Discurso:
La celebración de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing, China, en septiembre de 1995, constituye un hito histórico, fundamental para el logro de los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz, que ha transformado la vida de las mujeres y marcó un nuevo rumbo en las políticas dictadas por los gobiernos de 189 países, que participaron y adoptaron tanto la Declaración como la Plataforma de Acción. Para los años 90´s, la agenda internacional marcaba nuevos desafíos y problemas críticos de la humanidad, tomando en cuenta el fin de la guerra fría, la reestructuración de la economía mundial y la repercusión de la globalización y la crisis de los paradigmas del desarrollo. Quiero destacar, que en toda la región hubo un gran trabajo previo realizado desde el movimiento de mujeres, feministas y ONGs de mujeres, sobre cuya base se discutió y se marcaron los objetivos del esperado encuentro. Los gobiernos examinaron y analizaron los progresos alcanzados desde la última conferencia en Nairobi y se comprometieron a eliminar los obstáculos fundamentales para el adelanto de la mayoría de mujeres, en relación a la participación, pobreza, salud, educación, violencia, derechos humanos y paz. Beijing, sin lugar a dudas, fue un evento trascendente: puso de manifiesto con toda claridad que lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, no sólo era un tema de interés para las mujeres, sino una cuestión fundamental para alcanzar el desarrollo social que le interesa a la sociedad en conjunto. Una vez que se reconoció la importancia de las temáticas más relevantes para las mujeres, se adoptó la transversalización de género como mandato principal de los mecanismos, con el fin de promover y desarrollar políticas de igualdad de género. Veinte años después, podemos palpar lo que indiscutiblemente significó la Plataforma de Acción de Beijing: un programa encaminado a crear las condiciones necesarias para el empoderamiento de las mujeres en la
sociedad, buscando acelerar la aplicación de las estrategias de Nairobi, para eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres, en todas las esferas de la vida pública y privada. Para el Ecuador, Beijing marcó muchos avances históricos, una vez asumidos los compromisos, empiezan a darse cambios importantes a favor de los derechos de las mujeres, fortaleciendo la institucionalidad de género y buscando un giro en las políticas públicas incorporando el enfoque de género. Quiero destacar dos elementos que son vitales para nuestro país, primero lo que ha supuesto para la vida de las mujeres la implementación de las 12 esferas críticas de atención de la Plataforma, y luego, para la consolidación del mecanismo de género que en estos veinte años ha pasado por varios procesos de transformación. Las mujeres hemos dejado de ser vistas como población de atención prioritaria, a ser consideradas plenamente como sujetas de derechos, el empoderamiento logrado en estos años es el mayor logro alcanzado, a mi juicio. En Ecuador, en 1970, se crea la Primera Oficina Nacional de la Mujer dentro de la estructura del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, que trabajaba en la ejecución de programas de desarrollo productivo para mujeres de sectores populares. A partir de la Primera Conferencia de la Mujer, realizada en México en 1975, las mujeres impulsaron iniciativas para fortalecer las instancias estatales en favor del “adelanto de las mujeres”. En 1986, esta instancia se transforma en la Dirección Nacional de la Mujer DINAMU, dentro de la misma institucionalidad pública que a esa fecha se denomina el Ministerio de Bienestar Social. La DINAMU basó su trabajo en el enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) con un énfasis en fortalecer proyectos productivos, y en combatir la violencia intrafamiliar. A finales de los 80´s, se produce un cambio de enfoque, pasando del enfoque MED al Enfoque Género en el Desarrollo (GED), constatando que para propiciar un cambio profundo en las relaciones de poder, se deben entender los roles de hombres y mujeres
como algo construido culturalmente, y que es atravesado por otros condicionantes: factores económicos, políticos, étnicos, culturales. Este proceso cobró gran fuerza en los años noventa, precisamente al calor de las actividades preparatorias de Beijing. Cabe resaltar que la acción de las mujeres organizadas fue esencial en la exigencia del cumplimiento de las convenciones internacionales y los compromisos del Estado con los instrumentos de Naciones Unidas. Fruto de ello, en 1997, se crea el Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU, adscrito a la Presidencia de la República, que debía coordinar la inserción del enfoque de género en las políticas públicas y promover el desarrollo de programas y proyectos a favor de las mujeres y las niñas, contando con el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO), como instrumento base de su accionar. El PIO 1996-2000, en consonancia con la Plataforma de Acción de Beijing, reflejaba el compromiso del Gobierno Ecuatoriano para asumir la superación de la discriminación de la mujer, como un tema de interés nacional; contempló acciones en distintos sectores dirigidos a superar las limitaciones y obstáculos que impedían, y aún impiden, la participación plena de las mujeres en igualdad con los hombres; en la vida económica, política, social y cultural. En esta época es importante destacar como logros más relevantes, la aprobación de la Ley 103 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, la Ley de Cuotas, Ley de Amparo Laboral de la Mujer, y la Ley de Maternidad Gratuita. Tal vez más importante, por su carácter mandatorio, fue la incidencia lograda en la Constitución de 1998, gracias al apoyo y lucha del movimiento de mujeres; donde se reconoció entre otros los siguientes derechos:
la igualdad y no discriminación;
una vida libre de violencia y la integridad personal,
tomar decisiones libres y responsables en la vida sexual y reproductiva,
una educación no discriminatoria que promueva la equidad de género y a la coeducación;
el reconocimiento del trabajo doméstico como labor productiva; la igualdad y corresponsabilidad en la familia,
el reconocimiento y apoyo a las jefas de hogar;
la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos electorales y en los cargos de designación
la obligatoriedad del Estado de generar políticas públicas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, así como la incorporación del enfoque de género en todas las actuaciones del estado.
Todos estos temas eclosionan progresivamente en la primera década del siglo XXI: nuevas agendas, diferentes enfoques y posiciones más radicales serán propuestas por las mujeres y las personas LGBTI en la Asamblea Constituyente de 2008. Este escenario y la reforma del Estado, liderada por gobierno del Presidente Rafael Correa, busca transformar las relaciones de poder y canalizar las demandas de la ciudadanía, instaurando un nuevo régimen político y económico, y por ende, un nuevo modelo de desarrollo que reconoce al ser humano como sujeto y fin, el Buen Vivir o Sumak Kawsay. En este marco se establece una relación directa entre el ejercicio de derechos y el Buen Vivir; se consagra el principio de igualdad y no discriminación en razón de género, se profundiza en materia de derechos humanos de las mujeres; y define al Estado, entre otras características, como un Estado de derechos, laico, intercultural y plurinacional; definiciones que son sin duda una respuesta a la creciente reivindicación social de los sujetos políticos históricamente discriminados. La Constitución configura una nueva institucionalidad de género en el Estado, que responde a este nuevo momento histórico del país. Los artículos 156 y 157, así como el artículo 6º del Régimen de Transición, establecen la existencia de los Consejos de Igualdad, entre ellos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Así mismo, reconoce la necesidad de garantizar la debida implementación de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Este nuevo marco constitucional, faculta al mecanismo de género para incidir en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas que
garanticen, efectivamente, los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, estableciendo la obligatoriedad en su cumplimiento por todas las entidades del Estado y niveles de gobierno. En este marco transformador y dando cumplimiento a la transitoria sexta de la carta magna, en el año 2009 el mecanismo de género entró en transición con el objetivo de estructurar la nueva institucionalidad que responda al cambio que vive el país, hacia el Buen Vivir, es en este contexto y nuevos horizontes hacia la igualdad que se estableció la creación de Consejos Nacionales para la Igualdad. Este tiempo de repensar la institucionalidad de género, representó un reto para reorganizar el trabajo y al mismo tiempo no dejar de cumplir con el compromiso con las mujeres. El pasado 7 de julio, con la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacional para la Igualdad; concluye este largo proceso de transición, que demandó arduas jornadas de discusión y consensos entre los cinco Consejos previstos en la Constitución. Sin duda, ha sido un tiempo de trabajo intenso, dedicado a la construcción de estrategias que nos permitan llegar a todos los espacios de la gestión pública, esta es una apuesta técnico política, como ha sido siempre la vocación del mecanismo de género ecuatoriano, pero esta vez desde un escenario de más alto nivel, hemos estado preparando el camino para lograr una gestión cada vez mejor, cada vez más fuerte y sobre todo cada vez cercana a las mujeres, hombres, y a las personas LGBTI. Los logros que tenemos como país me hacen creer que llegamos al ideal de Beijing, cuando se acordó crear mecanismos nacionales fortalecidos, para la transveralización de políticas para la igualdad de género, situándolos en las más altas esferas de gobierno para construir el camino hacia la igualdad. En esta última etapa, quiero destacar brevemente, el trabajo de incidencia desarrollado por las autoridades el equipo técnico para incorporar el principio de igualdad y el enfoque de género en:
PNBV 2013-2017 y demás instrumentos y herramientas del Sistema Integrado de Planificación,
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de Igualdad,
Incidencia a nivel de gobiernos autónomos descentralizados,
Sistema nacional de estadísticas para la generación de información desagregada por género y diversidad sexual,
Primera encuesta de relaciones familiares y violencia de género a nivel nacional,
Estudios sobre las Condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos de la población LGBTI,
Cuentas satélite de trabajo no remunerado
Seminarios internacionales que nos ha permitido analizar y generar alianzas en torno a: mujeres rurales, Justicia Electoral, Construcción del Buen Vivir, Educación Superior, pero sobretodo contar a la región los avances país en cuanto a género.
Observancia a casos de vulneración de derechos a mujeres y niñas para garantizar sus derechos
Escuelas de formación "Mujeres, Territorios y Buen Vivir”, y “Fortalecimiento de la Participación y Organización Política de las Mujeres” en 6 zonas del país.
Incidencia politica en las cinco funciones del Estado y en los Gobiernos Autónomos Descentralizados para profundizar en transversalizar la perspectiva de género.
Finalmente la formulación y socialización de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, como instrumento técnico político.
Este ha sido, a riesgo de omitir muchos hitos relevantes, el camino recorrido por nuestro mecanismo, esas fueron las bases y los antecedentes que marcan nuestra gestión ahora. No ha sido fácil, aún nos quedan algunos retos no menos trascendentes, por lo que constatamos que las esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing siguen vigentes, aunque que con otros matices; ahora nuestros esfuerzos deben centrarse en romper con la neutralidad que, pese a todos los avances formales en términos de igualdad y no discriminación, siguen estando presentes en las políticas públicas; así mismo, constatamos con preocupación la necesidad de incidir con más fuerza en la deconstrucción de los patrones culturales discrimintarios y excluyentes que persisten en nuestra sociedad, la violencia sigue siendo un interés prioritario para el
Estado, así como garantizar la plena inserción de las mujeres y las personas LGBTI en el desarrollo económico del país… entre otros temas igualmente relevantes. Veinte años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, renovamos nuestro compromiso como Estado de reafirmar la necesidad de garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos y libertades fundamentales. Finalmente, quiero agradecer como mujer y actual responsable del mecanismo de género, a cada una de las mujeres que en estos veinte años estuvieron a la cabeza del mecanismo de género y, de manera muy especial y fraterna a los movimientos de mujeres del Ecuador, que en cada etapa han resignificado la lucha por nuestros derechos.