una poderosa y violenta huelga de trabaj adores agrícolas que cubrió los primeros meses de 1934, la ambigüedad respecto a las exportaciones fortaleció el discurso republicano dentro del partido gobernante. La Coalición acentuó su ofensiva anexionista y sus críticas al Nuevo Trato. La amenaza que se cernía sobre los intereses azucareros robusteció el liderato legislativo de Miguel Angel García Méndez en la Cámara de Representantes y de los centralistas Alfonso Valdés y Pedro Juan Serrallés en el Senado. De manera más velada, la crisis había movilizado a los intereses azucareros dentro del Partido Liberal. Sin embargo, el liderato político y legislativo de 51 Para una clara y certera descripción del Plan Chardón ver James L. Dietz, Historia Económica de Puerto Rico, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1989), Cap. 3.TambiénThomaa Mathews, La política puertorriqueña, Caps. 5 y 6 para la cronología política del plan. 52 Ix» acontecimientos recientes en Cuba —la caída del dictador Machado y los manejos desinhibidos de los Estados Unidos respecto a su sucesión— eran prueba fehaciente. 63 La aplicación de este impuesto resultó ser una verdadera carga para el bolsillo de los consumidores. Finalmente la ley de ajustes fue declarada inconstitucional en 1936 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y con ello el impuesto de elaboración. James L. Dietz, Historia económica, 154, n. 26.

122 Muñoz dentro de su partido no corrió peligro de inmediato. Habrían de pasar dos años hasta que el ala más asociada al azúcar se enfrentara a Muñoz por el dominio del Partido. La casi segura aplicación de algún sistema de cuotas sobre las exportaciones azucareras que modificaría de manera crucial el comportamiento económico de un país debilitado por los efectos de la Depresión fue el contexto inmediato en que se generó la pieza más significativa del cuatrienio senatorial de Luis Muñoz Marín. La oportunidad, sin embargo, la proveyó la quiebra de uno de los gigantes azucareros de la isla, la United Porto Rico Sugar, a fines de 1933. El primer día de sesión legislativa, el 12 de febrero de 1934, Luis Muñoz Marín presentó la Resolución Concurrente del Senado Número 1 en la que proponía que el gobierno de Puerto Rico concurriese como postor a la venta de las propiedades de la corporación en quiebra y de no ser viable la asistencia a subasta, que se recurriese a cualquier otro procedimiento, inclusive la expropiación forzosa, con el fin de adquirirlas.54 Los “por cuanto” en la parte explicativa de la resolución compendian las variables criticas que actuaban sobre la pieza y que la convertían en una legislación de conflictividad extrema. En ellos se manejaban unas radiografías mínimas: un Puerto Rico cuya situación económica extremadamente grave se debía al monocultivo, a una dependencia excesiva en las importaciones de productos alimentarios y a la falta de poderes para intervenir en la fijación de los precios azucareros; un gobierno norteamericano interesado “...por razones económicas legítimas y por razones igualmente legítimas de buena política pan-americana” en estabilizar el precio del azúcar para lo cual se impondrían las cláusulas compensatorias de la Ley de Ajustes Agrícolas a Puerto Rico y unos sectores (los trabajadores agrícolas y los centralistas nativos) que se verían adversamente afectados por la aplicación de la Ley a Puerto Rico. La progresión de los “por cuanto” introducía entonces un factor que tomaría en positiva la combinatoria negativa de estas radiografías: la empresa en quiebra controlaba cinco centrales con cerca de 35,000 cuerdas de terreno. La posesión por parte del Pueblo de Puerto Rico de tales activos le daría a éste una “...una decisiva influencia en lo que respecta a la estabilización del precio del azúcar, para beneficio de todos los productores de azúcar puertorriqueños...” y “...pondría en manos del Pueblo de Puerto Rico el poder de aumentar la producción de substancias alimenticias que hoy se importan, de contribuir a la estabilización socialmente razonable

54 El texto completo de la resolución y el importante debate posterior se encuentran en Actas del Senado de Puerto Rico, 12 de febrero de 1934,4-19.

123 del precio del azúcar y de re-crear en parte una clase de pequeños cultivadores que es necesaria al equilibrio social del país...”65 El debate que se suscitó a continuación enfrentó nuevamente dos concepciones sobre los límites del poder legislativo. De un lado Muñoz y la minoría liberal argumentaban que la urgencia de la situación imponía la suspensión de las reglas rutinarias y de normalidad del Cuerpo para facilitar que una instancia superior, “El Pueblo de Puerto Rico”, pudiese concurrir a la subasta de tierras antes de que el Tribunal Federal adjudicara la reorganización de la corporación en quiebra al acreedor principal, el National City Bank. Para Muñoz, el Tribunal Federal no podía fijar el límite de la actuación senatorial. Ante la posición del Senador republicano Celestino Triarte de que la oportunidad había pasado, Muñoz ripostó:

Pero el Senado puede ordenar que se celebre otra subasta. Nuestro patriotismo y nuestro interés por el bien de Puerto Rico debe hacemos actuar inmediatamente.66 Para impugnar la resolución, la mayoría coalicionista esgrimió argu mentos de procedimientos debidos del Cuerpo, de inconstitucionalidad y de falta de fondos para asumir la deuda, además de resucitar el argumento de que el latifundio y el ausentismo habían sido hechura de las administraciones unionistas anteriores. Pero obviamente se trataba de un debate sobre el Cuerpo mismo y el propio líder del Senado asumió la argumentación. En un momento de la discusión entre Martínez Nadal y Muñoz Marín las dos concepciones sobre el ejercicio legislativo y sus límites se manifestaron prístinamente:

Sr. Martínez Nadal: Pero no vamos a actuar inconsultamente sin dar siquiera a los Senadores la oportunidad de estudiar por un espacio de un par de días este problema importante. Supongamos que pasamos la resolución, sin consulta y sin estudio, y que mañana la Corte Federal adjudicara las propiedades al National City Bank. ¿Qué habremos hecho? Habremos arado en el mar, y no habremos conseguido nada. Pudiera ser que la Corte Federal declarara nula la subasta. En ese caso, el Senador Muñoz Marín estará en mejores condiciones aún para discutir ese asunto. Pero supongamos lo contrario, que la adjudicara. Pues no podremos ya acudir como postores. Sr. Muñoz Marín: La intención de la resolución es que el Procurador General inmediatamente dé los pasos necesarios a los efectos de que el Pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de acudir como postor en la subasta.

65 Ibid. 56 Ibid. Celestino Triarte señaló posteriormente durante el debate que el patriotismo era "una frase hueca” y una argumentación abstracta.

124 Sr. Martínez Nadal: No puede. En la Corte Federal hubo una subasta, a la cual concurrieron los postores. Ya no puede haber una nueva subasta, a menos que se anule la primera subasta. ¿Pero permitírsele ahora al Pueblo de Puerto Rico que concurra a la subasta? No hay forma humana posible, para hacer ese milagro.

Sr. Muñoz Marín: La declaración déla intención del Pueblo de Puerto Rico de concurrir a la subasta, es argumento bastante para que se anule la subasta hecha. Sr. Martínez Nadal: No lo creo yo así. En ese caso la Constitución no se ha roto. La Corte Federal tiene que seguir aplicando las leyes de manera rígida e inflexible. No hay manera poeible para que sea lo contrario. El que podamos concurrir es un sueño irrealizable.67 La Resolución Concurrente Número 1 fue enviada a una comisión especial del Senado para estudio sin límite de tiempo, lo cual constituía patentemente una sentencia de muerte. En dos sesiones del Senado Muñoz intentó forzar el curso de los acontecimientos. En la sesión del 14 de febrero adelantó su interpretación sobre los efectos del Proyecto Costigan, regulador del sistema de cuotas y compensaciones azucareras y a la sazón bajo consideración en el Congreso norteamericano.58 Para Muñoz, el proyecto redundaría en $23 millones y posiblemente hasta un máximo de $40 millones en pagos compensatorios suficientes para adquirir las tierras de la United Porto Rico Sugar y establecer un fondo rehabilitador sustancial.59 El dinero podía considerarse en su bolsillo.60 Los cálculos de Muñoz dependían, sin embargo, de que Puerto Rico continuara apareciendo como área azucarera extranjera, a lo que se opusieron los senadores coalicionistas que preferían recibir mucho menos dinero con tal de que rectificara la clasificación original del Sugar Control Bill y Puerto Rico fuera considerado área doméstica.61 En la segunda ocasión, el 27 de febrero, Muñoz presentó una moción con la que intentaba aprovechar un flanco descubierto en el proceso de reorganización de las tierras de la United. En caso de que finalmente las tierras pasasen a manos de otra corporación azucarera, el Senado debía pronunciarse a favor de que se aplicara con todo rigor la cláusula de la Ley Orgánica relativa a la prohibición de una tenencia mayor de 500 acres.62 En una importante

57 Ibid. 58 Para el texto del proyecto ver La Democracia, 23 de febrero de 1934. 59 Actas del Senado de Puerto Rico, 14 de febrero de 1934,45-46. 60 La Democracia, 16 de febrero de 1934. Durante esta sesión del Senado y a preguntas de loe senadores coalicionistas, Muñoz Marín se llevaba constantemente las manos al bolsillo de la chaqueta; muchos creyeron que en efecto traia el dinero en los bolsillos. 61 La Democracia, 22 de febrero de 1934. 62 Actas del Senado de Puerto Rico, Z1 de febrero de 1934,110-111.

125 señalamiento al finalizar la moción hacia la salvedad de que nada de lo contenido en la moción se interpretase en el sentido de una actitud general del Senado respecto a dicha cláusula. Todavía en estos momentos la posición de Muñoz Marín en relación con la controvertible disposición de los 500 acres se acercaba más a la del Brookings Institution, que mantenía que una operación eficiente del azúcar requería de grandes extensiones, pero si la disposición podía servir para obtener las tierras en litigio la invocaría con todas sus fuerzas.63 Además, había una especie de trampa política en este llamado al cumplimiento de la cláusula de los 500 acres. Durante veinte años el Partido Socialista había reclamado que se hiciera cumplir la ley. ¿Qué harían ahora los senadores socialistas? Una tras otra las mociones de Muñoz, entre ellas la relativa a la legislación anti latifundio, fueron desviadas a las comisiones de estudio. Finalmente, la Comisión Especial recomendó el 2 de abril (a punto de finalizar la sesión ordinaria) la eliminación de la parte resolutiva de la moción, lo que equivalía ala derrota del proyecto. Los socialistas, por voz de los senadores Fiz Jiménez y Ochart, emitieron un voto explicativo en el que se declaraban

...partidarios del principio que encama la R. Conc. del S. 1, porque ello está en nuestro programa y es nuestro ideal que un día las tierras que están en poder de corporaciones extranjeras e individuos no residentes sean equitativamente distribuidas y pasen a manos nativas y residentes, pero para ello creemos que es indispensable un plan estudiado con tiempo y con los recursos necesarios para que pueda realizarse, pero no a través de esa resolución que nada dice y que no presenta plan alguno. Como dijimos antes, es sólo un motivo de propaganda política. En cuanto a eso de la adquisición de tierras que están hoy en manos de corporaciones extranj eras y personas no residentes, el Partido Socialista y sus representantes en la Legislatura están en récord. La historia no puede cambiarse a capricho de un senador o un periódico cualquiera que sea para hacer capital político.64 Los senadores socialistas escamoteaban la verdad al decir que la resolución no presentaba plan alguno pero tenían razón en decir que en tomo a la misma se estaba articulando un capital político. Precisamente debido a que la resolución era la punta del témpano de una reconcepción global del problema de Puerto Rico y a que se emitía dentro de una producción discursiva y simbólica con una innegable capacidad de convocatoria, representaba una amenaza política para un discurso socialista que ya había hecho demasiadas concesiones.

63 Víctor Clark et al., Porto Rico and its Problems, (Washington, Brookings Institution, 1931). 64 Actas del Senado de Puerto Rico, 3 de abril de 1934,558.

126 La compleja actividad legislativa era una zona fundamental dentro de un ambicioso proyecto que pretendía sustituir el concepto, hasta ese momento vigente, de alivio o socorro a un Puerto Rico desvalido que manejaba la Administración federal por un concepto de amplio aliento de reconstrucción. Lo que vertebraba el proyecto era un vasto plan de reformas a las estructuras, a la tenencia de propiedad, al manejo de los fondos públicos, que sacara a Puerto Rico de la sumisión secular frente al azúcar y que pavimentara el camino a la diversificación agrícola y permitiera el tránsito a una primera etapa industrial. El llamado Plan Chardón fue anunciado intempestivamente durante la visita a Puerto Rico de la Sra. Eleanor Roosevelt, esposa del presidente, a quien acompañaba una delegación entre cuyos miembros más conspicuos se encontraba Rexford G. Tugwell, sub-secretario de Agricultura. El plan descansaba en una revisión de la industria azucarera del país como requisito indispensable para la reconstrucción económica amplia. En apretada síntesis, proponía: la adquisición por una corporación pública de las propiedades azucareras más rentables, las que serían distribuidas a colonos que estuviesen trabajando tierras marginales; estas tierras marginales obtenidas en permuta serían distribuidas a campesinos sin tierras para que cultivasen productos de subsistencia; el gobierno compraría una o más centrales que operarían como corporaciones semipúblicas y funcionarían como parámetros para evaluar los niveles de precios y ganancias de las centrales privadas.65 Así como el Plan Chardón adelantaba el concepto de “parámetro” (yardstick) en relación con las centrales que operaría el gobierno, el mismo Plan lo manejó Muñoz como una especie de parámetro de toda las intenciones de reconstrucción por parte de la Administración Roosevelt. Este paso fue cuestionado por Ruby Black, quien le aconsejó enfáticamente que limitase la publicidad hacia el plan azucarero: “...it would just arouse opposition from the people who think such things are communistic”.68 La intrincada y sinuosa coreografía de la discursiva reconstruccionista a partir del Plan Chardón abarcó los viajes de ambos Roosevelt a Puerto Rico;67 una nueva jurisdicción de Puerto Rico bajo el Departamento del

65 Dietz, Historia económica, 169-170. También La Democracia, 2A de marzo de 1934. 66 Carta de Ruby Black a Luis Muñoz Marín, 13 de abril de 1934. CRB, CIH. Cartapacio VHI B, doc. 109. 67 Durante la visita del presidente, el gobernador Blanton Winship se las ingenió para mantener al presidente fuera del alcance del senador Muñoz Marín. “The Govemor surrounded him matead with all the people who had consistently and viciously attacked the Administration policíes in the Legislatura, in Washington and in the press here!”. El séquito de Roosevelt, con pocas excepciones, no se involucró con los elementos liberales: "What

127 Interior, el nombramiento de Emest Gruening para presidir la nueva División de Asuntos Insulares68 y el viaje de tres comisionados puertorriqueños a Washington (Muñoz pensó siempre que él debía haber presidido la comisión, pero era demasiado arriesgado políticamente siquiera que fuera miembro) para formular el Plan de Reconstrucción. Fortalecido por el compromiso que percibía de Washington, Muñoz trabajó el frente senatorial en el intento de articular un discurso armónico con los planes de reconstrucción en el espacio federal. Logró la aprobación por unanimidad de una moción que conminaba a las autoridades federales a asumir la reconstrucción fundamental una vez que cesara la ayuda de emergencia (administrada por el programa de la PRERA) pero el mismo texto de la resolución traslucía que sólo a estos niveles no específicos y ambiguos podían encontrarse dos versiones opuestas sobre el país como las que mantenían Muñoz y el bloque coalicionista.69 Durante abril, mayo y junio los integrantes puertorriqueños de la Comisión de Rehabilitación se reunieron en Washington para concretar el plan. La puesta en marcha dependía, sin embargo, de la derrama de fondos que produjera la Ley Costigan-Jones. Para agosto el andamiaje restrictivo de la Ley Costigan-Jones había sido levantado mientras que la parte compensatoria de la misma ley no había sido informada a los agricultores. Como resultado, el crédito estaba paralizado, los cultivos se habían abandonado, la caña de gran cultura no tenía refacción y miles de trabajadores deambulaban sin conseguir trabajo en las siembras.70 Peor aún, el Plan Chardón no había sido iniciado a pesar de los endosos federales. Para Muñoz, esto entrañaba una crasa injusticia: No es limosna lo que pedimos. Es restitución lo que reclamamos... El dinero que ha de gastarse en la Reconstrucción no puede compararse en cantidad al dinero que la explotación económica ha sacado de Puerto Rico durante muchos años.71

happens to good Americana when they hit Puerto Rico and get invited around by the sugar magnates?”. Carta de Muña Lee a Ruby Black, 3 de septiembre de 1934. CRB, CIH. Cartapacio VIH B, doc. 213. Ver también el texto de bienvenida a Roosevelt que redacta Muñoz Marín y en el cual apunta hacia la paradoja básica del régimen colonial en Puerto Rico: el mayor progreso y el mayor sufrimiento que había conocido el país. La Democracia, 7 de julio de 1934. 68 El debate sobre el futuro político de Puerto Rico en los círculos federales abarcaba su status tarifario, una posible exención de las leyes de cabotaje y la opción de un gobernador electivo. También se discutía si Puerto Rico debía ser considerado como factor en una posible Confederación del Caribe. Carta de Ruby Black a Luis Muñoz Marín, 12 de abril de 1934. CRB, CIH. Cartapacio VIII B, doc. 102. 69 La Democracia, 28 de marzo de 1934. 70 La Democracia, 13 de agosto de 1934. 71 Ibid.

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La inmovilidad del gobierno federal y la incertidumbre respecto a la próxima cosecha animó una reunión de los sectores económicos y políticos. Una magna Asamblea Económica se reunió en San Juan para reclamar medidas urgentes. El tono de desesperación escalaba. En un editorial titulado “Puerto Rico en el canasto de la basura”, Muñoz Marín hablaba de un pueblo que no podía tolerar la bofetada con la que se le cruzaba el rostro: Y el pueblo de Puerto Rico, sin distinción de ninguna especie, sabrá tomar todas las medidas que sean necesarias, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS, para que se detenga el proceso de explotación de Puerto Rico, cueste lo que cueste.72

De vuelta en Washington, el cuadro que se develaba era alarmante. Bajo “disfraces más o menos halagadores” se elaboraban planes alternos de explotación para Puerto Rico so pretexto de la Reconstrucción: Nuestra desgracia llega hasta el punto en que hasta con los salvavidas se pretende ahogamos, hasta con las medicinas se pretende envenenamos, y hasta a nombre de la más genuina justicia se pretende explotamos.79

Se hablaba de empresas turísticas y de refinerías, proyectos que encontraban eco en el gobernador Winship —quien entretenía sueños de que Puerto Rico se tomara en, otra Cuba— y en los mismos escritorios del Departamento del Interior y de las agencias de reconstrucción. En medio del Nuevo Trato anidaba un “espíritu arcaico” que acariciaba “la idea de explotar la redención de Puerto Rico como antes otros intereses similares explotaron su esclavitud”.74 A punto de finalizar un año de torbellino, de promesas grandilocuentes y de retrasos inexplicables, de estancamiento y desesperanzas, Muñoz Marín sabía que únicamente un gesto de supremo dramatismo podría generar nuevas esperanzas en una eventual reconstrucción y conservar las redes de confianza que había tejido laboriosamente con el país. En vísperas de la Navidad le describió al presidente Roosevelt un Puerto Rico a punto del desplome económico y social y al cual sólo “cuatro siglos de entrenamiento en la gimnasia de la paciencia” le impedían rebelarse. Le pedía su promesa personal para que ese pueblo sufrido pudiese seguir esperando.76 Respondiendo a Muñoz Marín, Roosevelt se excusó por los retrasos y adelantó su voluntad de que la reconstrucción permanente se iniciara a la mayor brevedad posible a base del Plan Chardón, “...cuyos

72 La Democracia, 22 de agosto de 1934. 73 La Democracia, 20 de diciembre de 1934. 74 Ibid. 76 Carta de Luis Muñoz Marín a Franklin Delano Roosevelt, 17 de diciembre de 1934 CRB, CIH. Cartapacio VIII B, doc. 260.

129 principios han recibido mi aprobación, y, comoUd. dice, la aprobación de la opinión pública en Puerto Rico”.76

Los cuatro jinetes El intercambio de cartas entre Muñoz Marín y el presidente Roosevelt renovó las expectativas de un programa de reconstrucción dentro de los moldes del Plan Chardón original.77 Al inaugurarse el Senado de 1935, Muñoz presentó un conjunto de proyectos armados con “con uñas, dientes, espadas y redes” que retomaba los viejos temas de la condonación de deudas a los agricultores; de la otorgación de títulos de propiedad a arrendatarios agrícolas y de barrios obreros y añadía dos legislaciones que facultaban al gobierno local para iniciar procedimientos de quo warranto por violación a la cláusula de los 500 acres contra la Eastem Sugar Associates, la compañía que había obtenido las propiedades de la United Porto Rico Sugar.78 Eran, le confiaba a Ruby Black, sus “cuatro jinetes”. Sus relaciones con el gobernador Winship se habían deteriorado profundamente: “¿Se cree Cleopatra?”,79 pero creía que podía hacerse algo en la Legislatura:

La Legislatura comenzó hoy y la Coalición está tan suave como un guante... Todos mis movimientos durante el día parecieron contar con la aprobación —aunque a regañadientes— de los senadores coalicionistas... Hoy es un día histórico. Es el primer día en mi memoria en el que la Legislatura actuó de una manera fundamentalmente patriótica y no jugó a la política. ¡Que los ángeles conserven esta atmósfera!80 Muñoz subestimó la habilidad del bloque coalicionista, que ripostó con una resolución inexpugnable pero fútil que solicitaba del Congreso de los Estados Unidos que revisara la cláusula de los 500 acres.81 Los pronósticos optimistas se venían abajo:

76 Carta de Franklin Delano Roosevelt a Luis Muñoz Marín, 17 de diciembre de 1934. CRB, CIH. Cartapacio VHI B, doc. 264. 77 Para un resumen de la labor senatorial que se proponía llevar a cabo ver el texto de un mensaje de Muñoz Marín por radio reproducido por La Democracia, 16 de febrero de 1935. Entre otras cosas proponía una legislación para que el matrimonio fuese gratuito y una nueva ley de indemnizaciones obreras que no fuese sólo un “pedazo de papel”. Insistía en el mensaje de que todavía era válida la palabra empeñada por el Presidente Roosevelt 78 Actas del Senado de Puerto Rico, 11 de febrero de 1935; 12 de febrero de 1935; 18 de febrero de 1935; 7, 27, 67. 79 Carta de Luis Muñoz Marín a Emest Gruening, 11 de febrero de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 9. 80 Ibid. 81 Actas del Senado de Puerto Rico, 13 de febrero de 1935.33.

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Los socialistas le explicarán a las grandes corporaciones que yo los estoy empujando a tomar alguna acción en el asunto de la tierra, que tienen que hacerlo para pacificar al electorado, pero que aprobarán un proyecto inocuo. Más tarde se las arreglarán para pasar un proyecto anticonstitucional. Este es el tipo de cosa contra la cual tenemos que luchar, en contra de un grupo económico tremendamente poderoso —80% de las exportaciones el pasado año—, y con W. en la Fortaleza. ¿No te maravillas de cómo he retenido algún vestigio de sanidad? ¿Ves cuán difícil es para mí conservar la paz? Reza por mi.82 A pesar de los comentarios tajantes sobre su actuación senatorial, Muñoz no podía descartar la fuerza de los socialistas ni la posibilidad de atraerlos en un frente común. “Los cuatro jinetes” habían provocado roces entre las dos alas de la Coalición y había indicios de que el bloque socialista podía alinearse con Muñoz en alguno de los proyectos. Después de todo, el año siguiente seria año electoral y los socialistas tendrían dificultades para explicarle al electorado por qué se habían opuesto a una legislación económica como la presentada. Los socialistas, además, podían estar asustando a los republicanos en el ánimo de obtener algunas concesiones legislativas. La posibilidad de una brecha que escindiera a la Coalición ocupó la mente de Muñoz Marín durante los próximos meses. Si se provocaba el rompimiento, podría aprobarse toda legislación en armonía con la reconstrucción.83 Entonces en 1936 podría componerse un ticket novotratista que incluiría hasta republicanos liberales y que barrería toda la isla, aun cuando el gobernador Winship permaneciera como “sátrapa” del país.84 La estrategia podía parecer “conspirativa” y “fantas magórica”, pero el fin justificaba los medios. El listado de bondades aducido por Muñoz combinaba los criterios populistas que refi naría años más tarde en su conceptualización del Partido Popular Democrático con el impulso protagónico que se había ido acentuando durante su ejercicio senatorial. El frente popular integraría a las masas socialistas, un elemento reformista que había sido traicionado por un liderato coaligado con la reacción; dividiría el campo político en líneas económicas bien definidas y permanentes; acabaría con el sabotaje hacia los planes del gobierno federal; crearía un liderato patriótico y poderoso que podría enfrentar a sus enemigos sin miedo de perder el poder y finalmente, “crearía un gran partido bajo el efectivo liderato de tu humilde

82 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 15 de febrero de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 36. 83 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 16 de febrero de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 37. 84 Ibid. La mecánica incluía nombrar a un socialista honesto como tesorero de Puerto Rico, dejar a Santiago Iglesias como comisionado residente y lograr un segundo comisionado —como se había logrado en el caso de Filipinas—, que sería obviamente liberal.

131 servidor en lugar de un mero entendido electoral entre grupos disímiles”.85 En una carta a Ernest Gruening, director de la División de Territorios y Asuntos Insulares, le insistía en la posibilidad de organizar inmediatamente una mayoría legislativa para llevar adelante los planes de reconstrucción y adelantar los principios liberales.86 La nueva mayoría legislativa obviaría las identidades partidistas y respondería únicamente al programa novotratista.87 Lo que le planteaba a Gruening era una especie de “golpe parlamentario” que imposibilitara la reconsolidación de la Coalición, pero le preocupaba que el funcionario no advirtiera su legitimidad. En su esquema —añadía— no había sino la combinación de política y statesmanship que caracterizaba a Franklin Delano Roosevelt y que le había permitido enfrentar la Depresión. No quería tampoco que Gruening lo interpretara como un sentimentalismo superficial sino como: ...un profundo sentimiento por el sufrimiento de este pueblo... algunos de nosotros hemos acariciado un sueño, no sólo de proveer empleos, una vida más segura, mejores hogares, un balance más estrecho entre el trabajo y su recompensa, sino de la reconstrucción ñsica y moral de nuestra gente, de la re-capitalización de los seres humanos en salud y entrenamiento y perspectiva; no sólo de una redistribución de la tierra y el ingreso sino de un modo de vida.88 En última instancia, Muñoz Marín se confrontaba con una realidad fundamental de poder que lo perseguía desde el día en el que con tantas aprehensiones había asumido el curul senatorial. A medida que seguía retrasándose la puesta en marcha del plan de reconstrucción se hacia más evidente que se requerían transformaciones políticas sustanciales para impedir que se desvirtuaran sus alcances y ámbitos originales. Desde demasiados ángulos, el plan de reconstrucción era asediado —según Muñoz— por saboteadores. El gobierno federal actuaba erráticamente. La última versión del Work Relief Bill volvía sobre el poco sustancial y transitorio concepto de la ayuda de emergencia a través de la construcción de obras públicas. En una carta a Eleanor Roosevelt le señalaba que “Era humanamente imposible curar a Puerto Rico con recetas continentales”.89

85 Ibid. 86 Carta de Luis Muñoz Marín a Emest Gruening, 20 de marzo de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 72. 87 Carta de Luis Muñoz Marín a Emest Gruening, 25 de marzo de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 79. 88 Carta de Luis Muñoz Marín a Emest Gruening, 27 de marzo de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 82. 89 Carta de Luis Muñoz Marín a Eleanor Roosevelt, 10 de abril de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 111. En la carta comparaba a Puerto Rico con un niño a quien le daban rabietas: “si no pueden dejamos fuera de la guardería infantil, provéannos de una buena nana y de juguetes duraderos y prácticos”.

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Por otro lado, la reconstrucción ya no era necesariamente la amenaza que representó para muchos sectores cuando se anunció en 1934. Ahora era como un suculento botín y espacio de patronazgo que muchos deseaban controlar. Uno de los interesados más obvios era el propio gobernador Winship “...un ejemplo más de la confusa y pantanosa manera en que una poco sabia Providencia Demócrata actuando a través de un arcángel reaccionario nos trata”.90 La otra parte interesada era la mayoría coalicionista en la Legislatura que deseaba controlar una reconstrucción que ya era inevitable por medio de una corporación legislativa.91 Finalmente, el presidente, por orden ejecutiva, creó la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) y puso a su cargo a Emest Gruening. Este a su vez nombró a Carlos Chardón como administrador regional.92 En Puerto Rico, la Coalición había logrado la clausura precoz de la sesión legislativa. La mayoría había adoptado la táctica luego de enfrascarse en una agria disputa sobre quien controlaría los fondos de la reconstrucción. Era hora de pasar balance para Luis Muñoz Marín. En un discurso dirigido por radio a la autoridad legislativa suprema: “la opinión pública” pasó revista a 56 días de trabajos en ambas cámaras. De los proyectos habilitadores y auxiliares de la reconstrucción se habían aprobado sólo dos y únicamente por el Senado. El inmovilismo legislativo constituía una ignominia porque atentaba contra la renovación “casi religiosa” de las maneras de vivir y soñar de miles de puertorriqueños, ’asaba entonces a enumerar los proyectos pendientes ante la Legislatura ¡resentados por la representación liberal con el concurso ocasional de los egisladores socialistas y de los cuales dependía “de una parte la justicia, de otra parte la vergüenza”. Para Muñoz era inexplicable que no se hubiese actuado sobre ellos cuando hasta el gobierno de Washington estaba dispuesto a adelantar la legislación reformista necesaria. Quizás la explicación era mucho más recóndita y tenía que ver con una memoria histórica de servidumbres políticas y sociales. Hay esclavos que ven con indiferencia de bestias cansadas su redención. Pero jamás ha habido esclavos que tomasen en sus propias manos el foete que arroja su amo y se azoten sus propias espaldas en la ignominia de su

90 Carta de Luis Muñoz Marín a Emest Gruening, 25 de febrero de 1935. CRB, CIH. Cartapacio IX, doc. 45. 91 Para un recuento pormenorizado de esta problemática ver Thomas Mathews, La política puertorriqueña, Cap. 6. 92 En menos de un afio, la PRRA confrontaría graves problemas financieros y constitucionales. Pero su dificultad principal estribaba en su ambiguo concepto de reconstrucción, que no satisfacía ni a los que idearon el plan Chardón ni a los coalicionistas a quienes se le había escapado administrarlo.

133 abyección. Por la dignidad de mi pueblo espero que no se dará en Puerto Rico el primer ejemplo de estos últimos esclavos, que al soltar el foete Washington no habrá puertorriqueño que vilmente lo recoja para cruzarle las espaldas a Puerto Rico.93

Era un triste colofón para un ejercicio senatorial que, en lo fundamental, había ya cesado para él.

Que Dios os premie siempre y siga siempre profeta. Hoy no le podrán llamar loco. ¿Cómo le llamarán mañana? En una carta del lector aparecida en La Democracia, 4 de enero de 1936. EPILOGO El senador Luis Muñoz Marín viajó a Washington en enero de 1936 en medio de acres censuras del liderato coalicionista. Alfonso Valdés lo acusó de abandonar sus deberes senatoriales mientras disfrutaba de una vida patriarcal en la capital federal.94 El viaje, a pesar de los comentarios hirientes del líder republicano y de las versiones optimistas consignadas por La Democracia, estaba marcado por la desesperación. La resistencia del Congreso en aprobar el fondo rotativo para compensar a los agricultores amenazaba con debilitar aún más el proyecto de reconstrucción que ya guardaba importantes diferencias con la concepción original del Plan Chardón. A pesar de los nombramientos de Gruening y del mismo Chardón y de la puesta en marcha de los casos anti latifundistas, la reconstrucción aún no había hecho valer las promesas de Muñoz de que las leyes de ajuste agrícola y de cuotas azucareras no traerían más sufrimientos a los agricultores.95 No podía haber más dilaciones de la palabra empeñada. Finalmente, el presidente Roosevelt firmó la ley que creaba el fondo rotativo. En la ceremonia en Casa Blanca, el presidente le obsequió la pluma con la cual había estampado su firma. A cambio, el senador Muñoz Marín le hizo entrega al presidente de la pluma de oro con la que su padre, Luis Muñoz Rivera, había puesto en

93 La Democracia, 9 de abril de 1935. 94 La Democracia, 29 de marzo de 1936. 95 A fines de 1935, Luis Muñoz Marín pronunció un importante mensaje por radio. En el mismo denunciaba al presidente del Senado, Rafael Martínez Nadal, por conspirar contra el Proyecto del Fondo Rotativo en Washington. La Democracia, 4 de diciembre de 1935.

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marcha el primer Gobierno Autonómico.96 La ceremonia, sin conocerlo sus asistentes, marcaba el fin de una etapa complicada e intensa tanto en la vida del país como en la vida de Muñoz Marín. El asesinato del jefe de la Policía de Puerto Rico, Coronel Riggs, a manos de dos nacionalistas, y la ejecución sumaria de ambos luego de su arresto generaron importantes modificaciones en el manejo colonial de Puerto Rico por parte de la Administración Roosevelt y precipitaron la salida de Luis Muñoz Marín del Partido Liberal. En mayo de ese mismo año anunció desde Washington que renunciaría a todas sus posiciones dentro del Partido Liberal y a toda posible candidatura. No era posible ganar las elecciones de 1936 una vez que el Proyecto Tydings para otorgarle la independencia a Puerto Rico sin transiciones ni condiciones había sido aceptado por la dirección del liberalismo. El Proyecto Tydings, avalado por Emest Gruening, había desatado el terror entre los sectores medios y populares. Y, más aún, había llevado a los intereses azucareros a volcar todos sus recursos en derrotar al único partido que concurriría a las elecciones con una plataforma independentista. El azúcar ganaría las elecciones. Los combates planificados y elaborados durante los últimos años: la reconstrucción, la justicia económica y la independencia que otorgaría eventualmente el Congreso, habían sido suplantados por una nueva lucha, la lucha contra el azúcar y la reacción política.97 Terminaban los más gloriosos, los más ’ustos, los más generosos y los más bastardos años de régimen orteamericano en Puerto Rico.98 En el ardiente verano de 1936 Muñoz Marín intentó convencer al ’artido Liberal de ir al retraimiento e integrarse a un frente unido que tendría como proyecto convocar a una Constituyente. Por varias semanas visitó pueblos y campos en una antesala de lo que habrían de ser las jomadas de organización del Partido Popular Democrático dos años después.99 La propuesta fue derrotada en la Asamblea de Yauco por un sólo voto, el de Barceló.

96 La Democracia, 18 de febrero de 1936. 97 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 15 de julio de 1936. CRB, CIH. Cartapacio

98 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 25 de septiembre de 1936. CRB, CIH. Cartapacio X, doc. 115. Esta carta es un recuento excelente del proceso de descomposición del proyecto de reconstrucción y de la crucial participación de Emest Gruening en el rr 99 La campaña presentó una impronta familiar ineludible. Entrando a los pueblos del sur, el joven Luis Muñoz Lee invitaba con un micrófono: “Noble pueblo de Luis Muñoz Lee te saluda y anuncia que Luis Muñoz Marín hablará esta noche en Ponce en la Plaza Luis Muñoz Rivera.” Carta de Muña Lee a Ruby Black, 3 de agosto de 1936. CRB, CIH. Cartapacio X, doc. 94.

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Todo parecía estar perdido, excepto por las fuerzas espirituales que se habían liberado.100 Sin embargo, Muñoz Marín no hablaba como alguien derrotado. Durante las agitadas semanas que habían precedido a la Asamblea, en caminos, pueblos y campos, se había percatado de otras voces y verdades. El hombre de la casa de cristal estaba listo para reclamar la herencia política de su padre y hacer despegar su proyecto. He estado oyendo las canciones populares de la gente más pobre de este país. Son la mejor expresión de lo que ellos quieren. De las canciones he derivado tres cosas: Primero. Que el amor es igual en intensidad, si no en oportunidad, independientemente del sufrimiento económico; Segundo. Que inventar grandes mentiras sobre el mundo, (si un barco lleno de pollos se hunde en el mar, los pescadores pescarán huevos durante muchos años), es un alivio espiritual en este país; Tercero. Que la lealtad a los líderes es el camino de salvación para una población muy pobre y hostigada. Conociendo estas cosas, no hay nada más profundamente honesto que elaborar un programa que toque, por primera vez, la raíz del sentimiento humano a través de la actividad política. No es el hombre económico o el hombre marxista el que uno expresa, pero el hombre soñador y poético, que incluye la economía, que incluye el hombre de Marx. De hecho, si puedo trasmitir esto, puedo ganar frente a todo el dinero del mundo. Quiero intentarlo.101

100 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 18 de agosto de 1936. CRB, CIH. Cartapacio X, doc. 100. 101 Carta de Luis Muñoz Marín a Ruby Black, 5 de agosto de 1936. CRB, CIH. Cartapacio X, doc. 95.

Parlamentarismo obrero y Coalición: 1932-1940

César A. Rey

Agradezco la colaboración de la estudiante investigadora Mareia Quintero Rivera en la preparación de este ensayo.

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La historia del Senado de Puerto Rico presenta un capitulo en la década de los treinta que amerita ser revisado por la trascendencia de su conjugación política, única en su historia como institución gubernamental. Nos referimos al periodo de hegemonía de la llamada Coalición, símbolo indistinto de militancia o claudicación obreril y prefacio del proyecto populista emergente en los años posteriores. Para todos, sin embargo, la colectividad constituye una amalgama delicada de intereses populares y de intereses asociados al capital insertos en el Partido Unión-Republicana, la otra cara de la moneda coalicionista. Lamentablemente es poco lo que se conoce en tomo al ejercicio parlamentarista del grupo político compuesto por el Partido Socialista dirigido por Santiago Iglesias y el Partido Unión-Republicana bajo el liderato estadoísta de Rafael Martínez Nadal. Entre ambos líderes se articula un singular proyecto que pretendía resolver las contradicciones esenciales entre dos entidades que representaban intereses distintos desde el espectro económico y desde la óptica socio-política. De ahí que el examen de la Coalición sea pertinente para entender la vinculación del Senado de Puerto Rico con los complicados movimientos sociales de una época que sin duda alguna fue la década más atribulada del presente siglo. Del análisis surge un desempeño del Senado como espacio catalítico de procesos sociales que caracterizaron la crisis global entre ambas guerras mundiales. Así mismo,- el estudio de la Coalición elude cualquier reduccionismo simplista que se pretenda hacer en función de variables absolutas como la preferencia de status o el referente clasista y nos presenta un comportamiento político con mayores niveles de fluidez. La década del treinta y la participación del Partido Socialista en el gobierno marcó un giro protagónico para la clase obrera del país. Por primera vez, las elecciones daban el triunfo a una colectividad que acogía, aunque de manera compartida, los paradigmas del socialismo puertorriqueño. No obstante, el manejo de la crisis socio-económica, la participación de las organizaciones obreras y la formulación legislativa de los reclamos obreros quedaron mediatizados en un reformismo pro statu quo, en el que los intereses del capital ausentista y sus representantes intermediarios desempeñaron el papel dominante. El propósito general de este trabajo se concentra en el análisis de la legislación social cuajada durante el período de 1932-1940, y destaca la

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compleja actuación del Partido Socialista dentro de la Coalición. Nos proponemos también recalcar la identificación y formulación que hace el discurso parlamentarista de las condiciones de trabajo del pueblo. Abundaremos sobre la instancia política de los trabajadores, entendiendo por ésta su participación en los partidos políticos constituidos. Con este análisis pretendemos auscultar la posición que asumen los legisladores coalicionistas en el Senado que, por vía de su participación gubernamental, inician una era moderada y revisionista de acción social. En esta investigación nos guían varias interrogantes. Entre ellas destacan las siguientes: ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen el cuerpo de la acción legislativa presentada durante estos dos cuatrienios? ¿Qué relación existe entre la acción legislativa y los reclamos de la acción social en esta convulsionada década? ¿Cuán representativo fue el Partido Socialista de los intereses de la clase obrera? ¿En qué medida fortaleció o debilitó la posición obrera como grupo de presión en la sociedad política? ¿Qué repercusiones de política en general tuvo el hecho de que un partido de bases proletarias se coaligara con los representantes de la metrópoli y la burguesía financiera en el país? ¿Qué saldo dejó este ordenamiento político en lo que respecta al Senado y al movimiento obrero de Puerto Rico? Para dar respuestas a estas interrogantes hemos seleccionado los proyectos presentados durante el período 1932-1940 en el Senado de Puerto Rico que conciernen aspectos socioeconómicos de carácter nacional y que afectaron principalmente las condiciones de vida de la mayoría del pueblo. Nos concentramos en los proyectos presentados por el Partido Socialista a través de sus siete senadores, representantes de los seis distritos senatoriales del país. Como puede verse, el partido Socialista ocupaba la mitad de los catorce escaños correspondientes a la Coalición, lo que hacía de esta representación un elemento decisional de peso.

LA COALICION EN EL SENADO: VISION HISTORICA DE UN COMIENZO La gran recesión mundial de los años treinta que se manifestó en todo su dramatismo en el mes de octubre de 1929 repercutió de tal manera en los países periféricos receptores de los problemas metropolitanos que alteró decisivamente su desarrollo socio-político. Un rasgo que debe destacarse como respuesta a las condiciones críticas es el fortalecimiento del Estado y un simultáneo debilitamiento del poder de las clases subordinadas, que buscaron un reacomodo frente a los dramáticos cambios estructurales. Las expresiones políticas en los países latinoamericanos incluyeron tanto dictaduras militares (Argentina, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador), como regímenes populistas (Brasil, Colombia y México).

141 Puerto Rico no fue la excepción a esta norma latinoamericana. Como país agroexportador dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos, el impacto y repercusión socio-política de la crisis generó un panorama de ajustes y realineamientos. Trabajadores asalariados de la caña, artesanos y trabajadores agrícolas así como representantes del capital azucarero tanto nativo como ausentista en la isla, conjuntamente con sectores profesionales de nuevo cuño tomaron posiciones en tomo a la estructuras del poder colonial. Es en función del reacomodo político como secuela a la crisis que nació la Coalición. En su programa de 1932 el Partido Socialista denunció al capitalismo y sus manifestaciones monopolísticas. Propuso la proliferación de escuelas a nivel industrial y académico, combatir el capital ausentista, compensaciones a obreros, sufragio universal, reglamentación del trabajo a domicilio entre otros tantos objetivos, al igual que proyectos que de alguna manera generaron un sólido poder de convocatoria respecto a gran parte de la masa laboral de la época.1 En cuanto al status político del país, el Partido Socialista se declaró enemigo del colonialismo, pero no propuso de manera definitiva una alternativa particular. No obstante, su visión de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico descansaba en la aceptación del vínculo establecido desde 1898.

La influencia de los Estados Unidos en los destinos del pueblo puertorriqueño, ha sido, es y será civilizadora y la extensión de la Constitución Federal de los Estados Unidos a Puerto Rico, representa una positiva garantía de libertades públicas y politicas, conveniente y favorable al goce de los derechos individuales...2

Es importante señalar que el liderato socialista mantuvo siempre una actitud de deferencia hacia los Estados Unidos, lo que dio lugar a un fuerte sentimiento anexionista al interior del pueblo trabajador que aún persiste en nuestros días. Los vínculos del liderato socialista y particularmente de Santiago Iglesias con el legendario Samuel Gompers y los líderes sucesivos de la American Federation of Labor (AFL) ñie crucial para esa deferencia. ...queremos ser americanos y (...) vamos a ser americanos para siempre. Así estamos educando a nuestros hijos en las escuelas bajo la bandera norteamericana y los ideales de libertad y justicia norteamericana. Estamos enseñando, inculcando en el sentimiento y corazón de todo el pueblo, estas ideas y estos principios.3

1 Para un temario mínimo de la legislación socialista ver El Mundo, 15 de agosto de 1932. 2 Ibid. 3 Ibid., 6 de marzo de 1931.

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Las simpatías hacia la anexión, o al menos la admiración respecto a los Estados Unidos como habilitador de libertades democráticas proveyó un terreno común con el Partido Unión-Republicana. De hecho, este último propuso, entre otras cosas, la reforma y perfección de las leyes de indemnizaciones a obreros, hogares seguros, jornada legal y otras análogas que se planteaban de manera general el bienestar de los “hermanos campesinos proletarios”.4 Pero sobre todo, lo que entendemos que dio forma a la vinculación política fue el discurso anexionista común a ambos lideratos. En una entrevista el destacado senador socialista, don Antonio Reyes Delgado, aseguraba: coincidíamos republicanos y socialistas en la simpatía por los Estados Unidos. Los socialistas no teníamos una definición sobre el particular, pero siempre hablábamos de la unión permanente del pueblo de Puerto Rico con Estados Unidos. Don Santiago (Iglesias) era muy americanista (sic) y los republicanos eran definitivamente anexionistas.5

No obstante, este hecho generó posteriormente un proceso conflictivo en el Partido Socialista, sobre todo entre la clase trabajadora, que se tradujo en distintas escisiones que experimentó el movimiento obrero en el país. No siempre las decisiones del liderato socialista gozaron del respaldo de la base, e inclusive la misma decisión de coaligarse con los sectores del Partido Unión-Republicana fue muy cuestionada. Prueba de que la Coalición fue aceptada con alguna reserva la constituye uno de los muchos artículos que aparecieron a raíz del triunfo electoral y que arrojaban ciertas dudas sobre la viabilidad del arreglo:

Las coaliciones que sirven para afianzar en el poder los partidos políticos que las forman, constituyen a veces una fuerza negativa que trae consigo la destrucción. El Partido Socialista no estará a la altura de los principios e ideales que mantiene, si ha de coaligarse con cualquier partido que alimente dentro de sí una burguesía por pequeña que ésta sea.6 La posible objeción, sin embargo, perdió peso ante la decisión determinante de la Asamblea del Partido Socialista de unir sus fuerzas políticas con el representante del capital ausentista en función del anexionismo. Finalmente, dentro de la contienda del 1932, intervino un tercer partido, producto de un reacomodo de fuerzas dentro del Partido Unión. El 4 Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños: 1898-1956, 2 volúmenes (Barcelona, M. Pareja, 1959) 11:14-19. 5 Entrevista con el ex-senador Antonio Reyes Delgado realizada por Erick Pérez y César A. Rey, 12 de enero de 1980. 6 El Mundo, 30 de julio de 1932.

143 Partido Liberal tenía en su programa político la reivindicación social que proponía eliminar el capital ausentista y acabar con los latifundios. Sin embargo, este partido aunaba a estos derechos la necesaria independencia para Puerto Rico, dándole así un matiz más progresista frente a la Coalición desde la perspectiva del status. Para los líderes socialistas de aquel momento, sin embargo, la independencia era un retroceso oligárquico. Fue este partido el que constituyó la oposición principal para la Coalición, destacándose la labor proselitista de Luis Muñoz Marín. La Coalición ganó por un estrecho margen de 38,064 votos. Obtuvo el triunfo en todos los distritos senatoriales excepto uno, ganado por el Partido Liberal. Es en este año de 1932 que comienza una nueva etapa al interior del Senado en la que se escenificarán las luchas de reivindicación social frente a una militante e incómoda oposición de los grandes intereses económicos. Puerto Rico era entonces un país con 87% de analfabetos, una prepotente gobernación colonial y un presupuesto con un déficit de más de un millón de dólares.

LA ALTERNATIVA COALICIONISTA: EL SENADO FRENTE AL NUEVO TRATO Aunque las alianzas políticas en Puerto Rico han sido tácticas comunes del quehacer partidista, uno de los elementos de mayor intriga política ha resultado ser la decisión del Partido Socialista de acudir en coalición a las elecciones del 1932. Asombra particularmente el hecho en vista de la fuerza electoral que, de manera consecuente, había mostrado la colectividad socialista en todas las contiendas insulares en las que había participado desde 1917. Por otro lado, la vinculación con los republicanos había sido un tema intermitente desde las elecciones de 1920. Algunas alianzas comenzaron desde la década de los veinte, cuando en distintos momentos los socialistas acudieron en combinación con los republicanos a elecciones municipales. La experiencia previa aunada con la coyuntura política y fortalecida por la necesidad mutua de vencer al unionismo culminó en la triunfante Coalición de los treinta. Son dos los elementos que influyen, desde nuestra perspectiva, en la decisión de vincular fuerzas en una alternativa parlamentarista. Un análisis estrictamente electoral podría señalarnos que la razón inicial que posibilita el acuerdo coalicionista estriba en la base popular sólida del Partido Socialista a principios de la década de los treinta. En segunda instancia, la dirección del Partido Socialista veía en la conexión parlamentaria el único recurso de reivindicación inmediata para las masas trabajadoras. Era, como muchos líderes de entonces señalaron, el momento histórico único para definir una relación favorable para el pueblo trabajador.

144 Ahora bien, ¿qué implicaba entrar en la gestión parlamentaria en función de una alianza a todas luces de fuerzas contrarias en un momento de tanta desestabilización social? La opción del parlamentarismo para partidos socialistas durante esta época significó entrar en alianzas políticas que de manera táctica otorgaban un espacio de fuerza para los movimientos laborales. Hans Kelsen, estudioso del Derecho y el parlamento, refiriéndose a las ventajas del parlamentarismo para los movimientos progresistas del mundo político, señala lo siguiente:

Toda la forma de proceder parlamentaria, apunta a la consecución de un camino intermedio entre los intereses opuestos, de una resultante de las fuerzas sociales, antagónicas (...) a partir de la contraposición de tesis y antítesis de los intereses políticos, que surge en cierto modo una síntesis, que en este caso no puede ser más que un compromiso.7 Es en tomo al proceso de componenda que Kelsen delinea la condición clave para el desarrollo de una alianza partidista. En el caso de la Coalición, la transacción se ubicó en las zonas neurálgicas de lo económico y lo social. Tratándose de partidos que de alguna manera u otra representaban clases antagónicas, la combinación parlamentarista pondría de relieve la capacidad de domesticación de un componente sobre otro. El examen del ejercicio parlamentario no deja lugar a dudas de que el balance fue adverso a los intereses de los trabajadores. La combinación parlamentaria fue favorable a los sectores con hegemonía económica igrupados en tomo al Partido Republicano y que eran en su mayoría Intermediarios del capital ausentista. Estos sectores lograron robustecer su posición política apuntalados por el apoyo popular que les ofreción el Partido Socialista. El reto mayor para el liderato socialista de aquel momento consistió en lograr armonizar una lucha política tradicional de defensa de los intereses de los trabajadores con una alianza con los “patronos” de esos obreros, alianza que había permitido a los socialistas ser partido de gobierno por primera vez. El momento para auscultar la capacidad de maniobra de esta difícil alianza se planteó inmediatamente tras el triunfo en noviembre de 1932. El escenario privilegiado lo constituyó la extensión a la isla de las políticas del Nuevo Trato por la nueva Administración demócrata del presidente Franklin Delano Roosevelt. Cuando John Maynard Keynes planteó su visión dirigista del Estado como opción ante la crisis del capitalismo, jamás hubiera imaginado que llevar a la práctica una política pública cónsona con su filosofía fuera tan tortuosa como resultó ser la extensión de la política novotratista a Puerto

7 Hans Kelsen, Socialismo y estado, (México, Siglo XXI, 1982), 62.

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Rico. El agrio debate con que se inaugura el cuatrienio 1932-1936 en el Senado de Puerto Rico se sostiene en gran medida en la búsqueda del control de la política pública originada en Washington. Dentro del programa global de rehabilitación económica de los Estados Unidos que inicia la presidencia de Roosevelt, Puerto Rico fue adscrito al National Industrial Relief Administration (NIRA), organismo que se encargaría de socorrer la economía de la isla. Los programas extendidos a Puerto Rico eran un intento débil e insuficiente por aliviar la crisis que se amplificaba en la periferia, sobre todo en la economía isleña que dependía directamente de los Estados Unidos. La Puerto Rican Emergency Relief Administration (PRERA) creada en 1933 asumió gran parte de los esfuerzos de alivio, entre los que se destacan programas de infraestructura, repartición de alimentos y, en ocasiones, planeación de nuevas industrias. Los resultados fueron modestos. Se logró beneficiar a un 35 por ciento de la población obrera y sólo en términos de ayuda de emergencia. Esto acarreó protestas que, sumadas a la ola de huelgas por reclamos salariales, generó un estado de descontento que puso a prueba el recién adquirido poder de la Coalición. De acuerdo con un estimado de la prensa de la época había 192,371 familias (con un promedio de seis integrantes) sin empleo en la isla. De éstas, a un año de haber comenzado el programa (1934), sólo 65,000 familias habían recibido alguna ayuda.8 Menos de la mitad de los necesitados fueron beneficiarios del proyecto novotratista. El total asignado por el Congreso de los Estados Unidos a los estados, “territorios y posesiones” para el período 1933-1935 fue de trece mil millones de dólares. De esta cantidad, la participación de Puerto Rico fue de 1.27 por ciento del total. Para el año 1936 el Senado de Puerto Rico calculó que escasamente se había recibido una tercera parte del uno por ciento.9 Ante la inconformidad producida por los exiguos efectos de los programas novotratistas en el país, se creó una comisión de puertorriqueños y norteamericanos para estudiar la posible viabilidad de otro programa de rehabilitación económica: el Plan Chardón. De esta manera se llevó a cabo el primer intento de reestructurar el Programa del Nuevo Trato de Roosevelt, ampliándolo para que respondiera a las necesidades de la realidad puertorriqueña. El plan proponía dar un impulso a la industrialización del país, desarrollando varios sectores como el cemento, la industria licorera, los combustibles para motores y la fibra del rayón. En el sector agrícola, el Plan sugería la rehabilitación de fincas

8 La Democracia, 16 de febrero de 1934. 9 Actas del Senado de Puerto Rico, 11 de febrero de 1936, página 123 (citado en adelante Actas del Senado, fecha y página).

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de café, frutas, tabaco y frutos menores así como la intensificación del programa de granjas, hogares seguros y control de tenencia de tierra en exceso de 500 acres. También sugería la migración de trabajadores puertorriqueños a Cuba, Costa Rica, Santo Domingo, Brasil y Venezuela, con el objeto de facilitar la solución de los graves problemas económicos y sociales de la isla.10 La primera reacción del Partido Socialista respecto a este plan fue de total aceptación. En 1934 Santiago Iglesias declaró:

No hay persona de buenos deseos para Puerto Rico,que después de conocer el Plan Chardón, no esté de acuerdo con que se realicen las obras que él recomienda.11

Como ésta, hubo varias exhortaciones de apoyo por parte de la prensa obrera del país, en las que se calificó al Plan de “génesis” de nuestra vida como pueblo. Sin embargo, la disputa por el control del proyecto no se hizo esperar. La Coalición pretendía crear una corporación semipública para instrumentar dicho plan. El Partido Liberal, por su parte, con fuertes conexiones políticas con la administración Roosevelt, propuso que se creara lo que a la larga se constituyó en la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), creada en 1935 con el propósito de administrar los fondos de rehabilitación.12 El Plan Chardón fue modificado jliminándole sus aspectos más autonomistas e incorporándolo al nuevo frían de la PRRA, en el que su regulación quedó controlada casi completamente por el Partido Liberal. Este hecho originó las luchas más encarnizadas del periodo.

EL SENADO ANTE LA COYUNTURA ECONOMICA Desde los inicios del Nuevo Trato en Puerto Rico el problema del control se planteó con todo dramatismo. Ya en 1933 surgió una propuesta socialista con el endoso republicano en el Senado, que expresaba un deseo de solicitar autonomía parlamentaria en la dirección y administración de los proyectos novotratistas. En la misma se planteaba modificar las bases sobre las que se articulaba la política pública de rehabilitación. El petitorio expresaba el deseo de que: reconozcan a la vida de Puerto Rico el derecho de redactar y preparar sus propios códigos... en relación con la nueva ley (del Nuevo Trato)... por ser 10 El Mundo, 9 de julio de 1934 11 Unión Obrera, 28 de julio de 1934. 12 Juan José Baldrich, Clase, Crisis and State: Origine ofPopulism in Puerto Rico, 19321952 (Tesis doctoral, Yale University, 1981).

147 esto de imperiosa necesidad para el bienestar de Puerto Rico, debido a las condiciones prevalecientes en la estructura económica del país, diferente por todos los conceptos a los Estados Unidos de América. El Senado de Puerto Rico desea hacer constar que de ser extendidos los códigos del continente a Puerto Rico, esto seria desastrosa y definitiva bancarrota, creando en la isla una situación económica insostenible.13

Lo cierto es que la reglamentación de códigos industriales, fundamental en el Programa del Nuevo Trato, planteaba un alza en los costos de la economía básica y restringía el mercado de trabajo local, agravando de esta manera una economía de por sí endeble. La misma propuesta socialista, sin embargo, parecía ser una respuesta ante la imposibilidad del gobierno coalicionista de poder estructurar un planteamiento económico que le permitiera a ambos partidos impulsar su proyecto independientemente de los intereses metropolitanos. Como vemos, el Senado coalicionista confrontaba un primer problema de poder y tal vez la única salida para ellos la constituyó la opción de unas corporaciones semi-públicas que administraran los fondos y la red de patronazgo que generaba el Nuevo Trato. En este sentido, el Senado fue escenario de varios proyectos que se encargaban de solicitar préstamos al programa novotratista. La prioridad de los proyectos novotratistas se canalizó en el fortalecimiento de la infraestructura del país como, por ejemplo, la construcción de caminos municipales y un sistema de acueductos en la isla. Finalmente, dentro del grupo de proyectos legislativos generales referentes al Nuevo Trato, se destacaron los relativos a la protección y promoción de nuevas industrias en la isla a través de la exención contributiva por los primeros diez años de funcionamiento. Los proyectos en cuestión abogaban por el establecimiento de nuevas industrias, para de esa manera estimular la creación de empleos y estimular la infraestructura del país. No obstante, estas iniciativas estuvieron plagadas por el mismo problema de control del presupuesto y el patronazgo.14 La ERRA recibió cerca de 72 millones de dólares entre 1935 y 1941, año de su desaparición.15 Sin embargo, como demuestra Thomas Mathews en su libro, la PRRA fue desgastándose y consumiéndose dentro de la ineficacia de los últimos años del treinta:

13 Actas del Senado, 11 de agosto de 1933,1207. Para el resto del debate ver también páginas 1228, 1240, 1241,1275,1293,1296 y 1332. 14 Ibid., P del S 124,11 de marzo de 1936,222; PdelS 3,11 de febrero de 1936,16;PdelS39, 12 de febrero de 1935. 15 Harvey S. Perloff, Puerto Rico’s EconomicFuture, (Chicago, University Press, 1950), 31.

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Cerca de un 63% (del presupuesto del organismo) se invirtió en mano de obra o servicios personales. Se calculó que de esta cantidad, ochenta centavos de cada dólar en salarios regresó a los Estados Unidos en su tercera vuelta mercantil. Finalmente, un 35% del total concedido a la PRRA se invirtió en tierras o en mejoras a la tierra.18 Tal vez quien mejor describió la situación del Nuevo Trato en Puerto Rico fue el propio Rexford Guy Tugwell, subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos y futuro gobernador de la isla, cuando señaló:

Esto es lo que el colonialismo hizo; distorsionó todos los procesos ordinarios de la mente puertorriqueña, hizo mendigos de los hombres honestos..., antiamericanos de aquellos que deberían trabajar con nosotros... Así, pues, la colonia vendía su materia prima en un mercado barato (en Estados Unidos) y compraba sus alimentos y productos industrializados en el mercado más caro... la ayuda de rehabilitación fue algo que el Congreso hizo a Puerto Rico rogar, fuerte y de la manera más desesperada, al punto de resultarle exageradamente humillante para el pueblo puertorriqueño...17

RESPUESTA LEGISLATIVA A LOS PROYECTOS NOVOTRATISTAS La realidad política coalicionista se confrontó con la inevitable contradicción de intereses que suponía el coaligar obreros y patronos en un mismo sector político y legislar para ambos mundos. Si bien es cierto que la raison d’etre de recurrir al proceso parlamentario era una decisión que pretendía viabilizar un proyecto social, no es menos cierto que la alianza tuvo un costo político muy alto. No tardó mucho en que se modificaran los acuerdos del liderato con la base del partido y se suscitara la serie de desfases que inactivó a la Coalición durante su segundo cuatrienio. Buscar y entender las razones de estos desfases está íntimamente ligado a dos elementos coyunturales para el Senado. Por un lado, un recuento del desempeño senatorial durante el cuatrienio 1932-1936 relativo a las condiciones de los sectores populares del país revela un proceso de mediatización por parte del sector intermediario del capital ausentista. Por el otro, el consenso político-legislativo resultó uno bastante endeble, lo que propició que la masa obrera buscara alternativas y emprendiera luchas paralelas al sindicalismo oficialista y pro-gubernamental. De esto

16 Thomas Mathews, La política puertorriqueña y el Nuevo Trato, (Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1977), 317. 17 José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, 4 volúmenes (Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1980-83), 11:203.

149 da cuenta la aparición de movimientos disidentes político-sindicales como Afirmación Socialista. A pesar de la discutible base política sobre la que se asentaba su ejercicio, la Coalición intentó legislar con el propósito de crear una infraestructura social y económica que respondiera a la crisis sin desentonar con los programas federales del Nuevo Trato. Es rescatable mucha de la legislación social presentada en el primer cuatrienio. Dos renglones podrían ilustrar lo que estoy arguyendo; éstos son el agro y la vivienda. En tomo a ambos asuntos se presentaron varios proyectos que proponían crear granjas y cooperativas agrícolas así como la división de solares y la construcción de casas para proporcionar vivienda a los trabajadores. La falta de apoyo por parte del Partido Unión-Republicana provocó que parte de las propuestas socialistas no se convirtieran en ley. Respecto al establecimiento de las granjas agrícolas, éstas fueron ideadas para impulsar la producción de los frutos menores en el país y utilizar con mayor eficiencia el terreno no destinado a la producción del azúcar y el tabaco. Su intención era buscar una salida al desplazamiento del trabajador agrícola tanto de la caña como del tabaco. A tales efectos, el Senado impulsó a través de tres proyectos de leyes el establecimiento y desarrollo de cooperativas agrícolas y granjas experimentales.18 La legislación de granjas y cooperativas, sin embargo, eludía los problemas básicos sobre tenencia de tierras que agobiaban al país. Eran una especie de remedio o atenuante ante el reclamo de las masas campesinas, pero igualmente una admisión de los límites del poder legislativo puertorriqueño para orientar un desarrollo autónomo para el país. Además, una legislación de tal naturaleza no confligía con los entendimientos existentes con los republicanos. No obstante, los planteamientos del Plan Chardón y las propuestas anti-latifundistas del Partido Liberal obligaron al Partido Socialista a asumir el problema de la tierra de manera más frontal. Para el primer cuatrienio del treinta, los socialistas sometieron a la consideración parlamentaria la vigorización y actualización de la cláusula de los Quinientos Acres, que desde 1900 estaba promulgada a través de la Ley Foraker y que prohibía la posesión y control de tierras en exceso de 500 acres por parte de una corporación. Los socialistas presentaron siete proyectos y resoluciones en los que se perseguía eliminar las ambigüedades de la ley que impedían su cumplimiento. En febrero de 1935 se le añadió al texto original de la ley lo siguiente:

18 Actas del Senado, P.C. del Senado 24,22 de marzo de 1935,585; P del S 231,5 de abril de 1935, 819; R.C. del Senado 15,12 de febrero de 1935,27.

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(la condena por igual a toda) persona o entidad natural ojurídica, ya fuere individuo, compañía, sociedad, o corporación o de cualquier otra denominación...19 Con esto se perseguía eliminar cualquier imprecisión que permitiera una salida jurídica al infractor de la misma. Así fue aprobada por el Senado en pleno y presentada ante el Congreso de los Estados Unidos. También se propuso a través de dos proyectos socialistas obtener el permiso de los Estados Unidos para poder imponer una “contribución progresiva sobre las tierras en exceso de las 500 acres y para imponer una contribución adicional sobre los bienes inmuebles poseídos ó explotados para beneficios de personas no residentes en Puerto Rico”.20 Este proyecto fue aprobado, pero no existe evidencia de que se haya llevado a la práctica. Los socialistas propusieron, además, la creación de un Consejo Ejecutivo de Puerto Rico que se encargaría de conceder los títulos de dominio de bienes, para de alguna manera controlar los latifundios y poder administrar las tierras expropiadas.21 Todas estas medidas resultaron ser iniciativas progresistas que se acreditan al programa socialista pero que no se llevaron a cabo o se llevaron a cabo de forma limitada. La razón principal fue una fuerte oposición de facto, de los representantes de los intereses azucareros, muchos de los cuales eran legisladores de la Unión Republicana. Otros eran votados en contra, o simplemente quedaban pendientes de aprobación por parte de alguna comisión. Es importante señalar que hubo proyectos del Partido Liberal, específicamente presentados por el entonces senador Luis Muñoz Marín, que intentaron reglamentar la fuerza de los latifundios ausentistas sin necesariamente tocar la cláusula de los quinientos acres. Una de las medidas sugería la compra, por parte del gobierno, de la United Porto Rico Sugar Company, que se había declarado en bancarrota; otra proponía la nulidad del registro de corporaciones con propiedades de más de 500 acres. Respecto a ambas propuestas hubo divisiones dentro del campo socialista. La posición oficial de la Coalición fue que no era la manera más efectiva de acabar con el latifundismo, y obstaculizó la compra de las tierras de la United por parte del gobierno. Pero el problema del latifundio ausentista no podía soslayarse. La realidad es que las limitaciones coloniales y la resistencia de los grandes intereses aplastaron toda iniciativa que pudiera ponerle fin a lo que la opinión pública del momento calificó del enemigo más grande, el capital ausentista.

19 Ibid., P del S 3,13 de febrero de 1935,34. 20 Ibid., 8 de julio de 1935,1386. 21 Ibid., P del S 109,3 de marzo de 1936,144.

151 LA CRISIS DEL CONSENSO SOCIO-POLITICO DE LA DECADA

Fue nuestra voz y nuestro voto de Senador coalicionista asqueados ya de tanta podredumbre y tanto descrédito, los que se levantaron en todo momento para enfrentarse a sus propios compañeros socialistas y republicanos, haciendo derrotar leyes que no eran otra cosa que atropellos injustos contra los obreros y campesinos y contra instituciones honorables y defendiendo leyes que favorecían a las masas trabajadoras.22

Legislación social y la Coalición Durante los dos cuatrienios de la década de los treinta la legislación social constituyó el cuerpo de trabajo más relevante del Senado. Figuró de manera importante el grupo de proyectos para crear un “Fondo de Seguro del Estado” y una Comisión Industrial. Por medio de estos dos organismos se pretendía que el gobierno se encargara de asegurar a los obreros de las ramas productivas más importantes del país. El endoso unánime socialista a este grupo de proyectos certificó la creación de ambos organismos. Tanto la creación del Fondo del Seguro del Estado como la Comisión Industrial representaban un logro en el avance del reconocimiento de la necesidad de asegurar el bienestar de la clase trabajadora. No obstante, la poca precisión de las estipulaciones parlamentarias llevaron a algunos senadores socialistas a afirmar que:

...votamos esta ley por entender que ella es un ensayo que nos permitirá durante corto plazo de trabajo y tiempo, conocer nuevos procedimientos, adoptar nuevas reglas para prepararnos y hacer una ley que en el futuro esté más en consonancia con la justicia que merecen los trabajadores puertorriqueños.23 Gran parte del liderato socialista se daba cuenta de que la manera como estaban redactadas estas leyes podía dar lugar a manipulaciones por los grandes intereses. Para finales de la década se legisla para crear un organismo que se encargara de desarrollar medidas protectoras del desempleo. Así, por ejemplo, se legisló para “garantizar a obreros y empleados los beneficios de las compensaciones sociales (...) en caso de cesantía sin previo aviso ni causa justificada”.24 Esta propuesta articulada al inicio del segundo

22 Epifanio Fiz Jiménez, El racket del Capitolio (San Juan, Editorial Esther, 1944), 42. 23 Comentario del caucus socialista al P del S 10. Actas del Senado (1933) 1159. 24 Ibid., P del S 35,18 de marzo de 1937, 312.

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cuatrienio constituía un avance en materia de legislación social, en tanto establecía unos mecanismos para intervenir en cuestiones de agravio personal. No obstante, lo más relevante en cuanto a proyectos se refiere, lo constituye la creación de un “Fondo de Seguro para el Desempleo”.25 Son varios los proyectos que se presentaron para la formulación final del organismo, entre los que se destaca una legislación:

Para alivio y ayuda de los trabajadores desempleados; para establecer un fondo de seguro contra el desempleo; para tales fines, crear una comisión legislativa y designar un actuario que haga un estudio para asignarles fondos indicados...28 La organización e instrumentalización de estos organismos para la protección de los desempleados adoleció de una falta de vitalismo y combatividad. Por tal razón el desempleo en esta década no fue tan siquiera subsidiado. De hecho, el único paliativo a tal efecto lo constituyó la porción de trabajo temporal ofrecido por la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), que a fin de cuentas fue limitada. En 1935 se aprobó la ley número 45, en la que se estipulaba la protección de los trabajadores contra accidentes. En los años subsiguientes esta ley no sufrió alteraciones, como tampoco se implantó ningún tipo de legislación alterna o complementaria. En este sentido solamente se promovieron pagos atrasados a herederos de obreros muertos27 y otra pieza legislativa dirigida a asegurar el bienestar de aquellas madres viudas insolventes cuyos esposos hubiesen muerto como consecuencia de su trabajo.28 Lamentablemente, la legislación se descuidó mucho y realmente no se alcanzó nada después la aprobación de la referida ley en 1935. Gran parte de las reclamaciones quedaron en los tribunales, pendientes de las deliberaciones de un jurado. Un repaso de la legislación en este renglón evidencia una carencia de articulación que pudiera satisfacer los reclamos mínimos en torno a las compensaciones a obreros. El desinterés y parte de la claudicación del liderato socialista llegó hasta los curules legislativos, marginando así una de las grandes causas de la reivindicación social. De los proyectos que le corresponden al Partido Socialista en el bloque senatorial coalicionista uno de los más importantes fue el llamado “Regulación del trabajo de los hombres en la agricultura y factorías azucareras”.29 El proyecto proponía regular el trabajo en el cultivo de la 28 Ibid., P del S 44,11 de febrero de 1937,25; P del S 84,18 de febrero de 1938,31; P del S 492,25 de marzo de 1938,408. 26 Ibid., P del S 381, 23 de marzo de 1938,345. 27 Ibid., P del S197,10 de marzo de 1937,189; B.C. del Senado 79,11 de febrero de 1937, 142. 28 Ibid., P del S 37,11 de febrero de 1936, 24-25. 29 Ibid., P del S 68,14 de febrero de 1936,33.

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caña de azúcar a 48 horas semanales. A causa de la oposición UniónRepublicana se eliminó la cláusula que eliminaba las horas máximas y se dejó a discreción del patrón. En esta propuesta se volvió a imponer el criterio de los intereses coaligados. Un senador republicano y a la vez propietario de una de las centrales más importantes de la industria, Pedro Juan Serrallés, explica su voto afirmativo alegando: he votado a favor del proyecto porque se eliminó la cláusula que elimina (sic) a 48 horas semanales el trabajo de los obreros de Puerto Rico. Con dicha cláusula se limita la capacidad productiva del obrero a menos de lo que pueda ganar trabajando semanalmente ocho horas diarias en una industria que desgraciadamente en Puerto Rico no puede trabajar más de seis meses al año.3u Durante el período de 1932-1940 se presentaron otros proyectos relacionados con la estructura salarial. Entre otros, destaca el que establecía algunas estipulaciones legales que permitieran al trabajador entablar demandas civiles por incumplimiento de contratos. No obstante, la gran mayoría de los proyectos que intervenían en la potestad de reglamentar salarios se toparon con la oposición de los republicanos y terminaron por ser modificados o engavetados. Los conflictos sociales y el Senado La década de los treinta se caracterizó por la ebullición laboral como consecuencia de la crisis económica. Las contradicciones entre capital y el trabajo desembocaron en grandes oleadas huelguísticas que afectaron casi todos los renglones productivos del país. En términos generales las leyes referentes a los conflictos laborales datan de 1900, cuando se reconoce el derecho a lahuelga. Más adelante, en 1917, se estipuló que los patronos tendrían que acatar sus deberes y responsabilidades para llegar a un acuerdo con los trabajadores. De esta manera se empieza a conformar una relación jurídica en el campo obreropatronal. Silvia Sigal y Juan Carlos Torre, en su estudio sobre los movimientos laborales en América Latina, presentan unas reflexiones sobre la condición de la huelga que apoyan nuestra posición respecto al gobierno coalicionista y la condición del poder político que ejerce la masa obrera durante la década del treinta en Puerto Rico:

Destinadas a ejercer presión sobre el Estado, las huelgas estallan con mayor frecuencia cuando existen condiciones políticas favorables a la acción sindical. Lo que ocurre cuando la estabilidad de la fórmula del poder existente depende, en gran medida, del apoyo popular.31 30 Ibid., 19 de marzo de 1936, 330-331. 81 Silvia Sigal y Juan Carlos Torre, “Una reflexión en tomo a los movimientos laborales en América Latina”, en José L. Reyna (editor), Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina, (México, Colegio de México, 1979), 141-142.

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En gran medida, el poder senatorial coalicionista dependía sustancialmente del apoyo electoral socialista para mantener su poder. Por ende, se esperaría que un gobierno que depende de ese apoyo intentaría ser más sensible a la razón laboral. El primer proyecto al que nos referiremos relacionado con conflictos laborales tiene que ver con una huelga en una fábrica de botones en donde, por iniciativa socialista, se pedía poner fin al conflicto de varios días. A causa de la represión policíaca, el presidente del comité huelgario había resultado gravemente herido. En el Senado se propuso una revisión de los contratos de los trabajadores y buscar un acuerdo a través de la Junta del Trabajo. Otro proyecto de índole laboral hacía referencia al conflicto huelgario de la zona cañera en el norte del país. En éste se le pedía a los huelguistas el entendimiento con los patronos para evitar la intervención de la Policía en el conflicto. La moción senatorial señalaba: El Senado confia en que los trabajadores en huelga no realizarán acto alguno que exija la intervención de la fuerza del orden público, pero si la dirección de esta fuerza se creyere justificada en intervenir a consecuencia del movimiento huelgario se espera sea tratado con cortesía.32

En más de una ocasión se legisló para “evitar y ayudar a arreglar las huelgas y las paralizaciones del trabajo”.33 Con esto se perseguía aplacar el desánimo obrero que parecía expandirse dentro de las filas trabajadoras. Documentos generados por los socialistas y por los republicanos expresaban a menudo el deseo de imponer la “paz industrial” como solución al caos socio-económico de entonces. Se buscaba un entendimiento entre obreros y patronos, en el que se exigía del sector laboral el evitar las huelgas y “demandas injustificadas”. Fue sobre este punto, específicamente, que surgieron discrepancias y disidencias dentro de las filas socialistas. El sector dirigente actuó como una aristocracia obrera, abandonando su programa político que databa de principios de siglo y se caracterizaba por su defensa a ultranza del derecho a la huelga.

Legislación referente al trabajo a domicilio y ala mujer Durante la década de los treinta Puerto Rico constituyó uno de los centros de trabajo de más importancia para la industria textil de los Estados Unidos. Esta industria, cuya principal fuerza trabajadora era

32 Moción presentada por el senador Antonio Reyes Delgado, 1934. Entrevista realizada por Erick Pérez y César Rey, 12 de enero de 1980. 33 Actas del Senado, P del S101,20 de febrero de 1935,92; P del S133,1 de marzo de 1935, 183.

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155 femenina, se desarrolló especialmente a domicilio y luego se estableció en talleres. Aunque en menor proporción, durante este período se mantuvo la industria tabaquera, sobre todo en su fase artesanal, que fue mayoritariamente a domicilio. Así pues, el trabajo a domicilio fue puntal de ganancias y por supuesto de abusos y opresión. En un estudio realizado durante los años veinte34 se fijó en 50,000 el número de mujeres y niños que dependían del trabajo a domicilio. Estos trabajaban un promedio de 48 a 60 horas, lo que les significaba de dos a cuatro dólares de ganancia, sueldo de miseria para subsistir. A pesar de que el trabajo a domicilio35 fue fuente de expansión del capital en Puerto Rico durante las primeras cuatro décadas del presente siglo, fue muy poco lo que se logró legislar durante los dos cuatrienios coalicionistas. Tan sólo fueron presentados dos proyectos socialistas que estipulaban la prohibición de la elaboración y almacenamiento del tabaco en el domicilio, y del alojamiento de trabajadores en almacenes de mercancías. Estas, que eran prácticas comunes en esos días, atentaban contra la salubridad de las trabajadoras. Las leyes fueron aprobadas, pero como tantas otras piezas legislativas, no fueron acatadas por los patronos en búsqueda de ganancias significativas en medio de tiempos recesionarios. Con respecto a legislación propiamente para la mujer, se aprobó la promulgación de una junta de pensiones a madres viudas indigentes y un salario mínimo. Esto, aunque representó un avance legislativo, no tuvo ningún impacto en términos reales. Los salarios de las mujeres siguieron por debajo de los salarios de miseria del hombre, persistiendo así la desigualdad salarial por condición de género. Cuando nuestra legislatura aprobó la ley fijando el salario mínimo en un dólar por cada ocho horas de trabajo, abordó el problema en su aspecto más radical,... pero las cortes de justicia destruyeron su principio fundamental declarando inconstitucional el precepto y decidiendo velar por la libre contratación, como derecho inalienable (lo cual) dejó a las mujeres y a los niños a la merced de la hora que los envuelve.36 En el grupo de legislaciones referentes a la mujer y a los trabajadores en general, uno de los proyectos de mayor importancia en todo el cuatrienio fue el referente al sufragio universal.37 Este constituyó un acercamiento de

34 Andrés Rodríguez Vera, Agrarismo por dentro y trabajo a domicilio, (San Juan, s.e., 1929), 133. Ver también Caroline Manning, The Employment of Women in Puerto Rico, (Washington, Government Printing Office, 1934). 35 Luisa Hernández Angueira, Auge y decadencia de la industria de la aguja en Puerto Rico: 1914-1940, (Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983). 36 Rodríguez Vera, Agrarismo, 144. 37 Actas del Senado, P del S 175, 21 de marzo de 1934, 305.

156 carácter democrático y de incuestionable validez. El proyecto fue presentado originalmente por el senador socialista Bolívar Pagán en 1934 y aprobado después de amplia discusión al año siguiente.38 Con esta ley las mujeres quedaron incorporadas al proceso electoral, abriéndose una nueva etapa en la historia política del país. En resumen, podemos reiterar que los intentos del liderato socialista de reivindicación para con los trabajadores fueron en su mayoría detenidos o modificados por el bloque republicano. El Senado se convirtió en un terreno de efervescencia debido al intenso y fragmentado proyecto que la Coalición intentaba gestar. La clase obrera se encontró desprotegida y marginada de un poder legislativo que no respondía directamente a sus exigencias. El liderato socialista asumió posiciones reformistas que en ocasiones tuvieron consecuencias perjudiciales para los mismos trabajadores.

Disidencia obrera y reacción política

La acción descrita y su efecto en la base de la población trabajadora desembocó en varias estrategias de índole política. Desde el momento en que se constituyó la Coalición, hubo disidencia por parte de algunas facciones dentro del Partido Socialista. El debate se desarrolló en tomo a la idea de aliarse al tradicional enemigo de los trabajadores y a su vez a un partido que defendía abiertamente la anexión de la isla a los Estados | Jnidos de Norteamérica. La negativa de algunos sectores a cooperar con ;sta idea del liderato socialista tomó proporciones serias, al punto de que en su asamblea del año de 1932 el cuarenta por ciento de los delegados votó en contra de la resolución coalicionista.39 Aún así, la dirección del partido logró concretar la idea de la coalición. No obstante, hubo varios grupos a través de la isla que optaron por no respaldarla y presentar sus candidatos independientes. Esta medida no tuvo mayor repercusión, pues la Coalición triunfó en las elecciones de 1932. En un periódico de ideas liberales de la época se comentaba: “el pacto electoral con la más reaccionaria de las fuerzas políticas del país, marcó la frente del Partido Socialista con el sello de una muerte lenta, pero segura”.40 Tanto en sus llamados a la paz industrial, como en sus claudicaciones parlamentaristas, los legisladores socialistas profundizaron el abismo de una crisis. Esta crisis manifestó una doble fase. Por un lado el descontento

38 Ibid., P del S 51,12 de febrero de 1935,21. 89 Blanca G. Silvestrini, Los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista; 19321940, (Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1978), 30. 40 M. Rivera Colón, “La bancarrota del socialismo boricua”, La Democracia, 5 de mayo de 1934.

157 con el liderato del Partido Socialista; y en segundo lugar, la desconfianza que despertaron en los trabajadores las acciones en ocasiones antiobreras de la Federación Libre de Trabajadores, su brazo sindical. El punto nodal del descontento se agudizó e incrementó con la huelga cañera de 1934, conflicto que significó un momento de dramática importancia para la vida social y política del país. Ante la incapacidad del Partido Socialista y de la Federación Libre de Trabajadores (FLT) de defender los intereses de los trabajadores, éstos optaron por otras alternativas políticas que en ese momento manifestaron alguna relevancia nacional. Aunque el desenlace de la huelga no constituyó un triunfo para los trabajadores, el acontecer político se revistió de nuevas conformaciones ideológicas y organizativas que pusieron en entredicho la postura del liderato socialista. Una de estas fuerzas la constituyó el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Este pretendió ser oposición para el Partido Socialista e incursionó en varios conflictos de la época pero nunca logró darle cohesión a un proyecto que fuera lo suficientemente atractivo como convocatoria al movimiento obrero de la década. Dentro de este contexto surgió un nuevo movimiento que se apartaba del liderato socialista y federacionista (FLT) oficial. De esta manera nació Afirmación Socialista que, aunque sobrevivió únicamente dos años, en su momento constituyó una alternativa para la clase trabajadora del país. Este organismo recogió el sentir de una facción de los militantes socialistas del momento, la que formuló cargos contra los dirigientes del Partido. Su principal acusación se basaba en el carácter absolutista de Rafael Alonso Torres, líder de la FLT, representante ante las cámaras legislativas y líder prominente del Partido Socialista. A su vez, la protesta se elevaba a acusaciones de incapacidad del liderato socialista, deslealtad y negligencia hacia los obreros. 41 En su programa, Afirmación Socialista reiteraba su compromiso “con la lucha de clases, el anticolonialismo, pues todo tipo de vasallaje aspira a la liberación”.42 Planteaba de esta manera su deseo de que Puerto Rico fuera independiente dado que “el colonialismo es algo que rechaza al socialismo”.43 Así, Afirmación Socialista logró conjugar algo que el Partido Socialista no había querido postular: la independencia y el socialismo. Esto realmente agregó un elemento innovador en la lucha social y política del país. Este grupo fue el único en este período que logró sintetizar y señalar las incursiones erróneas de la aristocracia obrera en el poder.

41 Unión Obrera, 10 de enero de 1934. 42 Ibid., 30 de enero de 1934. 43 Opinión y sentencia, Comité Insular de Afirmación Socialista, 1 de marzo de 1934.

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A poco llegáronse a alcanzar posiciones de gobierno y se tocaron los efectos de esa paradisíaca vida de la burocracia creadora del placer, el lujo... alternando entre la gente de buen tono y el refinamiento, el viejo ideal quedó apagado en las conciencias de esos hombres, y el clamor popular fue ahogado por los sicarios y mercantiles puestos al servicio del capitalismo avaro y sin conciencia...44 De esta manera gran parte del pueblo trabajador socialista ponía en entredicho las alianzas con el capital norteamericano en el país, revelaba el fracaso parlamentario y se recrudecía la tensión entre el capital y el trabajo. Manifestaba entonces un trabajador puertorriqueño: Nosotros aguardamos pacientemente y seguiremos aguardando hasta que todos se convenzan del error en que están, al mantener coaliciones con partidos mantenedores del status quo y que sus directores en más de una ocasión se mostraron enemigos del trabajo...45 El distanciamiento entre el liderato parlamentario socialista y los intereses de los trabajadores se manifestó de manera evidente en la huelga portuaria de 1938, que surge a raíz de un desacuerdo contractual en tomo a salarios.46 El mismo Departamento del Trabajo reconoció que el impacto de la huelga portuaria rebasó por mucho todas las huelgas anteriores de la década, incluso las del azúcar. Es preciso destacar que en una isla una huelga de esta índole afectaba todas las ramas, tanto productivas como de comercio, lo que representaba un golpe mortal para la economía isleña. El gobierno respondió con una exhortación a los trabajadores para que finalizaran la huelga dando su apoyo al gobernador Winship, “hombre récord... en lo que respecta a legislación social”.47 El senador Bolívar Pagán presentó en ese mismo año un proyecto en el que exhortaba a disminuir las causas de las disputas obreras que abrumaban y entorpecían el trabajo, el comercio y la industria, y que se le diera paso a una Junta Insular de Relaciones del Trabajo.48 En ánimo parecido adelantó otro proyecto —que no difería gran cosa del proyecto del líder socialista— el presidente del Partido UniónRepublicana, “para evitar y ayudar a arreglar las huelgas y paralizacines de trabajo”.49

44 Unión Obrera, 21 de agosto de 1934. 45 Ibid., 15 de noviembre de 1934. 46 Gervasio L. García y Angel Quintero Rivera, Desafío y solidaridad: breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1982) 112-113. 41 Silvestrini, Los trabajadores, 109. 48 Actas del Senado, P del S 3,15 de febrero de 1938,21. 49 Ibid., P del 8 161,3 de marzo de 1938, 94.

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Por su parte, los trabajadores portuarios desoyeron al gobierno e inclusive a los líderes de su propia unión —la Unión de Trabajadores de Muelles, afiliada a la FLT—; buscaron una alianza con el Congress of Industrial Organizations (CIO) a través de la National Maritime Union, y alcanzaron sus propósitos. El desenlace de la huelga portuaria estableció las bases para futuras confrontaciones y para la eventual reorganización del movimiento. Ante tal desenlace, el senador socialista Moisés Echevarría presentó una moción condenatoria, en la que fustigó “con todo el calor de la manera más acre, el procedimiento injusto y desconsiderado puesto en práctica por comerciantes inescrupulosos y huelgarios”.60 Con esta huelga se iniciaba la participación de la CIO en el campo laboral isleño y, contando con la solidaridad de sus uniones afiliadas, se precipitó su triunfo. Esto marcó un progresivo desarrollo de afiliación a la CIO y por ende de abandono de la FLT en Puerto Rico. Empieza así a desarrollarse la afiliación tradicional gremialista propia de la American Federation of Labor. Igualmente con esta disidencia comenzó un reagrupamiento político que provocaría el fin de la Coalición como fuerza política dominante.

60 Ibid., 14 de febrero de 1938,11.

La incorporación del discurso del otro: La confrontación de Géigel Polanco y Padrón Rivera en el Senado de Puerto Rico en marzo de 1941

Fernando Picó

Agradezco a José R. Colón Fuertes su ayuda en la investigación sobre este periodo.

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En los setenta y cinco años de la existencia del Senado de Puerto Rico, una y otra vez se han dado momentos crispados de tensión que han marcado la integración en el cuerpo de personalidades de la vida política del país elegidas en la cresta de algún movimiento reivindicativo. Apenas apagada la efervescencia de la campaña electoral y los aplausos bullangueros de la victoria, el nuevo senador llega al aula del Senado y se enfrenta a la difícil tarea de lograr la aceptación y el respeto de sus pares de mayor antigüedad en el organismo legislativo. Lograr esa aceptación es una manera de legitimar el propio discurso político en el ámbito nacional. Es por eso que los esfuerzos periódicos por alcanzar esa aceptación son tan interesantes. Aunque en el primer Senado, el de 1917, todos los integrantes eran senadores nuevos, la mayoría de ellos había ocupado otros cargos públicos, ya fuera en el disuelto Consejo Ejecutivo, como José Celso Barbosa, o en la Cámara de Representantes, como el primer presidente del Senado, Antonio R. Barceló. Pero la excepción más notable la constituía el primer senador socialista. La campaña había sido fuerte y difícil.1 El Partido Socialista luchaba por obtener reconocimiento como fuerza electoral, receloso de que se le escamoteara el triunfo en aquellos municipios donde reclamaba haber ganado las alcaldías. El movimiento obrero socialista,2 atizado por alzas en el costo de vida vinculadas a la guerra en Europa, y exultante por el triunfo de la todavía mal conocida revolución socialista en Rusia, escalaba el alcance de sus reivindicaciones. En esas circunstancias la incorporación de Santiago Iglesias Pantín fue particularmente difícil.3 Elegido por acumulación como porta-

1 Ver Gonzalo Córdova, Santiago Iglesias: Creador del movimiento obrero de Puerto Rico (Rio Piedras, Editorial Universitaria, 1980), 80. 2 Ver Gervasio L. García y Angel G. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad: Breve historia del movimiento obrero puertorriqueño (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1982), 64 y 92; Arturo Bird Carmona, “La huelga agrícola de 1915 y la fundación del Partido Socialista” (Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, 1986). 3 Ver Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños (1898-1956), 2a. impresión; (Barcelona, Talleres de Artes Gráficas de Manuel Pareja, 1972), 1:185; Traman R. Clark, Puerto Rico and the United States 1917-1933 (Pittsburgh, Üniversity of Pittsburgh Press, 1975), 29.

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estandarte del Partido Socialista, tuvo que sostener una dura lucha para que se le reconociera su margen de victoria sobre el veterano republicano fajardeño Santiago Veve Calzada, quien inicialmente había sido certificado y juramentado como senador. Los encuentros verbales con sus pares en la primera sesión fueron acres. Pero ya para el cierre de la primera sesión era evidente que Santiago Iglesias se había creado su propio espacio en el Senado y había alcanzado el respeto de sus compañeros senadores. Es interesante leer las expresiones de Iglesias y de Barceló al final de la primera sesión y ver en ellas la inauguración de un rito de aceptación, inconscientemente transferido de una generación política a la próxima. La civilidad de las palabras no oculta las hondas diferencias, pero anticipa la eventual convergencia de los discursos políticos, sino ya de Barceló, al menos de varios de los senadores entonces presentes. Así se expresa Santiago Iglesias el 26 de noviembre de 1917: Señor Presidente: Sería una falta deleznable por parte del que habla, después de oír las manifestaciones hechas aquí por el señor Tous Soto, al enumerar la labor más importante de la Legislatura, y después de las del señor Barbosa, no demostrar un hecho que es el más cierto en la vida humana. He aquí un momento en que los hombres más apasionados de los dos partidos políticos, los leaders de las dos colectividades que hasta ahora se han disputado la supremacía, se unen para esbozar la buena labor aquí realizada durante la Legislatura... El que habla es el más ambicioso, el más exagerado, el más intransigente, o al menos, el que aparece serlo; pero es porque tenemos señalado en el Partido Socialista un punto al que también quieren ir los unionistas y los republicanos... El reconocimiento que solidariamente se ha hecho de las necesidades, de todas las necesidades populares, no sólo en las leyes enumeradas por el señor Tous Soto, sino en las que se han dejado de pasar y las que se han quedado sobre la mesa, demuestra que esta Legislatura está bajo una influencia distinta a la en que siempre trabajó [sic] ...4

A lo cual Antonio Barceló responde: ...comprendíamos la necesidad y la justicia de que llegase al Senado un representante de esas clases, que aunque siempre han sido atendidos [sic] en la Legislatura por los dos partidos históricos no lo estaban en verdad tan especialmente como ahora. Al llegar al Senado, el leader Socialista traía la fogosidad de la tribuna roja, traía sus nerviosidades, traía sus ímpetus revolucionarios, y hubo necesidad de decirle: ‘Contráete, serénate, piensa; mira que los que estamos aquí no somos contrarios a tus propósitos de regeneración social; mira que no procedemos de las feudales familias aristocráticas; que no

4 Actas del Senado de Puerto Rico: Novena Asamblea Legislativa, Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1918), 836-837.

165 venimos trayendo blasones históricos; que somos hombres del montón, nacidos en la democracia, en el dolor y en el sufrimiento del pueblo, y sentimos, como los que más, la necesidad de remediar todos sus dolores, todos sus sufrimientos y todas sus necesidades. En buena hora que esté sentado entre nosotros el representante del Partido Socialista de Puerto Rico; en buena hora que él haya venido aquí con sus radicalismos a poner en tensión nuestras mentes, en ejercicio nuestros espíritus, ayudándonos a concretar y a solucionar problemas que es necesario resolver para el bien y la felicidad del país, porque en la envolvente social, no sabemos cuando los que están arriba habrán de estar abajo y viceversa; pero sabemos, sí, que esto sucede, y que cuando hacemos una buena ley, una ley humana, acaso esa ley ampare mañana a nuestros propios hijos en el azar de su vida.5

Análoga tensión y estremecimiento de los legisladores veteranos desató la incorporación de Luis Muñoz Marín como senador liberal por acumulación en el 1933. El primer día de la sesión, por ejemplo, con floridas palabras Bolívar Pagán nominó a la presidencia del Senado a Rafael Martínez Nadal: se trata de un escritor, un jurista, un tribuno, un parlamentarista, en todo grande. Un hombre que ha dedicado treinta años de su vida a servir los más altos intereses públicos, consagrado a su país con un admirable espíritu de desinterés y de sacrificio personal, un hombre que posee una de nuestras más vigorosas mentalidades y posee al mismo tiempo un gran corazón, un hombre hecho con legítima madera de apóstol.6

Inmediatamente el neófito senador Muñoz pidió la palabra para nominar a la misma posición a Antonio Barceló, “y en apoyo de tal nominación manifiesta que el único elogio que es necesario hacer del candidato ya expresado es el hecho de que un gran número de puertorriqueños le ha seguido en las justas electorales últimamente celebradas”.7 Era desinflarle el globo a Bolívar Pagán. La que vino a ser característica impaciencia de Muñoz por el regodeo verbal de sus pares apuntaba no sólo a una retórica política propia sino al afán lúdicamente expresado por crear un discurso político nuevo en el país. Pero la militancia de su lucha, mostrada, por ejemplo, en su reto al endoso del gobernador Gore por el Senado, no impidió que se aviniese a las formas y las cortesías del Senado. Y las formas, como nos ha enseñado la semiótica, no son vanas. La disposición de Muñoz de multiplicar sus intervenciones en el Senado necesariamente condicionó a la cómoda mayoría de la

5 Ibid., 841-42. ® Actas del Senado de Puerto Rico: Decimotercera Asamblea Legislativa. Primera Legislatura Ordinaria 1933 (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte,

7 Ibid.

166 Coalición a valorizar la negociación y la acomodación. Por supuesto que la influencia de Muñoz en Washington animaba a buscar la concordancia.8 Pero en el Senado los votos unánimes y la aprobación expedita de proyectos y resoluciones han significado siempre tiempo de debate economizado, y los cargados calendarios de las cortas sesiones de la década del 1930 encaminaban a la búsqueda de formas concordatarias que obviasen los debates largos. Muñoz, por otra parte, estaba siempre corto de tiempo; tenía que editar La Democracia, desarrollar redes de relaciones políticas en la isla y mantener vigente su carisma en los círculos metropolitanos de poder. Funcionar sin dificultades como senador, puliendo las aristas de las diferencias, armonizando los difíciles estilos, viendo en el adversario el posible colaborador futuro era afín a su creciente vocación política.9

Géigel Polanco

Otro caso notable de confrontación, aceptación e incorporación del otro es el que se da con la elección de Vicente Géigel Polanco como senador por acumulación nominado por el Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940. Como resultado de las elecciones generales, diez senadores populares y nueve coalicionistas fueron juramentados en febrero de 1941.10 Géigel era el portavoz de la mayoría popular. En los sesenta días de aquella sesión memorable de 1941 el portavoz Géigel tuvo que hacer numerosas intervenciones y contestar y refutar muchas observaciones de la minoría. Lo interesante del caso de Géigel en la sesión de 1941 es que el senador novato no sólo se encuentra en mayoría sino que es el que conduce la legislación de la mayoría en el pleno del Senado. Muñoz Marín, quien preside el Senado, de hecho habla pocas veces en los debates cotidianos. Otros senadores, como Susoni y Berríos Berdecía, intervienen frecuentemente en los debates, pero es Géigel quien lleva el peso de conducir a través del tráfico parlamentario la nueva legislación. Según el ritmo de trabajo aumenta es evidente la tensión, el cansancio y la 8 Ver Thomas Mathews, La política puertorriqueña y el Nuevo Trato, traducido por Antonio J. Colorado (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1970), capítulo 6. 9 Ver Luis Muñoz Marín, Memorias: Autobiografía Pública 1898-1940 (Rio Piedras, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1982), capítulo 3. 10 El senador republicano por acumulación Rafael Martínez Nadal, a quien se le tomó juramento en su casa en Guaynabo, nunca llegó a asistir a las reuniones del Senado, y murió poco después de la primera sesión. Pero a pesar de la ausencia de Martínez Nadal en la sesión ordinaria de 1941, los diez senadores populares debían de estar todos presentes para aprobar cualquier proyecto de ley, a no ser que se contase con los ocho votos restantes de la minoría. Sin embargo, en 1941 el Senado aprobó la mayor parte de sus proyectos de ley por unanimidad.

167 impaciencia con las objeciones planteadas por la minoría. Los roces se hacen manifiestos. Para la minoría es particularmente objetable el estribillo de Géigel de que el gobierno de la Coalición había tenido la oportunidad de legislar en pro de los trabajadores y de los menesterosos y no lo había hecho. Géigel insiste en la novedad de la era política popular, en su compromiso programático con el pueblo, y en su libertad de ataduras con los grandes intereses económicos del país. La labor previa de Géigel como funcionario del Negociado, luego Departamento, del Trabajo lo había familiarizado con la legislación obrera y social, y con los obstáculos a su implantación.11 En 1941 es evidente su interés por afinar los estatutos vigentes e incursionar legislativamente en áreas hasta el momento poco exploradas. Pero la minoría socialista, y en particular Lino Padrón Rivera, siente que está atribuyéndose una esfera de interés que en los años anteriores la delegación socialista en la Legislatura se había delimitado como propia. Por lo tanto son dos prácticas de Géigel las que suscitan resentimiento en la minoría socialista, su hábito de reclamar el comienzo de una nueva era política, con lo que esto implicaba de rechazo a la gestión coalicionista, y la apropiación en nombre del Partido Popular de la defensa de los intereses de los trabajadores.

El debate con Padrón Rivera El 6 de marzo de 1941 el periódico El Mundo publica unas declaraciones de Lino Padrón Rivera en las que el senador socialista censura que se haya detenido en la Cámara de Representantes el proyecto de salario mínimo en espera de que la Asociación de Agricultores comparezca a unas vistas-

Todo parece indicar que el Partido Popular está dispuesto a hacer transacciones con los patronos capitalistas para enmendaren la Cámara la ‘Ley de Salario Mínimo’ dejando fuera a los campesinos, que llegan a más de quinientos mil. Parece que el mandato del pueblo para que se hiciera una ley de salario mínimo que asegurara a la clase campesina y obrera un salario decente para vivir, va a frustrarse por la complacencia a los capitalistas por parte del Partido Popular, quien ya ha anunciado vistas públicas a petición de la Asociación de Agricultores para que dichos señores que no quieren pagar salarios de vida decente a los campesinos expongan sus puntos de vista convencionalistas contra la inclusión en la

Géigel tenia a su haber varias publicaciones sobre la legislación obrera. Ver Vicente Géigel Polanco, Apuntes acerca de la evolución histórica del obrero en Departamento del Trabajo, Publicaciones de ilustración popular, año 1 no. 3 (San Juan, 1936); Apuntes acerca de la legislación social de Puerto Rico (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1936); Bases, naturaleza y caracteres de la legislación social (San Juan, Imprenta Venezuela, 1944); La esclavitud de ayer y la esclavitud de hoy (San Juan, 1936) y (compilador), Legislación social de Puerto Rico (San Juan, 1936).

168 ley del pobre jibaro a quienes hicieron tantos ofrecimientos de felicidad los teóricos reformadores del sistema... Todos aquellos proyectos que sirvieron para la compra del voto por parte del Partido Popular están recibiendo ahora cuidadosa consideración, de acuerdo con los deseos de los intereses creados y muchos de ellos quedarán guardados en los escritorios de los nuevos redentores, porque ahora el Partido Popular entiende que lo fundamental y lo más importante es la distribución del presupuesto entre ellos y los Tripartitas, sus nuevos socios, con quienes han formado la mogolla más repugnante y aborrecible, porque ella no es otra cosa que el reconocimiento absoluto al entregamiento del convencionalismo político y una traición a la voluntad de las masas campesinas y obreras puertorriqueñas.12

Géigel Polanco, que había impulsado la legislación de salario mínimo en el Senado, se siente aludido y pide un turno de privilegio personal para la sesión del 7 de marzo. La ocasión es anunciada en la radio y en la prensa;13 se crea un clima de expectativa y numerosas personas acuden a oírlo. El debate que Géigel entonces inicia, y en el cual intervienen los senadores Lino Padrón Rivera, Ramón Barreto y Ramón Barrios, ejemplifica los alcances y los limites del paradigma parlamentario senatorial en asegurar la incorporación del otro en la comunidad política nacional Géigel consumió más de una hora en su exposición: Dedamos ayer, al solicitar la palabra para rechazar por gratuitas las imputaciones que ha hecho en la prensa al Partido Popular el Senador Padrón Rivera, que se ha inidado en Puerto Rico una nueva era a base de respeto a la voluntad del pueblo. En el pasado era frecuente que los hombres que asumían las funciones de gobierno, recabaran el mandato del pueblo, y una vez en el poder hicieran caso omiso de ese mandato, lo vulneraran deliberadamente, traicionando las esperanzas de la comunidad, y que de todo se ocupaban en las esferas de gobierno, menos de hacer la justicia que el pueblo esperaba de ellos. Porque ésa ha sido la práctica de muchos años, la norma de gran parte del liderato que ha estado actuando a nombre del pueblo de Puerto Rico, parece que el compañero Padrón Rivera cree todavía que estamos viviendo esos mismos tiempos, que afortunadamente ya pasaron para siempre.14 En su rechazo de la acusación de que el Partido Popular planeaba excluir de la ley de salario mínimo a los trabajadores agrícolas, Géigel

12 “Los Populares están dispuestos a transacciones con los patronos capitalistas para enmendar la Ley de Salario Mínimo, alega el senador Lino Padrón Rivera,”£/ Mundo, jueves 6 de marzo, 1941.5. 13 “Géigel contestará hoy en Senado a Padrón Rivera. Anunció 'una categórica y absoluta rectificación’ de las alegaciones del presidente interino socialista”, El Mundo, viernes 7 de marzo, 1941,1. 14 Actas Senado 1941,1024.

169 desarrolló su tema favorito de la nueva era inaugurada por el Partido Popular: Se ha iniciado una nueva era en la administración pública, en el gobierno y en el cumplimiento del mandato del pueblo a base del respeto a la voluntad de ese pueblo. En esta nueva era ha quedado definitivamente descartada la práctica de prometer al pueblo medidas de justicia para traicionarlas luego desde las esferas del poder. Ha quedado definitivamente descartada la vieja mala mafia de venir al poder con los votos sanos y limpios de las clases humildes y las clases sufridas, de la gente atropellada, para aquí en el poder aliarse con los intereses que han estado explotando a ese mismo pueblo. Esa era la vieja mala maña del pasado y afortunadamente, señor Presidente, esa vieja política, esa vieja mala maña, ha desaparecido para siempre del pueblo de Puerto Rico, porque ese pueblo, en virtud de la acción educativa que llevó a cabo el Partido Popular Democrático, está alerta, está despierto, está consciente de su derecho y no va a tolerar ni tolerará jamás que se vuelva a burlar su voluntad ni su esperanza.15 En la concepción que elaboró del ejercicio del poder, palabra clave en el debate que se desarrolló, Géigel dijo que el poder consistía en poner en vigor los reclamos de un pueblo cuya conciencia ciudadana había sido despertada: El Partido Popular Democrático explicó, en forma clara y sencilla, que los partidos políticos son simples instrumentos para la justicia del pueblo. Hizo saber que la franquicia ciudadana no la establecían las leyes para que unos agentes, emisarios o representantes de los intereses poderosos ganen el mandato del pueblo, para luego ir a servir a esos intereses. Los votos los da el pueblo para que los mandatarios respeten sus derechos y defiendan su justicia. Los hombres de conciencia limpia y de alto espíritu de servicio que el pueblo elige, deben venir a las esferas del gobierno a utilizar el poder público en provecho de toda la comunidad y no de los privilegiosos, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Esa lección la oyó el pueblo con recogimiento: lección de lo que es la democracia, de lo que es el poder, de lo que son los partidos políticos, de lo que es la fuerza del pueblo cuando éste despierta y utiliza su poder para hacer su propia justicia. Esa lección, señor Presidente, la aprendió el pueblo; la arraigó en su conciencia; se la metió en el alma; la fué divulgando de bohío en bohío, de cañada en cañada, de barrio en barrio. Y con sorpresa para ambos, especialmente para los que dudaban de la dignidad y de la reciedumbre moral de nuestros campesinos, el día 5 de noviembre de 1940, el pueblo de Puerto Rico estaba de pie; el pueblo de Puerto Rico estaba haciendo uso libre de su franquicia ciudadana, le volvía la espalda a los que utilizaron el poder para defraudar sus esperanzas de justicia y llevaba al gobierno hombres nuevos, hombres limpios, hombres dispuestos a hacer la obra de justicia por que estaba clamando.16

16 Ibid., 1024-25. re Ibid., 1025-26.

170 Géigel explicó que la Cámara debía darle curso a las vistas solicitadas por la Asociación de Agricultores: Por primera vez se establece en Puerto Rico legislación de salario mínimo que alcanza a la agricultura. ¿Cómo íbamos, en tales circunstancias, a negar a la Asociación de Agricultores el derecho que tiene a ser oída por los cuerpos legislativos, a que se conozcan sus puntos de vista? ¡Ah! Es que el compañero teme, por cosas que hubieran ocurrido en otros tiempos, que al acercarse a los cuerpos legislativos una institución poderosa, flaquee la voluntad de los hombres que aquí han venido a cumplir un mandato del pueblo. No tema el amigo. Si en el pasado, señor Presidente, ocurrieron esas cosas, yo aseguro que esta mayoría parlamentaria no cederá, no sólo ante la presión, sino tampoco ante toda la fuerza que puedan esgrimir o mover las instituciones más poderosas de Puerto Rico.17

Entonces Géigel hincó a la minoría con la imputación de que cuando estaba en el poder no había llevado a cabo la obra que ahora reclamaba: Ellos sienten la justicia de esa obra. ¿Por qué no la realizaron? Que asuman su responsabilidad ante la historia. Pero ahora hay aquí un partido de mayoría con el sólo propósito de hacer esa obra. No perdamos el tiempo. No pierdan el tiempo los buenos amigos ni con desahogos ni con imputaciones gratuitas. Vamos a cooperar. Sigamos cooperando. Reconozco que hasta ahora han estado cooperando. Esa cooperación la esperábamos, no como una complacencia hacia nosotros, sino en cumplimiento del mandato que ellos también recibieron del pueblo.18 Casi enseguida después de haber llamado a echar “a un lado las pequeñeces... las insinuaciones falaces, las imputaciones gratuitas”, Géigel procedió a atacar a Padrón Rivera por haber permitido, cuando éste era representante a la Cámara en 1938, una enmienda a la ley de la Comisión de Mediación y Conciliación para establecer el arbitraje obligatorio en los conflictos obrero-patronales:

El arbitraje obligatorio, señor Presidente y compañeros del Senado, que implica la anulación del derecho de huelga, la destrucción del principio del convenio colectivo: las tres piedras angulares del movimiento obrero contemporáneo, las tres armas poderosas que tienen las clases sufridas para conseguir que se les haga justicia.19 Responsabilizó a Padrón por aceptar la enmienda, que se hizo al calor de la huelga de los muelles de 1938.20 Géigel reclamó haber logrado

17 Ibid., 1027-28. 18 Ibid., 1030. 19 Ibid., 1031. 20 Ver Taller de Formación Política, No estamos pidiendo el cielo: Huelga portuaria de 1938 (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1988); Amaldo Licier Reyes, “La huelga portuaria del treinta y ocho” (Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, 1989).

171 detenerla cuando se consideró en el Senado, a través de un artículo publicado en El Mundo, “El Arbitraje Obligatorio anula el Derecho a Huelga,” que movió al entonces senador Epifanio Fiz Jiménez a oponerse a la enmienda. Después de haber propinado esta estocada verbal a Padrón, Géigel renovó su “llamamiento cordial a los senadores de la minoría” para descartar “las viejas malas mañas del pasado”. Fue aplaudido con delirio por las graderías.21

La respuesta de Padrón Rivera Pero si Géigel y el público esperaban que Padrón se amilanara ante esa ofensiva retórica, Lino Padrón Rivera al instante los desengañó. Aunque Padrón Rivera también era nuevo al Senado, había servido en la Cámara de Representantes. Su larga experiencia como tribuno obrero sirvió bien al líder de la minoría socialista. Su mejor táctica fue contrastar su figura como trabajador curtido en luchas laborales con la del pulido abogado, ateneísta y funcionario público que lo hostigaba. Reclamó que la cuestión de privilegio personal planteada por Géigel era vana, pues ni se habían hecho imputaciones personales a Géigel ni se había utilizado el ámbito del Senado para hacer las alegaciones. Géigel podía haber contestado con un artículo en la prensa.22 Pero estaba utilizando el foro del Senado para tratar de silenciar a Padrón:

Se dice por vosotros que vuestro partido defiende la democracia y sin embargo, su ‘Floor leader’ se molesta porque este Senador haya escrito un artículo contra los procedimientos de vuestro partido. Quiero confesar que al principio me sentía preocupado esperando que el Senador GéigelPolanco pidiese a este Senado que acordara guillotinarme. Estoy contento compañero Géigel-Polanco, estoy satisfecho porque vuestra actitud denuncia el sentimiento de vuestro corazón de todo lo que sois capaz, como lo fueron vuestros antecesores políticos, de enviar a la cárcel a cualquier ciudadano que mantenga ideas contrarias a las vuestras y hasta de legislar en el sentido de impedir la libre expresión del pensamiento y de la palabra.23 Padrón desarrolló con habilidad la línea de pensamiento de que lo que estaba implicado en el discurso de Géigel era “impedir la libre expresión del pensamiento y de la palabra” de la minoría: “¡Bendito sea Dios! Sólo le ha faltado al Senador Géigel-Polanco, redentor teórico y literario, solicitar

21 “Mientras el senador Géigel Polanco era abrazado en el ‘floor’ por el senadorSusoniy sus otros compañeros, el público le tributaba otra larga ovación” dice¿ZMundo (“Un extenso debate ayer en la sesión del Senado. Géigel Polanco contestó las acusaciones quehabia hecho Lino Padrón Rivera en la Prensa al Partido Popular”, sábado 8 de marzo, 1941,8 y 16. 22 Actas Senado 1941, 1034. 23 Ibid.

172 de este Senado que se me juzgue por una corte marcial y se me envíe a la cárcel.”24 Más aún, Padrón reclamó haber logrado con el discurso de Géigel el propósito de proteger a los trabajadores agrícolas: Triunfé, señores Senadores, cuando con el gesto arrogante de un gladiador romano el señor Géigel-Polanco se levantó para decir: ‘¡Hay [síc] del Representante o Senador Popular que vote contra esa ley!’ Y yo dije, triunfé porque impedí que las transacciones con los intereses creados tuvieran éxito en su intento de hacer malograr la ley. Señor Senador, habéis traído a las galerías esta tarde a vuestros seguidores para que os vieran a pesar de vuestra pequeña estatura ordenar el sacrificio de un Senador por el delito de opinión pública, estrujándonos en la cara vuestros sentimientos opresores, blandiendo en la diestra el puñal del dictador encubierto por teorías falaces para inferírselo a un hombre que durante toda su juventud y madurez ha actuado rectamente defendiendo la causa del pueblo oprimido.25 Luego Padrón rebatió el discurso de la nueva era de Géigel Polanco y apuntó hacia las continuidades del Partido Popular con los viejos liberales y unionistas:

He oído hablar mucho del mandato del pueblo. Así también hablaba vuestro antecesor político el Partido Unionista, en el cual militaron muchos de vosotros, engendro de un sistema político centralizante que creó una dictadura aborrecible en este pueblo, por eso no me extraña que por momentos se perfile en vuestros actos la propensión y que el hijo herede de su padre los defectos y las ‘malas mañas ’ que hicieron necesaria la Coalición Repúblico-Socialista para devolver a nuestro pueblo su libertad y tranquilidad.26

Ante la invitación a la cooperación, Padrón respondió con un llamado a la vigilancia, palabra muy en boga en el momento por los rumores de quintacolumnistas nazis: Me convenzo cada día más de que sois negativos al buen uso de la democracia y de la libertad. No venimos aquí a cooperar con vosotros en vuestras intenciones perversas de especulación política, venimos aquí a vigilar el precio de la libertad de nuestro pueblo. El precio de nuestra libertad que no puede asegurarse sino a través de nuestra constante vigilancia. Venimos aquí a vigilaros, y ahora queda demostrado que vigilando cuidadosamente, logramos que se nos diera la razón en la

u Ibid. 25 Ibid., 1034-35. La alusión a la pequeña estatura de Géigel, y la alusión posterior del senador Barrios al tamaño imponente de Padrón pueden estar al origen de un ciclo anecdótico sobre este debate (ver Enrique Bird Piñero, Don Luis Muñoz Marín: Elpoder de la excelencia [Río Piedras. Fundación Luis Muñoz Marín, 1991], 103). 26 Actas Senado 1941,1035.

173 Cámara de Representantes al eliminar ésta del deforme proyecto de ‘nepotismo’, la cláusula aquella que creaba la jerarquía de una clase de intelectuales con miras a fomentar un gobierno de características nazistas. En la Cámara donde tenéis una aparente mayoría sostenida por una mogolla política que os desacredita a todas las horas del día, mogolla que ha desacreditado todos vuestros alardes de hombres democráticos.27

Padrón reclamó que los populares no podían verdaderamente representar los intereses de los trabajadores y los campesinos, porque ese no era el origen social de su liderato ni de su ‘brain trust’: He oído declamar bellos poemas a muchos poetas que describen la miseria del campesino y he sentido emoción ante la tragedia que describen esos poemas, pero esos poetas que escriben versos alrededor de una mesa en un club social, jamás han sentido de cerca el dolor que crea la explotación del sistema capitalista... Esta democracia burguesa que habla de mandatos del pueblo, y que llora como los cocodrilos ante la miseria de las multitudes campesinas ha enviado a este Senado a Senadores que lo menos que desean es que se establezca algún día el reconocimiento del derecho que tiene el pueblo a comer todos los días y vivir decentemente, porque el egoísmo y el celo e interés por mantener las prerrogativas de propiedad privada los hace egoístas y los convierte en patronos hostiles a toda reforma que proporcione a los hombres que emplean en sus fincas la felicidad a que tienen derecho como clase productora. Aquí se pueden pasar esos proyectos que a título de democracia auténtica y completa y de mandato del pueblo se han presentado después de un largo estudio que unos señores que no son Senadores, pero que desempeñan en vuestro partido el papel de ‘brain trust’ y que no son otra cosa que cohetes quemados de la viej a y desacreditada escuela política. Estoy seguro de que íntimamente vosotros estáis en contra de esos proyectos, pero la disciplina de la dictadura intelectual de los doctos y de los literatos les impone que votéis esos proyectos. Afortunadamente éste es un período de transición que yo aseguro ha de pasar muy pronto, cuando surja la natural reacción en nuestro pueblo y se convenza de que ha sido víctima del engaño de un grupo de titulados que no tienen otro interés que el de adueñarse del poder para repartir el presupuesto entre unas pocas familias aristocráticas y privilegiadas olvidándose del pan, de la tierra y de la libertad.28

Procedió entonces a defender su actuación en el proyecto sobre conciliación y arbitraje de 1938, y esta defensa dio pie a un intercambio con Géigel: Habla el Senador Géigel Polanco del poder. Siento profunda pena cuando oigo a un legislador del Partido Popular hablar del poder. ¡El poder, señor Presidente! ¿De qué poder habla la mayoría? ¿Cuántos políticos en Puerto Rico atraídos por un poder efímero les sucedió lo que a la mariposa atraída

Ibid. Padrón se oponía a que se eximiera a los profesionales de los llamados contratos nepotistas que un proyecto de ley aprobado por el Senado buscaba reglamentar. 28 Ibid., 1036-37.

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por la luz que dio con bus alas y cayó rendida; cuántos políticos ofuscados en el efímero poder que tenemos en la colonia, han declarado ¡soy poder! ¡soy el presidente del Senado! ¡qué mucho poder tengo! ¿Poder de qué? ¿Poder para repartir unos cuantos empleos entre familias privilegiadas pertenecientes a vuestro partido? ¿Poder para hacer presupuestos a base de especulación política? No se olvide el señor Presidente y los señores Senadores que el Gobernador tiene una gran responsabilidad al firmar las leyes y tendrá mucho cuidado para no firmar leyes demagógicas. Géigel: El deber nuestro es aprobarlas. Padrón: ¿Aprobarlas? y las aprobarán por un voto de mayoría. Y allá en Fortaleza está el representante de la Nación, el representante de nuestro Presidente. De esa gran nación, compañeros, a quien este pueblo de Puerto Rico tanto le debe, especialmente la clase obrera de Puerto Rico quienes han podido organizar la defensa de sus intereses por la garantía de las instituciones democráticas que cobija esa bandera de las franjas y de las estrellas [....] Si no tuviéramos la vigilancia de ese gran pueblo que ahora convierte las arcas de la Nación en cauce profundo de un río de oro para proteger a Europa contra la invasión de las dictaduras; si no tuviéramos la vigilancia y protección de esa Nación, ¿dónde estaríamos los que no pensamos como Su Señoría; los que escribimos artículos políticos en la Prensa y tenemos que soportar aquí en el Senado la soberbia de un grupo de llamados doctos, literatos, ateneístas que no son otra cosa que vanguardia de un movimiento fascista? ¿Cree el compañero que el Partido Popular es una cosa abstracta y divina que no puede tocarse? ¿Qué es lo que está pensando el compañero? Está obedeciendo a la herencia. Está respondiendo a una influencia atávica que tiende a reproducir al viejo político que declaraba con pasión de reaccionario: ¡el país soy yo! ¡yo soy el Partido Popular!; ¡yo soy el pueblo!29 Al combinar en su réplica los temas de continuismo popular y vigilancia de la minoría Padrón procuraba desarticular el discurso de Géigel. Denunció el hecho de que el Senado no hubiera tenido una vista pública sobre el proyecto de salario mínimo;

Perono hubo vista pública en el Senado porque su Señoría usó su poder. El poder lo cegó y no era necesario una vista pública. Yo recuerdo señor Presidente a un presidente del Senado que llegó a creerse un superhombre y cultivó la mente de Czar y dio aliento a su corazón con el mismo sentimiento que un presidente de una república sudamericana trata a sus conciudadanos. Y un día yo le vi bajar vencido de esa presidencia.39 Era una clara alusión a Antonio Barceló. Padrón reclamó para la Coalición la victoria numérica en las elecciones del ’40 y el derecho moral para hablar sobre la redención del pueblo. Defendió al Partido Socialista y expresó su repudio a la compra de votos. Denunció el arreglo con los tripartitas en la Cámara:

29 Ibid., 1038. 30 Ibid., 1039-40.

175 Y ahora pregunto yo, ¿qué es sino una mogolla barata la que habéis hecho en la Cámara con los tres miembros uniñcacionistas? Esa es una triple mogolla porque cada uno de los votos en la Cámara representa un partido dentro de la Unificación. Entonces habéis hecho tres mogollas a un mismo tiempo, después de declarar que repudiábais las mogollas.31

Reiteró su credo socialista, la conveniencia de la Coalición, y rememoró un incidente en una huelga cañera de Arecibo: En el 1914, cuando surgió en la ciudad de Arecibo la huelga agrícola más potente y numerosa que contempla la historia de nuestras luchas contra el sistema capitalista, el liderato obrero tuvo que enfrentarse a un policía brutal que en uno de los barrios de Arecibo, en Campo Alegre, donde estaban destacados dirigiendo aquel movimiento el Senador que habla y el Senador Barrios, asesinó a un campesino e hirió gravemente a una veintena de ellos el solo mandato de un patrono que ni siquiera era puertorriqueño [...] Y una noche este Senador y el Senador Barrios subidos en el cajón de una carreta de bueyes y teniendo como único público a policías con carabinas apuntando a nuestros pechos, tuvimos que exponer nuestras vidas para protestar de la infamia de aquel gobernante. En esa época se destruían las asambleas y los mítines obreros y socialistas. Se rompían las huelgas por mandato de los señores. La justicia se había ausentado de nuestras cortes. Cada fiscal era un instrumento pasivo del cacique político y de las corporaciones. Vuestros antecesores políticos crearon aquella situación, señor Géigel Polanco, y nosotros tuvimos que caminar cuesta arriba acosados por la persecución de los amos políticos y también los republicanos, víctimas de aquel sistema.32

Narró una fábula de cómo dos jíbaros se asocian para matar a un perro huevero, y comparó esta acción conjunta a la Coalición: Esta Coalición repúblico-socialista no se originó en otra cosa que en el interés común del Partido Socialista y el Partido Republicano de entenderse para terminar con aquella tiranía que destruía la libertad y la felicidad de nuestro pueblo.33 Apeló a la grandeza moral del Partido Socialista y de Santiago Iglesias:

Aquí se sentó Santiago Iglesias Pantín. Se sentó a esperar pacientemente que el partido de la mayoría trajera a consideración del Senado su legislación y esa alma de apóstol rechazó toda clase de atropellos. Por el atropello de vuestros antepasados políticos se purificó y engrandeció este Partí do Socialista y no ha existido partido alguno en Puerto Rico que haya defendido con más honor y honradez los intereses de todo el pueblo.34

31 32 33 34

Ibid., Ibid., Ibid., Ibid.,

1041. 1042-43. 1044. 1044.

176

Recurrió entonces al juego del contraste entre su figura y la de Géigel Polanco: Claro, que no soy poeta, no soy literato, no soy docto. No estoy tan bien documentado como el señor Géigel-Polanco, no tengo el cerebro mágico que ‘El Mundo’ le pone a su Señoría, cerebro que admiro pero que no envidio. Lo admiro porque he descubierto en el Senador Géigel Polanco chispazos de intranquilidad por algunas de sus aspiraciones que marchan paralelamente con las aspiraciones del Partido Socialista. Yo tengo admiración por todos los hombres buenos y generosos. Las intranquilidades del Partido Socialista pueden ser también intranquilidades de algunos de vosotros, porque los ideales de redención humana no son propiedad exclusiva de ningún hombre, de ningún partido. Los problemas económicos fundamentales son propiedad exclusiva de las multitudes y nosotros no somos otra cosa que los ejecutores de los deseos de esas multitudes.35

Padrón entonces recurrió a la lectura de los títulos y las descripciones de todas las leyes sociales y laborales aprobadas desde el 1933 al 1940. Después de ese largo recuento resumió sus planteamientos en una larga peroración: Hablaba el señor Géigel-Polanco de una era. Claro está, eso da la impresión de que todos hemos cambiado. Una nueva era... Se pretende dar la impresión que desde el 6 de noviembre todo el pueblo de Puerto Rico ha cambiado; que todos los ciudadanos son felices y para proporcionar la felicidad a nuestros jibaros declaráis vosotros que es necesario suprimir el centavo a la sal [....] La eliminación del centavo a la sal no mejorará las condiciones económicas del campesinos. No vengamos aquí con sofismas y con lucecitas flourecentes [sic] de esas lámparas modernas que se han puesto a la venta en el mercado. La eliminación de ese tributo no redimirá a los campesinos. Los problemas económicos no se pueden resolver empezando por las flores, hay que profundizar, hay que llegar a la raíz. Hay que llevar a cabo el análisis químico de la tierra para demostrar si le hace falta nitrógeno o potasa [....] Vamos a exigirle a esos patrones que emplean campesinos y pagan treinta o cuarenta centavos por día de trabajo que les paguen un salario decente para vivir y les resuelven aquellos problemas que impiden el progreso social y cultural de las clases productoras.38 Aludió al hecho de que Géigel Polanco era espiritista y atacó nuevamente el entendido con los tripartitas en la Cámara. La conclusión fue ad hominem:

Señor Presidente y señores Senadores, voy a pedir que me excusen por haber tomado demasiado tiempo, pero quiero terminar diciendo que no veo

85 Ibid.. 1044-45. 86 Ibid., 1061.

177 los motivos para plantear una cuestión de privilegio. Un artículo que escriba el Senador Iriarte, un artículo que escriba el Senador Susoni, el Senador Palmer o el que habla, no será nunca motivopara una cuestión de privilegio. Vivimos en una democracia, no en una republiquita tropical. Lo que diga la Prensa, sobre la opinión de los Senadores, es infantil traerlo aquí como una cuestión de privilegio. Y eso denuncia algo ahora, señor Géigel Polanco, aunque quiera negarlo, eso denuncia algo que vive en el fondo de vuestro corazón. Su Señoría tiene la epidermis muy delicada. Tiene la epidermis de un ateneísta. Conozco a muchos ciudadanos que se sientan alrededor de una mesa entre amigos, en un grupo social, y escriben bonitos poemas sobre la redención del trabajador. ¡Cuántos literatos hay que dedican poesías a la miseria del campesino y los describen bajando de la montaña con sus machetes y sus azadas en busca del trabajo que no aparece, poesía que al leerla emociona y hace llorar, poesía denunciadora de la tragedia campesina! Eso lo hacen muchos poetas, y si se dan un palito lo hacen muy bien. Aquí es otra cosa. Aquí compañeros, todos tenemos el derecho para discutir los problemas de nuestro país y nadie puede ofenderse...37 Las intervenciones de Barreto y Barrios

El senador por Ponce Ramón Barreto Pérez, del Partido Popular, se levantó entonces a defender a Géigel. Barreto había sido policía insular y su extracción de clase fue objeto de alusiones varias veces en el pleno del Senado. De salida tuvo un bizarro duelo verbal con Padrón Rivera: Barreto: Dije una vez en este Senado que el compañero Padrón Rivera parecía que había nacido en la Patagonia y ahora digo que vive en la Patagonia. Padrón Rivera: ¿Cuál es la conclusión de vivir en la Patagonia? Barreto: Vivir en la Patagonia es distinto a vivir en el país donde impera un sistema de gobierno democrático. Padrón: Dígame, ¿el compañero sabe dónde queda la Patagonia? Barreto: La Patagonia es una vasta región del extremo meridional de la América del Sur que se extiende entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Es muy inmensa, está poblada por Indios y allí apenas ha llegado la civilización. Hoy se le da tal nombre a la parte correspondiente a la Argentina.38 Era obvio que Padrón Rivera quería poner de manifiesto los limites en la escolaridad de Barreto y cohibir cualquier intento de ataque verbal a su persona. Barreto no se arredró, y procedió a defender apasionadamente al Partido Popular. Retomó los temas de la nueva era y de compromiso con el pueblo.

No tenga ese temor que los legisladores populares dejemos de cumplir el mandato del pueblo. Entiéndase bien, los hombres del Partido Popular no

37 Ibid., 1063. 38 Ibid., 1064.

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178 tratarán al pueblo de Puerto Rico como bestias sino como hombres y mujeres dignos y los hombres del Partido Popular son responsables y los hombres del Partido Popular cumplirán con eso y cumplirán con el pueblo en todo.39

Le dio el clásico giro muñocista al discurso de redención social: El Partido Popular no va a salvar a los jibaros de Puerto Rico, son los jíbaros de Puerto Rico los que se van a salvar como consecuencia de la legislación del Partido Popular Democrático. Se van a salvar, si que se van a salvar. Cómo no; si estos hombres olvidados por todos los partidos políticos del pasado nunca tuvieron una oportunidad.40

La intervención de Barreto propició la entrada al debate del senador socialista Ramón Barrios. Este gozaba de reputación por agudeza de ingenio en la tribuna.41 Comenzó por observar que el discurso del senador Barreto le había producido una gran alegría que a la vez quiere convertirse en una gran pena. Es una gran pena porque observaba desde mi pupitre, cuando hablaba el compañero Padrón Rivera, la insinuación que le hicieron al Senador Barreto para que fuera él el que contestara al compañero Padrón Rivera.42

Comparó a Barreto con los que habían venido en tiempos anteriores ala Asamblea Legislativa

no en su condición de obreros y sí en su condición de artesanos. De aquel tipo de artesano que halagaba al capitalismo, que entretenía su tiempo tocando guitarra, entonando canciones, escribiendo coplas y editando periodiquitos para hacer las crónicas de las fiestas sociales de la burguesía; y la burguesía, pues, utilizaba a ese elemento como instrumento de la artesanía de aquellos tiempos y lo llevaba al ticket electoral, como un anzuelo, como una atarraya, como el líder de la clase artesana, de aquella clase artesana que solamente sabía divertir a los burgueses, que vestían levita en la Semana Santa y bailaban rigodón en las fiestas de carnaval... Y la alegría de que yo hablaba al comenzar este discurso, compañero Barreto Pérez, no es otra cosa que el reflejo de este sentimiento de obrero con que hablo cuando le veo a usted, ocupando un sitio en este Senado, y hablando en este Senado. El hecho de haber hablado usted en este Senado con la misma dignidad y prerrogativa de estos propietarios déla tierra y de la caña en Puerto Rico, hace que mi alma se desborde de entusiasmo porque caigo en la convicción de que mi Partido se hace carne, se hace

89 Ibid., 1065. 40 Ibid., 106566. 41 Ver Samuel E. Badillo, “Los acontecimientos tras bastidores,” El Mundo, domingo 9 de marzo, 1941,5. 42 Actas Senado 1941,106768.

179 sangre, se hace hueso, porque usted, señor Barreto, es el producto de lo que hicimos en lucha constante desde hace cuarenta años.43

Barrios aludió al hecho de que Barreto fue guardia y que Padrón, Iglesias y Barrios no lo fueron: “preferimos ponernos frente a los intereses que representaban los guardias.”44 Exaltó a Padrón Rivera: Lino Padrón Rivera fue un muchacho que pasó por un colegio de Agricultura, llegó después al taller, se hizo un magnifico lector, y de ahí se lanzó al campo de las luchas como agitador obrero y Socialista Agitador en aquella época, que no es lo mismo. Redentor en la época que crucificaron a Cristo, cuando todos se fueron contra Cristo. Así era el cristianismo del Partido Socialista, muy difícil de predicarlo. Voy a referirme a un caso específico; en Arecibo dominaban los caciques, los ricos, los comerciantes, el padre político, el ascendiente del Partido Popular. Hubo una huelga y mataron a tres trabajadores huelguistas. Lino Padrón Rivera era el agitador de aquel movimiento y de aquella protesta. Yo acompañaba a Lino aquella noche que asesinaron al compañero Matos. Y recuerdo que frente al cadáver de aquella víctima inocente y frente a la viuda, un pelotón de policías, carabina en mano como únicos espectadores, Lino Padrón Rivera empezó un discurso con estas palabras, dirigiéndose a la policía: ‘Asesinos, asesinos... respetad a la viuda, respetad el luto de una viuda, que esas lágrimas suyas tendrán que caer en el alma de sus asesinos como plomo derretido...’^

Expresó Barrios que Barreto no vino al Senado por el Partido Popular: Usted vino de esa historia, usted vino de esas lágrimas, de esa sangre derramada por huelguistas inocentes; usted vino de esa lucha, y el Partido Popular lo que ha hecho con usted es utilizarlo y lanzarle el anzuelo, la carnada, para poder decir ahora lo que dijeron en la tribuna pública antes de las elecciones, que aquí venían los cortadores de caña, los jornaleros, pero sin embargo lo trajeron a usted por equivocación, compañero Barreto, porque su Partido no pensaba ganar las elecciones en el Distrito de Ponce. Lo trajeron como traían a los artesanos.46

Barrios terminó reclamando para Padrón Rivera el triunfo en el debate, a pesar de que las galerías habían favorecido a Géigel con sus aplausos. Las manifestaciones de Barrios provocaron breves intervenciones de Francisco Susoni y Géigel Polanco. Barrios terminó con una salida chispeante: 43 Ibid., 1068. Según Badillo, Barreto hablaba caminando y se detuvo frente al escritorio del senador popular por Ponce y gran terrateniente Juan Dávila Díaz cuando dijo “estos propietarios de la tierra” (Badillo, loe. cit.). 44 Actas Senado 1941,1069. 45 Ibid., 1069. 46 Ibid., 1069-70. Con la interrupción de varios meses por enfermedad en el 1944, Barreto fue senador hasta el 1952.

180 Dicen ustedes que ya todo el mundo es libre. ¡Qué felicidad! De creérseles ese cuento, ni el gato va a poder dormir en el fogón, porque me parece que la olla estará hirviendo todas las veinticuatro horas del día... Señor Presidente y señores Senadores, hablando en serio ahora, yo los exhorto para que hagan buena obra, para que realicen buenas acciones, y esperemos que todo esto se convierta en sangre, hueso y corazón, para que entonces tengan ustedes el derecho de ponerse frente a nosotros que somos los que siempre hemos representado los verdaderos anhelos de justicia social del pueblo de Puerto Rico. He dicho.47 El lunes 10 de marzo el senador republicano Celestino Triarte continuó por hora y media y concluyó el debate del viernes anterior. Su defensa de la obra legislativa de la Coalición fue sobria, pero dio pie a una intervención de Géigel: Iriarte: ‘¡Qué esfuerzo más gigantesco!’ diría el compañero, ha realizado la Coalición aprobando tantos proyectos de ley para beneficio de los maestros y de la policía insular. Géigel: Si hubieran aprobado uno sólo, pero fundamental, con eso bastaba.48 ' Tanto Géigel como Padrón Rivera renunciaron a turnos de rectificación en aras de adelantar los trabajos legislativos. Hubo otros debates acalorados en el resto de esa sesión del Senado, notablemente el que se dio en torno al proyecto del Senado 150, para crear un Negociado de Derechos Civiles, que Padrón Rivera, Iriarte y Barrios consideraron innecesario, por estar los puertorriqueños cobijados por la Constitución de los Estados Unidos.49 Pero ninguno de estos debates ulteriores tuvo la extensión y el calor del que se suscitó el 7 de marzo.

Conclusión Ese día Padrón Rivera y Barrios habían retado los postulados de la nueva era y el compromiso programático con el pueblo que Géigel acostumbraba enarbolar. Dieron testimonio de sus propias luchas por las causas de los trabajadores. Pero al trabar debate con Géigel aceptaron el terreno y la agenda de discusión que éste proponía, con lo que esto implicaba de respaldar la legislación social radicada por la mayoría. Y en

47 Ibid., 1074. 48 //>«/., 1339. El Mundo reportó el intercambio de esta manera: Iriarte dijo que los coalicionistas aprobaron más de 100 proyectos sobre la Policía Insular, a lo que Géigel exclamó: “¡Qué barbaridad, compañero, qué barbaridad! -No es barbaridad, contestó Iriarte, lo que es un esfuerzo grande por beneficiar a Puerto Rico. -Pero si hubieran aprobado un sólo proyecto fundamental hubiesen hecho más”. (“Iriarte cerró ayer debate político en el Senado”, 11 de marzo, 1941,8). 49 Actas Senado 1941,1300-1304,1315,1322.

181 efecto los senadores socialistas habían votado y continuarían votando la mayor parte de los proyectos de ley de esa naturaleza. Padrón podía hostigar a Géigel con sus referencias a la ‘republiquita tropical’, pero en resumen su discurso en cuestión social no era muy distante del de Géigel. La convergencia de los valores y el endoso de las reivindicaciones evidenciados de parte y parte suponían un marco de referencia común dentro del cual la novedad y el compromiso reclamados por la delegación senatorial popular recataban continuidad con el pasado. Muchos años más tarde, con Géigel fuera del Partido Popular y Lino Padrón Rivera presidiendo la disolución del Partido Socialista, El Mundo traía el siguiente titular para un artículo: “Reyes Delgado dice su partido no desea integración alguna. Le dice a Lino Padrón que a líderes socialistas le saben mal sus conferencias con Géigel Polanco.”50

50 El Mundo, 15 de octubre, 1952,14.

Rexford G. Tugwell, el Senado, y el problema del status (1941-1946)

carlos Rodríguez Fraticelli

Agradezco la colaboración de loe estudiantes investigadores Rady Roldán y Zilkia Janer en la preparación de este ensayo.

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Durante la gobernación de Rexford Guy Tugwell (1941-1946) se sentaron las bases legales, socio-económicas y políticas de un nuevo proyecto de desarrollo para Puerto Rico. Dirigiendo este proceso se hallaba el recién fundado Partido Popular Democrático (PPD) que, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, había logrado establecer un precario control sobre la Legislatura colonial en las elecciones de 1940. Aunque dividido respecto al problema del status político, específicamente sobre la independencia, el liderato popular mantenía la unidad de propósito de legislar un ambicioso programa de reformas sociales y económicas. En esta empresa recibió el entusiasta apoyo del gobernador Rexford G. Tugwell, quien compartía la visión popular sobre la necesidad de reestructurar la economía y modernizar la sociedad puertorriqueña. Firme creyente en otorgarle a la isla un mayor grado de gobierno propio, pero manteniéndola siempre bajo el control directo de los Estados Unidos, Tugwell maniobró para detener los intentos de adelantar la independencia. Por otra parte, su apoyo al quehacer legislativo popular le ganó poderosos enemigos tanto en la isla como en los Estados Unidos. Durante el cuatrienio crítico de 1941-1944, la institucionalización del programa popular vino a depender en gran medida de la permanencia de Tugwell en la gobernación. En la defensa de este programa y de Tugwell, el Senado, en donde radicaba la base del poder popular en la Legislatura, desempeñó un papel primordial. Trasfondo de una nueva era

Los efectos de la depresión económica de los años 30 sobre la sociedad puertorriqueña pusieron al descubierto las limitaciones del arreglo colonial que había regido la isla desde principios de siglo. La prolongación de la crisis llevó al liderato político insular a insistir en una redefinición de la relación existente entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La coalición socialista-republicana, que controló la Legislatura entre 1932 y 1940, arreció su campaña ante el Congreso federal en favor de la estadidad.1 La

1 Durante este período el Senado aprobó cuatro proyectos de ley dirigidos a hacer de Puerto Rico un estado de los Estados Unidos. Mientras tanto, el comisionado residente, el socialista Santiago Iglesias Pantín, cabildeó insistentemente en Washington, D.C., a favor de la anexión. César Rey, “La política obrera en Puerto Rico, 1932-1940”, (Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983), 182-184.

186 Unión de Puerto Rico, recompuesta bajo el nombre de Partido Liberal Puertorriqueño (PLP) en 1932, retomó la independencia como finalidad política luego de haberla eliminado de su programa una década antes.2 Mientras tanto, en 1934, un radicalizado Partido Nacionalista cambió su estrategia política, al declarar la no cooperación con el régimen y el retraimiento electoral como táctica para el establecimiento de la república.3 Como resultado de los procesos políticos que acompañaron estos realineamientos políticos, el PLP se afianzó como instrumento de lucha electoral del independentismo. Dentro del partido, sin embargo, dos sectores pugnaban por el control. Aun cuando la organización tenía entre sus bases exigir el reconocimiento inmediato de la soberanía y la descolonización y nacionalización de la economía, el liderato entronizado vacilaba cuando se trataba de impulsar las medidas necesarias para lograr ambos objetivos. La oposición, por su parte, planteaba la independencia inmediata como precondición para superar la crisis social y económica que azotaba al país, al mismo tiempo que rechazaba reformas al régimen por considerar que éstas sólo servirían para prolongar la misma. Luego de una cruenta lucha intema este sector, dirigido por Luis Muñoz Marín, abandonó el PLP y procedió a constituirse, el 21 de julio de 1938, en una nueva entidad política: el Partido Popular Democrático (PPD).4 El programa popular y el problema del status

Al momento de su fundación, el PPD tenía como proyecto la rehabilitación de la economía puertorriqueña y el inmediato reclamo de la soberanía. Sin embargo, dentro del partido no existía consenso sobre cómo realizar este último objetivo. Mientras que algunos insistían en que la 2 La Unión eliminó la independencia de bub bases el 11 de febrero de 1922 en favor de la creación del Estado Libre Asociado, una asociación “de carácter permanente e indestructible”. El 15 de marzo de 1932 la asamblea constituyente del recién creado PLP declaró que era “su propósito demandar el reconocimiento inmediato de la soberanía de Puerto Rico y hacerla efectiva por los medios más rápidos, más prácticos y más directos, llegando así a establecer la Independencia absoluta de Puerto Rico en la confraternidad de las naciones". “Fue aprobado por aclamación el programa del Partido Liberal. Programa Político del Partido Liberal”. Reproducido en Reece B. Bothwell González, Puerto Rico, Cien años de lucha política, 4 volúmenes (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979), 1-1:491-494. 3 Fundado en 1922, como resultado de la decisión del Partido de la Unión de eliminar la independencia de su programa, el PNPR se creó con la finalidad de lograr el inmediato establecimiento de la República de Puerto Rico. En 1934, la Junta Central del partido optó por la abstención electoral. Véase “Proclama sobre el aniversario de la Revolución de Lares” en Pedro Albizu Campos, Obras escogidas, Tomo II (San Juan, Editorial Jelofe, 1981), 49-52. 4 Para una recuento de los eventos que llevaron a la fundación del PPD véase José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, 4 volúmenes (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980-1983), 1:249-253.

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independencia debía tener prioridad, otros líderes, entre los que se hallaba Muñoz Marín, tendían a destacar el aspecto socio-económico. Este sector se mostraba más dispuesto a posponer la solución política hasta que se lograse un arreglo económico efectivo que a su entender garantizase el progresivo desarrollo de la isla.5 A medida que se aproximaban los comicios de 1940 se generaron profundas diferencias internas sobre la conveniencia de incluir el problema del status en la campaña electoral. El sector lidereado por Muñoz planteaba que consideraciones tácticas exigían que se engavetase el issue por el momento. Defender la independencia, insistía, limitaría considerablemente las posibilidades de triunfo debido a que la gran masa de la población temía a esta alternativa. La victoria sólo era posible si el partido circunscribía su compromiso a realizar una serie de proyectos legislativos para la rehabilitación económica y social del país. Además, la nueva situación internacional —el estallido de la Segunda Guerra Mundial— no era propicia para pedirle a los Estados Unidos que se sentase a negociar la independencia de Puerto Rico. Por consiguiente, lo estratégicamente correcto era poner a un lado el status. Ganadas las elecciones y luego de una intensa campaña educativa, se procedería a convencer al Congreso de que permitiese la celebración de un plebiscito en el cual el pueblo decidiera su status político final.6 El programa adoptado por la asamblea constituyente del PPD el 21 de julio de 1940 reflejó el triunfo de la posición muñocista. Los delegados acordaron que “el status político final de Puerto Rico no estaba en controversia en esas elecciones”; que un voto por el PPD no era un voto por un status político; y que “ninguna solución de orden político, en cuanto al status final de Puerto Rico, debía ser tomada sin someterse a consulta previa al pueblo puertorriqueño en una votación especialmente designada para el caso”. Aun cuando el programa reconocía que tanto la estadidad como la independencia eran opciones descolonizadoras, se declaraba la preferencia por la última. Finalmente, se dejaba entrever que, de ganar las elecciones, se pospondría solicitar la resolución final del status hasta

5 Muñoz se opuso, en 1936, al proyecto de independencia presentado por el Senador Millard Tydings por considerarlo económicamente oneroso. Como alternativa preparó un proyecto con garantías económicas, que fue enmendado y presentado en el Congreso por el Representante Wilbur Cartwright (Oklahoma) el 18 de febrerode 1937.Thomas Mathews.ia política puertorriqueña y el Nuevo Trato, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1935), 254257; Trías Monge, Historia constitucional, 11:225-229. 6 Para principios de 1940 Muñoz quería eliminar la independencia del programa del Partido para no comprometerlo en forma alguna con soluciones políticas. Esta posición era combatida por Vicente Géigel Polanco, quien veía en ella una claudicación de los principios que inspiraron la creación del Partido. Carta de Vicente Géigel Polanco a Samuel R. Quiñones, Ernesto Ramos Antonini, Víctor Gutiérrez Franqui y Francisco Susoni, 9 de febrero de 1940. En Bothwell González, Puerto Rico, 111:222-223.

188 después del triunfo de “la democracia” —léase las fuerzas aliadas— en el conflicto bélico. Entre tanto, era el deber del PPD, como el verdadero representante de la democracia en Puerto Rico, sumarse a la defensa de esa causa a nivel internacional.7 Con estas declaraciones programáticas se establecieron los parámetros con respecto al problema del status que habría de guiar la actividad legislativa popular. En la práctica, servía para atar las manos al sector radical popular-independentista.8 De ser elegidos al Senado o la Cámara, los representantes de este grupo no podrían utilizar la Legislatura para impulsar el proyecto independentista so pena de violar los compromisos partidistas con el pueblo.

El triunfo popular, el Senado y la estrategia legislativa Acompañada de una intensa campaña propagandística y educativa a través de la isla, la estrategia del PPD rindió frutos. Al terminarse el conteo de votos, el Partido controlaba 10 de los 19 escaños senatoriales.9 Sin embargo, no había podido lograr mayoría en la Cámara de Representantes, en donde contaba, al igual que la coalición socialistarepublicana, con 18 de los 39 asientos disponibles. Los tres escaños restantes le correspondieron a la Unión Tripartita Puertorriqueña (PUTP). En gran medida compuesto de elementos desafectos de los partidos coalicionistas, el PUTP decidió colaborar con el PPD en la organización de la Cámara.10 Esto permitió el control popular de los puestos directivos del cuerpo. Sin embargo, no existía ninguna garantía de que estos apoyarían los proyectos de ley con los que el PPD se había

7 El programa aprobado en la Asamblea Constituyente del Partido Popular Democrático en 1940 se halla reproducido en Bothwell González, Puerto Rico, 1-1:622-624. 8 Para propósitos de este trabajo se utiliza el término “popular-independentista radical” para referirse al sector del partido que, a partir de 1940, defendía la demanda de la independencia inmediata como compromiso programático, en contraposición al sector, que llamaremos “mufiodsta”, que se va a oponer consecuentemente a la misma. 8 Los candidatos populares elegidos por los distritos senatoriales fueron Francisco M. Susoni, Juan Dávila Díaz, Santiago R. Palmer, Domingo Bonet Santos, Felipe Colón Díaz, Ramón Barreta Pérez, José N. Berríos Berdecía y Lorenzo Ysem Aponte. Luis Muñoz Marín y Vicente Géigel Polanco, los principales líderes de las posiciones en pugna sobre la cuestión de la independencia, fueron elegidos senadores por acumulación. La representación socialistarepublicana en el Senado se componía de Celestino Iriarte, Ramón Barrios, Lumen Méndez, Bemardino Villanueva, Bolívar Ochart, Adolfo García Veve, Rafael Martínez Nadal, José del Río y Lino Padrón Rivera. 10 El PUTP era una alianza de tres partidos: un Partido Liberal en plena decadencia; el Partido Laborista, que era una escisión del Socialista; y la Unión Republicana Reformista, formado por disidentes del Partido Unión Republicana que se oponían a la coalición con los socialistas. Para un breve recuento de las sucesos que llevaron a la fundación de este partido véase Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos, (1898-1956), (San Juan, Librería Campos, 1959), 11:135-152.

189 comprometido durante la campaña electoral. El poder legislativo popular se debilitaba todavía más con la elección de un representante de la oposición coalicionista —el socialista Bolívar Pagán— al puesto de comisionado residente. Desde esa posición y con acceso directo al Congreso y a los diferentes departamentos federales, este funcionario podía causar serias dificultades a los populares. Su dominio sobre el Senado compensaba en cierto grado la situación poco favorable que enfrentaba el PPD. A diferencia de la Cámara, este cuerpo poseía un amplio poder de negociación con el gobernador, quien precisaba de su consentimiento para designar la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo.11 En la práctica política colonial, esto había tenido como consecuencia que el partido que dominaba el Senado poseía un gran control sobre el gabinete del gobernador y de la burocracia civil.12 Pero aun así, el hecho de carecer de la mayoría legislativa requerida para anular cualquier decisión del gobernador de vetar la legislación aprobada colocaba al PPD en un situación de relativa debilidad en sus tratos con ese funcionario. Ante estas circunstancias, el éxito de su labor legislativa estaría determinado en última instancia por la capacidad del PPD de mantener una buena relación de trabajo con el gobernador, y por el apoyo que este funcionario estuviera dispuesto a ofrecer a los controvertibles proyectos legislativos populares. Y esta coyuntura no se concretizó hasta septiembre de 1941, cuando el presidente de los Estados Unidos nombró a Rexford Guy Tugwell a la gobernación de la isla. Mientras tanto, los populares tomaban los primeros pasos para llevar a cabo su programa reformista, evitando en lo más posible entrar en conflicto con la administración de Roosevelt. En su discurso de instalación como presidente del Senado, Muñoz Marín hizo oficial que el programa de reformas popular estaba subordinado a la política de guerra estadounidense. Era el deber democrático de la Legislatura aceptar el veto tanto del presidente como del gobernador a cualquier proyecto de ley que estos funcionarios entendiesen “fuese en cualquier forma perjudicial a la defensa nacional de los Estados Unidos”. Asimismo, Muñoz dejó consignado que el PPD no tenía ninguna agenda política: el propósito que animaba su labor era educar al pueblo para la democracia; lo único que reclamaba era el derecho del pueblo puertorriqueño a la vida y al trabajo.13

11 Las excepciones eran el comisionado de Educación, el procurador general y el auditor, que, por disposición orgánica, eran nombramientos presidenciales. 12 Charles T. Goodsell, Administración de una Revolución: La reforma del Poder Ejecutivo en Puerto Rico bajo el Gobernador Tugwell, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1967), 46-51. 13 El discurso de Muñoz fue publicado íntegro en las Actas del Senado. Senado de Puerto Rico, Actas, 1941,5-12.

190 Poco después, a propuesta de Géigel Polanco, quien fungía como portavoz de la mayoría, el Senado formalizó su respaldo a la administración de Roosevelt, a su política internacional y al programa novotratista mediante una serie de cablegramas a los principales funcionarios del gobierno.14 Al mismo tiempo, buscando en parte contener la creciente labor obstruccionista de la Coalición, los senadores populares pasaron una resolución, mas bien de carácter simbólico, en la que se solicitaba del Congreso de los Estados Unidos una enmienda al artículo 30 de la Ley Orgánica. En ésta se solicitaba que se declarasen vacantes los escaños de cualquier senador o representante así como del comisionado residente de no estar éstos “desempeñando honorablemente los deberes de su cargo”. Asimismo se solicitaba que el comisionado presentase un proyecto de ley al Congreso para enmendar el estatuto en los términos especificados.15 El recelo de Washington A pesar de las expresiones de lealtad y de la mejor disposición de cooperar con las autoridades federales, importantes funcionarios de la administración Roosevelt, especialmente aquellos que habían tra bajado directamente con Puerto Rico, recelaban del PPD y, muy en especial, de Muñoz Marín. Todavía se hallaba fresco en el recuerdo la abierta y militante oposición de este último, tanto durante como después de finalizado su término como senador liberal, al gobernador Blanton Winship; su radicalismo independentista; su prédica en 1936 a favor de la abstención electoral; su negativa ese mismo año a condenar en la prensa insular a los nacionalistas por el asesinato del jefe de Policía E. Francia Riggs; y sus violentas desavenencias con la dirección del Negociado de Asuntos Insulares del Departamento del Interior. Para muchos —entre ellos el secretario del Interior, Harold Ickes— Muñoz era un “político revoltoso” y sumamente ambicioso, que se había apropiado de la bandera novotratista para desarrollar una base política para su propio beneficio.16 14 La resolución de Géigel Polanco pedía que ae crease una comisión especial para redactar cablegramas al presidente Roosevelt, a los directores de las divisiones que tenían que ver con el caso de Puerto Rico, y a los presidentes de la cámaras congresionales “para saludarlos cordialmente y expresarle el deseo del Senado por el éxito de su nueva administración, especialmente para la solución del problema económico y social de Puerto Rico”. Senado de Puerto Rico, Actas del Senado de Puerto Rico, Decimoquinta Asamblea Legislativa. Primera Legislatura Ordinaria, 1941, (San Juan, 1942), 18,34-35. (En lo sucesivo se citará como Senado, Actas, 1941). 15 Esta resolución, presentada el 10 de marzo, fue enmendada poco después para incluir a los senadores y representantes por acumulación. Senado, Actas, 1941, 217-218, 240-242. 16 Para una recuento de la visión dominante en la Administración de Roosevelt sobre Muñoz Marín y el PPD, así como de la situación política en Puerto Rico en 1940 véase Rexford G. Tugwell, The Stricken Land: The Story of Puerto Rico (New York, Greenwood Press, 1968, reimpresión de la primera edición, 1946), 1-11.

191 Los informes que llegaban de la isla por boca del representante elegido por el pueblo de Puerto Rico al Congreso —el comisionado Pagán— no ayudaban a mejorar la impresión de que la administración se había formado de los populares. El cuadro que se presentaba era inquietante: la Legislatura de Puerto Rico había caído en manos de un partido antiamericano dominado por oportunistas y en el que militaba la peor ralea posible: nacionalistas y comunistas. El lema del PPD, “Pan, Tierra y Libertad”, señalaba el propio Tugwell, “era una evocación del lema bolchevique ‘Paz y Tierra’, y del que guió a la Revolución Mexicana: ‘Tierra y Libertad’.”17 El mismo era utilizado por elementos conservadores en el Congreso federal, en especial por los representantes de los poderosos intereses que controlaban la industria azucarera en Puerto Rico, en sus enconados ataques contra los proyectos de ley —y en específico el de reforma agraria— que los populares se proponían presentar en la Cámara y el Senado insular.18 De igual manera, la posibilidad de inestabilidad en la posesión caribeña, cuya importancia estratégica se acrecentaba a medida que los Estados Unidos se preparaba para incorporarse a la guerra contra las fuerzas del Eje, era causa de gran consternación para la administración Roosevelt. En diciembre de 1940, respondiendo en parte a las numerosas críticas planteadas en el Congreso contra los populares y su líder Muñoz Marín, el secretario del Interior Harold Ickes requirió los servicios de Rexford G. Tugwell. Aunque su misión se limitaba oficialmente a estudiar la muy controvertible legislación agraria y a recomendar a las autoridades federales cómo proceder al respecto, Tugwell iba con el expreso encargo de investigar qué era lo que realmente Muñoz se traía entre manos.19 Del informe de Tugwell dependería en gran medida la actitud que adoptase la administración hacia el nuevo partido en el poder.

Un. matrimonio de conveniencia: Tugwell y el Partido Popular Pocas personas se hallaban tan capacitadas como Tugwell para llevar a cabo esta misión. Había formado parte del llamado “brain trust” de Roosevelt y había sido uno de los principales arquitectos del programa del “Nuevo Trato”. Experto en planificación económica, sirvió como secretario auxiliar y subsecretario de Agricultura entre 1930 y 1935.

17 Ibid., p. 7. 18 Rexford G. Tugwell, The Stricken Land: The Story of Puerto Rico, (New York, Greenwood Press Publishers, 1968). 19 Rexford G. Tugwell, The Art of Politice As Practiced by Three Great Americans: Franklyn Delano Roosevelt, Luis Muñoz Marín and Fiorello H. La Guardia, (Westport, Greenwood Press, 1958), 147; Tugwell, Stricken Land, 4-11.

192 Durante esos años se compenetró con la isla y sus problemas.20 A pesar de que había renunciado al servicio federal en 1935 bajo el violento ataque de la reacción conservadora contra el programa novotratista, Tugwell continuaba presto para brindar sus servicios a la administración. Finalmente, era íntimo amigo y hombre de entera confianza tanto del presidente como de Ickes.21 Durante su investigación, Tugwell quedó profundamente impresionado por el programa de rehabilitación que los populares trataban de implantar a duras penas y con reducidos recursos en aquella “tierra afligida”. Quedó igualmente cautivado por el genio político de Muñoz. Lo que veía ante sí despertaba viejas esperanzas. En la isla, lejos del conservadurismo que se afianzaba en las esferas de poder en Washington, se presentaba quizás la última oportunidad de demostrar que el Nuevo Trato podía ponerse en práctica con éxito si se le daba la oportunidad.22 Le tomó poco concluir que quería ser parte de ese proceso y solicitó la gobernación de la isla. Las posibles ventajas políticas de establecer una estrecha relación de trabajo con el enviado de la administración de Roosevelt tampoco pasaron desapercibidas por Muñoz y otros líderes populares. En su afán por concretizar esta relación, Muñoz le ofreció a Tugwell la cancillería de la Universidad de Puerto Rico. Este último le informó que estaba siendo considerado para la gobernación. Buscando asegurar la presencia de Tugwell en Puerto Rico, Muñoz mantuvo la oferta. Las negociaciones culminaron en un arreglo mediante el cual Tugwell sería designado canciller por un período de diez años. De darse el nombramiento a la gobernación, éste tomaría una licencia sin sueldo, para luego, una vez finalizado su término de gobernador, reintegrarse a su cargo en la Universidad.23 20 En el Departamento de Agricultura Tugwell había trabajado en la extensión de varios programas federales a Puerto Rico. En 1934, en visita que hizo a Puerto Rico, se percató de loe terribles efectos del colonialismo sobre la sociedad y la economía puertorriqueña. Sus impresiones de ese primer encuentro con Puerto Rico aparecen en Tugwell, Stricken Land, 1843. 21 Al momento de ser comisionado a investigar la situación en Puerto Rico, Tugwell trabajaba para la administración de Fio relio LaGuardia en la ciudad de Nueva York, uno de loe últimos baluartes del novotratismo. Para más información sobre la carrera administrativa de Tugwell previo a su nombramiento a la gobernación de Puerto Rico véase Goodsell, Administración de una Revolución, 2601, y Gordon K. Lewis, Puerto Rico: Libertad ypoder en el Caribe (Río Piedras, Edil, 1970). 203-218. 22 Leonardo Santana Rabell, “Rexford G. Tugwell y las raíces políticas e ideológicas de la planificación en Puerto Rico”, Revista de Administración Pública, 15 (octubre, 1982), 90. 23 El acuerdo con la Junta de Síndicos establecía una licencia sin sueldo por un periodo de dos años. Muñoz le garantizó a Tugwell que el PPD no interferiría en los asuntos internos de la Universidad ni en su proyecto de reforma universitaria. Tugwell, Stricken Land, 107117,122-123.

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El nombramiento de Tugwell a la cancillería era un asunto políticamente delicado. Estaba claro que la contratación de un extranjero para este puesto iba a generar fuertes críticas, especialmente entre el estudiantado, y que el issue iba a ser explotado por los adversarios políticos. Sin embargo, Muñoz entendía que la posible ganancia política ameritaba el riesgo. Procedió entonces a asegurar el nombramiento utilizando los poderes que la ley universitaria confería al Senado. Según ésta, la selección del canciller le correspondía a la Junta de Síndicos, la cual incluía a un senador y un representante designados por el gobernador por recomendación del presidente del Senado y del speaker de la Cámara respectivamente. Los restantes síndicos eran nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.24 Ahora en una posición de fuerza, el PPD logró, el 24 de julio de 1941, la renuncia del canciller Juan B. Soto, quien estaba estrechamente vinculado con la Coalición. Una semana más tarde, el 1 de agosto de 1941, Tugwell comenzó su breve y accidentada carrera como rector de la Universidad de Puerto Rico. Mientras tanto, el presidente Roosevelt había recomendado el nombramiento de Tugwell para la gobernación de la isla al Congreso. Entre los que asistieron a las vistas celebradas por el Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado federal para declarar en favor del nombramiento se encontraba el senador Muñoz Marín.25 A pesar de fuertes ataques en contra del candidato, el Congreso federal aprobó en cerrada votación el nombramiento. El 19 de septiembre, Tugwell comenzó sus funciones como gobernador. Pocos días después, la intensidad de la oposición al doble nombramiento llevó al “canciller fantasma” a presentar su renuncia a la Junta de Síndicos de la Universidad.26

La defensa popular del programa y de Tugwell: El papel del Senado Tan pronto Tugwell asumió la gobernación, la institucionalización del programa popular se aceleró a pasos agigantados. Durante la primera

24 Juan José Osuna, A History of Education in Puerto Rico (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1949), 536, 552. 25 Muñoz aprovechó la ocasión para intentar disipar la impresión de que el PPD era un partido antiamericano. Insistió en que el partido no abogaba por ninguna forma de status político y que una de las razones que determinaron la decisión de no plantear la cuestión del status era “para no crear una situación difícil al Gobierno Nacional durante un período de . alta crisis”. Citado en Sen ado de Puerto Rico, Actas del Senado de Puerto Rico. Decimoquinta Asamblea Legislativa, Segunda Legislatura Ordinaria, 1942, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1943), 64. 26 Tugwell llegó a culpar a Muñoz por no haberlo apoyado decisivamente en la controversia. La versión de Tugwell de lo acontecido aparece en Stricken Land, 143-148.

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sesión de la Legislatura del año 1942, los senadores y representantes populares, con el apoyo de los tripartitas en la Cámara y de Tugwell en la gobernación, lograron la aprobación de todos los proyectos presentados.27 Entre ellos se hallaba la legislación que creaba la Autoridad de Comunicaciones y Transporte, la Compañía de Fomento y el Banco de Fomento, la Ley de Reforma Universitaria, así como la que colocaba las centrales azucareras bajo el control gubernamental.28 Varios proyectos en cuya elaboración Tugwell participó activamente, entre ellos el que creaba la Oficina de Planificación, también fueron rápidamente autorizados. La relación de Tugwell con los populares no estaba libre de asperezas. Buscando afianzar su base política, los populares se lanzaron a la conquista del servicio civil. Esto implicaba antes que nada control sobre los altos puestos administrativos. Las demandas populares respecto a los nombramientos exasperaban a Tugwell. Y aunque le disgustaba ceder a estas demandas, se vio obligado a aceptar esa realidad, pues comprendía que era un compromiso necesario para poder lograr sus objetivos.29 La cooperación cada vez más estrecha con los populares le ganó rápidamente a Tugwell la enemistad de poderosos grupos económicos y políticos en la isla. Por otra parte, despojada rápidamente del poder que había acumulado sobre la burocracia civil durante la pasada década, la coalición socialista-republicana se embarcó en una campaña de no cooperación legislativa y, a través del comisionado residente, comenzó a cabildear en Washington por la remoción del gobernador. Desafortu nadamente, su crítica a la administración de Tugwell en Puerto Rico fue utilizada por el Eje en su guerra de propaganda contra los Estados Unidos. Como era de esperarse, el PPD cerró filas en defensa de Tugwell. Era necesario evidenciarle tanto al presidente como al Congreso que el gobernador contaba con el favor de los puertorriqueños. El 10 de febrero de 1942 la mayoría popular en el Senado aprobó la primera de varias resoluciones de apoyo a Tugwell. En ésta se catalogaba su nombramiento como “el gesto más democrático jamás expresado por un ejecutivo nacional en respeto a la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico”. Los senadores populares proclamaban que como parte del respaldo de ese cuerpo al presidente en su lucha por la democracia, era justo y necesario que el Senado insular reconociese “ante la nación y ante el mundo los merecimientos y la gestión democrática y de justicia que su representante, 27 Tugwell, Stricken Land, 41. 28 Godsell, Administración, 33-35. 29 Las luchas y tensiones entre Tugwell y Muñoz sobre el problema de los nombramientos son discutidas en Tugwell, Stricken Land, 166-167,171-172,341-343,371-372.

195 el gobernador Tugwell, estaba llevando a cabo en Puerto Rico”. En un ataque claro a la minoría coalicionista, la resolución planteaba que negar esta realidad era darle “oportunidad a la maquinaria sutil e infernal de la propaganda de los poderes totalitarios para crear dudas en América y en el mundo sobre la buena voluntad del Presidente Roosevelt y de la nación americana en su lucha por la libertad y dignidad de los seres humanos”. Finalmente se ordenaba la distribución de la resolución “en Puerto Rico, en América y en el mundo democrático, de modo que contrarrestase cualquier propaganda que la maquinaria totalitaria quisiese hacer, usando a Puerto Rico de pretexto, contra la causa democrática en América o en el mundo”.30 Por su parte, la minoría votó en bloque en contra de la misma y presentó una resolución alterna, que fue rechazada por los populares. Repitiendo los argumentos que voceaba su representante en Washington, los senadores coalicionistas denunciaban la parcialidad del gobernador hacia el PPD. El gobernador “en abierta violación a sus promesas y en infracción manifiesta de la letra y del espíritu de la Carta Orgánica”, sostenía la resolución, se había dedicado desde que fue nombrado a defender los intereses del PPD, “una agrupación política heterogénea, integrada en su mayoría, por elementos desafectos a la soberanía de los Estados Unidos”. La permanencia de Tugwell, argumentaban estos senadores, era “contraria a los intereses generales de la isla, a la paz, prosperidad del pueblo de Puerto Rico, al prestigio de Estados Unidos y entorpecía la urgente necesidad de mantener incólume la unidad de la familia puertorriqueña indispensable en el esfuerzo de laborar sin descanso en la defensa de la democracia americana”.31 Ese mismo día, los senadores populares procedieron a aprobar otra resolución (Número 3), en la que se repudiaba la campaña de descrédito en contra de Tugwell que realizaba el comisionado residente en el Congreso. Bolívar Pagán, rezaba la propuesta, estaba tratando de crear la falsa impresión en los Estados Unidos de que Tugwell no tenía el respaldo del Senado del Pueblo de Puerto Rico.32 Por su parte, Muñoz Marín, en su calidad de presidente del Senado, y el speaker de la Cámara, Samuel R. Quiñones, enviaron un cablegrama a la prensa estadounidense, en el cual se informaba el rechazo de la Legislatura de Puerto Rico a las actuaciones del comisionado. Las acusaciones irresponsables de este funcionario, denunciaban Muñoz y Quiñones, estaban siendo utilizadas por la propaganda nazi en América Latina.33 30 31 32 33

Senado, Actas, 1942, 45-47 Ibid., 49-52. Ibid., 52-53. Ibid., 129.

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La administración de Roosevelt trató de contener el ataque reafirmando públicamente su inequívoco respaldo a su gobernador. El 26 de febrero el presidente envió al Senado insular una carta en la que acusaba recibo de las resoluciones aprobadas por ese cuerpo. En una parca pero firme respuesta, sostenía que Tugwell estaba “luchando por el mejoramiento económico de la isla y una completa cooperación le debe ser extendida en la realización de tal obra”.34 La oposición coalicionista, sin embargo, habría de continuar su campaña. Tugwell y la independencia

Si bien los intereses de Tugwell iban más allá de las consideraciones militares, su misión principal, como representante del gobierno de los Estados Unidos en tiempo de guerra, era evitar por todos los medios posibles que se generase un ambiente hostil que pusiese en peligro las bases y las tropas norteamericanas estacionadas en la isla en caso de un ataque enemigo.35 Por fortuna, este objetivo se podría lograr mejor trabajando con los populares, en donde se encontraba un importante sector del independentismo, que con la coalición republicano-socialista, cuyo pro-americanismo estaba fuera de toda duda. Aun cuando sentía una fuerte antipatía hacia el colonialismo, Tugwell rechazaba la independencia como una opción real para Puerto Rico. Pesaba en su análisis la idea de que la isla era vital para la defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Insistía, por otra parte, en que la economía puertorriqueña no se podía desarrollar sin la ayuda de los Estados Unidos. Estas consideraciones lo llevaron gradualmente a favorecer la estadidad, pero creía que tal alternativa era imposible e indeseable en esa coyuntura histórica. En su opinión, los poderosos intereses de la industria del azúcar de la remolacha no iban a permitir la entrada al Congreso de otro estado azucarero. Además, en ese momento, la isla estaba incapacitada para asumir la carga fiscal que implicaba la anexión. Por el momento, su estrategia se limitaba a obstaculizar todo intento de forzar una definición final del status político que pudiese culminar en la independencia, al mismo tiempo que impulsaba unas reformas al régimen colonial que asegurasen una estrecha relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos.36

La declaración de apoyo del presidente Roosevelt decía: “Yo tengo fe y confianza en la integridad del gobernador Tugwell, y me siento gratificado que su administración de los asuntos civiles de Puerto Rico tenga la aprobación de la mayoría del Pueblo de Puerto Rico”. Senado, Actas, 1942,316. 35 Tugwell, Stricken Land, 148. 36 Tugwell, Art of Política, 51-52.

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Tugwell era bien consciente de la fuerza del independentismo dentro del liderato del PPD y de que los problemas que habían experimentado sus predecesores inmediatos se debieron, en gran medida, a su abierta oposición a la independencia. De ahí que inicialmente evitó asumir una actitud antagónica hacia esa alternativa. En su discurso público no perdía oportunidad para argumentar que la administración de Roosevelt estaba dispuesta a conferir la independencia si los puertorriqueños así lo solicitasen. De hecho, gustaba de añadir que esto era lo que más le convenía a los Estados Unidos, pues se acabarían “las responsabilidades, los gastos, y la competencia con los productores azucareros continentales”. Por otra parte, proclamaba insistentemente su respaldo, y el de la administración, al derecho de los puertorriqueños a decidir sobre su status político. Esta aproximación al problema del status le permitió reducir de forma considerable las posibles causas de conflicto con el partido.37

El fantasma del status aparece en la Legislatura: El “Plan Caribe” Al momento del nombramiento de Tugwell, llegaron informes a la isla de que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña planeaban crear una comisión conjunta para realizar estudios y recomendaciones tendientes a estrechar las cooperación económica y social entra las distintas islas, territorios y países del Mar Caribe. Pronto comenzaron a circular rumores de que las grandes potencias intentaban establecer un sistema de protectorado o una confederación caribeña en la cual Puerto Rico sería reducido al nivel de una colonia británica y en la que perdería la situación preferencial en el mercado americano. La opinión pública se volcó contra el proyecto. Para muchos, la coincidencia entre ambos acontecimientos —el nombramiento del nuevo gobernador y la propuesta para crear la Comisión— era sumamente sospechosa. Tugwell, se corrió la voz, estaba detrás del proyecto.38 A pesar de la insistencia de Tugwell en lo descabellado de las acusaciones, los rumores persistían. A pesar de las diferencias internas sobre el status, el PPD decidió hacer oficial su posición al respecto. El

37 Tugwell cuenta que en una de bub primeras conferencias de prensa un reportero intentó ponerlo en un situación difícil preguntándole bu opinión sobre la independencia. Este contestó que como americano la apoyaba, ya que los americanos creían en ¡a libertad de loe pueblos, pero que de ser puertorriqueño estaría en contra al menos por razones económicas. Esa contestación, continuó Tugwell, “me ganó gran tolerancia entre los independentistas más intransigentes, y aun pareció satisfacer a aquellos reaccionarios cuyo programa pedía la estadidad”. (traducción del autor, CRFJ. Tugwell, Stricken Land, 164-165. 38 El mismo Muñoz Marín confrontó personalmente a Tugwell sobre este asunto. Tugwell, Stricken Land, Y14-Y16.

198 28 de octubre de 1941 los senadores populares presentaron una resolución en la cual se exigía “que el organismo internacional, que evidentemente era necesario para estudiar dicho plan, medida o recomendación, no debía tener poderes políticos en ningún caso” y “que sus facultades debían ser exclusivamente de estudio, orientación, y recomendación”. Asimismo, evitando hacer alusión al caso de Puerto Rico, solicitaba que esa comisión no debía presuponer ningún status político “para ninguna de las regiones envueltas, sino que cada región debería tener el desenvolvimiento natural de este respecto de acuerdo con la voluntad democrática de sus habitantes”.89 En diciembre de 1941, con la entrada de los Estados Unidos a la guerra, se llevaron a la práctica varios de los proyectos para la defensa del Caribe. Temprano en el nuevo año, el presidente Roosevelt informó al público sobre la creación de la Comisión Anglo-Americana. El nombramiento de Tugwell a este cuerpo, el 9 de marzo de 1942, no ayudó a aplacar las dudas de los puertorriqueños sobre el alcance político del plan. El 11 de marzo de 1942 la mayoría popular en el Senado aprobó otra resolución (número 11) en la que se ratificaba la posición asumida seis meses antes.40

El proyecto de Tugwell del gobernador electivo

Ciertamente Tugwell no tenía en mente lo que creían sus detractores, pero estaba elaborando otra alternativa política para Puerto Rico. Ya para el mes de marzo el presidente le había planteado la necesidad de reestructurar el arreglo colonial en la isla. La respuesta de Tugwell a la petición presidencial fue elaborar un esquema, mediante el cual la Ley Jones sería enmendada para permitirles a los puertorriqueños elegir su propio gobernador en las próximas elecciones. A este funcionario le sería transferida la prerrogativa presidencial de nombrar el auditor, el comisionado de Educación, el procurador general así como los jueces del Tribunal Supremo. Proponía además la creación de la posición de delegado presidencial, funcionario sobre el cual se descargaría la responsabilidad de velar por todos los asuntos federales en la isla. Entre sus otras funciones estaba la de servir de consejero al gobernador y al presidente. Como parte integral del plan, Tugwell sugería que al año de terminarse la guerra se convocase a una asamblea constituyente para

89 Senado, Actas, 1942, 218-221,258-260. 40 Aunque se negó a unirse a la declaración, a la minoría socialista-republicana le preocupaba también el que se intentase crear una nueva forma de dominio. Contrario a los populares, su oposición al plan era total. En su voto explicativo declararon que “jamás asintiremos a que nuestra vida política, social y económica sea unida a pueblo alguno, que no sea nuestro pueblo americano, bien en el Continente o en la isla”. Senado, Actas, 1942,260-261.

199 solucionar permanentemente el problema del status. Estas reformas, argüía, convertirían a Puerto Rico en un estado de facto, “pero no requeriría al presente una solución al problemático issue de la independencia y la estadidad completa”.41 Roosevelt aceptó en principio la propuesta de Tugwell así como la idea de crear una comisión conjunta de funcionarios norteamericanos y puertorriqueños para elaborar la misma. Por su parte, Tugwell declaró con bombos y platillos que se avecinaba una nueva era para Puerto Rico. Sin embargo, para su sorpresa e incomodidad, el presidente no procedió a presentar la propuesta hasta prácticamente un año después.42 La pasividad de Roosevelt permitió que un Congreso hostil a Tugwell tomase la iniciativa para resolver el “problema” de Puerto Rico.

La ofensiva congresional contra Tugwell y el programa popular. El proyecto Crawford En enero de 1943, las fuerzas conservadoras y el comisionado residente lanzaron un ataque concertado contra Tugwell y el PPD. Ahora Tugwell aparecía como el principal culpable de lo que pasaba en la isla. Se le acusaba de estar utilizando a Puerto Rico como conejillo de indias para “experimentos comunistas” y proyectos extravagantes. El, y no los populares, era el arquitecto de una legislación que estaba llevando la isla a la ruina. Había, pues, que detener a Tugwell para salvar a Puerto Rico.43 El 7 de enero el senador Vanderberg presentó un proyecto de ley en el que se solicitaba su inmediata remoción y la limitación del término del puesto de gobernador a dos años. Ese mismo día el comisionado residente radicó un proyecto en el que solicitaba el gobernador electivo para las elecciones a celebrarse el año siguiente.44 Cuatro días más tarde el representante Fred L. Crawford (Michigan) presentó sorpresivamente una resolución concurrente, en la cual solicitaba la anulación de varias de las leyes sobre las que se fundamentaba el programa de rehabilitación económica del PPD.45

41 Según Tugwell, lo único que diferenciaría a la isla de otros estados era que los puertorriqueños no tendrían que pagar impuestos federales ni derecho a representación en el Congreso federal. A nivel internacional, esta reforma ayudaría a solidificar la posición de los Estados Unidos, pues “reforzaría la tendencia de los pueblos sometidos a moverse hacia nuestro lado”, [traducción del autor]. Tugwell, Stricken Land, 321, 328; Tugwell, Arts of Politice, 52-53. 42 Tugwell, Stricken Land, 335, 486. 43 Para una discusión de la oposición congresional a Tugwell véase Goodsell, Administración, 39-42. 44 Goodsell, Administración, 40. 45 “H J. Res. 47: Joint Resolution to provide for the annulment ofcertain acta passed by the Legislatura of Puerto Rico”, January 11,1943 (78th Congress, Ist Session).

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La resolución Crawford dejaba al desnudo una vez más los problemas inherentes a la relación política existente entre Puerto Rico y los Estados Unidos al dramatizar la imposibilidad de lograr un desarrollo económico autónomo en una situación colonial. De pronto, todo el trabajo realizado por los populares amenazaba con venirse abajo. En la práctica, la resolución sirvió para reforzar las posiciones independentistas dentro del PPD. El 8 de febrero la mayoría popular en el Senado contraatacó con la aprobación de una resolución (Número 1), en la que se condenaba en los “términos más enérgicos e inequívocos... el atentado contra la democracia en Puerto Rico y contra los principios de la democracia fuera de Puerto Rico que constituye la resolución Crawford”, así como el “hecho de que en el Congreso mismo de los Estados Unidos de América se haya presentado una resolución de tal naturaleza que desprestigia y mancha los móviles elevados del Gobierno de Estados Unidos de América al dirigir la actual lucha en defensa y afirmación de la democracia”. Continuaba la resolución afirmando “la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo a oponerse a semejante violación de la libertad y la democracia por todos los medios legítimos que los hombres libres pueden y deben emplear para defenderse contra la tiranía y la opresión”. Y en un lenguaje que equivalía a una amenaza velada de rebelión se planteaba la posibilidad de “que en el empleo de los medios necesarios para la defensa contra semejante siniestro atentado, actuará nuestro pueblo en tal forma que nuestros conciudadanos del Norte, descendientes de Washington y Jefferson, no tendrán que sentirse avergonzados de nosotros”.46 Desde el punto de vista estratégico los coalicionistas le dieron la bienvenida a esta resolución, al igual que a las declaraciones públicas que estaban haciendo los populares sobre la resolución Crawford. El PPD parecía moverse hacia una declaración en favor de la independencia. Esto, estimaba la Coalición, llevaría a una crisis interna que debilitaría a la organización. Además, una definición del PPD en favor de la independencia comprobaría al Congreso los cargos de anti-americanismo que hacía el comisionado en contra de los populares. De ahí que el senador Iriarte, presidente del Partido Republicano, procediera a emplazar públicamente a Muñoz para que se le uniera en una petición al presidente para reclamar la inmediata celebración de unos comicios para decidir el status final de Puerto Rico, y en la cual se eligiese un gobernador.47 El día 2 de febrero Muñoz, Iriarte y Ramírez Santibáñez, este último presidente de la Unión Tripartita, firmaron a nombre de sus respectivos 46 Senado de Puerto Rico, Actas del Senado de Puerto Rico, Decimoquinta Asamblea Legislativa. Tercera Legislatura Ordinaria, 1943, San Juan, 1944), 2-4. 47 Copia de las declaraciones de Iriarte fueron incluidas en Congressional Records. Appendix, January 28,1943.

201 organizaciones una declaración conjunta en la que se solicitaba del presidente y el Congreso de los Estados Unidos que el status político de Puerto Rico fuera “decidido a la mayor brevedad, si fuere posible ahora mismo, en consulta con y por el voto libre de, el pueblo de Puerto Rico”. Se le añadía una cláusula a la propuesta de Iriarte, que le ofrecía una salida al presidente y que era cónsona con el programa del Partido Popular: de no poder efectuarse la consulta en ese momento por motivos de la guerra, se solicitaba que el proceso se iniciase tan pronto se estructurase la paz. Al mismo tiempo, Muñoz endosó el proyecto de Bolívar Pagán para que se le permitiese al pueblo de Puerto Rico elegir su propio gobernador. Condicionaba este apoyo a que se celebrase dicha elección tan pronto el plan recibiese el endoso del Congreso federal. Del Congreso aceptar esta propuesta se lograría contener la intervención unilateral de este cuerpo en los asuntos de la isla. El día 8 de febrero los senadores populares presentaron una versión enmendada de la misma en forma de resolución concurrente. Con el concurso de los legisladores coalicionistas y del PUTP, el Senado y luego la Cámara procedieron a la aprobación de la misma.48 Esta declaración fue trascendental. Por primera vez en la historia de la Legislatura de Puerto Rico, los partidos que la constituían se habían puesto de acuerdo para solicitar oficialmente la solución final del problema del status de Puerto Rico.

El Congreso continúa su ofensiva: La batalla para remover a Tugwell La crisis se ahondaba rápidamente. En ese mismo mes de febrero un comité congresional inició las vistas para relevar a Tugwell. Tan pronto llegó la noticia a la isla el PPD se movilizó en el Senado para tratar de detener el proceso. Sobre la oposición de la minoría, los senadores populares aprobaron el envío de un cablegrama en el que se le solicitaba de dicho cuerpo que le diera “la oportunidad a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para exponer al terminar la presente sesión legislativa su oposición a dicho proyecto de remoción del gobernador Tugwell”.49 Al día siguiente, los senadores populares pasaron otra resolución de apoyo a Tugwell. Esta iba dirigida a demostrarle al Congreso la falsedad de las alegaciones de que Tugwell y el Partido Popular estaban

48 En esta no se incluía el apoyo al gobernador electivo. “El pueblo de Puerto Rico”, la resolución terminaba, “aguardará con resignación patriótica hasta ese momento decisivo para sus naturales aspiraciones”. Senado de Puerto Rico, Actas, 1943,9-13. ( 49 La decisión del Comité de proceder con las vistas, argumentaban los populares tendía “a desvirtuar la inmediata acción concertada en favor de la liquidación del sistema colonial y la decisión del status político permanente de Puerto Rico”. Sanado, Actas, 1943, 33-34.

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imponiendo sus ideas sobre el pueblo de Puerto Rico. Declaraba que la legislación bajo ataque había sido aprobada antes del nombramiento del presente gobernador; que la misma había sido presentada y discutida con el pueblo durante el periodo electoral; y que el pueblo había llevado al poder al PPD para que la pusiera en vigor. Las leyes tampoco eran criaturas exóticas, sino que en muchas formas eran similares a las soluciones ofrecidas por los otros partidos que participaron en las pasadas elecciones. Para corroborar este argumento, se incluía en la resolución las secciones pertinentes de los programas de dichos partidos. La resolución terminaba con una petición al presidente en la que se solicitaba la retención de Tugwell hasta que los puertorriqueños tuviesen “la oportunidad de elegir su propio jefe ejecutivo, única alternativa democrática, a la permanencia en Puerto Rico de un gobernador que cumple el programa del pueblo y de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”. Copias de la misma fueron enviadas a los funcionarios del Congreso y de la administración de Roosevelt encargados de los asuntos insulares y a la prensa norteamericana. 50 Mientras tanto, el Comité de Asuntos Insulares de la Cámara y el Comité de Territorios y Posesiones del Senado se preparaban para enviar comisiones separadas para “estudiar las condiciones sociales y económicas” en Puerto Rico. Era un secreto a voces, sin embargo, que el objeto de las visitas era recoger las pruebas necesarias para acabar con Tugwell. La contraofensiva de Roosevelt: El comité presidencial de 1943 y la respuesta del independentismo popular

La situación se le escapaba de las manos a la administración Roosevelt. Por un lado, aun cuando favorecía las reformas al régimen colonial, insistía, al igual que Tugwell, en que la isla debía permanecer bajo la bandera norteamericana. Por otro, la remoción de Tugwell por parte del Congreso además de serle poco grata era un serio revés político en esa coyuntura de guerra. Buscando reestablecer control sobre el proceso, decidió desengavetar la propuesta del gobernador electivo presentada por éste hacía casi un año.51 El 9 de marzo de 1943, Roosevelt recomendó al Congreso que enmendase la ley orgánica para hacer electivo el cargo de gobernador y “para redefinir nuevamente las funciones y poderes del gobierno Federal y del Gobierno de Puerto Rico, respectivamente”. Le informaba a los congresistas, sin embargo, que había nombrado un comité 50 Ibid., 3844. 51 Se trataba así de frenar la ofensiva congresional en contra de Tugwell y de aliviar laa crecientes tensiones políticas en Puerto Rico. Trías Monge, Historia constitucional, vol. II, 281.

203 asesor presidencial, cuyas recomendaciones serían sometidas “oportu namente” para su consideración.52 Este nuevo desarrollo creó gran consternación dentro del sector independentista del Partido Popular. La decisión del presidente de reformar sustancialmente el sistema colonial, específicamente el proyecto del gobernador electivo, amenazaba con retardar el establecimiento de la república. La mordaza sobre la cuestión de la independencia en la Legislatura les impedía utilizar el foro para empujar sus posiciones. En abril de ese año varios lideres populares se reunieron secretamente con el senador Tydings para solicitarle que presentase otro proyecto de independencia en el Congreso federal. Tydings accedió a la solicitud y radicó el mismo el 2 de abril de 1943. Contrario al presentado por el senador en 1936, el nuevo proyecto ofrecía una serie de garantías económicas, lo cual salvaba muchas de las objeciones que se le hicieran a su proyecto anterior. En la isla, líderes independentistas tanto dentro como fuera del PPD se reunían para desarrollar una estrategia común para apoyar el Proyecto Tydings. Nueve días después de presentado éste, el 11 de abril de 1943, se creó el Congreso Pro-Independencia (CPI), una organización no partidista cuyo fin era educar al pueblo sobre la independencia y exigir el reconocimiento inmediato de la soberanía.53 Inmediatamente el CPI comenzó a exigir que el PPD asumiese alguna posición en el Senado y la Cámara sobre el proyecto. El sector muñocista se opuso argumentando que el compromiso con el pueblo le impedía a los legisladores populares asumir posiciones con respecto a alternativas políticas. Muñoz, por su parte, rechazó el proyecto arguyendo que éste “contenía cláusulas [económicas] contrarias a la soberanía verdadera”.5* Proponía que se enmendase de forma que incluyese otras alternativas además de la independencia, así como el reconocimiento automático por parte del Congreso federal de la decisión que tomasen los puertorriqueños en una elección Ubre.55

52 Senado, Actas, 1943, 321-322. 53 El Congreso se constituyó formalmente el 15 de agosto de ese año. Trías Monge, Historia Constitucional, vol. II, 300. En el alto liderato de la nueva organización se encontraba el senador Géigel Polanoo, quien fue elegido vicepresidente del mismo. 54 “Muñoz explicó en Cuba el programa de los Populares”, El Mundo, 20 de julio de 1943. 55 Muñoz Marín y Rafael Arrillaga escribieron: “Nos parece que esta forma de enfrentamos al problema será de gran utilidad para cuando llegue el momento de determinar la forma definitiva del futuro status político permanente de Puerto Rico”. Rafael Arrillaga Torréns, President of the House of Representatives of Puerto Rico and Luis Muñoz Marín, President Puerto Rican Senate to Honorable Millard E. Tydings, President Committee of Territories and Insular Affairs, U.S. Senate, Washington, D.C., May 24,1943. Archivo Luis Muñoz Marín: Caja 4: folio 3: Tydings, M.: documento 7.

204 Carente del apoyo de los principales partidos políticos en la isla y de la Administración, el proyecto Tydings languideció en el Congreso. Para mediados de mayo del ’43, Tugwell se sentía seguro de que el mismo estaba muerto. Una vez el subcomité del Comité de Asuntos Insulares de la Cámara —el Comité Bell— terminase su visita, Tugwell escribió, se podía proceder con la comisión presidencial para revisar la carta orgánica, sobre las bases que él había previamente sugerido.56 El 19 de julio del 1943 la Comisión comenzó sus labores. Entre las personas seleccionadas para componer el Comité se hallaban Muñoz y Tugwell. El nombramiento colocó a Muñoz en una situación sumamente difícil. De asistir a la misma estaría participando en un proceso que personalmente había combatido en el pasado: la reforma del sistema colonial. Mas la gravedad de la situación exigía una concesión. Ya el Partido tenía en su contra a un sector del Congreso federal. Rehusarse a aceptar equivaldría a perder el frágil apoyo de la Administración Roosevelt. De ahí que finalmente optase por asistir y aceptar la gobernación electiva. A cambio trataría de conseguir otras reformas sustantivas, entre ellas el derecho del pueblo de Puerto Rico o de sus representantes a aprobar cualquier cambio a la ley orgánica. Asimismo y más importante aún, en armonía con la resolución concurrente del 8 de febrero, se proponía solicitar de la Comisión que recomendase la convocación a un plebiscito para escoger el status final de Puerto Rico una vez terminada la guerra.57 Para ese entonces, Tugwell había reconsiderado su recomendación al presidente de establecer un plazo de un año después de terminada la guerra para la celebración de una asamblea constituyente. Le preocupaba cada vez más la ascendencia de la línea independentista dentro del PPD y lo que esto podía significar en las futuras relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Cuando Muñoz presentó una propuesta con ese propósito, Tugwell la combatió frontalmente. Usando la experiencia filipina como ejemplo, advirtió que el proveer una convención constituyente para decidir el status de Puerto Rico “equivaldría a declarar la independencia” y tal opción sería desastrosa para la isla.58 Insistió, a cambio, en el gobernador electivo y la creación de una comité asesor, cuyos miembros serían nombrados entre el presidente y el gobernador. Este se encargaría de

56 Tugwell, Diary, May 21,1943. 57 Ya para ese entonces, Muñoz estaba considerando seriamente la posibilidad de negociar otras opciones a la independencia. Para tantear la disposición de loe representantes de la Administración en el Comité, movilizó al sector autonomista dentro del partido para que planteasen, en su carácter personal, proyectos alternos. Los proyectos alternos son discutidos por Trías Monge, Historia constitucional II, 283-289. 58 Tugwell, Diary, August 4,1943.

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presentar recomendaciones de tiempo en tiempo sobre posibles enmiendas a la carta orgánica. Los comisionados americanos apoyaron en bloque la posición de Tugwell y derrotaron la propuesta de Muñoz, que tenía el respaldo de los comisionados puertorriqueños. En la propuesta final de la Comisión, el poder del presidente y del Congreso sobre Puerto Rico quedaba incólume. El 18 de septiembre de 1943 el presidente presentó al Congreso las recomendaciones finales de la Comisión. En su mensaje dejaba claro la importancia estratégica de Puerto Rico para los Estados Unidos, y la decisión de su Administración de no permitir bajo ningún concepto que la isla quedara fuera del control norteamericano.59 Si algo se había sacado en limpio de este proceso era que, contrario a las continuas garantías públicas dadas por Tugwell a los puertorriqueños, ni él ni la Administración estaban dispuestos a apoyar proyecto alguno que pudiese culminar en la independencia de Puerto Rico.

A modo de conclusión Los sucesos de 1943 fueron determinantes en la estrategia que habría de seguir Muñoz y el PPD en la búsqueda por mayor autonomía política. En la tempestuosa asamblea general de 1944, la línea de Muñoz se impuso. Se volvió a disponer que el status no estaría “en issue” en las elecciones venideras, al mismo tiempo que se eliminaba la independencia del programa del partido. Por otras parte, se formalizó el compromiso de “someter a la decisión directa del pueblo de Puerto Rico, no más tarde de estructurarse la paz mundial... la consulta sobre el status político final que el pueblo de Puerto Rico quiere para el ejercicio pleno de sus derechos y el mejor desenvolvimiento de su porvenir”.69 Con el triunfo arrollador del PPD en las elecciones del ’44 el poder del sector muñocista se afianzó.61 Las maniobras del ala independentista para mover el partido en esa dirección fueron en vano. El 10 de febrero de 1945 este sector fue desarticulado cuando la junta de gobierno popular declaró incompatible ser miembro del partido y del CPI. El 20 de febrero de 1945 los populares plantearon nuevamente la cuestión del status en la Legislatura. Esta vez la estrategia popular había cambiado. Por medio de la resolución concurrente numero 1 del 20 de ese

59 Para un análisis de las recomendaciones finales de la Comisión y la acción del Congreso véase Trías Monge, Historia constitucional, 293-299. 60 Partido Popular Democrático, Programa económico y social. Status Político, 1944. Reproducido en Bothwell González, Puerto Rico, 1-1. 643-645. 61 En las elecciones de 1944, el PPD logró el control de 17 de los 19 escaños senatoriales y 34 de los 35 distritos representativos. El candidato popular al puesto de Comisionado Residente también fue elegido por abrumadora mayoría.

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mes, presentada por Muñoz Marín, se solicitaba del Congreso “la aprobación de una ley instrumentando las alternativas sobre ‘status' político definitivo para Puerto Rico que dicho Congreso esté dispuesto a implantar al tener cualquiera de ellas la aprobación del pueblo de Puerto Rico”.62 Con esta declaración el PPD, a través de la Legislatura, demostraba formalmente su disposición a aceptar otras opciones además de la independencia y la estadidad. El camino para el establecimiento del Estado Libre Asociado se había allanado. Por su parte, durante el resto de su gobernación, Tugwell desarrolló una campaña dirigida a anular la actividad del sector independentista dentro del Partido Popular. Al acercarse las elecciones de 1944 insistía en sus conversaciones con Muñoz en la necesidad de romper con éste para lograr la libertad necesaria para negociar un arreglo satisfactorio con los Estados Unidos.63 Ya para finales de 1944, su actitud sobre la cuestión del status estaba claramente definida, los liberales americanos no debían apoyar la independencia de Puerto Rico, sino trabajar a favor de la anexión de la isla, “y de esa manera cumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos americanos en Puerto Rico”.64 Sabía, sin embargo, que esto era un sueño irrealizable.

62 “Resolución Concurrente del Senado Numero 1”, 20 de febrero de 1945. En Senado de Puerto Rico, Decimosexta Asamblea Legislativa. Primera Legislatura. P del S 351-738. R. ConcdelS 1 y 2 (San Juan, 1945), n.p. 63 En septiembre de 1944 escribió en su diario: “Todavía estoy discutiendo con Muñoz sobre la política que debe seguir... [Le insisto] en que debe asumir una posición más militante sobre su posición de que el status no está en issue (para exagerar mi punto le sugerí que se declarase a favor de la estadidad) de modo de que cuando se ganen las elecciones ellos no puedan reclamar que tienen un mandato...” Tugwell, Diary, September 6, 1944. Véase también las anotaciones que hace sobre el mismo tema el 6 de agosto y 14 de diciembre de 1945; y 27 de marzo y 7 de abril de 1945. 64 Tugwell, Stricken Land, 686.

El debate por la tradición: El Partido Independentista en el Senado, 1952-1956

Antonio Gaztambide Géigel

Agradezco la valiosa colaboración de Carlos Altagrada en la investigación para este ensayo.

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Los hombres que recibimos en las urnas el man dato del pueblo independentista para represen tarlo en las Cámaras Legislativas, reiteramos nuestro juramento de combatir el tal sistema colonial con todas nuestras fuerzas, dentro del marco que anteriormente hemos señalado, y nos reafirmamos en nuestra inquebrantable determi nación de no descansar hasta que logremos que sea sustituido por un orden jurídico de libertad que se funde en el goce y disfrute de la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Gilberto Concepción de Gracia, 1953*

Estas palabras pronunciadas en el hemiciclo del Senado por el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) crearon una situación única en nuestra historia. Ese lunes 12 de enero de 1953, los legisladores del principal partido de oposición atemperaron el juramento que, al igual que los demás senadores, habían hecho un poco antes: mantener y defender las Constituciones de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Con el solemne contra juramento por voz del doctor Gilberto Concepción de Gracia, los cinco hombres de la independencia en la Cámara Alta aceptaron el estatuto orgánico vigente “como realidad jurídica”, pero comprometían sus mayores esfuerzos para liquidar el régimen político bajo el cual habían sido elegidos.2 La ocasión marcaba también un momento único: se inauguraba la primera Asamblea Legislativa elegida en noviembre de 1952 bajo el ELA, el nuevo estatuto orgánico que culminaba una redefinición de las

1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Senado, Actas del Senado de Puerto Rico, 12 de enero de 1953,16. (En adelante citado como Actas, seguido por fecha y página.) 2 Ibid. Ver también: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Diario de Sesiones: Procedimientos y debates de la Asamblea Legislativa,Vol.II,Núm.l, San Juan,P.R.-Lunes, 12 de enero de 1956, Senado, 5. (En adelante: Diario de Sesiones, seguido por fecha y página.) Loe representantes del PIP a la Cámara habían hecho un poco antes lamisma aclaración por voz de Baltasar Quiñones Elias.

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relaciones de la isla con los Estados Unidos. Abarrotaban las galerías del Senado seguidores del Partido Popular Democrático (PPD), proponente del nuevo estatuto y representado por la abrumadora mayoría de los senadores. Como en 1944 y 1948, esa colectividad había “copado” electoralmente por tercera vez consecutiva.3 Pero el senador Concepción de Gracia impuso durante toda la sesión la presencia de la minoría independentista. Una gran expectación reinaba en el hemiciclo cuando le llegó el tumo de jurar a los hombres de la independencia. En cuanto lo hicieron, el presidente del PIP discutió acaloradamente con el secretario del Senado, José Cestero Guardiola, quien fungía de presidente accidental, por la exclusión de las galerías —en violación de la Ley Orgánica— de casi todos los invitados del Partido. Terminada la discusión, se procedió con la organización del cuerpo senatorial, en la cual la minoría independentista se abstuvo de votar. Nombrado por el presidente del Senado, Samuel R. Quiñones, a la comisión que comunicaría la constitución del cuerpo a la Cámara de Representantes y al gobernador, Concepción de Gracia declinó. Más tarde, sin embargo, aceptaría la encomienda ante la Cámara, pero no ante el gobernador.4 Otros incidentes y procedimientos también atrasaron el contra juramento. Después de formalizada su designación como portavoz de su partido, Concepción de Gracia procedió con las manifestaciones del epígrafe. Al concluir las mismas, la representación del PIP quiso iramatizar la seriedad de su compromiso. Como primera gestión legislativa presentaron una resolución para “repudiar el estado de coloniaje que prevalece en Puerto Rico y demandar del Congreso de los Estados Unidos el inmediato reconocimiento de la independencia nacional”.5 Con ese gesto, el Partido Independentista culminaba cuatro años de lucha contra la instauración del Estado Libre Asociado y comenzaba los esfuerzos para impugnar su legitimidad. El portavoz del PIP cerró esa primera sesión con otro de los gestos que caracterizaron sus años de legislador. Presentó una moción para que el Senado, puesto de pie, rindiera “tributo de admiración y de respeto al eminente educador, sociólogo, filósofo, pensador y patriota puertorriqueño 3 Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños (1898-1956), 2 tomos (San Juan, [ed. de autor], 1959), II, capítulos 4 al 6. mee 13 de enero de 1953,1 y 12. Ver también: Diario de Sesiones, 12 de enero de IUdo, l-o.

5 Ibid-Ner también Actas, 12 de enero de 1953,16, y Ellmparcial, 13 de enero de 1953,2. La resolución se imprimió, fechada dos días después. Ver: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2a. Asamblea Legislativa, la. Sesión Ordinaria, Senado de Puerto Rico, Resolución Conjunta del Senado 1,14 de enero de 1953. (En adelante: R. C. del S., seguida del número y fecha.)

211 don Eugenio María de Hostos”, cuyo natalicio se celebraba oficialmente ese día. Luego de que el presidente la diera por aprobada, el líder independentista dedicó a Hostos el primero de sus célebres “discursos para la historia”.6 Ese día, tres de los hombres de la independencia asumieron la postura combativa de la oposición frente a antiguos compañeros de partido y Legislatura. El licenciado Francisco M. Susoni había participado —junto a su padre, el doctor Francisco M. Susoni, y a Luis Muñoz Marín— en la fundación de Acción Social Independentista en 1936 y del Partido Popular en 1938. Susoni sustituyó al padre en el Senado en 1945, cuando éste pasó a presidir la Cámara de Representantes. William Córdova Chirino, por su parte, había sido senador, y Eugenio Font Suárez representante a la Cámara, ambos por el PPD, en el cuatrienio de 1945 a 1948.7 Rafael Betancourt y Concepción de Gracia no habían pertenecido a la Asamblea Legislativa. Los cinco representaban un partido que se había convertido en el segundo del país en las elecciones de 1952, cuando casi duplicó los votos recibidos en 1948 y obtuvo once escaños en la Cámara de Representantes. Concepción de Gracia, Font Suárez y Susoni habían sido elegidos senadores por acumulación; Córdova Chirino y Betancourt por la representación adicional de minorías.8 Como principal partido de oposición, el PIP enfrentaba, sin embargo, una contradicción. Para lograr la independencia tenía que obtener una mayoría electoral. Pero para ganar unas elecciones tenía que convertirse en “opción de gobierno” y ejercer una función fiscalizadora dentro del mismo sistema que proponía liquidar. Con esa doble finalidad, los independentistas se proyectaron como los verdaderos portadores de la tradición anticolonial y de justicia social iniciada por el Partido Popular. Los hombres de la independencia en el Senado desplegarían, por lo tanto, una gestión legislativa mucho más abarcadora que la ofensiva patriótica del primer día. Durante ocho años como portavoz de la minoría en el Senado el doctor Gilberto Concepción de Gracia presentó alrededor de ciento cuarenta proyectos de ley, doscientas

6 Diario de Sesiones, 12 de enero de 1953, 6-9. 7 Pagán, Historia, 11:113, 133 y 223; Néstor Rigual, Miembros y funcionarios de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 1900-1965 ([San Juan], Cámara de Representantes, 1965), 123. 8 El PIP obtuvo 126,228 votos en las elecciones de 1952, o el diecinueve por ciento(19%) de los votos emitidos y el catorce por ciento (14%) de los electores inscritos; en las elecciones de 1948 había obtenido 65,351 votos: el diez por ciento (10%) de los votos emitidos y el siete por ciento (7%) de los electores inscritos. Pagán, Historia, 11:277 y 327-329.

212 once resoluciones conjuntas y trece resoluciones concurrentes de los cuales sólo se aprobarían quince resoluciones.9 En esa legislación había muchos proyectos de avanzada, algunos cuyo contenido sería aprobado posteriormente en Puerto Rico. Tal es el caso de la concesión de títulos de propiedad a los parceleros, la enmienda constitucional para conferir el voto a los mayores de dieciocho años y la devolución por el ejército estadounidense del Castillo de El Morro y otros monumentos históricos. Otros se han replanteado, desde la venta a los inquilinos de las viviendas en los caseríos, la creación de salas maternales para los hijos de las trabajadoras y un nuevo referéndum sobre la consolidación de los municipios de Río Piedras y San Juan, hasta el carácter colonial del ELA. No obstante, en las elecciones de 1956 el PIP perdería su condición de segundo partido y su representación senatorial se reduciría a tres. En las elecciones de 1960 perdería su franquicia electoral. Un ensayo como éste no puede abordar las razones últimas para ese descenso tan súbito como el ascenso inicial. En ese panorama tan amplio, me propongo examinar la actividad senatorial del Partido Independentista durante su cuatrienio como principal partido de oposición sólo en su acción legislativa directa contra el sistema colonial y por la independencia. Fundación y trayectoria del PIP hasta las elecciones de 1952

Los legisladores independentistas en el Senado reflejaban los orígenes de su partido. Excepto Susoni, todos habían estado vinculados con los Congresos Pro-Independencia de 1943 y 1944. Concepción de Gracia había sido elegido a la presidencia para el Segundo Congreso; junto a él, Córdova Chirino participó en la fundación el PIP en octubre de 1946. Además, Córdova Chirino, Font Suárez y Susoni se habían destacado dentro de la minoría que se opuso al viraje anti-independentista en el liderato del PPD.10 En ese sentido, el Partido Independentista había sido un desprendimiento del partido de mayoría. Muchos de los legisladores y alcaldes del PPD fueron delegados en los Congresos Pro-Independencia y respaldaron el proyecto de independencia del senador Tydings en 1945. Pero desde febrero de ese año, cuando el liderato del PPD declaró incompatible ser a la vez miembro del Partido y del Congreso Pro-

9 Carmen D. Flores Col6n, “La obra legislativa de Gilberto Concepción de Gracia: Labor política y sodal”, (Tesis de maestría, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1986), capítulo 2. 10 Pagán, Historia, II, capítulo 5; Floree Colón, "La obra Legislativa”, capítulo 1; Amalia Alsina Orozco, “Los Congresos Pro-Independencia”, (Tesis de maestría, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1987), capítulos 5 y ss.

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Independencia, se fueron —parafraseando lo dicho por Muñoz Marín al respecto— “deslindando los campos”.11 Esta colectividad, sin embargo, era más que un desprendimiento del partido de gobierno. Desde los Congresos Pro-Independencia, el movimiento que se articularía en el PIP incluyó a ex-nacionalistas y comunistas que no se identificaron con el PPD. La elección de Concepción de Gracia a la presidencia del Congreso Pro-Independencia se debió, por ejemplo, a que varios líderes ex-nacionalistas abandonaron el mismo para fundar otro Partido Independentista.12 La distancia entre el Partido Independentista y el Partido Popular aumentó dramáticamente entre 1946 y 1952. Ciertamente, el programa original del primero, defendido en las elecciones de 1948, enfatizaba casi exclusivamente la consecución inmediata de la independencia. Consignaba de entrada: el propósito primordial de laborar por el reconocimiento inmediato de la plena soberanía del pueblo de Puerto Rico, a los fines de que el Pueblo de Puerto Rico se constituya en una República libre, independiente y democrática. Este objetivo no podrá ser alterado ni sustituido sin que el partido pierda el motivo esencial de su existencia, y quienes propongan o intenten cambiarlo o entorpecerlo quedarán automáticamente fuera del Partido.13 Además de esta obvia referencia a lo que entendían como la “traición” de Muñoz Marín, el documento rechazaba “el engaño tradicional de ofrecer al pueblo programas de reconstrucción económica y social” y concluía con un brevísimo “programa mínimo transitorio”. En ese sentido, el PIP apenas se diferenciaba del proyecto socio-económico que muchos de sus miembros contribuyeron a articular desde el PPD. Pero seis años después, el tono y el contenido del programa habían cambiado notablemente. ¿Por qué? En primer lugar, fueron años de transformaciones fundamentales en el país. A partir de 1947 se articuló una estrategia económica de “industrialización por invitación” de capital metropolitano en la “Operación Manos a la Obra”. Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos intensificó su militarización a partir de la reafirmación de su hegemonía en el hemisferio y de los comienzos de la guerra fría, sobre todo con la expansión de la base naval de Roosevelt Roads en Vieques y Culebra. Delimitados por estos factores económicos y

11 Ibid.', frase de Muñoz en Flores Colón, “La obra Legislativa”, 13. 12 Alsina Orozco, “Los Congresos”, capítulo 4. 13 Esto y el resto del párrafo de: El Mundo, 10 de noviembre de 1946, reproducido en. Reece B. Bothwell González, Puerto Rico: Cien años de lucha política, 4 vola. (Río Piedras: Editorial Universitaria, 1979), 1:661-666.

214 geopolíticos, se produjeron los procesos jurídico-políticos que terminarían institucionalizados en el Estado Libre Asociado.14 En segundo lugar, uno de los principales obstáculos a los planes del PPD y del gobierno de los Estados Unidos era la oposición independentista. Desde su fundación en 1946, el PIP enfrentaría la persecución tradicional de Washington contra los “subversivos”. A esto se sumaron comportamientos notorios de los gobiernos de Jesús T. Piñero y Luis Muñoz Marín, avalados por las mayorías legislativas del Partido Popular. La intransigencia del rector Jaime Benítez en la huelga universitaria de 1948 y la aprobación de las “Leyes de la Mordaza” en junio de ese año, entre otras cosas, expresaron la voluntad de despejar el ambiente de obstáculos a los programas de gobierno. Diría Muñoz ese verano: “Aunque el PIP no gane, como no va a ganar, las elecciones, bastará con que saque bastantes votos, aunque sea en minoría, para que eso dé un golpe mortal al desarrollo económico, a la industrialización...”15 La tensión entre el proyecto del gobierno y la oposición independentista se agudizó a partir de 1950. El temor a una obstaculización del proceso jurídico-político hacia el establecimiento del ELA parece haber sido la mayor motivación para el comportamiento del gobierno de Muñoz Marín ante la insurrección nacionalista de octubre de 1950. Así lo entendió el liderato del PIP cuando responsabilizó al gobierno de Puerto Rico por los sucesos y expresó el “más profundo respeto... hacia los compatriotas que han ofrendado y están ofrendando sus vidas por la causa de la independencia de Puerto Rico”.16 La intolerancia contra toda disidencia,

14 Emilio Pantojas-García, Development Strategies as Ideology: Puerto Rico’s ExportLed Industrialization Experience, (Boulder y Londres, Lynne Rienner Publs.-Editorial Universitaria, 1990), capítulo 3; Jorge Rodríguez Beruff, Política militar y dominación: Puerto Rico en el contexto latinoamericano, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1988); Antonio Gaztambide Géigel, "The Road to Developmentalism: The Transition from the Good Neighbor to the Good Partner in U.S. Latín American Policy, 1946-1954”, (Tesis doctoral, Universidad de Princeton, 1986); Arturo Meléndez, La batalla de Vieques, (México: COPEC, 1982); José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, 4 vola. (Editorial Universitaria, 1980-1983), Volumen III; Pagán, Historia, II, capítulo 6. 18 Muñoz citado por Ivonne Acosta, La mordaza: Puerto Rico, 1948-1957, (Río Piedras, Editorial Edil, 1987), 96. Ver también: IbicL, capítulos 1 al 3; Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Informe sobre discrimen y persecución por razones políticas: La práctica gubernamental de mantener listas, ficheros y expedientes de ciudadanos por razón de su ideología política, reproducido en Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico 51, 4 (octubrediciembre de 1990) y 52, 1 (enero-marzo de 1991); Ruth M. Reynolds, Campus in Bondage: A 1948 Microcosm of Puerto Rico in Bondage, Ed. Carlos Rodríguez Fraticelli y Blanca Vázquez Erazo, (Nueva York: Centro de Estudios Puertorriqueños, 1989). En adelante, “Washington” se usará como sinónimo del gobierno de los Estados Unidos. 16 Resolución de la asamblea general extraordinaria del PIP, 1 de noviembre de 1950, Pagán, Historia, II:296-297. Esto y el resto del párrafo también en: Acosta, La mordaza, 114136; y Comisión de Derechos Civiles, Informe sobre discrimen y persecución por razones políticas, 46-61.

215 justificada con la guerra fría, se intensificó con el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950 y el reclutamiento de miles de puertorriqueños para pelear en ella. El Partido Independentista, por su parte, hizo todo lo posible por evitar la instauración del nuevo estatuto orgánico. Ya en el Senado, Concepción de Gracia diría que su partido: no se contentó con la denuncia pública del engaño malicioso de las autoridades, de las violaciones de ley y de las tácticas totalitarias, sino que además recurrió ante los organismos administrativos y los tribunales de justicia, a través de diversas instancias, impugnando las inscripciones de noviembre de 1950, las elecciones del 4 de junio de 1951, la ratificación déla Constitución en 3 de marzo de 1952, en adición a un recurso de sentencia declaratoria concebido para proteger la propiedad pública y evitar que el mismo gobierno la usara para fines politicos en contra de los intereses básicos de la comunidad puertorriqueña.17

En vista del resultado de las elecciones de 1948 y de la situación antes descrita, el PIP había enfrentado un doble reto. Por un lado, debía distanciarse de los nacionalistas y de los comunistas sin justificar la persecución contra éstos. Por otro, para impugnar el ELA y adelantar la independencia tenía que ganar, o al menos aumentar sus votos, en las elecciones de 1952, lo que suponía convertirse en opción de gobierno. Paradójicamente, una vía de legitimación ante el electorado era presentarse como los verdaderos defensores de la tradición anticolonial y de justicia social iniciada por el mismo Partido Popular. Un factor a favor de esa opción debe haber sido el rompimiento en 1951 de Muñoz Marín y el PPD con el procurador general Vicente Géigel Polanco, fundador del partido, portavoz de la mayoría en el Senado de 1941 a 1948 y artífice de buena parte de su legislación social. Géigel Polanco arremetió contra la aceptación de la Ley 60018 en el referéndum de junio de 1951 y atacaría el ELA como una “farsa” hasta el día de su instauración el 25 de julio de 1952. Expulsado del PPD, ingresó al PIP en octubre de 1952, participando de las últimas semanas de la campaña.19 Todo lo antes expuesto modificó el tono y el contenido del programa del Partido Independentista, aprobado por una asamblea de más de treinta y cinco mil personas en agosto de 1952. El nuevo programa reiteraba el compromiso independentista, pero señalaba que la “gestión de este

17 Diario de Sesiones, 1 de abril de 1953, 808. 18 La Ley 600 era la que habilitaba el proceso hacia el nuevo estatuto orgánico. (Trías Monge, Historia constitucional, III, capítulo 29 y 30.) 19 Pagán, Historia, II, passim; Vicente Géigel Polanco, La farsa del Estado Libre Asociado, (Río Piedras, Editorial Edil, 1972), 17-150; y El Mundo, 7dejuniode 1951,11 y 14 de octubre de 1952. Ver también: El Mundo, 2 de junio de 1951, en Bothwell, Cien años, IV:66-70.

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objetivo se llevará a cabo en términos de amistad con Estados Unidos”. Conjuntamente con esa gestión, y en contraste con el anterior, proponía “un programa de gobierno que abarcará los diversos aspectos de nuestra vida colectiva”. La mayor parte del texto detallaba, entonces, una política agraria y otra industrial, precisaba políticas obreras, sociales, educativas, culturales y contributivas, y aseguraba “el funcionamiento de la democracia”.2" El programa expresaba posiciones frente a otros aspectos y consecuencias del proyecto de industrialización modernizadora, como la creciente emigración a Estados Unidos y la esterilización en masa de las mujeres.21 Pero la retórica, más que el programa, reflejaba la estrategia de presentarse como depositarios de la verdadera tradición anticolonial y de justicia social. El discurso de Concepción de Gracia a la asamblea concluyó así: Es incuestionable que el partido en el poder ha dado un viraje en sus políticas fundamentales: Se fundó para terminar con la colonia y hoy quiere perpetuarla en el Estado Libre Agobiado. Se fundó para librar a Puerto Rico de los azotes del absentismo y el latifundio y hoy tiene estructurada su política económica sobre bases absentistas y sus mejores amigos son los pulpos corporativos. Se fundó para asegurarle al pueblo sus derechos civiles, económicos y políticos y hoy pisotea esos derechos y se ríe de la ley y del orden constituido. Se fundó para terminar con las malas mañas en la administración de la cosa pública y hoy ha aumentado a proporciones inconcebibles esas malas mañas, y ha utilizado prácticas electorales que mancillan la democracia y pervierten su prístino sentido. ' Se fundó para librar a los puertorriqueños del miedo al gobierno y hoy se trata de someter a loe ciudadanos mediante una política de presión y coacción gubernamental cuando no tiene buen éxito el soborno. Contra toda esa política, contra toda esa serie de violaciones a las promesas hechas al electorado, contra el crimen moral de querer perpetuar la colonia en nuestro suelo, ha de levantarse cívica, pero virilmente el noble y paciente pueblo de Puerto Rico, y ha de castigar en las urnas con el arma poderosa del voto a los mercaderes de nuestra política que agitaron, para profanarla, la noble consigna de: Pan, Tierra y Libertad.22

20 El Mundo, 11 de agosto de 1952; programa en Bothwell, Cien años, 1:707-726. Subrayado nuestro. 21 Ibid., 1,721-723. 22 El Mundo, 11 de agosto de 1952. Subrayado nuestro.

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El día de las elecciones había dicho: “lo mismo que en 1940, el lema sigue siendo vergüenza contra dinero, limpieza contra corrupción, libertad contra coloniaje”. Dos días después, los resultados parecían validar la estrategia de legitimación a base de la verdadera tradición. Según Concepción de Gracia, se proyectaba “a nuestro glorioso Partido como seguro ganador en las elecciones de 1956 y como una poderosa fuerza de oposición y fiscalización en los próximos cuatro años”. En la Legislatura trabajaría por la aprobación de aquella parte de su programa que pudiera realizar desde la oposición. Terminaba declarando “formal y oficialmente abierta la campaña de 1956”.23 “Para terminar con la colonia”: El debate sobre la verdadera tradición

Los legisladores independentistas enfrentaron un gran reto al atemperar su juramento legislativo y radicar la resolución de repudio al coloniaje. No sólo se trataba de reiterar el compromiso independentista; para alcanzar una victoria en 1956, debían derrotar los planes de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico para legitimar el Estado Libre Asociado como fórmula de descolonización en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de los objetivos de Washington en los procesos que culminaron en el ELA era no aparecer colonialista precisamente cuando quería proyectarse como adalid de la autodeterminación de los pueblos. De ahí que optara por comunicar a la organización internacional en Nueva York su decisión de no rendir más informes sobre la isla de acuerdo con el Artículo 73 (e) de la Carta de la ONU. Pero el gobierno del ELA tenía, según José Trías Monge, más empeño que el de los Estados Unidos en librarse del estigma del coloniaje.24 Después de todo, el Partido Popular había proyectado todo como un proceso descolonizador. Su programa para las elecciones de 1952 decía:

Desde su fundación en el año 1938 el Partido Popular Democrático se propuso descolonizar a Puerto Rico, económicamente y políticamente, a través de su gestión de gobierno. A cada paso de avance, la voluntad misma del pueblo fue deshaciendo la colonia. El 25 de julio de 1952 termina el último vestigio de colonialismo en Puerto Rico.23 23 El Mundo, 4 y 7 de noviembre de 1952. 24 Trías Monge, Historia constitucional, IV, capitulo 39, esp. 10-12. Ver también: Humberto García Muñiz, “Puerto Rico in the United Nations, 1953: An Appraisal”, Caribbean Studies 16,2 (julio de 1976), 44-91; “Puerto Rico and the United States: The United Nations Role, 1953-1975”, Revista Jurídica de la Uniueriidadde Puerto Rico, 53,1(1984): todo el número. 25 Bothwell, Cien años, 1:728. Subrayado nuestro.

218 Las conversaciones entre los dos gobiernos para articular una postura común comenzaron en el verano de 1952, j usto cuando la ONU afirmaba— frente a las potencias administradoras— su jurisdicción sobre los territorios no autónomos. El PIP se había mostrado entonces optimista de que la ONU no convalidaría el colonialismo en Puerto Rico. Concepción de Gracia había asistido en septiembre de 1952 a todas las reuniones de la Comisión especial, nombrada por la Asamblea General, para discutir los factores que determinaban si un territorio había alcanzado o no “una medida de completo gobierno propio”. De regreso a la isla, se mostró confiado en que la oposición de su partido sería escuchada en el foro internacional si Washington hacía una petición en tal sentido. Estados Unidos no podría, por su cuenta, dejar de transmitir informes a las Naciones Unidas.26 Días después de la primera acción legislativa del PIP en repudio al coloniaje, rindieron fruto las difíciles negociaciones entre Washington y el gobierno del PPD comenzadas el año anterior. El gobernador Muñoz Marín “solicitó” al presidente de los Estados Unidos que informase a la ONU que Puerto Rico había cesado de ser un territorio no autónomo y que, por tanto, no se justificaba continuar enviando informes. El embajador Henry Cabot Lodge notificó la decisión de inmediato, pero no envió el memorándum que la respaldaba—debido a las muchas desavenencias que perduraban— hasta el 21 de marzo.27 A partir de entonces, el Partido Independentista intensificó su campaña desde el Senado de Puerto Rico. El 27 de marzo Concepción de Gracia anunció que había solicitado audiencia a la ONU. Comenzando el 1 de abril, dedicó varios tumos a discutir la Ley 600 y el nuevo estatuto orgánico, así como los argumentos y documentos que habían presentado a Naciones Unidas. En ese primer discurso resumió la postura legal de toda pu estrategia: Sostenemos que no es cierto que el Congreso de Estados Unidos haya autorizado al pueblo de Puerto Rico a hacer su propia Constitución, como alega el Memorándum sometido... Lo que el Congreso hizo fue simplemente autorizar al pueblo de Puerto Rico a re-escribir ciertas disposiciones de la Ley Jones de 1917...28

26 El Mundo, 19 de septiembre de 1952. También, ibid., 3,12 y 26 de septiembre; García Mufiiz, “Puerto Rico and the United States", capítulo I y “Puerto Rico in the United Nationa”, 5664. 27 Trías Monge, Historia constitucional, IV:12-18: García Muñiz. “Puerto Rico and the United States”, 13-17. 28 Diario de Sesiones, 27 de marzo y 1 de abril de 1953, cita en 807. Subrayado en el original Ver también: Flores Colón, “La obra Legislativa”, 64-69 y Apéndice I.

219 Impugnó también la legitimidad del apoyo electoral en los procesos que culminaron en el ELA aduciendo que el gobierno había recurrido “al fraude, al engaño, al soborno, al miedo y a la coacción”. Por eso su partido:

repudió desde el primer momento todo ese malvado plan de confusión y coacción del pueblo puertorriqueño denunciando la maniobra como una deliberadamente concebida para validar la ocupación de Puerto Rico por las fuerzas militares de Estados Unidos y establecer la colonia con el consentimiento de los mismos puertorriqueños.23 Al final, dijo que se negaba a responder a un discurso en su contra del senador Yldefonso Solá Morales. Se refería a un debate en curso entre Solá Morales, secretario general del Partido Popular, y el senador Francisco M. Susoni, hijo. Preñada de tonos patriarcales, la discusión culminaría a mediados de abril con un desafio a duelo. Desde marzo, Solá Morales venía impugnando la interpretación independentista de los procesos que culminaron en el ELA Pero el debate terminaría dirimiendo —a base de la historia política del país— cuál era la “verdadera tradición” del pueblo puertorriqueño y del PPD. En el mismo, el senador de la mayoría defendía un nuevo discurso histórico, más a tono con el viraje de su partido en tomo al problema del “status”. Solá Morales reaccionó el 6 de marzo a que Concepción de Gracia insertara en el Diario de Sesiones del día anterior un editorial de la revista cubana La Rosa Blanca que cuestionaba los resultados del referéndum de un año antes para aprobar la Constitución del ELA. Luego de reconocer “las bellas cualidades de declamador de versos” del líder del PIP, procedió a enjuiciar el editorial y defender el predominio electoral del "ideal de unión con los Estados Unidos”. Concluyó que: “El mundo entero debe saber que la voluntad de las inmensas mayorías del pueblo puertorriqueño no ha favorecido, por lo menos desde el cambio de soberanía hasta este momento, el ideal independentista”. Susoni ripostó el 20 de marzo que Solá Morales venía “contumazmente” haciendo imputaciones “a los hombres de esta Minoría Independentista”. Defendió su interpretación del referéndum y añadió que “las fuerzas de la Independencia” habían copado desde 1904 a 1920, citando al final un discurso de Luis Muñoz Rivera.31’ El 25 de marzo Solá Morales procedió a discutir “la cita que el senador Susoni hizo de don Luis Muñoz Rivera para tratar de destruir mi afirmación, que ahora repito, de que Puerto Rico nunca ha sido independentista”. Produjo diversas citas para probar que el que Muñoz 29 Ibid., 808. Subrayado nuestro. 30 Diario de Sesiones, 6 de marzo, 471-472, y 20 de marzo de 1953,654-658. Subrayado nuestro.

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Rivera “llevara en su alma esa candente ansia de libertad” no quería decir “que en representación del pueblo de Puerto Rico hubiera hecho jamás una demanda exclusiva de independencia”. El senador del PIP contestó al día siguiente con otros documentos de las primeras dos décadas, precedidos con la reafirmación de que tal tesis del secretario general del PPD era falsa y que sostenerla acusaba, “en su mantenedor, una seria y profunda deshonestidad intelectual”.31 Los ánimos empezaron a caldearse el 6 de abril, ya comenzado el discurso de Concepción de Gracia sobre la Ley 600 y el nuevo estatuto orgánico. Susoni reafirmó ese día “que Puerto Rico ha sido siempre independentista” y que Muñoz Rivera había sido “uno de los más esforzados paladines de ese ideal”. Sostuvo que éste habría dicho ante las burlas que hacían los senadores de la mayoría: “¡Insensatos! para comerciar con la libertad no es preciso que salpiquéis con vuestro lodo a los que hicieron de la libertad un culto”. El hombre de la independencia citó las últimas palabras del prócer en el Congreso en 1916 y unas de Luis Muñoz Marín sobre el ideario independentista de su padre, afirmando luego: “Si queremos estar a la altura de nuestro destino en América debemos continuar sus grandes tradiciones”, a lo que anadió: Puerto Rico, es cierto, ha sido manso; la insurrección material no ha teñido de sangre fratricida el verde mate de nuestros campos; ...pero ...ha vivido a lo largo de sus historia... en una persistente e inquebrantable insimrección moral que lo salvó, hasta las claudicaciones del partido de gobierno de hoy, del estigma de fácil y resignado esclavo; de degradado en el sumiso horror de voluntario siervo...32 Susoni narró cómo su padre y él creyeron hasta el último momento en Muñoz Marín. Volvió a los orígenes y postura de su partido, fundado por los hombres que habían militado en el PPD “con la única aspiración de la soberanía de nuestro país” para

resolver de una vez y para siempre el problema de los problemas, porque mientras no se resuelva el problema de la soberanía no habrá de resolverse nunca el problema del hambre, el problema del desempleo, el problema de la estabilidad económica, el problema de la cosa constructiva social, el problema total de nuestro pueblo.33

31 Diario de Sesiones, 25 de marzo, 706-710, y 26 de marzo de 1953,719-723. Subrayado nuestro. 32 Diario de Sesiones, 6 de abril, 837-838. Subrayado nuestro. 33 Esta y el resto del párrafo: Ibid., 838-840. Subrayado nuestro.

221 Recapituló más adelante que “Cuando don Luis Muñoz Marín habló en el año 1931, en el año 1932, en el año 1933,34,35 hasta el 41, habló a nombre y en representación de las fuerzas independentistas de Puerto Rico”. El debate incidía poderosamente en las zonas de la legitimidad del discurso político. Solá Morales respondió al otro día, visiblemente molesto con los hombres de la minoría independentista, e inició el discurso que provocaría el desafío: “Yo quiero decir... que esto rebasa todos los límites de lo inconcebible. Decir que es una felonía no es bastante... Decir que es una cobardía, tampoco es bastante”. Procedió entonces a demostrar “que la voz del Partido Popular no es la que el senador Susoni quiere que sea” y citó de los programas del Partido hasta 1952. Concluyó: Senador, hay que tener cuidado con la Historia. Nos es ingrata a veces pero no hay más remedio que aceptarla, porque es la historia y es la verdad y si es la historia y es la verdad, es necesario aceptarla y la Historia y la verdad, a través de todo este debate, demuestran lo que originalmente dije: Puerto Rico nunca ha sido independentista.34

Una semana más tarde el secretario general del partido de mayoría afirmó que los comentarios finales de Concepción de Gracia el 1 de abril rebasaban “los límites de la sensatez y la cordura”. Recapituló su debate con Susoni y dijo: “Yo era independentista, y ahora no lo soy. Tengo el valor de decirlo y explicar por qué, y en eso consiste mi falta de honradez intelectual”. Reafirmó que una de sus razones era “La crisis de hombres” de ese ideal “desde la muerte de don José de Diego hasta nuestros días. ...¿Es, acaso, esa afirmación, la que ha provocado las iras de los senadores independentistas?” Añadió que el presidente del PIP probaba que ese ideal “hace tiempo dejó de ser el refugio de dignidad de los grandes hombres puertorriqueños”. Sugirió que la actitud de éste demostraba su “primera imputación de que la independencia no es libertad” y pasó —apuntando al viraje del PPD— a sus otras razones para no creer en ese ideal: porque Puerto Rico es una pequeña isla, sin recursos naturales quepuedan compensar [síc] las necesidades básicas de una densidad poblacional de 600 personas por milla cuadrada, ...que nuestro desarrollo económico necesita las facilidades de un mercado capaz de consumir toda la producción..., y que nuestra actual relación con los Estados Unidos... nos permite disfrutar de ese mercado libre... y que la independencia cerraría ese mercado próspero y libre y aniquilaría nuestras industrias. que casi todas las pequeñas repúblicas, y aún las grandes repúblicas, con la posible excepción de los Estados Unidos..., llevan una vida convulsiva, llena de inseguridades e inestabilidad...

34 Diario de Sesiones, 7 de abril, 850-853. Subrayado nuestro.

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que su separatismo independentista, de hecho cerrarla las puertas de los Estados Unidos a nuestra población, excedente que hoy... las tiene abiertas sin traba de clase alguna.

A continuación, Solá Morales respondió también con citas de José Martí a una que había esgrimido Concepción de Gracia y cerró comparando la Constitución del ELA con la Carta Autonómica de 1897, que éste había mencionado en su discurso.35 El 15 de abril Francisco Susoni consumió un breve tumo en el que se reafirmó en sus interpretaciones, repitió parte de la cita de Luis Muñoz Marín y concluyó de manera sorpresiva: Al contestar a usted su discurso del 6 de marzo lo hice en el plano que corresponde a un debate de tipo parlamentario sobre un asunto de vital interés público. Usted, sin embargo, lo ha llevado a un terreno personal, reñido con la más elemental ética parlamentaria. No rehuyo, Senador, tampoco ese terreno. No habré de rehuirlo nunca. Si he de seguir viviendo, ha menester que lo haga con honor.

Señor Senador, estoy a su disposición en el terreno donde los caballeros zanjan sus diferencias personales.36

Inmediatamente, el portavoz de la mayoría, Víctor Gutiérrez Franqui, pidió un receso. El desafío se resolvió por mediación de los “padrinos”: Gutiérrez Franqui y Ernesto Juan Fonfrías por Solá Morales; Concepción de Gracia y William Córdova Chirino por Susoni. Más allá de las ofensas personales, ¿qué se había dirimido? Solá Morales desestimaba la invocación del PIP a la tradición y atemperaba su reclamo de Luis Muñoz Rivera. Para éste, argumentaba el senador, la independencia había sido sólo “refugio de dignidad” si fracasaba el “ideal autonomista”. Como Muñoz Rivera, los líderes populares habían puesto la voluntad del pueblo —que nunca había sido independentista — por encima de sus aspiraciones personales. Además de los razonamientos económicos para el viraje anti-independentista, Solá Morales defendía la “libertad” que garantizaba la relación con Estados Unidos y amenazaban con sus actitudes los líderes independentistas. Susoni reclamaba, sin embargo, que la tradición política puertorriqueña reconocía la autonomía sólo como “status” transitorio hacia la independencia o la estadidad. De ser así, el reclamo programático

35 Diario de Sesiones, 14 de abril, 946-950. Subrayado nuestro. 36 Diario de Sesiones, 15 de abril, 965.

223 de que el ELA terminaba todo “vestigio de colonialismo” era contrario a la tradición. En ambos casos, la decisión de Naciones Unidas sobre la petición de no rendir más informes sobre Puerto Rico era vital. Una negativa a la petición estadounidense ratificaría la tradición de que descolonización suponía la independencia o la anexión. Si el voto de la ONU favorecía al gobierno de los Estados Unidos, convalidaría una nueva tradición de que eran posibles —y así las había visto el país— otras alternativas descolonizadoras. A pesar de la prohibición de los duelos en Puerto Rico, el diario El Imparcial alabó días más tarde a los senadores involucrados por responder “a la mejor tradición occidental de caballerosidad”. El presidente del PIP leyó el editorial en el hemiciclo y aprovechó para presentar los duelos como tradición de líderes políticos y legislativos del país, desde Muñoz Rivera hasta el portavoz del Partido Estadista Republicano, Miguel Angel García Méndez. En la misma vena que el periódico, concluyó que el asunto se había resuelto de acuerdo “a las normas trazadas en casos similares por la mejor tradición de la cultura hispánica”.37 Gutiérrez Franqui había participado brevemente el 1 de abril para que constara que el discurso iniciado por Concepción de Gracia era “la opinión disidente de un grupo de minoría en Puerto Rico”. Pero éste completó en abril tumos dedicados a las interpretaciones “que mereció la llamada ‘Constitución’ de Puerto Rico a los departamentos ejecutivos y a los lideres congresionales de Estados Unidos de América”. En mayo continuó los prolongados discursos, esta vez para comparar nuestra realidad colonial “con los factores fijados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para determinar si un territorio dependiente ha alcanzado la plenitud de su gobierno propio”. Buena parte de ellos eran leídos textualmente del memorial que el PIP llevaría a la organización internacional.38 Al final, Concepción de Gracia replanteó la Resolución Conjunta Número 1, “Para repudiar el estado de coloniaje que prevalece en Puerto Rico y demandar... el inmediato reconocimiento de la independencia”, que esperaba acción en la Comisión de Gobierno Estatal y Municipal. El 8 de junio, acercándose el fin de la sesión ordinaria, y también mirando hacia el

37 Diario de Sesiones, 23 de abril de 1953,1139-1140. Ver también: El Mundo, 25 de abril de 1953. 38 Diario de Sesiones, 1 de abril, 809, y 4 de mayo de 1953, 1279; ibid., 22 de abril (1094-1097), 4 de mayo (1280-1281), 8 de mayo de 1953 (1426-1429) y 18 de mayo de 1953 (1787-1789). Cf. “Memorial del Partido Independentiata Puertorriqueño a la Organización de las Naciones Unidas”, en Garda Muñiz, “Puerto Rico and the United States”, Appendix A, 185-219. Ver también: Flores Colón, “La obra Legislativa", 69-73 y Apéndice I; El Mundo, 24 de abril de 1953. ■

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debate de la ONU, presentó una moción para declarar la resolución “asunto preferente” en la sesión regular del año siguiente y ordenar a la comisión celebrar vistas públicas y realizar estudios sobre la misma durante el receso legislativo. El presidente del Senado pospuso la consideración dictaminando que ésta y otras mociones sometidas por la minoría independentista en aquél momento eran en realidad resoluciones y serían tramitadas como tales.39 “Para terminar con la colonia”: Naciones Unidas y el debate decisivo El escenario volvió a ser, por tanto, Nueva York. La batalla tendría tres capítulos. El PIP solicitó audiencia ante la reunión que celebraría en agosto el Comité de Información sobre Territorios No Autónomos. Ante la negativa, Concepción de Gracia le restó importancia al comité, pues lo importante se resolvería en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, a la cual había pedido audiencia y notificado “que estaba dispuesto a comparecer ante cualquier otra comisión, inclusive la de Información”. Mientras tanto, el Partido había sometido un memorial a la ONU.40 A pesar de sufrir reveses en el Comité, el líder independentista proclamó desde Nueva York un “estrepitoso fracaso” de los patrocinadores del Estado Libre Asociado y anunció —como si la invocación de los padres fundadores pudiera mover a los gobiernos— que en la Cuarta Comisión:

resonarán muchas voces en apoyo de nuestro derecho, y se oirá, demandando el reconocimiento de nuestra independencia y la terminación de la colonia, la voz libre de la América Libre, la América que ha recogido la herencia de Martí, Bolívar, Sucre, Hidalgo, San Martín, Artigas y demás grandes de América.41

La retórica del senador ocultaba una realidad más compleja: las potencias administradoras habían sufrido un revés, pero no así los defensores del ELA.42 Las voces resonaron en la Cuarta Comisión, donde se reunían desde septiembre todos los países miembros de la ONU; pero tampoco se

39 Actas, 8 de junio de 1953,906-907, 914. 40 El Mundo, 13 de agosto de 1953. Ver también: El Mundo, 1 de agosto de 1953,12. Ver nota 43, supra. Además de Concepción de Gracia, suscribían el memorial e integraban la delegación ante la ONU: el Vice-Presidente del PIP y Portavoz en la Cámara Baltasar Quiñones Elias, el empresario Gabriel Vicente Maura y Vicente Géigel Polanco, como asesor legislativo. (García Muñiz, “Puerto Rico and the United States”, 17 y 219.) 41 El Mundo, 2 de septiembre de 1953. Ver también: El Imparcial, 1 al 3 de septiembre de 1953. 42 Trías Monge, Historia constitucional, IV:24-35. Ver también: García Muñiz, “Puerto Rico in the United Nations”, 64-70; García Muñiz, “Puerto Rico and the United States”, 27-33.

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concedió audiencia al PIP, que había distribuido un segundo memorial. El cese de información sobre Puerto Rico se había convertido, no obstante, en uno de los dos temas más importantes de la Octava Asamblea General, según admitiría después la delegación estadounidense. La tenacidad de la oposición los obligó a endosar públicamente el argumento estadolibrista que no admitían en privado: que la isla había dejado de ser un territorio colonial por medio de un convenio alterable sólo por mutuo acuerdo.43 Aun así, la resolución que relevaba a los Estados Unidos de su obligación informativa se aprobó a comienzos de noviembre por sólo veintidós votos contra dieciocho y diecinueve abstenciones. Desde la urbe neoyorquina, Concepción de Gracia calificó este resultado de “resonante triunfo” del intenso cabildeo independentista, sobre todo porque Washington no había logrado las dos terceras partes requeridas para decidir asuntos importantes. Conocedor de las presiones estadounidenses sobre diversos países —y previendo quizás el resultado final—, el líder independentista advirtió: “La batalla definitiva, sin embargo, hay que ganarla en Puerto Rico”.*4 El viernes 27 de noviembre de 1953, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 748 (VIII), “Reconociendo a Puerto Rico como país autónomo no dependiente, con gobierno propio, asociado a los Estados Unidos y con status internacional”. Por votación de veintiséis a favor, dieciséis en contra y dieciocho abstenciones, las Naciones Unidas le cerraban la puerta a los hombres de la independencia. Irónicamente, las potencias administradoras habían batallado sin éxito, en dos ocasiones, para que aplicara le regla de las dos terceras partes. Pero la mayoría anticolonial consideró que afirmar su jurisdicción sobre los territorios no autónomos era más importante que el caso de Puerto Rico.45 El gobierno de los Estados Unidos logró aumentar un poco su margen de apoyo con un golpe propagandístico de gran impacto tanto en la sala de sesiones de la Asamblea General como en Puerto Rico. A comienzos del debate el embajador Cabot Lodge consumió un breve turno para transmitir un “importante mensaje” del presidente Dwight D. Eisenhower: 43 Trías Monge, Historia constitucional, IV:36-51. Ver también: García Muñiz, “Puerto Rico in the United Nations”, 70-81; García Mufliz, “Puerto Rico and the United States”, 33-45; Loida Figueroa, El caso de Puerto Rico a nivel internacional, (Río Piedras, Editorial Edil, 1979), 60-64; y El Imparcial, 2 de noviembre de 1953. 44 El Mundo, 9 de noviembre de 1953. Subrayado nuestro. También: El Mundo, 13 de noviembre de 1953. 45 Trías Monge, Historia constitucional, IV:51-56. Ver también: García Muñiz, “Puerto Rico and the United States”, 45-59; García Muñiz, “Puerto Rico in the United Nations”,81-85; Figueroa, El caso de Puerto Rico, 64-67; y El Imparcial, 29 de noviembre de 1953. Ver el texto completo de la resolución en: Puerto Rico y la ONU, Carmen Gautier Mayoral y María del Pilar Arguelles, eds. (Río Piedras, Editorial Edil, 1978), 112-115.

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Estoy autorizado a decir a nombre del presidente que si, en cualquier momento, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adopta una resolución a favor de una independencia más completa o aun absoluta, él recomendará inmediatamente al Congreso que tal independencia sea concedida. El presidente también desea que diga que, en ese caso, vería con agrado la adhesión de Puerto Rico al Tratado de Río de Janeiro y a la Carta de las Naciones Unidas.46 Al otro día, Luis Muñoz Marín expresó su regocijo de que la ONU y Eisenhower reafirmaran “lo que los constructores del Estado Libre Asociado en Puerto Rico hemos siempre sostenido”. La portada de El Imparcial ese domingo resumió el impacto en el país: “PUERTO RICO ES ESTADO AUTONOMO”S1 Concepción de Gracia, por su parte, intentó darle un giro positivo a los resultados. Interpretó desde Nueva York la votación como “una tremenda derrota moral a Estados Unidos” y la declaración Eisenhower como “éxito espectacular de las fuerzas independentistas puertorriqueñas”. A su regreso, el senador independentista aseguró que Puerto Rico aceptaría el reto y anunció que pediría al gobernador la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Legislatura para responder a “la Declaración Eisenhower Pro Independencia de Puerto Rico”. La misma iba dirigida a la Asamblea Legislativa y esta no podía “evadir su responsabilidad”.48 Los hombres de la independencia debieron esperar, sin embargo, hasta el comienzo de la sesión ordinaria. Se produjo entonces, por una semana, uno de los debates legislativos más significativos de nuestra historia reciente. Se abordarían algunos de los temas del año anterior, como la verdadera tradición y la relación entre independencia y libertad, pero los senadores de la mayoría expresarían modos muy diversos de interpretarla decisión de la ONU, la declaración Eisenhower y la naturaleza del ELA. I Al constituirse la Legislatura el lunes 11 de enero la representación del PIP radicó la Resolución Concurrente del Senado 16 para “expresar que la voluntad del pueblo de Puerto Rico es constituirse en pueblo libre, independiente y soberano y para demandar del Presidente y del Congreso de Estados Unidos de América el inmediato reconocimiento de la soberanía nacional...” La resolución apelaba en su parte expositiva a la tradición debatida el año anterior:

POR CUANTO, la aspiración histórica del pueblo de Puerto Rico ha sido constituirse en un pueblo libre, independiente y soberano;

46 Trías Monge, Historia constitucional, IV:53. Nuestra traducción. Ver también la traducción en Figueroa, El caso de Puerto Rico (65) y la de la declaración completa en El Imparcial, 29 de noviembre de 1953. 47 El Mundo, 30 de noviembre de 1953; El Imparcial, 29 de noviembre de 1953. 48 El Imparcial, 29 de noviembre de 1953; El Mundo, 7 y 10 de diciembre de 1953.

227 POR CUANTO, a partir de la fecha de la invasión del país por las tropas norteamericanas, el pueblo de Puerto Rico ha venido expresando esa voluntad de independencia nacional en repetidas justas electorales, favoreciendo con sus votos a los partidos que han incorporado a sus programas la independencia como solución al problema de la soberanía de Puerto Rico; POR CUANTO, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha formulado esta básica aspiración del pueblo puertorriqueño en históricos documentos dirigidos al Presidente y al Congreso de Estados Unidos de América, especialmente durante los años 1943,1945 y 1946; POR CUANTO, la mayoría de los legisladores, al igual que la mayoría de los alcaldes de Puerto Rico, se dirigieron en el año 1945 al Congreso de Estados Unidos de América demandando el pronto establecimiento de la independencia de Puerto Rico...49 Esa tarde, todos los senadores de la mayoría ripostaron con la Resolución Concurrente 17 para “fijar la posición de la Asamblea Legislativa... ante la declaración Eisenhower sobre Puerto Rico”.5" Ese 11 de enero los tres partidos presentaron mociones de homenaje a Hostos y el presidente —visiblemente emocionado— las dio por aprobadas, observándose un acto parecido al de un año antes. Concepción de Gracia pronunció un extenso discurso que, intentando conmover a su audiencia, concluyó:

Nunca, señor Presidente, y compañeros del Senado, se reunió el Parlamento puertorriqueño en momentos de mayor trascendencia que éstos. En nuestras manos está ahora trazar los rumbos de nuestra historia. En nuestras manos está ahora cumplir plenamente el ideario del Maestro cuyo natalicio conmemoramos en el día de hoy. En nuestras manos está libertar a Puerto Rico.

El apóstol amado, el peregrino de la libertad, el ciudadano de América, desde las riberas del más allá nos tiende su mirada amorosa, angustiada y expectante...51 Hablaron también, brevemente, los senadores Ernesto Juan Fonfrias, por la mayoría, y Miguel Angel García Méndez, el portavoz estadista. La minoría independentista presentó, entonces, una moción para enviar un mensaje de felicitación al presidente Eisenhower. Gutiérrez Franqui propuso que se considerara la misma después de las resoluciones radicadas. García Méndez inició en ese momento un largo debate procesal

49 Diario de Sesiones, 12 de enero de 1954, 76. 59 Actas, 11 de enero de 1954, 4. Ver también: El Mundo, 12 de enero de 1954. 51 Diario de Sesiones, 11 de enero de 1954,8. Ver también: El Mundo, 12 deenero de 1954, 12 y 17; y Flores Colón, “La obra Legislativa”, Apéndice V.

228 dirigido a posponer toda la discusión. Aprobada la moción del portavoz de la mayoría, se aceptó la posposición como “cuestión de cortesía”.52 Al día siguiente, el Senado suspendió las reglas usuales, y acordó asignar cuatro horas por partido para debatir la resolución del PIP. Concepción de Gracia pronunció lo que puede haber sido el discurso crucial de su vida política. Al igual que el texto de la resolución, apeló a la tradición de los senadores del PPD, recalcando sus propias experiencias con Muñoz Marín en los años cuarenta. Eisenhower les dirigía un reto ante el cual tenían el deber, “respondiendo a la tradición del pueblo puertorriqueño, respondiendo a la tradición de América, respondiendo a la lucha por la libertad que se está librando en todo el mundo, de honrar esa declaración”. El líder del PIP calificó luego al problema colonial como “el problema fundamental del mundo contemporáneo” y sostuvo la necesidad de eliminar el sistema colonial para sustituirlo por el sistema “que han ido estructurando los hombres a lo largo de su dura lucha por la civilización, el progreso y la justicia”. Finalizó apelando emocionado una vez más a la tradición en los senadores de la mayoría y a la noción de un “tribunal de la

historia”:

Los que ayer firmaron un mensaje al Congreso de Estados Unidos pidiendo la independencia, dirán como Pedro cuando le pregunten ante el mundo: “No, no le conozco”. Los que enviaron mensajes a todo el universo proclamando la necesidad de que se reconociera nuestro derecho a vivir la vida como pueblo independiente: ¿Harán como Pedro, señor Presidente? Dirán: “No, no le conozco”. ¿Esa será la actitud? Señor Presidente, si Su Señoría y los demás compañeros del Senado no actúan hoy a tono con su alta responsabilidad, no descargan su deber en la forma que les impone este momento, ¡,qué le responderán a la historia, señor Presidente, a la historia que es inexorable?53 Asumió el primer tumo de oposición Yldefonso Solá Morales. De manera breve, apeló a los “fueros de la historia” para añadir, a sus argumentos del año anterior, la existencia de una tradición autonomista. Sostuvo que los senadores de la mayoría tenían un mandato electoral que obedecer y que las palabras de Eisenhower había que honrarlas “dándoles el sentido que a mi juicio tienen,... el de un respeto profundo a la libre determinación de los pueblos”. El senador Rafael Betancourt continuó la defensa de la resolución llamando la atención “sobre la grave responsabilidad que descansa en este momento sobre nuestros hombres’. Dijo que era grave la responsabilidad porque

52 Actas, 11 de enero de 1954,9; Diario de Sesiones, 11 de enero de 1954,9-14. Ver también: El Mundo, 12 de enero de 1954. 53 Diario de Sesiones, 12 de enero de 1954, 76-82. Subrayado nuestro. Ver también: El Mundo, 13 de enero de 1954; y Flores Colón, “La obra Legislativa”, Apéndice II.

229 si este Alto Cuerpo no se aupara hasta la dimensión de grandeza que exige la hora crucial que vivimos; ...si nos hiciéramos los sordos ante el clamor que recorre los siglos de nuestro pasado, desde los indios que sucumbieron valientemente en defensa de la Libertad hasta los peregrinajes sacrificiales de Ruiz Belvis, Betances y Eugenio María de Hostos; ...quedaremos para el juicio de la historia como enanos espirituales, como transgresores de la ley moral, culpables del delito de lesa Patria, anatematizados para siempre.54 Le siguió Heraclio Rivera Colón. Comenzó leyendo —como Solá Morales el año anterior— la primera parte del programa del PPD en 1952, pero con un comentario revelador: “el Partido Popular Democrático se propuso descolonizar a Puerto Rico; (tiene razón el compañero Gilberto Concepción de Gracia) se propuso descolonizar a Puerto Rico”. Ofreció, entonces, una versión del viraje de su partido algo más cándida que la del secretario general: Claro, yo dije que las soluciones clásicas siempre habían sido aquí el Estado y la Independencia. La creación del Estado Libre Asociado es una creación de la mente humana que es lógica. Si los únicos que no rectifican son los burros y lo dijo uno que sabe. ¿Quién lo dijo?

Esa es la posición mía. Por eso es que yo le voy a votar en contra y vuelvo y le digo no me siento triste, ni herido, ni abatido y la historia no me puede señalar con el dedo, a pesar de que yo quiero manifestar que yo siempre en esto he tenido un poco de cuidado. Yo abiertamente nunca me he manifestado a favor de esta decisión para el pueblo de Puerto Rico. Ya el compañero lo había manifestado en su discurso y yole doy la razón. Así era, y así fue. Por la noche abrió el debate García Méndez, único participante por la minoría anexionista. En un largo discurso de alabanza a la metrópoli en la perspectiva maniquea de la guerra fría, el portavoz estadista sostuvo, entre otras cosas, que los sistemas comunista y democrático eran “las verdaderas dos corrientes... que agitan la mente universal hoy”. Comunicó al final que la minoría que representaba votaría en contra “con dolor profundo del alma” y con admiración por el “esfuerzo patriótico” de los independentistas. Concluyó:

Yo ahora parodio a De Diego y termino mis cortas frases diciendo: Ser ciudadano americano, —tenía razón De Diego—, es hoy ser ciudadano del mundo, dueño del mundo, porque son los ciudadanos los dueños de la nación. La tierra, esa es secundaria. La tierra no es la nación, son sus ciudadanos. De manera que, siendo ciudadanos americanos somos ciudadanos del mundo y dueños del mundo hoy.55

54 Ibid., 82-83. Subrayados nuestros. 65 Ibid., 83-90. Subrayado nuestra

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Esa noche Carlos Román Benítez presentó otra variante de la postura de la mayoría. Fue el único en referirse a la decisión de Naciones Unidas. La declaración Eisenhower, a su vez, reconocía “que Puerto Rico es ya un país independiente cuando habla de una mayor independencia”. El senador Román Benítez rearticuló la distinción entre independencia y libertad, pues cuando la demandaron los grandes líderes puertorriqueños “independencia era sinónimo, podría ser sinónimo de libertad, casi seguro era sinónimo de libertad. Por lo menos la independencia eliminaba el colonialismo. Pero ya no tiene el mismo significado esa palabra”. De modo que Puerto Rico ya tiene independencia. No es la independencia en la misma forma... que los amigos compañeros del PIP quieren que sea, pero es independencia. ...Pero empeñarse en un estilo, en una forma precisa de independencia, eso es entorpecer el desenvolvimiento de este pueblo hacia su libertad integral.66 Francisco M. Susoni, hijo, reanudó la defensa proponiendo que distinguir entre independencia y libertad “es un juego de palabras, es un truco, es una irrealidad jurídica”. Intentó responsabilizar exclusivamente al gobernador por el viraje anti-independentista, asegurando que los senadores de la mayoría no estaban actuando libremente. Si ellos pudieran

darle la espalda a la Fortaleza y actuar aquí como puertorriqueños libres... yo le diría... al mundo entero, que esta resolución está en el ánimo, en el espíritu, en el deseo, en el deber de todos los hombres que integran este Cuerpo, con excepción de los distinguidos compañeros estadistas. ...no hay nada en el Programa del Partido Popular, no solamente que repudie la independencia, sino que se niegue a gestionar la independencia. Libertad integral y soberanía entrañan y llevan consigo la independencia, señor Presidente. Susoni reveló en su largo discurso lo que parece haber sido la estrategia de los hombres de la independencia, su sincera convicción de que podían lograr algún tipo de aprobación de la resolución:

Yo supuse, pensé muy seriamente, y así lo comuniqué a los hombres de mi partido; estaba en la seguridad de que esta Asamblea Legislativa habría de aprobar una medida como esta o parecida a esta y que luego habría de someter, para su ratificación al pueblo, esta medida. Lo pensé porque no pude sospechar que pudiera adoptarse la actitud que creo que se va perfilando en la mente de los señores de la Mayoría-

56 Ibid., 91-92. Subrayado nuestro.

231 El senador Susoni afirmó al principio que la resolución no rompía vínculos ni destruía las relaciones con la metrópoli. Dijo luego que se estaba “ofreciendo la independencia a nuestro país por un pueblo que puede revestirla de garantías, de perdurabilidad”. Aludió a la alabanza de García Méndez a Estados Unidos, diciendo que “su grandeza” era la mejor razón para no temer a “la independencia por ellos estructurada, para garantía de nuestro destino de pueblo libre”. Susoni terminó apelando una vez más al discurso del “tribunal de la historia”: Nosotros tenemos la imperiosa necesidad... de honrar esa declaración para salvarnos ante nosotros mismos y ante la historia. Si fuera posible que esta Resolución, compañeros, fuera aprobada con la condición de que fuera ratificada por el pueblo de Puerto Rico, todos los puertorriqueños quedaríamos satisfechos...57

En el último turno de esa noche, Ernesto Juan Fonfrías manifestó aún otra variante: la postura de los que seguían siendo independentistas dentro del Partido Popular. Calificó el debate como uno de los “más interesantes y más importantes que se han levantado en este Alto Cuerpo”. Fonfrías lamentó no haber visto en los senadores del PIP “la más leve o insignificante prueba de aquilatar... la obra realizada por el Partido Popular Democrático, en su obra de gobierno”. Prosiguió: Tengo para mí, que los amigos independentistas fungen de exclusivos mantenedores de la verdad, y en ese exclusivismo claudican otras prendas que son inherentes al individuo, como el respeto a la opinión y la idea diferente.

Sigo creyendo en la misma causa en que me he empinado por sobre mis cuarenta y dos años, cristiana y devotamente, sin atisbos claudicantes, ni marrullera posición.

Se es cristiano porque se cree en Dios, no importa la forma, la ocasión y la manera. Se es patriota porque se cree en la patria, no empece la forma, la ocasión y la manera.58 Se había expresado así una pluralidad discursiva, dentro del partido de gobierno, en torno al problema del status. Estaban los que ya no eran independentistas, como Solá Morales; los que alegaban que se había obtenido alguna independencia, como Román Benítez; los que afirmaban seguir siéndolo, como Fonfrías; y los que no asumían una posición muy clara, como Rivera Colón.

57 Ibid., 92-96. Subrayado nuestro. Ver también: El Mundo, 14 de enero de 1954. 68 Ibid., 96-97. Subrayado nuestro.

232 El debate se prolongaría hasta la noche del miércoles 13 de enero. Gutiérrez Franqui intervino por primera vez al abrir la sesión en la tarde. Defendió, primero, argumentos parecidos al de Soló Morales sobre el contenido de la declaración Eisenhower. Igualmente, coincidió con éste en la afirmación de que eran “tres las aspiraciones históricas” en relación con el problema del status. El portavoz de la mayoría impugnó entonces el argumento de la tradición, reflejado en la prensa como “denuncia”, afirmando que habían sido independentistas “a la luz del sol” y estaban orgullosos de haberlo sido. Preguntó al respecto, coincidiendo en esto con el senador Román Benítez:

¿Qué significa ese recuento del distinguido compañero?... ¿Qué significa que no sea que estas canas nos han salido en el empeño y en la lucha y en el fragor de luchar por lo que entendemos que es el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo? Que lo hicimos una vez creyendo que la independencia separada era la solución que mejor correspondía a las necesidades de nuestro pueblo, eso no es denuncia. Con el mismo calor, con la misma sinceridad, con la misma conciencia de que nos mueven las mismas motivaciones de servicio, afirmo que tampoco nos sonrojamos ni nos avergonzamos de haber dejado de serlos [sicj... Y no ha sido... un proceso fácil. ¡Qué va! fía sido elproceso difícil. El más difícil, el más angustioso.59

Los turnos de rectificación ocuparían casi tres horas más, discutiéndose mucho más sobre la declaración Eisenhower y la decisión de las Naciones Unidas. Hubo también un cambio de tono en los legisladores del PIP. El senador Susoni reclamó una vez más que se trataba de una situación única “surgida y no provocada por Puerto Rico”. Reiteró la apertura de los proponentes a una enmienda: “Este es un momento en que si hay duda debe recurrirse al pueblo para compartir... la responsabilidad de una respuesta, la responsabilidad de un reacción, la responsabilidad de un desiderátum”.60 García Méndez señaló que en los Estados Unidos también se habían confundido con la declaración. Llamó la atención a que no hubo “libre selección” en el proceso hacia el ELA y a que debían ir pensando “en lo que viene después de este debate”. Carlos Román Benítez señaló que el PIP era “la única fuerza en el mundo, la única fuerza política, el único conglomerado en el mundo que aún sostiene que Puerto Rico es una colonia”. Leyó la Resolución 748 y sentenció:

69 Diario de Sesiones, 13 de enero de 1954,102. Subrayado nuestro. Ver también: El Mundo, 14 de enero de 1954. 60 Ibid., 105.

233 Acepten la realidad. Convénzanse. Desde el más alto tribunal, aunque ustedes ya no lo dicen, —yo también lo decía antee y le digo ahora—, el más alto tribunal moral e intelectual del mundo, el de las Naciones Unidas, se ha dicho, se ha dicho y proclamado ante el mundo. Acepten la realidad, compañeros del PIP. Ya aquí no hay colonia.61 Solá Morales habló brevemente, pidiendo que se insertaran en el diario de sesiones todos los documentos pertinentes y sugirió que toda la discusión acabaría perjudicando al PIP. Concepción de Gracia cerró el debate. Intentó responder a los argumentos sobre la declaración Eisenhower y la decisión de las Naciones Unidas; sostuvo que proponían la independencia para que la hiciera el partido de mayoría y que no le importaban los partidos en ese momento:

Yo quisiera esperar compañeros, que hubiese la posibilidad de que nos levantáramos por encima de las líneas de partido. Quisiera que hubiera la oportunidad de una consulta pública, iniciada por esta misma Legislatura, para que dijera si quiere que en estos momentos gestione o no la independencia, pero no quisiera ver un voto en contra de nuestro derecho. Parece que va a ser así... Si eso ocurriera... yo quisiera entonces morirme después de la votación.82

Y ocurrió; a las siete y diez de la noche del 13 de enero de 1954, la Resolución Concurrente del Senado 16 fue sometida a votación y derrotada. El senador Betancourt añadió: “En comunión con el amor que le profeso a mi hija voto en la afirmativa...”. Demostrando la sinceridad de sus esperanzas y sentimientos, Concepción de Gracia “se mostró profundamente conmovido” y fue escoltado a la salida por varios legisladores de su partido.63 Epílogo: La victoria ambigua de la nueva tradición

La aprobación de la resolución del PPD en la madrugada del viernes 15 resultaría anticlimática. La Cámara de Representantes la había aprobado, como Resolución Concurrente 21, el martes 12 a las ocho de la mañana. El debate allí se había extendido ininterrumpidamente por casi dieciséis horas desde la tarde del lunes.64 El preámbulo de la resolución afirmaba que la Legislatura deseaba “hacer constar los principios que deben animar el desarrollo del Estado Libre Asociado dentro de sus lazos

62 63

1954. 64

Ibid., 106-109. Subrayado nuestro. Ibid., 109-119. Subrayado nuestro. Diario de Sesiones, 13 de enero de 1954,119-120. Ver también: El Mundo, 14 de enero de

Diario de Sesiones, Cámara de Representantes, 11 y 12 de enero de 1954.

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de asociación y afecto con los Estados Unidos de América”. La parte dispositiva sería la más controversial: 1. Declarar que el pueblo de Puerto Rico ha escogido democráticamente su propia condición de pueblo libre en asociación voluntaria con los Estados Unidos y que en igual manera ha rechazado, como ahora la Asamblea Legislativa en su nombre rechaza, todo propósito de separación. 2. Declarar que el Estado Libre Asociado no es un status transitorio ni tampoco intermedio entre la estadidad federada y la independencia absoluta ya que es un status de por sí que responde a los más altos ideales de libertad y dignidad humanas y es dinámico en su potencial de crecimiento.

Consignaba entonces, como primer principio, las bases “esenciales” de la común ciudadanía, la común defensa y “la lealtad común a los valores de la libertad”, señalando que el ELA se desarrollaría asumiendo aquellas funciones innecesarias “al concepto de libre asociación”. Como segundo principio, proponía que el nuevo gobierno participara “más intensamente en actividades y organismos internacionales para mejor servir al principio de la solidaridad interamericana”.65 El Senado, después de debatir por dos días la resolución que se sabía derrotada, apenas discutiría la que se daba por aprobada. Los senadores de la mayoría casi no hablaron el jueves 14 de enero; las minorías consignarían sus objeciones. Luego que el portavoz de la mayoría presentó la medida, García Méndez expuso detalladamente cómo resultaba contraria a las afirmaciones públicas del partido de gobierno y a los debates de la Asamblea Constituyente, sobre todo el acuerdo de la misma por la “unión, la vinculación permanente ”. Concluyó que le daba “dolor en el alma” ver que “al través de juegos de palabras” se pudiera “destruir e ignorar lo que es algo de nuestro espíritu puesto en ese documento constitucional. ...Esos purismos, esas frases que dicen y no dicen, que hablan y no hablan, eso es lo que me produce dolor”.66 El senador Román Benítez reafirmó su convicción de que “en Puerto Rico ya no queda rastro alguno de colonialismo”, citando al respecto a un diplomático brasileño en los debates de las Naciones Unidas. Concepción de Gracia abrió su primer tumo en la misma vena que García Méndez: se había argumentado que el ELA era una medida de carácter transitorio que no “impediría que Puerto Rico más tarde continuara luchando por la solución definitiva de su status político, para logra una de las dos fórmulas históricas que han estado ante la conciencia pública”. Luego de analizar la Ley 600, sentenció: 65 Diario de Sesiones, 14 de enero de 1954,123-124. Subrayado nuestro. Ver también: El Mundo, 12 de enero de 1954. 66 Ibid. 124-131.

235 ¡Ese es el régimen del cual están tan orgullosos los autores de esta resolución! ¿Es por eso que ha peleado el pueblo de Puerto Rico? ¿Es por eso que han dado su sangre los soldados puertorriqueños, peleando por la libertad bajo cielos extraños? ¿Es por eso que se han librado las luchas cívicas en Puerto Rico?... ¿Ese es el régimen de tanta dignidad que satisface a los señores autores de esta resolución? No, ese no es un régimen de libertad. Ese es el sistema colonial que continúa vigente en Puerto Rico con todas sus durezas. ...Porque se elimine ese régimen de injusticia, es que han estando laborando siempre los puertorriqueños... ...Los hombres de la mayoría no descargan su responsabilidad histórica; ...los hombres de la mayoría le dan la espalda a los que le dieron el mandato de resolver el problema colonial de Puerto Rico; los hombres de la mayoría se ponen de rodillas ante el gobierno de Estados Unidos, precisamente en el momento en que le pide el pueblo de Puerto Rico que se pongafn] de pie y demandefn] su justicia.67

Ripostó Solá Morales rechazando “el curalotodo de la independencia, porque no es ni siquiera un paliativo. Es un sudario... a mi manera de ver, desde el punto de vista económico”. El senador del PER, Charles H. Juliá, se hizo eco de la acusación de Susoni sobre el origen de la medida: esta Mayoría en este Senado tiene ya un mandato... No el mandato del pueblo del que se ha hablado tanto en los debates, tanto ayer como en el día de hoy, sino el mandato del señor Gobernador de Puerto Rico, íntimo amigo del Presidente Figueres y del Presidente Remón y de Tacho Somoza, y... ha dado su mandato y su mandato hay que cumplirlo.

William Córdova Chirino retomó el discurso del “tribunal de la historia”, expresando que no sabía el porqué de “tanto terror a la independencia”. Los “caballeros de la Mayoría” querían “dejar una puerta abierta, por temor a lo que pueda decir la historia en el futuro. Por eso al expresarse, quieren abrir puertas, y aquí en esta Resolución, quieren cerrar puertas al pueblo de Puerto Rico”. Dijo representar a los electores del Partido Popular, “que no son capaces de traicionar la independencia de su patria”. Endosó la visión del “mandato” del senador Juliá y al final varió levemente el tono: Yo no quiero compañeros del Senado, dar mi opinión ni juzgar la actuación de los señores de la Mayoría. Yo me remito a la historia. La historia estará ahí. ...La historia inexorable dirá, en un paso como éste, cuando se habla de la patria: o se es patriota, o se es traidor; o se es valiente, o se es cobarde... La historia dirá si sóis valientes o si sóis cobardes. La historia dirá si sóis patriotas o si sóis traidores.68

67 Ibid., 131-138. Subrayado nuestro. 68 Ibid., 138-143. Subrayado nuestro.

236

Pasadas las once de la noche, todavía se expresarían —hasta la madrugada del viernes— cada uno de los actores que más se habían destacado desde la tarde del martes. Francisco Susoni subrayó que no hubo “libre selección” en el proceso, llamándolo “más que un fraude; ...un crimen”. Calificó de tragedia que “los hombres que han debido hacer la independencia no han podido, y los hombres que han podido hacer la independencia, no han querido”. Miguel Angel García Méndez coincidió, como había reiterado en su primer tumo, sobre la ausencia de “libre selección” e insistió —descansando en el lenguaje de la ONU— en que el ELA era sólo “un territorio autónomo"69 Gilberto Concepción de Gracia citó extensamente, como el año anterior, de los debates congresionales. Criticó que se le diera tanto alcance a una resolución aprobada por una minoría de los países de la ONU, “cuando en realidad las Naciones Unidas lo que hicieron fue ovacionar la Declaración Eisenhower sobre Puerto Rico”. El líder del PIP contestó a Solá Morales que la independencia sería un sudario y la muerte en aquél momento, pero “era fuente de vida cuando se iba buscando los votos del pueblo para decirle que oportunamente tendría la oportunidad de expresarse, y que en ese momento se señalaría la ruta de la independencia...” Expresó al final que se iría

por todos los campos de mi patria, ...por todos los pueblos de mi tierra a decir que hay que limpiar este baldón, que hay que darle el mandato a los hombres que defienden la libertad para decirle al mundo que nuestro pueblo no quiere traicionarse a sí mismo, que nuestro pueblo quiere el reconocimiento de su derecho.70 Carlos Román Benítez terminó con una concesión parcial al PIP de un modo simpático: antes “había solamente dos fluses, el de la estadidad y el de la independencia”. Entonces, según él, Muñoz Marín preparó el ELA, “el flus a la medida de este pueblo de Puerto Rico”. Yldefonso Solá Morales, por su parte, optó por pedirle a sus compañeros que aprobaran la resolución, como si dudara de que lo hicieran, por el pueblo,

como una reafirmación de estos propósitos nuestros de velar, no solamente por su bienestar espiritual, no solamente por su libertad integral, no solamente por su paz, sino también por su prosperidad, porque ni pueden tener libertad, ni pueden tener paz, ni puede haber ese honor tremendo que se encuentra en la raíz del patriotismo de los hombres, si ellos tienen que estar humillados por el hambre y la miseria que les traiga una locura. A las dos y diez de la madrugada del viernes 15 de enero de 1954 se aprobó la resolución, después de que Víctor Gutiérrez Franqui asegurara que en la 69 Ibid., 143-150. Subrayado en el original 70 Ibid., 150-154. Subrayado nuestro.

237 misma no había nada “que pueda interpretarse en el sentido que su aprobación cierra puertas en el futuro de Puerto Rico”.71 Terminó así —a un año del solemne contra-juramento— la principal batalla de los hombres de la independencia en el Senado de Puerto Rico. No sería su último esfuerzo de repudio al coloniaje. Pero, después de ese 15 de enero de 1954, nada volvería a ser igual. Los gobiernos de los Estados Unidos y Puerto Rico habían legitimado el Estado Libre Asociado en las Naciones Unidas y, más importante todavía, ante sectores sustanciales de la élite de poder y el pueblo puertorriqueño. En muchos sentidos, culminaba allí la transformación anunciada por el propio Muñoz Marín al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La tradición que el Partido Independentista Puertorriqueño reclamaba como “verdadera” quedaba herida de muerte y comenzaba a consolidarse una nueva. Así mismo se establecían los términos en que habría de discutirse, en el Puerto Rico contemporáneo, el problema del status. Los esfuerzos por impugnar la legitimidad del ELA no habían sido la única gestión del PIP durante la sesión de 1953; ni siquiera habían sido su única labor por la independencia. Buena parte de su obra en el Senado combinaría la defensa de ese ideal, y la lucha por alcanzarlo, con el objetivo de proyectarse como opción de gobierno, como los verdaderos defensores de la tradición anticolonial y de justicia social iniciada por el PPD. Así ocurrió con iniciativas legislativas de toda índole: económica, social y política. Esa primera sesión ordinaria, la más intensa del cuatrienio, reflejó la diversidad de gestiones que desplegarían en años subsiguientes los hombres de la independencia en el Senado como parte de su estrategia política y legislativa. Además de otras resoluciones conjuntas y concurrentes, radicaron numerosos proyectos de ley y resoluciones en el Senado. También reivindicaron los derechos de las minorías en los procedimientos, radicaron votos explicativos y solicitaron la inclusión de editoriales en el diario de sesiones. Hicieron múltiples peticiones de información y propusieron investigaciones y estudios de índole muy diversa. Igual que en los debates sobre el ELA, utilizarían los tumos al final de las sesiones para comentar los asuntos más variados: desde una efemérides hasta el mensaje del gobernador. Después de enero de 1954, sin embargo, el PIP entraría en otra etapa. Era como si la decisión de la Organización de las Naciones Unidas, y la reacción puertorriqueña a la misma, le hubiera “quitado el piso” a su gestión. Muchos y muy complejos factores intervendrían en el descenso

71 Ibid., 154-157. Subrayado nuestro. Ver también: El Mundo, 16 de enero de 1954, y El Imparcial, 16 de enero de 1954.

238 posterior del partido. Pero la derrota de su acción legislativa directa contra el sistema colonial y por la independencia tiene que haber sido uno de los más significativos. El debate por la tradición legitimadora en aquel cuatrienio 1952-1956 se decidió en el espacio senatorial a favor del Partido Popular Democrático. Irónicamente, la persistencia del tema de nuestro status —tanto en Puerto Rico como en las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional— parecen reivindicar la batalla que libraron en aquél momento los senadores del PIP. Los términos del debate siguen siendo, en gran medida, los términos de la discusión sobre nuestra relación con los Estados Unidos. Tanto esta ruptura en el discurso político puertorriqueño como la totalidad de la gestión legislativa del Partido Independentista merecen estudiarse desde ángulos muy diversos. Espero que este análisis preliminar sugiera pistas y justifique hipótesis de trabajo que nos lleven a una mejor comprensión del Puerto Rico contemporáneo y de la importancia del ámbito legislativo para iluminar sus estructuras y procesos.

La Fortaleza y la Cindadela: La transformación del Senado y de la política puertorriqueña durante la administración de Luis A. Ferré, 1968-1972

Luis Martínez-Fernández r

Agradezco la valiosa colaboración de la estudiante Clotilde Rexach Benitez en la investigación de este trabajo.

241

Este ensayo se acerca al cuatrienio 1969-1972, momento critico y de transformación no sólo para el Senado sino para el proceso político puertorriqueño en general. En el mismo se elabora una serie de hipótesis sobre la cual descansa este estudio de la historia legislativa de fines de los sesenta y principios de los setenta. Primeramente se plantea que, por varias razones de naturaleza electoral, demográfica y política, el Senado ha sido una entidad esencialmente popular, donde el Partido Popular Democrático (PPD) ha logrado consolidar el poder utilizando el foro como base propulsora de las victorias electorales generales de 1944,1972 y 1984. Una segunda hipótesis apunta a que el Partido Nuevo Progresista (PNP), victorioso en las elecciones generales de 1968, representó una reconstrucción de la antigua Coalición estadista, pero una “coalición” mucho más funcional cuya cohesión descansaba en una amplia gama de promesas electorales a través de las cuales se buscaba atraer el apoyo y el voto de industriales, clase media, obreros y clases marginadas. Al llegar el nuevo partido estadista al poder, intentó y en gran medida logró cumplir con sus promesas de campaña, y al hacerlo, cambió para siempre el tempo de lucha política y la orientación de la legislación. Finalmente se plantea que, al asumir el poder el PNP en un contexto de gobierno dividido, la Legislatura sufrió unas transformaciones profundas, entre las que se destaca una dramática expansión en cuanto a autonomía y poderes. Fue en dicho contexto donde finalmente se logró el traspaso generacional del poder dentro del PPD. El Senado popular Tradicionalmente, en los sistemas de parlamentos bicamerales, las cámaras altas o senados han llevado el distintivo color rojo, quizás porque el mismo refleja el fruto maduro en contraposición del color verde, emblemático de las cámaras bajas. El Senado puertorriqueño ha sido rojo en otro sentido emblemático: lo ha dominado el PPD, cuyos emblemas también son rojos, desde enero de 1941 hasta el presente, con la excepción del cuatrienio 1977-1980 cuando el PNP logró un mayoría senatorial mínima de un escaño. Aún cuando el PPD no triunfó en los comicios generales de 1940, 1968 y 1980, obtuvo o retuvo el control del Senado insular. El dominio popular del Senado ha obedecido a un interesante entrejuego de razones demográficas, electorales e históricas, las cuales se

242 vienen reforzando mutuamente por más de medio siglo. Las demarcaciones distritales del sistema electoral y los patrones de dispersión del voto han favorecido históricamente al PPD, de manera tal que en el Senado dicho partido ha disfrutado de mayorías que sobrepasan marcadamente el porcentaje de su apoyo electoral general. En las elecciones de 1948, por ejemplo, antes de que entraran en vigor los ajustes representativos dispuestos por la Sección 7 del Artículo 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado, el PPD logró controlar el 90 por ciento de los escaños senatoriales luego de haber recibido sólo el 61 por ciento de los votos.1 Aun con los ajustes de los legisladores por adición adjudicados a los partidos de minoría entre 1953 y 1968, el PPD retuvo el 72 por ciento de los escaños senatoriales mientras recibía entre 59 y 65 por ciento del voto. Finalmente, en el cuatrienio 1968-1972, a pesar de haber perdido la gobernación y contar sólo con 41 por ciento de los votos, los legisladores populares ocuparon el 56 por ciento de los escaños para una cómoda mayoría de 15 a 12. Estas diferencias o desviaciones entre el porcentaje de votos y la proporción de legisladores obedecen a varios factores. Primeramente, el PPD, casi desde su fundación, ha disfrutado de un apoyo electoral con un alto grado de dispersión. Una buena distribución del voto le permitió al partido triunfar ininterrumpidamente en todos los distritos senatoriales desde 1948 hasta 1964. En contraste, los partidos de oposición estadistas e independentistas han contado con unos patrones de apoyo electoral mucho más concentrados, sobre todo en los distritos urbanos. Tomando como ejemplo las elecciones de 1960 se desprende que el índice de fluctuación de votos para el PPD fue de sólo 25 por ciento, mientras el del Partido Estadista Republicano fue de 105 por ciento.2 El problema de la dispersión-concentración (que es esencialmente uno político y demográfico) se agravó durante los cincuenta y sesenta debido a otro problema, el de desviación representativa (que es en esencia uno constitucional y electoral). La desviación representativa estriba en el hecho de que no todos los distritos senatoriales tienen el mismo número de

1 La Sección 7 del Articulo 3 de la Constitución del ELA establece que cuando un mismo partido logre obtener más de dos terceras partes de los escaños de cualquiera de las dos cámaras pero no obtenga más de dos terceras partes del voto general, se habrá de aumentar el número de legisladores en la cámara correspondiente hasta que el partido o los partidos de minoría tengan nueve senadores y diecisiete representantes. Todos los cálculos del ensayóse basan en las estadísticas electorales oficiales. 2 El índice de fluctuación se obtiene restando el por ciento de votos del distrito de menor porcentaje del por ciento de votos del distrito de mayor porcentaje y luego determinando el por ciento de la diferencia con respecto al distrito de menos porcentaje. Por ejemplo, Partido Estadista Republicano (1960): Distrito I (40.9%)=a; Distrito VII (20.0%)=b; a-b=c; c/b=d; d= índice de fluctuación (105%).

243 habitantes mas, sin embargo, todos tienen el mismo número de senadores: dos. Esto se traduce, pues, en una situación en la que los votos de los electores de algunos distritos cuentan menos que los de otros.3 Históricamente los votantes de los distritos de San Juan y Bayamón han sido los más severamente penalizados, sobre todo en los comicios de 1948, 1960 y 1968, previo a los ajustes distritales que por ley se realizan después de cada censo decenal. En 1948, por ejemplo, los 202,899 electores de San Juan tenían derecho a elegir dos senadores, ni uno más ni uno menos que el distrito de Ponce con 103,791 electores, casi la mitad de los del distrito capitalino. En 1968 tanto los 183,874 electores del distrito de Bayamón como los 118,784 del distrito de Aguadilla contaban con dos senadores. Los reajustes que cada diez años realiza la Junta de Revisión Electoral apenas han podido resolver estas desigualdades que afectan despro porcionadamente a los distritos urbanos y de mayor crecimiento. Para las elecciones de 1964, por ejemplo, el distrito 4 de Aguadilla contaba con un número de electores 26 por ciento menor que el del distrito 1 de San Juan. Resulta interesante y además problemático que la desviación haya afectado más a los distritos urbanos y por ende a los partidos de mayor concentración de votos urbanos (estadistas e independentistas). Como ha apuntado Femando Bayrón Toro en un estudio sobre este particular, para fines de los sesenta la mayoría de los puertorriqueños vivían en zonas urbanas mas, sin embargo, sólo seis de los dieciséis escaños senatoriales distritales representaban distritos urbanos. A tales efectos, en 1968 el PNP, a pesar de lograr la mayoría electoral general, obtuvo el triunfo sólo en los tres distritos urbanos (San Juan, Bayamón y Ponce) mientras el PPD ganó en los restantes cinco distritos, todos predominantemente rurales. Dicho esto de otra forma, en palabras de Bayrón Toro: “en el caso del Senado el voto de tres personas en un distrito rural vale igual que el voto de cinco personas de un distrito urbano”.4 Los escaños por acumulación, que obedecen a otras fórmulas, y los de adición, que sólo se activan cuando el partido triunfante obtiene más de dos terceras partes de los escaños, tienen como objetivo aliviar los problemas de desviación representativa. Sin embargo, dado que el número de senadores por distrito sobrepasa al de senadores por acumulación a razón de 1.5-1, sigue existiendo un problema de desigualdad que favorece al distrito y al elector rural, tradicionalmente bastiones del PPD. Existen otras razones igualmente poderosas que han reforzado la noción del Senado como institución popular. En primer término, el Senado

3 Para un acercamiento a este problema ver Femando Bayrón Toro, Análisis electoral de Puerto Rico, (San Juan, Editorial Coquí, 1970) 68-81, 97. 4 Ibid., 81.

244 DESVIACION REPRESENTATIVA POR DISTRITOS SENATORIALES, 1952-1968®

Distrito

1952

1956

1960

1964

1968

I San Juan II Bayamón III Arecibo IV Aguadilla V Mayagüez VI Ponce VII Guayama VIII Humacao

+13.5 -4.8 +1.1

+18.4 +4.7 -4.0 -4.5 -4.0 -5.2 +1.0 -6.5

+21.9 +21.8 -6.8 -9.8 -8.7 -6.6 -2.2 -9.5

+15.9 +1.3 +8.4 -14.4 -4.6 -7.5 -.6 +1.5

+6.9 +25.1 +4.7 -19.3 -9.4 -8.8 -3.5 +4.3

-1.0 -9.5 +3.4 -1.5

Fuente: Estadística electoral oficial. 6 Desviación representativa basada en el número de electores inscritos en cada distrito y en la diferencia entre éstos y el promedio del número de electores por distrito. Números positivos indican desventaja representativa.

se constituyó en cabecera de playa del PPD cuando éste obtuvo el control sobre el mismo en 1940 por el escaso margen de diez a nueve. En esa ocasión los populares no lograron elegir su candidato a comisionado residente, no lograron el control de la capital y la mayoría de los municipios y apenas pudieron establecer un fugaz arreglo en la Cámara con algunos legisladores de la oposición. Fue entonces y en tomo a la figura carismática del senador Luis Muñoz Marín que el PPD empezó a entablar su histórica relación especial con la Cámara Alta de la Legislatura. Fue en el Senado donde el fundador y líder máximo del PPD pudo lanzar el programa legislativo del partido con la colaboración del primer ejecutivo insular, Rexford G. Tugwell. Y fue allí donde se constituyó el foro central de acción del partido durante los críticos cuatrienios 1940-1944 y 1944-1948 bajo el liderato de Muñoz Marín, el legislador. A medida que se dieron los copos electorales de los cuarenta, cincuenta y sesenta, a medida que Muñoz Marín y el poder político gravitaron del Capitolio a la Fortaleza, y a medida que las agencias y corporaciones del ejecutivo consolidaron su poder, el Senado y la Cámara perdieron autonomía, vigor e iniciativa legislativa. Como señalara el legislador popular Arcilio Alvarado: “Eramos los mismos legisladores cuando Muñoz se movió de la Legislatura a la Fortaleza, mas sin embargo la Cámara y el Senado se convirtieron en sellos de goma”.6 6 Henry Wells, The Modernization of Puerto Rico, (Cambridge, Harvard University Press, 1969), 208. La traducción es mía.

245

Durante las administraciones de Muñoz Marín legislar se convirtió virtualmente en un proceso iniciado y finalizado por el ejecutivo con mínima participación de los legisladores. Así pues, la rama legislativa se doblegó ante la figura central y patriarca del partido, abdicando en gran medida su principal función constitucional: la de hacer las leyes.7 Esta situación también impidió que el Senado desarrollara una autonomía de cuerpo con relación a otras dos de sus funciones centrales: la de investigar al ejecutivo y la de jugar un papel independiente a la hora de confirmar o rechazar funcionarios del estado. Según un estudio de la Comisión de Derechos Civiles, entre 1948 y 1957 el Senado realizó 67 investigaciones de las cuales sólo 7 se relacionaron con la rama ejecutiva. Todas estas investigaciones fueron iniciativas del liderato popular, y resulta interesante que en la mayoría de ellas ni siquiera se rindió un informe final. Según Robert W. Anderson, sólo se completó una “investigación a fondo” tocante a uno de los departamentos ejecutivos. En la misma se censuró la labor del secretario en cuestión, que se vio forzado a renunciar, para al poco tiempo ser nombrado a otro puesto creado para él.8 En materia de nombramientos el Senado también exhibió un alto grado de pasividad durante los cuatro términos en que gobernó Muñoz Marín. De un total de alrededor de 2,100 nombramientos sometidos por el gobernador entre 1949 y 1964, sólo cinco fueron rechazados por el Senado popular, apenas un .2 por ciento. Los procesos de confirmación apenas duraban 17 días. Durante la gobernación del sucesor de Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella, el Senado rechazó sólo cinco de cerca de 1,150 nombramientos.9 Resulta curioso que la mayoría de estos rechazos se dieron precisamente en 1968 cuando Sánchez Vilella rompe con el partido y para todos los efectos la gobernación y la Legislatura pertenecen a partidos distintos. Es en ese último año del cuatrienio 1964-1968 cuando la Legislatura —el Senado sobre todo— empieza a exhibir una vitalidad y autonomía perdidas desde finales de los cuarenta. Se trataba de un Senado fortalecido y politizado, liderado por Samuel R. Quiñones, Luis Negrón López y el propio Muñoz Marín. El cuerpo se fortaleció a tal grado, aún antes de la ruptura de Sánchez Vilella, que por primera vez en muchos años se dieron debates largos y tendidos que provocaron la mediación de Muñoz Marín. Tales fueron el asunto de la nueva ley universitaria y el nombramiento de Libertario Avilés a la Comisión de Servicio Público. El poder revirtió a la rama legislativa de tal manera que al iniciarse la última 7 Carmen Ramos de Santiago, El gobierno de Puerto Rico, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1970), 562. 8 Robert W. Anderson, Gobierno y partidos políticos en Puerto Rico, (Madrid, Editorial Tecnos, 1970), 227-228; Ramos de Santiago, Gobierno, 566. 9 Secretaria del Senado de Puerto Rico, San Juan, Registro de Nombramientos, vol. I.

246 sesión del cuatrienio, Muñoz Marín senador ofreció al pueblo un mensaje extra oficial sobre el estado del país cuatro días antes del mensaje oficial de Sánchez Vilella.10 A pesar de que el Senado se debilitó en sus funciones durante la mayor parte del período 1949-1967, persistió la relación especial entre el cuerpo y el partido. El instrumento que lanzó a Muñoz Marín a la principal poltrona del país continuó siendo el principal semillero del alto liderato popular. Era allí donde se encontraba la mayoría de los líderes populares de mayor renombre e influencia, tales como Muñoz Marín, Negrón López, Quiñones y Víctor Gutiérrez Franqui. Fue allí hacia donde el PPD apuntó su más pesada artillería en el ’68 con las candidaturas por acumulación de Muñoz Marín, Hipólito Marcano, Rafael Durand Manzanal, Antonio Fernós Isem y Felisa Rincón de Gautier. Fue también allá donde se encontraron los legisladores más disciplinados y fieles al Partido Popular. En la Cámara Alta el apoyo a las directrices de Muñoz Marín fue mucho más unánime y automático que en la Cámara Baja.11 Más tarde, cuando surge el Partido del Pueblo, sólo un senador, José Arsenio Torres, rompió filas con el PPD para integrarse al nuevo partido de Sánchez Vilella. Finalmente, fue en el Senado donde Muñoz Marín señaló a su colega, Negrón López, para que aspirara a la gobernación en el momento de mayor crisis en la historia del partido. Cristalización y triunfo de la nueva coalición estadista

El 1968 marcó un hito en la historia de las instituciones y procesos políticos del país, al ganar las elecciones generales un partido proestadidad sin que mediaran circunstancias de abstenciones o coaliciones. En esa ocasión el PNP, que apenas contaba con un año de organización, logró vencer al otrora invencible PPD, obteniendo así la gobernación y el puesto del comisionado residente, el control de la Cámara de Representantes (aunque a penas por un escaño), y el dominio del gobierno de la capital y de la mayoría de los restantes ocho municipios de mayor población.12 En manos de la oposición sólo quedó el Senado, el municipio urbano de Mayagüez y la mayoría de los pueblos pequeños y rurales. Debe 10 Wells, Modernization, 328. 11 Ibid-, 209,239; Andereon, Gobierno, 232. 12 En los últimos años se han publicado una serie de trabajos en tomo a los movimientos estadistas puertorriqueños. Véase, por ejemplo, Antonio Quiñones Calderón, Del Plebiscito a la Fortaleza, (San Juan, Ediciones Nuevas de Puerto Rico, 1982); Wilfredo Figueroa Díaz, El movimiento estadista en Puerto Rico, (San Juan, Editorial Cultural, 1979); Aarón Gamaliel Ramos, Las ideas anexionistas en Puerto Rico bajo la dominación norteamericana, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1987); Edgardo Meléndez, Puerto Rico's Statehood Mouement, (New York, Greenwood Press, 1988); y Luis Martínez-Fernández, El Partido Nuevo Progresista: trayectoria hacia el poder y orígenes sociales de sus fundadores 1967-1968, (Río Piedras, Editorial Edil, 1986).

247 señalarse que aunque la victoria PNP sorprendió a muchos, la misma fue la culminación de un proceso iniciado desde mediados de los cincuenta a través del cual la estadidad venía ganando adeptos, muy a pesar de la forma en que el Partido Estadista Republicano (PER) “administraba” dicho ideal.13 Para los comicios de 1968 se conjugaron una serie de factores, entre los cuales sobresale la ruptura del PPD, que permitieron el triunfo del PNP, un partido estadista que se presentó ante el electorado como una organización martirizada, que buscaba representar una multiplicidad de sectores que de alguna forma u otra se presentaban también como víctimas del gobierno popular: la industria nacional, la clase media, los obreros y los pobres urbanos.14 Como señala en su estudio del movimiento “anexionista” puertorriqueño el científico político Aarón Gamaliel Ramos, desde la fase barbosiana (1898-1921) el movimiento estadista contó con adeptos provenientes de diversos sectores de la sociedad. Convivían dentro de los partidos pro-estadidad, aunque desempeñando papeles distintos, obreros —para quienes la estadidad representaba la redención de su clase— y acaudalados terratenientes e industriales, para quienes el ingreso de Puerto Rico a la unión norteamericana significaba el cuadro ideal para el desarrollo de sus intereses.15 No obstante, dentro de los partidos y movimientos estadistas la convivencia policlasista no siempre fue 13 Lo que aquí se plantea es lo siguiente. Debido al estrecho vínculo que existe entre los partidos y las fórmulas de estatus, y a la manipulación a que éstos las someten, resulta difícil precisar qué proporción del voto se deposita a favor de los candidatos y qué proporción sigue al ideal del estatus. Resulta obvio, al menos, que ambas fuerzas operan. Al decir que la estadidad aumentó “a pesar” del liderato PER, lo que señalo es que durante esos años (cúspide de la guerra fría) el electorado puertorriqueño se acercó a la estadidad, aun cuando el liderato encargado de “administrar” esa fórmula parecía hacer todo lo posible por ganarse el repudio electoral. El electorado, pues, gravitó hacia la estadidad por razones más allá del liderato PER, razones que se desprendían de un proceso global de polarización política y obedecían al proceso de integración económica, política y cultural con los Estados Unidos iniciado, o acelerado, durante la era de dominio popular. Desde el 1968, no obstante las fluctuaciones en el patrón de votos, tanto la integración a los Estados Unidos como el apoyo a la estadidad han continuado creciendo, en ocasiones “muy a pesar” de las actuaciones del liderato estadista. Por lo tanto, pueden verse las derrotas electorales del PNP en 1984 y 1988 más como un rechazo al liderato estadista que como oposición a la estadidad. Finalmente, es muy probable que a estas alturas las fuerzas globales y externas que han nutrido al sector estadista hayan llegado ya a su punto más alto en vísperas del deshielo de la guerra fría. 14 El martirio de Ferré y sus seguidores comenzó dentro del viejo Partido Republicano cuando la maquinaria de Miguel Angel García Méndez los marginó. En una asamblea del partido Ferré fue abucheado y forzado a salir del salón. Ai poco tiempo, Ferré y sus partidarios organizaron Estadistas Unidos, una agrupación no partidista cuyo propósito era representar la fórmula estadista en el plebiscito de 1967. Luego del plebiscito, Estadistas Unidos se convirtió en el PNP, partido que también sufriría una especie de martirio al tratar de inscribirse y luchar por retener su nombre y emblemas. 15 Ramos, Ideas anexionistas, 18-19.

248

armoniosa y muchas veces resultó incómoda e inoperante. El arreglo político conocido como la Coalición, a través del cual el partido pequeño burgués estadista (Republicano) y el partido obrero estadista (Socialista) lucharon juntos pero no revueltos, ejemplificó lo difícil y lo paradójico del carácter policlasista del movimiento pro-estadidad. La situación empeoró durante los cuarenta y cincuenta a tal grado que al disolverse el Partido Socialista se le recomendó a los exmiembros ingresar al PPD, por considerarlo más representativo de los intereses del pueblo trabajador. No todos los obreros estadistas, aunque sí la mayoría, pasaron al PPD. Como señala Edgardo Meléndez en su reciente libro sobre el movimiento estadista, durante los cincuenta y sesenta persistió dentro del Partido Estadista un sector de extracción obrera. A pesar de sus aportaciones electorales y organizativas, dicho grupo permaneció marginado y frustrado al no poder influir positivamente en la orientación del partido.18 Uno de los logros claves del liderato que junto a Luis A. Ferré rompió con el PER en 1967 fue formar un partido estadista que resultara atractivo no sólo para la clase obrera organizada sino para los grupos socialmente marginados del país.17 El PNP surgió, en gran medida, como una entidad que recreaba un arreglo policlasista similar a la Coalición, pero más abierto, fluido, y bajo un mismo techo. Resulta interesante que Ferré y el nuevo liderato estadista evocaron con más fervor los símbolos del extinto Partido Socialista que los del ala republicana de la Coalición.18 Ferré, por ejemplo, en un acto simbólico durante la fundación del PNP, recibió el antiguo mallete de Santiago Iglesias Pantín.19 El nuevo líder estadista prometió seguir los pasos del líder sindicalista y al llegar al poder habría de nombrar para posiciones claves a varios hijos de antiguos líderes socialistas.20 Aunque esta aseveración requiere un estudio profundo, tal parece que una buena parte del viejo electorado socialista le prestó su voto al PPD sólo temporeramente, y que ya para fines de los sesenta éste se identificaba más con el nuevo partido estadista.21 16 Meléndez, Puerto Rico’s Statehood Movement, 83-100. 17 Sobre el apoyo de las clases marginales al PNP en las elecciones de 1968 ven Marcia Rivera, Elecciones de 1968 en Puerto Rico, (San Juan, CEREP, 1972); y Rafael L. Ramírez, El arrabal y la política, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1977). 18 Aún desde mediados de lo sesenta, varios líderes estadistas venían clamando por que se eliminara la palabra “Republicano” del nombre del partido. 19 Quiñones Calderón, Del plebiscito, 183. 20 Martínez-Fernández, Partido Nuevo Progresista, 84-89; Secretaría del Senado, Registro de Nombramientos, vol. I. 21 Para dos ejemplos de trayectorias similares ver el desarrollo político de Anastacio Zayas Alvarado ("Taso”), en Sidney W. Mintz, Taso: trabajador de la caña, (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1988); y el de Dolores “Lolo” González Díaz, en Luis MartínezFernández, San Lorenzo: notas para su historia (el comportamiento electoral del municipio durante la era de dominación Popular, 1940-1968), (San Juan, Comité Historia de los Pueblos, 1986), 22-30.

249 El liderato nuevo progresista logró en el ’68 atraer el voto de las clases marginadas, sobre todo de los pobres urbanos, y también de buena parte del electorado obrero. Ferré, Carlos Romero Barceló y otros líderes del partido lanzaron la consigna de “los pobres serán los primeros”, prometiendo bregar con problemas que afectaban desproporciona damente a las clases más pobres. A pesar de los grandes logros sociales de las anteriores administraciones populares, todavía el desempleo sobrepasaba el 12 por ciento, el 40 por ciento de los puertorriqueños residía en viviendas inadecuadas, y los salarios devengados en la isla apenas ascendían a la mitad de los de los Estados Unidos. De hecho, según apuntaba una serie de indicadores, la tendencia hacia la erradicación de la pobreza se venía revirtiendo desdemediados de los cincuenta.22 Para los sectores que más cerca sufrían estos problemas el partido estadista de Ferré ofreció una esperanza de redención. Aunque por un lado Ferré insistió en que “el status no estaba en issue”, por otro, explotó un mensaje subyacente de que el nuevo partido estadista lograría “redimir” a las clases pobres y obreras ofreciéndoles más programas federales de asistencia social y, además, elevar el salario mínimo insular al nivel del vigente federal.23 Otro sector también predominantemente urbano que se identificó mayoritariamente con el programa nuevo progresista fue la clase media, sector de rápido crecimiento al cual el PNP también presentó como víctima: “el jamón del sandwich”.24 El término “clase media” es quizás uno de los peor entendidos y peor aplicados. Para propósitos de este trabajo, el mismo se define como aquellos grupos de la sociedad que por sus ingresos ni dependen de la asistencia pública ni son financieramente independientes y que comparten una cultura de clase que incluye varios de los siguientes elementos: residencia en urbanizaciones o edificios de apartamentos privados, patrones de consumo y entretenimiento similares a los norteamericanos, ferviente fe en la educación (mayormente privada) como medio de movilidad social, rechazo del trabajo manual, orden y seguridad como prioridades para el sostenimiento del statu quo social, sentido de inseguridad y vulnerabilidad como clase.25 22 Wells, Modernization, 154-159,175. 23 Luis A. Ferré, “Mensaje al jurar su cargo (2 de enero, 1969)”; y “Primer mensaje a la Asamblea Legislativa sobre el estado del Pais”, en: Luis A. Ferré, Elpropósito humano, (San Juan, Ediciones Nuevas de Puerto Rico, 1972) 6,151. 24 Martínez-Femández, Partido Nuevo Progresista, 35-36. 25 Esta definición toma prestadas ideas y conceptos expuestos en John J. Johnson, Political Change in Latín America: The Emergence of the Middle Sectors, (Stanford, Stanford University Press, 1958); y Mariano Muñoz Hernández, “Hada un análisis de la clase media en Puerto Rico”, en: Rafael L. Ramírez, Barry Levine y Carlos Buitrago (editores), Problemas de desigualdad social en Puerto Rico, (Río Piedras, Librería Internadonal, 1972), 135-162.

250 En las elecciones del *68 el PNP se presentó como una entidad de clase media; de hecho, gran parte de su liderato provenía de dicho estrato. La vinculación del partido con la clase media llegaba a tal grado que el propio Ferré, uno de los hombres más ricos del país, sostenía que él pertenecía a la clase media.26 En su campaña y programa original el PNP apeló a la clase media haciendo hincapié en una serie de problemas con los cuales ésta se identificaba. Se prometieron libros y becas para estudiantes de ingresos medios y servicios de salud aceptables para la clase media. También se prometió mejorar los servicios urbanos y fortalecer los mecanismos de la lucha contra el crimen. Finalmente, se ofrecieron, y después se lograron, aumentos en las exenciones contributivas y nuevas deducciones.27 Una de las paradojas más grandes de la “coalición” policlasista ensamblada por el liderato PNP fue la forma exitosa en que el partido recabó el apoyo de la burguesía industrial puertorriqueña. En su afán por industrializar a Puerto Rico, el régimen popular favoreció la penetración masiva del capital norteamericano, inclusive en detrimento del capital local. En su ya citado estudio, Edgardo Meléndez señala que muchas industrias nativas fueron desplazadas en el proceso de industrialización por invitación, situación que creó enorme resentimiento de parte de los industriales hacia el PPD.28 Desde antes de su ruptura con el PER, Ferré se había constituido en el portavoz de estos resentimientos, postura que desempeñó una importante doble función: por un lado, buscaba y lograba el apoyo de la burguesía industrial nativa, por otro lado, atacaba en sus mismos cimientos la estructura económica del Estado Libre Asociado. Obreros, pobres urbanos, clase media, e industriales: se trataba de una coalición electoral bastante ambiciosa y abarcadora, que de hecho cristalizó para darle el triunfo al PNP en los comicios de 1968. ¿Qué fue lo que le proveyó la cohesión necesaria a esta diversidad de sectores para crear un partido sólido que habría de convertirse en uno de los dos polos políticos de la era del bipartidismo que entonces empezaba? Saltan a la vista dos factores comunes a los diversos componentes sociales del PNP. Primero, éstos compartían el contexto urbano. Segundo, entendían que por su historial político y de extracción, Ferré y el liderato Nuevo Progresista entendían y lucharían por resolver los problemas del nuevo Puerto Rico. Los procesos de transformación económica por los que atravesó Puerto Rico desde la década del cuarenta tomaron al país en uno esencialmente industrial y urbano. El producto de estos procesos fue la creación de un

26 Ramos, Ideas anexionistas, 111. 27 Programa del Partido Nuevo Progresista, reproducido en Reece Bothwell, Cien años de lucha política, 4 volúmenes (en 5 tomos) (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979) vol. I2980-982. 26 Meléndez, Puerto Rico’s Statehood Movement, 95-99.

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electorado sumamente dependiente del capital, tecnología, y educación norteamericanos. Paradójicamente, el electorado urbano, por ser más móvil y desarraigado, era a la vez menos vulnerable y dependiente del partido en el poder. Al sumarse estos dos factores se entiende por qué el electorado urbano se identificó más con el PNP. No fue coincidencia, pues, que precisamente cuando la población urbana se convirtió en mayoritaria, logró el triunfo un nuevo partido estadista de jefatura y orientación urbanas.29 El otro factor cohesivo fue el liderato de Ferré. Cada uno de los grupos que constituyeron la base electoral del PNP vieron en el líder estadista a alguien que podría producir lo que prometía. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del país, Ferré se presentó como un cruzado del capitalismo con responsabilidad social. A su favor contaba el líder con un largo historial cívico, filantrópico y de “concesiones” para los empleados de su conglomerado industrial.30 El elector común entendía que el Ferré que hacía décadas había otorgado bonos de Navidad a sus empleados, haría lo mismo para el resto del pueblo trabajador. De igual manera Ferré contaba con la credibilidad de la burguesía industrial nativa, de la cual él había sido portavoz. En resumen, el nuevo partido estadista logró entablar una coalición policlasista, mayormente urbana, de sectores que se sentían marginados por las estructuras económicas y políticas engendradas por el PPD. Para solidificar el partido, Ferré prometió acercarse a los problemas de estos grupos y al triunfar en el ’68 se vería obligado a convertir las promesas en acción. Lucha política y legislativa en el contexto de gobierno dividido Durante el cuatrienio 1968-1972 de la administración de Ferré se dio por primera vez en casi tres décadas una situación de gobierno dividido, con la gobernación y Cámara de Representantes bajo el control del PNP, y el Senado bajo dominio popular. Desde el establecimiento del Estado Libre Asociado, por estar todas las ramas gubernativas bajo el mismo partido, no se habían puesto a prueba los mecanismos de pesos y contrapesos concebidos por los autores del documento ni tampoco la Legislatura se había desarrollado a plenitud. La nueva situación vendría, pues, a retar la capacidad del liderato político para compartir el poder. También habría de crear las circunstancias para la expansión de la Legislatura y transformaría dramáticamente el tempo y orientación de la labor legislativa. 29 Martínez-Femández, Partido Nuevo Progresista, 58-60. 30 Luis A. Ferré. “Un porvenir decente y feliz para el trabajador (6 de enero de 1929)”; “Justicia social, seguridad económica y libertad política (7 de diciembre de 1941)"; y “Democracia industrial (17 de diciembre de 1954)”, en: Ferré, Propósito humano, 11-29; Meléndez, Puerto Rico’s Statehood Movement, 119-124.

252 La situación de gobierno dividido (1969-1972) no sólo contrapuso dos partidos con bases y prioridades distintas sino además dos patrones legislativos diferentes: el tradicional con iniciativa del ejecutivo y el constitucional con iniciativa de la Legislatura. Siguiendo el primero, Ferré y sus correligionarios en la Cámara y el Senado buscaron lograr el programa de la “Nueva Vida”, un cúmulo de promesas electorales en tomo a las cuales construyeron la base que los llevó al poder. Siguiendo el segundo, el liderato popular, haciendo del Senado su baluarte partidista, trataría de legislar de acuerdo con el programa PPD: “el Propósito de Puerto Rico”. A lo largo del cuatrienio los legisladores de ambos partidos fluctuaron entre la cooperación y la rivalidad partidista. Hubo áreas en las cuales ninguno de los dos partidos podían darse el lujo de no cooperar, puesto que el no hacerlo hubiera representado un enorme costo político. Por ejemplo, ¿qué legislador o partido consciente de la oposición pública podía darse el lujo de votar en contra de proyectos tales como títulos de propiedad para parceleros, aumentos salariales para maestros y policías, bonos de navidad, exenciones contributivas y reducción de la edad para el voto a los 18 años? Hubo otras áreas tales como “el Propósito de Puerto Rico”, asignaciones para la Universidad y para la Administración de Derecho al Trabajo, el voto presidencial y el “Patrimonio para el Progreso” donde legisladores de ambos bandos trazaron firmes líneas partidistas.31 Puede señalarse que a lo largo del cuatrienio hubo bastante cooperación entre los dos partidos en materia de legislación. Pudo haber surgido un tranque legislativo, pero el mismo no se dio. Desde un principio los legisladores populares evitaron merecerse el epíteto de obstruccio nistas que los novoprogresistas amenazaban con otorgarles. El caucus legislativo PPD, de hecho, exhibió un mayor grado de flexibilidad sin abdicar participación en el proceso mediante enmiendas a los proyectos de Ferré. Según cifras producidas por el propio Senado, los populares aprobaron 515 de 628 proyectos de la administración, el 82 por ciento.32 En cuanto a la legislación programática del PPD la actitud del

31 Ver patrones de votación en Actas del Senado, 1969-1972. De las mismas se desprende que en poco más de la mitad de los casos la votación fue unánime. En poco más del 10 por ciento el voto siguió lineas partidistas y en casi el 40 por ciento restante, senadores de ambos partidos cruzaron lineas partidistas a la hora de votar. El Patrimonio para el Progreso concebía que loe trabajadores puertorriqueños invirtieran pequeñas cantidades de su salario mensual en un fondo que el gobierno utilizaría para el desarrollo nacional. Los intereses y dividendos producidos por éstas inversiones habrían de recibir ciertas exenciones contributivas. Ver Antonio Quiñones Calderón, La obra de Luis A. Ferré en Fortaleza, (San Juan, Servicios Editoriales, 1975), 235-247. 32 “La labor realizada por el Senado, 1969-1972”, suplemento de prensa (1972) en carpeta sobre el Senado, en la Biblioteca Legislativa, San Juan.

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PNP fue menos flexible. Sostenía el liderato nuevo progresista que “el Propósito de Puerto Rico” había sido rechazado en las urnas por el electorado y que el mismo no era más que una serie de “promesas irrealizables” y un plan “utópico” y “falto de objetividad”. Entre los proyectos centrales del “Propósito” se encontraban erogaciones multimillonarias para la Administración de Derecho al Trabajo, para la lucha contra el desempleo y estudios y proyectos encaminados a erradicar la pobreza en el país.33 Las estadísticas del Senado arrojan que la Cámara, controlada por el PNP, sólo aprobó el 33 por ciento de las iniciativas legislativas senatoriales. En vista de que la producción legislativa de la sesión de 1969 marchaba más lenta de lo normal, el gobernador y el alto liderato legislativo de ambos partidos celebraron una serie de reuniones desde principios del mes de mayo, llegándose enseguida a acuerdos sobre proyectos de ley específicos. Las negociaciones no siempre marcharon sin dificultades, pero ayudaron a resolver los tranques que se vislumbraron al principio de cada sesión.34 El hecho de que existiera comunicación y cierto grado de cooperación entre los partidos no significó que hubiera cordialidad ni un verdadero deseo de ambas partes de poner el bienestar nacional primero. Más bien, el cuatrienio 1969-1972 fue uno en el cual la lucha político-partidista y la demagogia llegaron a su cúspide, registrándose inclusive numerosos actos indecorosos y hasta violentos en el Senado. En este contexto de gobierno dividido con dos partidos compartiendo el poder, tanto populares como novoprogresistas trataron de sacarle el mayor millaje político a la situación. Cuando el proceso legislativo se trancaba volaban las acusaciones en ambas direcciones; cuando se lograba alguna ley, ambos bandos tomaban el crédito. En esta pugna a menudo se recurrió a prácticas demagógicas que en nada favorecieron al proceso legislativo. En materias sobre las cuales había algún acuerdo, como la de aumentos de sueldo para policías y maestros, cada partido presentaba su propio proyecto de ley. En este caso particular Ferré y sus partidarios acusaron a la versión popular de ser irresponsable y excesiva, y sostenían que la de la Cámara estaba más a 33 Alex W. Maldonado, “El Propósito de Puerto Rico”, El Mundo, 22 de marzo de 1969,7A; Miguel Santin, “Traafondo”, El Mundo, 22 de mayo de 1969, 7A; “Senadores PNP atacan legislación Popular”, El Mundo, 19 de marzo de 1969,23A; Palabras de Justo Méndez en El Boletín (del Senado), volumen 1, número 3 (Abril 1969), 4. 34 Ramón Rodríguez, “Celebran reunión en Fortaleza mayoría y oposición logran varios acuerdos. Comisión conjunta buscará solución a diferencias”, El Mundo, 6 de mayo de 1969, 1A; “No hacen comentario de reunión bipartita”, El Mundo, 10 de mayo de 1969, 4A; “Hernández Colón ve estancamiento”, El Mundo, 14 de mayo de 1969,1A; Víctor M. Padilla y Wilda Rodríguez, “Discutirán legislación pendiente”, El Mundo, 22 de abril de 1970, 1A; Roberto Betancourt, “Invita a Hernández Colón a revisar la legislación”, El Mundo, 27 de abril de 1971, 3A.

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tono con la realidad.35 Eventualmente se acordó una versión “término medio” cuyo crédito se atribuyeron ambos partidos. Situaciones similares se dieron en tomo a otros proyectos de ley de alto interés público como los títulos de propiedad para parceleros, bonos navideños y la lucha contra la drogadicción.36 En ocasiones, el proceso legislativo se extendió fuera de los foros pertinentes cobrando mayores ribetes demagógicos. Cuando alguna iniciativa legislativa del gobernador o del caucus popular enfrentaba la posibilidad de obstrucción, tanto Ferré como el presidente del Senado, Rafael Hernández Colón, acudían a los medios de la prensa, radio y televisión para señalar que habían hecho todo lo posible por impulsar esta o aquella ley y que la decisión estaba ahora en manos del otro partido. La estrategia de Ferré de legislar por televisión consistió en presentar su programa en la Cámara de Representantes y decirle al pueblo que las soluciones a los problemas del país esperaban ahora por el endoso del liderato popular. Cuando las propuestas populares iban más lejos que las de la administración, entonces Ferré acusaba a los legisladores populares de irresponsabilidad fiscal y demagogia.37 Hernández Colón también acudió a los medios para destacar que los proyectos de su partido eran superiores y que Ferré obstruía leyes vitales en la lucha contra las drogas y el desempleo.38 La lucha político-partidista en el Senado en ocasiones degeneró en intercambio de gritos, insultos, y hasta golpes. Desde temprano en el cuatrienio, el hemiciclo y demás salas del Senado se convirtieron en tribunas de ataques personalistas, sobre todo contra Ferré y el heredero aparente de la jefatura PPD, Hernández Colón.39 Durante los más acalorados debates se dieron incidentes de carácter indecoroso y hasta violento. El 16 de abril de 1969, por ejemplo, mientras se discutía el proyecto de aumentos salariales para maestros el ex-popular Jesús

35 “Aumento a policías provoca debate en el Senado”, El Mundo, 26 de abril de 1969,1A. 36 Palabras de la senadora María Arroyo de Colón, en El Boletín, volumen 1, número 5 O'unio 1969), 8.; El Boletín, volumen 1, número 3 (abril 1969), 3-4; Alex W. Maldonado, “Momento crítico para la legislatura”, El Mundo, 28 de mayo de 1969, 7A. 37 Ramón Rodríguez, “Ferré dice plan PPD viola ley”, El Mundo, 14 de mayo de 1969,1A; Luis A. Ferré, “Estado de los proyectos de administración en la Legislatura (8 de abril de 1969)’’, en Ferré, Propósito humano, 167-174. 38 “Dice Hernández Colón Senado ha aprobado más medidas que años anteriores”, El Mundo, 26 de mayo de 1969,5A; “Veto del P. del S. 403 dificulta lucha para erradicar el abuso de las drogas”, El Boletín, volumen 3, número 4 (abril 1971), 3. 39 Jorge Javariz, "Cosas del Capitolio”, El Mundo, 12 de abril de 1969, 10A; Alex W. Maldonado, “La primera sesión legislativa”, El Mundo, 14 de enero de 1970,7A; Luis Sánchez Cappa, “Senadores de ambos partidos sostienen varios incidentes”, El Mundo, 16 de mayo de 1969,3A.

255 Hernández Sánchez acusó al presidente del Senado de dirigir los asuntos “por sus pantalones”. Más tarde, en la misma discusión, el también ex popular Rubén Rivera Ramos y el portavoz PPD Hipólito Marcano intercambiaron insultos y acusaciones.40 En otro debate el también ex popular Nelson Escalona Vincenty se refirió al macero senatorial como “guarda espaldas”, frase que objetó violentamente al senador Severo Colberg, quien entonces inició una prolongada diatriba contra el liderato PNP.41 Un par de días más tarde la situación pasó de las palabras a los golpes. La sesión del 19 de mayo, en la que una comisión senatorial investigaba despidos de naturaleza político-partidista, fue sin duda la más triste de todo el cuatrienio. El incidente comenzó cuando Hipólito Marcano sometía a un deponente de la Policía a un intenso interrogatorio. Entendiendo que Marcano ridiculizaba al funcionario, Justo Méndez se levantó airado, gritando que el Senado se había convertido en un circo romano. A renglón seguido saltó Colberg, quien gritó, dio manotazos en su escritorio e hizo ademanes de agredir a Méndez con el micrófono. A esto Méndez respondió lanzándose sobre Colberg, lo que dio paso a un lamentable episodio de intercambio de puños. Toda esta trifulca en el palacio de las leyes fue en presencia del público, entre el que se encontraban las esposas de los dos contrincantes.42 Al día siguiente Méndez acusó a Colberg de acciones provocadoras; de conducta que “se agrava y se deteriora a medida que transcurre el día; provocada posiblemente por otras condiciones que no son propias de la naturaleza normal de un ser humano”.43 Un segundo encuentro se llevó acabo durante la sesión especial de junio de 1972 cuando Colberg defendió su “corona” frente al legislador novoprogresista José Menéndez Monroig.44 Otro incidente de naturaleza desagradable se registró luego de que Hernández Colón cambiara los horarios de los debates. Al parecer, los senadores del PNP no estaban bien informados del cambio pues al día siguiente llegaron y encontraron que la sesión había sido cancelada. La delegación PNP se sintió ofendida y varios de sus miembros comenzaron a lanzar insultos a toda voz. Méndez, por su parte, llamó a una rueda de

40 “Realizan otra sesión caliente en el Senado”, El Mundo, 16 de abril de 1969.18C. 41 “Senadores de ambos partidos sostienen vanos incidentes”, El Mundo, 16 de mayo de 1969, 3A. 42 Jorge Javariz, “Gran trifulca en vistas sobre la policía”, El Mundo, 20 de mayo de 1969,1A; Alex W. Maldonado, “La pelea entre Colberg y Méndez”, El Mundo, 21 demayode 1969, 7A. 43 “Méndez: responderemos a cualquier provocación”, El Mundo, 21 de mayo de 1969,1A 44 Kenneth Farr, Personalismo y política de partidos: la institucionalización del Partido Popular Democrático, (Hato Rey, Interamerican University Press, 1975), 203.

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prensa en la que anunció que sus correligionarios permanecerían en el hemiciclo hasta las doce de la noche. En eso se apagaron los sistemas de luz y aire acondicionado a lo que Méndez respondió con una orden de que trajeran doce velas, una para cada escritorio PNP. Hernández Colón ripostó con otra rueda de prensa en la que insinuó que los legisladores PNP habían ingerido alcohol en exceso.45 El incidente cobró mayor dramatismo —por no decir ridiculez— cuando el esposo de una de las legisladoras PNP retó a Hernández Colón a un duelo por supuestamente haber ofendido la honra de su señora.46 Como la mayoría de los regímenes latinoamericanos de corte populista, el gobierno de Muñoz Marín había propiciado la expansión del ejecutivo a expensas de la Legislatura. Ahora que el gobierno estaba dividido, los senadores del PPD comenzaron a maniobrar para el fortalecimiento de la Legislatura. En su mensaje de toma de posesión de la presidencia del Senado, Hernández Colón prometió que dicho cuerpo habría de convertirse en “baluarte impenetrable” y “cindadela infranqueable”.47 En otra ocasión anunció que el foro legislativo no se limitaría a “asentir o disentir de los proyectos que recomiende el ejecutivo”.48 El también senador Muñoz Marín, por su parte, urgió que se le restituyeran “plenamente al Senado las funciones que la Constitución encomienda: discutir y actuar sobre cada proyecto de ley o resolución; discutir y actuar sobre confirmación y rechazo de nombramientos sometidos a su consideración —sintiéndose cada senador responsable ante los electores que votaron mayoritariamente por elevarlo al escaño que hoy ocupa”.49 El contexto del gobierno dividido del cuatrienio 1968-1972 favoreció la expansión del Senado, y por extensión de la Asamblea Legislativa, a niveles de autonomía nunca vistos desde el establecimiento del ELA. Esta expansión se manifestó de varias formas. Primeramente se registró un marcado incremento, particularmente en el Senado, en el número de proyectos de ley iniciados por el cuerpo. En segundo término, el Senado desempeñó un papel mucho más activo, aunque fuera por motivaciones partidistas, en cuanto a confirmación o rechazo de nombramientos ejecutivos. El Senado rechazó más nombramientos entre febrero y mayo de 1969 que durante los veinte años anteriores.50 También en el área de

6A.

Ibid., 202-203; Jorge Javariz, "En tomo a Fortaleza”, El Mundo, 26 de febrero de 1970,

46 Ibid. 47 Discurso de Hernández Colón al asumir éste la presidencia del Senado, en El Boletín, volumen 1, número 1 (febrero 1969), 1. 48 “Pres. Senado aclara función de la Legislatura”, El Mundo, 1 de marzo de 1969,10B. 49 Palabras de Muñoz Marín en El Boletín, volumen 1, número 4 (mayo 1969), 3. 50 Secretaría del Senado, Registro de Nombramientos, vol. I.

257 investigaciones la actividad senatorial creció. Finalmente, el Senado multiplicó su propio poder económico, logrando aumentar su presupuesto de $1,700,000 en 1968 a $2,992,744 en 1972, un aumento de 43 por ciento.51 Los nuevos recursos le permitieron a Hernández Colón contratar a una serie de asesores, muchos de ellos activistas del PPD desplazados de sus puestos en el ejecutivo. Como señaláramos ya, el Senado popular retomó la función constitucional de legislar, presentando una cifra récord de iniciativas legislativas. Durante el cuatrienio los legisladores populares presentaron un total de 508 proyectos de ley. Por otro lado, los legisladores PPD llevaron a cabo un papel activo en materia de enmiendas a los proyectos de la administración.52 Otra actividad legislativa que aumentó considerablemente fue la investigativa. Esta función había sido mínima durante las administraciones de Muñoz Marín, sobre todo en referencia a las actividades de la rama ejecutiva. Diversas comisiones senatoriales realizaron docenas de investigaciones profundas durante el cuatrienio 1968-1972, algunas de ellas con claros propósitos partidistas, otras relacionadas con objetivos legislativos de PPD. Se investigó, por ejemplo, los despidos por razones alegadamente políticas, los traslados en la Policía, y las prácticas publicitarias de la administración de Ferré. También se investigó el problema de Culebra, el desempleo y los cierres de centrales, fábricas y hoteles. Entre las agencias del ejecutivo que más se investigaron figuraron Fomento, la Administración de Derecho al Trabajo, la Policía, y el Fondo del Seguro del Estado.53 Sin embargo, la mayoría popular rechazó, por considerarla “sin mérito alguno” ni “de interés público”, la moción de Menéndez Monroig para que el Senado investigara su propio déficit presupuestario.54 El creciente papel investigativo vino acompañado por la hipertrofia del personal senatorial: expertos y asesores, algunos de los cuales fueron contratados permanentemente. En algunos casos se trató de exfuncionarios del PPD para quienes ahora la única “agencia” estatal disponible era el Senado. Antonio Quiñones Calderón, entonces secretario de prensa de Fortaleza, más tarde señalaría, Entre los contratos que tan generosamente aprobó Hernández Colón — conllevando gastos innecesarios e ilegítimos para los fines de la función

51 Cifras presupuestarias obtenidas de presupuestos aprobados por la Asamblea Legislativa. 52 “La labor realizada por el Senado, 1969-1972”. 53 Ibid.; “Con la aprobación de 174 medidas el Senado establece ejemplo de laboriosidad”, El Boletín, volumen 1, número 4 (abril 1970), 1,8. 54 “Informe de la comisión senatorial que investigó el déficit del Senado”, The San Juan Star, 21 de abril de 1972, 16-17.

258 senatorial como tal—, figuraron ya desde 1969, los siguientes exfimcionarios populares: $15 mil anuales a Ramón García Santiago, ex presidente de la junta de Planificación; $15 mil a Miguel Hernández Agosto, ex-secretario de Agricultura (después sería nombrado senador); $20 mil a Luis Velasco Suro, ex-funcionario del Departamento de Justicia; $20 mil a Aída Martínez Schettini, ex-asesora legal del Departamento de Hacienda; $10 mil a Carlos J. Lastra, ex-secretario de Gobierno y Estado (su nombramiento se hizo a nombre de un Instituto presidido por Lastra); $16 mil a Luis Alfredo Colón, ex-Senador Popular; $7,800, a Luis Magín Velázquez, ex-representante Popular.55

Estos contratos suscitaron severas críticas por parte de los partidos de oposición. Se acusó al Senado de haberse convertido en “asilo de populares frustrados”, tala de “batatas políticas” y “prolongación del gobierno PPD”.56 Una de las áreas de mayor confrontación entre el Senado y el gobernador fue la referente al poder senatorial de confirmación. Aquí también chocaron dos modelos: el tradicional heredado por Ferré, a través del cual se esperaba que las confirmaciones fueran casi automáticas, y el activo y constitucional al cual ahora se suscribían los senadores PPD. Desde un principio Ferré descartó buscar el consejo de los legisladores populares antes de efectuar sus nombramientos. “Sólo consultaré mi conciencia”, señaló en una ocasión. Con igual firmeza, Julio Irving Rodríguez Torres, presidente de la Comisión de Nombramientos, sostuvo que el Senado no habría de servir de “mero sello de goma”.67 El asunto de los nombramientos, pues, se constituyó en foco de lucha entre las ramas del gobierno y los partidos. La comisión senatorial presidida por Rodríguez Torres se convirtió en una de las más visibles y políticamente poderosas. En numerosas ocasiones Ferré y otros líderes del partido acusaron a la Comisión de obstrucción y lentitud y de tratar de humillar a funcionarios muy capacitados.58 De hecho, según se desprende 55 Quiñones Calderón, La obra de Luis A. Ferré, 45. El énfasis aparece en la obra citada. 66 “Cerezo dice Senado es el ‘asilo de populares'”, El Mundo, 3 de julio de 1969,5A; Luis Sánchez Cappa, “Derrotan resolución del PNP, El Mundo, 8 de febrero de 1969, 4; Jorge Javariz, “Acusa a populares de intentar formar‘mini gabinetes’ en Senado”, El Mundo, 29 de mayo de 1969, 5A; Judith Pagani, “Ex Senador acusa PPD entorpecer obra partido gobierno”, El Mundo, 17 de febrero de 1969, 5A 57 Wilda Rodríguez y Jaime Rivera, “Gobernador culpa Senado proceder arbitrariamente”, El Mundo, 18 de abril de 1970, 1A; El Boletín, volumen 2, número 19 (noviembre-diciembre 1970), 7. 68 Luis Sánchez Cappa, “Derrotan resolución del PNP”, El Mundo, 8 de febrero de 1969, 4A; “Hernández Colón: ‘No hay crisis en el gobierno” ’, El Mundo, 13 de febrero de 1969,2A; Wilda Rodríguez, "Revelan Senado no ha confirmado 49 de 88 nombramientos sometidos”, El Mundo, 13 demarzo de 1970,3A; “Acción deplorable en el Senado” (editorial), El Mundo, 18 de abril de 1970,6A Alex W. Maldonado, “El gobernador y el Senado”, El Mundo, 11 de marzo de 1971, 7A; Luis A Ferré, “Estado de nombramientos ante el Senado”, en: Ferré, Propósito humano, 163.

259 del registro oficial de nombramientos, las confirmaciones no tardaron más que en cuatrienios anteriores.59 Es más, en ocasiones fue la propia Comisión de Nombramientos la que acusó a Ferré de demorar el envío de nombramientos.60 Quizás los más graves excesos de la Comisión de Nombramientos se llevaron a cabo temprano en el cuatrienio cuando se implantó la práctica de enviar extensos cuestionarios (seis páginas y treintay tres preguntas) a cada uno de los funcionarios nombrados por el gobernador. El cuestionario, al cual la oposición tildó de “inquisitorial”, “abusivo” y “caprichoso” requería, entre otras cosas, datos personales, de educación y profesionales; datos sobre propiedades del nominado y su familia; datos sobre relaciones profesionales con el gobierno; y datos “sobre relaciones comerciales o profesionales con el gobierno, directas o indirectas de sociedades o corporaciones de las cuales el funcionario, su esposa e hijos han sido accionistas, o con las cuales tienen deudas”. Finalmente, el documento tenía que ser juramentado y notarizado.61 En esencia no había nada impropio con el documento destinado a verificar los atributos de los funcionarios y posibles conflictos de intereses. El gobierno le requiere tanto o más a cualquier hijo de vecino que desea trabajar para el estado o que desea obtener una beca que después resulta estar disponible sólo para activistas de éste o aquel partido. ¿Qué había de malo en requerirle semejantes datos a los más altos funcionarios del país? Nada. El problema estribaba en que los mismos populares que desde 1941 controlaban el Senado, jamás habían requerido documentos similares ni sometido a funcionarios a vistas públicas. Ahora que los populares sólo controlaban el Senado y esperaban sacarle el máximo millaje político, de buenas a primeras pretendían aplicar a plenitud sus poderes constitucionales. Se trataba más que nada de un problema de carencia de fuerza moral. El famoso cuestionario nunca fue llenado por funcionario alguno y más tarde el Senado lo descartó.62 A pesar del revuelo creado por los cuestionarios y las acusaciones y contraacusaciones que se vertieron en torno al asunto de los nombramientos, el Senado no parece haber abusado de sus prerrogativas 59 Secretaría del Senado, Registro de Nombramientos, vol. I. Hernández Colón, en aquel entonces, ordenó que se tomara una muestra para cuantificar y comparar las supuestas tardanzas. El estudio basado en 40 casos (1949-1968) arrojó que el tiempo promedio que el Senado tardó en considerar los nombramientos fue de 54.8 días. “Hernández Colón: ‘No hay crisis en el gobierno'”, El Mundo, 13 de febrero de 1969. 2A. 60 “Lentitud en nombramientos”, El Mundo, 28 de enero de 1970,6A. 61 Quiñones Calderón, Obra de Luis A. Ferré, 18; “Cuestionario crea controversia”, El Mundo, 12 de febrero de 1969, 1,19A. 62 “Hernández Colón: ‘No hay crisis en el gobierno” ’, El Mundo, 13 de febrero de 1969,

260 en cuanto al particular. El saldo de rechazos durante el cuatrienio ascendió a 32 funcionarios, o sea, tres veces más que todos los que se registraron durante veinte años de gobierno popular, 1949-1968.63 Los de la administración de Ferré también fueron sobre cargos más altos que en años anteriores. Entre ellos se encontró el de Julio E. Vizcarrondo, para la presidencia de la Junta de Planificación; los de Justo Barrios Schira y Félix Santoni Oliver para la Junta de la Administración de Compensación por Accidentes; los de Francisco Ponsa Feliú y Osvaldo Toro para el Consejo de Educación Superior; los de José N. Rivera Barreras y Héctor Martínez Muñoz para juez presidente del Tribunal Supremo; y el de Santiago Soler Favale para juez del mismo tribunal. También se rechazaron 18 nombramientos de alguaciles, 3 de jueces de paz, y otros de funcionarios de menor rango.64 Las no confirmaciones fueron en su mayoría justificadas. En el caso de Vizcarrondo existía una seria situación de conflicto de intereses por ser el candidato co-dueño de una firma constructora.65 En los de Barrios Schira y Santoni Oliver para la administración de Compensación por Accidentes el rechazo se fundamentó en que ambos funcionarios se manifestaron en contra de los principios básicos de la agencia. En el caso de Martínez Muñoz y Rivera Barreras el Senado trajo a colación el principio de antigüedad en el Supremo. Referente a los 18 alguaciles del Senado, actuó para evitar que otros tantos fueran desplazados por motivos políticos.66 Hubo, sin embargo, otros rechazos en los cuales la pugna partidista parece haber desempeñado un papel central. Entre ellos se destacan los de Ponsa Feliú y Toro, aparentemente rechazados por haber votado a favor del despido del rector de la Universidad, Abraham Díaz González; y el de Roberto Schmidt Monge para superintendente de la Junta Estatal de Elecciones.67 Las vacantes en el Tribunal Supremo suscitaron sendos debates también. Para juez asociado, Ferré nominó y logró el nombramiento de Héctor Martínez Muñoz. Más adelante Ferré intentó cubrir la plaza vacante de juez presidente con el mismo candidato, a lo que respondió el Senado con una rotunda negativa, arguyendo que dicho nombramiento

7A.

63 Secretaría del Senado, Registro de Nombramientos, vol. I. 64 Ibid. 65 Alex W. Maldonado, “Vizcarrondo y loa Populares”, El Mundo, 21 de marzo de 1969,

66 Luis Sánchez Cappa, “Niegan nombramientos sometidos por Ferré”, El Mundo, 6 de mayo de 1969,6B; “Senado protege en sus cargos a doce antiguos y competentes alguaciles’’. El Boletín, volumen 2, número 6 (junio 1970), 1; “Senado protege a empleados competentes”. El Boletín, volumen 2, número 19 (noviembre-diciembre 1970), 7. 67 “Acción deplorable en el Senado” (editorial), El Mundo, 18 de abril de 1970,6A; Alex W. Maldonado, “Informe de comité nombramientos”, El Mundo, 22 de abril de 1970, 7A.

261 violaba el principio de antigüedad.68 Ante el rechazo de Martínez Muñoz, Ferré sometió un segundo candidato, Rivera Barreras, quien tampoco fue aceptado por el Senado popular. En un gesto de evitar más confrontaciones, Ferré entonces se dio por vencido y le pidió al anterior juez presidente, Luis Negrón Fernández, que retomara su antigua posición. En la era del bipartidismo la presidencia del más alto tribunal insular cobraba mayor importancia debido a que a este funcionario le tocaba desempeñar un papel determinante en la redistribución de distritos electorales.69 Debe señalarse que al llegar al poder el nuevo partido estadista surgió una situación que intensificó las pugnas por los nombramientos. Ferré se topó con una burocracia estatal de raíces profundas y en su mayoría vinculada al Partido Popular. También se encontró con la carencia de un cuerpo de servidores públicos de carrera simpatizantes de su partido e ideal. En gran medida esto se debió a que durante varias décadas los estadistas habían encontrado cerradas las puertas del servicio público.70 Como ha señalado Edgardo Meléndez,

Mientras durante la administración anterior de Sánchez Vilella más de dos terceras partes de los administradores ejecutivos eran burócratas estatales de carrera y menos del 3 por ciento venían del sector privado, bajo Ferré una tercera parte provino del sector privado y menos de una tercera parte se originó en la burocracia estatal.71

Dadas estas circunstancias Ferré recurrió a la empresa privada, a amigos y familiares, y a activistas del partido para llenar importantes vacantes gubernamentales. Por ejemplo, los nombramientos de Ferré para la Junta Estatal de Salud recayeron sobre las siguiente personas, según desglose de Rodríguez Torres: Doctor Luis F. Sala, es hermanastro del gobernador Ferré; doctor Andrés Salazar, la esposa del doctor Salazar es Asambleísta Municipal de San Juan por el PNP; doctor Zenón Rivera Biascochea, candidato a senador por Arecibo del PNP en las pasadas elecciones; doctor Jaffet Ramírez Ledesma, Asambleísta Municipal de Mayagüez por el PNP; señorita Gloria Campos, hermana del Alcalde Republicano [sic] de Bayamón, señor Guillermo Campos; señora Elena Rivera de Gutiérrez, alcaldesa republicana [sic] de Peñuelas.72

68 Quiñones Calderón, Obra de Luis A. Ferré, 26-27; explicación de la Comisión de Nombramientos en El Mundo, 28 de febrero de 1971,5A. 69 Ibid. 70 Martínez-Fernández, Partido Nuevo Progresista, 101-109. 71 Meléndez, Puerto Rico’s Statehood Movement, 123. La traducción es mía. 72 “Critica forma Ferré hace nombramientos”, El Boletín, volumen 1, número 8 (noviembre-diciembre de 1969), 6.

262 En referencia a este listado, Rodríguez Torres señaló: “Evidentemente el Gobernador sigue empeñado en sus pretensiones de establecer en Puerto Rico un gobierno integrado casi exclusivamente por familiares suyos, por amigos íntimos suyos, por sus más íntimos relacionados en sus negocios personales y por afiliados a su clan republicano”.73 Ante la creciente asertividad y politización del Senado y su marcada autonomía en materia de legislación, investigaciones y confirmaciones, el ejecutivo respondió con acusaciones de obstrucción, con un mayor uso del poder de veto y cortando el presupuesto del Senado. Entre 1969 y 1972 Ferré vetó 149 medidas, 49 más que durante el cuatrienio de Sánchez Vilella y 41 más que durante el último de Muñoz Marín. Veinte de los vetos de Ferré fueron de las propias medidas de su administración. En total, vetó 82 proyectos de la Cámara y 67 el Senado.74 Otro mecanismo de naturaleza menos constitucional que empleó Ferré para frenar la asertividad y expansión del Senado consistió en reducir el presupuesto senatorial, medida nunca antes aplicada por un gobernador. Luego de finalizadas los sesiones del ’69 Ferré cortó los fondos del Senado en un 27 por ciento, de 2,372,264 a 1,722,364; a lo que respondió Hernández Colón tildando el acto de “acción insólita” y “represalia política”.75 Luego del encontronazo fiscal del primer año Ferré continuó usando el presupuesto senatorial para lograr que los legisladores PPD aceptaran proyectos de la administración a cambio de concesiones presupuestarias.78 El balance de la primera experiencia de gobierno dividido desde el establecimiento del ELA no resulta del todo claro. Mientras por un lado el Senado se elevó en cuanto a poderes, autonomía y vigor, por otro lado las luchas partidistas lo rebajaron a niveles nunca antes vistos. El mismo hemiciclo que fue escenario de iniciativas legislativas y de valiosas investigaciones sirvió como cuadrilátero de boxeo. La situación del poder dividido produjo otros resultados negativos. Irónicamente, el advenimiento déla era del bipartidismo cambió las reglas del juego legislativo. Pasó a la historia aquella Legislatura de los copos populares que por estar segura del próximo triunfo miraba más al objetivo de largo alcance que a las medidas frívolas, productoras de votos rápidos pero no de resultados. Pasó también a la historia aquella forma de legislar

13 Ibid. 74 Datos de vetee en: Cámara de Representantes de Puerto Rico, Resumen y estado de Legislación, (Oxford, NH, Equity Publishing, 1961-1962); Leyes de Puerto Rico, (Oxford, NH, Equity Publishing, 1963-1971); “La labor realizada por el Senado, 1969-1972”. 75 “Gobernador reduce gastos del Senado”, El Mundo, 2 de julio de 1969,1A; Alex W. Maldonado, “Acdón sorprendente de Ferré”, El Mundo, 2 de julio de 1969, 7A. 78 “Informe de la comisión senatorial que investigó el déficit del Senado”, TheSanJuan Star, 21 de abril de 1972,16-17.

263 que invertía en proyectos a largo plazo en salud, educación, e infraestructura; y se daba paso a la legislación de bonos, de mantengos y de dependencia.77 La Legislatura, pues, se convirtió —todavía tiene bastante de eso— en una prolongada y costosa tribuna política en la que se jugaba a quién da más. En la larga campaña paralas elecciones del ’72 los legisladores de ambos partidos y el gobernador entraron en un frenesí fiscal que casi dobló el presupuesto insular en cuestión de cuatro años, dando paso a déficits presupuestarios que antes no se conocían. También se doblaron las asignaciones federales en muchas áreas y con ellas aumentó la dependencia del país.78

La ciudadela y el cambio en el Partido Popular El propósito de esta parte final del trabajo es señalar brevemente lo que representó específicamente para el Partido Popular el hecho de encontrarse fuera del poder, sólo controlando el Senado en el contexto de gobierno dividido, 1969-1972. Saltan a la vista dos procesos que se dan en este contexto. Primero, que las circunstancias finalmente son propicias para la institucionalización del PPD y una renovación del liderato, aceptable para la mayoría del partido.79 Segundo, que encontrándose fuera del poder y ante el avance de las fuerzas estadistas el partido gravitó hacia su izquierda y hacia el autonomismo, al menos en el plano retórico. Los resultados electorales de 1968 dejaron manco al Partido Popularen la medida en que el partido perdía el control del ejecutivo, de la mayoría de los municipios grandes y de la mitad de la Legislatura. Perdió así casi completamente, no sólo el poder político, sino además su capacidad de manejar los recursos del estado. Lo único que le restaba al partido era el control senatorial. Fue precisamente en el Senado donde se dio el traspaso de la jefatura política popular. Casi la mitad de los senadores del PPD elegidos en 1968 eran novatos. En el caucus popular había un núcleo de cuatro senadores veteranos de los distritos de Guayama y Humacao, Fernández Méndez, Solá Morales, Ortiz Stella, y Carrasquillo; el mismo se fue debilitando a medida que transcurría el cuatrienio. Uno de ellos, Ortiz Stella, legislador desde 1941, muere temprano en el cuatrienio. Otro, Solá Morales, se ve incapacitado por motivos de salud de cumplir sus funciones después de

77 Durante los años cincuenta y sesenta el énfasis de los presupuestos populares había estado en áreas de largo plazo tales como salud, educación, infraestructura y promoción industrial. La atención de áreas de menor productividad, como bienestar social, recreación y vivienda, había sido menor. Ver Wells, Modernization, 168. 78 Meléndez, Puerto Rico's Statehood Movement, 121; Quiñones Calderón, Obra de Luis A. Ferré, 228. 79 Para un estudio de la institucionalización del PPD, ver Farr, Personalismo.

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más de veinte años en el Senado. Los otros dos veteranos, senadores desde el 1949, no fueron elegidos para posiciones de liderato dentro del Senado ni en sus comisiones más poderosas. Tampoco lo fueron Luis Santaliz Capestany ni Muñoz Marín, veteranos legisladores con 16 años de experiencia. A medida que surgieron vacantes por muerte o renuncia de los veteranos asumieron escaños legisladores PPD con poca o ninguna experiencia legislativa.80 Esto facilitó aún más que la jefatura pasara a manos de Hernández Colón, presidente del Senado y luego del partido con apenas 32 años de edad. En el ’69 tenía que darse una renovación del liderato PPD, fuera del poder, ya que no se había dado con el poder en las manos. La escisión del partido y la derrota del año anterior había demostrado que Muñoz Marín tenía que dirigir el proceso y que el liderato no podía pasar a manos de ninguna de las dos facciones vinculadas al fracaso del ’68: los Sánchez Vilellistas y los partidarios de Negrón López. ¿Por qué Hernández Colón? En la figura del nuevo líder legislativo se conjugaron una serie de características que lo presentaban como el candidato ideal para dirigir el proceso de transición. En primer lugar era un líder joven; el PNP con su imagen de juventud y novedad había derrotado a un partido dirigido por viejos al que se tildó de “maquinaria carcomida, maquinaria apelillada y maquinaria arteriosclerótica”.81 La década de los setenta, sobre todo cuando era inminente que los jóvenes de 18 años recibirían el voto, exigía que los partidos lanzaran nuevos líderes jóvenes como Hernández Colón, Romero Barceló, José Enrique Arrarás y Hernán Padilla. Hernández Colón también era aceptable por su lealtad hacia Muñoz Marín y al ala conservadora del partido; él fue el primer secretario del ejecutivo en romper con Sánchez Vilella durante la crisis de 1968.82 En Hernández Colón, pues, se conjugaban dos características esenciales. Era joven, pero no de los que se descarriaron en el ’68. Era conservador, pero no pertenecía a la vieja guardia desacreditada.83

80 Los elegidos sin experiencia legislativa previa fueron Rafael Hernández Colón, María Arroyo de Colón, Rafael Durand Manzanal, Adrián Torres Torres, Edna Santiago de Hernández, Eugenio Alemañy Fernández, y Julio Irving Rodríguez Torres. Con cuatro a doce años de experiencia legislativa fueron elegidos Juan Cancel Ríos e Hipólito Marcano. Muñoz había sido senador durante dieciséis años. Luis Santaliz Capestany, YdelfonsoSolá Morales, Cruz Ortiz Stella, Ernesto Carrasquillo y Lionel Fernández Méndez contaban con veinte años o más de experiencia legislativa. Los tres senadores que sustituyeron a otros tantos fueron Severo Colberg Ramírez (contaba con cuatro años como representante) y Miguel Hernández Agosto y Gilberto Rivera Ortiz (ambos novatos). 81 Ferré, “Discurso de celebración de Estadistas Unidos (Ponce, 30 de julio de 1967)” en Ferré, Propósito humano, 288. 82 Farr, Personalismo, 197. 83 Alex W. Maldonado, "La selección de Hernández Colón”, El Mundo, 7 de enero de 1969, 7A; Judith Pagani, “Ex senador acusa PPD entorpecer obra partido gobierno”, El Mundo, 17 de febrero de 1969, 5A.

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Finalmente, era el protegido de Muñoz Marín; fue éste quien en el cuatrienio anterior le sugirió a Sánchez Vilella que lo nombrara a algún cargo. El vínculo de confianza entre el vate y el “arcángel sicodélico” — como lo bautizó afectuosamente un trovador en el mismo Senado— se fortaleció aún más por los servicios que este último rindió al partido durante la crítica coyuntura de 1967-1968.84 A pesar de todo esto, el cambio de mando dentro del partido no se dio sin fricciones ni bruscamente. El ascenso de Hernández Colón ala jefatura del partido fue gradual. Primero, con intervención de Muñoz Marín, fue elegido presidente del Senado, a pesar de no contar con experiencia legislativa previa. La sorpresiva intención de Muñoz Marín de no aspirar a la presidencia del Senado creó un vacío que facilitó la candidatura de Hernández Colón. Aún así, hubo dos senadores de la vieja guardia, Fernández Méndez y Carrasquillo, que se abstuvieron de votar por Hernández Colón en la primera ronda, abstenciones que sumadas a la del propio candidato produjeron un peligroso empate entre Hernández Colón y el entonces novoprogresista Justo Méndez. Fue entonces cuando el patriarca del partido realizó uno de sus últimos, quizás el último, acto autoritario. Muñoz Marín amenazó a los dos veteranos disidentes y sostuvo que él se abstendría de votar en la próxima ronda, lo que los forzó a votar por Hernández Colón.85 Desde la presidencia del Senado Hernández Colón creó su base política, fortaleciendo el cuerpo y llenando vacantes dentro del mismo con legisladores afines: Severo Colberg, Gilberto Rivera Ortiz y Miguel Hernández Agosto. También utilizó los recursos del Senado para darle mayor visibilidad a su posición, utilizando la televisión, la prensa, y un boletín legislativo que circuló desde su oficina. Según esto sucedía, Muñoz Marín se iba desvaneciendo del panorama legislativo; casi no asistía a los debates. Finalmente, en 1970, renunció a su escaño senatorial.86 A esa altura ya se hablaba de Hernández Colón como próximo candidato a la

84 Ibid., Farr, Personalismo, 210. La siguiente composición de Angel Jiménez Lugo refleja el grado de adulación servil al que se expone la jefatura política del país: “En momento peliagudo/ y tras de golpe tan rudo/ pero un tanto ilusionado/ preside nuestro Senado/ un Rafael sicodélico/ un Rafael arcangélico/ con nuevas ideomanías/ que a nuestros ciegos Tobías/ va aligerando de enredos/ y de problemas agudos/ y los lleva de los dedos/ entre gritos ma canudos/ no a la tierra de los Miedos/ sino al limbo de los mudos/ prestándoles gran servido/ ya que el mucho hablar es vicio. Reproduado de Elíseo Combas Guara, “En tomo a La Fortaleza”, El Mundo, 15 de enero de 1969, 6A. 85 Farr, Personalismo, 196-198; Elíseo Combas Guerra, “En tomo a La Fortaleza”, El Mundo, 15 de enero de 1969, 6A; Luis Sánchez Cappa, “Senadores explican sus votos en blanco”, El Mundo, 15 de enero de 1969, 1A; Alex W. Maldonado, “La Rebelión de los veteranos”, El Mundo, 15 de enero de 1969, 7A. 86 “Muñoz Marín se retira del Senado”, El Boletín, volumen 2, ed. espedal (mayo 1970).

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gobernación, lo que se reforzó cuando éste asumió la presidencia del partido en diciembre de 1969. La otra transformación que sufrió el partido fue ideológica. La misma fue en gran medida reactiva, pues al igual que en materia de legislación, el PNP sentó las bases de la discusión sobre el status. Ferré y los novoprogresistas no habían destacado el asunto del status en la campaña del ’68; ahora que asumían el poder, sin embargo, algunos de ellos tomaron una actitud más militante en pro de la estadidad. La estrategia consistía en fortalecer la posición del comisionado residente, en buscar el voto presidencial, y en aumentar los fondos federales y la dependencia frente a la metrópoli. Ante este panorama el liderato popular gravitó hacia el autonomismo, rechazando el voto presidencial y abrazando algunas causas asociadas con la izquierda y el independentismo, como la autonomía universitaria, y el caso de Culebra. La reorientación ideológica del partido quedó plasmada en el documento conocido como el Pronunciamiento de Aguas Buenas de 1970.87 Los logros del Senado popular en su lucha por frenar las bases de la estadidad fueron mixtos. Pudieron oponerse al voto presidencial, pero no detener el aumento en la dependencia de las ayudas federales de tipo social. Conclusión

A la altura de 1992, a pocos meses de la celebración del septuagésimo quinto aniversario del Senado, el foro sigue siendo en esencia una institución popular. El PNP sólo logró controlarlo —y sólo por un escaño— durante el cuatrienio 1977-1980. La reconquista popular del Senado en las elecciones de 1980 y las vistas públicas televisadas sobre el caso del Cerro Maravilla resultaron claves para las victorias generales de 1984 y 1988. El Senado, además, continúa siendo la incubadora de los líderes máximos del partido. El presidente del Senado en 1969-1972, Hernández Colón, pasó a convertirse en candidato popular a la gobernación en cuatro elecciones sucesivas. Hernández Agosto también gravitó hacia la presidencia del partido durante la “reorganización” del PPD el cuatrienio 1976-1980 y ha permanecido como vicepresidente y segundo líder del partido detrás de Hernández Colón. Finalmente, se presenta como candidata a la gobernación Victoria “Meló” Muñoz Mendoza, hija del patriarca y senadora popular. En contraste, el Senado ha representado para los miembros del Partido Nuevo Progresista un foco de enorme dificultad en el cual nunca se han sentido cómodos ni en control; al igual que no lo han estado en otras instituciones como Fomento, la Universidad y el Instituto de Cultura, por 87 Quiñones Calderón, Obra de Luis A. Ferré, 168,189.

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señalar sólo tres espacios del ejecutivo. Para el PNP el Senado ha sido más bien un cementerio de elefantes al que han ido a parar los dos ex gobernadores después de ser derrotados. El Senado tampoco ha proyectado ningún líder estadista a posiciones más altas o a candidaturas importantes. De hecho, en ese foro se han “quemado” y muerto políticamente líderes estadistas que por su popularidad prometían convertirse en los jefes de la colectividad. Resaltan los casos de Justo Méndez, Jesús Hernández Sánchez, y más recientemente Oreste Ramos y Rolando Silva. Por otro lado, la Cámara, al igual que la alcaldía de San Juan, le ha servido de trampolín político a una serie de líderes estadistas como Angel Viera Martínez, Hernán Padilla, José Granados Navedo, y más recientemente, Zaida “Cucusa” Hernández. Y, finalmente, a la altura de principios de la década del noventa, el Senado aún está marcado por los dos procesos que se iniciaron en el cuatrienio 1968-1972. El Cuerpo ha seguido creciendo en poder y autonomía; el mismo ha sido asertivo aún cuando tanto el Senado como la gobernación han estado bajo el control del mismo partido. También la politización del foro y la visión del mismo como uno donde se cultivan los votos para la próxima elección han perdurado. Se construyó, pues, una ciudadela que luchó por sus poderes constitucionales, lo que la fortaleció; pero al mismo tiempo la misma fue arrastrada al centro mismo de la lucha partidista. Quizás el mejor instrumento para medir el saldo de estos procesos sea el cambio en la calidad de vida en el país. Pero ahí, como en todo, hay opiniones.

El camino hacia la anexión: La gestión del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, 1976-1980

Aarón Gamaliel Ramos

i 1

Agradezco mucho la colaboración de Zilkia Janer, mi asistente de investigación en la producción de este trabajo.

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A comienzos de 1980, pasados tres años de gestión gubernamental, el gobernador de Puerto Rico leyó su último mensaje a la Octava Asamblea Legislativa. Luego de enumerar su agenda para la sesión ordinaria, Carlos Romero Barceló finalizó su discurso con un llamado a la celebración de un plebiscito para determinar la voluntad del pueblo de Puerto Rico respecto a sus relaciones políticas con los Estados Unidos y el mundo. Convencido de la posibilidad de la anexión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos bajo su mandato, Romero Barceló clamó por el fin de la vacilación, la duda y la ambigüedad política. Al final de su mensaje advirtió que “No debemos ser una generación perdida”.1 En el ruedo político de los setenta, el Partido Nuevo Progresista (PNP) llevó a cabo redefiniciones significativas en su visión de la estadidad y en la estrategia para alcanzarla. Para los nuevos estadistas las condiciones estaban maduras para reclamar el fin del orden territorial que había definido la política colonial de los Estados Unidos desde principios de siglo. A la altura de los setenta la propuesta de estadidad disfrutaba de un enorme apoyo electoral que servía de base a la gestión del primer partido anexionista en la historia moderna de Puerto Rico en disfrutar del control total del gobierno. Por otro lado, desde la metrópoli se escuchaban voces autorizadas que validaban la idea de convertir a la isla en un estado de la unión norteamericana. Los anexionistas isleños por fin comenzaban a dar los primeros pasos para hacer el proyecto una realidad. A diferencia de lo que ocurriera a comienzos de la posguerra, durante el establecimiento del Estado Libre Asociado, la estadidad comenzó a ser visualizada como un proyecto real, visible en el tiempo. Si durante los años cincuenta la estadidad se vislumbraba como un proyecto distante, fruto de la disolución gradual de la sociedad puertorriqueña en el mundo metropolitano, en los años setenta se fue afinando un discurso anexionista confiado en el destino próximo de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos. Por esto, las palabras de Romero Barceló a los legisladores delataban una cierta urgencia:

1 Mensaje del Honorable Gobernador Carlos Romero Barceló a la Octava Asamblea Legislativa en su Cuarta Sesión Ordinaria. 31 de enero de 1980; 30. Enfasis añadido al texto original.

272 He sugerido, y repito ahora, que Puerto Rico debe celebrar un plebiscito cuanto antes, pero después de las elecciones de 1980. Me abstengo deliberadamente de repetir la manida frase de que en ese plebiscito debemos escoger “nuestro destino futuro”, porque nuestro futuro hace tiempo que debió ser nuestro presente. El mañana es ahora.2

La precariedad política de la primera Administración novoprogresista había obligado al gobernador Luis Ferré (1969-1972) a actuar con cautela al afirmar los objetivos sociales de su gobierno, y a soslayar su vocación política anexionista. El gobierno de Luis Ferré (1969-1972) había quedado atrapado entre sus exigencias ideológicas y la necesidad de retener el apoyo conquistado.8 Dada la precariedad del control gubernamental, el gobierno de Ferré concentró sus esfuerzos en afianzar el agarre del partido entre las capas más desposeídas mediante el aumento del gasto social y el acceso a nuevas fuentes de fondos federales. En cierto modo, Ferré evitó cualquier idea de cambio en el orden político, conformándose con afirmar el consenso entre los dos partidos principales en torno a la unión permanente con los Estados Unidos.4 Romero Barceló, en cambio, puso fin al discurso gradualista de sus antecesores, proponiendo una estrategia de incorporación que vislumbraba la estadidad como un derecho ciudadano de los puertorriqueños. La consigna “Estadidad Ahora” que se fue articulando como eje discursivo del PNP bajo Romero Barceló revelaba sus esperanzas de alcanzar la incorporación total al mundo norteamericano. Los cuerpos legislativos fueron centros de debate del nuevo orden propuesto por los anexionistas isleños. Los legisladores estadistas aprovecharon su control de ambas cámaras para debatir y aprobar propuestas dirigidas a pavimentar el camino de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. En ese sentido, la Legislatura constituye un ámbito

2 Ibid. 8 Ferré limita la dimensión política de la Gran Tarea a “lograr una nueva vida de excelencia, con profunda calidad humana, enraizada en los valores de nuestra tradición y nuestra cultura, pero orientada hacia un porvenir de unión permanente con la nación de la cual formamos parte, en igualdad del derecho y mutuo respeto”. Mensaje sobre el Estado del País del Honorable Luis A. Ferré a la Segunda Sesión Ordinaria de la Sexta Asamblea Legislativa. 14 de enero de 1970, 36. 4 Por eso el programa de gobierno de Ferré, La Gran Tarea, pasa por alto el tema de la estadidad, limitándose a apuntalar “...el derrotero de la unión permanente con Estados Unidos. Ese derrotero es también el de la conservación de la identidad de nuestro pueblo, de nuestro idioma, de nuestras tradiciones, de nuestra personalidad dentro de esa unión permanente. Ese derrotero es el de ser buen puertorriqueño siendo buen americano y ser buen americano siendo buen puertorriqueño. Ese derrotero es el de seguir cultivando la patria puertorriqueña dentro de nuestra lealtad a la nación americana". Mensaje del Gobernador a la Segunda Sesión Ordinaria de la Sexta Asamblea Legislativa, 14 de enero de 1970. Enfasis en el texto original.

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fundamental en el desarrollo de la investigación histórica de la tendencia anexionista en el Puerto Rico moderno. Este ensayo examina el esfuerzo del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico durante el período de 1977 a 1980 por adelantar la causa de la estadidad, al impulsar la creación de mecanismos para incrementar la participación de los puertorriqueños en los procesos políticos metropolitanos, al esbozar cambios en el orden económico que facilitaran una organización económica de estado, y al destacar los signos que articulaban una nueva lealtad política. He dividido el ensayo en dos partes. La primera parte, “El PNP y la Estadidad”, considera los cambios ideológicos que se produjeron en el seno del anexionismo contemporáneo. En la segunda parte, “Las luchas legislativas, 1977-1980”, coloco la atención sobre algunas de las piezas legislativas que sirvieron de eje del proyecto de anexión durante el período escudriñado. EL PNP Y LA ESTADIDAD

Los años setenta pusieron en tela de juicio los postulados que definieron la identidad política del Partido Popular en la posguerra: la Operación Manos a la Obra y el Estado Libre Asociado.5 El estancamiento en las inversiones industriales a principios de la década preocupó tanto a los inversionistas como al gobierno de los Estados Unidos. Simultáneamente, el aumento en el desempleo conjuraba una crisis social interna, manifestada en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los puertorriqueños, que servía de base a la protesta de diversos sectores sociales. Los esfuerzos de la Administración de Rafael Hernández Colón (19731976) para lidiar con la crisis fueron infructuosos. En el corto plazo, los populares acataron una orientación económica conservadora de sus economistas que limitó el gasto del gobierno en los programas de apoyo social.6 Asimismo, los esfuerzos para redefinir el Estado Libre Asociado a través de una propuesta de ‘pacto de libre asociación’, que permitiera una mayor autonomía, fueron obstaculizados en Washington. Acorralado por medidas económicas impopulares en Puerto Rico y la incapacidad para

El desempleo aumentó de 11.9 en 1972 a 20 por ciento en 1977; el número de personas desempleadas incrementó de 100 mil a 173 mil en ese mismo período. Además se experimentaron bajas en el ingreso personal y el salario real de los puertorriqueños. 6 El Informe Tobin (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1976) orientó la política del gobierno.

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promover cambios políticos, el Partido Popular perdió las elecciones de 1976. Rupturas ideológicas

En ese ámbito de crisis se fueron manifestando impugnaciones a la discursiva central del Partido Popular. Bajo la orientación de Carlos Romero Barceló se fueron verificando cambios en la idea de anexión y en las vías para lograrla. El proceso ocurrió en dos etapas. A partir de 1974, con su ascenso a la dirección del Partido Nuevo, se fue articulando una doctrina que planteaba la estadidad como un proyecto de pueblo. Si los anexionistas republicanos de inicios de la posguerra se dejaron guiar por un discurso político conservador que rechazaba la política novotratista y proponía el libre mercado, los nuevos anexionistas concibieron la estadidad como un mecanismo de acceso al conjunto de programas federales que servían para amortiguar el impacto de la crisis sobre los sectores más desventajados de la sociedad isleña. La ampliación del apoyo popular tomó forma con las gestiones para extender a Puerto Rico el programa de cupones de alimentos del Departamento de Agricultura Federal y cobró fuerza en un discurso que destacaba la desigualdad en la aplicación del gasto social federal entre los ciudadanos de los estados y los del territorio.7 La propuesta contenida en el folleto La Estadidad es para los pobres, enfocaba la atención hacia los beneficios del estado benefactor, afirmando un nuevo populismo que habría de servir de eje de apoyo electoral para el partido.8 En consonancia con esta visión, en la campaña electoral de 1976 el PNP soslayó el tema de la anexión, como se desprende del siguiente segmento del Programa de Gobierno:

Nuestro compromiso partidista final, la estadidad, es la única garantía verdadera de mantener y aumentar los programas federales en Puerto Rico. Sin embargo, estamos conscientes que esa meta sería realidad únicamente cuando el pueblo de Puerto Rico así lo desee y lo exprese con mayoría de votos en un proceso plebiscitario. Mientras tanto, debemos y tendremos que trabajar para resolver los problemas económicos y sociales

La gestión para extender el programa de cupones se llevó a cabo durante la Administración de Ferré, pero el impacto económico de este programa se manifiesta a partir de 1975. Ese año Puerto Rico recibió 388 millones de dólares, 755 millones en 1976, y 802 millones en 1977. 8 Carlos Romero Barceló, La Estadidad es para los pobres, (San Juan, 1972).

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de Puerto Rico dentro del marco constitucional y las estructuras políticas existentes.9 No obstante, una vez victoriosos y en disfrute total de las riendas del gobierno, los estadistas se dieron a la tarea de ensayar algunas propuestas apenas esbozadas en su programa político electoral. A partir de ese momento comenzó a articularse una segunda etapa de reformulaciones en la doctrina y estrategia de anexión.

La estrategia de integración Para Romero Barceló la estadidad era una posibilidad real si se creaban las condiciones políticas y económicas para llevarla a cabo.10 Habiendo obtenido el apoyo electoral doméstico y espaldarazos de elementos importantes del mundo político metropolitano, el gobierno del PNP se aprestó a establecer bases concretas que pavimentaran el camino a la anexión. Las dificultades económicas que experimentó Puerto Rico a principios de los setenta desató una cadena de preocupaciones en Washington, que cuestionaban la viabilidad de la Operación Manos a la Obra y anunciaban el fin de la renuencia histórica de los Estados Unidos a considerar cambios políticos en Puerto Rico. En círculos corporativos, militares y políticos se abrió el debate sobre posibles alternativas a la relación histórica entre los Estados Unidos y Puerto Rico.11 El informe preparado por Arthur Borg en 1975 desencadenó la producción de innumerables informes y estudios que exploraban cambios en el orden colonial en Puerto Rico.12 La dirección del PNP en Puerto Rico logró entrar en ese juego político, defendiendo ideas que fueron esbozadas por sus consejeros intelectuales. La crítica intelectual que se forjó entonces cuestionaba el colonialismo y proponía la estadidad desde el problema de la ciudadanía.13 Desde la 9 El programa establecía los límites de su gestión: “El PNP propiciará, mediante legislación, tan pronto lo estime conveniente, pero lo más pronto posible, dicha expresión mayoritaria y una vez obtenida la misma gestionará ante el Gobierno Federal el cumplimiento de la voluntad del pueblo. Mientras tanto el PNPorientará y educará al pueblo, sin imposición, sobre los beneficios, responsabilidades y las ventajas de la estadidad”. Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista, 13. 10 En su discurso, “¿Por qué la Estadidad?”, Romero Barceló esboza tres pruebas de elegibilidad para la anexión. Carlos Romero Barceló, “¿Por qué la Estadidad?”, Forjando el futuro, (San Juan, 1978), 227-232. 11 El primer informe fue el de Arthur Borg, The Status of Puerto Rico, preparado parala Administración de Gerald Ford. 12 Arthur Borg, “The Problem of Puerto Rico’s Political Status”, 17th Session, Sénior Seminar in Foreign Policy, U.S. Department of State, Washington, D.C., 1975. 13 Contrario a sus predecesores del Partido Estadista Republicano, los novoprogresistas concebían la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico como de naturaleza colonial, y veían en la estadidad una alternativa descolonizadora. Ver Carlos Romero Barceló,

276 óptica jurídica que permeó las nuevas visiones, concebían a Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos poblado por ciudadanos norteamericanos de segunda clase y la estadidad como reclamo legítimo de igualdad ciudadana. Para finales de los años ochenta ya se había articulado una tesis política que involucraba la práctica de rituales de simulacro: la estadidad sería la culminación de la incesante participación de los ciudadanos americanos del territorio de Puerto Rico en los procesos políticos del estado metropolitano.14 Conscientes de las dificultades de lograr la estadidad por vi a de peticiones, los anexionistas contemplaron la anexión como el producto de la actuación de los ciudadanos norteamericanos en el territorio ‘como si Puerto Rico fuese un estado’. En su relación con los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico habría de actuar ‘como si el territorio fuese un estado’, ampliando la magnitud de los programas federales aun cuando los ciudadanos del territorio no pagaran contribuciones, y organizando a la larga una delegación congresional que reclamaría sus escaños en el Congreso metropolitano. La consigna “Estadidad Ahora” resumía los nuevos postulados del anexionismo puertorriqueño.15 Por otro lado, la crisis industrial de principios de los setenta abrió el debate a la consideración de nuevos modelos de desarrollo económico. Para la Administración de Romero Barceló era importante diseñar un cambio fundamental en la política económica de Puerto Rico que permitiera la creación de una economía de estado, mediante la integración gradual de la isla al sistema fiscal federal y cambios en el programa de incentivos industriales. La lógica de la transición contemplaba un período de transición de veinte años en el que Puerto Rico recibiría trato igualitario en los programas federales, e integraría su economía al sistema federal.18

"Address to the United Nations Committee on Decolonization”, 3:9 (September, 1978). 14 Esta estrategia para alcanzar la estadidad fue presentada inicialmente por Nélida Jiménez-Velázquez y Luis Dávila Colón en su ensayo “The American Statehood Procese and Its Relevance to Puerto Rico’s Colonial Reality: A Historical and Constitutional Perspective”, presentado en el Workshop on the United States and Puerto Rico: Latín American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., April 16-18,1980. 15 Inmersos en el conocimiento de las contradicciones del orden jurídico colonial, varios investigadores anexionistas adoptaron un marco ideológico queresaltaba el abismo éntrelos postulados democráticos de los Estados Unidos, y su política territorial. Entre ellos se destacan: Grupo de Investigadores Puertorriqueños, Breakthrough from Colonialism, 2 vols., (Rio Piedras, Editorial Universitaria, 1984); Juan R. Torruella, TheSupreme Court and Puerto Rico: The Doctrine of Sepárate and Unequal (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1988); y José Cabranes, “Puerto Rico: Out of the Colonial Closet”, Foreign Policy, (Winter 1978-79), 66-91. 16 La estrategia la explica Edgardo Meléndez: "The PNP’s Program of Economic Transition to Statehood” en Puerto Rico’s Statehood Movement, (New York, Greenwood Press, 1988).

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Romero Barceló y la Legislatura La agenda de trabajo de Carlos Romero Barceló exigía prisa. El Partido Nuevo estaba amenazado por el dilema entre el manejo eficiente del gobierno que garantizara el apoyo electoral y el tomar ventaja de su situación privilegiada para iniciar transformaciones dramáticas hacia la estadidad. Para adelantar la reestructuración de Puerto Rico y cumplir su misión, la dirección del PNP fue abandonando poco a poco las banderas populistas que sirvieron de base a la movilización electoral. En su lugar, aparecieron planes burocráticos y prácticas políticas orientadas a crear condiciones materiales e ideológicas para la estadidad. En su período como gobernador, Romero sometió a la Legislatura un temario de trabajo urgente que incluyó la promoción de cambios en el orden económico para proveer una base económica a la estadidad y la gestión por ampliar la inserción de la isla en los procesos políticos metropolitanos a través de la celebración de primarias presidenciales en Puerto Rico, y planes para controlar la desorganización social. Fue indispensable controlar el peso ideológico de la dependencia de Puerto Rico con los Estados Unidos. Si bien la popularidad de los programas federales sirvió de base al ascenso vertiginoso del PNP como partido de oposición, ahora, desde el gobierno, los anexionistas comenzaban a verla como obstáculo real. En su primer mensaje a la Asamblea Legislativa, el 24 de febrero de 1977, Romero Barceló mostró su preocupación con el orden económico dependiente. En este mensaje el gobernador rompió definitivamente con el discurso que asociaba la estadidad como un orden para los pobres, haciendo un llamado al desarrollo de nuevas actitudes del puertorriqueño hacia el mundo del trabajo.

Desde el situado mexicano hasta el programa federal de alimentos hemos estado buscando solución a nuestras estrecheces económicas en ayudas de otros pueblos. Aunque estas ayudas sean necesarias, no por ello debemos ni podemos dejar de contribuir en la forma y en la medida en que nuestra capacidad mental, física y económica nos permita. Me temo que la actitud de total dependencia haya debilitado la fuerza de decisión y el sentido de determinación de mucha de nuestra gente. Ningún pueblo puede subsistir con orgullo propio hasta tanto haya tomado la determinación de ponerse en todo sentido sobre sus propios pies. Un pueblo tiene que desarrollarse mediante sus propios esfuerzos, usando a toda capacidad todas sus fuerzas. Un pueblo tiene que sudar la patria.11

17 Mensaje del Honorable Carlos Romero Barceló, Gobernador de Puerto Rico, a la Octava Asamblea Legislativa, en su Primera Sesión Ordinaria (24 de febrero de 1977). Enfasis añadido al texto original.

278 A comienzos de 1978, los economistas del gobierno habían logrado esbozar los elementos principales de la nueva política económica. La transformación económica que el PNP quería realizar constaba de tres componentes: la modernización de la agricultura, la conversión de Puerto Rico en un centro bancario internacional, y revisiones a la Ley de Incentivos Industriales.18 Las revisiones a la Ley de Incentivos Industriales se integraban a una estrategia de transición a la estadidad que contemplaba el desarrollo económico de Puerto Rico basado en las ventajas comparativas de Puerto Rico frente a los estados, y el apoyo de los Estados Unidos durante un periodo de veinte años para facilitar la integración económica y fiscal. Las alteraciones en el programa industrial fueron acompañadas de una propuesta de desarrollo agrícola que aprovechaba las ventajas de la localización tropical y la fuerza de trabajo.19 El plan de desarrollo agrario contemplaba la creación de una Administración de Fomento Agrícola,20 sustitución de importaciones en el sector agrícola y la ampliación de las fuentes de empleo en la ruralía.21 Los economistas que redactaron las bases económicas del programa afirmaban: Los puertorriqueños hemos de acostumbrarnos a asegurar la producción local de artículos para nuestro consumo. Hemos de fomentar una política de sustitución de productos y servicios importados agrícolas y manufacturados, utilizando los medios al alcance del estado.22

Durante los primeros dos años de su gestión, la Administración de Romero Barceló destacó el problema económico, recalcando la importancia de cambiar las actitudes del puertorriqueño frente al trabajo, y vislumbrando la construcción de un orden económico de transición a la

18 En su empeño de diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico la Legislatura aprobará la creación de una Junta Reguladora del Centro Bancario Internacional a fin de autorizar a expedir licencias a entidades bancarias internacionales en Puerto Rico. 19 Bertram Finn, •‘The Economic Implications of Statehood”, en Jorge Heine, comp., Time for Decisión: The United States and Puerto Rico, (Lanham, North South Publishers, 1983). 20 La Administración de Fomento Agrícola consolidaría las funciones de la Compañía de Desarrollo Agrícola, la Corporación de Desarrollo Rural, y la Administración de Servicios Agrícolas, intentando que la agencia llevase a cabo en la agricultura lo que Fomento en la industria. 21 La dimensión agrícola del desarrollo fue, en cierta medida, una propuesta del economista Bertram Finn. Finn estaba preocupado con los altos niveles de importación de productos agrícolas y proponía un plan para desarrollar el agro mediante el estímulo a la inversión privada de capital y la reinversión de ganancias en los programas de producción agropecuaria. La Ley 33 (7 de junio de 1977) creó la Administración de Fomento y Desarrollo Agrícola de Puerto Rico. Ver José Vicente-Chandler, “Plans for a Modera Agricultura! Industry in Puerto Rico”, 3:2 (February, 1978), ss. 22 Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista, 12.

279 estadidad. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en el discurso político novoprogresista fue tomando vuelo el problema del orden. Para mediados de 1978 se inicia un esfuerzo legislativo por establecer cambios en el sistema de justicia criminal y cobra importancia el tema del desorden social en la discursiva novoprogresista. El mensaje del gobernador Carlos Romero Barceló a la Cuarta Sesión Ordinaria, en enero de 1980, era un llamado contra el terrorismo. El Partido Nuevo aspiraba a establecer el orden a través de dos mecanismos: el aumento del gasto social y reformas jurídicas orientadas a controlar la conducta delictiva.23 Al final de cuentas, el llamado a los legisladores a principios de 1977 para encauzar una Gran Misión de poner a Puerto Rico en manos de los puertorriqueños. La misión de sacarle a nuestra tierra todo lo mucho que esta tierra puede darnos. La gran misión de hacemos verdadera y profundamente puertorriqueños, sin que por ello, o para ello dejemos de sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía americana,24

se disolvió a comienzos de los ochenta en un grito desesperado contra el desorden social que amenazaba el sitial político del Partido Nuevo. LAS LUCHAS LEGISLATIVAS, 1977-1980 Para los anexionistas puertorriqueños la transformación hacia la estadidad exigió como estrategia legislativa la intensificación de las ataduras entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En la visión política novoprogresista, el Partido Popular había iniciado en 1973 un viraje hacia la separación política y económica de los Estados Unidos. El PNP explicaba la crisis a partir de la política del Partido Popular de iniciar “una política de debilitamiento de los nexos políticos y económicos de Puerto Rico con los Estados Unidos”. Como evidencia señalaban:

-.las propuestas del Comité Ad Hoc que el Congreso de Estados Unidos ha tenido que ir descartando. Hasta 1972, la política de desarrollo de la economía de Puerto Rico se había basado en la integración económica con Estados Unidos, la inversión de capital privado, el flujo libre de importación de capital de Estados Unidos, y la intervención del gobierno solamente como un factor para estimular la marcha en esa dirección. Pero cuando el gobierno actual comenzó, desde 1973, a virar al revés toda esta política, los industriales, los banqueros, los inversionistas y los comerciantes perdieron la confianza y han venido reduciendo sus 23 La Legislatura había creado mediante la Ley 33 de 1969 una Comisión para Combatir el Crimen. Las revisiones de 1977 eliminaban de la comisión a los secretarios de Hacienda, Salud, Instrucción Pública, al administrador de Parques y Recreos y al presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico; y los sustituía por el secretario de Servicios Contra la Adicción, el administrador de Correcciones, y tres representantes de la rama judicial del gobierno. 24 Mensaje, 24 de febrero de 1977.

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inversiones en Puerto Rico con los resultados desgraciados que ya hemos visto.25

Como respuesta a la búsqueda de autonomía de los populares, la propuesta estadista propuso fortalecer “los lazos que nos unen permanentemente a nuestros conciudadanos délos cincuenta estados de la Unión”.26 Para armar estos enlaces, el Programa del Partido Nuevo Progresista definió dos ámbitos de gestión legislativa: la ampliación del ejercicio de responsabilidades de los ciudadanos americanos a través del voto en las elecciones nacionales por el presidente y vice-presidente de los Estados Unidos de América y la ejecución de un programa de recuperación económica.27 Esta visión de Puerto Rico en vías de separación sirvió de guía de los esfuerzos de los legisladores anexionistas durante el período escudriñado. Los enfrentamientos no se limitaron, sin embargo, al esbozo de proyectos legislativos. Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de laborar en el fortalecimiento de la tradición anexionista criolla, rescatando viejos iconos del anexionismo isleño: propuestas para dedicar un día al advenimiento de la ciudadanía americana, resoluciones para expresar el beneplácito de la Legislatura con motivo de las expresiones de solidaridad ciudadana de los presidentes Gerald Ford y James Cárter. Los legisladores exigieron al Instituto de Cultura Puertorriqueña el festejo a los héroes en la lucha por la estadidad como modo de recuperar la memoria perdida. En junio de 1977 Carlos Romero Barceló solicitó del Instituto de Cultura que patrocinara la celebración del natalicio de José Celso Barbosa “a la par con el de Luis Muñoz Rivera”.28 Los enlaces políticos

El PNP se encontró en una posición privilegiada para afianzar sus vínculos con los Estados Unidos. Contrario al Partido Popular, que entraba en los procesos políticos de la metrópoli reclamando una cierta autonomía, el Partido Nuevo entraba en el ruedo político norteamericano sin reservas. La relación con los partidos políticos de los Estados Unidos ocupó un papel preponderante en el temario político anexionista. Mediante la 25 Ibid., 10. 26 Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista, 1. 27 Ibid., 1. 78 La celebración del día de la ciudadanía americana se presenta con una cierta beligerancia el 4 de abril de 1977. El senador Juan Palerm Alfonzo logra la aprobación de un proyecto suyo para declarar el día 2 de marzo de cada arto “Día del Advenimiento de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico”, en conmemoración de la fecha en que fue aprobada la Ley Jones Shafroth en 1917,28.

281 aprobación de un proyecto de Ley de Primarias Presidenciales que sustituya el sistema de caucus por el de votaciones abiertas,29 el PNP pretenderá trastocar la afinidad histórica del Partido Popular con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Para los estadistas la idea revestía un doble sentido. Por un lado, el control estadista del Partido Demócrata de Puerto Rico, recinto histórico de relaciones entre el Partido Popular y las administraciones demócratas en la metrópoli, ampliaría los vínculos del Partido Nuevo con la Administración de Cárter;30 Además, la exaltación del ritual de participación en la gestión presidencial norteamericana era un modo de simular la estadidad y legitimar la ciudadanía. El Proyecto del Senado 6, suscrito por Oreste Ramos, presidente de la Comisión de Gobierno y Frank Rodríguez García, presidente de la Comisión de lo Jurídico, dispuso la celebración de primarias compulsorias para la selección de delegados a las convenciones de los partidos políticos de Estados Unidos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano. La posición de los populares en el debate fue ambigua. Reconocieron en la propuesta un ardid político dirigido a dar “un paso hacia la estadidad”.31 No obstante, su oposición era incómoda. Si bien advirtieron el riesgo de perder su control del Partido Demócrata, se enredaron en la palabrería democrática que fundamentaba la propuesta. Los legisladores proponentes cuidaron de que la justificación se enmarcara en la doctrina de unión permanente que compartían los bandos en pugna, como revela la exposición de motivos: El Preámbulo de la Constitución de Puerto Rico establece como factor determinante de nuestra vida ‘la ciudadanía de los Estados Unidos y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas’. Uno de esos derechos es el de nominar candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de los Estados Unidos.

Para afirmar su oposición, el Informe de la Minoría del Partido Popular, suscrito por Mariano Ríos Ruiz, Miguel Hernández Agosto, Juan 29 En su programa el PNP había establecido como reclamo “el derecho de los puertorriqueños, como ciudadanos americanos, a votar en las elecciones nacionales por el Presidente y Vice-Presidente de los Estados Unidos de América”. La ley 102 del 24 de junio de 1977 establecía un sistema de primarias presidenciales compulsorias, sustituía el sistema de caucus por uno de votación abierta y reglamentaba las elecciones intemas de los partidos norteamericanos en Puerto Rico. Más adelante, la Ley 6 del 24 de septiembre de 1979 hizo ajustes que no habían sido contemplados en la legislación original. 3l) El proyecto para crear la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, con el objetivo de representar al gobierno de Puerto Rico ante las agencias federales. 31 Informe de la Minoría, en: Diario de Sesiones, Procedimientos y Debates de la Asamblea Legislativa, Vol. XXXI, Núm. 39, 23 de marzo de 1977.

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Cancel, Celeste Benítez de Rodríguez, y Gilberto Rivera Ortiz, cuestionaba las motivaciones políticas del proyecto: El propósito de este proyecto es propiciar el asalto a un partido bajo el manto legal y deseable de la participación y las primarías. [...] Es un proyecto de retratito. Es un proyecto diseñado para favorecer a unos grupos capitaneados por Franklin Delano López y Juan Manuel García Passalacqua, que por espacio de más de un año han estado pugnando por penetrar y obtener el control del Partido Demócrata de Puerto Rico.32

El proyecto se convierte en la Ley de Primarias Presidenciales (Ley 102) el 24 de junio de 1977.

La transición económica a la estadidad Las condiciones económicas por las que atravesó Puerto Rico durante el primer lustro de la década del setenta estimuló las redefiniciones en el modelo económico que acompañó el proceso de modernización de Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado.33 Para inicios de la década del setenta Puerto Rico entró en una crisis que afectó a diversos sectores de la población y el establishment económico en la isla. Para mediados de los años setenta la economía isleña perdió su dinamismo manufacturero por el alto costo de la fuerza laboral, de la energía y de los sistemas de transporte.34 La crisis económica fue quebrando la ortodoxia económica de Operación Manos a la Obra. De este modo, se abrió el debate al juego de propuestas económicas. En la campaña de 1976 se produjo el enfrentamiento de políticas económicas contradictorias. En su programa, el Partido Popular afirmó la centralidad de la manufactura “como la fuerza principal que ha impulsado el crecimiento económico de la economía de Puerto Rico”, reafirmando su postura histórica sobre la exención a industrias.35 El Partido Nuevo, en cambio, reconoció los límites de la manufactura como eje económico y

82 Ibid., 537. 83 Para un análisis de esto ver Emilio Pantojas Garda, Development Strategies as Ideology: Puerto Rico’s Export-Led Industrialization Experience (Boulder, London, Río Piedras, Lynne Rienner Publishers and Editorial Universitaria, 1990). 34 Para Pantojas, el golpe de gracia fue la abrogación de las cuotas de importación de petróleo por la Administración de Richard Nixon, lo que eliminaba las ventajas de petróleo barato y, con ello, las posibilidades de un complejo petroquímico. Pantojas, Development Strategies as Ideology, 144-146. 35 En 1976 el Partido Popular propone flexibilizar la ley de incentivos industriales, pero se reafirma en dos ejes inherentes al Estado Libre Asociado: la exención contributiva y la utilización de la Sección 936 del Código de Rentas Internas. Programa del Partido Popular Democrático para el cuatrienio 1977-1980, 8.

283 propuso estimular el sector de servicios.36 El Programa de Recuperación Económica hace un análisis de la crisis y establece las vías de salida.

El concepto de industrialización de Puerto Rico ha sido limitado al desarrollo de la industria de manufactura. Desde los comienzos del programa de incentivos industriales en Puerto Rico, todos estos incentivos han sido dirigidos única y exclusivamente a promover y facilitar el establecimiento en Puerto Rico de industrias de manufactura. Al hablar de industrialización en Puerto Rico no se ha pensado en la industria de servicios que tanto empleo provee y que tan importante es para el desarrollo de nuestra economía.37 Para Puerto Rico avanzar hacia la estadidad debía hacer cambios fundamentales en la estructura económica; es decir, crear una economía de estado federado. El programa de gobierno del PNP afirmaba su interés en proveer continuidad al sistema de exenciones contributivas, realizando revisiones concebidas a la luz de la experiencia industrial de otros estados.38 Para 1978, los intelectuales de la Administración de Romero Barceló lograron delinear un modelo alterno de transformación. Los economistas anexionistas propondrían cambios en los pilares económicos que sostienen el Estado Libre Asociado, mediante la creación de un Departamento de Fomento Económico y Comercio y un conjunto de modificaciones en el programa de incentivos industriales, y nuevos planes agrícolas y financieros. A fines de mayo de 1978, las Comisiones de Industria, Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda, De lo Jurídico y de Desarrollo Socioeconómico y Planificación sometieron un informe en el que se proponía la aprobación del Proyecto del Senado 537 con el propósito

36 En su Programa de Gobierno para las elecciones de 1976, el PNP advierte la importancia creciente del sector de servicios en la economía de Puerto Rico. Los economistas que prepararon esta sección del programa reconocían que en el año 1976 más del 45 por ciento del empleo se concentraba en el sector de servicios, y sugerían una política económica dirigida a “reforzar el programa de fomento industrial para incluir como una de sus responsabilidades principales la promoción de industrias de servicios y dedicar el máximo posible de recursos al establecimiento de este tipo de industrias en Puerto Rico”. Programa de Gobierno, 19. 37 Programa de 1976, sección H.4, Desarrollo de la Industria, 15-20. En su discurso Romero destaca los límites de una estrategia económica que considera equivocada: “Consideramos que la raíz del problema que confronta el establecimiento de nuevas industrias en Puerto Rico [ha sido] la falta de confianza y seguridad de los inversionistas en el gobierno de Puerto Rico. Para ello propone que, más allá de la manufactura, se incluyan las empresas de servicio en el programa de incentivos industriales”. 38 Los economistas del PNP estaban preocupados con la exención contributiva sobre las ganancias de las industrias, lamentando que no era necesariamente de naturaleza permanente. Como eje de un desarrollo industrial sólido y duradero proponían el clima de seguridad para el inversionista. Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista, 15.

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de establecer una nueva política pública sobre las operaciones elegibles para incentivos contributivos. El proyecto de revisión de la Ley de Incentivos Industriales fue una pieza compleja, con objetivos económicos y rituales. Por un lado, pretendió aliviar la crisis económica mediante la expansión del caudal contributivo proveniente de negocios dedicados a la manufactura y los servicios. Por otro lado, intentaba acostumbrar a las empresas a la idea de pagar contribuciones, como si Puerto Rico fuese estado.39 Como propuesta económica, intentaba minimizar la dependencia de la economía puertorriqueña en la manufactura, incorporando el sector de servicios en el programa de exenciones.40 Pero además, el proyecto vislumbraba una salida a la crisis económica mediante la reducción de las ventajas contributivas a las corporaciones.41 El problema de los incentivos fue un punto de conflicto desde el comienzo del debate. Los legisladores reconocían que detrás de las propuestas económicas se escondían los proyectos políticos. Los legisladores anexionistas sabían que al trastocar la filosofía de incentivos industriales, tocaban un punto delicado de la política económica del Partido Popular, “el talón de aquiles” del Estado Libre Asociado.42 En la visión de los populares los incentivos eran la base del desarrollo económico de Puerto Rico, y por ello elementos intocables de la política económica.43 La delegación del Partido Popular ofreció una respuesta pormenorizada a la medida, que narraba la historia del desarrollo económico de Puerto Rico y develaba las intenciones fiscales detrás de la propuesta. Los populares rechazaron la prioridad que asignó la política económica novoprogresista al sector de servicios, destacando que

39 Emilio Pantojas García, Development Strategies as Ideology, 150. 40 Las industrias dedicadas al servicio de producción orientada al exterior recibirían un 50 por ciento de exención. La ley contemplaba una escala de exenciones industriales para empresas establecidas en diferentes áreas del país, y la incorporación de las empresas de servicio al sistema de exenciones industriales. 41 La nueva ley proponía una política de exenciones totales a los negocios dedicados a la manufactura y los servicios, por períodos de exención variables en zonas designadas como de alto, intermedio o bajo desarrollo. Diario de Sesiones, Vol. XXXII, Núm. 63,26 de mayo de 1978. 42 Danny López Soto, Diario de Sesiones, enero de 1977,137. 43 Los populares reconocen que el desmembramiento del programa de incentivos industriales pretende sentar las bases de un proyecto político alterno. La nominación de Jorge Tristani como administrador de Fomento Económico en 1977 reveló las tensiones entre las delegaciones partidistas. Los argumentos en favor y en contra mostraban hasta qué punto el problema de los incentivos industriales permeaba las afinidades ideológicas. Gilberto Rivera Ortiz manifestaba la sensibilidad de los populares ante este asunto cuando se refería a la Administración de Fomento Económico como “la agencia de más importancia, de más significación, en el desarrollo económico de Puerto Rico”. Diario de Sesiones, Vol. XXXI, Núm. 11, enero de 1977; 134.

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Al considerar que la manufactura es el sector económico impulsor por excelencia, la única forma en que los otros sectores económicos pueden crecer a su vez, como lo son la transportación, el comercio, las finanzas y loe servicios, es haciendo un sector manufacturero fuerte que produzca ingresos necesarios.. No existe evidencia de país alguno donde el sectorde los servicios haya crecido o se haya desarrollado antes de que se hayan desarrollado los sectores impulsores, como lo son la manufactura, la agricultura, la construcción y el turismo.44 Pero además, el Informe del portavoz de la minoría, Miguel Hernández Agosto, quería descubrir la intención fiscal detrás de la propuesta. Para los populares se trata menos de una propuesta de desarrollo económico que un plan “de recaudación de fondos y fortalecimiento del Tesoro Público, para aliviar la crisis fiscal por la que atravesaba el gobierno en ese momento”.45 No obstante las ataduras de esta ley con el viejo sistema territorial, el PNP no estaba dispuesto a acabar con ella.46 Los técnicos del PNP tampoco estaban dispuestos a eliminar la sección 936 del Código de Rentas Internas, pieza en tomo de la cual había debate en el interior del PNP. Con toda su beligerancia, la gestión del PNP resultó insuficiente. El programa del PNP era más un catálogo de sugerencias, atrapado entre la vocación estadista y el deseo de conquistar diversos segmentos electorales, que un programa de transformación. La Administración de Romero Barceló intentó llenar el vacío mediante el enlace entre los técnicos que esbozaban planes desde las diferentes carteras de gobierno, y la delegación de legisladores sin experiencia.47 Finalmente, al término de su gestión gubernamental, Romero Barceló no había logrado las reconstrucciones necesarias. Al final de los setenta los sectores más desventajados del país comenzaron a sentir el impacto de la crisis industrial, cuestionando la gestión del Partido Nuevo Progresista. La reafirmación de las posibilidades de superación económica hacia la estadidad se vieron manchadas por la crisis en el mundo obrero, y el auge marcado en la conducta delictiva. El discurso anexionista comenzó a moverse de las

44 Ibid. 45 Voto Explicativo suscrito por el senador Miguel Hernández Agosto en representación de la delegación del Partido Popular, 25 de mayo de 1978. 46 Mariano Mier, “Agriculture and 936 Funds: Two Areas to be Developed”, PRBR 6:7,8 (July-August, 1981), 15. 47 No todo era color de rosas. De la delegación del PNP sólo Nicolás Nogueras Cartagena y Juan J. Palerm Alfonzo habían participado del Senado anterior. En cambio, 10 de los 13 legisladores populares habían sido integrantes del Senado en el cuatrienio anterior.Los demás (Calixto Calero Juarbe, Guillermo Campos Ayala, Luis A. Ferré, Danny López Soto, Miguel A. Miranda, Américo Oms Carreras, José M. Ramos Barroso, Oreste Ramos Díaz, Edwin Ramos Yordán, Luis Rivera Brenes, Frank Rodríguez García y Mercedes Torres Torres) fueron nuevos integrantes del Senado.

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preocupaciones económicas a las preocupaciones políticas; del lenguaje de reformulaciones económicas al lenguaje de condena política a la oposición. Romero convirtió la crisis social en una crisis política, reafirmando su condena a “las conspiraciones abiertas que [una] minoría de extrema izquierda ha activado contra nuestras instituciones”. Los legisladores anexionistas, obligados por las realidades laborales del país, se vieron forzados a asumir el discurso de la crisis, del terrorismo, de la represión. Romero había sentado la tónica en su mensaje a la Legislatura:

Se cierne en el horizonte la sombra de una conflagración mundial como resultado de las agresiones que las ambiciones imperialistas de Rusia la han llevado a perpetrar.48

Fin de una era La política anexionista en el período 1977-1980 vio un conjunto de cambios en la doctrina y estrategia del movimiento anexionista isleño. Con el control del gobierno por el PNP, la propuesta de movilización popular basada en el mensaje de apoyo social de la estadidad cedió el paso a la realización de acciones concretas para preparar el territorio para la anexión. La nueva política abandonó el lenguaje de la dependencia y la pobreza, sustituyéndolo por el lenguaje tecnocrático de la viabilidad económica y la integración política. Los esfuerzos legislativos del PNP en el Senado no lograron las transformaciones que consideraba necesarias para acercarse a su meta. Aunque el programa de gobierno para las elecciones de 1976 esbozaba un conjunto de cambios, el partido no se encontraba en condiciones de realizar la transformación. El programa había sido un esfuerzo de la intelectualidad penepeísta por ganar las elecciones, y no constituía un diseño pragmático de transformaciones en el sentido estricto. El problema de cómo adelantar la estadidad confrontó dos obstáculos. En su empeño de alcanzar su utopía política, manifestó su inhabilidad para comprender adecuadamente las raíces de la lógica que definió el desarrollo capitalista de la posguerra, y predecir el desencadenamiento de fuerzas que se vieron amenazadas con los avances estadistas. Por otro lado, los ochenta produjeron cambios en la metrópoli que daban al traste con la estrategia de anexión propuesta por el Partido Nuevo Progresista. El resultado de las elecciones de 1980 en Puerto Rico debilitó el agarre del PNP sobre el gobierno. Al proponer la disolución del

48 Mensaje del 31 de enero de 1980,1.

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estado benefactor, la política neoconservadora en la metrópoli aumentó las dificultades de la estrategia de “Estadidad Ahora”. Al final, lo importante fue consolidar una estrategia que permitiera asegurar el control del gobierno en el cuatrienio siguiente. A partir de 1980, el partido parecía haber concluido que lo mejor era sostenerse en la trinchera de gobierno, obviando toda tentativa de cambios institucionales para adelantar la estadidad. Desde su papel como oposición los legisladores del PNP en el Senado pasaron a dedicar sus energías defensivas al Caso del Cerro Maravilla, que marcaba el final de una era de entusiasmo anexionista.

El poder investigativo del Senado de Puerto Rico

Marcos A. Ramírez Irizarry

El autor quiere reconocer la ayuda y contribución del Ledo. Roberto Ariel Fernández en la preparación de este trabajo.

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Este trabajo tiene el propósito de discutir el desarrollo histórico de la utilización por el Senado de Puerto Rico de su facultad investigativa. Ese desarrollo hay que verlo dentro del marco de cómo se ha concebido esta facultad en la jurisdicción federal a la luz de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y su aplicación a las legislaturas estaduales, siendo la Legislatura de Puerto Rico equivalente a una legislatura estadual. Debe tomarse también en consideración la actitud y la apreciación del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la facultad investigativa de nuestra Legislatura, y la aplicación que éste ha hecho de los pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Como veremos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aunque hace su propia contribución al desarrollo de la facultad investigativa del poder legislativo puertorriqueño. La estructura del gobierno de Puerto Rico se basa en el principio de la separación de poderes. Aunque el germen de dicho principio puede identificarse en los antiguos griegos y romanos, la teoría moderna de la separación de poderes tiene ralees tan recientes como en los siglos 17 y 18 europeos, principalmente en Inglaterra y Francia. Quien le da cohesión a la teoría es el político y filósofo Charles Louis Montesquieu (1689-1755). Para esos años, la preocupación fundamental de los dirigentes y teóricos liberales era “la limitación de los poderes del gobierno”,1 tanto en Inglaterra como en las colonias inglesas en América del Norte. En el libro de Raúl Serrano Geyls, el profesor Efrén Rivera Ramos explica el ambiente que da lugar al surgimiento de esta teoría:

[La preocupación sobre la necesidad de limitar los poderes del gobierno] se cimentaba en la experiencia histórica reciente en ambas sociedades: En Inglaterra, la traumática experiencia sufrida como consecuencia de las pretensiones despóticas de los monarcas estuardos y en las colonias norteamericanas las luchas sostenidas contra los abusos de poder de la Corona... La limitación del poder político se convirtió en dogma

1 Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, (San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986), 571. El Capítulo VII, dedicado al tema de la separación de poderes, fue preparado por el profesor Efrén Rivera Ramos.

292 fundamental del liberalismo emergente. Por razones del desarrollo histórico y político y del ambiente filosófico e intelectual de la época... el instrumento fundamental desarrollado por la teoría política liberal para esos propósitos sería la distribución del poder. La libertad, según esa particular visión del mundo, sería el resultado de la efectiva limitación del poder y, ésta, a su vez, sólo sería posible, como diría Montesquieu, cuando se lograra que ‘el poder frene el poder’. Para ello sería necesario distribuir el poder entre diversos organismos del gobierno que se sirvieran mutuamente de contrapesos. El propio Montesquieu se proclamaría partidario del federalismo. Otra forma sería la división tripartita entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial...2

Mediante la Constitución de los Estados Unidos se creó en ese país un sistema federal en el cual los estados le delegan al gobierno nacional ciertos poderes y facultades a la vez que retienen los poderes no delegados. Además, dicha Constitución establece que el gobierno federal estará dividido en el legislativo, ejecutivo y judicial. En ese sistema, el poder legislativo ejerce los poderes enumerados que se especifican en el Artículo I de la Constitución, mientras que el poder ejecutivo y el judicial quedan establecidos en los Artículos II y III respectivamente. Cabe señalar, sin embargo, que la separación de estos poderes no es absoluta, y que nunca se pretendió que lo fuera. Para ilustrar esto, tomemos de lo dicho por el Juez Snyder en 1944:

El ejercicio de una ‘función legislativa última’ —la de hacer las leyes— está sujeto típicamente al veto del ejecutivo. El Presidente puede ser residenciado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado. Todos los ejecutivos subalternos que sirven bajo el Presidente son las criaturas del Congreso. No obstante, el Congreso no tiene poder ejecutivo propiamente dicho en el sentido de que puede dirigir la actuación de funcionarios ejecutivos sobre una base diaria. El Congreso tiene el poder de asignar fondos y de declarar guerras; pero el ejecutivo gasta el dinero y sostiene las guerras. El Presidente conduce las relaciones extranjeras. Sin embargo, todos los tratados requieren la ratificación del Senado. Los jueces son nominados por el Presidente, confirmados por el Senado y están sujetos a residencia por la Cámara de Representantes. El Presidente ejercita la alta función judicial envuelta en el poder del perdón. Y las cortes, al pasar sobre la constitucionalidad y el significado de las leyes, concurren en la tarea de dar forma a la legislación.3 Como se señala en la obra de Serrano Geyls,4 el sistema de “frenos y contrapesos” establecido en la Constitución de los Estados Unidos fue

2 Ibid. * Banco Popular v. Corte, 63 D.P.R. 66,73 (1944). 4 Véase Serrano Geyls, eupra, 581.

293 adoptado en la Constitución de Puerto Rico de 1952, aunque ya en la Ley Jones se veía claramente delimitada la existencia de los tres poderes.5 Una de las facultades legislativas que más ha contribuido al buen funcionamiento del gobierno, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, es la facultad investigativa. Dicha facultad es inherente a la tarea de legislar, aunque, como señalaremos más adelante, su razón de ser no se circunscribe a la formulación de las leyes. Es precisamente el principio de separación de poderes el que provee el fundamento principal para reconocerle al poder legislativo la facultad de investigar.

LA FACULTAD INVESTIGATIVA DEL PODER LEGISLATIVO La experiencia en los Estados Unidos La primera investigación congresional, luego de aprobada y ratificada la Constitución de los Estados Unidos, ocurrió en 1792. La misma trató sobre una derrota militar de las tropas estadounidenses a manos de tribus indias y la llevó a cabo una comisión especial de la Cámara de Representantes. La primera investigación de importancia que llevó a cabo el Senado fue en 1818, y tuvo que ver con las campañas militares de Andrew Jackson en la Florida. Entre 1872 y 1873 una comisión del Senado y dos de la Cámara investigaron actividades turbias de miembros del Congreso y del ejecutivo relacionadas con asuntos ferroviarios. Entrado el siglo XX, las investigaciones congresionales aumentaron en cantidad e importancia. En medio de la investigación sobre actuaciones corruptas de altos funcionarios ejecutivos de la administración del presidente Warren Harding el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió el caso de McGrain v. Daugherty.6 La situación de hechos es particularmente interesante. El hermano de Harry M. Daugherty, quien fue secretario de Justicia entre 1921 y 1924 y cuyas actividades como tal eran el objetivo principal de la investigación, fue citado en dos ocasiones ante la Comisión del Senado encargada de la investigación. Este no se presentó en ninguna de las ocasiones ni dio excusa alguna para su incomparecencia. Luego de los procedimientos de rigor, el Senado ordenó al sargento de armas que lo arrestara, quien hizo lo propio. Daugherty presentó un recurso de habeas Corpus en el Tribunal de Distrito Federal, el cual, luego de la correspondiente vista, decretó que la detención fue ilegal y liberó al recalcitrante testigo. Adujo como fundamento que el Senado se

8 Tómese en cuenta que en el esquema de la Ley Foraker, algunos de los miembros de la cámara alta de la Legislatura también formaban parte del gabinete del gobernador y no eran elegidos por el pueblo. Dicho cuerpo se conocía como Consejo Ejecutivo y sus miembros eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos. 6 273 U5.135 (1927).

294 excedió en sus poderes bajo la Constitución al ordenar la investigación y la detención de Daugherty. Al revocar al Tribunal de Distrito, el Tribunal Supremo determinó que la Comisión tiene poder para compeler a un ciudadano a comparecer ante ella a testificar y producir documentos. De no tener ese poder, la facultad investigativa sería ineficaz. Un cuerpo legislativo no puede legislar sabia o eficazmente si carece de la información necesaria sobre las condiciones que pretende afectar. Si no tiene dicha información, “debe contar con los medios para exigírsela a quien la posea”.7 Además, la opinión del Tribunal Supremo señala el hecho de que el poder investigativo de la rama legislativa del gobierno ha sido ejercido en los Estados Unidos desde antes de redactada y ratificada la Constitución de ese país. Luego de estar en vigor la Constitución, la Cámara de Representantes llevó a cabo en 1792 su primera investigación con los votos de miembros que fueron a su vez miembros de la Convención Constituyente de 1787. No hay duda, por lo tanto, de que la facultad de investigar de la rama legislativa de gobierno es de gran arraigo. Posterior a McGrain v. Daugherty el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aclaró concluyentemente que la razón de ser de dicha facultad de investigar no se circunscribe a la función de legislar. Sus contornos son mucho más amplios. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo expresó como sigue: El poder del Congreso para llevar a cabo investigaciones es inherente al proceso legislativo. Ese poder es amplio. Abarca investigaciones relacionadas con la administración de leyes existentes así como estatutos propuestos o quizás necesarios. Incluye también pesquisas sobre fallas de nuestro sistema social, económico y político con el propósito de facilitar que el Congreso las corrija. Comprende investigaciones en departamentos del gobierno federal para sacar a la luz pública la corrupción, la ineficiencia y el mal uso de recursos.8 Además de las funciones de legislar, procurar entender, con el propósito de ayudar a remediar, aspectos sociales, económicos y políticos, y fiscalizar la labor de las otras ramas del gobierno, las investigaciones legislativas tienen otra función vital para el proceso democrático: la de informarle al pueblo sobre sus hallazgos. Dicha función proviene de una más amplia, pertinente a todo parlamento: la de discutir los asuntos públicos. Sobre ello se expresó Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Woodrow Wilson lo explicó diáfanamente:

Tan importante como legislar es la vigilancia atenta sobre la administración; y aún más importante que legislar es la educación y 7 Serrano Geyls, supra, 643. 8 Watkins v. United States, 354 US. 178,187 (1957).

295 orientación en los asuntos políticos que el pueblo pueda recibir de un cuerpo que mantiene los asuntos de interés nacional en continua y abierta discusión.9

Contemporáneamente con la primera investigación legislativa que se llevó a cabo en Puerto Rico luego de 1952 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió el caso de Watkins v. United States.10 Dicho caso resuelve, entre otras cosas, que toda investigación legislativa que cite testigos a comparecer debe ser precedida por una resolución del cuerpo al cual pertenece la comisión que lleva a cabo la investigación. En dicha resolución, que viene a ser una especie de constitución de la investigación concernida, se incluye cuál es el propósito y el ámbito de la investigación. La misma debe establecer esto claramente, de manera que surja de la resolución el propósito legislativo legítimo de la investigación. Además, la resolución —copia de la cual se le entrega a todo testigo citado a comparecer ante el organismo legislativo investigador— le permite al testigo determinar si cierta pregunta o línea de preguntas es pertinente a la investigación. De no serlo, no está obligado a contestarla, por lo que no incurriría en desacato de así negarse. Así que la resolución sirve para proteger los derechos de los testigos citados a comparecer.

La experiencia en Puerto Rico Como vimos anteriormente, la teoría política de la separación de poderes parte de la premisa de que la libertad sólo es posible si se limita el poder de los gobernantes. Para ello, hay que lograr que “el poder frene el poder”. Ello se logró en los Estados Unidos de dos formas: 1) creando un sistema federal de gobierno, en el cual los estados le delegaron al gobierno nacional ciertos poderes, reteniendo el resto, y 2) creando un gobierno nacional dividido en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico obviamente no crea un sistema federal de gobierno, mas sí encama el principio de separación de poderes. Se crean así las tres ramas de gobierno tradicionales: legislativa, ejecutiva y judicial. El desarrollo en Puerto Rico de este principio viene precedido de la experiencia estadounidense de casi doscientos años. De ahí que las interpretaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el alcance del principio y sobre cuál es su contenido concreto tiene un valor persuasivo extraordinario, incluso desde antes de aprobada la Constitución de Puerto Rico. A modo de ejemplo, cabe mencionar el caso de Banco Popular v. Corte,11 en el que se dice por primera 9 Woodrow Wilson, Congressional Government, New York, World Pub. Co., 195 (1956), según citado en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.PJi. 368 (1984). 10 354 U.S. 178 (1957). 11 63 D J5K. 66 (1944).

296 vez que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la facultad de investigar y que la misma surge del principio de separación de poderes. La primera investigación legislativa ocurrida en Puerto Rico bajo la Constitución de 1952 fue la que llevó a cabo una Comisión Conjunta del Senado y la Cámara de Representantes entre 1957 y 1958. Dicha Comisión, conocida como Comisión Investigadora del Negociado de Industrias Pecuarias, fue copresidida por el senador Luis A. Negrón López y el representante Arcilio Alvarado. Tal y como lo indica su nombre, dicha comisión llevó a cabo una investigación del Negociado de Industrias Pecuarias del Departamento de Agricultura y Comercio.12 La investigación fue ordenada por el Senado y la Cámara en sendas resoluciones luego de que se publicaran en los periódicos El Mundo y El Imparcial de los días 1 y 2 de marzo de 1957 los detalles de la declaración de la Sra. Carmen Ana Llobet de Calderón en el proceso criminal que se llevaba contra el Dr. César Clavell. En su declaración, la Sra. Llobet de Calderón mencionó la comisión de serias irregularidades administrativas por parte de un número de funcionarios públicos que ocupaban cargos importantes en el Departamento de Agricultura y Comercio. Cabe mencionar que al Dr. Clavell se le acusaba de haber presentado para su cobro a un oficial pagador del Gobierno de Puerto Rico, con intención de defraudar, nóminas fraudulentas del Negociado de Industrias Pecuarias del Departamento de Agricultura y Comercio. Una de las primeras decisiones de la Comisión fue nombrar a un investigador. Dicho nombramiento recayó en el autor del presente escrito. La función del investigador se concibió en términos generales como la de un instrumento de la Comisión en el proceso de búsqueda y organización de la evidencia. El investigador fue facultado por el reglamento de la Comisión para realizar pesquisas e indagaciones preliminares. En su Informe a la Asamblea Legislativa, de 11 de febrero de 1958, la Comisión señaló que “[l]a experiencia demostró que este procedimiento es correcto, ya que permite acelerar la investigación sin que la Comisión renuncie a ninguna de sus prerrogativas y obligaciones”. Se señaló además que dicha práctica proviene de la experiencia en los Estados Unidos en materia de investigaciones legislativas.13 En la página 1 de su Informe, la Comisión expresamente demuestra consciencia del papel que tiene asignado la Asamblea Legislativa en 12 La investigación se conoció popularmente como la investigación del “barril de tocino a raíz de las declaraciones de la señora Llobet de Calderón, quien describió la situación en la agencia gubernamental concernida como un barril de tocino, donde todo el mundo “metía la mano”. 18 Comisión Investigadora del Negociado de Industrias Pecuarias, Informe a la Asamblea Legislativa (11 de febrero de 1958).

297 nuestra Constitución al hacer referencia a su función informativa y fiscalizadora. Como veremos, esta investigación del Negociado de Industrias Pecuarias es un verdadero antecedente de la investigación senatorial sobre los sucesos del Cerro Maravilla y de la jurisprudencia producida a raíz de la misma. El primer caso bajo la Constitución de Puerto Rico en que se discuten los contornos de la facultad investigativa del poder legislativo es Peña Clos v. Cartagena Ortiz.1* En dicho caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que “[l]as raíces del poder de un cuerpo legislador o sus órganos para efectuar investigaciones, con facultad para citar testigos y compeler la presentación de documentos se remontan al Parlamento inglés del siglo XVI”.15 Nos recuerda el Tribunal que las legislaturas coloniales norteamericanas ejercieron dicha facultad investigativa, y que un año después de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos la Cámara de Representantes ordenó su primera investigación: el estudio sobre la derrota del General St. Clair y sus tropas a manos de tribus indígenas.16 Como se explica en Peña Clos, la facultad de investigar de la rama legislativa es inherente a su función constitucional de legislar. Ahora bien, además de la función de legislar, dicha rama utiliza válidamente su facultad investigativa para fiscalizar al ejecutivo. Así se señaló desde Hernández Agosto v. Romero BarcelóV 112 D.P.R. 407, 428 (1982). En Peña Clos, a la pág. 590, se reitera así dicho principio:

La facultad y el deber de la Asamblea Legislativa de fiscalizarla ejecución de la política pública y la conducta de los jefes de departamento mediante el ejercicio de sus vastos poderes de investigación han sido reconocidos... por este Tribunal. En el importante caso de Romero Barceló v. Hernández Agosto,18 el Tribunal Supremo explica que la función del poder legislativo en un sistema de separación de poderes no es meramente legislar. Así, señala claramente que “[e]ntre sus muchas funciones esenciales, un parlamento ejerce, además de la de formular las leyes, las de fiscalizar el gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de la cosa pública”, y que “[l]as facultades de legislación, investigación y divulgación provienen del propio concepto de un gobierno dividido en tres poderes coordinados, mas separados, independientes y de idéntico 14 114 DJP.R. 576 (1983). 15 Ibid., 583. 16 Ibid., 584. Véase James Hamilton, The Power to Probe, A Study of Congressional Investigations, Vintage Books, 5 (1976). 17 112 D.P.R. 407, 428 (1982). 18 115 DT.R. 368 (1984).

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rango”.19 Todas estas funciones —formular las leyes, investigar, fiscalizar el gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de la cosa pública— “contienen en sí su propia justificación, en cuanto contribuyen al desempeño por una asamblea representativa de su papel constitucional”.20 De la discusión precedente surgen clara y concluyentemente los siguientes principios: 1. La estructura del gobierno constitucional de Puerto Rico se basa en el principio de separación de poderes. 2. Aparte de la facultad de legislar, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene otras funciones, que son tan importantes como la de legislar. 3. Esas otras funciones, entre ellas la de investigar, son propias del poder legislativo en un sistema de separación de poderes. Estos principios aplican al gobierno de Puerto Rico según establecido en la Constitución de 1952. LA INVESTIGACION SENATORIAL SOBRE LOS SUCESOS DEL CERRO MARAVILLA El 25 de julio de 1978 los jóvenes independentistas Carlos Enrique Soto Arriví y Amaldo Darío Rosado Torres fueron asesinados por miembros de la Policía de Puerto Rico en el Cerro Maravilla, montaña ubicada entre los municipios de Villalba y Jayuya. Al momento de su muerte tenían 17 y 24 años respectivamente. La versión oficial de los policías, de la oficina del superintendente de la Policía, del Departamento de Justicia de Puerto Rico y del gobernador a partir de ese día fue que los jóvenes murieron en un tiroteo con los agentes policíacos. Estos últimos actuaron en “defensa propia” según esa versión. Los organismos encargados de investigar lo ocurrido en el Cerro Maravilla, tanto el Departamento de Justicia de Puerto Rico como el F.B.I. y dos grandes jurados federales, fallaron en esclarecer lo que verdaderamente ocurrió. La razón para ello es que ninguna de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de Puerto Rico y los Estados Unidos estaba interesada en que se supiera la verdad. Más bien encubrieron lo que verdaderamente ocurrió, y concluyeron —luego de investigaciones claramente deficientes y dirigidas a confirmar la versión de la Policía— que los policías actuaron en legítima defensa. El chofer de carro público, don Julio Ortiz Molina, fue la primera persona que dio una versión distinta de los hechos. Don Julio fue 19 Ibid., 375. 20 Ibid.

299 secuestrado por el grupo compuesto por Soto, Rosado, y el agente encubierto Alejandro González Malavé. Según este testigo presencial, los jóvenes sobrevivieron a un primer tiroteo, y Soto le dijo varias veces a los policías que agredían al chofer que éste era inocente, que no tenía nada que ver con el asunto. Don Julio fue trasladado a la torre de la Policía, que quedaba cerca de la torre de la WRIK (Rikavisión), donde ocurrió el crimen. Desde la torre de la Policía, y mientras estaba junto a otro hombre honesto, el policía Jesús Quiñones Quiñones, escucharon una segunda ráfaga de disparos. Así que desde el principio un testigo contradecía la versión oficial. Una investigación que buscara esclarecer lo que realmente sucedió hubiese confirmado o desmentido la versión oficial, mas todas las investigaciones estuvieron diseñadas para confirmarla. Todas, excepto la investigación senatorial. Maravilla es un crimen monstruoso, acompañado por un encubrimiento monstruoso. No es la naturaleza del crimen, sino lo prolongado y amplio del encubrimiento lo que establece una relación entre Maravilla y el fortalecimiento de los poderes legislativos. Si los organismos de investigación y procesamiento criminal del gobierno, tanto local como federal, hubiesen actuado en forma eficaz y honesta, se hubiera revelado de inmediato la verdad de lo ocurrido y se hubiese procesado a los culpables del crimen. Fue el fracaso o el deliberado incumplimiento por parte de los funcionarios del poder ejecutivo llamados a hacer cumplir las leyes, lo que ofreció la oportunidad histórica al poder legislativo para el esclarecimiento de la verdad del crimen. Cuando se inicia la investigación de Maravilla en el año 1981 habían transcurrido 24 años de la investigación del “barril de tocino” en 1957. Durante esos 24 años no ocurrieron, en nuestra experiencia gubernamen tal y legislativa, acontecimientos que nos prepararan mental y psicológicamente para la investigación de Maravilla. Por eso, Maravilla emerge en nuestra historia como un fenómeno único, trascendental y deslumbrante. Ayudada por el poderoso instrumento de la televisión, Maravilla revela a nuestro pueblo, de un solo golpe, la magnitud de la facultad investigativa del poder legislativo, el método adecuado para que esa facultad se exprese y logre sus más efectivos resultados, y el grado de corrupción alarmante en nuestro gobierno, que permitió a irnos agentes de la Policía matar a unas personas indefensas y, luego, mantener ese crimen oculto por más de cinco años, con la ayuda y protección de otros funcionarios públicos.

Marco jurídico de la investigación sobre Maravilla Con anterioridad a la investigación senatorial de Maravilla, nuestro Tribunal Supremo emitió decisiones que, aunque no versan directamente

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sobre la facultad investigativa del poder legislativo, establecen principios que son instrumentales al ejercicio efectivo de esa facultad. En el año 1977 nuestro Tribunal Supremo resolvió el caso de In Re Rodríguez Torres,21 y en opinión del juez presidente, José Trías Monge, se reconoció que “nuestro ordenamiento constitucional le preserva ancho campo al privilegio de la inmunidad parlamentaria, al menos tan ancho como se le reconoce en la jurisdicción de los Estados Unidos”.22 El juez presidente afirmó, además, que la “cláusula de inmunidad legislativa es de antigua estirpe” y que sus “orígenes se remontan a las luchas entre la Corona y el Parlamento de Inglaterra en los siglos XVI y XVII”.23 Como dato básico cuya importancia se confirma después en la batalla judicial de Maravilla, apunta Trías Monge “que no fue únicamente el temor al poder ejecutivo lo que preocupó al Parlamento, sino el miedo al poder judicial también, ya que los jueces eran a menudo lacayos de los monarcas Estuardos...”.24 Para conectar ese origen con las posibilidades del momento presente, el juez presidente cita a un comentarista constitucional moderno: “El hecho de que (ahora) los jueces no tiendan a ser lacayos de nadie no reduce el peligro de que interfieran por iniciativa propia con el funcionamiento del Congreso”.25 Diríamos nosotros, “o con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”. También en el año 1977, en el famoso caso del senador Santa, nuestro Tribunal Supremo afirmó sin fanfarria, en un escolio, la inmunidad del legislador puertorriqueño contra acciones judiciales.26 Y más tarde en el año 1982, cuando ya estaba iniciada la investigación de Maravilla, pero todavía sin la concientización de nuestro pueblo provocada por las vistas televisadas, en el caso de Hernández Agosto v. Romero Barceló,2'1 afirmó nuestro Tribunal Supremo que nada de lo dicho “menoscaba la facultad y el deber de la Asamblea Legislativa de fiscalizar la ejecución de la política pública y la conducta de los jefes de departamentos mediante el ejercicio de sus vastos poderes de investigación, citación, vistas públicas, asignación de fondos y aprobación del Presupuesto General de Gastos”. El contenido de los ejemplos jurisprudenciales citados anteriormente representa nuestro estado de derecho público cuando se inicia la investigación de Maravilla. Partiendo de esta base, veamos ahora cómo se desarrolla el drama judicial de Maravilla.

106 D.P.R. 698 (1978). Ibid., 721. Ibid., 705. Ibid., 207. Ibid. 26 r■ Santa Aponte v. Secretario del Senado, 105 D T.R. 750 (1977). 27 Nota 15, supra.

21 22 23 24 25

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El drama judicial de la investigación senatorial sobre Maravilla Desde que el Senado de Puerto Rico comenzó en 1981 la investigación sobre lo ocurrido en el Cerro Maravilla, la obstaculización de la misma por parte de la rama ejecutiva del gobierno fue constante y no ofreció tregua alguna. Ni la prensa del país ni la opinión pública estaban satisfechos con las investigaciones que la propia rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico habían llevado a cabo. Tanto la investigación de los fiscales Pedro Colton Fontán y Angel Figueroa Vivas —el primero jefe de fiscales y el segundo director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia— como la del fiscal Osvaldo Villanueva fueron claramente deficientes. De hecho, estos fiscales, junto a otros dos, fueron desaforados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico luego de que el Senado presentó cargos contra ellos por su conducta al llevar a cabo estas investigaciones.28 El Senado de Puerto Rico, consciente de su función fiscalizadora, sabía que esas investigaciones dejaban más preguntas sin contestar que las que supuestamente contestaban. Por lo tanto, tenía la responsabilidad histórica de hallar respuestas a esas múltiples interrogantes no contestadas: ¿Por qué no se arrestó a los jóvenes antes de llegar al cerro? ¿Por qué se descartó el testimonio de don Julio Ortiz Molina? ¿Cuál fue la función del agente encubierto? ¿Por qué no se le ocuparon explosivos a los jóvenes? Estas, y muchas otras preguntas, debían ser contestadas satisfactoriamente. De concluirse que los jóvenes fueron asesinados, había que indagar si los asesinatos fueron planificados y hasta qué nivel del gobierno de Puerto Rico llegó esa planificación. Lo mismo debía ser indagado con relación al encubrimiento. Entre 1981 y 1984, el gobernador Carlos Romero Barceló, como jefe del ejecutivo, intentó hacer parecer esa función fiscalizadora del Senado como una función político-partidista y no como una función institucional. Como señalamos anteriormente, en nuestro sistema constitucional la fiscalización la realiza el poder legislativo a través de su facultad investigadora. Los gobiernos verdaderamente corruptos atacan ese poder investigativo en la forma más brutal imaginable. Puerto Rico no tiene que ir a estudiar las distintas ocasiones en que este fenómeno ha ocurrido en los Estados Unidos, sino que ha vivido y ha experimentado una situación que compara y hasta supera la experiencia más agresiva del poder ejecutivo norteamericano. En el 1924, el joven Félix Frankfurter, quien llegó a ser un destacado miembro del Tribunal Supremo de los Estados

38 In Re Pedro Colton Fontán y otros, 91 JTS 24 (21 de febrero de 1991).

302 Unidos, escribió un famoso articulo titulado "Randa off the Investigations”,29 en el cual resumió la acción del Ejecutivo contra el Congreso, que investigaba precisamente al secretario de Justicia de los Estados Unidos, y describió la situación en forma que nos pareció muy similar, al decir que “por los últimos dos años los esfuerzos para descubrir la corrupción y revelarla a la opinión pública estuvieron obstaculizados por toda la obstrucción concebible por parte de aquellos que ocupaban posiciones en el gobierno y de aquellos que eran influyentes fuera del gobierno”. Continúa diciendo que las agencias del gobierno no sólo rehusaron cooperar con los esfuerzos para descubrir la corrupción, sino que, en efecto, trataron de frustrar la actividad congresional. Amplíense los dos años a cuatro años y añádase la virulencia de los ataques y tenemos el cuadro de lo que ocurrió en Puerto Rico con relación a Maravilla y a las otras investigaciones legislativas sobre corrupción. El poder ejecutivo acudió a los tribunales, tanto al foro estadual como al federal, para obstaculizar o paralizar la investigación senatorial. Podemos clasificar esa obstaculización en cinco áreas principales:

1. Los casos relativos a la negativa del Gobierno a proveer información, lo que provoca la dilación del proceso investigativo. 2. Los casos en que intentó obstruir, interrumpir o paralizar la investigación senatorial.

3. Los casos en que intentó desvirtuar, interrumpir o paralizar la investigación senatorial, mediante la negativa de los agentes de la División de Inteligencia a declarar. 4. El ejecutivo produce una opinión legal que tiene como propósito impedir la continuación de la investigación senatorial sobre el encubrimiento del crimen de Maravilla, después del 30 de abril de 1984, y antes de las elecciones generales de 1984. 5. El ejecutivo hace un esfuerzo supremo para que no se transmitan por televisión las vistas sobre la investigación del encubrimiento durante el año 1984. A continuación describimos en forma general ese drama judicial sin paralelo en la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos.31’ Como 29 36 New Republic 329 (1924). 311 Esta sección sobre el drama de Maravilla la hemos tomado de un trabajo nuestro publicado en la revista jurídica de la Universidad Católica de Puerto Rico, que hemos actualizado. Dicho trabajo fue parte de un simposio sobre investigaciones legislativas celebrado en la Escuda de Derecho de la Universidad Católica el 5 de abril de 1984. En dicho simposio participaron también Samuel Dash, investigador de la Comisión del Senado de los Estados Unidos que llevó a cabo la pesquisa sobre Watergate, el Dr. Antonio J. González, el Ledo. Juan Manuel García-Passalacqua y el periodista Tomás Stella. Véase Revista de Derecho Puertorriqueño, marzo-junio 1984.

303 veremos, aunque el Senado vio afectada adversamente su labor, sus poderes investigativos y fiscalizadores fueron reconocidos por los tribunales y su papel constitucional se fortaleció enormemente.

1. Los casos relativos a la negativa del poder ejecutivo a proveer informa ción, lo que provocó la dilación del proceso inuestigativo del Senado. La disposición del Gobierno a no cooperar con la investigación senatorial se manifestó desde el inicio cuando se requiere al secretario de Justicia que entregara la evidencia que había acumulado en sus dos investigaciones de los sucesos del Cerro Maravilla. El secretario recurrió al Tribunal de Distrito Federal para pedir protección y solicitar que se anularan las citaciones del Senado. Este caso plantea inicialmente unas cuestiones procesales. El caso adquirió significado constitucional cuando el Senado intervino para defender sus prerrogativas, y a petición del agente Alejandro González Malavé se llamó al presidente a testificar. El presidente planteó la defensa de inmunidad del legislador puertorriqueño a no declarar ante ningún foro judicial, entre ellos el federal, sobre sus actividades legislativas legítimas, según ese derecho le estaba reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez federal Juan M. Pérez Giménez, en violación a principios claramente establecidos, le ordenó declarar. El presidente se negó y, en vez de ser condenado por desacato, el juez anuló las citaciones expedidas por la Comisión de lo Jurídico del Senado al secretario de Justicia. El Senado apeló esa decisión y planteó tanto las cuestiones procesales como las cuestiones constitucionales apuntadas. Este caso se conoce como In Re San Juan Star Company,31 por haber sido consolidado con una acción del periódico contra órdenes restrictivas del juez de distrito. En cuanto se refiere a nuestro caso, el Tribunal de Apelaciones apreció los errores procesales tan claramente que entendió innecesario considerar la cuestión constitucional de inmunidad legislativa. Afirmó que el juez de distrito federal había concebido mal (misconceived) y había percibido mal (misperceived) las cuestiones procesales en cuestión. Sin embargo, al analizar el conflicto entre la facultad investigativa del Senado y el derecho a un juicio justo e imparcial para los demandados en el caso civil ante el Tribunal de Distrito Federal, el Tribunal de Apelaciones hizo unas expresiones ambiguas que le costaron caras al pueblo de Puerto Rico. El Tribunal dijo: “Un tribunal podría, en un caso adecuado, tener autoridad para prohibirle a una legislatura que publique información que pueda afectar un juicio justo...” (A court might in a proper case be

31 662 F^d 108 (Ist Cir. 1981).

304 empowered to enjoin a legislatura from publishing Information to ensure a fair trial...).32 Esta declaración parece pasar por alto el carácter absoluto de la inmunidad del legislador, y fue utilizada por el Gobierno en julio de 1983, como base para una acción judicial que paralizó por un tiempo las vistas públicas televisadas. Este es el primer triunfo judicial del Senado. Tuvo un importante efecto práctico, pues le permitió al investigador proceder a estudiar las investigaciones del Departamento de Justicia y a descubrir sus fallas. Sin embargo, desde el punto de vista de obstruir y retardar la investigación fue un éxito para el poder ejecutivo. Le tomó al Senado más de ocho meses obtener la evidencia documental en poder de Justicia. En lo que se refiere a la evidencia física —armas, ropa de las víctimas, casquillos de balas, etc.— el Senado tuvo que esperar hasta octubre de 1982, o sea, el término de un año y diez meses. Obtuvo la evidencia física después de vencer la oposición tenaz del Ejecutivo. Mientras el secretario de Justicia se negaba a entregar información utilizando la jurisdicción federal, el superintendente de la Policía se negaba igualmente a entregar evidencia en su poder, necesaria para esclarecer lo ocurrido en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. El superintendente se negó a entregar lo siguiente: (1) Los informes, memorandos u otros documentos que fueron preparados y suscritos por Alejandro González Malavé como confidente o agente encubierto, así como los documentos o informes que sus supervisores hubiesen escrito sobre la información suministrada por González Malavé. (2) Se negó a entregar el Manual Interno de la Oficina de Inteligencia sobre el reclutamiento y supervisión de informantes y agentes encubiertos. (3) Se negó a entregar los libros de entradas y salidas de los agentes de la División de Inteligencia. (4) Se negó a entregar la lista de los agentes que prestaron servicios en la Parada del 25 de julio de 1978 en Bayamón. La importancia de la información solicitada en los dos últimos renglones —los libros de entradas y salidas, y la lista de agentes en la parada— es obvia. Se perseguía contestar la pregunta, ¿qué agentes estaban en Maravilla el 25 de julio de 1978? Recuérdese que uno de los elementos del encubrimiento fue presentar a José M. Montañez, a Antonio Méndez Rivera y a Nelson González como que estaban en el área metropolitana durante ese día, cuando realmente estaban en Maravilla. El Senado presentó tres casos contra el superintendente de la Policía, para solicitar del Tribunal que le obligara a entregar evidencia específica. La citación que motivó el primer caso se expidió el 1 de junio de 1981, y la resolución del Tribunal en el caso se emitió el 29 de junio de 1982. La

« Ibid., 119.

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obstrucción duró un año y 29 días. El segundo caso para solicitar información del superintendente de la Policía se inició el 15 de diciembre de 1981, y la decisión del Tribunal Supremo se emitió el 3 de octubre de 1983. La obstrucción duró un año siete meses. El tercer caso se inició el 18 de enero de 1983, y la resolución final la emitió el Tribunal Superior el 14 de octubre de 1983. La obstrucción duró aproximadamente nueve meses. Es significativo apuntar que cuando se vinieron a decidir estos dos últimos casos en octubre de 1983, ya se le había otorgado inmunidad a Miguel Cartagena Flores, quien fue el primer policía en testificar sobre lo que verdaderamente había ocurrido en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. Quedará siempre como materia de especulación el determinar cuánto habría durado la investigación senatorial del Cerro Maravilla, si el Senado hubiera obtenido la evidencia en manos del superintendente de la Policía cuando la solicitó. Ciertamente, no son los encubridores los que pueden quejarse del tiempo que ha durado la investigación de Maravilla. En el caso de Peña Clos v. Cartagena,33 el único caso de los tres contra el superintendente que fue apelado al Tribunal Supremo de Puerto Rico, además de afirmarse la doctrina “tradicional” de inmunidad del legislativo, se incorporó a nuestra jurisprudencia el método de sopesar intereses, para resolver las situaciones cuando el gobierno aduce la defensa del privilegio ejecutivo con el propósito de negarse a dar información. Además de esta contribución doctrinaria, el Supremo hace una aportación específica con relación a la investigación de Maravilla, y resuelve lo siguiente: La resolución habilitadora del Senado [la Resolución Núm. 91] le ordena a la Comisión que investigue si ha habido cualquier intento de cualquier funcionario para encubrir lo ocurrido en el Cerro Maravilla y proteger a los participantes de cualquier acción en su contra. No puede lanzarse una manta de confidencialidad sobre información de posible vitalidad para la contestación a un asunto de tan manifiesto interés público.34 En la opinión de Peña Clos, el Supremo le dice al gobierno que el interés del pueblo en que se conozca la verdad sobre Maravilla es superior a cualquier interés del poder ejecutivo en mantener la secretividad de sus actos.

2. Los casos en que el poder ejecutivo intentó obstruir, interrumpir o paralizar la investigación senatorial, y el Senado se defendió aduciendo la defensa de inmunidad parlamentaria. En esta área las fuerzas del poder ejecutivo radicaron tres casos en etapas cruciales de la investigación. En el caso de Colón Berríos v. 33 114 DPR. 576 (1983). 34 Ibid., 596.

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Hernández Agosto,35 utilizaron de nuevo la jurisdicción federal. En los casos de Pérez Casillas v. Hernández Agosto,36 y de Efraín Santiago v. Hernández Agosto,31 utilizaron la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico. Los tres casos son de interdicto (injunction), en los cuales se trata de obtener órdenes judiciales para afectar el curso normal de la investigación y retardar su inevitable y reveladora conclusión. Veamos en primer término el caso de Colón Berríos. En el mes de julio de 1983, cuando las vistas públicas habían llegado a la etapa en que era necesario llamar como testigos a los policías que habían disparado contra Soto y Rosado, los policías comparecieron ante el Tribunal de Distrito Federal para solicitar una orden de prohibición a la Comisión de lo Jurídico que los citara a declarar en vistas públicas. El Senado planteó la defensa de inmunidad absoluta del legislador contra acciones de interdicto. El juez Pérez Giménez, sorpresivamente, declaró sin lugar la defensa de inmunidad y procedió a ver la evidencia presentada por los policías. Los fundamentos sobre los cuales tomó esta acción son de tal naturaleza erróneos y frívolos que es necesario consignarlos aquí para que se pueda entender la tragedia del drama judicial de Maravilla. El juez declaró que la inmunidad del legislador procede como defensa en casos bajo la ley federal de derechos civiles, pero no procede en una acción directa bajo una cláusula de la constitución federal. Declaró que él iba a ver el caso bajo la Enmienda Séptima que garantiza un juicio por jurado en casos civiles. Dictó una sentencia que le permitía a la Comisión de lo Jurídico que escuchara a los policías en sesión ejecutiva, pero que le prohibía que los hiciera declarar en público. El Senado apeló esta decisión para defender su inmunidad y, además, para defender el derecho de nuestro pueblo a estar informado sobre su administración pública. Lo que ocurre en el proceso apelativo es una demostración de lo claramente improcedente de la posición del juez de Distrito. Los policías, a pesar de haber sido los beneficiarios de la acción errónea del juez, apelaron contra su determinación de que la inmunidad legislativa procedía cuando se trataba de una acción bajo la ley de derechos civiles federal. Sustituyen la base errónea que les ofreció el juez de distrito por una posición todavía más insostenible. Sacan de la nada, sin semblanza de precedente, la teoría de que el Tribunal Federal tiene un poder inherente para dictar un interdicto contra el poder legislativo puertorriqueño, con el fin de proteger el derecho constitucional a un juicio justo.

«5 716 F.2d85 (Ist Cir. 1983). “ Civil Núm. PE 83-1361 (907) (1983). «7 Civü Núm. PE 84-460 (907) (1984).

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Ambas teorías sucumben ante la fuerza del carácter absoluto de la inmunidad legislativa. Es interesante apuntar que la doctrina de la inmunidad absoluta fue el resultado de un largo proceso histórico que culminó en el año 1975 con el magno caso de Eastland v. United States Servicemen’s Fund.33 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció indubitablemente que no procede acción alguna contra el poder legislativo, si esta acción cae dentro de un área legislativa legítima. Una vez determinado esto, procede automáticamente la defensa de inmunidad, no importa el derecho constitucional que se alegue en su contra. La decisión de Eastland se aplicaba al Congreso. En el año 1980 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Supreme Court of Virginia v. Consumers Union,33 extendió la doctrina para hacerla aplicable a los legisladores estaduales. En el caso de Colón Berríos, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito la extendió en específico al legislador puertorriqueño. La doctrina de inmunidad absoluta fue igualmente reconocida por el Tribunal Superior de Puerto Rico en los casos de Pérez Casillas y de Efraín Santiago. El caso de Pérez Casillas fue un intento más de la Policía por interrumpir el proceso de descubrimiento de la verdad. El caso de Efraín Santiago tiene la importancia de que entran en el cuadro los legisladores del Partido Nuevo Progresista, para intentar anular el principio de inmunidad y afectar los procedimientos internos de la comisión investigadora. El cuadro que surge de los casos anteriores demuestra la sabiduría doctrinal de las decisiones de Eastland y de Supreme Courtof Virginia. De no haberse emitido esas históricas opiniones —sólo unos años en el primer caso y en el segundo caso unos meses— antes de la investigación senatorial, difícilmente la investigación de Maravilla hubiera podido lograr los resultados exitosos alcanzados. El Senado hubiera tenido que desviar sus energías para defenderse de pleitos frívolos. El caso de Colón Berríos es el segundo gran triunfo jurídico del Senado a nivel del Tribunal de Circuito. Pero al igual que en el primer caso, el de In Re San Juan Star Company en el año 1981, las fuerzas obstruccionistas del poder ejecutivo tuvieron éxito en retardar el proceso investigativo. Lograron paralizar las vistas públicas televisadas desde el 12 de julio hasta el 6 de septiembre de 1983, es decir, un mes y 24 días. Al reanudarse las vistas públicas el poder ejecutivo procedió a organizar y a ejecutar su último gran esfuerzo para obstruir la investigación e impedir el descubrimiento del crimen de Maravilla.

38 4 21 U.S. 491 (1975). 39 446 U.S. 719 (1980).

308 3. Los casos en que el poder ejecutivo intentó desvirtuar, interrumpir o paralizar la investigación senatorial, mediante la negativa a declarar por parte de los agentes de la División de Inteligencia. Para principios de octubre de 1983, el poder ejecutivo había sido derrotado por partida triple en sus intentos por obstruir, desacreditar o paralizar las vistas de Maravilla. Fue derrotado en su segundo intento de utilizar la jurisdicción federal, en el caso de Colón Berríos. Fue derrotado en su intento de negar información vital para el descubrimiento del Crimen de Maravilla, en el caso de Peña Clos. Fue derrotado en su intento de afectar los procedimientos internos del Senado, en el caso de Efraín Santiago. Ante el fracaso de estos esfuerzos, y ante la inminencia del descubrimiento de la verdad al llamarse a declarar a los policías participantes, el poder ejecutivo se preparó para la batalla final contra la investigación y las vistas públicas televisadas. El día 4 de octubre de 1983 fueron citados a declarar en vista pública el ex-agente Antonio Méndez Rivera, y los agentes Nelson González Pérez, Carlos Santiago Borrero y Eugene Ríos Santiago. Comparecieron todos representados por el mismo abogado. La estrategia fue clara desde el principio. Al ser interrogados, cada uno de los testigos leía de un papel lo siguiente: “Antes de declarar solicito que se me entregue copia de la declaración que presté ante el señor investigador”. Además de este estribillo común, algunos testigos alegaron condiciones adicionales. Un testigo planteó que ya había declarado en vista ejecutiva y, por lo tanto, se negaba a declarar en vista pública. Otro testigo alegó que tenían que darle todas las declaraciones tomadas por el investigador en las que se le mencionaba. Esta estrategia resultó fallida. Fue vencida rápidamente por dos razones fundamentales: Primero, porque la jurisprudencia federal había establecido en las décadas de los años 50 y 60 los principios que derrotaron tácticas similares de obstrucción a las investigaciones legislativas congresionales, ejercitadas principalmente por miembros de la Mafia. En el caso de U. S. v. Orman,*0 del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, (1953), se fijó el principio básico:

En general, un testigo ante un comité congresional está obligado por los procedimientos de comité y no tiene derecho a variarlos o a imponer condiciones para declarar.41

40 217 F.2d 148 (3rd Cir. 1953). 41 Ibid., 158.

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La segunda razón para vencer la negativa a declarar fue la siguiente: porque la ley vigente en Puerto Rico le permite al Tribunal Superior utilizar el poderoso mecanismo del desacato civil para forzar a declarar ante comisiones legislativas a testigos recalcitrantes. A diferencia del desacato criminal, que meramente le impone una sanción penal al desacatante, el desacato civil le permite al Tribunal recluirlo en la cárcel hasta que esté dispuesto a declarar. Ante la negativa reiterada de los agentes participantes en Maravilla, el Senado recurrió ante el Tribunal Superior en cuatro casos separados, para solicitar contra los policías órdenes que les obligaran a declarar bajo apercibimiento de desacato civil. La acción del Tribunal Superior fue rápida y efectiva. El poder ejecutivo llegó hasta el extremo de tratar de trasladar los casos al Tribunal de Distrito Federal. Este intento también fracasó. La jurisdicción fue devuelta al Tribunal Superior de Puerto Rico en dos días. Es interesante apuntar que Samuel Dash no contó con el desacato civil en la investigación de Watergate. Sólo pudo utilizar el desacato criminal, mecanismo que es menos eficaz para obtener información. En nuestro caso, la acción efectiva del Tribunal Superior, al utilizar el mencionado mecanismo del desacato civil, derrumbó la última barrera obstruccionista que el poder ejecutivo había intentado levantar contra las vistas senatoriales para evitar el descubrimiento de la verdad. El andamiaje de ocultación mantenido monolíticamente por más de cinco años voló en pedazos. Tres de los agentes participantes solicitaron inmunidad y revelaron, ante el atónito pueblo puertorriqueño, los detalles del horrendo crimen de Maravilla. El triunfo del Senado se refiere a la revelación del crimen. La profundidad y la extensión de la planificación y el encubrimiento está todavía por verse. 4. El ejecutivo produce una opinión legal que tiene comopropósito impedir la continuación de la investigación senatorial sobre el encubrimiento del crimen de Maravilla, después del 30 de abril de 1984, y antes de las elecciones generales de 1984.

Esta opinión legal consiste en sostener que las comisiones legislativas no pueden trabajar después de la última sesión ordinaria del cuatrienio. La misma manifiesta una gigantesca ignorancia. Pasa por alto el carácter continuo de nuestros organismos legislativos. Limita la acción de la Asamblea Legislativa meramente a la aprobación de leyes, y hace caso omiso de las funciones fiscalizadoras y de información al pueblo. Los tribunales de Puerto Rico la rechazaron rápidamente. Pero por un tiempo el ejecutivo vivió bajo la ilusión de estar seis meses fuera del alcance de la fiscalización legislativa y de la observación directa por parte del pueblo de los procesos gubernamentales corruptos.

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5. El ejecutivo hace un esfuerzo supremo para que no se transmitan por televisión las vistas sobre la investigación del encubrimiento durante el año 1984.

Al ver frustrado el ejecutivo el intento de lograr la eliminación de las comisiones, le surge la ilusión de que el pueblo no reciba la información directa de sus descubrimientos a través de la televisión. Esta ilusión también se desvaneció rápidamente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la más histórica de sus decisiones, Romero Barceló v. Hernández Agosto,42 afirmó la función y obligación del poder legislativo de informar al pueblo independientemente de su facultad de legislar. Esta opinión representa una victoria monumental para nuestro pueblo y para la democracia puertorriqueña. Las cinco áreas de obstaculización que hemos apuntado sólo pueden entenderse en todas sus implicaciones si se visualizan como cinco caras del encubrimiento. El encubrimiento no es otra cosa que una gran mentira. Empieza cubriendo un área pequeña y un número limitado de personas, pero poco a poco va incluyendo más personas, va utilizando más recursos, va elaborando más doctrinas falsas, va atacando con más virulencia a todas las personas o instituciones que se oponen a su consolidación. Primero es el encubrimiento del crimen y, luego, es el encubrimiento del encubrimiento. El encubrimiento tiende a ser totalizador, es como el hoyo negro que han descubierto los astrónomos en el espacio, que atrae, tritura y absorbe en su movimiento de energía todo lo que encuentra en su camino. El drama judicial, sin embargo, no terminó con esos últimos casos mencionados. Desde principios de 1984 la Comisión de lo Jurídico del Senado le solicitó formalmente al gobernador Romero Barceló la entrega de ciertos documentos relacionados con Maravilla. Ante Is negativa reiterada a cumplir con su obligación en ley, el presidente del Senado acudió al Tribunal Superior. El gobernador acudió al Tribunal de Distrito Federal a solicitar el traslado del caso y sorpresivamente éste ordenó el traslado. Esta acción, obra también del juez Pérez Giménez, fue de tal manera improcedente en derecho que el Tribunal Federal de Apelaciones lo revocó sólo pocos dias después.43 El caso volvió a donde debía estar, y el Tribunal Superior dictó la Orden correspondiente. La opinión del Primer Circuito fue enfática en que el juez Pérez Jiménez se excedió claramente en el ejercicio de su jurisdicción. Este caso dramatiza claramente cómo el poder ejecutivo puede utilizar los tribunales como aliados o lacayos suyos en detrimento de la rama legislativa, que es precisamente la que más fielmente refleja la voluntad « 115 DJ’.R. 368 (1984). 43 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 748 F.2d 1 (Ist Cir. 1984).

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popular. También se ve claramente que las distintas ramas de gobierno pueden y deben actuar coordinadamente para lograr fines democráticos tales como el descubrimiento de la verdad sobre el alcance de la corrupción en la rama ejecutiva del gobierno. Esa coordinación fue lograda por el Senado y el Tribunal Superior en varios de los casos aquí discutidos. Luego de 1984 el uso de los tribunales para entorpecer la labor del Senado de Puerto Rico y su Comisión de lo Jurídico ha disminuido en intensidad y frecuencia. Claro está, este mal de insistir en obviar la inmunidad parlamentaria y seguir acudiendo a los tribunales no ha sido del todo erradicado. El ejemplo más nefasto es el caso de Silva v. Hernández Agosto,** en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico puso en jaque el vital principio constitucional de la inmunidad del legislador. El caso, sin embargo, debe ser motivo de un artículo que haga un análisis minucioso de lo allí planteado y de sus implicaciones. El 4 de septiembre de 1991 los senadores Enrique Rodríguez Negrón y Oreste Ramos presentaron una demanda en el Tribunal Superior contra el investigador de la Comisión de lo Jurídico. Los demandantes, miembros de dicha comisión, alegaron que el procedimiento aprobado por la Comisión de lo Jurídico para llevar a cabo la investigación preliminar confidencial es inconstitucional. Esta demanda, presentada menos de dos meses antes de que comenzaran las vistas públicas sobre la planificación y el encubrimiento de los crímenes de Maravilla, fue desestimada mediante Sentencia de 13 de noviembre de 1991 y calificada por el juez como “totalmente frívola e improcedente en derecho”.45 Sin embargo, el drama judicial de Maravilla parece no tener fin. EL FORTALECIMIENTO DEL PODER INVESTIGATIVO DEL SENADO DE PUERTO RICO

Resulta irónico, y afortunado, que el entorpecimiento que ha significado para el Senado el tener que ir a los tribunales a reivindicar sus prerrogativas constitucionales, o a defenderse de pleitos frívolos, también ha dado paso al fortalecimiento de su poder investigativo. Tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico y nuestros tribunales de primera instancia como el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito han conformado una jurisprudencia que establece concluyentemente el vasto alcance de ese poder investigativo y la legitimidad de la investigación sobre Maravilla. Dicho fortalecimiento tiene como

44 118 D.P.R. 45 (1986). 45 Enrique Rodríguez Negrón y Oreste Ramos v. Edgardo Pérez Viera, Civil Núm. KPE 91-1259 (904) (1991), Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan.

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principales beneficiarios a la democracia puertorriqueña y al pueblo de Puerto Rico. La tenacidad y perseverancia del presidente del Senado, Hon. Miguel Hernández Agosto, y el apoyo y trabajo de los miembros de dicho cuerpo legislativo, los asesores legales del Senado y la Unidad de Investigaciones Legislativas, han hecho posible una contribución vital a la historia de Puerto Rico. Nuestro sistema de separación de poderes sería inefectivo si la rama legislativa del gobierno no poseyera los amplios poderes investigativos que se le han reconocido sobre todo en el siglo XX. El Senado de Puerto Rico, a pesar de contar con menos recursos que la rama ejecutiva y aun cuando entre 1981 y 1984 dicha rama gubernamental obstaculizó sistemáticamente la investigación, le dio sentido real al principio de separación de poderes con el uso efectivo de su facultad investigativa y fiscalizadora.

Igualdad y protección: La legislación sobre la mujer en Puerto Rico

Blanca G. Silvestrini

Quiero agradecer la ayuda de Alejandra Martorell y Gustavo Salvarey, quienes colaboraron conmigo como auxiliares de investigación

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La vida de la mujer constantemente se afecta por leyes aprobadas o normas jurídicas suscritas por instituciones en las cuales ella no tiene voz ni representación. No ha sido hasta muy recientemente en el siglo XX que las mujeres hemos logrado alguna representación en cuerpos legislativos. Aun así, esta representación no ha alcanzado números significativos y la gestión legislativa todavía refleja puntos de vista predominantemente masculinos. En muchos casos, además, la falta de la voz femenina ha tenido como consecuencia que la legislación que afecta particularmente a la mujer no siempre tenga las consecuencias más beneficiosas para ésta, puesto que a menudo los propósitos para su aprobación distan de tener como centro el bienestar de la mujer. Puerto Rico no es una excepción en este particular. Si examinamos la legislación social del siglo XX en Puerto Rico encontramos numerosas medidas que afectan la acción y la vida de las mujeres.1 Sin embargo, no fue hasta el 1932 que, aunque en forma restringida, algunas mujeres pudieron votar por primera vez en una elección general en Puerto Rico y que una mujer fuera elegida a la Legislatura.2 Sin embargo, por muchos años las mujeres no se identificaron a sí mismas como fuerza electoral que pudiera propulsar las medidas que les fueran más beneficiosas ni tuvieron una presencia numérica significativa en las salas de legislación. Aún hoy en día en Puerto Rico, cuando el voto femenino representa el 52 por ciento del voto total,3 la mujer no ha ganado suficiente conciencia de que como grupo puede ejercer una gran fuerza en pro de sus derechos. De hecho, en

1 Aunque nos circunscribiremos en este ensayo al siglo XX, durante toda la historia de Puerto Rico la mujer se ha visto afectada por leyes sobre las cuales no ha tenido oportunidad de expresarse. Esto es así, por ejemplo, en áreas como las relaciones de familia, las sucesiones y los contratos durante el siglo XIX, que afectaban las vidas de las mujeres pero éstas no tenían ninguna voz sobre su contenido y efectos. 2 La Ley número 27 del 18 de abril de 1929 (16 L.PJR A. sec. 1 nt) dio el voto a las mujeres que sabían leer y escribir. Sin embargo, no fue hasta 1935 que se legisló sobre el sufragio universal y todas las mujeres puertorriqueñas ganaron el voto (Ley número4 del 23demarzo de 1935; 16 L.P.R.A. sec. lnt). En 1932 María Luisa Arcelay fue elegida a la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el distrito de Mayagüez y sirvió en ese cuerpo por ocho años. En 1936 María Pérez de Almiroty fue la primera mujer en ocupar un escaño senatorial. 3 En las elecciones de 1988 el 52.04 por ciento del voto total fue emitido por mujeres y el 47.92 por hombres (Comisión Estatal de Elecciones, Informe Estadístico, 1988, s.p.).

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años recientes, a pesar de que las plataformas políticas délos tres partidos principales ha incluido issues sobre la mujer, la discusión de estos asuntos no ha ocupado un lugar central en las campañas electorales. Tampoco los partidos políticos han hecho esfuerzos notables por atraer el voto femenino promoviendo medidas de particular interés para la mujer.4 A través de los años esta ausencia de la voz femenina en el proceso legislativo contribuyó a que en muchas ocasiones se arraigaran estereotipos sexuales en la legislación y se aprobaran medidas que afectaban las vidas de las mujeres sin que respondieran directamente a los intereses y al bienestar de éstas. El propósito principal de este ensayo es examinar las tendencias generales que ha seguido la legislación relacionada con la mujer en el siglo XX en Puerto Rico. No pretendo presentar un catálogo de todas las piezas legislativas que directa o indirectamente han afectado o afectan la vida de las mujeres, sino que examinaré algunos momentos claves en la actividad legislativa y los enmarcaré en el contexto sociopolítico de la sociedad puertorriqueña en su momento. Me propongo también ensayar un esquema de análisis que incorpore suficiente especificidad histórica de modo de evitar una visión esencialista de la mujer.5 Trataré de situar el análisis legislativo en el marco de las particularidades históricas y de las experiencias específicas de las mujeres que lucharon porque se aprobara determinada ley. En lo posible, además, trataré de incorporar en el análisis el punto de vista de las mujeres afectadas por la legislación. La legislación sobre la mujer en Puerto Rico se puede agrupar en dos grandes áreas: una relacionada con la familia6 y otra con el ambiente de

4 Las pocas mujeres que han alcanzado lugares prominentes en el alto liderato de los partidos políticos y en la legislatura lo han logrado con muchos esfuerzos, teniendo que luchar contra estructuras de poder que no las favorecen. Esta es un área poco explorada en la investigación histórica y científico-social. En la actualidad Mary Francés Gallart prepara una tesis doctoral sobre la participación de las mujeres en el liderato del Partido Popular Democrático durante la década de 1940 que será sometida al Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 5 Esta ha sido una critica reciente en la literatura feminista, ya que muy a menudo las experiencias de las mujeres se presentan como si hubiese una esencia de lo que es femenino. Esta tendencia se ha manifestado en la literatura de diversas maneras. Por ejemplo, a veces parece que hay un conjunto de cualidades que caracteriza a la mujer, ésta se presenta como si fuera un concepto al cual se le atribuyen propiedades y como si todas las mujeres compartiéramos esta caracterización. El producto de este enfoque a menudo carece de un reconocimiento de que las mujeres tenemos experiencias distintas y de que experimentamos las formas de vida de manera diferente. Para una discusión de este debate, véase, entre otros trabajos, Teresa de Lauretis, “The Essence of the Triangle or, Taking the Risk of Essentialism”, Difference, volumen 1, número 2 (1989), 1-37. 6 Debo aclarar que al hablar de familia se debe trascender el ámbito del derecho de familia según definido tradicionalmente, ya que hay disposiciones que afectan a la mujer en el contexto de la familia pero que se relacionan, entre otros, con el control de la reproducción, el control de sus cuerpos y con el derecho penal.

317 trabajo.7 Esto no quiere decir que éstas sean las únicas áreas en que la legislación toca las vidas de las mujeres. Tampoco son áreas aisladas ni se excluyen una a la otra, ya que familia y trabajo están interconectados en la vida de las mujeres. El trabajo de la mujer está relacionado con su familia y viceversa. Sin embargo, éstas son las dos áreas en que más leyes se han aprobado en Puerto Rico, de manera que se prestan para hacer un análisis integral del campo. Debido a la brevedad de este trabajo, sería imposible presentar un análisis exhaustivo de ambas áreas durante todo el siglo XX. Por consiguiente, he delimitado este ensayo a dos momentos en que me parece que ha habido mayor actividad legislativa relacionada con la mujer la década de 1930 y los años a partir de 1975. Cada uno de estos momentos representa un período de reforma con sus características específicas. En ambos han estado en juego concepciones encontradas sobre lo que son y deben ser los roles de las mujeres y los derechos que a la larga se incorporan en la ley. Enfocaré particularmente en el ámbito del empleo, sin que esto implique que en su momento no se mencionarán algunas de las medidas relacionadas con otros temas.

Las mujeres se inician en el trabajo asalariado Por siglos se consideró que el lugar de la mujer era el hogar y sus representaciones más allá de los linderos familiares eran hechas casi siempre por hombres. Así, por ejemplo, hasta entrado el siglo XX la mujer puertorriqueña no administraba sus bienes matrimoniales8 y tenía que notificar al público a través de un registro si llevaba a cabo negocios personales.9 Las disposiciones de ley que más directamente afectaban ala mujer eran aquéllas relativas al matrimonio, puesto que definían específicamente las circunstancias y los límites de acción de las mujeres, no sólo en el ámbito familiar sino en el mundo externo.10 Sin embargo, 7 Aquí también debo hacer la salvedad de que se debe ir más allá del derecho de empleo según se ha desarrollado recientemente para incluir aspectos que van más allá del discrimen por razón de género, tales como el control ambiental en el trabajo, los derechos de expresión y asociación de la mujer y sobre la mujer, etc. 8 El Artículo 91 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LP.R.A. sec. 284 fue enmendado en 1976 para establecer que ambos cónyuges son los administradores de la sociedad legal de gananciales. Cambiaba así una disposición del Código Civil de 1902 que establecía que el marido era el único administrador y representantes de la sociedad de gananciales. 9 10 L.P.R.A. sec. 1006. 10 Por ejemplo, si bien la reglamentación económica del matrimonio afectábala relación entre los esposos, tenía consecuencias muy profundas en las posibilidades de participación económica de la esposa fuera del hogar. Al administrar los bienes de la familia, el esposo iba ganando una posición económica y un crédito en la comunidad que en la práctica no se transfería a la mujer. Esta situación fue reconocida por la Legislatura de Puerto Rico en la

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muchas otras leyes que no mencionaban directamente a la mujer la afectaban de una forma u otra, a veces porque la excluían de relaciones legales o le restringían sus posibilidades de acción.11 Uno de los cambios sociales más profundos en el siglo XX ha sido la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo asalariado fuera del hogar. Sabemos que la mujer ha laborado como trabajadora desde tiempos inmemoriales, pero no necesariamente a sueldo. Investigaciones históricas recientes han arrojado luz sobre las formas en que muchas mujeres en Puerto Rico trabajaban la tierra o eran comerciantes, artesanas y artistas, entre otras ocupaciones, durante el siglo XIX. Sin embargo, en los albores del siglo XX ocurrió un cambio radical en las vidas de un gran número de mujeres, al comenzar a dejar su hogar para pasar al taller y a la fábrica durante todo el día. Se convirtieron en obreras asalariadas. Sus vidas de pronto se vieron invadidas por el tiempo industrial, aquel pito que se convertía en reloj y que caracterizó la revolución industrial desde sus comienzos. La producción para la venta en gran escala fue sustituyendo a la de tipo artesanal. Las mujeres entraban así en el mercado de trabajo igual que el hombre para vender sus trabajo por un salario. Muchas veces la nueva obrera no sabía para quien trabajaba, ya que se empleaba con corporaciones norteamericanas que dependían de intermediarios e intermediarias en Puerto Rico. Tampoco veía un producto final del que pudiera sentirse orgullosa, puesto que en la nueva división del trabajo sólo tenía la responsabilidad de trabajar en una parte muy específica.12 Exposición de Motivos de la Ley 51 del 21 de mayo de 1976 que enmienda los Artículos 91,93, 1308 y 1313 del Código Civil de Puerto Rico; 31 LP£A. seca. 284, 286, 3661, 3672, respectivamente. 11 Como la posición económica de la mujer en la sociedad era significativamente mas baja que la del hombre, aun estando soltera, su margen prestatario, por ejemplo, se afectaba porque no tenía las mismas oportunidades de emprender negocios o actividades económicas que el hombre. Véase, José Trías Monge, “Los derechos de la mujer”, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. 44 (1983), 43-50; Comisión de Derechos Civiles, La igualdad de derechos y oportunidades de la mujer puertorriqueña (San Juan, 1973). 12 Varios estudios documentan este proceso en que la mujer pasa de roles económicos de tipo agrario a unos de carácter industrial. Véase, por ejemplo, Blanca G. Silvestrini, “The Puerto Rican Needleworker: A Transition from Home to Factory Work”, en Keith Lawrence, editor, Social Transformativa of the Caribbean, (Kingston, Jamaica: Heinemman Educational Books, 1985); María del C. Baerga, “La articulación del trabajo asalariado y no asalariado”, en Yamila Azize Vargas, editora, La mujer en Puerto Rico (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1987); Martia Rivera Hernández, ‘"Hie Development of Capitalism in Puerto Rico and the Incorporation of Women into the Labor Forcé”, en Edna Acosta-Belén, ed., The Puerto Rican WomanfNew York, 1979), traducido al español, La mujer en la sociedad puertorriqueña (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1980); Isabel Picó Vidal, “Estudio sobre el empleo de la mujer en Puerto Rico”, Revista de Ciencias Sociales, vol. 19, núm 2 (1975), 157170; AG. Quintero Rivera, Lucha Obrera en Puerto Rico, (San Juan: CEREP, 1971); Gervasio L. Garda y AG. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1982).

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Ya como obreras, las mujeres comenzaron a participar en actividades de tipo laboral. Organizaron sus propias uniones y grupos, además de participar junto a los hombres en las uniones más tradicionales.13 En ocasiones consideraron que el movimiento obrero organizado no respondía a lo que ellas definían como sus prioridades de lucha. Así muchos grupos de mujeres desarrollaron sus propias iniciativas y estrategias de acción. A la par, otras mujeres luchaban por integrarse a la vida política a través de la búsqueda del derecho al voto.14 Aunque este grupo estuvo compuesto por mujeres profesionales, su acción fue muy importante para la mujer obrera pues facilitó su participación político-partidista. Desde principios del siglo en círculos femeninos tanto profesionales como obreros se debatía sobre la igualdad del hombre y la mujer, y miembros de uno y otro grupo escribían en la prensa con frecuencia sobre este asunto. Tanto la Federación Libre de Trabajadores como el Partido Socialista habían apoyado la igualdad femenina y tenían entre sus metas el que la mujer pudiera votar. En 1919 se revivió el interés legislativo por la aprobación de una ley sobre el sufragio femenino. Varias organizaciones de mujeres se movilizaron en una campaña por lograr el voto de la mujer. Finalmente, el 18 de abril de 1929 se convirtió en ley un proyecto que reconocía el derecho al voto a las mujeres de veintiún años que supieran leer y escribir.15 En la discusión de este proyecto legislativo entró en juego el principio de igualdad que se venía discutiendo desde principios del siglo. El proyecto reconocía el derecho al voto de hombres y mujeres ciudadanos americanos de veintiún años que supieran leer y escribir. Pero en un intento de buscar la igualdad, de hecho se le limita el derecho al voto al hombre, ya que el sufragio masculino sin restricciones había sido reconocido con anterioridad.18 Aunque la ley, según fue aprobada, no le quitaba el derecho 13 Isabel Picó, “Apuntes preliminares para el estudio de la mujer puertorriqueña y su participación en las luchas sociales de principios del siglo XX”, en La mujer en la sociedad puertorriqueña, 23-40; Blanca G. Silvestrini, “La mujer puertorriqueña y el movimiento obrero en la década de 1930”, en La mujer en la sociedad puertorriqueña, 67-90. 14 Desde comienzos del siglo XX, a pesar de no tener voto, las mujeres participaban en los distintos partidos políticos en organizaciones conocidas como Uniones de Damas. Estas eran agrupaciones en las que participaban mujeres simpatizantes con las ideas y programas de cada colectividad. Generalmente las mujeres ayudaban en la organización de mítines y campañas políticas, pero no ocupaban puestos de importancia en los partidos ni intervenían directamente en el proceso de toma de decisiones. 15 Las mujeres votaron por primera vez en las elecciones de 1932, pero se cree que unas 300,000 posibles electoras se quedaron fuera del proceso por no saber leer ni escribir. 18 La Ley número 79 del 25 de junio de 1919 (16 LP.R.A. sec. Int) reconodóel derecho al voto sin restricciones a todos los varones. Es interesante notar que esta ley usa una retórica libertaria como “las elecciones se celebrarán con libertad e igualdad (Sec. 4)”. Las mujeres, sin embargo, no estaban incluidas en ese principio de igualdad que incorpora la ley, ya que a pesar de sus muchas luchas y demandas porque se les reconocieran sus derechos políticos, fueron excluidas de la reforma electoral de ese momento.

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al voto a los hombres que no supieran leer ni escribir pero que estuvieran inscritos, no permitía que nuevos votantes se inscribieran sin pasar la prueba de alfabetismo. No fue hasta 1935 que la legislatura aprobó una ley de sufragio universal.17 Estos dos movimientos en que participaron activamente las mujeres en las primeras décadas del siglo XX —el sufragista y el obrero— tuvieron un papel muy significativo en la legislación de carácter social que se aprobó en Puerto Rico durante ese período. Grupos de mujeres se constituyeron en fuerzas de presión importantes y promovieron legislación que favorecía la igualdad entre los hombres y las mujeres. La acción de la mujer debe situarse en el contexto de un Puerto Rico que se transforma social, política y económicamente. A partir del mismo momento en que se estableció el gobierno bajo los norteamericanos en 1899, comenzó el proceso de incorporar la economía puertorriqueña a la de los Estados Unidos. El comercio se hizo dependiente del norteamericano, el capital del norte invirtió grandes cantidades en la producción de azúcar, y el tabaco y la industria de la aguja se convirtieron en dos de las actividades industriales más importantes. Al acelerarse el proceso de proletarización de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas, ya comenzado en el último tercio del siglo XIX, se desarrolló una estrecha relación entre el movimiento obrero de Estados Unidos y el de Puerto Rico. Se adoptaron, pues, en Puerto Rico estilos de lucha y concepciones sobre el trabajo que venían del norte.18 Desde sus inicios, la Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico se afilió a la American Federation of Labor, la cual tenía entre sus objetivos el logro de una legislación favorable a los trabajadores.19 Se fue gestando así entre las trabajadoras y los trabajadores puertorriqueños una mentalidad de que podían y debían acudir al gobierno

17 Ley 4 del 23 de marzo de 1935; 16 L.P.RA. sec. Int. 18 Gervasio L. García y A.G. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad, 36-41. 19 Los primeros quince años del siglo XX se caracterizaron por dos tendencias que pueden parecer contradictorias. De una parte, hubo una difícil y hasta sangrienta movilización obrera a través de huelgas para exigir mejores oportunidades económicas. De otra parte, encontramos los intentos por establecer una base política fuerte que diera a los obreros acceso a las esferas de toma de decisiones, en la esperanza de lograr medidas que mejoraran sus condiciones de vida. No fue hasta el 1915 con la fundación del Partido Socialista, que los trabajadores lograron articular una plataforma política directa sin tener que depender de los partidos políticos tradicionales. Este partido propuso un programa político que promovía un cambio radical en la economía. A partir de ese momento, tanto el Partido Socialista como la Federación Libre de Trabajadores comenzaron a apoyar iniciativas de ley para lograr sus objetivos. [Para más detalle véase Gervasio L. García y A.G. Quintero Rivera, Desafio y solidaridad, 35-86.].

321 para pedir la aprobación de legislación para mejorar sus condiciones de trabajo.20 Ante las dificultades de la negociación colectiva, poco apoco se fiie dependiendo de que la legislación estableciera unos parámetros generales sobre los cuales pudieran luego pactar obreros y patronos.21 La legislación social no fue muy abundante hasta la década de 1930.22 Los primeros pasos de la legislación protectora de la mujer En 1929, luego de una serie de alianzas y fusiones,23 los trabajadores lograron una mayor inserción en el ambiente político-legislativo de Puerto Rico. Comienza así un período de gran actividad legislativa con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Con esta legislación se trataba de remediar algunas de las condiciones que aquejaban el ambiente de trabajo desde finales del siglo XIX, con la esperanza de remediar algunas de las situaciones hasta entonces imposibles de cambiar a través de la negociación colectiva.24 Algunas de estas leyes sociales representaban realmente enmiendas a leyes aprobadas anteriormente pero que no se habían puesto en ejecución como tal. En otras ocasiones las enmiendas disponían sanciones más fuertes contra los patronos que no las respetaran o mejores modos de fiscalización por el gobierno. Las primeras leyes obreras de este período estuvieron relacionadas con los jornales y salarios. Se aprobaron varias medidas que reglamentaban el 20 Este cambio en estrategias se acelera antelas dificultades que enfrentaban los obreros y obreras en la negociación colectiva y los fracasos de las huelgas, yaqueeramuy difícil para ellos lograr medida alguna que mejorara sus condiciones de vida. 21 Esto tampoco resultó en una panacea, ya que el éxito de las medidas legislativas dependía de la supervisión estricta que el gobierno tuviera sobre su implantación, de modo que éste dependía del interés del gobierno de tumo en favorecer a los obreros. 22 En general, el contrato de trabajo se regía por las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico, a saber, arrendamiento de obras y servicios (Código Civil, 1902, Artículos 14321478); obras por ajuste o precio alzado (Artículos 1480-1492); concurrencia y preladón de créditos (Artículos 1821-1825); prescripción de las acciones (Artículos 1861-1875). 23 Está más allá del propósito de este trabajo detallar los innumerables arreglos políticos que ocurrieron en la década de 1920 y que tuvieron como consecuencia que el Partido Socialista lograra una mayor inserción en la gestión legislativa. Ya para 1929 se constituyó el “Grupo de Buen Gobierno”, formado por republicanos y socialistas, a través del cual los trabajadores tuvieron una voz para propulsar alguna legislación de su interés. La relación entre los socialistas y republicanos se formalizó para las elecciones de 1932 cuando ambos partidos acudieron a las elecciones en coalición. [Para una discusión más detallada sobre estos procesos véase B. Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños, 1898-1956, (San Juan, s.e., 1959); Gervasio L. García y A.G. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad, 103104; Blanca G. Silvestrini, Los obreros puertorriqueños y el Partido Socialista, (Río Piedras, 1979), capítulo 2]. 24 Si comparamos estas medidas con el programa del Partido Socialista en 1919 [véase, Quintero, Lucha Obrera, 89-94, para una transcripción de esta plataforma política], notaremos que el espíritu de esta legislación estaba recogida en la ideología del partido obrero desde entonces.

322 pago por el trabajo del obrero en moneda legal.25 Prohibían una serie de prácticas que se habían hecho comunes en Puerto Rico y que permitían que los trabajadores y trabajadoras se endeudaran con su patrono. Estas piezas legislativas no mencionaban directamente a las mujeres trabajadoras, pero se presumía que aplicaban a todos los obreros y las obreras por igual. Por su parte, la ley sobre reclamaciones de salarios26 incluía una definición clara del término “obrero” que refleja un interés por igualar al hombre y a la mujer trabajadores. En su primera sección, la ley establece que el término comprenderá “a todo trabajador manual, de cualquier sexo y a aquellas personas naturales que estuvieren empleadas en servicios u ocupaciones domésticas de ambos sexos...”27 En contraste, casi simultáneamente se aprobó una nueva ley que reglamentaba el trabajo de las mujeres.28 En esta ley se establecían para las mujeres normas diferentes a las que regían para el trabajo de los hombres. Se prohibía el trabajo nocturno de la mujer, es decir, las mujeres no podían trabajar entre las diez de la noche y las seis de la mañana.29 La ley disponía que los patronos debían proveer sillas para que las mujeres las usaran durante horas laborables y fijaba unas normas sobre los espacios que debían estar disponibles en casos de que se emplearan mujeres en un establecimiento.30 A pesar de que hoy sabemos que estas leyes protectoras partían de una perspectiva que consideraba a la mujer como más débil y necesitaba del rescate paternalista del hombre, en su momento cumplieron con una función social importante. Ante ciertas condiciones de trabajo abusivas muchas mujeres, así como hombres, consideraban que esta legislación era saludable para resolver unos problemas sociales inmediatos. A largo plazo, su resultado fue excluir a la mujer de oportunidades de trabajo que a menudo eran mejor remuneradas. Uno de los asuntos importantes que venía preocupando a los trabajadores y a las trabajadoras desde temprano en el siglo era la jornada de ocho horas. Desde las huelgas cañeras de principios de siglo, los obreros y obreras demandaban un día de trabajo de ocho horas y, por los menos en la industria azucarera, esta norma se había reconocido para los empleados de las fábricas en convenios colectivos. En cuanto a las horas de trabajo, se

25 Ley 17 del 17 de abril de 1931,29 L.P.R.A. seo. 171. Una ley muy parecida había sido aprobada en 1917 (Ley 91 del 31 de marzo de 1917). 26 Ley 10 del 14 de noviembre de 1917, enmendada el 2 de julio de 1923,14 de abril de 1931, 20 de abril de 1932.17 de abril de 1935. 27 Id., sec. 1. 28 Ley 49 del 21 de junio de 1919, enmendada el 24 de abril de 1930. 29 Esta ley excluía a las mujeres mayores de 16 años que trabajaran como “telefonistas, telegrafistas, artistas, enfermeras o sirvientas”. 30 Ley número 28 del 24 de abril de 1930, 30 L.PJR.A. sec. 457.

323 acordaron medidas distintas para hombres y mujeres. La Ley de Reglamentación del Trabajo de Mujeres definió el día de ocho horas, pero fijó para las mujeres una semana máxima de 48 horas.31 Aunque la jomada de ocho horas era una causa por la que las mujeres habían luchado intensamente, la ley eventualmente resultó tener aplicación distinta para los hombres y para las mujeres. Esto fue así porque en 1935 se aprobó la Ley 49, que establecía una jornada de ocho horas de trabajo en general (esta ley se conoce también como la Ley de Ocho Horas). En esta ley no se fijaba un término máximo para las horas en que un trabajador laboraba por semana y era más comprensiva que la Ley 73, porque incluía a todos los sectores de trabajo. Sin embargo, en el mismo texto de la ley se dice que la misma no afectará ni invalidará la ley 73, de manera que para las mujeres quedaba en pie la restricción de su horario semanal mientras que para los hombres no.32 Los debates sobre esta legislación se daban en el contexto de un dilema entre la lucha por lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres y una visión de la mujer como más débil que el hombre, necesitada de protección. Esa visión estaba tan arraigada en Puerto Rico que Vicente Géigel Polanco, en su libro Legislación social de Puerto Rico, comentaba que el haber legalizado el trabajo nocturno de mujeres mayores de 16 años en la industria de empacar, enlatar y refrigerar finitas y vegetales constituía “una enmienda de carácter reaccionario”.33 Es interesante que estas leyes protectoras parecían estar enmarcadas en un contexto de lo que eran los “roles naturales” de las mujeres. Para empezar, si los roles más aceptados de la mujer estaban relacionados con el hogar, los trabajos fuera del hogar podían ser reglamentados o restringidos sin que se violentaran esas normas naturales. Después de todo, lo no-natural era que la mujer trabajara por un salario fuera del hogar. Junto a esto, se le daba énfasis a las diferencias físicas; por eso se establecían condiciones especiales para el trabajo de la mujer tales como que se les proveyera sillas, o se les prohibía que trabajaran en ciertos oficios o lugares que según la cultura se consideraban peligrosos para la mujer pero no para el hombre. Este momento en la historia legislativa puertorriqueña es significativo porque se arraigan dos principios que persisten a través del tiempo y que han afectado la condición de la mujer trabajadora por décadas. El primero es que se adopta y afianza la teoría de la diferencia entre los géneros. Como

31 Id. 32 Además, se fijaba un procedimiento especial para las mujeres y niños en caso de que éstos fueran a trabajar más de las horas reglamentarias. 33 Vicente Géigel Polanco, “Apuntes acerca de la legislación social de Puerto Rico”, Legislación social de Puerto Rico, (San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1936), xxviii.

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se supone que los hombres y las mujeres son diferentes, entonces debe haber una legislación diferente para unos y otros. Aparentemente, pues, el sistema legal así constituido es simétrico, pues hay leyes que afectan a un género o al otro.34 En la práctica, sin embargo, esta teoría incorpora otra, cuyas consecuencias han sido históricamente muy adversas a la mujer. Al exaltarse la diferencia entre los géneros se esconde la desigualdad que predomina en la sociedad y que después de todo se recoge en el sistema legal. La desigualdad que este sistema “protector de la mujer” amparaba se basaba en una estructura de poder masculina en la que la mujer no gozaba ni de igualdad de derechos ni de oportunidades.35 Bajo el manto de la diferencia se escondía la fuerza del dominio que cerraba puertas y negaba oportunidades.36 El segundo principio que esta legislación protectora de la mujer afianza es la voz de neutralidad legislativa. Al examinar la legislación social existente en la década de 1930 se puede notar que el legislador se refiere constantemente al obrero, al empleado, como si fuera una forma neutral que incluyera tanto a los hombres como a las mujeres. Pero cuando examinamos más cuidadosamente la legislación notamos que, de hecho, al quedar vigente la ley que reglamentaba el trabajo de las mujeres, esa voz neutral sólo era aparente. En realidad, las mujeres se equiparaban en la ley a los niños y no a los hombres.37 En este particular el título de la Ley 73 es significativo, a saber, ‘Ley regulando el trabajo de mujeres y niños y protegiéndolos contra ocupaciones peligrosas’. De estas diferencias sexuales que se pretendían proteger, surgía todo un sistema de roles sexuales que prescribían lo que la mujer podía o no podía hacer, que se consagraba en la ley. Pero en realidad el estándar que usaba la ley como base era el del hombre, mientras que la ley especial era para la mujer. 34 Para una discusión detallada sobre este asunto véase Catherine Mackinnon, “Legal Perspectives on Sexual Difference”, en Deborah Rhodes, Theoretical Perspectives on Sexual Difference (New Haven, Conn., Yale University Press, 1990), 213-225. 35 En 1975, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional una sección de la Ley 73 de 1919, señaló que esta pieza legislativa “se nutre de algunas premisas subjetivas erróneas tradicionales y estereotipadas que emanan de una visión masculina que consciente o inconscientemente tiene su razón de ser en la concepción y caracterización déla mujer como sexo débil. El pedestal en que se intenta situar a la mujer en este enfoque tradicional y paternalista puede resultar a veces en una jaula para aprisionarla, incompatible con sus derechos legítimos”. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DF.R. 267, a la pág. 282 (1975). 36 MacKinnon hace una exposición teórica de cómo ha funcionado a través del tiempo esta relación entre el énfasis por la diferencia y la desigualdad de los géneros [“Legal Perspectives on Sexual Difference”, 214} 37 Esta concepción ha sido heredada de la Edad Media en Francia en donde la palabra niño (gar$on) se asociaba no con la edad sino con el estado de dependencia del siervo. Luego el concepto fue incorporado en la ley cuando se hizo dependiente a la mujer en el sentido legal porque no podía representarse a sí misma. Philip Arles, Centuries of Childhood.

325 A partir de la década de 1930, pues, se incorporaron en el sistema legal puertorriqueño un sinnúmero de medidas, en forma de leyes y reglamentos, que apoyadas en prácticas culturales, mantuvieron por décadas a la mujer fuera de ciertas esferas de trabajo productivo.

Las leyes anti-discrimen y la búsqueda de la igualdad

En tiempos más recientes comienza a cambiar el énfasis de la legislación social. Una vez que la mujer se incorpora a sectores más amplios de la economía, las mujeres desarrollan una mayor conciencia de que su participación política y social debe servir de fundamento a sus avances en el ámbito económico. En forma similar que al comienzo del siglo XX, en la década de 1970 se experimentó en Puerto Rico una movilización femenina en todos los aspectos de la vida.38 Muchas mujeres comenzaron a participar en grupos que proponían el adelanto de la posición de la mujer en diversos grados. Entre estos grupos habían unos que reclamaban la igualdad de la mujer tanto en la ley como en la práctica.39 ¿Cómo se recogen estos nuevos reclamos en la legislación reciente que afecta a la mujer? La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y como principio general reconoce la igualdad jurídica de la mujer.40 Sin embargo, pasados más de dos décadas de aprobada la Constitución todavía en 1975 quedaban vigentes innumerables preceptos legales que afianzaban el discrimen y la subordinación de la mujer.41 Sin embargo, durante la década del 1970,

38 De hecho, el comienzo de esta toma de conciencia y organización de partede grupos de mujeres comienza a mediados de la década de 1960. Grupos feministas en todo el mundo comenzaron a traer a la luz pública las desigualdades en la ley y sus consecuencias en las vidas de las mujeres y propusieron nuevas medidas y enfoques alternativos. Estos movimientos no han sido estáticos durante los últimos treinta años. Según su liderato y miembros han ido cambiando, se ha renovado la temática y se han modificado las estrategias de acción. Quizás unas de las características que distintos movimientos feministas han compartido es partir de las experiencias concretas de la mujer, teniendo a ésta como su centro. Se ha reconocido que hombres y mujeres pensamos, actuamos, sentimos y tomamos decisiones en forma distinta y que para estudiar a la mujer tenemos que desarrollar nuestros propios modos de anáfisis en vez de incorporar los desarrollados para y por los hombres. 39 Véase, Norma Valle, “El feminismo y su manifestación en las organizaciones de mujeres en Puerto Rico”, en Edna Acosta Belén (editora), La mujer en la sociedad puertorriqueña, 91-107. 40 El Artículo II, Sección 1, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de... sexo... Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”. 41 En 1975,elTribunalSupremodePuertoRicodecretólainconstitucionalidaddeunade estas medidas, la Ley número 105 del 6 de junio de 1967 que disponía la concesión del descanso intermedio no menor de 20 minutos y regulaba el tiempo para tomar alimentos para

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varios grupos feministas y otros que apoyaban la igualdad de derechos de la mujer lanzan varias campañas que redundan en legislación y actividad gubernamental beneficiosa para que se comiencen a borrar las barreras de desigualdad entre hombres y mujeres. Así, por ejemplo, en 1973 se creó por acción legislativa la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer con el mandato de ley de promover las acciones y actividades necesarias para que la mujer puertorriqueña disfrute de igualdad de oportunidades en la sociedad.42 La Comisión ha sido instrumental en apoyar iniciativas legislativas o sugerir legislación necesaria para mejorar el status de la mujer tanto en el empleo como en las relaciones familiares.43 A raíz de la decisión del Tribunal Supremo en Zachry International v. Tribunal Superior;44 la Legislatura de Puerto Rico, a instancias de diversos grupos feministas y obreros, derogó la Ley 73 de 1919 que reglamentaba el trabajo de la mujer.45 Se eliminaban así buena parte de las limitaciones al derecho a trabajar que regían para la mujer y no para el hombre. Otra de las áreas que se revisó fue la relacionada con los derechos de la mujer por licencia de maternidad. En 1975 se enmendó la ley existente48 para que la mujer trabajadora o empleada pueda escoger disfrutar su período de descanso hasta cuatro semanas antes del parto o sólo la última, extendiéndose las otras semanas de descanso prenatal a las que tiene derecho después del parto. Según esta ley, el patrono viene obligado a reservar el empleo a la obrera embarazada y pagarle a la empleada una compensación equivalente a medio sueldo o jornal.47

las mujeres. El Tribunal reconoció en su decisión que esta medida “protectora” respondía a “un patemalismo romántico del Estado hacia la mujer”. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.PJt. a la pág. 280. 42 Ley número 57 del 30 de mayo de 1973; 1 L.P.R.A. sec. 301 et seq. 43 Esta comisión tiene un amplio mandato de ley. Después de casi veinte años de trabajo, ha expandido su esfera de acción en varias direcciones. Abarca hoy los aspectos legislativos y judiciales relacionados con los derechos de las mujeres, y también ha desarrollado programas educativos y de asesoramiento individual directo. 44 En este caso, el tribunal critica los propósitos legislativos para establecer la diferencia entre hombre y mujer, ya que dice que “la razón aducida por el Estado al establecer la referida clasificación en orden a ‘su preocupación por proteger la frágil naturaleza femenina de los riesgos inherentes a las jomadas prolongadas o interminables de trabajo’ constituye una conclusión contra las potencialidades de la fuerza obrera femenina del país. ...El pedestal en que se intenta situar a la mujer en este enfoque tradicional y paternalista puede resultar a veces en una jaula para aprisionarla, incompatible consus derechos legítimos”. (104 DT-R. a la pág. 282). 45 Ley 25 del 24 de abril de 1930. 46 Ley número 3 del 13 de marzo de 1942; 29 LJP Ji_A. sec. 467-470. 47 La Legislatura aprobó o enmendó otras disposiciones de ley para lograr establecer un sistema más equitativo de oportunidades entre los trabajadores de ambos sexos. Véase, por

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En 1959 la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley 100, que protegía a los empleados y candidatos a empleos de discrimen por razón de edad avanzada, raza, color, religión, origen o condición social.48 Con esta ley se ponía en efecto la disposición contra el discrimen recogida en el Artículo II, sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado que mencionamos anteriormente. Sin embargo, aunque la Constitución incluía el discrimen por razón de sexo, la ley 100 dejó fuera esta clasificación. No fue hasta el 1972 que la Legislatura de Puerto Rico aprobó una enmienda a esta ley para incluir el discrimen por razón de sexo como parte de las prohibiciones de discrimen de la Ley 100.49 Tres años más tarde se enmendó otra vez está disposición anti-discriminatoria para incluir las áreas de adiestramiento y para dar mayores poderes de implantación al Secretario del Trabajo.50 En el mismo año se pasó una ley que como parte de la reglamentación del servicio público, prohibía entre otros el discrimen por razón de sexo.51 A pesar de esta legislación, en la práctica las mujeres seguían sufriendo de trato desigual y en muchas ocasiones la letra de la ley parecía no tener vigencia porque cedía a entendimientos culturales que establecían los roles que deberían desempeñar las mujeres y los hombres.52 Sin embargo, ya para la década de 1980 comienzan a sentirse los efectos en la ley de la inserción de muchas mujeres con conciencia feminista en los ámbitos políticos y socio-económicos puertorriqueños. No bastaba entonces con la existencias de leyes generales que prohibieran el discrimen pero con pocas posibilidades de implantación real. Ante la presión en la opinión pública de grupos de mujeres y la labor de la Comisión de Mejoramiento de la Mujer, en 1985 la Legislatura aprobó una nueva ley que prohibía el discrimen contra la mujer. La ley número 69

ejemplo, la Ley número 40 del 22 de junio de 1975, que enmendaba la Ley número 49 del 22 de mayo de 1968 (29 L.P.R.A. sec. 353-358) para que ee eliminaran loa pesos fijos por sexo que pueden levantar los trabajadores y que el Secretario del Trabajo reglamente los pesos autorizados que una persona pueda levantar, independientemente de su sexo. Otra de las leyes enmendadas fue la relativa a la prohibición de discrimen por las agencias de empleos (Ley número 417 del 14 de mayo de 1947, 29 L.P.RA. sec. 358, según enmendada por la Ley 41 del 22 de junio de 1975). La Ley número 230 de 1942 que reglamentaba el empleo de menores establecía diferencias en el trabajo de menores por razón de sexo. Esta ley se enmendó en 1976 para reglamentar uniformemente y sin consideraciones de sexo, el empleo de menores en ciertas ocupaciones. (Ley número 16 del 23 de junio de 1976; 29 L.P.R.A. 443). 48 Ley número 100 del 30 de junio de 1959; 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. 49 Ley número 50 del 30 de mayo de 1972; 29 L.P.R.A. sec. 146. 50 Ley número 25 del 12 de noviembre de 1975; 29 L.P.RA. sec. 857. 51 Ley número 5 del 14 de octubre de 1975; 3 L.P.RA. sec. 1301,1349. 52 Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer, Igualdad de oportunidades de empleo para la mujer (San Juan, 1978); Margarita Ostolaza Bey, Política sexual en Puerto Rico (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1989).

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primeras décadas del siglo XX grupos de mujeres trabajadoras reclamaban, por un lado, igualdad entre ellas y sus compañeros de labor, pero por otro aceptaban con entusiasmo las leyes que fijaban ciertas protecciones a la mujer y que en aquel preciso momento representaron una mejoría en sus condiciones de trabajo. Sin embargo, a largo plazo estas medidas protectoras ni mejoraron sus condiciones de trabajo ni les permitieron lograr la tan esperada igualdad. Por el contrario, con su aplicación se excluyó a muchas mujeres de trabajar en labores que con frecuencia tenían mayores remuneraciones económicas. Los resultados de la legislación antidiscrimen más reciente no son mucho más halagadores. A pesar de que un número mayor de mujeres recibe educación secundaria y universitaria61 y de que muchas ocupan posiciones que cincuenta años atrás eran impensables para la mujer, todavía existen en el mundo del trabajo muchas situaciones de discrimen.62 Algunas todavía están cobijadas por los entendimientos culturales que fijan ciertos roles estereotipados para la mujer; otras responden al doble tumo de trabajo asalariado-trabajo en el hogar en el que un alto porcentaje de las mujeres tenemos que laborar; y algunas son resultado de prejuicios inconscientes que tenemos arraigados y que a menudo pasan desapercibidos. A pesar de los avances, todavía persisten muchas prácticas que apuntan hacia la desigualdad de la mujer en la sociedad en que vivimos. El cambio ha sido notable, puesto que con la nueva legislación de la década del 1970 se han logrado borrar algunas de las fuentes más obvias de discrimen. Pero todavía persisten desigualdades intolerables. Las mujeres todavía están dramáticamente subrepresentadas en las altas estructuras actualidad preferimos el término género porque va más allá de las diferencias biológicas entre la mujer y el hombre para incluir concepciones socio-culturales y político-económicos que separan a éstos. Según se debate en nuestros días, “el género es una identidad adquirida . Margaret L. Andersen, Thinking About Women: Sociological Perspectiues on Sex ana Gender, 2da ed., (New York, Macmillan Publishing Co., 1988), 48. 61 Según las estadísticas de los censos de 1970 y 1980, el por ciento de mujeres graduadas de escuela superior aumentó de un 24.3 a un 32.8 por ciento del total de mujeres en la población. En 1970 un 11.3 por ciento de los graduados de instituciones postsecundarias eran mujeres, mientras que en 1980 éstas representaban un 18.3 por ciento. Además, durante el año académico 1987-1988, del total de grados conferidos por las instituciones postsecundarias, el 65 por ciento se confirió a mujeres. [Junta de Planificación, Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989 (San Juan, 1990?), 2]. 62 Una de las áreas en que se ha experimentado un cambio radical es laincorporación de las mujeres a las profesiones. En 1899 menos de un 1 por cientodel total de mujeres empleadas eran profesionales mientras que para 1989 este grupo representaba el 23.3 por ciento. Sin embargo, los trabajos clericales (27%), artesanales (17.8%) y de servicio (15.7%) siguen siendo loe empleos más frecuentes para la mujer. [Estadísticas para 1989, tomadas de Junta de Planificación, Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989, 23]

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económicas y políticas e igualmente sobrerepresentadas en las esferas socio-económicas más bajas.63 En 1990 había en la Legislatura de Puerto Rico sólo 7 mujeres.64 Sólo 4 mujeres habían sido elegidas como alcaldesas de un total de 78 alcaldes.65 La mediana de ingreso para las mujeres es sólo el 65% de la de los hombres.66 La violencia contra la mujer es lugar común tanto en el hogar como en la calle.67 Todavía la mujer sufre los efectos de prácticas de generalizada aceptación socio-cultural que la degradan y la devalúan.68 Más aún, sabemos que la mujer se afecta más severamente por la pobreza que los hombres.69 Son particularmente vulnerables las mujeres con niños y niñas pequeñas y las de edad avanzada. Además, mientras vemos que las mujeres logran acceso a desempeñar ciertos roles tradicionalmente destinados a los hombres, lo contrario es menos cierto: los hombres han tardado más en tomar los roles que la cultura había identificado por largo tiempo con las mujeres. Cabe preguntarnos por qué el cambio ha sido tan lento, si contamos con una legislación que trata de establecer la igualdad entre los géneros y eliminar el discrimen. En parte nos tropezamos con el problema de la formalidad con que se interpretan los derechos en nuestro sistema constitucional y legal.70 A pesar de la prohibición del discrimen por razón 63 Véase estadísticas sobre las ocupaciones tradicionales de mujeres y de hombres en Junta de Planificación, Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989, 24-25. 64 En el Senado de Puerto Rico había sólo cuatro mujeres y en la Cámara de Representantes tres. Información suministrada por la Secretaría del Senado de Puerto Rico, 1992. 65 Información suministrada por la Secretaría del Senado de Puerto Rico, 1992. 66 La mediana de ingreso por sexo en 1960 era de $462 para las mujeres y $1,079 páralos hombres, mientras que en 1980 era $2,882 para las mujeres y $4,425 para los hombres. Junta de Planificación, Indicadores Socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989, 18. 67 Comisión para los Asuntos de la Mujer, Primer informe de progresos sobre la implantación en Puerto Rico de la Ley para la prevención e intervención con la violenaa doméstica (San Juan, 1991). 68 Ejemplo de esto son las constantes insinuaciones, muchas veces aceptadas y permitidas por una cultura predominantemente masculina a través de chistes, lenguaje de doble sentido y referencias a su cuerpo, que pasan como desapercibidas aun en el ambiente de trabajo. 69 No nos fue posible conseguir en el Departamento de Servicios Sociales estadísticas sobre el número de mujeres que reciben ayudas económicas de programas del gobiernos. Pero sí sabemos que para 1980 latasa de desempleo éntrelas personas que eran jefes de familia era 14.25 para las mujeres y 9.45 para los hombres [Comisión para los Asuntos de la Mujer, Informe Estadístico: Mujer, Trabajo, Jefatura de Familia e Hijos, preparado por María del C. Vázquez, s.f., 24.]. 70 Véase, por ejemplo, Frank I. Michelman, “The Supreme Court and Litigation Access Fees: The Right to Protect One’s Own Rights” (pt. 1) DukeLaui Journal(l973), 1153; Kinberlé Williams Crenshaw, “Race, Reform, and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law”, Harvard Laui Revieui, vol. 101 (1988), 1331-1387.

328 del 6 de julio de 1985 recoge las disposiciones anteriores y crea el concepto de “prácticas ilegales” no sólo durante el período de trabajo como tal sino dudante la etapa de reclutamiento y anuncio de posiciones.83 Un aspecto novedoso de esta nueva ley es que fija responsabilidades civiles y criminales a aquellos que la violen y provee para la reinstalación de la trabajadora en su empleo y para órdenes de cese y desista contra el patrono.84 En otro paso de avance, el 22 de abril de 1988 se convirtió en ley una disposición para “Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo, Imponer Responsabilidades y Fijar Penalidades”.55 Esta ley, resultado del esfuerzo de muchas mujeres no sólo en las esferas gubernamentales sino políticas, comienza a cambiar la tendencia de leyes generales contra el discrimen por razón de género pero de difícil implantación. Se identifica un área de problema que afecta a un por ciento muy alto de las mujeres trabajadoras. El hostigamiento sexual, según definido por la Ley 17, no es una excepción aberrante en Puerto Rico. Una gran proporción de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico en un momento u otro de su vida de trabajo asalariado han sufrido algún tipo de presiones u acercamientos debido al mero hecho de ser mujeres. La extensión de esta ley refleja la historia detrás de la misma, ya que esta es “una legislación esencialmente preparada por mujeres, apoyada por mujeres, impulsada por mujeres, para las mujeres”.56 La ley reconoce que el hostigamiento sexual puede ser tanto de carácter verbal como físico porque tanto los actos directos como las insinuaciones sexuales devalúan a la mujer y no le permiten desarrollarse plenamente en su empleo.57 Asi también la ley reconoce que en la estructura empresarial vigente, no sólo el patrono o su agente puede hostigar sexualmente a la mujer, sino que ésta sufre ante los actos en el lugar de trabajo que realizan sus compañeros de trabajo y por personas no empleadas por el patrono.

53 29 LJP.RA. sec. 1321 et seq. 84 29 L.P.R.A. sec. 1341. 55 Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, 29 LJ>.R.A. sec. 155 et seq. 56 Documento de presentación sobre “La Ley sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo", preparado por la Comisión para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, s.f., 5. 67 Es interesante anotar que aún falta mucho para quese entienda la envergadura de los efectos de actos de hostigamiento sexual que no son explícitos en la vida de las mujeres y su ambiente de trabajo. Por ejemplo, en uno de los dos casos principales sobre hostigamiento sexual decididos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una opinión disidente del Juez Presidente se critica la aplicación amplia de la definición de hostigamiento sexual: “Rehusamos considerar miradas insistentes como conducta sexual ...[A]ún cuando se considere que implícitamente la conducta es una de naturaleza sexual, ciertamente la misma no es de tal grado abusiva, severa y persistente como para crear un ambiente ofensivo y hostil en el trabajo”. Rodríguez Meléndez u. Supermercado Amigo, 90 J.T.S. 50, 7664 (1990).

329 A esta legislación se suman nuevas disposiciones federales, aplicables a Puerto Rico, las que también como resultado de la acción de grupos feministas en Estados Unidos, prohíben la discriminación por sexo tanto en el empleo privado como público.58 En la práctica no ha sido fácil que la mujer reclame bajo estas disposiciones. En muchas ocasiones la misma naturaleza del daño, es decir, la pérdida de su trabajo, hace diñcil que la mujer pueda reclamar bajo estas disposiciones. A menudo, los patronos aducen otras razones para despedir a la mujer y ésta no concibe las razones del despido como ilegales o no tiene los recursos para reclamarlos, ya que al quedar sin trabajo, pierde la fuente principal para su sustento. La desigualdad entre los recursos de los patronos, quienes pueden pagar una representación legal adecuada, la posibilidad de perder parte de su intimidad como al iniciar una acción legal y la posición vulnerable en que este tipo de reclamo sitúa a la reclamante, detienen a muchas mujeres de comenzar una acción legal contra el patrono.59 En este ensayo no podemos repasar las formas en que la legislación contra el discrimen de la mujer se ha implantado en la práctica. No obstante, vamos a examinar brevemente algunas de las implicaciones para la mujer de las teorías de antidiscriminación y protección que enmarcan la legislación y jurisprudencia puertorriqueña relacionada con la mujer.

Las tensiones entre la protección y la igualdad

Si nos acercamos a la legislación sobre la mujer en el siglo XX como un conjunto, notaremos que continuamente tanto la opinión pública como diversos grupos de mujeres y miembros de la Legislatura alternan sus puntos de vista entre la necesidad de que se establezcan algunas normas para proteger a la mujer porque es diferente al hombre y el que se reconozca y aplique el principio de igualdad entre los géneros.60 Ya vimos que en las 68 Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendado por la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 1972; 42 U.S.C. 2000 et seq. Esta ley incluye a todos los patronos privados que empleen quince o más personas, a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a los gobiernos estatales y locales, a las agendas de empleo públicas y privadas, a las uniones obreras de quince o más miembros y a los programas obrero-patronales de adiestramiento. 59 En su ensayo “Victims in the Shadow of the Law: A Critique of the Model of Legal Protection”, uno de los pocos ensayos disponibles que analizan los efectos personales que muchas veces tienen los reclamos bajo las leyes de antidiscrimen en las vidas de los reclamantes, Kristin Bumiller ha analizado cómo el sistema legal vigente en Estados Unidos, la persona que reclama tiene que situarse como víctima para que se le reconozca su derecho a la igualdad. [Signs vol. 12 (1987), 421453] Véase, además, de la misma autora, The Ciuil Rights Society: The Social Construction of Victime (Baltimore, The Johns Hopkins University, 1988). 60 Hasta aquí he venido usando el término sexo o discrimen por razón de sexo, ya queeste es el concepto usado hasta aproximadamente mediados de la década del 1970. En la

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primeras décadas del siglo XX grupos de mujeres trabajadoras reclamaban, por un lado, igualdad entre ellas y sus compañeros de labor, pero por otro aceptaban con entusiasmo las leyes que fijaban ciertas protecciones a la mujer y que en aquel preciso momento representaron una mejoría en sus condiciones de trabajo. Sin embargo, a largo plazo estas medidas protectoras ni mejoraron sus condiciones de trabajo ni les permitieron lograr la tan esperada igualdad. Por el contrario, con su aplicación se excluyó a muchas mujeres de trabajar en labores que con frecuencia tenían mayores remuneraciones económicas. Los resultados de la legislación antidiscrimen más reciente no son mucho más halagadores. A pesar de que un número mayor de mujeres recibe educación secundaria y universitaria61 y de que muchas ocupan posiciones que cincuenta años atrás eran impensables para la mujer, todavía existen en el mundo del trabajo muchas situaciones de discrimen.62 Algunas todavía están cobijadas por los entendimientos culturales que fijan ciertos roles estereotipados para la mujer; otras responden al doble tumo de trabajo asalariado-trabajo en el hogar en el que un alto porcentaje de las mujeres tenemos que laborar; y algunas son resultado de prejuicios inconscientes que tenemos arraigados y que a menudo pasan desapercibidos. A pesar de los avances, todavía persisten muchas prácticas que apuntan hacia la desigualdad de la mujer en la sociedad en que vivimos. El cambio ha sido notable, puesto que con la nueva legislación de la década del 1970 se han logrado borrar algunas de las fuentes más obvias de discrimen. Pero todavía persisten desigualdades intolerables. Las mujeres todavía están dramáticamente subrepresentadas en las altas estructuras actualidad preferimos el término género porque va más allá de las diferencias biológicas entre la mujer y el hombre para incluir concepciones socio-culturales y político-económicos queseparan aéstos. Según sedebateen nuestros días, “el género es unaidentidad adquirida . Margaret L. Andersen, Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex ana Gender, 2da ed., (New York, Macmillan Publishing Co., 1988), 48. 61 Según las estadísticas de los censos de 1970 y 1980, el por ciento demujeres graduadas de escuela superior aumentó de un 24.3 a un 32.8 por ciento del total de mujeres en la población. En 1970 un 11.3 por ciento de los graduados de instituciones postsecundarias eran mujeres, mientras que en 1980 éstas representaban un 18.3 por ciento. Además, durante el año académico 1987-1988, del total de grados conferidos por las instituciones postsecundarías, el 65 por ciento se confirió a mujeres. [Junta de Planificación, Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989 (San Juan, 1990?),

62 Una de las áreas en que se ha experimentado un cambio radical es la incorporación de las mujeres a las profesiones. En 1899menos de un 1 por ciento del total de mujeres empleadas eran profesionales mientras que para 1989 este grupo representaba el 23.3 por ciento. Sin embargo, los trabajos clericales (27%), artesanales (17.8%) y de servicio (15.7%) siguen siendo los empleos más frecuentes para la mujer. [Estadísticas para 1989, tomadas de Junta de Planificación, Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989, 23].

331 económicas y políticas e igualmente sobrerepresentadas en las esferas socio-económicas más bajas.63 En 1990 había en la Legislatura de Puerto Rico sólo 7 mujeres.64 Sólo 4 mujeres habían sido elegidas como alcaldesas de un total de 78 alcaldes.65 La mediana de ingreso para las mujeres es sólo el 65% de la de los hombres.66 La violencia contra la mujer es lugar común tanto en el hogar como en la calle.67 Todavía la mujer sufre los efectos de prácticas de generalizada aceptación socio-cultural que la degradan y la devalúan.68 Más aún, sabemos que la mujer se afecta más severamente por la pobreza que los hombres.69 Son particularmente vulnerables las mujeres con niños y niñas pequeñas y las de edad avanzada. Además, mientras vemos que las mujeres logran acceso a desempeñar ciertos roles tradicionalmente destinados a los hombres, lo contrario es menos cierto: los hombres han tardado más en tomar los roles que la cultura había identificado por largo tiempo con las mujeres. Cabe preguntamos por qué el cambio ha sido tan lento, si contamos con una legislación que trata de establecer la igualdad entre los géneros y eliminar el discrimen. En parte nos tropezamos con el problema de la formalidad con que se interpretan los derechos en nuestro sistema constitucional y legal.70 A pesar de la prohibición del discrimen por razón 63 Véase estadísticas sobre las ocupaciones tradicionales de mujeres y de hombres en Junta de Planificación, Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres en Puerto Rico, 1970-1989, 24-25. 64 En el Senado de Puerto Rico había sólo cuatro mujeres y en la Cámara de Representantes tres. Información suministrada por la Secretaría del Senado de Puerto Rico, 1992. 65 Información suministrada por la Secretaría del Senado de Puerto Rico, 1992. 66 La mediana de ingreso por sexo en 1960 era de $462 para las mujeres y $1,079 páralos hombres, mientras que en 1980 era $2,882 para las mujeres y $4,425 para los hombres. Junta de Planificación, Indicadores Socioeconómicos de la situación délas mujeres en Puerto Rico, 1970-1989, 18. 67 Comisión para los Asuntos de la Mujer, Primer informe de progresos sobre la implantación en Puerto Rico de la Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica (San Juan, 1991). 68 Ejemplo de esto son las constantes insinuaciones, muchas veces aceptadas y permitidas por una cultura predominantemente masculina a través de chistes, lenguaje de doble sentido y referencias a su cuerpo, quepasan como desapercibidas aun en el ambientede trabajo. 69 No nos fue posible conseguir en el Departamento de Servicios Sociales estadísticas sobre el número de mujeres que reciben ayudas económicas de programas del gobiernos. Pero sí sabemos que para 1980 la tasa de desempleo entre las personas que eran jefes de familia era 14.25 para las mujeres y 9.45 para los hombres [Comisión para los Asuntos de la Mujer, Informe Estadístico: Mujer, Trabajo, Jefatura de Familia e Hijos, preparado por María del C. Vázquez, s.f., 24.J. 70 Véase, por ejemplo, Frank I. Michelman, “The Supreme Court and Litigation Access Fees: The Right to Protect One’s Own Rights”(pt. 1) Duke Law JournaU1973), 1153; Kinberlé Williams Crenshaw, “Race, Reform, and Retrenchínent: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law”, Harvard Law Review, vol. 101 (1988), 1331-1387.

332 de género que ha dispuesto la Legislatura y que ha sido reconocido jurídicamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la vía judicial no ha sido la preferida por las mujeres para hacer sus reclamos de derechos.71 A pesar de la existencia de normas específicas relacionadas con la mujer, el sistema legal como tal todavía no ha incorporado el punto de vista femenino como parte integrante del análisis jurídico-legal, lo que ha desalentado en la práctica la vía judicial como forma para el reclamo de derechos.72 En Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha hecho un reconocimiento reciente a la amplitud de esta norma antidis* criminatoria al sostener que “el hostigamiento sexual constituye una modalidad del discrimen por razón de sexo proscrito por la ley 100”,73 pero todavía no contamos con una jurisprudencia amplia que elabore los alcances de las leyes que reconocen los derechos de la mujer. Sin embargo, a un nivel más general, y aun suponiendo que en su momento las formalidades legales pudieran ser subsanadas legislativamente, nos tropezamos con un problema más profundo. El mandato legal de igualdad da por sentado que en la sociedad es posible lograr la igualdad una vez que la ley la ha reconocido. Supone que si la ley lo ordena así será en la sociedad.74 Pero en realidad la ley no puede 71 Una de las explicaciones para esta situación es que dadas las características de nuestro sistema jurídico, una persona que reclama un discrimen, (en el caso de discrimen por razón de género), tiene que situarse como víctima, exponer información que generalmente está protegida por su derecho a la intimidad, e invertir recursos inmensos frente a los que anteponen los patronos, a la larga convirtiéndose en doble víctima del discrimen. Además, nuestro sistema legal se basa en la prueba de “hechos” que se alegan con especificidad y con mucha frecuencia las situaciones que resultan en discrimen responden a “procesos” que no se pueden reducir a la categoría de hechos concretos. Para una discusión detallada de estas dificultades en la aplicaciones de las normas jurídicas anti-discriminatorias véase, entre otros, Kristin Sumiller, “Fallen Angels: The Representation of Violence Against Women in Legal Culture”, International Journal of the Sociology ofthe Law, vol. 18 (1990), 125-142; Gerald P. López, “The Work We Know So Little About”, Stanford Law Review, vol. 42, núm. 1 (1989), 1-13; Mari Matsuda, “Affirmative Action and Legal Knowledge: Planting Seeds in Plowed-Up Ground”, Harvard Women's Law Journal, vol. 11 (1988), 1-17. 72 Para una discusión detallada sobre este asunto véase Martha A. Fineman & Nancy S. Thomadsen, At the Boundaries of Law, Feminism and Legal Theory (New York, Routledge, 1991); Katherine T. Barlett, “Feminist Legal Methods”, Harvard Law Review, vol. 103 (1990), 829-888. 78 Rodríguez Meléndez v. Supermercado Amigo, 90 JTS 50, 7653 (1990). Queda por ver en el futuro cómo se pone en práctica el ideal que expresó el Tribunal Superior en su Resolución en López v. Garage Isla Verde en relación a que “es tiempo ya que se sepa que la mujer trabajadora puertorriqueña que decida aportar bu talento e industria a la producción de bienes y servicios gozará del más absoluto respeto a su dignidad en los lugares de trabajo del país”. Sentencia, Civil Núm. 88-2183 (15 diciembre 1989), cert No HaLugar, 90 JTS 51 (1990). 74 En la práctica esto plantea un problema que los teóricos del derecho han estado discutiendo por largo tiempo sobre la función ordenadora del derecho y su origen social. No podemos entrar en una discusión detallada de este tema, pero sí podemos señalar que una de

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garantizar algo que está casi vedado en la sociedad. En la vida común distinguimos entre un hombre y una mujer por las diferencias entre ellos, pero en el mundo legal, decimos que se ha discriminado contra la mujer sólo si antes se presume que la mujer es igual al hombre.7® Surge un conflicto, pues, entre un concepto de igualdad que presupone que seamos iguales y un concepto de sexo que supone que somos diferentes. De modo que históricamente fluctuamos entre dos extremos: la protección y la igualdad. De poco vale que la ley declare que somos iguales si, debido a las experiencias pasadas y la historia de subordinación por razón de género, más bien pocas mujeres están situadas en posiciones suficientemente similares a las de los hombres para reclamar la igualdad. ¿Qué igualdad se puede reclamar cuando la desigualdad es de tal naturaleza que no hace posible reclamo alguno?76 Así mismo sabemos que la ruta de la protección ha engendrado históricamente una imagen de debilidad de la mujer que la ha mantenido excluida de las esferas de poder en la sociedad.77 Una de las formas de enfrentarnos a este dilema que, dada la sociedad en que nos ha tocado vivir, parece no tener salida fácil, es ensayar un método de análisis que a la larga sirva para que la legislación incorpore las experiencias concretas de las mujeres. Con frecuencia usamos conceptos como el de los derechos de la mujer, los problemas legales de la mujer, la

los cambios dramáticos que ha ocurrido en el Derecho en las últimas décadas es la incorporación del punto de vista de la mujer para reinterpretar lo que se entendía como una realidad objetiva, que se daba independientemente de las personas. Hoy en día esta relación entre ley y sociedad se reconoce con más fuerza. [Véase, para una discusión de este tema en Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, “Derecho y cambio social”, Revista Jurídica, Universidad de Puerto Rico, vol. 56 (1987), 251-264]. En el campo de los derechos de empleo de la mujer, vemos que muchas veces la ley no se puede poner en vigor, no porque no haya discrimen sino porque en la sociedad se hacen acomodos para que la conducta discriminatoria no se considere como tal. Por ejemplo, algunos patronos adiestran a su personal administrativo no sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo para que no se discrimine contra la mujer, sino sobre cómo evitar demandas por discrimen por razón de género. 75 Una de las críticas más fuertes a las medidas antidiscriminación es que el modelo de acción que adoptan es el del hombre. El esquema conceptual supone que si hombres y mujeres son iguales, las mujeres son iguales a los hombres pero los hombres no son iguales a las mujeres. Incluso el lenguaje usado en este modelo supone una neutralidad que no existe. Por ejemplo, la paternidad incluye a madres y padres, pero la maternidad sólo incluye a las madres. 76 Por ejemplo, en una empresa con estructura jerarquizada por género, ¿qué reclamo de discrimen puede tener una mujer que ocupa un posición secretaria!, cuando más del 95 por ciento de las personas que ocupan puestos secretariales o similares son mujeres y menos del 1 por ciento de las que tienen posiciones gerendales son mujeres? 77 En el ámbito del derecho constitucional norteamericano, Catherine Mackinnon ha discutido la tensión entre estas dos posiciones. Ella concluye que “...[T]he legal forms available for arguing the injuries of sex inequality obscura the gender of this equahty’s reference point while effectively precluding complaint for women’s sex-spedfic grievances”. “Legal Perspectivas on Sexual Difference", supra, n. 34,225.

334 violencia doméstica y otros, como si éstos no respondieran a una realidad social. De manera que “la mujer” se convierte en un símbolo, una idea, y a veces hasta casi una cosa, un ente que, sacado de su contexto histórico, pierde realidad específica. Es como si las mujeres que pedían la jomada de ocho horas en 1930 fueran las mismas que las que reclamaban la flexibilidad del término del descanso por maternidad en tiempos más recientes. ¿Tenía la jomada de ocho horas el mismo significado para todas las mujeres que la demandaban en 1930? ¿Estaban todas las mujeres de entonces interesadas en que se aprobara esa ley? Tenemos, pues, que damos cuenta de que no hay una “mujer prototipo”, sino mujeres con necesidades distintas y perspectivas diversas ante su situación. Mujeres que por su posición distinta en la sociedad se afectan de manera también distinta por la ley, aunque ésta pretenda ser de igual aplicación para todos.

La coyuntura de historia y ley Uno de los problemas en el análisis legal contemporáneo es que ha adoptado a menudo un discurso ahistórico, además de pseudoneutral, alejado de la experiencia de los que sienten la ley en su propia persona. Supone que todas las personas entienden la ley de la misma manera y que si todas están situadas en una posición de relativa igualdad formal sentirán de la misma manera los efectos de la ley. Este principio de neutralidad formal, divorciado de las experiencias de las personas, ha sido criticado recientemente porque afecta de manera adversa a las personas situadas en la periferia o al margen de la sociedad. Como consecuencia de su marginalidad social y de los efectos de la subordinación que han sufrido en sus vidas, muchas de las personas en estos grupos no participan del proceso político en el cual está fundamentado el sistema legal. Su voz no llega a las esferas legislativas. Las mujeres, hoy mayoría demográfica pero todavía con poco acceso al proceso legislativo y de formulación de política pública, son el grupo más numeroso para el que esto es cierto. Esas leyes que parecen de aplicación neutral no lo llegan a ser porque la situación de las mujeres es significativamente distinta e inferior a lo que suponía la ley en el momento de aprobarse. En términos generales, la legislación a favor de los derechos déla muj er no surge motupropio de las cámaras legislativas o del poder ejecutivo, sino que es el producto de la acción y presión que ejercen ante esos foros grupos de mujeres para mejorar su situación y la de otras mujeres.78 A pesar de

78 E. Vicente, “Las mujeres y el cambio en la norma jurídica”, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, vol. 56, núm. 4 (1987), 595. La autora señala que aun en los casos en que la legislación es iniciada por el Estado, no llega a aprobarse si no tiene el amplio apoyo de grupos de mujeres.

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esto, en muchas ocasiones la legislación que surge en efecto es distinta a la inicialmente propuesta desde la perspectiva feminista y sus consecuencias directas sobre la mujer son diferentes a las esperadas por los grupos que iniciaron las propuestas legislativas.79 Cuando la Legislatura discute una medida, el punto de vista cambia y se adopta uno en apariencia neutral y objetivo pero que en realidad representa el punto de vista masculino. Es necesario, pues, un proceso de reflexión continua en la que no perdamos de vista que la ley es un producto social y que no opera en un vacío cultural.80 De modo que, tanto un entendimiento claro de los principios legales que entran en j uego como de las circunstancias en que vive y ha vivido la mujer son imprescindibles para que la legislación tenga efectos concretos de cambio. Un ejemplo específico nos ayudará a entender mejor este proceso en que ley y lo socio-histórico van de la mano. En 1989 la Legislatura de Puerto Rico aprobó una ley relacionada con la violencia doméstica.81 Esta ley es importante porque, igual que la Ley 17 de 1985 que prohíbe el hostigamiento sexual, es producto de la labor de muchas mujeres individualmente y en grupo. Recoge, además, el punto de vista femenino no sólo en forma teórica sino práctica. La ley tipifica como delito el maltrato conyugal en distintas modalidades: maltrato mediante fuerza física o violencia psicológica, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, maltrato mediante restricción de la libertad y la agresión sexual conyugal. Trata de atacar uno de los problemas más graves en la vida de la mujer: la violencia tanto física como psicológica.82 La ley es amplia y cubre escenarios variados en que puede encontrarse la mujer en su hogar. Rompe con la tradicional dicotomía legal que establece un grueso muro entre los mundos público y privado en que se desenvuelve la mujer, ya que reconoce que se dan situaciones comunes en el seno del hogar que ameritan la acción legislativa.83 Sin embargo, aunque esta ley “protege” a la mujer, no lo hace 79 En Puerto Rico, la Comisión para Asuntos de la Mujer (antes Comisión para el Mejoramiento de la Mujer), ha ejercido un papel importante en el proceso de traducir en forma legal medidas por las cuales han luchado grupos de mujeres. 80 E. Rivera Ramos, “Derecho y cambio social: Algunas reflexiones criticas, supra, n. 74. 81 Ley número 54 del 15 de agosto de 1989, 8 L.P.RA- sec. 601nt et seq. 8^ Véase, por ejemplo, los datos presentados por Doria Knudson, “ ‘Que nadie se entere: La esposa maltratada en Puerto Rico”, en Yamila Azize Vargas (editora), La mujer en Puerto Rico (Río Piedras, Ediciones Huracán, 1987); Comisión para los Asuntos de la Mujer, Primer informe de progreso sobre la implantación en Puerto Rico de la Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica (San Juan, 1991). 83 En este sentido aquel antiguo concepto de que el hogar era el castillo del hombre, seguía siendo cierto en el sentido estricto de la frase. El Estado no interfería en este ámbito porque sehacía una marcada diferencia entre lo público y lo privado. Aunque se identificaba a la mujer con el mundo de lo privado, en realidad ésta enfrentaba allí grandes limitaciones y sentía directamente en sus cuerpo la fuerza que imponía el sistema patriarcal.

336 en el antiguo concepto de las leyes protectoras, ya que dispone formas en que la misma mujer puede tomar acción y hacerse cargo de detener la violencia contra ella. Como parte de sus disposiciones, la ley dispone que la victima de violencia doméstica en una relación de pareja puede solicitar una orden de protección de un tribunal sin que medie denuncia ni acusación previa y dispone que el agresor puede participar en un programa de rehabilitación alternativo si el tribunal así lo determina. La ley para la prevención de la violencia doméstica representa el esfuerzo más comprensivo que han hecho los grupos feministas hasta el momento para cambiar una de las situaciones de mayor incidencia contra la mujer en Puerto Rico. No obstante, por circunstancias político-sociales, la ley todavía se enmarca dentro de los parámetros legales ya establecidos y en cierta medida aún refleja la anterior tensión entre la necesidad de protección y de igualdad. Usa el término violencia doméstica para referirse a una situación que afecta predominantemente a la mujer y que representa una violación que le ocurre a la mujer por razón de su sexo, es decir, por ser mujer.84 Al usar esta forma neutral en su interés por apoyar la igualdad, los legisladores refuerzan el sistema de desigualdad real. Como señala el Primer Informe de Progreso sobre la violencia doméstica, “la violencia doméstica no crea la polarización por sexo entre víctima y victimario; más bien, se alimenta de la polarización ya existente en el entorno sexista de nuestra sociedad”.85 La violencia contra la mujer en el hogar es la causa más frecuente de daño ñsico que una mujer puede experimentar, aun si se toman en cuenta los accidentes de automóviles. Se cree que una tercera parte de las mujeres que son víctimas de homicidio son matadas por sus esposos, compañeros o familiares cercanos y que muy frecuentemente ya habían sufrido agresiones por parte de la misma persona que las mató antes de que sucediera el incidente que les tronchó la vida. Aunque la ley dispone un mecanismo de órdenes protectoras muy útil en muchos casos, todavía tiene que enfrentarse al problema que emana de la estructura de subordinación en la familia, apoyada por los mismos entendimientos culturales que pretende conservar. Los conflictos que dan pie a la violencia doméstica están arraigados en las relaciones de poder y las normas sociales que nos parecen comunes. Es muy difícil para una mujer denunciar a su compañero, muchas veces padre de sus hijos, de quien 84 De hecho, no fue hasta la década de 1970 que como reclamo de grupee feministas se comenzó a traer al foro público. No contamos con estadísticas exactas sobre la extensión del problema de violencia contra la mujer en el hogar, pero si sabemos por las experiencias de servicios a víctimas que es “uno de loe problemas más serios que confronta nuestra sociedad”. Comisión para loe Asuntos de la Mujer, Primer informe de progreso sobre la implantación en Puerto Rico de la Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica (San Juan, 1991), 5. 85 Id.

337 depende económicamente. El cuadro se agrava cuando la mujer no cuenta con el apoyo de sus familiares y su comunidad, porque comparten los entendimientos socio-culturales de dominación. La implantación de la ley no progresaría si nos conformáramos con su texto. Su éxito ha dependido y depende de que se concientice a mujeres, hombres y niños de la gravedad del problema, un problema que no es neutral, sino que afecta la vida de mujeres reales, no ideales. Es también función legislativa el crear conciencia de la responsabilidad común por desarraigar el problema a través de mayor apoyo fiscal para programas educativos, tanto de la Comisión para los Asuntos de la Mujer como del Departamento de Educación. Podemos aprender de las dificultades en la implantación de una ley como ésta. No importa cuán estricta pueda ser la legislación vigente, ésta dependen de que desarrollemos conciencia de las múltiples formas en que, apoyados en los entendimientos culturales, se violenta la integridad de la mujer en la familia y en la sociedad en general. Al mismo tiempo no podemos perder de vista la necesidad de tomar medidas que propicien el cambio de las condiciones sociales, de modo que se desarraiguen desigualdades de tal naturaleza que ni tan siquiera le permitan reclamar la igualdad. A pesar del reconocimiento legislativo de que “la violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia puertorriqueña”86 todavía prevalece la idea de que la violencia contra la mujer en el hogar es un fenómeno excepcional y de alcance limitado. Sin embargo, al examinar la experiencia personal de mujeres de diversos trasfondos sociales, nos damos cuenta de que, igual que en el caso del hostigamiento sexual en el empleo, la violencia doméstica, según la definición amplia de la ley, afecta las vidas de una gran proporción de las mujeres puertorriqueñas. Necesitamos, pues, unos esquemas de análisis que permitan incorporar esas experiencias femeninas específicas a las esferas de la ley. En este sentido historia y ley van de la mano. En ambas disciplinas se desarrollan nuevos enfoques que valoran las experiencias de la mujer en el contexto social en que ocurren éstas.87 Aunque el ensayo de estos enfoques tiene que hacerse en la práctica cotidiana, debemos tomaren consideración algunos elementos que la deben informar. Las experiencias de la mujer deben

88 Exposición de Motivos, Ley número 54 del 15 de agosto de 1989. 87 Véase, por ejemplo, Martha R. Mahoney, “Legal Images of Battered Women: Redefining the Issue of Separation”, Michigan Law Review, vol. 90 (1991), 1-94; Blanca G. Silvestrini, Women and Resistance in Contemporary Caribbean Society (Kingston, 1990); “Feminist Jurispmdence”, Columbia Journal of Genderand Law, vol. 1, núm. 1 (1991), 5-46; Rosa Torruellas & Riña Benmayor, “Affírming Cultural Citizenship in the Puerto Rican Community: The El Barrio Popular Education Program”, en Catherine Walsh, ed., Literacy as Praxis.

338 valorarse y estudiarse como tal sin que medien enfoques comparativos que usen los parámetros masculinos como base para determinar cómo deben ser las cosas. Esta redefinición, tanto de los procesos históricos como legales, debe tener cuidado en no generalizar a tal punto que se presenten esquemas ideales y poco reales de las experiencias de la mujer y por otro que la mujer no aparezca como figura individual o excepcional. Al cambiar asi de perspectiva, podremos articular mejor las incongruencias, tensiones y conflictos que reconozcamos tanto en las experiencias femeninas que estudiamos como en la legislación promovida y apoyada por las mujeres. Entonces podríamos entender mejor no sólo que la mujer reclame sus derechos en su empleo o en el hogar, sino las ocasiones en que decide no reclamarlos.

Ley y letras en el Senado de Puerto Rico

María Elena Rodríguez Castro

Agradezco la colaboración de Dina Rivera, Jorge Lizardi y Alejandra Martorell en este ensayo.

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¿Quién no llora sus íntimos dolores a su dulce ilusión desvanecida, si al cruzar el desierto de la vida le abandonan los sueños seductores? Mariano Abril y Ostaló, Amorosas, (1900) Con la proclamación de la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 se oficializaba toda una red de transformaciones que acompañaron el paso de una sociedad tradicional —rural y agrícola— a una sociedad moderna —urbana e industrializada. Culminaba un intenso período de desplazamientos, reorientaciones y surgimiento de actores, situaciones, instituciones y discursos que abarcaron todas las zonas de experiencia de la sociedad puertorriqueña. El campo cultural no fue una excepción. La Constitución de 1952 reconocía la personalidad jurídica así como la cultural puertorriqueña al describirla como una colectividad integrada con características propias y símbolos representativos tales como la bandera y el himno. Establecía criterios para la conservación y mantenimiento del patrimonio cultural respecto a edificios y lugares de valor artístico y/o histórico. También, recontextualizaba un largo debate de esa primera mitad de siglo, el panamericanismo o el puente entre dos culturas, al enfatizar la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano y la defensa del inglés y el español como lenguas oficiales. Esas disposiciones se acompañaron, además, de un incremento significativo de lo que, hasta entonces, había sido una escasa legislación cultural. Por ejemplo, se fortalece la División de Educación de la Comunidad, se crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se implementa el Punto Cuarto. Desde la perspectiva gubernamental estas acciones y disposiciones significaron la concreción de un postulado central de la política del Partido Popular Democrático: la cultura democrática, anunciada por Luis Muñoz Marín en varios de sus discursos. Desde la perspectiva de otros sectores, tanto partidistas como de opinión pública, significó una práctica cuestionable de dirigismo cultural. Lo cierto es que ambas interpretaciones confirmaban un proceso que se venía operando desde la década anterior: el traslado de la agenda cultural personal de los letrados a la agencia y el trámite gubernamental. Con ese

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traslado se clausuraba una vieja y extensa relación entre los intelectuales tradicionales y el Estado.1 Una relación que, trazada en un amplio espectro conduce, espacialmente, al contexto latinoamericano y, cronológicamente, a su instancia fundacional. Este ensayo explora la figura del letrado en un espacio y un quehacer político: el Senado de Puerto Rico previo a la Constitución de 1952. Se divide en tres partes: la primera, que explica la categoría y la función del letrado tanto en el marco latinoamericano como en el puertorriqueño; la segunda, que deslinda las agendas culturales en la primera mitad de siglo tanto en el campo político como intelectual de aquellos senadores fraguados en leyes y letras, y una tercera que comenta, brevemente, el paso del letrado a la agenda gubernamental. TRADICIONES LETRADAS

El término letrado convoca de inmediato varias tradiciones intelectuales. Evoca la imagen renacentista del cortesano, adiestrado en armas y letras y modelado en un saber orgánico, armonioso e integrador. Evoca, también, aquellos hommes de lettres surgidos de la Ilustración europea e interesados en fomentar un saber moderno —racional e instrumental— que abarcara tanto la naturaleza como la historia y las artes. En el caso latinoamericano, y en un sentido general, la referencia alerta sobre un tipo de intelectual de formación tradicional que en su práctica conjuga tanto la ley —entendida ésta como intervención activa en la esfera política—, como las letras —un ejercicio que incluye tanto los géneros considerados tradicionales como la novela, el cuento, el ensayo, la poesía y el teatro como otros aledaños en los cuales destaca el periodismo, la crónica, el cuadro de costumbres y la oratoria. La presencia e importancia de ese tipo de letrado en el mundo latinoamericano ha sido tan fluctuante y azarosa como la historia misma de esas tierras. Fue, sin duda, una de nuestras- más resistentes tradiciones, hasta que el embate de la modernidad y los fenómenos que le fueron concomitantes —la especialización, el urbanismo, la movilidad social, la incorporación de los mercados nacionales a la economía mundial, y el entronizamiento de los nuevos lenguajes tecnológicos y masificados— diferenció cada vez más el campo cultural y el político tragándose a la figura mediadora del letrado y reemplazándolo por el político profesional y el intelectual profesional. ¿Quiénes eran estos letrados? ¿Qué espacio y qué papel desempeñaron en la vida pública de nuestros pueblos? ¿Qué lenguajes los distinguieron?

1 Tradicionales en una continuidad fonnativa y cultural en oposición al intelectual orgánico que emerge paralelo a nuevas formaciones sociales. Ver Antonio Gramsci, Los intelectuales y la organización de la cultura, (México, Juan Pablos Edit., 1975).

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Para Angel Rama, uno de los estudiosos más destacados de la historia cultural latinoamericana, la fundación de las sociedades latino americanas desde la Colonia fue inseparable de la función ideológica e instrumentalizadora de sus letrados. Frente a la palabra hablada, asociada al reino de lo precario y de lo inseguro —el mundo rural o indígena— la palabra escrita era el lenguaje de la ciudad y sus instituciones, aun cuando idealizaran el mundo campesino, sus costumbres y formas culturales. Desde la escritura postularon la posibilidad de un ordenamiento que transformara la inmensa extensión americana en un espacio manejable y reconocible que asegurara una planificación y concentración de poder, una jerarquía social y la implementación de políticas públicas y privadas. Diseñaron, primero, los planos de la ciudad y, luego, para cumplir su misión civilizadora, de acuerdo a Rama: ...resultó indispensable que las ciudades, que eran el asiento de la delegación de los poderes, dispusieran de un grupo social especializado, al cual encomendar esos cometidos. Fue también indispensable que ese grupo estuviera imbuido de la conciencia de ejercer un alto ministerio que lo equiparaba a una clase sacerdotal... Ambas esferas estuvieron superpuestas por largo tiempo, por lo cual el equipo intelectual contó por siglos entre sus filas a importantes sectores eclesiásticos, antes que la laicización que comienza su acción en el XVIII los fuera reemplazando por intelectuales civiles, profesionales en su mayoría.2

Esa primera generación letrada civil se instaló, sobre todo, en la burocracia citadina asumiendo tareas de transmisión entre la metrópoli y las sociedades coloniales y generando los documentos —leyes, edictos, proclamas y códigos— necesarios para la gestión administrativa. Pero no sólo cumplieron su función social en la administración; también lo hicieron desde el pulpito, la cátedra, el teatro y en textos literarios o historiográficos. Crearon, además, instituciones propiamente intelectuales como audiencias, seminarios, colegios y universidades, a las cuales, a raíz de la Independencia, se sumarían ateneos, museos, academias de la lengua e, inclusive, sociedades secretas como el caso de las logias masónicas. Tanto desde el aparato administrativo, como desde el intelectual, los letrados fueron un factor decisivo en la elaboración de modelos culturales destinados a conformar ideologías públicas, una función que retendrían en diferentes contextos hasta su crisis más aguda en los procesos de modernización del último siglo, como se advertía en el inicio de este ensayo. Paralelo a las guerras de independencia aparece un sector letrado de marcado corte liberal que integró, a la demanda por libertad política y 2 Angel Rama, La ciudad letrada, (New Hampehire, Edics. del Norte, 1984), 23.

344 económica, el reclamo de una indispensable organización educativa. Ambas demandas se anudaron a un reclamo de formulación efectiva de una política sobre la lengua como sistema normativo de homogeneidad cultural y elocuencia pública.3 En ese cuadro la literatura expandió sus funciones de las tradicionalmente asignadas a las Bellas Artes y cultivadas por la élite culta, a un radio más político. Como ha señalado Henríquez Ureña, se trataba de “luchadores y constructores”: Nuestros hombres de letras fueron, pues, por regla general, también hombres de acción. Buen número de ellos llegaron a ser presidentes de repúblicas. Muchos ministros de gobierno. La mayoría, en una ú otra ocasión, fueron miembros de las Cámaras... A menudo sufrieron destierro.4

Estos intelectuales patricios, forjadores de estados nacionales y promotores de una cultura de la identidad, se ubicaron en una red de intercambios, préstamos y relaciones recíprocas de tradiciones económicas, jurídicas, literarias y políticas. En el marco de las ideologías liberales que dominaron la escena letrada del siglo XIX y, de acuerdo al circuito de interlocución, las coyunturas históricas y los géneros en que se situaron, conflictos y proyectos culturales se identificaron, fre cuentemente, con conflictos y proyectos políticos.5 Dicha fusión es evidente en el Caribe hispánico en la vida y obra de figuras tales como José Martí y Eugenio María de Hostos. También, aunque menos conocida, la de Salvador Brau, cuya interpretación de la cultura puertorriqueña finisecular, desde una perspectiva sociológica, tuvo un poderoso impacto en el pensamiento posterior.6 Con el cierre de siglo y la reorientación de fuerzas sociales, económicas y políticas que acompañó al nuevo siglo, sobre todo en el Caribe hispánico,

3 Sobre este aspecto ver Jubo Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina: Literatura y política en el siglo XIX, (México, Fondo de Cultura Económica, 1989). 4 Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América Latina, (México, Fondo de Cultura Económica, 1978), 120. 5 Sobre este tema ver Josefina Ludmer, El género gauchesco: Un tratado sobre la patria, (Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1988); María Elena Rodríguez Castro, “La escritura ordenadora criolla: el ensayo decimonónico latinoamericano”, Cuadernos de la Facultad de Humanidades, número 18 (1989). 6 Sobre todo la colección Disquisiciones sociológicas y otros ensayos, el cual aúna un relato de la nación que descansa, en gran medida, en categorías raciales con un plan de diagnóstico, planificación y legislación del trabajo jornalero. Sobre este tema ver Edith Paría, “Estrategias discursivas en el ensayo de Salvador Brau” (inédito); Gervasio Garda, “La crítica histórica: ¿Ejecución, perdón o comprensión?”, Historia crítica, historia sin coartadas, (Río Piedras, Edics. Huracán, 1985), 19-30; Angel Quintero Rivera, “Apuntes para una sociología del análisis social en Puerto Rico: El mundo letrado y las clases sociales en los inicios de la reflexión sociológica”, Patricios y plebeyos: burgueses, hacendados, artesanos y obreros, (Río Piedras, Edics. Huracán, 1988), 189-279.

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345 esa relación de los letrados y el estado varió significativamente. Se aceleró la autonomización del campo político y su constitución en un espacio separado del espacio cultural y literario. La esfera pública desarrolló sus propios intelectuales orgánicos y sus propios aparatos administrativos y discursivos, cada vez más afines al modelo industrial de desarrollo que se perfilaba para la región. Concurrentemente, el lugar del intelectual y de la literatura se fue transformando en una actividad más especializada que articulaba un lenguaje y unos registros cada vez más alejados de la lengua del debate público y de los modelos cívicos. Estos cambios de estructuras y la tendencia a la especialización redistribuyeron los espacios y las funciones de la cultura y de la política distanciando al letrado de sus tareas ya tradicionales en la implementación y administración del estado. Además, su función de creador de ficciones estatales—formalización déla ley y sus instituciones, instalación de frisos de héroes y gestas heroicas, modelos de comportamiento civil, regularización de anomalías lingüísticas que obstaculizaran la formulación de una lengua nacional homogénea y homogeneizadora, articulación de propuestas de identidad nacional integradoras y jerarquizadoras, entre otras— se debilita notablemente. Los intelectuales se vuelcan, entonces, a modernizar la producción intelectual, con el auspicio de las distintas corrientes de vanguardia que proliferaron durante esos años, y se distancian del timón del estado, aunque no de la política. Otros, se convirtieron en periodistas o en maestros, cuando no en ambas cosas. Sin embargo, la transformación social y la división de trabajo no disolvió por completo el lazo tradicional entre vida pública y actividad literaria. Pasado el momento modernista de las primeras décadas de siglo, los intelectuales reconocieron la necesidad, no sólo de modernizar las expresiones artísticas, sino también el lugar mismo del intelectual, de insertarse en el centro del debate nacional, interviniendo nuevamente en los negocios públicos. Aunque, como advirtiera Henríquez Ureña:

...ahora sabían que no tenían probabilidades de ser elegidos como jefes: su principal función fue la discusión y difusión de las doctrinas políticas, y con no poca frecuencia, el examen de sus fundamentos políticos.7

Esa postura se materializó en lo que se ha conocido como el culturalismo nacionalista, cuyo momento de auge fue la década del treinta, tanto en Puerto Rico como en el resto de América Latina. Produjo, entre otros textos, La restauración nacionalista (1909) del argentino Ricardo Rojas, La raza cósmica (1925) del mexicano José Vasconcelos, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1925) del peruano José Carlos

7 Henríquez Ureña, La» corrientes literarias, 191.

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Mariátegui, La crisis de la alta cultura en Cuba (1925) del cubano Jorge Mañach. También Insularismo (1934) de Antonio S. Pedreira y Prontuario histórico de Puerto Rico (1936) de Tomás Blanco. A pesar de la diversidad implicada en esa red de textos se identifican una serie de denominadores comunes tales como la proyección de un tipo nacional paradigmático (ya sea el gaucho, el mestizo o el jíbaro); la defensa del territorio o de unos valores nacionales frente a la amenaza de factores externos o internos (ya fuera la inmigración, el imperialismo o el propio avance de la máquina y la tecnología) y la voluntad interventora en asuntos estatales. Dos asuntos focalizaron su atención: la educación y la formulación de modelos culturales que se proyectaran, a su vez, como modelos nacionales. La educación había sido un pivote central en la relación entre campo político e intelectual, sobre todo en las corrientes liberales. Se veía como el modo más eficaz e inmediato de contener a los sectores cada vez más amplios y heterogéneos de las sociedades latinoamericanas. Era un modo, también, de digitar la cambiante relación entre los letrados y el estado. Desde el ámbito educativo se aspiraba a proveer los cimientos que integrarían una comunidad nacional unida en la común aspiración a la cultura y a los derechos y responsabilidades democráticas. También desde esa zona de influencia los letrados podían intervenir e influir poderosamente en la planificación y distribución de saberes, agentes y espacios sociales, sobre todo con la presencia de nuevos sectores portadores de nuevas identidades sociales y culturales en el proceso de transición de una sociedad tradicional a una moderna. De ahí que el espacio intelectual de esos años asuma frecuentemente la imagen del aula y, el letrado, la del maestro. Como ha señalado González Echevarría, ambos reunían dos condiciones fundamentales de la búsqueda y afirmación de la identidad americana: presencia y conocimiento.8 La figura del Maestro sintetizaba la solución del pensamiento liberal criollo a sus proyectos para el porvenir. También el Maestro se veía como el intérprete más apto de la historia y la literatura de las distintas formaciones nacionales. Demás está decir que en el caso puertorriqueño esa figura paradigmática fue Antonio S. Pedreira, cuya influencia sería determinante en la labor cultural y legislativa de sus discípulos, entre ellos los senadores Vicente Géigel Polanco y Samuel R. Quiñones, como se discutirá en la segunda parte de este ensayo. El segundo aspecto, formulación de modelos culturales, se enlaza con el anterior. Revela, también, el cambiante panorama de las sociedades 8 En The Voice of the Masters (Austin, University of Texas, 1985). En el ensayo puertorriqueño ver de María Elena Rodríguez Castro, “Las casas del porvenir: De Insularismo a El país de cuatro pisos", Revista Iberoamericana (1992).

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latinoamericanas cuyas economías se subordinaban, cada vez más, al capitalismo central norteamericano reorientando la definición de las problemáticas nacionales. Concurrentemente, se propiciaba el desarrollo de una burguesía comercial y financiera, vinculada al capital extranjero, que sustituía a las oligarquías de base agraria e impulsaba cada vez más el papel protagónico de los sectores medios. Ante ese nuevo escenario los letrados fueron centrales en la elaboración de una cultura política que armonizara lo viejo con lo nuevo, la tradición con el cambio; un modelo cultural que articulara un lenguaje y irnos patrones de conducta pública afin a esas transformaciones y a los nuevos proyectos para la región. De ese modo, y como señala Mabel Moraña, los letrados fueron instru mentales en la propuesta de ...un orden integral que se dirige, sin fracturas internas, hacia el logro de determinados fines colectivos, guiado por un sector privilegiado que interpreta la historia nacional y dirige, consecuentemente, las formas de acción social.9

En el caso de Puerto Rico, y en lo que respecta tanto a la educación como a la formulación de políticas culturales, la función de estos letrados sería más bien mediadora entre el campo intelectual y el estatal, en cuanto no es hasta entrada la segunda mitad de siglo que se traduciría en legislación concreta. Sin embargo, los debates en los cuales intervinieron y la obra que produjeron dejaría una huella profunda en esa legislación. También tendrían un impacto prolongado en los modelos formativos y de comportamiento de los sectores que iban emergiendo como los nuevos protagonistas de las sociedades latinoamericanas. Como ha señalado Claudio Véliz para el marco general latinoamericano, los grupos urbanos emergentes que asumen el control de la modernización no asumen de inmediato su propio modelo cultural.10 En el caso puertorriqueño esa tendencia es observable hasta el desarrollismo de los años cincuenta con la emergencia de una clase media estable y distintiva y cada vez más vinculada al estilo de vida norteamericano. Así, por ejemplo, Raymond S. Scheele señala que, aún a alturas del desarrollismo, se observa un sector

9 Mabel Moraba, Literatura y cultura nacional en Hispanoamérica: 1910-1940 (Minnessota, Institute for Ideologies and Literatures, 1984), 31. 10 De acuerdo a Véliz: “No habla, pues, una cultura de la burguesía industrial latinoamericana, ningún conjunto de valores que reemplazaran aquellos que reinaron antes de la industrialización, ningún bastión cultural desde el cual lanzar un reto a los remanentes de una sociedad industrial. Incapaces de imponer sus propias medidas de valor social, necesitaron buscar el prestigio que tanto ansiaban donde pudieran encontrarlo; se vieron obligados, por lo tanto, a abrazar la cultura de las clases tradicionalmente altas.” Claudio Véliz, The Centralist Tradition, (New Jersey, Princeton University Press, 1980), 274. (mi traducción)

348 urbano público y afluente, concentrado en profesiones más bien liberales, técnicas o financieras, que seguía observando los usos y valores asociados con los patrones tradicionales de la hispanidad, sobre todo respecto a su vida social, religiosa, intelectual y recreativa.11 El caso de los senadores republicanos Rafael Martínez Nadal y José A. Balseiro, como se discutirá más adelante, es sumamente representativo de este momento tan particular de nuestra historia, donde las leyes orientan su norte al nuevo modelo norteamericano mientras las letras reclaman su lugar en la larga tradición hispánica. Para cerrar esta primera parte se puede afirmar que el lugar y la función del letrado en Puerto Rico corresponde en líneas generales al cuadro presentado en las páginas anteriores. Una variante lo distingue significativamente: su particular relación política con los Estados Unidos, la cual, en las décadas en las que se detiene este ensayo, exhibirá cambios y reajustes notables. Una de sus manifestaciones fue que la trayectoria del letrado antes resumida se extendería más allá de las primeras décadas de siglo. Ocurre, paralelamente, el proceso de especialización y división de tareas, a la vez que una participación notable del intelectual en la vida pública, no sólo a partir de las instituciones que les fueron propias sino también en el propio aparato estatal. Otra manifestación fue que, aún en las coordenadas del liberalismo —una de las más acentuadas tradiciones del pensamiento latinoamericano—, la intervención letrada puer torriqueña asumió diversas líneas ideológicas afines a las plataformas y a las propuestas de status de los partidos políticos a los cuales pertenecieron. Definían a estos letrados, pues, una compleja red de afiliaciones que les dotó de su particular configuración, permitiéndoles pasar de la tertulia amable del café a los recios debates parlamentarios.12 Un texto fundamental, Luis Palés Matos y su trasmundo poético, nos traslada a uno de sus escenarios predilectos, lugar de encuentro de poetas llegados de provincia y de escritores y periodistas consagrados, algunos ocupantes o aspirantes al cargo de senador o representante. La cita es larga, pero meritoria: 11 “Algunas de estas familias habían sido muy prósperas por generaciones. Originalmente su riqueza provenía de la tierra, pero boy proviene, básicamente, de ocupaciones de servicios... A pesar de los requisitos y de su nueva base económica, este grupo subcultural es, esencialmente, latinoamericano en su vida social, recreacional y religiosa, la cual, a pesar de que está cambiando, se ha centrado en patronee tradicionales, derivados de su herencia hispánica.” en Julián H. Steward et aL, The People of Puerto Rico (Illinois, Illinois University Press, 1965), 425. 12 De acuerdo con Edward Said la afiliación es uno de loe signos característicos de la cultura moderna. El paso de la filiación natural por relaciones de parentesco a una relación afiliativa, ya sea de clase, religión, partido o nacional, establece nuevas redes de información y de lealtades. Edward Said, The World, the Text and the Critic (Cambridge, Harvard University Press, 1983).

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Era este grupo intelectual que me ocupa, el que oficiaba entonces en la vieja ‘Mallorquína’ de San Juan, el que cortaba, por así decirlo, el ‘bacalao de la crítica literaria local, y sin cuyo espaldarazo de rigor no podían aspirar los ‘nuevos poetas’ a seguir el promisorio camino de la fama. El grupo lo formaban casi consuetudinariamente Luis Lloréns Torres (sumo pontífice del pankalismo), Nemesio Canales (intransigentey acerado en la crítica, de ideas sociales revolucionarias), Alfonso Lastra Charriez (el Petronio de la reunión), Luis Muñoz Marín (por esta época recién llegado de los Estados Unidos de Norteamérica, acachalotado y regularmente con sueño), Sócrates Nolasco (el entonces cónsul de Santo Domingo en Puerto Rico), Bolívar Pagán (locuaz, reidor, levantisco), José Enrique Gelpí (con su ‘pipa marinera del difunto abuelo’ que jamás nos mostró), Juan José Llovet (el cojo ilustrado de nuestra peña, portalira español residente por aquellas fechas en Puerto Rico), Antonio Coll y Vidal (decidor, imaginativo, fantástico) y el que estas líneas escribe, malhumorado y pendenciero... A esta pléyade nuestra solían acudir también, pero muy de higos abrevas, como aves de paso la mayoría de ellos: Rafael Ferrer, Antonio Pérez Pierret, Evaristo Ribera Chevremont y su hermano José Joaquín, José A. Balseiro, Antonio Nicolás Blanco, Luis Antonio Miranda, Arturo O’Neill, Miguel Guerra Mondragón, Benjamín Guerra Mondragón, Enrique Ramírez Brau, y otros distinguidos de las letras cuyos nombres no me vienen ahora a la memoria... Constituíamos, jóvenes y viejos, una especie de altísimo tribunal de A mentí, con amplia jurisdicción a todo el largo y ancho de nuestra Isla.13

Un “tribunal” que reunía a un pequeño cenáculo letrado, cerrado y masculino, de caudillos culturales cuya “jurisdicción” se mantenía aún en el territorio y los modos de sociabilidad intelectual que los caracterizaba desde el siglo XIX, pero que ya se extendía al proceso más abarcador de modernización que arropaba al país. Muchos nombres, algunos todavía reconocidos, otros apenas, formaron sus filas en el Senado de Puerto Rico: Mariano Abril y Ostaló, José A. Balseiro Ramos, José Celso Barbosa, Antonio R. Barceló, Moisés Echevarría, Epifanio Fiz Jiménez, Ernesto Juan Fonfrías, Juan García Ducós, Vicente Géigel Polanco, Juan Hernández López, Manuel Martínez Dávila, Rafael Martínez Nadal, Luis Muñoz Marín, Bolívar Ochart, Cruz Ortíz Stella, Bolívar Pagán, Samuel R. Quiñones, Juan B. Soto, José Tous Soto y Francisco M. Zeno Vázquez. En las próximas décadas desplegarían una actividad incesante en revistas, seminarios y diarios, en el Ateneo, la Universidad de Puerto Rico y en otras instituciones culturales. También en los foros públicos del país, sobre todo en la Legislatura. Desde esos espacios aspiraron a generalizar su visión, interpretación y proyectos de la realidad puertorriqueña. Una

18 José de Diego Padró, Luis Palés Matos y su trasmundo poético (Rio Piedras, Edics. Puerto, 1973), 11-12. Sobre esta bohemia y las revistas literarias ver María Elena Rodríguez Castro, "Tradición y modernidad: el intelectual puertorriqueño ante la década del treinta”, Op Cit, número 3 (1987-38). Enfasis mío.

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gestión que amerita evaluarse en el contexto de las agendas culturales de nuestra primera mitad de siglo. AGENDAS CULTURALES Cultura y política Fin de siglo. En medio de un ambiente intelectual impactado por el cambio de soberanía, Mariano Abril publicaba Sensaciones de un cronista, una colección que integraba viñetas, crónicas literarias y de viajes, semblanzas y cuentos. Abril representó, en gran medida, el tipo de letrado que desaparecía con el viejo siglo. Autodidacta, practicó la poesía, la crónica y el ensayo. Sin embargo, fue en el periodismo crítico y político donde se distinguiría. Se inició bajo el seudónimo de Florete en el folletín crítico El Palenque de la Juventud fundado en San Juan en 1886. Fue redactor de El Clamor del País, importante diario político; fundó y dirigió la revista literaria La Linterna y fue cronista y director de La Democracia. Su interés por la historia se manifiesta en sus libros: El socialismo moderno (1911), Alemania ante el conflicto europeo (1915) y Un héroedela independencia de España y América: Antonio Valero de Bernabé de 1929, y en el cargo de historiador de Puerto Rico que desempeña al tiempo de su muerte en 1935. Desde esas tribunas, y bajo la bandera del autonomismo, Abril intervino en los debates públicos de las primeras décadas, cuando el cambio de modelo de soberanía había limitado, significativamente, la participación criolla en la administración del Estado. En 1917 y con la ampliación que posibilitó la Ley Jones (la creación del Senado de Puerto Rico, por ejemplo), Abril se lanza a la arena política siendo elegido senador por dos términos consecutivos por el Partido Unión. Esta integración entre ley y letras que marcó la vida pública de Abril no estuvo exenta, sin embargo, de los desfases y desconfianzas que marcarían la relación entre cultura y política de las próximas décadas. Se anticipaba, precisamente, en su crónica “La política y la lírica”, en la cual, acusando de falta de entrañas a la política, la reducía a una escuela de habilidad, oportunismo y conveniencia colectiva. Sin embargo, y a pesar de la dureza de esas expresiones, Abril se colocaba aún en el linaje de una tradición política que veía al letrado como posible unidad convergente de dos prácticas cada vez más divergentes. Su juicio sobre otro letrado pivote de su generación, Luis Muñoz Rivera, así lo confirma: ...a pesar de ser una antítesis eso de poesía y política, en Muñoz Rivera se entrelazan y se unen de tal modo el poeta y el político, que forman un solo temperamento; porque Muñoz Rivera político, es tan soñador, tan honrado y tan patriota como Muñoz Rivera.14 14 Sensaciones de un cronista, (Puerto Rico, Tipografía de La Democracia, 1903), 184. Para la ficha biográfica de Abril, como la de otros senadores incluidos en este ensayo, fueron

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Un lamento similar articularía en los treinta el pensador más influyente de esa década, Antonio S. Pedreira, en plena recuperación del campo intelectual puertorriqueño.15 En su Insularismo, un ensayo de interpretación de la cultura y la historia nacional que se proyectó, también, como un programa de regeneración vía la mediación de la élite intelectual, se afirmaba: Ayer no más, ser político era un deber patriótico; hoy es una profesión. Compárese la política del siglo XIX y se verá el salto que ha dado de principio a oficio, de sacrificio a medro, de esfuerzo a logro. Antes dominaba un espíritu de programa; ahora, un interés personal, un privilegio oculto en cada paso.16

Pero a alturas del cuarenta el panorama es otro, uno en el que, amainadas las tormentas de las décadas anteriores, las élites culturales y políticas se extienden nuevamente los brazos. Selecciono un escenario que bien puede dar cuenta de ese proceso. Es 1940 y en el Ateneo Puertorriqueño un concurrido grupo atiende las palabras de Samuel R. Quiñones; poeta, ensayista y periodista; una oratoria avalada por una prestigiosa carrera en el campo intelectual. Entre otros haberes, integró, junto a Vicente Géigel Polanco, uno de los primeros movimientos de vanguardia literaria, el Grupo no o noísmo (1925); fundó la Academia Puertorriqueña de la Historia (1914) y la revista más importante de la década del treinta, Indice: Menguarlo de Historia, Literatura y Ciencia (1927-29). También presidió el Ateneo del 1934 al 37, el Colegio de Abogados de 1943-45 y la Academia Puertorriqueña de la Lengua en 1948. Pero en esa ocasión no hablaba sólo en nombre de las letras: otras agendas compartían su atención. Se trataba de un homenaje a tres directores del Ateneo nombrados a cargos representativos en el recién elegido gobierno donde había resultado triunfante el, también recién creado, Partido

de gran utilidad las siguientes fuentes: Adolfo de Hestos, Diccionario histórico bibliográfico comentado de Puerto Rico, (San Juan, Academia Puertorriqueña de la Historia, 1976); Josefina Rivera de Alvarez, Diccionario de Literatura Puertorriqueña, (San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1976) y La Gran Enciclopedia de Puerto Rico, TomoXIV, (Madrid, Edics. R, 1976). 16 Como se advierte en el caso de estos letrados la categoría campo intelectual no se reduce al ámbito de la producción artística. Refiere a un circuito muy complejo de agentes, disciplinas e instituciones que intervienen directa o indirectamente en la formulación de un discurso y de una práctica cultural. De acuerdo a Fierre Bourdieu el campo intelectual “...a la manera de un campo magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman partede él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiempo”. En “Campo intelectual y proyecto creador”, Problemas del estructuralismo, (México, Siglo XXI, 1968), 135. 16 Antonio S. Pedreira, Insularismo, (San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970), 27.

352 Popular Democrático. Manuel García Cabrera había sido designado síndico de la Universidad de Puerto Rico, Vicente Géigel Polanco había sido elegido senador y designado líder de la mayoría parlamentaria en el Senado insular y el propio Quiñones había sido elegido presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Cinco años más tarde Quiñones pasará al Senado como vicepresidente de dicha cámara alta, y en 1949 sustituirá en la presidencia a Luis Muñoz Marín, otro letrado, quien se convertía en el primer gobernador por elección en la historia puertorriqueña. “Cultura y política” era el título de la presentación de Quiñones y en la misma se ponderaba la relación entre ambas prácticas sociales a alturas de la década del cuarenta. La fecha es altamente significativa: representó para un sector notable del campo letrado su momento, en el transcurso del siglo XX, de mayor intervención y visibilidad en el escenario político. No sorprende, entonces, que Quiñones iniciara ese encuentro en “..la cordial disposición de solidaridad con que la Casa de nuestra cultura se acerca a tres hombres que intervienen en la política.”17 No obstante, una queja acompañaba esa celebración:

¿Cultura y política han de ser necesariamente irreconciliables manifestaciones de la actividad social? ¿Por qué, si es en ambas común objetivo el mejoramiento humano, han de ser irreductibles a coordinada acción, y han de tener expresión en zonas tan distintas que casi sugieren discordancia?... La culpa es de los políticos de oficio que han hecho caer en descrédito la política, rebajándola de su alta dignidad de expresión de conciencia social para reducirla a ese sórdido forcejeo de disputadores de puestos públicos...18 Los comentarios de Abril, Pedreira y Quiñones respondían a un mismo trasfondo. Se señalaba en la primera parte de este ensayo que, entrado el siglo XX, la relación tradicional entre la esfera cultural y la política se había alterado profundamente produciéndose la autonomización y especialización relativa de sus funciones y lenguajes. En el caso de Puerto Rico el inestable cuadro político de las primeras décadas y la reorganización necesaria de la actividad cultural había acentuado ese proceso, aunque sin producir un deslinde absoluto. Habría que esperar hasta la década del cuarenta para que se produjera una reflexión sostenida tanto en el campo intelectual como en el político. La misma, compartida por muchos letrados, particularmente del sector criollo liberal fue, en gran medida, producto de la puesta en marcha de una revaloración de la historia nacional en la cual, en el anuncio de un tiempo nuevo, también la política se sometía al ojo escrutiñador. Decía entonces un joven senador:

17 Samuel R. Quiñones, Temas y letras, (San Juan, Imprenta Venezuela, 1942), 143. 18 Quiñones, Temas y letras, 144.

353 La época de los últimos veinticinco años, ha sido la época de los políticos, de los meros manejadores de maquinarias políticas para disputarse el poder.19

En un período de vaticinios de grandes transformaciones para el país, urgentes después de los efectos de la gran depresión que había ahondado la crisis sistémica de los años treinta, cultura y política volvían a anudar sus lazos en una alianza fortalecida por votos de renovación y común propósito. Por eso, en contraste del proceso diferenciador que se generalizaba en el resto de América Latina, Quiñones advertía:

Tal vez en otros países la tesis no corresponda a necesidades ambientales, ni siquiera levante un problema de constitución colectiva. En Puerto Rico sí... La política ha de tener dos finalidades para que su gestión culmine en plenitud de logro. Una inmediata: constituir gobierno. Otra mediata, pero no de menor alcance: integrar la conciencia social. Le basta poner en movimiento el mecanismo oficial para cumplir por sí sola la primera. Pero necesita el concurso de la cultura para realizar la segunda.20 Las casas de la cultura y las casas del estado eran la sede de ese encuentro. Si bien en la década del treinta Insularismo finalizaba con un llamado a los jóvenes universitarios —para Pedreira la élite intelectual y dirigente del país— a “influir en las ideas dominantes de los partidos”, se advertía, a su vez, que esa zona de influencia debía mantenerse al margen de líneas partidistas:

En el seno de las instituciones sociales hay que dejar cada partido a un lado. Allí donde la ciencia, el arte, la religión, el comercio, la industria, el oficio es vértebra para la unidad, la juventud debe mellar los filos políticos... En el programa particular de cada joven la política debe tener su horario limitado a aquellos sitios y momentos en que nadie pueda considerarla intrusa.21

Pero para los herederos de ese mandato era la hora de intervenir directamente en los “negocios públicos”, citando nuevamente a Henrí quez Ureña. Una intervención precedida de un relativo divorcio entre las agendas culturales y las agendas políticas. Aunque encontramos letrados en la Legislatura a lo largo de estas primeras décadas no necesariamente ambas gestiones —ley y letras— coinciden sino que las mismas, a

19 Luis Muñoz Marín, “Discurso del 5 denoviembrede 1940”, en: Reece Bothwell (editor), Puerto Rico: Cien años de lucha política (Río Piedras, Edit Universitaria, 1979), 275. Sobre las implicaciones culturales de esta periodización ver Arcadlo Díaz Quiñones, “Recordando el futuro imaginario: La escritura histórica en la década del treinta”, Sin nombre, Vol. XIV, número 3 (abril-junio 1984). 20 Quiñones, Temas y letras, 144-146. 21 Pedrára, Iruularismo, 172-173.

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excepción del periodismo, se ejercen paralelamente. Dicha distinción se debió, en gran medida, a los efectos de la modernización y de la reorientación general del país por el cambio de soberanía, como ya se ha señalado. También a la noción dominante sobre cultura de ese período, profundamente influida por el esencialismo y vitalismo del nacionalismo culturalista que arropaba a América Latina. Así, aun en un pensador con una agenda social tan definida como fue Pedreira, la cultura se percibía asociada al dominio de las Bellas Artes —sobre todo a la Literatura y a la Historia— y su práctica, una actividad intelectual de creación o reflexión liberadora y enaltecedora del espíritu, inclusive el nacional.22 Lascasas de la cultura Por tales razones el apartado cultura, como tal, era una ausencia conceptual y práctica en las plataformas de partido de esas primeras décadas aunque contaran entre sus cuadros a distinguidos letrados. Un patrón también identificable en las gestiones culturales hechas por el Estado, cuyo apoyo había sido, a lo sumo, esporádico o indirecto. Tal conducta no la inauguraba el nuevo régimen sino que había sido una constante del modelo colonial. De acuerdo al juicio de Bolívar Pagán:

Poco aliento del gobierno ha tenido la creación intelectual en Puerto Rico. Podemos señalar la anterior condición colonial como acicate... que en nuestras Letras ha inspirado el canto rebelde y el trino lírico, lo mismo que ritmos de tonos épicos a portaliras ilustres, y más fue acicate para la producción periodística de escritores eminentes que encendieron y mantuvieron vivas las llamas de la protesta y de los clamores libertarios... En cuanto a estímulo directo del gobierno, casi solamente podemos recordar... la Academia de Buenas Letras... (y) el famoso Instituto de Libre Enseñanza... Los posteriores empeños gubernamentales para la expansión del sistema escolar, no necesariamente pueden considerarse como estímulos para la creación literaria, salvo a contados escritores puertorriqueños que produjeron textos elementales de instrucción escolar para niños y adolescentes.23

22 No es hasta la década del sesenta y en el contacto con la antropología cultural que se amplía, al menos académicamente, un concepto de cultura como factor social y como agente de cambio social. Sobre este tema es imprescindible la obra de Eugenio Fernández Méndez para quien tanto la historia como la cultura pertenecen al desarrollo de las sociedades humanas en el espacio y el tiempo siendo las “...actitudes, creencias e ideas, juicios y valores; instituciones (legales, políticas, religiosas y económicas), códigos de ética y etiqueta; libros, máquinas, artefactos, ciencia y filosofía y todas aquellas capacidades y hábitos del hombre en cuanto miembro de una sociedad. En Historia cultural de Puerto Rico, (San Juan, Edics. El Cerní, 1971), 19. También en las vertientes alternativas de las tiendas sociales en los trabajos de C. Wright Mills, Eric Wolf y Sidney Mintz, del Centro de Investigaciones Sociales de la UPR, recogidos en The People of Puerto Rico, op. cit. 23 Bolívar Pagán, Interpretación del Instituto de Literatura Puertorriqueña, (San Juan, 1956), 5.

355 Para los gobernantes norteamericanos la cultura puertorriqueña era algo inexistente o embrionario y, por lo tanto, fácilmente maleable y asimilable. Para los políticos insulares, en la medida en que las agendas culturales fueron adquiriendo contornos más definidos, se iría convirtiendo, cada vez más, en un asunto controvertible. Pero en las primeras décadas lo que se destacan en los documentos programáticos de partidos son aspectos educativos y lingüísticos, centrales todavía, como en el XIX, en las agendas letradas. Más aún en el caso de Puerto Rico, en el cual dicho debate se vinculaba directamente con la posibilidad de la americanización y, por lo tanto, con la identidad cultural de la nación.24 Es, por lo tanto, en ese renglón donde se puede rastrear un debate cultural en las instituciones propiamente políticas, vinculado estrechamente a las líneas ideológicas dominantes de los partidos. Mientras, desde las casas de la cultura se iba forjando un modelo cultural que, aunque proyectaba un discurso nacional, no lo ataba a la constitución particular del Estado. Varias instituciones le fueron centrales, entre ellas: el Ateneo, fundado en 1876, la Universidad de Puerto Rico, fundada en 1903 y el Instituto de Literatura Puertorriqueña, fundado en 1935. Fueron lugares de cursos, seminarios y conferencias. También fueron focos de confección e irradiación de una ideología cultural criolla, pero de marcados contornos hispánicos, y en cuyo entramado numerosos letrados coincidieron al margen, inclusive, de líneas partidistas. Así, por ejemplo, encontramos a José Celso Barbosa como vicepresidente del Ateneo en 1900, precisamente el año en que se reformaron sus estatutos para permitir conferencias de carácter religioso y político, prohibidas bajo el régimen español y, posteriormente, a Bolívar Pagán. Algunos de sus presidentes fueron Juan Hernández López, Samuel R. Quiñones y Vicente Géigel Polanco. Hernández López, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de La Habana fue elegido senador por el Partido Unión en 1920 y por la Alianza en 1924 y 1928. Entre sus laureados encontramos a Francisco Zeno Vázquez con JSl obrero agrícola o de los campos (1922) e Influencia de la industria azucarera en la vida antillana y sus influencias sociales (1928) y entre sus conferenciantes, además de los ya señalados, a José Balseiro y Rafael Arjona Siaca. En la Universidad de Puerto Rico fueron distinguidos profesores: José Balseiro, Literatura Española; Juan B. Soto, Filosofía y rector de 1936-41; Vicente Géigel Polanco, Derecho y Ciencias Sociales. Además, el Instituto de Literatura Puertorriqueña fue resultado de la gestión legislativa del senador Bolívar Pagán, quien fue

24 Aún así en el Programa del Partido de la Independencia fundado en 1912 la defensa del bilingüismo en la educación es muy ambigua. No es hasta la fundación del Partido Nacionalista en 1922 que aparece, a nivel programático, una ex posición y defensa expresa de la cultura puertorriqueña.

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uno de sus miembros originales junto a Mariano Abril y Samuel R. Quiñones, entre otros. Posteriormente se les uniría el poeta y senador Cruz Ortíz Stella.25 Como Instituto su función era estudiar y premiar la producción de autores puertorriqueños publicadas en el país y fuera de él, recayendo ese premio en dos ocasiones tanto sobre José Balseiro con “Crítica y estudios literarios en Eugenio María de Hostos” y El vigía: ensayos de crítica literaria y musical, tomo III, como en Vicente Géigel Polanco con El despertar de un pueblo y Bases, naturaleza y caracteres de la legislación social. También fue premiado Samuel R. Quiñones con Temas y letras. En la labor periodística fueron honrados, además, José A. Balseiro, Vicente Géigel Polanco, Francisco M. Zeno y Bolívar Pagán. El impacto de estas casas de la cultura sobre la trayectoria de estos senadores se evidencia en la lealtad y la alta estima con que se refirieron, sostenidamente, a ellas. Ilustro con tres casos meritorios: Bolívar Pagán sobre el Instituto de Literatura Puertorriqueña, Vicente Géigel Polanco sobre el Ateneo y Juan B. Soto sobre la Universidad de Puerto Rico. En ocasión del homenaje que en 1955 le ofrece la Sociedad Puertorriqueña de Periodistas y Escritores, Pagán, “...alejado volun tariamente de toda actividad pública” evoca el origen y esta blecimiento de premios del Instituto de Literatura Puertorriqueña.26 En el retiro de “...la brega por los patrios ideales y la lucha por la emancipación y el mejoramiento de las masas trabajadoras de Puerto Rico” el evento auspició el encuentro con aquellos “con quien me han ligado nexos por lo que quizá fue y es la más fuerte vocación de mi espíritu.27 Se trataba, en palabras del viejo político, de “todos los compañeros y conciudadanos en nuestra República de las Letras”, una comunidad de mayor cimentación y de alianzas más longevas y solidarias que las comunidades políticas en las cuales Pagán participó e inclusive forjó.28 Sin embargo, el peso de las letras no fue en Pagán, como en muchos otros senadores, una nostalgia pasatista. Aun en plena gestión legislativa destacó la creación del Instituto de Literatura Puertorriqueña como su pieza legislativa más preciada, enfatizando: 25 La obra creativa de Ortiz Stella se desarrolló, en su casi totalidad, en Humacao y en la tertulia literaria congregada alrededor del P. Juan Rivera Viera. A la publicación de varios poem arios se unen ensayos varios, leyendas, apuntes biográficos y literarios, cantos y juegos infantiles que aparecieron en los periódicos del país. Fue elegido senador por el Partido Popular Democrático de 1944-68. 26 Pagán, Interpretación, 3. 27 Ibid., 3. Precisamente durante su retiro es que Pagán producirá en el campo historiográfico lo que se considera su obra más importante: los dos volúmenes de Historia de los partidos políticos puertorriqueños: 1898-1956 (1959) y Procerato puertorriqueño del siglo XIX (1961). 28 Ibid., 4. Pagán fue elegido senador por el Partido Socialista como miembro de la Coalición entre ese Partido y el Republicano en 1932. Fue reelegido en el 1936,1944 y 1948.

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...el valor que a mi juicio tiene la labor literaria en todos los países y a través de la historia, la importancia que la literatura tiene para perpetuar la personalidad y la gloria de un país, y la trascendencia de la labor literaria como instrumento de libertad, progreso y civilización del mundo.29 El Instituto de Literatura Puertorriqueño se sumaba, de ese modo, a otras instituciones que ya se habían destacado en el campo cultural. De ellas el Ateneo Puertorriqueño, una entidad al servicio de las artes, las ciencias y las letras, era la pionera. Estrechamente relacionado con las acciones y el pensamiento del sector letrado criollo desde su fundación en 1876, también había compartido sus avatares, entre ellos el impacto desmovilizador del cambio de soberanía sobre la vida intelectual. Ya en la década del treinta, un período central en la reorganización letrada, la Revista Indice lo designaba como “el caserón solariego de la cultura patria” y reclamaba su revitalización. En dicho proceso el relevo generacional fue instrumental:

Se inició entonces, 1934, el turno de los ateneístas jóvenes en la Presidencia: Samuel Quiñones, Emilio Belaval y el autor de estas memorias. Compañeros de estudios, de faenas literarias en la Universidad, y ahora compañeros de profesión, al coincidir los tres en la Junta de Gobierno del Ateneo, lo natural es que, después de varios años de conocimiento de las labores y funcionamiento de la Institución... Hermanando programas y proyectos, sería dable imprimir a la Docta Casa la mayor vitalidad.30 Los debates estudiantiles en que participaron como simpatizantes de la Ju ventud Nacionalista del Partido Unión, los movimientos de vanguardia a los que se afiliaron como poetas, las revistas literarias como Indice y Revista del Ateneo en las cuales exploraron la ensayística y las casas culturales fueron, pues, los primeros foros en los cuales despuntaría una brillante carrera pública que, en las filas del Partido Popular Democrático, llevaría tanto a Quiñones como a Géigel Polanco al Senado, entre otras distinciones. En el Ateneo ensayarían posiciones de liderato y habilidades administrativas. Un muestrario de varios de esos logros se impone: se amplía y populariza la actividad teatral con la creación del teatro rodante, se diseñan programas de estudios literarios e historiográficos, se funda la Academia Puertorriqueña de la Historia y se resucita la Revista del Ateneo, cuyo último número databa de 1906. También se crea en 1939 el Instituto de Libre Enseñanza cuyo objetivo era, de acuerdo a su fundador:

29 “Entrevista de Angela Negrón Muñoz”, Ideales en marcha, (San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1939), 33. 30 Mis recuerdos del Ateneo, (San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1976), sin página.

358 “...democratizar la enseñanza, divulgar el deber y poner la cultura en contacto directo con el pueblo.”81 De modo paralelo la Universidad de Puerto Rico asumía, progre sivamente, un papel cada vez más visible en las agendas culturales. Fundada en 1903 se orientó, inicialmente, a proveer de maestros, con conocimientos de inglés, al sistema de instrucción pública y al desarrollo de aspectos de tecnología agrícola. Ya en la década del veinte empieza a reclamar un estatuto de mayor independencia del Departamento de Instrucción Pública, ampliación de los estudios académicos y profesionales y acomodo del sector letrado criollo. Estos reclamos cobran particular importancia a la luz de lo que significó, en términos de relevo generacional, en la configuración ideológica de un sector letrado formado en universidades extranjeras, particularmente españolas y norte americanas, debido a la ausencia de instituciones de educación superior en el país, y un sector letrado que se formaba, cada vez en mayor número, en las aulas riopedrenses. A esas demandas se unirá, a partir de la década del treinta, la urgencia de una reforma universitaria que abarcara todos los ámbitos universitarios. También la creación de ciertos espacios alrededor de los cuales se iba generando una discusión sobre aspectos y proyectos fundamentales de la cultura puertorriqueña, como fue el Departamento de Estudios Hispánicos de 1927, que influyera profundamente el pensamiento de aquellos que, como Quiñones yGéigel Polanco, desempeñarían funciones vitales en la cultura política del país.32 Dicho impacto es reconocible, por ejemplo, en la filosofía universitaria de la rectoría de Juan B. Soto de 1936 al 41. La misma se resume en una ponencia ofrecida en el Ateneo, en la cual adjudica a la Universidad la misión de “orientar la cultura patria”.83 A su desempeño como rector le antecedía la experiencia senatorial por la Alianza, fusión de los Partidos

81 Ibid. 82 La trayectoria letrada de Gíigel Polanco, “cerebro mágico” como fue conocido, es sumamente abarcadora. Su prolijidad como poeta, orador, ensayista y periodista se complementa con la variedad y el compromiso con que asumió su vida pública, en la cual dominó un marcado interés por la reforma y la justicia social y económica. Interés quemarcó su gestión en el antiguo Negociado del Trabajo, en la División de Investigaciones Económicas y Sociales del Departamento del Trabajo, en el Senado de Puerto Rico, en la cátedra universitaria y como procurador general. Posterior a su retiro del servicio público Géigel ingresaría al Partido Independentista Puertorriqueño. 83 Juan B. Soto, “La función de la Universidad”, Foro de 1940: Problemas de la cultura puertorriqueña, (Río Piedras, Editorial Universitaria, 1976), 232. Sobre la gestión de su antecesor dice Jaime Benitez: “Juan B. Soto, quien continuó el ritmo de expansión trazado por la administración anterior y, bajo circunstancias muy difíciles, preservó los estudios umvasitarios libres de la intromisión política, haciendo esto en mucho mayor grado de lo que se le ha reconocido hasta ahora.” “En la clausura del cincuentenario”. La Torre, número 3 (1953).

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Unión y Republicano, en 1924 y 1928. Previamente, su formación en Derecho y Filosofía lo habían llevado a formular su concepto de lo que debía ser la legislación: al igual que la educación, menos metafísica y especulativa y más científica y experimental: La tendencia de la legislación actual, como todo lo que corresponde al espíritu contemporáneo, es aprovecharse de las verdades comprobadas por la investigación científica, para legislar de conformidad con la demanda de civilización de nuestros tiempos.34

Si el Ateneo dirigía el quehacer cultural por nuevos caminos, la Universidad de Puerto Rico era el laboratorio ideal para la formación de los que serían los cuadros dirigentes del país, los cuales, al ocupar posiciones visibles de política pública, refrendarían viejos y nuevos lazos. Uno de esos cuadros, Vicente Géigel Polanco, había iniciado su trayectoria de orador y ensayista en las aulas universitarias. Ya en el Senado elaboró y defendió el proyecto inicial de reforma universitaria que cual sería aprobado en 1942, con la participación activa del presidente del Senado, Luis Muñoz Marín. En una conferencia en la Universidad de Puerto Rico en 1941, Géigel propone, como lo había hecho Quiñones en “Cultura y política”, no sólo la reconciliación de ambas prácticas, sino su puesta en marcha simultánea:

¿Cómo ha de ser la nueva Universidad de Puerto Rico?... ¿Qué concepto de cultura ha de inspirar sus afanes? ¿Qué papel ha de asumir en cuanto a las realidades contemporáneas? ¿Qué vinculación ha de tener con el pueblo? ¿En qué medida ha de ser orientadora de la comunidad?35 Más que interrogantes, las preguntas de Géigel eran convocatorias. Hasta ese momento las casas de la cultura habían sido los pilares de un debate cultural que en muy pocas ocasiones había incursionado fuera de esos ámbitos, con la excepción notable de la doctrina panamericanista de puente entre dos culturas. Pero a alturas de los cuarenta, y con la virtual hegemonía del Partido Popular Democrático en todo el aparato gubernamental, cobraron una significación especial en términos de política pública. Al promover un modelo de cultura defensora de lo que consideraban las tradiciones legítimas del país que armonizaran, a su vez, con las aspiraciones de modernización de los nuevos tiempos, estas instituciones —y los agentes y las prácticas que las caracterizaron—, se convirtieron en mediaciones insuperables entre la demanda de

34 Juan B. Soto, Pensamiento sobre la historia: su Zey y su causa (Mayagüez, La Bandera Americana, 1912), 8. 35 “La reforma universitaria”, El despertar de un pueblo, (San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1942), 178-79.

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democratización de la vida pública y la nacionalización cultural del país. Géigel lo expresa en los siguientes términos al referirse a la Universidad: En este proceso de renovación puertorriqueña compete a la Universidad una posición de liderato...Ya el campesino, ya el analfabeto, ya el hombre iletrado de llanos y montañas... cumplió con su deber... dignificó su ciudadanía... hizo limpio uso de su franquicia electoral para facilitar el establecimiento de un gobierno democrático, capaz de encauzar la vida puertorriqueña por derroteros de justicia social.36

La coincidencia entre los planteamientos de Quiñones, Soto y Géigel Polanco excede, por lo tanto, el marco de iniciativas o planteamientos personales propios de la configuración letrada, al menos en tomo a la relación cultura y política, de las primeras décadas. La misma se explica mejor en el contexto del modelo cultural promovido por el Estado en las décadas siguientes, el cual encuentra una de sus primeras formulaciones en las palabras de quien sería el nuevo presidente del Senado, Luis Muñoz Marín. Me refiero a la ponencia “Cultura y democracia” presentada en el Foro de 1940: Problemas de la cultura puertorriqueña auspiciado por el Ateneo Puertorriqueño.37 La ocasión no podía ser más propicia. El Foro reunió tanto a intelectuales tradicionales como a intelectuales orgánicos a grupos sociales emergentes. Urbanos, educados y sofisticados se distinguían, no sólo en las profesiones liberales, sino también como técnicos, financieros y funcionarios gubernamentales. Ante ellos expuso Muñoz Marín, otrora periodista, poeta y ensayista; ahora orador y militante político, lo que denominó “cultura democrática”.38 Para Muñoz, distante de la suspicacia que le provocaba a Mariano Abril, la cultura era un componente insoslayable de la política. Ambas lo habían sido, al menos, en la propia trayectoria del senador. Celebrado por la bohemia puertorriqueña a su llegada de la nueva y moderna metrópoli, se le reconoce de inmediato su condición de periodista y poeta de avanzada: ...Muñoz Marín noe inició a mí y a Palés en el conocimiento de varios délos poetas norteamericanos que estaban entonces en el candelero. Vachel Lindsay, Edgar Lee Masters, Robert L. Frost, Edwin Markham, etc. De estos elegidos de las musas, Muñoz sabíase de memoria algunos trabajos

36 Ibid., 198. 87 Ver sobre este tema María Elena Rodríguez Castro “Foto de 1940: Las pasiones y los intereses se dan la mano", Afanes nacionales: Cultura y política en Puerto Rico (Río Piedras, Edics. Huracán, en preparación). 38 Ver este tema en Silvia Aguiló, “Idea y concepto de la cultura puertorriqueña en la década del cincuenta”, (Tesis de maestría, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1987).

361 poéticos, los cuales declamaba, en plena ruralía borinqueña, con una copetuda y presuntiva pronunciación bostoniana.39

Poco después Muñoz se dedicaría de lleno a la política aunque sin abandonar sus lazos con los círculos literarios del país ni con el periodismo, la ensayística y la oratoria. Años más tarde, y recordando sus andanzas literarias con, entre otros, Palés Matos, Bolívar Pagán y Manuel Martínez Dávila —director de Pancho Ibero, revista de literatura y política y senador por el Partido Unión en 1920— señala Muñoz:

...la política capturó totalmente mi imaginación cuando la asocié con la justicia y la creatividad que son, después de todo, funciones de la poesía— de la poesía que no se escribe porque gasta toda su energía en vivirse.4** A pesar de ese abandono relativo la cuestión cultural estaría presente tanto en su gestión legislativa como gubernamental. Los postulados de “Cultura y democracia” adelantan ya sus contenidos. Para Muñoz la cultura no se limita a la producción de una élite intelectual o artística sino que, como la democracia, “...es una actitud hacia la vida, es una manera de vivir la vida” donde la democracia es el garante de la cultura, la fuerza que integra el consenso de los valores y el reconocimiento de las normas sociales asegurando la estabilidad y la transmisión de la cultura.41 La ponencia termina haciendo un llamado a la cultura militante que una lo intelectual y la espontaneidad y vitalidad de los fines y luchas colectivas. En los próximos años, y en numerosos foros y ensayos, Muñoz elaborará dicho concepto de cultura a la vez que la hará extensiva a su programa de gobierno. Así, por ejemplo en la Carta Orgánica de la Ley de Reforma Universitaria del 1942 se enfatizaba que la Universidad de Puerto Rico debía servir a la cultura democrática dentro y fuera de Puerto Rico, ampliando el radio de su acción cultural con el apoyo expreso de una mayor instrumentalización gubernamental. Los contornos definitivos del concepto de “cultura democrática” se asociarán, posteriormente, a mejoras de carácter social y económico y a la combinatoria de “los factores emotivos y espirituales de la democracia española con los diñármeos y

89 de Diego Padró, Luis Palés, 23. Muñoz cursó estudios de periodismo en laUniversidad de Columbia, Nueva York, en donde editó Revista de Indias, dedicada a la cultura hispanoamericana, y colaboró en American Mercury, The Nation y The New Republic, prensa de marcada orientación social. Influido por la corriente social del Modernismo escribió varios poemas, recogidos en sus Memorias, y tradujo poetas de lengua inglesa como Walt Whitman y Edwin Markham. De regreso a Puerto Rico publica en 1917 Borrones, libro de artículos y cuentos, y Madre haraposa, en colaboración con Antonio Coll y Vidal y Evaristo Ribera Chevremont. En su retiro escribe sus Memorias y La historia del Partido Popular Democrático. 40 Memorias, (San Juan, Universidad Interamericana, 1982), 30. 41 Foro de 1940, 274.

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organizativos de la democracia americana”.42 El mismo se acompañará, a partir de la Constitución del Estado Libre Asociado, de una creciente legislación que lo divulgaría y legitimaría a partir de la década del cincuenta. De las publicaciones al foro público

Pero no toda la actividad letrada se orientó en tomo a las instituciones mencionadas. Gran parte se desarrolló en las revistas, en la prensa y en los foros de expresión pública, en particular aquella afiliada a las ideologías anexionista y socialista. El periódico desempeñaría un papel fundamental en la difusión de la obra y pensamiento de muchos letrados, sobre todo si se considera que se trataba, hasta muy entrado el siglo, de una prensa expresamente política. Muchos de sus colaboradores no eran periodistas profesionales sino hombres de partido o escritores tradicionales impulsados por las exigencias políticas del momento. En El periodismo en Puerto Rico de Antonio S. Pedreira se señala que, con el cambio de soberanía, desaparecieron la mayor parte de los rotativos conservadores, excepto el Boletín Mercantil. Además, la prensa liberal que sobrevivió, como La Correspondencia (1890) —de la cual fue director Francisco M. Zeno— y La Democracia, fundada en 1890 por Luis Muñoz Rivera y dirigida por Mariano Abril en 1895, Muñoz Marín del 1926-27 y del 1932-36 y Samuel R. Quiñones en 1937, acomodaron sus criterios e informaciones a los nuevos reordenamientos políticos del autonomismo en los Partidos Unión y Liberal.43 Otros periódicos de orientación autonomista pero de ubicación regional y de corta duración también surgieron durante esos años. Un ejemplo es la infatigable labor periodística de Juan García Ducós quien fundara en Aguadilla La Unión y El Pueblo y, en San Juan, La Estrella. García Ducós sería elegido senador por el Partido Unión en 1917 y 1920 y por la Alianza en 1924. Por otro lado se fortalece la prensa anexionista con El País, fundado en 1895 como diario autonomista y luego como portavoz del anexionismo en 1932 por Rafael Martínez Nadal quien, al igual que José Celso Barbosa, sería su director. También con El Aguila de Puerto Rico, fundado por

Luis Muñoz Marín, La historia del Partido Popular Democrático (San Juan, Edit El Batey, 1984), 33. Entre las numerosas piezas que escribió sobre este tema resaltan “El buen saber del jibaro puertorriqueño”, “Lo que queremos hacer del futuro”, “La altura de nuestra democracia” y “El estilo de vida puertorriqueño”, incluidos en Eugenio Fernández Méndez, Antología del pensamiento puertorriqueño: 1900-1970 Tomo I. (Río Piedras, Edit Universitaria, 1975). 43 Sobre la relación entre La Democracia y el autonomismo ver Mari ano Negrón Portillo, El autonomismo puertorriqueño: Su transformación ideológica, 1895-1914, (Río Piedras, Edics. Huracán, 1981).

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Martínez Nadal y órgano del Partido Republicano de 1902-34; La Bandera Americana (1904), El Combate (1908) y El Globo (1924), fímdados por Martínez Nadal. En 1907 José Celso Barbosa fundaría El Tiempo con una política editorial que defendía la americanización del país y los ideales y las instituciones norteamericanas. El Tiempo añadía, además, a las secciones informativas y editoriales, caricaturas, crónica social, sección inglesa y secciones literaria y de deportes (estas últimas incorporadas también a El País). Al periodismo de orientación autonómica y anexionista se sumó una entusiasta prensa obrera alentada por los avances significativos en organización y movilización que había experimentado la clase trabajadora.44 Iniciada con El Artesano en 1874, la prensa obrera se traducirá en otros periódicos y revistas, generalmente de corta duración, de las cuales se destacarán Ensayo Obrero de 1897y Unión Obrera de 1908, afiliada a la Federación Libre y al Partido Socialista. Sobre su importancia expone su director: Las organizaciones obreras deben prestar gran atención a la prensa y hacer que cada año tenga un mayor círculo de acción. La prensa es la que lleva a la opinión pública los progresos y campañas de las uniones, es la que protesta de las injusticias que con los trabajadores se cometen, es el centinela que vela constantemente por nuestro prestigio, es la que pone en relación directa a las organizaciones obreras de países lejanos con los nuestros.48 En 1915 se publica El Imparcial, de corte literario y orientación hispanista. En 1919 aparece el gran diario matutino de la época, El Mundo, con una sección literaria y gráfica, “Puerto Rico Ilustrado”, dirigida por José Balseiro, y con una enorme acogida en los círculos letrados. Con estas publicaciones y con la presencia, además, de una prensa deportiva —El Hípico, por ejemplo,— y de habla inglesa como Porto Rico Review y The Palm, se debilitaba la prensa política puertorriqueña. A la par del periódico el cambio de siglo vio la aparición de revistas de diversa índole en las que colaboraron letrados de todas las ideologías políticas. Basta rescatar alguno títulos. El Carnaval, revista satírica,

44 Sobre loe modelos de cultura alternativos desarrollados por la clase obrera ver Ricardo Campos, “Apuntes sobre la expresión cultural obrera en Puerto Rico”, Mimeo, Universidad de Puerto Rico, Colegio de Ciencias Sociales, 1974; Rubén Dávila, El derribo de las murallas: Orígenes intelectuales del socialismo en Puerto Rico, (Río Piedras, Edit Cultural, 1988); Gervasio García y Angel Quintero, Desafío y solidaridad, (Río Piedras, Edics. Huracán, 1982); Angel Quintero, “Socialista y tabaquero: la proletarización de los artesanos”, Sin Nombre, VoL III, número 4 (1978), 101-137; Julio Ramos, Amor y anarquía: los escritos de Luisa Capetillo, (Río Piedras, Edics. Huracán, 1992); María Elena Rodríguez Castro, "Oir leer Tabaco y cultura en Cuba y Puerto Rico”, Caribbean Studies, 24:34 (1991), 203-221. 48 Unión Obrera, (enero 22,1905).

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literaria y política fundada por Joaquín Barreiro y en la cual Rafael Martínez Nadal sería critico de teatro y de deportes en 1907; Puerto Rico Ilustrado (1910), semanario gráfico y literario fundado por los Hermanos Real; Revista de las Antillas (1913-1914), dirigida por Luis Lloréns Torres y de orientación antillana e hispanoamericanista, de la cual fuera frecuente colaborador Mariano Abril; Juan Bobo (1915-17) semanario satírico literario, fundado por Lloréns Torres y Nemesio Canales, cuya orientación más social lo apartan del sector más conservador de la élite patriótica (en 1916 se convierte en Ideariumy, Pancho Ibero (1917-1930), revista sabatina de literatura y política bajo la dirección de Manuel Martínez Dávila, abogado, senador por el Partido Unión en 1920 y por la Alianza en 1924 y literato, destacándose en la poesía, el ensayo con su libro de crítica modernista, Lo azul en el arte (1929) y la novela con La venus del patio (1933) de tema sentimental y ambientación bohemia; y Los Quijotes de 1925. También revistas literarias como A.B.C. y Vórtice, fundadas por Ernesto Juan Fonfrías, poeta, cuentista y periodista y senador por el Partido Popular del 1944 al 1965. De estas revistas, afines al temario y formato modernista plural e innovador, la década del treinta preferirá revistas moderadoras de la renovación estética, pero propulsoras de una renovación de marcado carácter ético y social. Indice (1927-29) y la reanudación en 1935 de la Revista del Ateneo, ambas con un acusado perfil de nacionalismo cultural, serian las más representativas. Indisasociables de sus páginas son letrados como Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones y Francisco M. Zeno y José Balseiro, quien, aunque de ideología política anexionista, se sentía culturalmente identificado con la corriente hispanista que caracterizó esas revistas. Balseiro colaboró, también, en Ambito (1934-37), revista universitaria de difusión del pensamiento y en Brújula (1934-37), revista del Círculo de Maestros de Español. Poeta, novelista, crítico, educador y orador, educado en Puerto Rico, España y Norteamérica, fue uno de nuestros escritores más prolíferos. Tras incursionar en las corrientes románticas, modernistas y vanguardistas en su obra de creación, el ensayo de critica literaria se ha reconocido como su campo de mayor competencia, sobre todo aquellos recogidos en las colecciones que llamó El vigía. De vuelta de la docencia en Estados Unidos es elegido senador por el Partido Unión Republicana en 1942 aunque regresa a la cátedra universitaria finalizado el término. Precisamente es ante la Asociación de Maestros en 1956 que Balseiro presenta su modelo magisterial para la sociedad puertorriqueña. Para Balseiro la aspiración del hombre culto debe unir la utilidad a la sabiduría y esto es posible mejorando las relaciones entre lo hispánico y lo anglosajón: Educación no es sólo instrucción académica. Es un hecho social: saber dónde y cómo vivimos; quiénes son nuestros vecinos y cuáles nuestras

365 relaciones con ellos; qué contacto nos favorecen —en el más elevado orden científico, ético y cultural— y el curso a seguir para establecerlos sobre sólidos estribos.46

Balseiro no era un caso único en las filas anexionistas. Rafael Martínez Nadal, abogado y senador republicano del 1920 al 1944, desempeñó la presidencia de dicho cuerpo desde 1932 a 1940 en las filas de la Coalición. Martínez Nadal defendió durante toda su vida la estadidad federada para el país, tanto en la tribuna pública como en su actividad periodística. Como orador destaca su “Discurso sobre el idioma de 1915”, en el cual se enfrenta en debate parlamentario con José de Diego sobre la imposición del inglés en la educación. En esa ocasión Martínez Nadal defendió la necesidad de la enseñanza obligatoria en inglés y el paso del español a asignatura preferente como enriquecimiento cultural y preparación a la eventual anexión.47 Sin embargo, y en parte, tal vez, por su educación en Barcelona, su dedicación a las letras se mantuvo en los moldes más tradicionales déla literatura hispánica. Martínez Nadal incursiona en la actuación y la crítica teatral, en la novela —La hoguera (1908) y Cuando el amor muere (1908)—, la crítica literaria —su edición de los Autógrafos de Federico García Lorca— y en la crónica con su recopilación Tempraneras (1908) en la cual, en artículos como “La agonía del arte” y “Arte y juventud puertorriqueña”, se lamenta de que la utilidad del Norte ha atrofiado las imaginaciones latinas. Esas contradicciones de Balseiro y Martínez Nadal entre el hombre de ley y el de letras fueron sintomáticas de la ausencia de un modelo y de una propuesta cultural entre las filas anexionistas, una de sus grandes debilidades, no empero en qué partido se localizaran: Republicano, Republicano Puro, Socialista o Unión Republicana. Una ausencia que en las filas del autonomismo se traduje más bien en ambigüedad. Agrupados ya fuera en el Partido Unión, Alianza, Liberal o el Partido Popular Democrático, oscilaban entre

46 “Nuestro maestro, nuestra escuda y nuestro pueblo”, en: Mariana Robles de Cardona, Búsqueda y plasmación de nuestra realidad, (San Juan, Edit Club de la Prensa, 1958), 211. 47 El debate del idioma reaparecerá constantemente en los debates parlamentarios. Un hito importante fue la discusión que suscitó el Proyecto Núm. 26 de 1945 que presentó Rafael Arjona Siaca en defensa del español en la educación y que fuera vetado por el presidente Truman. Arjona Siaca fue elegido senador por el Partido Popular Democrático en 1944 y apoyó el proyecto Tydings, que ofrecía la independencia a Puerto Rico, un proyecto duramente combatido por Martínez Nadal como una ofensa a la dignidad y la lealtad del pueblo puertorriqueño a los Estados Unidos según se expresa en su ensayo “Anteel altar de la patria”. Arjona Siaca fue fundador del Partido Independentista Puertorriqueño en 1948 y se destacó en la oratoria y el ensayismo político, en el cual defendió la autodeterminación. Ver Statehood for Puerto Rico: Text of a Public Letter to the Honorable Robert Gore on the Ocassion of His Recent Jnauguration as Governor (1933) y The ConstitutionalResponsibility of the United States of America in Puerto Rico (1934).

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tendencias de separatismo gradual como Mariano Abril hasta de asociación permanente como Luis Muñoz Marín. Necesariamente sus posturas ante las agendas culturales participaban de ese mismo prisma. En términos generales defendían la americanización como la obtención de mayores libertades políticas y desarrollo económico. Por otro lado, defendían el modelo cultural hispánico fundamentado en el catolicismo, las costumbres tradicionales y la defensa del idioma. Mientras los anexionistas hacían malabares para establecer nuevas lealtades y tradiciones afiliadas a la cultura y a las instituciones norteamericanas. Como señala Aarón Ramos en su lectura de “Discurso del 4 de julio” de Martínez Nadal:

Los anexionistas... veían la sociedad como un conjunto de individuos leales a un estado, el norteamericano. Estas percepciones contradictorias tuvieron múltiples manifestaciones y consecuencias. Á veces éstas se expresaron en el uso ambiguo de la noción de pueblo, al tratar de buscar recursos de identidad fuera de la sociedad puertorriqueña. Por ejemplo, celebrando festividades patrióticas que formaban parte de la vida e historia del pueblo norteamericano e idealizando la ciudadanía de los Estados Unidos.48 El campo socialista se encontraba, igualmente, en un proceso de articulación de un modelo cultural afín a su proyecto político. En nombre de las reivindicaciones obreras, del progreso, la civilización y la educación igualitaria se distanciaba de las agendas culturales autonomistas y anexionistas, aunque políticamente se inclinara a esta última, sobre todo bajo el liderato de Santiago Iglesias Pantín y el Partido Socialista. De la primera la separaba el conservadurismo social y moral de los partidos tradicionalmente asociados al liberalismo ante la defensa de la libertad o ausencia de culto, el sufragio femenino y otros asuntos que fueron centrales para el pensamiento obrero. Del segundo, la transferencia de lealtades que no estuviesen atadas a identidades de clase como se indica en Ensayo Obrero de 1897: “...sin más patria que el taller y sin más religión que el trabajo.”49 Sin embargo, estos elementos diferenciales se irían reduciendo y relativizando, avanzado el siglo, en la medida en que las tendencias anexionistas dominaran sobre el movimiento obrero. Destaca, por ejemplo, la decidida defensa de Bolívar Pagán y de Moisés Echevarría de la personalidad jurídica de la mujer en artículos que llevan el mismo nombre: “El sufragio femenino”. También la defensa de la importancia de la palabra en la difusión del conocimiento y en la

48 Las ideas anexionistas en Puerto Rico bajo la dominación norteamericana, (Río Piedras, Edics. Huracán, 1987). 49 Citado en Dávila, El derribo de las murallas, 28.

367 administración de la justicia. Tanto en Virtudes y defectos, un ensayo de 1918, como en “Libertad de palabra hablada y escrita” de la colección de crónicas Verbo Rojo de 1927, la oratoria, los periódicos y las revistas son “...un derecho que debe mantenerse en toda su amplitud” como arma contra “...aquellos hombres que no solo comercian con el nombre de la patria sino que hasta el honor de ellos mismos lo exponen a pública subasta”.50 El propio Echevarría fue fundador de los semanarios El Alba Roja (1818) y La Tribuna (1925). Fue elegido senador por el Partido Socialista en 1928,1932 y 1936, gestión que relata en su libro Doce años de vida parlamentaria. La escritura obrera fue desarrollando, además, un estilo definido, que unía al tono de denuncia un lirismo altamente expresivo. El mismo se identifica en las palabras inflamatorias de Bolívar Ochart al denunciar su arresto y encarcelación en 1920 por sus actividades de protesta contra la Central Juncos: Mi discurso mordió, como tenazas candentes, la conciencia de los tiranos; y como el rumor de un mar embravecido, un murmullo persistente y profundo que en País se hubiera tomado, cuando la toma de la Bastilla, por el ruido formado por el derrumbamiento del Castillo de la Tiranía.51

Ese mismo tono informa El racket del Capitolio (1944), libro del socialista Epifanio Fiz Jiménez, en el cual se denuncian los estilos senatoriales de la Coalición y la sumisión de la legislatura criolla ante los administradores norteamericanos. Fiz fue elegido senador por el Partido Socialista en el 1932 y 1936 y posteriormente ingresaría al Partido Popular Democrático. Ya retirado escribiría Comerlo y su gente (1957) y Bayamón y su gente (1960), libros de marcado temario y lenguaje costumbrista. Lo cierto es que la prensa, las revistas y las editoriales alternativas permiten acercamos a la obra de otros senadores que no frecuentaron, necesariamente, los géneros tradicionales pero que ejercieron las letras en la escritura rápida del periódico, en la reflexión meditada del ensayo y en la urgencia y apasionamiento de la oratoria. Entre esos ensayistas y oradores, en los cuales las leyes orientaron siempre el trazado de la letra, destacan Antonio R. Barceló, senador por el Partido Unión en 1917y 1920, por la Alianza en 1924 y 1928 y por el Partido Liberal en 1932 y 1938, ocupando el honor de la primera presidencia del Senado de 1917-30; Francisco M. Zeno, sociólogo e historiador, elegido senador por el Partido Unión en 1920 y la Alianza en 1924 y 1928; José Celso Barbosa, senador

50 Verbo rojo, (Ponce, 1927), 33. 81 Mis dos años de prisión, (San Juan, 1919), 64. Ese mismo año publicaba en Humacao, al estilo de gran parte de la literatura obrera, un folletín de divulgación de información y de protesta, “El sangriento motín producido por los policías la noche del 12 de marzo de 1919 en Fajardo”. Ochart fue elegido senador por el Partido Socialista en 1932,1936 y 1940.

368 por el Partido Republicano en 1917 y 1922 y José Tous Soto, elegido senador por el Partido Republicano en 1917 y 1920. Los trabajos de Zeno Vázquez, El obrero agrícola o de los campos (1922) e Influencias de la industria azucarera (1928) lo ubican en una corriente sociológica que incluye, entre otros, a Eugenio María de Hostos, Salvador Brau y Francisco del Valle Atiles. Pero, a diferencia de los anteriores, Zeno, como muchos otros miembros del Partido Unión, no es el portavoz de un sector criollo liberal de aspiraciones hegemónicas, sino de otro momento de ese sector, ligado a la pequeña y mediana tenencia de tierras, pero duramente golpeado por el nuevo modelo y las nuevas fuerzas económicas.52 De las filas del Partido Unión también es quien seria su presidente, Antonio R. Barceló. Para el avezado político la oratoria solemne y el periodismo sobrio e incisivo (articulista de El Mundo, La Correspondencia y La Democracia), formaron parte de sus múltiples escenarios de exposición y propaganda ideológica y partidista. Junto a José Tous Soto, uno de los ideólogos más importantes del anexionismo, acordó el pacto entre los Partidos Unión y Republicano que culminaría en la Alianza de 1924-28. Dicha fusión mediatizó los reclamos de estadidad inmediata que habían orientado al Partido Republicano aceptando el autonomismo como una forma gradual de alcanzar ese fin. Esa postura se define en El futuro status de Puerto Pico (1923) de Tous Soto y en su “Carta a La Democracia de 1925”, en la cual compara el estado colonial con la “crisálida de la nacionalidad”, para Tous Soto la paulatina transformación de la “isla criolla” en un estado de la unión. Como orador destaca, además, su “Homenaje al Doctor Celso Barbosa” de 1922. En la retórica grandilocuente que también caracterizó sus ensayos, Tous Soto declara que el genuino ideal nacionalista es la federación: ...la fórmula del derecho público concebida para dar unidad a Pueblos soberanos que teniendo ideales e intereses comunes, deseen ligarse para ciertos propósitos, conservando su personalidad y su soberanía, su característica e idiosincrasia53

Barbosa también se había distinguido en la oratoria como en el periodismo y el ensayismo político. Representó la tendencia más liberal en las filas republicanas anticipando en la anexión un mayor movilismo 62 Francisco M, Zeno fundó y presidió la Asociación de Productores de Tabaco de Puerto Rico y la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Integró la mesa editorial de El Agricultor Puertorriqueño en 1925 y dirigió La Correspondencia de 1931-32. Para una exposición de las corrientes ideológicas de ese sector en la década del veinte ver Silvia Alvarez Curbelo, “Un discurso ideológico olvidado: Los agricultores puertorriqueños (1924-28)”, Op. Cit., número 2, (1987-88). 68 Incluido en Regino Cabassa Túa, Antología de oradores puertorriqueños del pasado, (San Juan, Instituto de Cultura puertorriqueña, 1978), 329.

369 social, la instalación de instituciones republicanas de gobierno y la garantía de derechos ciudadanos. Ese ideario liberal, que en ocasiones asumió ribetes populistas, está muy presente en su extensa obra, afortunadamente recopilada en varios tomos por Pilar Barbosa bajo el título Obras completas. También está presente su imagen de la nacionalidad y de la cultura puertorriqueña como una patria regional, como se advierte en sus ensayos “Conversación familiar” y “En charla con el pueblo puertorriqueño”. En el primero Barbosa advierte que el sentimiento regional no está en conflicto con el nacional sino que, al contrario, lo engrandece. El segundo, en una crítica velada a los reclamos de hijos del país de la élite patriótica, los llama ajenos, postulando otras identidades sociales posibles:

...siguen siendo grandes señores, dominando en los bancos, en el comercio y en la industria, y nosotros, pobres boricuas, vegetando; esclavos de los hijos ajenos, sin arraigo, sin influencias, sin poder...64 En El problema del color (1937) Barbosa, un médico negro educado en los Estados Unidos, aborda uno de los asuntos más controvertibles de la sociedad puertorriqueña: la cuestión racial. Para Barbosa el racismo es un problema de índole social y no cultural, superable con el triunfo del orden y el progreso. Además, aminora substancialmente la tensión racial al interior de la sociedad norteamericana y aconseja que, aún en menor grado, no es aconsejable su importación a la vida insular. La postura de Barbosa es sumamente interesante cuando se contrasta a la sostenida en el campo liberal, expuesta, por ejemplo, en El prejuicio racial en Puerto Rico (1938) de Tomás Blanco donde, a la versión de la crueldad e insensibilidad del racismo norteamericano, se opone la versión de un paternal racismo criollo. También se expone la deseabilidad de un blanqueamiento gradual de la población, tesis que, probablemente, Barbosa no subscribiría. Para concluir, desde las casas de la cultura, en la producción literaria, en los foros públicos, en la prensa y las revistas del país, estos senadores forjaron lazos de afiliación cultural y profesional que, en muchas ocasiones, mediaron y moderaron los arduos debates y agudas diferencias que sostuvieron en el escenario legislativo. Además, y aunque posicionados en el campo literario en diferentes trincheras —algunos en la defensa de un estilo sobrio o lírico de acuerdo con las estéticas tradicionales o en la defensa de la experimentación de la vanguardia—, proveyeron al lenguaje público de una tónica culta y un registro amplio de referencias que, al abarcar extensas zonas del conocimiento humano—la

64 Incluido en Fernández Mánde», Antología, 123.

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historia, la literatura, la filosofía, la sociología, el derecho, entre otros— ampliaron las perspectivas de mira de los debates parlamentarios. Fueron, sobre todo, enlaces necesarios entre el campo cultural y el campo político del país, la posibilidad de afinar al unísono dos componentes fundamentales de nuestra vida nacional. Una afinación ensayada en dos casas: las de la cultura y las de la política. Esa función mediadora se la tragaría, como tantos otros elementos de la vida puertorriqueña de la primera mitad de siglo, el paso arrollador de la modernización acelerada promovida por el cambio de modelo económico y político de las décadas siguientes. Un cambio que trasladaría la agenda personal del letrado a la agenda impersonal del Estado. DEL LETRADO A LA AGENDA GUBERNAMENTAL

Se señalaba en este ensayo que, tanto bajo el régimen colonial español como en el norteamericano, los debates y agendas relativos a la cuestión cultural fueron mínimos y, relativamente, insignificantes. En el ámbito criollo, sin embargo, es identificable desde el siglo XIX un sector del campo intelectual que aúna, a los debates propiamente artísticos, una profunda reflexión y elaboración de un modelo de cultura nacional. No obstante, y a pesar de que muchos letrados militaron en las filas de los partidos políticos, este modelo se mantuvo parapetado bajo las líneas programáticas relativas a políticas educativas y lingüísticas. Políticas particularmente urgentes ante el cambio de modelo económico y político y su repercusión en la configuración social tradicional puertorriqueña, como ante el proceso de americanización iniciado tras el cambio de soberanía. Un breve repaso de esas líneas, en partidos representativos de las tendencias ideológicas dominantes, recrea ese panorama. Por ejemplo, en 1917, año de la fundación del Senado, el Partido Unión, representante de pequeños y medianos propietarios de tierras, comerciantes y profesionales liberales, enfatiza en su “Resolución y Programa” la necesidad de granjas modelos y escuelas rurales de “enseñanza agrícola y subordinadas a la experimentación prácticacomo medio de legítima aspiración para echar las bases de nuestro mercado doméstico y dotar al país de sus propios medios de subsistencia”.55 También insiste sobre la deseabilidad de una Universidad “que responda en todos sus órdenes a sus fines culturales, dando cabida a todas las profesiones de carácter liberal y politécnico.”56 Proteger los intereses de la clase propietaria insular y la de la élite intelectual asociada a ella se desprende de las citas anteriores. Esa defensa estaría manifiesta

65 Incluido en Bothwell. Cien años, 354. 56 Ibid.

371 tanto en la obra intelectual como en la gestión legislativa de senadores de ese Partido, ejemplos notables los de Mariano Abril y Francisco M. Zeno. Respecto a la lengua, en un momento en que la imposición del inglés como vehículo educativo se encaminaba a convertirse en uno de los asuntos políticos más espinosos de esa primera mitad de siglo, se resume lo que podría considerarse su modelo de cultura nacional, un preámbulo a la ideología panamericanista que sería inseparable, desde ya, de la trayectoria autonomista:

Enseñanza en idioma español en todos los grados y sistemas de escuelas y asimismo, enseñanza del idioma inglés en todos los grados y sistemas de escuelas, como asignatura obligatoria preferente, a fin de que las nuevas generaciones puertorriqueñas, sin olvidar ni corromper su idioma nativo, conozcan perfectamente la lengua inglesa y sean como un lazo de comunicación, por el habla y el pensamiento, entre las grandes razas conviventes en América.57 Por otro lado, en el “Programa del Partido Republicano de 1920”, representativo de sectores vinculados al mercado norteamericano o a los modelos sociales y políticos de la nueva metrópoli —los terratenientes azucareros y la pequeña burguesía criolla, por ejemplo— el problema educativo se centra en la difusión del inglés: “vehículo de comunicación entre las dos Américas que en nuestra Isla se confunden como dos corrientes, civilizadoras y fecundas”.58 Defensa que asumieron vehementemente, entre otros, Rafael Martínez Nadal y José Tous Soto, aunque, como ya se ha señalado, no exenta de contradicciones, sobre todo en el caso de Martínez Nadal, un crítico de arraigada filiación hispánica. Finalmente, en el “Programa del Partido Socialista” de 1923 el foco se dirige hacia aspectos fundamentales del pensamiento obrero: la erradicación del analfabetismo y la instrucción y distribución de materiales educativos gratuita. También al establecimiento de espacios de “cultura física y conciertos que... contrarresten las costumbres y juegos que originan vicios y sean perjudiciales a la dignidad y civilización del pueblo.”59 Pero estas líneas programáticas no se tradujeron en proyectos específicos que revelaran políticas culturales definidas, las cuales continuaron siendo, en gran medida, producto de la iniciativa personal de los letrados o de sectores de opinión interesados. Sin embargo, a alturas de los cincuenta, y alentados por el reconocimiento ente las élites intelectuales y políticas criollas gestionado en la década anterior, se

67 Ibid. 68 Ibid., 374. 59 Ibid., 422.

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efectúa el traslado definitivo del letrado a la agencia gubernamental. Varios factores concurrieron en ese proceso. El campo letrado se escindía entre aquellos que, incorporados alas filas gubernamentales, continuaron apoyando el programa del Partido Popular Democrático, aquellos que se distanciaron definitivamente, y aquellos que encontraron en las instituciones creadas por el Estado el espacio propicio para la promoción de sus ideologías culturales. Por otro lado, el proyecto criollo liberal se fortalecía con la Constitución de 1952. Pasado el momento de las reformas sociales y económicas que marcaron la década del cuarenta las agendas culturales capturaron su atención. Generar un modelo de identidad nacional puertorriqueña, afín a los objetivos programáticos de la Constitución, requirió orientar y coordinar el desarrollo de un modelo cultural. Un modelo que fortaleciera la autonomía cultural del Estado Libre Asociado —sobre todo ante la mirada externa— que auspiciara el desarrollo de una industria del turismo —vital para la nueva élite financiera— y que, a su vez, conservara valores e instituciones que proveyeran un sentido de estabilidad y permanencia a una sociedad en constante cambio. Un modelo que, vertido en leyes, proclamas y agencias gubernamentales, relegaría la figura del letrado al olvido de las nuevas generaciones profesionales.

Subjetividad nacional y dispositivo cultural de Estado: La legislación cultural puertorriqueña

Carlos Gil

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...un escudo verde y dentro del un cordero pla teado encima de un libro colorado e atravesado una bandera con una cruz e su veleta como la trae la devisa de Sanct Joan e por orla castillos, leo nes e banderas e cruces de Jerusalem, e por devysa una F e una I con sus coronas e yugo e flechas e un letrero a la redonda de la manera siguiente: Joannes est nomen ejvs... Real Cédula de Creación del Escudo de Puerto Rico.

Este ensayo nació de un viejo recuerdo de la infancia: la evocación del hombre con la rueda de Fomento Económico. La pregunta de quién era este hombre, objeto de temor y curiosidad, provocaba siempre la misma respuesta adulta, esto es, esquiva y enigmática: “Ese es el progreso, la rueda del progreso...”. Ahora sé que la pregunta por aquel hombre angular y anónimo recorrió mi niñez con una sentimiento impreciso entre la ansiedad y la sospecha. Lo que sigue es mi propia respuesta a esa pregunta. La hipótesis cuyo análisis persigo es ésta: la actividad constitutiva de los sujetos como sujetos de cultura ha pasado a ser cada vez más una función del Estado. Tal producción sería la nota esencial e inalienable del Estado en las sociedades modernas o en vías de modernización. Esta función productora de nuestra subjetividad nacional se ha operado desde ciertos espacios de eficacia y en un lento y gradual proceso condicionado por múltiples variables. El presente estudio analiza la práctica productiva de uno de estos espacios: el Senado de Puerto Rico. Tal indagación se lleva a cabo bajo el aspecto de la legislación cultural en general, es decir, tanto de aquélla que tuvo su origen en iniciativas directas del Senado como de aquélla en que compartió tal iniciativa con otros organismos como la Cámara de Diputados/Representantes o el poder ejecutivo. Nuestro trabajo puede dividirse en las siguientes partes: primero haremos una exposición de la relación Estado-cultura como parte de los elementos productores de la subjetividad nacional. A partir de los principios expuestos se pueden identificar las siguientes etapas de la legislación cultural puertorriqueña: 1) la etapa del ensayo cultural (con predominio del interés preservacionista del patrimonio); 2) la etapa de

376 madurez preceptiva cuya característica principal seria la fundación de instituciones culturales, y 3) la etapa de protagonismo cultural en la que el texto cultural alcanza posibilidades hegemónicas. La última parte del ensayo se dedica a observaciones finales. Estado y cultura: El gesto que nombra Todo Estado se funda sobre la necesidad de un orden más allá de la condición “natural” del hombre. Ello supone que el Estado sea “representativo” de ciertos intereses y que reciba una delegación de las voluntades individuales con el propósito de conjurar el ciego azar de la condición natural. Pero he aquí que para cumplir esta función el Estado debe tener ante sí un conjunto homogéneo y uniforme, un pueblo, sobre el cual ejercer la autoridad delegada y cuya voluntad poder representar. Es decir, el Estado necesita constituir individuos que de “alguna manera” se hayan puesto de acuerdo para ejercer su derecho a llevar a cabo este acto de delegación. Esta “asamblea” de individuos requiere ser convocada; los individuos deberían ser capaces de poder contestar a un nombre cuando se les llame. Los nombres pueden variar: nómbrese pueblo, ciudadanos o puertorriqueños, lo importante es tener un apelativo propio y ser a partir de él un sujeto de atribución. Todo lo anterior sugiere que el Estado necesita crear un dispositivo específico para llevar a cabo esta tarea, a saber: la tarea de nombrar y dar contenido a lo que de otra manera serían, prácticas no sujetas a un poder disciplinador. Este dispositivo es un aparato en tanto que es distinto de otros instrumentos del Estado con propósitos específicos. Pero lo que distingue este aparato de otros es que sólo puede operar en la esfera cultural. Ello se debe a que su propósito es cultivar, a partir de formas precisas de civilización modos nombrados y reconocibles. Además de estas dos condiciones, a saber: ser un aparato y poseer un carácter cultural, el dispositivo es una instancia que responde al Estado, es decir, es una estructura creada para satisfacer una necesidad suya: la de poder “llamar” a sus gobernados. El proceso de crear sus propios aparatos culturales es paralelo e indistinguible del proceso de constitución del propio Estado moderno. Esto plantea el tipo de función que se espera de un aparato cultural de Estado: hacer de los individuos entes interpelables por la institución estatal. Dicho de forma sintética: la función esencial del aparato cultural de Estado es la producción de la subjetividad. Esto es, la función destinada a crear o producir individuos que se sientan sujetos a determinadas combinaciones simbólicas de modo que puedan “responder” a ciertas llamadas cuando se les hagan. En un sentido similar, la función cultural de Estado designa el conjunto de prácticas inducidas estructuralmente. Estas prácticas no son dirigidas, esto es, no son explicables desde la teoría tradicional de las ideologías como “falsa conciencia”. En su lugar deseamos proponer una interpretación de la legislación cultural

377 puertorriqueña a través del desarrollo de los propios instrumentos culturales del Estado. Pensada así, la labor cultural de un Estado, en sus diversas expresiones, sea ésta la legislativa o la ejecutiva, remite a un eje central: el aparato cultural de Estado, cuya consolidación y complejización se opera mediante la función cultural de Estado. Lo dicho hasta aquí nos compromete con el planteamiento de la siguiente pregunta: ¿qué es cultura? La cultura es un sistema simbólico. Pero he aquí que ningún símbolo posee una relación “natural” con lo simbolizado. La idea de relación símbolo-cosa es imprecisa. El símbolo es, en cierto modo, lo simbolizado. En tal sentido, no existe una necesidad que obligue a asignar a ciertos objetos ciertos símbolos. Dentro de los discursos se producen textos que organizan maneras específicas de entender la relación Estado-cultura y de ser esta misma relación. La categoría simbólica puede ser pensada como el momento previo al encuentro entre el pensamiento y la cosa. Ello hace que fuera del ámbito de lo simbólico se haga difícil pensar esta relación. El encuentro pensar-cosa siempre está mediatizado por una forma de interpretación a la que deberá estar sometido todo “objeto” que aparezca en el campo visual de un observador. La cultura es esta forma de iluminación, un cierto apetito de la mirada de un campo, que hace visibles ciertos objetos mientras obscurece otros. ¿Cómo se relaciona el Estado con la cultura así entendida? El Estado puede re-enfocar ciertos objetos culturales, quitar la mirada de otros, crear instrumentos para establecer espacios sociales para ciertas formas culturales. Así mismo, el Estado puede dar carácter institucional a formas simbólicas específicas a partir de su propia maquinaria institucional, ya sea por el aparato escolar, por su control de ciertos espacios de difusión masiva, por la coacción mediante su aparato represivo: tribunales, cárceles, manicomios, reformatorios y otros.1 Pero el Estado no puede crear civilización; al menos, no tiene injerencia sobre las reglas generadoras de sus formas simbólicas. ¿Qué instancia controla estas reglas generadoras? Tal vez el simple azar. El Estado es, visto así, una forma organizada de conjurar el azar, de ahuyentar el albur de combinatorias que constituyen una civilización. Su mirada, su gesto, es ya cultural. Aún puede mencionarse una segunda forma de relación paralela a la relación entre pensar-cosa: la relación de la cultura con la “utilidad”. Lo útil normalmente se excluye de lo bello. El gesto cultural de un Estado siempre ocurre flanqueado por la esfera de la utilidad y sólo cuando tal esfera existe y es capaz de generar en tomo suyo formas globales de 1 Agradezco a la profesora Irma Rivera Nieves de la Universidad de Puerto Rico su valiosa orientación acerca de la relación entre los conceptos de Estado, poder y sujeto. Sin esa contribución muchos de los aspectos del presente trabajo no hubieran podido ser discutidos.

378 consenso social. Por ejemplo: cuando las economías se industrializan y cuando hay auge del desarrollo productivo. Ello sugiere que el Estado, mediante su aparato cultural de Estado, es una forma de interpretación de la “cultura” que contiene, a su vez, un conjunto de elementos capaces de afectar el universo simbólico. De modo que el Estado siempre propicia ciertas formas posibles de combinación y no otras. Este es el terreno de los aparatos culturales de Estado, como ya señalamos. Un mismo gesto del Estado hace posible la afirmación de lo útil y de su reverso necesario: lo culto. La capacidad del Estado de crear su propio dispositivo cultural se efectúa gradualmente, por etapas. Hemos designado tres en la legislación cultural puertorriqueña, como veremos más adelante. Estas fases remiten al desarrollo de las capacidades instrumentales del Estado para elaborar sus aparejos de intervención cultural. Es decir, para poder decir la cultura desde su propio espacio de privilegio. La cultura se predica, se enuncia desde un determinado espacio a partir del cual puede producirse un texto como texto cultural. Pero esta conjura contra el azar, tarea esencial del Estado, no siempre se ve respaldada por los mismos recursos. Es así como el Estado puede controlar institucionalmente los llamados “símbolos nacionales” cuando ha adquirido la forma moderno-burguesa del Estado nacional (dotándose de una Constitución); cuando puede tener un Ministerio de Cultura, o sea, su propio reflector creador de efectos de iluminación escénica, sólo si goza y mientras goce de una organización burocrática de cierta complejidad. De modo que, bajo este nuevo aspecto de la utilidad, el Estado es, doblemente, un producto cultural y una instancia mediadora entre individuo-cultura. La relación cultura-utilidad, una vez establecido históricamente el Estado, dependerá de los recursos, es decir, del carácter burocrático alcanzado por este Estado para afectar instrumentalmente sus propias prácticas “culturales”.2 Sólo se hace cultura cuando un aparato cultural de Estado (ACE) convierte ciertas prácticas en prácticas significativas y, sobre todo, expresivas de un alma popular, o, por ejemplo, de la nacionalidad. Debemos destacar que la función cultural de un Estado es productora de textos culturales si, y sólo si, existen ciertas condiciones sociales que propicien la generalización de estos textos. Una distinción que puede ser útil a estos efectos fue la llevada a cabo por Bauer, según la cual se establecerían tres aspectos constitutivos de las naciones: el carácter nacional, ya que la nación es una comunidad de carácter; la conciencia

2 Desde este punto de vista, tocar un instrumento “típico” o confeccionar determinado plano tradicional no serían actos culturales. Serían más bien actos todavía no vistos como “expresiones" de un trasfondo o subsuelo cultural espiritual, lugar de las transparencias. Es decir, actos todavía no sometidos al poder disdplinador del Estado.

379 nacional, ello es, la capacidad de reconocimiento de la propia nación a la que se pertenece, la capacidad de distinguir su peculiaridad con respecto a la diversidad de otras naciones; y el sentimiento nacional o voluntad de unidad política de la nación. Lo anterior supone que el ACE sólo puede operar sobre un conjunto en el cual estén dados, por lo menos: 1) un carácter nacional y 2) una conciencia nacional. La labor del ACE se dirigiría entonces a dotar de unidad política al colectivo siempre que estas dos condiciones ya existan. Entre nosotros la función cultural de Estado se ha basado en una unidad cultural posible a partir de la conciencia nacional, a diferencia de otros países como los Estados Unidos, donde esta actividad se basó en el carácter vinculante de ciertos ideales políticos. Justamente el proceso inverso al ocurrido en Puerto Rico, donde el desarrollo de la conciencia nacional tuvo que pasar por una re-asignación de la esfera cultural. En otras palabras: el dispositivo cultural ha podido operar entre nosotros porque ha encontrado unos modos colectivos homogéneos, un carácter nacional, sobre el cual poder desplegar su propio gesto cultural. Fuera del universo discursivo designado por el carácter nacional puertorriqueño, sobre bases esencialmente políticas como la del sentimiento nacional de países como los Estados Unidos, no hubiera sido posible ni eficaz la función cultural de Estado. Dicho de otra manera: no es posible construir las prácticas culturales puertorriqueñas basándose en una integración a una cultura o aparato de cultura no-puertorriqueña. De modo que existen unos mínimos históricos que hacen incompatibles las especificidades de la cultura puertorriqueña con la cultura griega, china o norteamericana. El intento de establecer congruencias en este campo, no sólo por su sentido arbitrario, sino por sus mismas consecuencias, sólo puede conducir a involuciones y retrocesos en el desarrollo necesario de nuestra formación social. Todo lo anterior implica que los actos propios de la civilización serían potencialmente actos culturales gracias a la fiincionalización cultural del Estado. El gesto con que se miran ciertos actos, por ejemplo, el gesto que mira un baile, lo hace un “baile popular”, manifestación de una cultura popular. De manera que si la práctica expresa un alma popular, entonces es cultural. Por más civilizado que sea un acto, por ejemplo, la confección de alimentos mediante sistemas electrónicos computerizados, éste no será un acto cultural si no posee un carácter “expresivo” de un alma nacional como las modalidades ya-culturales de los bailes y las fiestas tradicionales. Con ello queremos señalar que los ACE operan sólo si son dadas estas dos condiciones: un carácter nacional y una conciencia nacional. Destaquemos otro aspecto de la función cultural de Estado ya sugerido más arriba: el de la creación de identidad de los gobernados. En efecto, cuando el Estado, definido en su relación con la cultura, garantiza

380 “derechos” culturales, tal Estado se enfrenta a su necesidad fundamental: la necesidad de identidad de los individuos como gobernados. Pero he aquí que la identidad siempre es identidad cultural. Ya que la esencia del Estado es su carácter “representativo”, entonces “lo representado” deberá tener una entidad, un cuerpo homogéneo: la posibilidad de ser “llamado” por... el Estado. Deberá existir un Pueblo de Puerto Rico que responda cuando se le llame... por su propio nombre... Este “pueblo” deberá designar el conjunto de los “ciudadanos”, es decir, de los sujetos constituidos por la forma-simbólica-Estado introyectada. Entonces se puede hablar de “cultura ciudadana...”, “cultura popular...” o “cultura nacional...”. La gran capacidad del Estado para intervenir culturalmente sólo es eficaz si crea modos de interpretación cultural mediante los cuales poder garantizar su propia reproducción. El carácter perdurable de los modos de interpretación conjuraría, en cierto grado y normalmente con éxito relativo, posibles combinatorias de símbolos. De esta forma, el Estado vehiculiza prácticas “culturales” atinentes a sus propias prácticas entrópicas y crea la identidad de los gobernados. Para ello funcionaliza su propio dispositivo cultural, el aparato cultural de Estado, cuyos textos varían dependiendo de la relación de estos textos con otras instancias entre las cuales pueden destacarse la economía o la política. La reproducción de los modelos interpretativos supone una puesta en escena mediante una labor principalmente institucional', el Estado crea la institución, y esto no en sentido metafórico sino físico, mediante una asignación de fondos “públicos”. La labor institucional se concentra en la funcionalización y reproducción de una práctica. La práctica da paso a una concepción estándar:3 la “nación”, “la educación del pueblo”, “la cultura popular”, “las ricas tradiciones patrias” y otras. Por concepción estándar entiendo modos consensúales de interpretación dentro de una comunidad basados en intereses generalizados. A su vez, estas formas estándar de interpretación ocurren dentro de determinados textos y éstos dentro de formas más generales de discursos. Los modos interpretativos estándar, por su parte, no son formas de “falsa conciencia”; los estándares no “encubren” ni “distorsionan”. Son combinaciones simbólicas de cierta magnitud que operan mediante prácticas específicas. La labor del Estado consiste en dar una función disciplinada a estas prácticas, establecer el espacio desde donde ocurre esta práctica y producir los referentes simbólicos de esas prácticas.4 De

8 Prefiero este término, a riesgo de su imprecisión, al término "imaginario” cuya parentela con la noción de ideología es todavía del todo sospechosa. 4 Sobre el tema del poder y las formas simbólicas, véase: Rivera Nieves: “Discurso, institución y poder”, en Revista Postdata, Río Piedras, Afio 1, Núm. 2, septiembre-noviembre 1991.

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modo que al estándar se llega por la práctica y no a la inversa. Desde este punto de vista se es puertorriqueño porque se hacen determinadas acciones de una forma especial, en fin, porque se “practica” a serlo. Pero además, se es sólo aquello que se puede llegar a ser. De modo que se puede ser puertorriqueño porque hay a la mano, disponible, un conjunto de símbolos combinados capaces de hacernos significar determinados objetos a su manera... Ahora bien, esta práctica de la combinatoria simbólico-cultural de la “puertorriqueñidad” ocurre en determinada posición dentro de una estructura social compleja transida por instancias condicionantes diversas de tipo económico, político, técnico-científico. Esas variables asignan posiciones de sujeto a los individuos encuadrándolos en sectores sociales, grupos de nivel socio-cultural. La capacidad del Estado, entonces, para afectar la cultura depende del juego y la escenificación de múltiples instancias dentro de una estructura social compleja. Como saldo a medio camino de lo que llevamos expuesto diremos que:

1. La cultura es la forma estatalizada de una civilización y que tal desarrollo es posible gracias a un dispositivo cultural: el aparato cultural de Estado (ACE). ■

2. Estos ACE no surgen de la voluntad ciega de sujetos aislados sino del juego entre redes complejas de instancias y sólo a partir de la aparición de un discurso estatal que distingue entre lo útil y lo cultural. Entre nosotros esta distinción vino dada por cambios drásticos en la economía, especialmente durante la década del ’50.

3. La tarea de intervención cultural se lleva cabo por una funcionalización de actos de civilización mediante una función cultural de Estado. Esta función opera esencialmente por la institucionalización, o sea, el disciplinamiento de las formas de interpretación. 4. La legislación cultural puede ser entendida como parte del proceso de complejización de los dispositivos culturales de Estado descritos. Los principios organizadores de la actividad legislativa en cosas de cultura sería dual: primero, fortalecería el propio dispositivo estatal con miras a la neutralización de tensiones y, segundo, una vez alcanzada una etapa de desarrollo relativo, operaría como una instancia generadora de textos con potencialidad hegemónica. Como veremos más adelante, a partir de la segunda etapa estos ejes son: la identidad nacional, la personalidad colectiva y el Pueblo. 5. La producción de nuestra subjetividad nacional, ello es, el carácter homogéneo y colectivo de ciertas prácticas sociales, es el aro por el

382 que tuvo y tiene que pasar la forma histórica del pueblo. Para ser pueblo un colectivo humano tiene que poder responder a un nombre propio y los individuos que lo componen tienen que estar sujetos a las formas estándar de interpretación que caracterizarían a ese colectivo como pueblo. En estos cinco puntos se resume gran parte de la tarea del dispositivo cultural del Estado, del gesto que nombra, uno de cuyos espacios más privilegiados ha sido la legislación cultural. Veámosla pues detenidamente.

Subjetividad nacional y dispositivo cultural de Estado Nuestra clasificación de la legislación cultural puertorriqueña, como ya señalamos, se funda en el principio expuesto a partir del par conceptual: aparato cultural de Estado y función cultural de Estado. El “gesto” Estado opera “sobre” la civilización enfocando unas formas de ella, obscureciendo otras. Estas formas de afectación Estado-civilización producen etapas de desarrollo “cultural” y crean configuraciones tales como la de cultura nacional y la cultura popular, entre otras; dan lugar a instituciones “culturales”, propician formas nodales de significación simbólica; reconstruyen las subjetividades, en fin, producen la identidad de los gobernados. Desde el punto de vista de los aparatos de Estado como ejes explicativos de los desarrollos culturales, el Senado puede ser entendido como un importante espacio cultural. Deberá destacarse que, como tal espacio cultural, también el Senado reprodujo y reproduce las tensiones y los conflictos que le son dictados como instancia en-relación. A partir de lo anterior puede hablarse de tres etapas de la legislación cultural puertorriqueña:

1) La etapa del ensayo cultural. Si excluimos el Decreto de Reglamentación de la Propiedad Intelectual de Alfonso XII del 3 de octubre de 1880, esta etapa comenzaría alrededor del 1903 con la Ley Codificada de Instrucción Pública de Puerto Rico y terminaría hacia 1951 con el Reglamento de Zonas Antiguas e Históricas Núm. 5 del 25 de abril de 1951. 2) La etapa de madurezpreceptiva. Esta es una fase fundacional de instituciones culturales que se iniciaría con las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado, Artículo VI, Secciones 15y 19 acerca de los símbolos nacionales, pasando por la Ley para crear el Instituto de Cultura Puertorriqueña, del 21 de junio de 1955 y que

383 terminaría hacia 1987 con leyes como la de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública —Ley Núm. 7 del 21 de enero de 1987— y la de Protección, Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos y Subacuáticos —Ley 10 del 7 de agosto de 1987—.

3) La etapa de protagonismo cultural. Esta comienza con la Ley de Propiedad Intelectual —Ley 96 del 15 de julio de 1988— y tendría una de sus máximas exposiciones en la importante ley del Español como Idioma Oficial de 1991.

Veamos estas etapas más de cerca. Si miramos la primera etapa (de 1880 a 1951) se observará que la Legislatura de Puerto Rico aprobó alrededor de 23 leyes que pueden ser catalogadas como legislación cultural5 (véase el Apéndice A). Estas leyes se agrupan en los siguientes renglones: 1) conservacionismo patrimonial,6 que contiene once leyes, la mayor parte de las medidas de toda la etapa; 2) fomento de actividades culturales con siete leyes,7 y 3) reglamentación de actividades “culturales” con cinco leyes.8 Los fines de estos preceptos son todavía claramente utilitarios. Se trata, en efecto, de tres intereses principales: la conservación, la reglamentación y el fomento de actividades culturales. Si tomamos como ejemplo de esta etapa la reglamentación de zonas históricas veremos que a pesar de su carácter utilitario, esta legislación tuvo como efecto contribuir a la creación de un pasado, ordenando espacialmente este pasado y dotando el territorio así designado de un carácter sacro.9 Gran parte de la importancia de esta legislación acerca de las zonas históricas está, según creo, en que ella sintetiza una re-construcción nacional mediante la asignación espacial de lugares de privilegio reconocibles por el pueblo como parte de “su” historia y una demarcación simultánea de un “pasado nuestro” y nacional. La legislación cultural sobre zonas históricas convirtió el espacio en símbolo. 6 Deberán descontarse las enmiendas a leyes. 6 La más importante es el Reglamento Núm 5. Junta de Planificación. Reglamento de Zonas Antiguas e Históricas, del 25 de abril de 1951. 7 Se pueden mencionar aquí: la Ley del Instituto de Literatura Puertorriqueña, Ley 135, del 6 de mayo de 1938; y la Ley de las Escuelas Libres de Música, Ley 365 del 20 de abril de 1946. 8 Por ejemplo: el Decreto de Reglamento de Propiedad Intelectual, del 3 de septiembre de 1880 y la Ley 50, para la Comisión de Radioemisión Pública (derogada), del 10 de junio de 1948. 8 Como ejemplo de ello pueden verse tres de estas leyes: Zonas Antiguas o Históricas y Zonas de interés turístico. Normas Fundamentales. Texto Ordenado, 374,14/5/49; Edificios y otras estructuras de valor histórico o artístico de Puerto Rico. Normas Fundamentales. Texto Ordenado, 3,2-3-51; Reglamento núm.5 Junta de Planificación. Reglamento de zonas antiguas e históricas. Reg. 25/4/51.

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En la legislación sobre zonas históricas hay un engarce perfecto entre lo útil —en este caso se trataba de la empresa turística— y lo bello, el portento de la arquitectura colonial. Ambos propósitos se cumplieron bajo el aspecto de la “cultura”. Las demás medidas en esta primera etapa inciden algo más tangencialmente sobre las diversas instancias culturales.10 Por eso el carácter esencial de esta etapa es el de un ensayo cultural preceptivo. No es que no exista “cultura” que reglamentar; es que aún el Estado no cuenta con un aparato cultural funcionalizador de los símbolos. Cabe señalar que en esta primera etapa y parte de la segunda la discusión cultural se encuentra en su estadio metafórico. Con ello nos referimos a que en este período el Estado sólo puede desear el gesto, pero no llevarlo a cabo.11 Esta constricción al campo de la metáfora, de la aproximación a la palabra institucionalizadora, se debió fundamen talmente a la carencia que todavía tenía el Estado de un aparato instrumentalizador de su propio gesto cultural. Esto significa, en términos de su propio discurso, que el Estado todavía no hacía la importante distinción entre lo bello y lo útil. No tenía, por ejemplo, un sujeto económico unitario a quien decirle quién era. La industrialización nos habría de traer este sujeto. A esta primera etapa de ensayo siguió una importante fase de madurez fundacional de instituciones culturales. Esta segunda etapa se inició con las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado, Artículo VI, Secciones 15 y 19 acerca de los símbolos nacionales, y se extendió por apenas 36 años hasta la Ley de Derechos de Autor de 1988. En esta etapa se aprobaron 128 leyes que constituyen, en conjunto, los elementos fundacionales del aparato cultural de Estado y por ello parte importante de los instrumentos productores de nuestra subjetividad nacional. Entre las leyes de esta etapa se cuentan medidas tan importantes como la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la ley que crea la Corporación del Centro de Bellas Artes y la ley Orgánica del Departamento de Educación

10 Ejemplos de estas leyes serian: Ley para Establecer Premios a Artículos Periodísticos, 10,5/4/30; Ley para el Fomento de la Literatura y Producción Bibliográfica en Puerto Rico, 101,5/5/41; Ley para Asignar Fondos a la Biblioteca Camegie (Asignación de Fondos), 222, 28/3/46. Sobre reglamentación de actividades culturales se pueden mencionar: el Decreto español de Reglamento de la Propiedad intelectual 3/9/1880; Ley de Anuncios por Estaciones Radioemisoras Anunciadores Profesionales, 123, 13/5/37; Ley para el Expendio de Localidades en Teatro-Cines, 300,15/5/38; Edificios y otras estructuras de valor histórico o artístico de Puerto Rico. Normas Fundamentales. (Texto Ordenado), 3, 2/3/51. 11 Un ejemplo esclarecedor de esto lo tenemos en la Ley 92 del 21 de junio de 1955 con el propósito de reconstruir la casa de Don Juan Ponce de León sobre las ruinas de Caparra. Escasamente un año después la ley 92 debió derogarse: “...debido a las dificultades de conseguir datos que permitan una construcción exacta de la histórica casa”. (Exposición de Motivos, Ley Número 54 del 16 de junio de 1956, derogando la Ley 92 del 21 de junio de 1955).

385 (véase el Apéndice B). ¿Cómo pasó nuestra legislación cultural de esta primera etapa a una fase de tan acelerado desarrollo y, sobre todo, en tan corto tiempo? La transición a la segunda etapa tiene una inigualable expresión iconográfica en dos conocidos logos de instituciones creadas en esa década del cincuenta: el ya familiar hombre de la rueda de Fomento Económico y los tres individuos, el indio, el español y el africano del escudo oficial del Instituto de Cultura Puertorriqueña (véase el Apéndice C). Ambas instituciones surgen en medio de un proceso acelerado de industria lización, de transformación económica y estructural frente a la urgencia del Estado por existir y cumplir la función esencial de dotar de identidad a sus gobernados. Detengámonos un poco en esta interesante iconografía. Vista con detenimiento, lo primero que nos preguntamos ante este hombre que mueve la gran rueda es: ¿quién es? En efecto, ese hombre de la rueda deberá ser alguien que se encamina al futuro pero cuyas “raíces” se encuentran en el pasado. La función cultural de Estado, mediante la creación del Instituto de Cultura, con los tres fundadores míticos inscritos en su escudo oficial, pareció responder a la tarea de dar significado y contenido a este sujeto descamisado. Fue este “gesto” cultural del Estado el que dijo al trabajador de la rueda quién era. Por eso, el hombre que mueve esta rueda dentada es o puede ser alguien siempre que se reconozca a sí mismo como tal. El Estado, a partir de 1952, se propondría dotar de una identidad al semidesnudo hombre de Fomento y se la da, no mirando al futuro, como él mira, sino al pasado. Por eso es posible afirmar que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que convoca en su escudo los tiempos míticos de los orígenes, es esta palabra del Estado dicha a este hombre angular “Eres el fruto de una mezcla de razas: india, española y africana. Eres la síntesis de un pasado, eres una prolongación, y estás aquí, moviendo esta gran rueda”. La mirada al pasado opera como fundación y como guía de un movimiento que se desplaza inexorable hacia el futuro. Pero esta concepción estatal de la cultura, su objetivación, requería como hemos dicho una distinción entre lo útil y lo in-útil; o sea, entre lo útil y lo bello. La noción de lo bello incluiría las artes en general. De acuerdo con lo expuesto, este hombre de Fomento es sin duda un hombre útil. La construcción de su subjetividad por parte del dispositivo cultural de Estado hará de él, además, un hombre culto. En su movimiento inevitable, esta rueda crea al sujeto que la mueve y es el sujeto propulsor, que debe saber quién es, quien conoce el fin que le es bueno. Sobre esta importante segunda etapa deberemos destacar que los aspectos básicos característicos de la función cultural del Estado fueron la fundación de entidades a partir de la inexistencia virtual de agrupaciones culturales constituidas y, en segundo lugar, la labor paralela de

386 conservación del patrimonio cultural y de generación de actividad cultural.12 La creación de instituciones culturales prefiguraba un tipo de país, en un lento desarrollo gradual desde la primera etapa. Suponía un modo de vida comunitaria, un estilo de supervivencia cultural en cuyo fondo se agitaba la idea de la identidad. En efecto, si se lee con detenimiento la relación cronológica de la legislación cultural puertorriqueña que llevamos expuesta hasta ahora se verá este eje generador actuando plenamente. Casi toda nuestra legislación cultural, ya desde la primera etapa pero especialmente en la segunda, resume una acendrada preocupación por la perdurabilidad de un “espíritu del pueblo” cuyo forma se percibe como homogénea y autónoma.13 El principio sintagmático de gran parte del discurso “preservacionista ”, designado por referentes tales como la “identidad”, el “pueblo” o “el patrimonio histórico”, muestra tener a su vez dos polos estructurantes. Uno de estos polos intentaba responder al “¿qué preservar?”; el otro al: “¿para qué preservar?”. La tarea legislativa se interpretó como demiúrgica: primero se debería reconstruir la “nacionalidad”, preservándola, y segundo se debería “arrojar” esa cultura al mundo, proyectándola internacionalmente.14 12 Un ejemplo de esto son las leyes protectoras del patrimonio cultural. Sise observa con detenimiento la Ley Para la Ordenación y Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas (P. del S. 937, Núm. 5, aprobada el 18 de julio de 1986) se verán claramente los ejes de esta interpretación: ordenar y conservar. En este caso especifico, hacer, por virtud del mandato legislativo, una reconstrucción de un legado artesanal pero a la vez fomentarlo (llegando incluso a disponer que se “... proveerán) filentes de abastecimiento, materia prima necesaria en la producción de artesanías...” (Cfi, “Exposición de Motivos”). 13 Muestra de este esfuerzo de preservación-productor del “sentimiento nacional” serían en su orden cronológico las siguientes leyes: Archivo Histórico de Puerto Rico. Creación 64, 20/6/19; Junta Conservadora de Valores Históricos (Derogada) 27 23/4/30; Archivo Histórico de Puerto Rico. Reorganización 486,29/4/46; Monumentos y Lugares Históricos de Puerto Rico, 13,1/7/47; Solar y Ermita de Porta Coeli, 75 25/4/49; Casa de Luis Muñoz Rivera. Monumento Histórico, 37, 1/4/50; Antología de Obras y Trabajos Literarios de Autores Puertorriqueños, 9/5/50; Museo de Historia, Antropología y Arte de Puerto Rico, 97 15/4/51; Comisión pro Monumento al Soldado Puertorriqueño, 63, 14 /4/52 Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1, 24/7/52; Himno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2, 24/7/52 Protección, Conservación y Estudio de los sitios y recursos arqueológicos subacuáticos, 10, 7/8/ 87; Corporación para la Conservación y Administración del Antiguo Cementerio Civil Simón de la Torre, 50,1/7/88; Protección del patrimonio arqueológico terrestre, 112,20/7/88. Para la relación completa véase el Apéndice B. 14 Cf., leyes como Festival Casals Inc. Finandamiento de actividades 35 12/6/59; Festival Casals Inc. Contratadón de servidos, 73,5/6/59; Secretaría de Instrucción Pública. Transacdones reladonadas con estadones públicas de radio y televisión, 101, 22/6/61; Centro de Bellas Artes. Creadón, 11,19/6/70; Corporadón del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. Normas Orgánicas (Texto Ordenado), 43,12/5/ 80; Corporadón de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Normas Orgánicas. (Texto Ordenado), 44, 12/5/80; Administradón para el fomento de las artes y la cultura (Derogada), 76,30/5/80; Comisión Puertorriqueña para la Celebradón del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y

381

En Puerto Rico se puede hablar de aparato cultural de Estado en sentido pleno sólo a partir de lo que denominamos tercera etapa o fase de protagonismo cultural. Además de conservar el patrimonio (Fase I) y crear instituciones culturales (Fase II) el Estado, mediante la funcionalización cultural protagoniza, desde este su propio espacio cultural, un drama que él mismo llama “nacional e histórico”. Por eso la mayoría de las leyes de la legislación cultural puertorriqueña en esta tercera etapa no se dedica a la creación de instituciones, aunque este aspecto no se excluye, como se verá; más bien re-lanzan al Estado vía la cultura.18 Entre las leyes más destacadas en esta fase están: la Ley Orgánica del Departamento de Educación, la Ley de Derechos de Autor y el conjunto de leyes proyectivas de la nacionalidad: Ley del Idioma, Ley de Protección de los Símbolos Nacionales, y el referéndum en tomo a la Carta de Derechos Democráticos que proponía una enmienda constitucional que garantizaría la “identidad” del Pueblo de Puerto Rico. Veamos esta legislación. La Ley Orgánica del Departamento de Educación es tal vez la legislación más importante en toda la historia de Puerto Rico relacionada con la educación, después, y tal vez junto, a la ley que creó el Departamento de Instrucción el 12 de marzo de 1903. Su importancia se debe al hecho de que por primera vez una legislación toma para sí la educación en su totalidad e intenta pensarla desde un marco definido de propósitos constitucionales. En efecto, tanto la “Exposición de Motivos” de la ley como su “Política Pública” establecen ciertos objetivos de la educación puertorriqueña articulados con una filosofía de la educación contenida en la Constitución. ¿Qué significado puede atribuírsele a esta ley? En primer lugar, reclamó su fundamento de autoridad en la Constitución y rechazó discutir o plantear un nuevo debate en tomo a la filosofía educativa. He aquí la situación: desde 1952 Puerto Rico habría tenido una filosofía educativa pero no es hasta 1990 que puede crear los instrumentos de su aplicabilidad. La ley dispuso la creación de un Consejo General de Educación que deberá reducir gradualmente los poderes del Secretario de Educación, que fiscaliza la labor educativa y daría continuidad a los

Puerto Rico. Normas Orgánicas (Texto Ordenado), R.C. 71,30/6/86; Ordenación y desarrollo integral de las artesanías puertorriqueñas, 5,18/7/86; Centro Norte-Sur para el Intercambio Técnico y Cultural. Transferencia al Departamento de Estado, 95,30/6/75; Fondo Nacional para el Finandamiento del quehacer cultural, 115,20/7/88; Ley para Convertir el Español en el Idioma Ofidal de Puerto Rico. 18 Cf., leyes como Propiedad intelectual. Normas del Código Civil de Puerto Rico, 96, 15/7/88; Código Penal de Puerto Rico. Delitos contra la propiedad intelectual, 103,15/7/88; Fondo Nacional para el Finandamiento del Quehacer Cultural, 115, 20/7/88. Debe destacarse la Ley del Idioma aprobada en 1991. Para la reladón completa véase el Apéndice

388

objetivos de la educación expuestos en su propia política pública. Quizás tan importante como es el postulado de que la reforma que propicia la ley se basa en una filosofía educativa que ya tienen los puertorriqueños.16 Este gesto estatal que mira la educación y quiere y puede pensarla dentro de su propia preceptividad, dentro de su filosofía educativa, sólo es posible cuando ese Estado dispone de los instrumentos, de su aparato cultural de Estado, capaces de adecuar las prácticas educativas con ciertos principios rectores dados por el propio Estado. En esta estrategia de mirar al pasado se verifica nuevamente una interpelación a los ACE: la producción de una subjetividad nacional. ks\. como en el 1954 se miró a los fundadores míticos, en 1990 la mirada se tendió a la Constitución de 1952, año elegido como nuevo momento de fundación nacional. Por eso la Declaración de Principio de la Ley apela a la Carta de Derechos de la Constitución como a su fundamento.17 No por simple casualidad la ley de Educación pone tanta atención sobre los “grados primarios” y su metáfora es la del “salón de clases...” como el escenario de una drama: se trata de un “...juego a ser... puertorriqueño”. Esta práctica supone poder hablar el idioma de los puertorriqueños, siendo esta la primera ley que establece la oficialidad del idioma español en una práctica reglamentada por el Estado. No por simple azar es la práctica educativa la primera sobre la que recae el reconocimiento de una lengua materna como idioma oficial. Tal declaración la hace aun antes que la propia Ley del Idioma. En segundo lugar, esta práctica supone pensar desde unas coordenadas históricas y culturales específicas; cómo ha de ser la educación. Tal pensamiento se contendría en toda la reglamentación estructural del Consejo de Educación y la complicada red de relaciones estructurales entre el secretario de Educación y las demás entidades educativas. En tercer lugar, expone con claridad cuáles son los principios de la educación, y es la primera ley, que sepamos, que establece taxativamente una filosofía educativa puertorriqueña amparada en la Carta de Derechos de la Constitución (Artículo II, Sección 5). En cuarto lugar, la Ley Orgánica del Departamento de Educación establece cuáles deberán ser los propósitos específicos, a corto y a largo alcance, que tendrá la educación. Acerca de este último aspecto debe señalarse que es la única ley que establece un compromiso a corto y a largo plazo como parte esencial de la política pública del Estado con respecto a la educación. Por

16 Véase el Apéndice D: “Tabla de Organización de la Política Pública de la Educación Puertorriqueña”. 17 “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales". Artículo n, Sección 5: Carta de Derechos, Constitución del Estado Libre Asociado.

389 eso la redacción de la “Política Pública” de esta Ley Orgánica de la Educación es en cierto modo única: se establece en términos prospectivos. En lugar de legislar un modo de educación a partir de... una política pública del Estado, la Ley establece, por primera vez en la historia puertorriqueña, los objetivos de la política pública en materia educativa. Un aspecto que debe destacarse es el tono enfático del carácter moralizador que sugiere esta ley de Educación. A diferencia de los proyectos para la educación que le precedieron (1903,1942,1952,1959 y 1977), en esta Ley se nota un claro desplazamiento del ideal ilustrado hacia un propósito moralizante sobre el educando. De un optimismo en el futuro, en el movimiento inexorable de la rueda del progreso por medio del trabajo tan característico de la segunda fase de la legislación cultural, se pasó a una cierta disolución de los fundamentos míticos y un interés controlador del nuevo sujeto urbano con escasas oportunidades de ascenso social. El desplazamiento que marca esta Ley Orgánica es, pues, hacia la educación, es decir, hacia el sujeto en sus aspectos más íntimos. Atrás quedaba la instrucción pública; se abría el tiempo de la educación del sujeto. El hombre de la rueda fue producido a partir de un reconocimiento del pasado, de su auto-reconocimiento en los tres ancestros míticos. Ahora se espera de este hombre nuevo que sea un ser homogéneo; justo aquél para quien la educación tiene que establecerse en términos de objetivos concretos, para quien el idioma no puede ser cosa escamoteada; para quien la historia finalmente es su historia. La otra ley de la tercera etapa de la legislación cultural que debemos comentar es la Ley de Derechos de Autor. Un aspecto curioso: esta ley no es el primer precepto que protege los derechos de autor en Puerto Rico. De hecho, ya existían dos leyes que ocupaban este espacio: la ley de pro piedad intelectual española18 y la ley estadounidense de derechos de autor.19 Entonces, ¿por qué se crea esta ley de propiedad intelectual? Fundamentalmente para crear un Registro de Propiedad Intelectual Puertorriqueño. Esta función cultural de Estado, la protección de sus intelectuales y artistas, había estado hasta ahora en manos de la Oficina de Copyright de los Estados Unidos. Pero he aquí que ni la protección del decreto-ley español ni la protección de la ley norteamericana dan satisfacción al ansia protectora del Estado. ¿Por qué? Porque esta protección es una función indelegable de un Estado, de los aparatos culturales de Estado, para sus gobernados. No es suficiente dotar a los intérpretes, a la clase intelectual y artística en general, de una identidad, sino que deberá además custodiarlos y alentarlos a que busquen el amparo

18 Reglamento de Alfonso XII del 10 de enero de 1879. 19 Federal Copyright Law, 17 US.C., 101 y es.

III

390 de este Estado protector. En la ley se destaca una clara preocupación por el llamado “derecho moral” de los autores.20 Es obvio que esta salvaguarda tiene que poder ser ofrecida por un Estado en su función cultural. Ello se logra porque el Estado mira hacia la zona de la subjetividad y se convierte allí en defensor de la “personalidad” y la extensión “moral” del artista. Todo ello habría de ocurrir más allá del “contenido” concreto de la obra, es decir, más allá del posible carácter impugnador del texto literario-artístico, aun en contra del propio Estado. De esta forma el Estado, mediante su función cultural de Estado, crea una instrumentalidad propia del aparato cultural de Estado (el Registro de Propiedad Intelectual de Puerto Rico) que resultará ser una entidad objetiva, neutral y de custodia de la subjetividad; aquello que ese mismo Estado nombra como “derecho moral” de los autores. El Estado, de esta manera, reconoce la objetivación de un producto intelectual. Pero ello sólo es posible al reclamar para sí la custodia del derecho a la interpretación cultural-artística de los sujetos. Es decir, cuando el Estado reclama para sí el derecho a tener injerencia sobre la esfera moral-subjetiva del sujeto intérprete hipostasiado en el cuerpo de una llamada “...comunidad intelectual de Puerto Rico...”21 La última etapa de la legislación cultural, como hemos visto, apenas comienza. Entre los aspectos que contiene potencialmente esta importante etapa podemos mencionar: la reestructuración del aparato escolar, incluso de la Universidad, con miras a alcanzar niveles cada vez más altos de ejecución, el acceso cada vez mayor del sector privado a los asuntos culturales bajo control estatal (los llamados “recursos externos”); la hegemonización por parte del discurso cultural sobre la producción de textos con capacidad generalizadora, la intemacionalización cultural que es simultánea a la apertura internacional de los mercados y paralela a la re-funcionalización neo-nacional, la re-asignación de roles a los nuevos actores de la escena cultural con miras a la organización en microcolectivos en detrimento cada vez mayor del “genio” solitario. Otra característica de la actividad cultural que podemos aventurar dentro de esta tercera etapa es la desaparición de las militancias mesiánicas para dar paso al grupo auto-gestionado, pluridiscliplinario y microfundamentado. El inminente reacondicionamiento de las estructuras de apoyo y los elementos de trabajo de los actores culturales darán auge a un nuevo tipo de actor cultural. Nos referimos al intelectual especializado profesional, al intelectual de carrera, a partir de la función cultural

20 Por derecho moral la ley entiende: “...el derecho de quien expone su personalidad en una creación intelectual a que no se atente contra esa obra que es extensión de su personalidad...”. Cf, “Exposición de Motivos”, Ley 96, Propiedad Intelectual. 21 Ibid.

391 generalizada institucionalmente. Ello se debe a una inminente vuelta a las instituciones ante la disolución de las diversas formas de utopía sustentadas tradicionalmente en el terreno artístico-intelectual. La institución cultural, desde la junta escolar hasta el Consejo General de Educación, desempeñarán cada vez más el papel de campos de fuerzas o polos atrayentes de niveles sucesivamente mayores de organización social.

Observaciones finales

Si repasamos nuestra contestación a la pregunta inicial: “¿cómo se ha producido nuestra subjetividad nacional...?”, vemos que toda respuesta remite a un dispositivo de Estado que aquí hemos denominado aparato cultural de Estado. Es decir, que una definición adecuada de cultura deberá incluir una apreciación del gesto del aparato cultural de Estado. Ahora bien, la esfera de los ACE no designa una superficie homogénea y lisa. Muy por el contrario, los ACE constituyen campos compuestos por fuerzas antagónicas que propician determinados rumbos en la conducción u orientación de las estrategias del gesto estatal y obscurecen y retardan otras. Nuestra pregunta inicial de trabajo puede ahora expresarse así: si el cuerpo legislativo es también un espacio cultural relacionado, ¿cómo se ha manifestado en él esta práctica productiva de la subjetividad?; ¿cuál ha sido la interpretación cultural llevada a cabo desde ese espacio? Nuestra respuesta ha sido que la legislación cultural formó parte de un dispositivo cultural de Estado que se fue articulando gradualmente. De modo que hasta su segunda etapa, el Senado y con él toda la esfera legislativa tuvo que cumplir una labor esencialmente preservacionista, de custodia patrimonial. Fue en aquella segunda etapa que se produjo una mutación, una ruptura a partir del momento en que la legislación comenzó a alcanzar una dimensión cada vez más dominante sobre las demás instancias de la estructura social puertorriqueña. Leyes como la del idioma, de la iniciada tercera etapa, no derivan su importancia del mero hecho de imponer este asunto a la consideración pública; la discusión de asuntos como el del idioma más bien ha de dominar estratégicamente el desarrollo de los demás procesos sociales, interviniendo de formas diversas con ellas. De este modo el Senado como un espacio cultural se ha visto convertido en un lugar, en uno de los escenarios de un drama “nacional” que supone una interpretación potencialmente hegemónica del conjunto social. Cuando hablamos de la dimensión “hegemónica” de la discusión cultural, preparada desde la segunda etapa, nos referimos al hecho de que sólo por su relación con esa discusión es que pueden adquirir significado los textos sometidos a consenso. De este modo, las enmiendas a la Constitución relacionadas con la cultura y tan recientemente discutidas no suponían, de

392

su faz, ninguna modificación “política” o económica: suponían una defensa de la identidad a través de una protección de la cultura. Por primera vez en su corta historia de doscientos cincuenta años aproximadamente los puertorriqueños fueron convocados a una consulta nacional acerca de cosas de la cultura. Pero, ¿podía llevarse a cabo el proceso de inculturación más allá o de espalda al espacio político? Creo haber demostrado que no. El espacio político es el lugar del gesto cuya práctica es cultura. Aclaremos que la idea de que la cultura fuera o llegara ser, justamente, el espacio desde el que tuviera lugar la generación de discursos con potencialidad hegemónica es, francamente, rara en la literatura filosófica y política.22 Este derrotero ha roto todas las expectativas; especialmente la de la teoría ortodoxa del Estado moderno, desde la que se suponía que primero sería la constitución de un Estado nacional para luego articular con él una política cultural. Tales “políticas” se representaban bajo la forma de “ideologías”, o sea, como formas de conciencia impuestas por ciertos grupos controladores sobre el conjunto de los miembros de una sociedad. Estas “ideologías” siempre expresarían el punto de vista del dominador. La toma del poder de Estado por parte del “pueblo” tendría entonces por misión acabar con la falsa conciencia impuesta por las ideologías y construir un mundo de razón. En efecto, cuando se afirmaba la vieja hipótesis según la cual la discusión en tomo a la cultura era una forma de “encubrimiento”, se partía de una concepción metafórica espacial propia de un reduccionismo doblemente economicista y empirista. Esta figuración espacial mantenía que en la base de toda sociedad estarían los procesos económicos que serían “lo real” y sobre estas realidades se situarían las representaciones falsas de la “realidad” producidas en la cabeza de los hombres. El economicismo obviaba un hecho ineludible: los sujetos viven el mundo en tanto es mundo simbólico. De modo que la importancia del texto cultural fundonalizado por el Estado, en primer lugar, es en sí mismo una de las formas del agotamiento de la estrategia utópica del impugnacionismo revolucionario. Esta impugnación totalizadora tenía que establecer ciertos lugares de transparencia y ciertos sujetos históricos titulares de estas plazas de privilegio: el proletariado, las mujeres, los hombres del Tercer Mundo, los pobres o los marginados. ¿Cómo explicar el nuevo papel asignado a los impugnadores intrainstitucionales? Creo haber demostrado que sin una funcionalización 22 Hay excepciones: Althusser, por ejemplo, al referirse a los “aparatos ideológicos del Estado” como instancias constituidas en las prácticas especificas; toda la corriente estructuralista en antropología con la otorgación del carácter doblemente significante y estructurante del mito, y la escuela cultural de Frankfurt que entendió la cultura pero sólo en cuanto “critica” de la alienación.

393

globalizadora y potencialmente hegemonizante resulta no ser posible un discurso significativo en torno a la realidad simbólica. Esto significa que en términos de las prácticas específicas esta recién inaugurada etapa de consolidación de los aparatos culturales de Estado suponía una resignificación de los papeles para los actores impugnadores tradicionales del dominio de Estado, tales como los intelectuales y los artistas. La situación de estos actores culturales quedaría como sigue: 1) los actores tradicionales habrían de enfrentarse a nuevos roles culturales para los que aún no hay actores (me refiero a los recursos del Estado para “quehacer cultural” en espera de “instituciones” incorporadas que se los “pidan”),23 y 2) ellos, como “viejos actores” culturales, se verían abocados a una pérdida de sus papeles tradicionales. Me refiero, por ejemplo, a actores tales como los designados bajo la categoría de “poetas nacionales”, quienes verían finalmente cumplida la aspiración de un idioma oficial patrio o los “populistas”, que tendrían finalmente sus centros culturales populares. En definitiva, las entidades estatales, entre las cuales podemos contar ahora a la Legislatura, asumiría para sí, no ya una mera función de preservacionismo patrimonial, sino de protagonismo cultural, de espacio de privilegio generador de un nuevo texto con potencialidad globalizadora. Hablamos, pues, de un Estado volcado hacia la imagen proyectada en el fondo de la caverna: hacia la cultura. Esta condición, este vuelco, no tiene ya la forma de un acecho de la presa. Por ejemplo: la legislación en torno a las artesanías no “protege” las artesanías, al menos en el sentido en que el Estado puede proteger un “sector” de la economía. Más bien prefigura un artesanado nacional y establece una custodia de su incubación, de su desarrollo in vitro.24 Ello puede ocurrir en una época caracterizada por la diversificación, por el simulacro de la función de Estado. A lo que se tiende en el proceso gradual de complexión del gesto estatal es al aparato cultural de Estado. Por ello podemos afirmar, ya como parte de estas observaciones finales, que es más apropiado hablar de aparato cultural de Estado que de gestión cultural o incluso de legislación cultural El aparato cultural de Estado, cuyas tres fases hemos ido describiendo, vacía de contenidos la idea tradicional de cultura, sea ésta entendida en el sentido de 1) cultura popular, es decir, como la actividad paralela y

28 Cf., la Ley para la Creación del Fondo Nacional para el Financiamientodel Quehacer Cultural, Ley 115 del 20 de julio de 1988. 24 Algo muy parecido ocurre con algunos aspectos de la agricultura: el Estado presta las tierras, regala las semillas, da el apoyo tecnológico, la orientación científica, organiza la red de distribución y mercadeo, crea publicitariamente un cierto mercado: el Estado en función de agente agrícola. ¿De qué agricultura "nacional” estamos hablando, fuera de su simulación por parte del Estado en función-de-agricultura?

394 espontánea del “pueblo” contra el Estado 2) espíritu del pueblo, como manifestación de una visión particular de mundo o 3) ideología de consenso generada por las “clases dominantes”. En efecto, este proceso tendría dos consecuencias inmediatas: 1) toma para sí el texto cultural estatalizándolo, es decir, formalizando la “gestión cultural” a partir de su estructura propia, de sus propios modos juridicistas y burocráticos y 2) toma para sí el espacio de la reasignación de nuevos modos de interpretación simbólica, disponiendo los “lugares” de la actividad cultural mediante la administración de la infraestructura cultural. Esto ocurre cuando una entidad auspicia y crea prácticas estatalistas tales como las ferias de artesanía, los concursos, los centros culturales o los fondos de financiamiento de las empresas culturales. La pregunta es si, en la época neo-estatalista que comienza a vivir Occidente, es posible otra forma de comportamiento de los Estados que excluya este dispositivo cultural de Estado. Parte de la respuesta la tenemos en la inminente asignación de funciones por parte de los dispositivos estatales a los llamados agentes culturales convertidos, de momento, en clientes de la gestión o empresa cultural del Estado. Esto no significa el triunfo del Estado sobre una “expresión de la cultura”; supone la creación, mediante una puesta en escena jurídica, de una instancia que expresa y manifiesta una “cultura popular” y a esta misma cultura popular como nivel de eficacia del gesto de Estado.25 De manera prospectiva puede decirse que la práctica legislativa en materia cultural irá esquivando cada vez más aspectos como el de la custodia patrimonial. Ello no obsta para que el dispositivo cultural conduzca su práctica, justamente, en nombre de la defensa del patrimonio.26 Lo que impone, muy probablemente, es el fortalecimiento del

25 La Ley de Ordenación y Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas (5, 18/7/86) no sólo ordena las artesanías sino que asegura su mercado y garantiza los abastos de materias primas. El Instituto de Cultura, por ejemplo, crea las escuelas y los subsidios para los artesanos, e incluso certifica como artesano a los individuos. En otras palabras, crea un artesanado nacional. 26 Véanse, por ejemplo, las siguientes leyes sólo en las décadas del setenta y ochenta: Capitolio de Puerto Rico. Declaración como monumento histórico, 136, 30/6/77; Pago de contribuciones sobre caudales relictos. Aceptación de bienes considerados como patrimonio cultural de Puerto Rico, 158,20/7/59; Comité Asesor del Gobernador para la Restauración, Conservación y Mejoramiento de la Fortaleza, 182, 23/7/79; Colección Felisa Rincón de Gautier; Conservación y Administración por el Archivo General de Puerto Rico, 18,24/7/85; Zona histórica de Ponce. Sector Calle Marina, 81, 6/7/85; Ley para la protección y conservación de cuevas, cavernas o sumideros de Puerto Rico, 111,12/7/85; Comisión del Quinto Centenario. Proyecto Jardín de Puerto Rico, R.C.72, 30/6/86; Protección, Conservación y Estudio de los sitios y recursos arqueológicos subacuáticos, 10, 7/8/87; Corporación para la Conservación y Administración del Antiguo Cementerio Civil Simón de la Torre, 50,1/7/88; Protección del patrimonio arqueológico terrestre, 112,20/7/88.

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propio aparato cultural designado por la función cultural de Estado sobre la función protectora del patrimonio. Nuestra hipótesis, como se recordará, es que esta actividad constitutiva de los sujetos como sujetos de cultura ha pasado a ser una función de Estado bajo el aspecto de la nota esencial e inalienable del Estado en la sociedad moderna. Tal función es esencial, como afirmábamos más arriba, a la instancia designada por el concepto de aparato cultural de Estado. En un sentido similar, la función cultural designa el conjunto de prácticas inducidas estructuralmente aunque no conducidas, no explicables, por tanto, desde la teoría tradicional de las ideologías como “falsa conciencia”. ¿Cómo llegó el Estado a crear este poderoso dispositivo cultural? En realidad ningún Estado llega a este dispositivo por la voluntad de éste o aquel sujeto particular. Llega por el nivel de eficacia específica que adquiere el mundo simbólico en una estructura social compleja. Llega, además, por el desfondamiento del referente de lo-real como relato para-sí del sujeto; por el apoderamiento de la esfera simbólica por parte de la instancia Estado en la sociedad moderna con posibilidades primermundistas. Ello se debe a que el aparato cultural es una consecuencia natural de la institución histórica del Estado entendido como mediación civilización-individuo. ¿Q ué hay, desde el punto de vista de la “cultura”, más allá o de espaldas a..., esta función cultural del aparato cultural de Estado que hemos descrito? El territorio de lo innombrable. La cultura es dentro de su forma Estatal como el pez en su pecera: cultura es aparato cultural de Estado en función cultural de Estado. En este concepto de aparato cultural de Estado hemos englobado los llamados medios de difusión masiva, las expresiones de la cultura popular, las tradiciones llamadas culturales; en fin, todo el universo simbólico que le dice a un individuo qué es y cómo es el mundo. Cuando estas dos preguntas encuentran su respuesta hablamos de un sujeto cultural; o sea, de alguien que puede ser llamado por símbolos, que es para esos símbolos y como resultado de una combinatoria específica de símbolos. Alguien que al cabo de cinco siglos puede por fin decir: Juan es mi nombre.

396 En los Apéndices A, B y E se encontrará un desglose de toda la legisla ción cultural puertorriqueña agrupada en cuatro grandes temas. Con miras a una comprensión global de nuestra legislación cultural, he respe tado la cronología dentro de cada uno de ellos.27 Estos son:

1. 2. 3. 4.

Patrimonio Fomento de actividades culturales Reglamentación de actividades culturales Prospectiva cultural

27 Para una relación de la legislación anterior a 1987, véase Harvey, E.R.: op. cit, págs. 365 y ss.

397 APENDICE A: PRIMERA ETAPA DE LA LEGISLACION CULTURAL (1880-1951)

LEY Tema 1 Patrimonio Archivo Histórico de Puerto Rico. Creación Junta Conservadora de Valores Históricos (Derogada) Archivo Histórico de Puerto Rico. Reorganización Monumentos y Lugares Históricos de Puerto Rico Solar y Ermita de Porta Coeli Casa de Luis Muñoz Rivera. Monumento Histórico Antología de Obras y Trabajos Literarios de Autores Puertorriqueños Museo de Historia, Antropología y Arte de Puerto Rico Tema 2 Fomento de actividades culturales Premios a Artículos Periodísticos Fomento de la Literatura y Producción Bibliográfica en Puerto Rico Biblioteca Camegie. Asignación de Fondos Tema 3 Reglamentación de actividades culturales Decreto español Reglamento de la ley española del 10/1/79. Propiedad intelectual Anuncios por Estaciones Radioemisoras Anunciadores Profesionales Expendio de Localidades en Teatro-Cines Comisión de Radioemisión Pública (Derogada) Zonas Antiguas o Históricas y Zonas de interés turístico. Normas Fundamentales. Texto Ordenado Edificios y otras estructuras de valor histórico o artístico de Puerto Rico. Normas Fundamentales. (Texto Ordenado) Reglamento núm. 5 Junta de Planificación. Reglamento de zonas antiguas e históricas Tema 4 Prospectiva cultural Historiador de Puerto Rico Biblioteca Camegie Instituto de Literatura Puertorriqueña Normas Fun damentales (Texto Ordenado) Escuelas Libres de Música. Junta de Gobierno Crea ción de Escuelas

NUM.

FECHA

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20/4/46

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APENDICE B: SEGUNDA ETAPA DE LA LEGISLACION CULTURAL (1951-1987) LEY NUM. Tema 1 Patrimonio Comisión pro Monumento al Soldado Puertorriqueño 63 Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 1 Himno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2 Escudo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 7 Casa de Ponce de León en Villa Caparra (Derogada) 92 Archivo General de Puerto Rico. Traslado de proto colos notariales 4 Comisión denominadora de estructuras y vías públicas del Estado Libre Asociado de PR 99 Comisión de monumentos a puertorriqueños ilustres 64 Casa Blanca. Monumento Histórico 105 Monumento a la mujer puertorriqueña 6 Capitolio de Puerto Rico. Declaración como monumento histórico 136 Pago de contribuciones sobre caudales relictos. Acep tación de bienes considerados como patrimonio cultural de Puerto Rico 158 Comité Asesor del Gobernador para la Restauración, Conservación y Mejoramiento de la Fortaleza 182 Colección Felisa Rincón de Gautier. Conservación y administración por el Archivo General de Puerto Rico 18 Zona histórica de Ponce. Sector Calle Marina 81 Ley para la protección y conservación de cuevas, caver nas o sumideros de Puerto Rico 111 Comisión del Quinto Centenario. Proyecto Jardín de Puerto Rico R.C. 72 Protección, Conservación y Estudio de los sitios y recur sos arqueológicos subacuáticos 10 Corporación para la Conservación y Administración del Antiguo Cementerio Civil Simón de la Torre 50 Tema 2 Fomento de actividades culturales Festival Casals Inc. Finanáamiento de actividades 35 Festival Casals Inc. Contratación de servicios 73 Secretaria de Instrucción Pública. Transacciones rela cionadas con estaciones públicas de radio y televi sión 101 Centro de Bellas Arte. Creación 11 Día del Grito de Lares 86 Semana de la danza puertorriqueña 20 Día de la bandera, Himno y Escudo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 68

FECHA

14/4/52 24/7/52 24/7/52 8/8/52 21/6/55 18/8/61

22/6/61 31/5/68 21/6/68 4/4/77 30/6/77 20/7/59

23/7/79 24/7/85 6/7/85

12/7/85 30/6/86

7/8/87

1/7/88 12/6/59 25/6/59 22/6/61 19/6/70 26/6/69 26/4/72 28/5/76

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Día del Advenimiento de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico 5 Día del Natalicio de Rafael Martínez Nadal 34 Día de la Prensa Puertorriqueña 23 Día del Natalicio de Juan Morel Campos y del Compo sitor puertorriqueño 47 Museo de Arte de Ponce. Asignación de fondos 178 Fondo especial para Teatro de la Opera 30 23 Día del compositor Fondo especial reconstrucción y remodelación Ateneo Puertorriqueño 56 Día de los Próceres Puertorriqueños 78 Instituto de Cultura Puertorriqueña. Programa de Fin andamiento R.C. 70 Día del Bibliotecario del Estado Libre Asodado de Puerto Rico 16 Día conmemorativo del Natalido de don Luis Muñoz 38 Marín Archivo de imágenes en movimiento RC. 129 Fondo Espedal para la División de Teatro del ICP 8 Tema 3 Reglamentación de actividades culturales Ley de administradón de documentos públicos de Puerto Rico 5 Zonas Antiguas e Históricas. Contribudones sobre la 7 propiedad y sobre ingresos. (Texto Ordenado) 5 Ateneo Puertorriqueño. Gastos Ingresos derivados de la producción y venta de obras literarias, artísticas y de artesanos puertorriqueños. 14 Exendón del pago de contribudones Compañía de variedades artísticas de Puerto Rico. 16 Normas orgánicas Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. 43 Normas Orgánicas (Texto Ordenado) Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 44 Normas Orgánicas. (Texto Ordenado) Administradón para el fomento de las artes y la cultura 76 (Derogada) Prácticas justas en la distribudón y exhibidón de 133 películas cinematográficas Derecho de admisión a espectáculos y actividades artís ticas y deportivas por personas mayores de 65 años 108 de edad Colección Felisa Rincón de Gautier. Disposidones varias RC.1186 Comisión Puertorriqueña para la Celebradón del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico. Normas Orgánicas (Texto Ordenado) RC. 71

4/4/77 7/6/77 26/5/78

12/6/78 20/7/79 1/6/82 23/5/84

2/7/85 6/7/85 30/6/86

25/4/86 5/6/86 12/7/86 8/3/88

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4/3/55 1/3/56

20/6/70 9/7/63 12/5/80 12/5/80

30/5/80 14/6/80 12/7/85

8/1/86 30/6/86

400 Ordenación y desarrollo integral de las artesanías puer torriqueñas Artículos importados que contengan la frase “Souvenir de Puerto Rico” Zonas Históricas. Contribuciones sobre ingresos Actores de Teatro de Puerto Rico Empresa de antena comunal de televisión Tema 4 Prospectiva cultural Bibliotecas Públicas Municipales Instituto de Cultura Puertorriqueña. Normas Orgá nicas. (Texto Ordenado) Desarrollo de servicios bibliotecarios públicos o esco lares. Aportaciones del Gobierno Federal Servicio de radioemisora y televisión del gobierno (Derogada) Biblioteca general de Puerto Rico. Habilitación y adqui sición de libros Escuelas Libres de Música. Creación de tres escuelas Centro Norte-Sur para el intercambio Técnico y cultural (Derogada) Instituto Puertorriqueño de Artes e Industrias Cine matográficas y de televisión Biblioteca General de Puerto Rico. Sala Eugenio María de Hostos Centro Norte-Sur para el Intercambio Técnico y Cul tural. Transferencia al Departamento de Estado Corporación de las Artes escénico-musicales de Puerto Rico Corporación de las artes musicales Oficina de Preservación Histórica. Orden Ejecutiva del gobernador Consejo para el mejoramiento de la calidad de vida en áreas urbanas Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

18/7/86

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12/5/80 31/7/85

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31/7/85

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1/7/86 21/1/87

401 APENDICE C: ESCUDOS DE LA COMPAÑIA DE FOMENTO ECONOMICO Y EL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA

402

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403 APENDICE E* TERCERA ETAPA DE LA LEGISLACION CULTURAL (1987 AL PRESENTE) FECHA NUM LEY Tema 1 Patrimonio 20/7/88 112 Protección del patrimonio arqueológico terrestre Tema 2 Fomento de actividades culturales Fondo Nacional para el Financiamiento del quehacer 20/7/88 115 cultural Tema 3 Reglamentación de actividades culturales Propiedad intelectual. Normas del Código Civil de 15/7/88 96 Puerto Rico Código Penal de Puerto Rico. Delito de influencia 15/7/88 98 indebida en la radio y la televisión Código Penal de Puerto Rico. Delitos contra la propie 15/7/88 103 dad intelectual Participación del talento puertorriqueño en espec 20/7/88 114 táculos artísticos y musicales Tema 4 Prospectiva cultural Ley para convertir el Español en el Idioma Oficial de 5/4/91 4 Puerto Rico 17/9/91 85 Ley para Aprobar la Carta de Derechos Democráticos

Fuentes para la historia del Senado de Puerto Rico: Identificación y localización

Silvia Alvarez Curbelo Fernando Picó Carmen I. Raffucci

407

La necesidad de renovar la historiografía política de Puerto Rico se manifiesta a través de la insatisfacción por la historia recibida. Se despliega en el cuestionamiento a la tan arraigada visión de procerato recogida en libros y textos, y en el deseo de entender nuestros procesos políticos en un marco más amplio que el frecuentemente ofrecido por la narración de acontecimientos desde la perspectiva de los partidos y sus dirigentes. Se evidencia también en la intención de manejar inventarios políticos —incluyendo partidos y líderes— desde los accesos provistos por la historia cultural, el análisis semiótico del discurso político y una nueva historia institucional que se detiene en procesos fundacionales, de legitimación e instauración de tradiciones y símbolos. Sin embargo, para renovar la historia política no basta con explorar nuevos enfoques, temas frescos y métodos novedosos. Hay que identificar, examinar y re-examinar fuentes capaces de brindar la información deseada. Para el historiador una fuente es cualquier testimonio contemporáneo relacionado con los procesos que han de estudiarse. Es importante destacar que el concepto no se circunscribe a documentos escritos. El valor de las huellas y testimonios que reflejan el quehacer social del hombre (fuentes) es relativo a la naturaleza de los problemas y circunstancias que en un momento dado se desee estudiar. En una época se privilegió el testimonio del líder o actor histórico, en otra los testimonios cuantitativos e institucionales supuestamente objetivos, en otra los testimonios involuntarios o casuales, escritos o grabados, que ilustraban valores y actitudes de los protagonistas de acciones. Es de esa variedad de testimonios y enfoques que se nutre la Historia. No podemos prever los usos posibles que los historiadores le den a la evidencia examinada ni tampoco sus interpretaciones, pero podemos hacerle accesible materiales básicos para que hagan al pasado las preguntas que juzguen pertinentes para entender su propio presente y para elaborar propuestas o lecturas intelectualmente sólidas. En este breve ensayo aspiramos a identificar las principales clases o tipos de fuentes disponibles para conocer el origen y la trayectoria de una importante institución de gobierno en el siglo XX, el Senado de Puerto Rico. No es una lista exhaustiva y la existencia de esas fuentes no necesariamente implica el acceso garantizado a ellas, ya que muchas están en manos de instituciones privadas o de familiares de antiguos senadores. El listado obedece al empeño en crear conciencia sobre el valor

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de este género de huellas, guiar a futuros investigadores en la fase inicial de su trabajo y motivar la búsqueda y la preservación de todo testimonio que arroje luz sobre hechos, estructuras, instituciones o actores importantes para conocer lo acontecido en Puerto Rico. Un instrumento indispensable para acercarse y hacer la historia del Senado son las Actas del Senado de Puerto Rico, publicadas a partir de 1918. Aunque estos documentos recogen pocos debates, resumen las principales gestiones cotidianas del Cuerpo, especialmente la presentación y aprobación de medidas legislativas. Suplementarios a las Actas, están los resúmenes de legislación pendiente (Resumen y estado de la legislación radicada y recibida en el Senado) y los libros de récord que ofrecen una síntesis del historial legislativo de una medida desde que se radica hasta que se deja pendiente o aprueba. El Diario de sesiones, instituido en 1952, constituye otra fuente necesaria para el estudio de la actividad senatorial. Entre otras cosas, contiene la transcripción exacta de propuestas y debates llevados a cabo en el organismo día por día y revela los intereses de las tendencias políticas representadas. Refleja, también, la naturaleza de las discusiones en torno a proyectos, resoluciones y otras expresiones del Cuerpo. Posiblemente en ningún otro lugar se manifieste con tanta claridad y viveza el calor de los debates, las explicaciones y justificaciones de los actores políticos, la agudeza, genialidad o pobreza de los argumentos, y los cambios o transformaciones que sufre un proyecto desde que se inicia hasta que culmina en legislación. La Biblioteca Legislativa alberga gran parte de esta documentación y es uno de los primeros lugares que debe visitar el investigador interesado. La oficina de Administración de Documentos actúa de archivo central del Senado de Puerto Rico y custodia gran parte de sus documentos, tales como actas firmadas por el presidente y el secretario del Cuerpo, expedientes de proyectos por número y año de radicación, libros de récord, grabaciones y transcripciones de sesiones y leyes aprobadas una vez firmadas por el gobernador. En los últimos años se le ha requerido a las comisiones senatoriales que, al finalizar cada cuatrienio, depositen en la Administración de Documentos el material generado en el descargue de sus funciones. Sin duda, estos documentos constituyen un importante acervo que debe preservarse. Al inaugurarse la actividad legislativa en el país a comienzos de siglo, la prensa partidista dedicó mucho tiempo y espacio a la reproducción de escritos y discursos de líderes políticos. En múltiples ocasiones editorializó, publicó textos completos de proyectos y leyes, y recogió parcial o totalmente los debates importantes. El examen de periódicos como La Democracia, El País, El Tiempo, The Porto Rico Herald, La Correspondencia de Puerto Rico y otros más cercanos como El Mundo, El Imparcial o Claridad es un paso necesario en la exploración de la trayectoria de los procesos políticos insulares. La Colección

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Puertorriqueña de la Biblioteca General José M. Lázaro del Recinto Universitario de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con una magnifica colección de periódicos y revistas.1 La Universidad del Sagrado Corazón en Santurce posee una valiosa colección de Ellmparcial. En 1986 se publicó un primer Catálogo colectivo de periódicos en Puerto Rico donde se desglosan los recursos periodísticos disponibles en alrededor de veinte instituciones participantes. Entre éstas se encuentran los recintos de Rio Piedras, Mayagüez y Cayey de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón, el Archivo General de Puerto Rico, la Biblioteca Camegie y el Ateneo Puertorriqueño.2 Las colecciones documentales publicadas en forma de obras completas de figuras como, por ejemplo, Luis Muñoz Rivera o José de Diego son de gran utilidad para los investigadores. Los papeles de José Celso Barbosa y Santiago Iglesias Pantín están en manos de sus respectivas hijas, quienes han brindado acceso a determinados historiadores, facilitado la publicación de fuentes y escrito libros relacionados con la vida y gestión pública de estos hombres. Vale la pena destacar la gran labor realizada por doña Pilar Barbosa de Rosario en memoria de su padre. En 1979 la Editorial de la Universidad de Puerto Rico publicó la colección documental Puerto Rico: cien años de lucha política compilada por el doctor Reece Bothwell González. El libro, que consta de cuatro volúmenes en cinco tomos, recoge la mayoría de los programas y plataformas que los partidos y movimientos políticos han articulado desde el nacimiento de los primeros partidos insulares en el último tercio del siglo XIX. Además, Bothwell reúne una amplia selección de discursos, artículos de periódicos y reseñas de debates que ayudan a reconstruir la agitada vida política del país hasta nuestros días. Gran parte de la documentación perteneciente a ex-senadores está dispersa, sin organizar o, como se ha señalado, permanece en manos de familiares. En tiempos recientes, sin embargo, varias colecciones están accesibles o en vías de catalogación. La Fundación Luis Muñoz Marín tiene inventariados los documentos de Luis Muñoz Marín, incluso los relacionados con su gestión senatorial entre 1932 y 1936 y con su presidencia del Senado de 1941 a 1948. La Serie 10 (Legislatura) contiene “información sobre Proyectos de Ley, Actas del Senado, Comisiones

1 Para un inventario detallado de las actas, libros, revistas, artículos y otros materiales relacionados con el Senado de Puerto Rico ver el valioso informe de trabajo “Materiales relacionados al Senado de Puerto Rico disponibles en la Colección Puertorriqueña y en la Biblioteca Legislativa”, preparado por la estudiante investigadora Mareia Quintero Rivera (marzo a junio de 1991). 2 El proyecto fue subvencionado por la Fundación Nacional de las Humanidades. En octubre de 1990 se publicó el Catálogo colectivo de periódicos en Puerto Rico, que es de gran utilidad para los usuarios de este tipo de fuente.

410 Especiales o Permanentes, Conferencias Legislativas, Correspondencia sobre Legislación, Presupuestos y Resoluciones” de los años 1941 a 1948.3 Las Series 2 y 4 recogen correspondencia recibida durante los períodos en que Muñoz Marín estuvo en el Senado. Del período 1932 al 36 hay documentación diversa en las Series 1, 2, 3, 4, 5 y 6.4 Estos testimonios pueden ser complementados con los papeles de la Colección Ruby Black: 1926-1948, disponibles en el Centro de Investigaciones Históricas (CIH) de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El CIH guarda también los papeles de Luis Negrón López, ex presidente del Senado, los cuales contienen importante información sobre las décadas de 1950 y 1960. Hay una Serie sobre la Convención Constituyente y otras relacionadas con Educación, Salud Pública, Nombramientos, Agricultura, Movimiento Obrero y Status Político. Como parte del proyecto de publicación de este libro de ensayos sobre la historia del Senado de Puerto Rico en ocasión del septuagésimo quinto aniversario, las profesoras Silvia Alvarez y Carmen I. Raffucci llevaron a cabo una primera evaluación de los papeles pertenecientes al senador Ernesto Carrasquillo. Se rescataron para preservación inmediata los libros de Actas del Partido Popular Democrático, Junta local de Yabucoa, 15 de agosto de 1938 a 13 de agosto de 1950 y 21 de mayo de 1951 a 27 de agosto de 1967. También se procedió al rescate de las Actas de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Junta de Yabucoa, 21 de septiembre de 1929 a 5 de noviembre de 1943. En un futuro cercano esperamos completar el inventario de los papeles, fotografías y otros testimonios conservados por Carrasquillo. Nos consta la existencia de documentos personales y públicos atesorados por legisladores o sus familiares que valdría la pena inventariar y conservar para futuras investigaciones históricas. En ocasión de la conmemoración de alguna efemérides, el Senado de Puerto Rico podría diseñar un plan de rescate, preservación y catalogación de documentación relacionada con las ejecutorias de senadores o ex-senadores. Conviene recordar que muchos legisladores han cultivado la literatura, especialmente el ensayo, y no existe una bibliografía completa de su obra. Tampoco se cuenta con una lista de los trabajos en tomo a su producción intelectual. Esta sería una manera muy adecuada y útil de reconocer la labor de personas destacadas en la Asamblea Legislativa y serviría de base para la creación del Archivo Histórico del Capitolio de Puerto Rico donde se recogería la documentación perteneciente al Senado y a la Cámara de Representantes.

3 Clotilde Rexach Benítez, “Informe sobre el trabajo realizado en el mes de abnl, mayoy junio de 1991”, Proyecto Historia del Senado 4 Ibid.

411 El Archivo General de Puerto Rico (AGPR) alberga un Fondo Legislativo que consta de treinta y cuatro (34) cajas tamaño legal y treinta y siete (37) piezas individuales pertenecientes al Senado y a la Cámara de Representantes. Las dos secciones más importantes para el tema que nos ocupa son la Sección Senado de Puerto Rico/Consejo Ejecutivo (1903-29) y la Sección Convención Constituyente (1951-52). En la primera (Consejo/Senado) se encuentran actas correspondientes a los años 1903 a 1929 y libros de registro de proyectos. La Sección Convención Constituyente contiene actas, resoluciones, mociones, informes y material mimeografiado. El Fondo también posee una Sección de Minutas pertenecientes al Consejo Ejecutivo (1900-1901) y al Senado (1918-1925). Hay, también, una Sección de Proyectos y la Sección Comisiones, que reúne documentos de la Comisión Económica de la Legislatura (que sirvió a ambas cámaras) correspondientes al período 1914-1940. Otro acervo disponible en el AGPR que debe ser consultado por los investigadores es el Fondo Colecciones Particulares donde hay materiales relacionados con, o pertenecientes a, personalidades destacadas en la vida pública que ocuparon escaños legislativos como Luis Muñoz Rivera y José de Diego. El Congressional Record, los informes de comités, los testimonios vertidos en vistas públicas, particularmente cuando se discute algún asunto relacionado con Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, conforman otro tipo de fuente de información valiosa sobre los procesos políticos y la actividad legislativa insular. Hasta donde sabemos no existe un listado de los materiales disponibles en los Archivos Nacionales d« Washington referentes al Senado de Puerto Rico. Sin embargo, e| importante señalar que en el transcurso de la investigación para su tesi. > sobre la Ley de la mordaza en Puerto Rico (1948-1957), la profesora Ivonnd Acosta de García consultó valiosas fuentes relacionadas con el tema en los Archivos Nacionales y en la Biblioteca del Congreso.5 Los papeles de los comisionados residentes de Puerto Rico en Washington son otro filón documental de valor para el estudio de la historia institucional y política. El Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras) cuenta con la Colección Angel M. Mergal, que agrupa documentos pertenecientes al destacado político y primer comisionado residente, Federico Degetau. Entre otras cosas, se encuentran cartas intercambiadas con líderes políticos locales que eventualmente pasaron a formar parte del Consejo Ejecutivo o del Senado de Puerto Rico.

5 El trabajo de la profesora Acosta fue publicada en 1987 por Editorial Edil con el titulo La mordaza: Puerto Rico 1948-1957.

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El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR) en el Recinto de Río Piedras custodia otra importante fuente documental para la historia de la Legislatura puertorriqueña: los planos originales del Capitolio (1924). La Colección Capitolio documenta, además, los diversos diseños arquitectónicos realizados entre 1907 y 1921 y contiene información pertinente a cada uno de ellos. Guarda información sobre el plan maestro desarrollado en 1925 por la firma Bennett, Parsons y Frost de Chicago y los documentos de diseño de las Oficinas Legislativas preparados por la firma de arquitectos Toro y Ferrer. La consulta de estos testimonios gráficos posibilita el estudio y documentación de la trayectoria arquitectónica, las preferencias estilísticas para la sede legislativa en tres etapas distintas, la transformación de los espacios a través del tiempo y el desarrollo del recinto en Puerta de Tierra. Hay algunos trabajos publicados por personas vinculadas a la Asamblea Legislativa que constituyen referencias obligadas al aproximarse al tema que nos ocupa. Los libros de Néstor Rigual, quien por muchos años ocupó la Secretaría de la Cámara de Representantes, y de Tomás Ortiz MacDonald, ex-secretario del Senado de Puerto Rico, son obras de consulta obligada.6 Otras obras útiles al investigador que explora la historia político-institucional insular es el libro en cuatro volúmenes del licenciado José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico, 1980-83), y la Historia de los partidos políticos puertorriqueños, 1898-1956 de Bolívar Pagán, publicada en 1959. El estudio de la historia política e institucional continúa siendo un proyecto válido y atractivo para historiadores e investigadores en el Puerto Rico de hoy. Este interés se demuestra, por ejemplo, en las diversas tesis presentadas en años recientes para la obtención de grados de maestría. Entre otras, vale la pena destacar los trabajos de Luis Martínez Fernández, El Partido Nuevo Progresista: Su trayectoria hacia el poder y orígenes sociales de sus fundadores, 1967-1968 (Universidad de Puerto Rico, 1984), de Amalia Alsina Orozco, Los congresos pro-independencia (Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1987), de Arturo Bird Carmona, La huelga agrícola de 1915 y la fundación del Partido Socialista (Universidad de Puerto Rico, 1986), y la ya mencionada obra de Ivonne Acosta de García, La mordaza: Puerto Rico 1948-1957 (Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1987). 6 El señor Ortiz MacDonald publicó en 1971 Legisladores de Puerto Rico, 1900-1972. Entre las obras más importantes de don Néstor Rigual están los dos volúmenes titulados Incidencias parlamentarias en Puerto Rico (1972 y 1977) referentes al período 1900-1930 y 1931-1940; Miembros y funcionarios de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (1962) y El Capitolio estatal. Legisladores 1900-1953 y leyes relativas a la Asamblea Legislativa (Mimeografiado, 1954).

413 En colecciones públicas o privadas, en el Archivo General de Puerto Rico, en la Biblioteca Legislativa o en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, en la prensa, en publicaciones individuales o en documentos diversos, tiene el Senado de Puerto Rico las fuentes para su historia. Fuentes que esperamos este volumen amplíe e invite a frecuentar.

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ENSAYISTAS / COLABORADORES:

Silvia Alvarez Curbelo posee una maestría en Artes con especialización en Historia. Cursó estudios graduados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es candidata doctoral en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Sus investigaciones se orientan hacia la historia cultural e historia de las ideas en América Latina. Es catedrática auxiliar de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y consultora de la compañía Clínica Zaga Films.

Antonio Gaztambide Géigel obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia en la Universidad de Princeton, New Jersey. Sus investigaciones giran en torno a la historia contemporánea y las relaciones internacionales del Caribe. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y enseña cursos graduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. Carlos Gil Ayala cursó estudios graduados en Lengua Francesa, Historia del Arte y Filosofía en las Universidades de Dijon, Francia y Valladolid en España. Es candidato al grado de doctor, especializado en Filosofía Pura, en la Universidad de Valladolid. Se desempeña como profesor de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luis Martínez Fernández ostenta una maestría en Artes con especialización en Historia de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en la misma disciplina de la Universidad de Duke, Carolina del Norte. Es profesor asociado de Historia de América Latina y Estados Unidos en Augusta College, Augusta, Georgia y autor del libro El Partido Nuevo Progresista: Su trayectoria hacia el poder y orígenes sociales de sus fundadores (Edil, 1986).

Fernando Picó recibió el doctorado en Historia en la Universidad de Johns Hopkins en 1970. Es, además, sacerdote jesuita y catedrático en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha publicado diversos libros sobre historia de Puerto Rico, entre ellos una Historia general de Puerto Rico y, junto a Carmen Rivera Izcoa, Puerto Rico tierra adentro y mar afuera: Historia y cultura de los puertorriqueños.

Carmen I. Raffucci estudió la maestría en Artes con especialización en Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Cursó estudios doctorales en Historia de América Latina y el Caribe en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Columbia en Nueva York. Obtuvo el grado de “Master of Philosophy” (M.Ph.) en 1979 en dicho centro docente. Se desempeña como catedrática asociada de Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y colabora con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan.

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Marcos Ramírez Irizarry se graduó de abogado en la Universidad de Puerto Rico y obtuvo una maestría en Derecho y otra en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard en 1943 y 1945 respectivamente. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico durante el cuatrienio 1952-1956 y presidente del Consejo de Educación Superior de 1985 a 1986. Se dedica a la práctica privada de la abogacía. Aarón Gamaliel Ramos ostenta un doctorado en Sociología Política de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Es catedrático asociado de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y autor del libro Las ideas anexionistas en Puerto Rico bajo la dominación norteamericana (Huracán, 1987).

César A. Rey Hernández estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Oberlin College, Ohio y terminó el doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1983. Es catedrático asociado de Ciencias Sociales en la Universidad del Sagrado Corazón, Santurce y ocupó el cargo de decano de Asuntos Académicos de esa institución de 1987 a 1989. María E. Rodríguez Castro tiene una maestría en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Lenguas y Literaturas Romances de la Uni versidad de Princeton, New Jersey. Es especialista en teoría literaria y estudios latinoamericanos y caribeños. Se desempeña como catedrática asociada en el Departamento de Literatura Comparada en la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Carlos Rodríguez Fraticelli posee un doctorado en Historia de la Universidad de California en San Diego. Dirigió la Sección de Educación Superior del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College en la ciudad de Nueva York. Actualmente enseña en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Blanca G. Silvestrini es historiadora y abogada. Hizo estudios doctorales en Historia en la Universidad del Estado de Nueva York (Albany) y un grado en Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente completó una maestría en Derecho en la Universidad de Stanford. Es catedrática en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido profesora visitante de Historia en la Universidad de Harvard y de Derecho en Stanford Law School. Fue “Fellow” del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences en Stanford, California. Enrique Vivoni obtuvo la maestría en Arquitectura en la Universidad de Puerto Rico y el doctorado en esa disciplina en la Universidad de Pennsylvania. Desempeñó un papel destacado en la creación y organización de la Red de Archivos Históricos de Puerto Rico (ARCHIRED) que actualmente preside. Es catedrático asociado en la Facultad de Arquitectura y director del Archivo de Arquitectura y Construcción de la U niversidad de Puerto Rico (AACUPR), Recinto de Río Piedras.

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INTEGRANTES DEL SENADO DE PUERTO RICO CUATRIENIO 1988-1992

Honorable Miguel A. Hernández Agosto Presidente Honorable Miguel A. Deynes Soto Vice-presidente Honorable Gilberto Rivera Ortiz Portavoz Mayoría Partido Popular Democrático Honorable Roberto Rexach Benítez Portavoz Minoría Partido Nuevo Progresista Honorable Fernando Martín García Portavoz Minoría Partido Independentista Puertorriqueño Honorable Jorge Orama Monroig Portavoz Alterno Mayoría Honorable Aníbal Marrero Pérez Portavoz Alterno Minoría Partido Nuevo Progresista Honorable Elsie Calderón de Hernández - PPD Honorable David Cruz Vélez - PNP Honorable Antonio J. Fas Alzamora - PPD Honorable Velda González García - PPD Honorable Ana Nisi Goyco - PPD Honorable José G. Izquierdo Stella - PPD Honorable Américo Martínez Cruz - PPD Honorable Victoria Muñoz Mendoza - PPD Honorable Nicolás Nogueras - PNP Honorable Héctor O’Neill García - PNP Honorable Sergio Peña Clos - PPD Honorable Joaquín Peña Peña - PPD Honorable Oreste Ramos - PNP Honorable Marco Antonio Rigau - PPD Honorable Juan Rivera Ortiz - PPD Honorable Enrique Rodríguez Negrón - PNP Honorable Edgardo Rosario Burgos - PPD Honorable Jesús Santa Aponte - PPD Honorable Rolando A. Silva - PNP Honorable Cirilo Tirado Delgado - PPD

La composición tipográfica de este volumen se realizó en Ediciones Huracán, Inc. Ave. González 1002 Río Piedras, Puerto Rico. Se terminó de imprimir en julio de 1992 en George Banta Co. Virginia, U.S.A. La edición consta de 3,000 ejemplares.