Informe beijing 20 Ecuador

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING Y EL DOCUMENTO FINAL DEL VIGÉSIMO TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL (2000) PARA LA PREPARACIÓN DE LAS EVALUACIONES Y EXÁMENES REGIONALES QUE TENDRÁN LUGAR EN 2015 PARA LA CONMEMORACIÓN DE BEIJING+ 20.

Quito, 1 de mayo de 2014

I. ANÁLISIS GENERAL DE LOS LOGROS Y RETOS DESDE 1995 Logros: La aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), el Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (2000) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW (1979), ratificada por el Ecuador en 1981, han contribuido a que en el país se logre la aprobación de nueva normativa constitucional garante de los derechos humanos de las mujeres, se desarrollen leyes secundarias como la de maternidad gratuita y atención a la infancia, contra la violencia intrafamiliar y, la de cuotas(participación política). Genere la obligatoriedad al Estado, sobre ámbitos estratégicos para el ejercicio de los derechos, tales como: salud sexual y reproductiva, participación política y erradicación de la violencia contra las mujeres. Produzca un conjunto de políticas públicas específicas para el abordaje de varias problemáticas, a través de planes y programas nacionales. Se cambie de manera sustancial el estatus del mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, de una dirección de la mujer en el Ministerio de Bienestar Social, al Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU (1997), como instancia adscrita a la Presidencia de la República.

El proceso constituyente que devino en la Constitución de 1998, fue un primer momento de inflexión, al colocar la totalidad de las reivindicaciones de las mujeres en el texto final, incorporando el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal; el derecho a tomar decisiones libres y responsables en la vida sexual y reproductiva; el derecho a la educación no discriminatoria que promueva la equidad de género y a la coeducación; el reconocimiento del trabajo doméstico como labor productiva; la igualdad y corresponsabilidad en la familia, el reconocimiento y apoyo a las jefas de hogar; el derecho a la igualdad y no discriminación; a la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos electorales, en los cargos de designación del ámbito público, de la administración de justicia, de los organismos de control y en los partidos políticos; y la obligatoriedad del Estado de generar políticas públicas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, así como la incorporación del enfoque de género.

Sin embargo los límites del despliegue de los derechos, fueron los del modelo neoliberal, que se consolidó como paradigma de desarrollo y que en las décadas subsiguientes fracasó, aumentado las desigualdades materiales y el incremento de la pobreza.

Un segundo momento de inflexión en el avance de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, fue el proceso constituyente de 2008, donde se redactó la actual Constitución de la República, aprobada mediante referéndum. Ahí se definió un nuevo paradigma de desarrollo, el Buen Vivir o Sumak Kawsay, que establece una relación directa entre ejercicio de derechos y desarrollo; consagra el principio de igualdad y no discriminación, entre otras razones, en razón de género; profundiza los avances del anterior texto constitucional (1998) en materia de derechos humanos de las mujeres; y define al Estado, entre otras características, como un Estado de derechos, laico, intercultural y plurinacional; definiciones que son sin duda respuestas a la reivindicación social creciente, de los sujetos políticos estructuralmente discriminados.

Esta inflexión es el resultado de procesos sociales que venían tejiéndose desde años anteriores, ante la creciente desigualdad, pobreza y exclusión de la gran mayoría. En el caso de las mujeres organizadas y no organizadas que son parte del movimiento, trabajaron en un proceso de preparación, análisis, discusión y acuerdos desde el 2007, bajo una premisa fundamental “ni un paso atrás de las conquistas alcanzadas en el 98”. Un hito importante fue el Encuentro Nacional realizado en Riobamba al que se denominó, “Pre Constituyente de las Mujeres Ecuatorianas”.

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Posteriormente le sucedieron varios talleres y reuniones de discusión, destinados a enriquecer la propuesta inicial que devino en el documento “Agenda de las Mujeres para la nueva Constitución ecuatoriana”. La propuesta fue presentada en Montecristi a los y las asambleístas, en una gran marcha que movilizó la diversidad de mujeres del movimiento. La institucionalidad pública responsable del adelanto de la mujer, Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), promovió, acompañó, dio la asistencia técnica permanente en este proceso.

El camino no concluyó con la entrega de la Agenda, devino en largas jornadas de incidencia política en las comisiones de trabajo y con los asambleístas, preparando argumentos técnico jurídicos, como también políticos, para la sustentación de las reivindicaciones, que paulatinamente iban convirtiéndose en texto constitucional.

Se puede verificar que las propuestas de las mujeres del movimiento, están presentes a lo largo del texto constitucional, logrando su objetivo político final, esto es, ser coautoras de las definiciones estratégicas para el cambio profundo que el país necesitaba y sigue necesitando.

Este escenario de cambios estructurales, también estuvo acompañado de procesos regionales e internacionales decisivos. La X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2007), cuya declaración final de acuerdos “Consenso de Quito”, fue un hito en la progresividad de los derechos de las mujeres, al poner en las preocupaciones y obligatoriedad de los Estados dos temas clave: la paridad de género, en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles público y privado; y la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.

En 2010 la XI Conferencia Regional tuvo como eje central de análisis el Estado y la Igualdad.

Mientras la acción de los mecanismos para el adelanto de la mujer ha sido heterogénea, crece la convicción de que el carácter del gobierno y la intervención del conjunto de poderes del Estado inciden de manera fundamental, en los cambios que las mujeres necesitan y que en la actualidad constituyen una amplia agenda de transformaciones que cruzan todas las esferas y dimensiones sociales, abriendo un nuevo ciclo de reformas del Estado cuyo horizonte se extiende hacia nuevas metas, más profundas y complejas.

En la Décima Segunda Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en el año 2013, se firmó el Consenso de Santo Domingo, documento que recoge los compromisos acordados para avanzar en la autonomía económica, física y política de las mujeres y lograr una mayor igualdad de género. El tema que cobra fuerza en esta conferencia y que se introduce como nuevo eje de interés es el empoderamiento de las mujeres y tecnologías de la información y las comunicaciones.

De otra parte existe un contexto subregional que ha posicionado con fuerza el movimiento por la despatriarcalización y la descolonización del Estado, que en Bolivia y Ecuador generan debate, en el esfuerzo por reconstruir nuestra propia interpretación-propuesta, de cambio de paradigmas de desarrollo.

Retos: Los retos devienen de la riqueza de los cambios que se han producido en el país en estas dos últimas décadas. Se ha fundado un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo Estado y una nueva institucionalidad pública, que pone al ser humano, como principio y fin del Buen Vivir, pero sin duda ese ser humano es diverso y debe ser potencializado desde esa diversidad, en el ejercicio pleno de sus derechos. Desde esta perspectiva el mayor reto es avanzar hacia la igualdad sustantiva, para ello el Estado debe garantizar la igualdad formal, tutelar la igualdad material o real y prohibir toda forma de discriminación.

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Ello implica no solo superar la pobreza y redistribuir la riqueza, sino además garantizar en igualdad, las condiciones materiales y simbólicas que constituyen la identidad de los sujetos, para el ejercicio de la ciudadanía plena. El cambio de la matriz productiva que permita consolidar el nuevo modelo de desarrollo, no solo desde la lógica del mercado mundial, sino desde la integración de otras lógicas de economía y otros sujetos económicos, que con soberanía han subsistido en el modelo capitalista a un costo social grande. La relación del Buen Vivir para la igualdad y no discriminación en razón de género está en construcción, porque implica resignificar el sentido y los nexos con la naturaleza y la vida, donde el protagonismo de las mujeres como sujetas y actoras del desarrollo es sin duda insustituible, al ser quienes asumen mayoritariamente la sostenibilidad y reproducción de la vida humana y social, a través de los cuidados y del trabajo reproductivo no remunerado.

Frente a otros procesos de reforma del Estado generados a partir de la nueva Constitución, la institucionalidad responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos, sigue aún pendiente. El desafío en el cumplimiento de su mandato constitucional es enorme, porque no solo significa generar capacidades a lo interno en el despliegue de sus atribuciones, sino además coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras de política pública, como también con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno, como lo establece el Art. 156 de la Constitución.

Ello implica articularse a un sistema de garantía de derechos a través de los diversos órganos de control constitucional, cuya implementación resulte en una tutela integral. Sistema que debe actuar con el de igualdad, entendido éste último, como el conjunto orgánico y articulado de estructuras, normas, métodos y procedimientos que desarrollan coordinadamente, todas las funciones y órganos del Estado ecuatoriano y las organizaciones de la sociedad civil, destinadas a generar respuestas institucionales para la promoción y consecución de la igualdad real entre mujeres, hombres y personas de diversa condición sexo genérica 1.

Esta activación y generación de sistemas, demanda de trabajo en equipo entre todos los consejos de igualdad, con cada Función del Estado y con las organizaciones sociales de los sujetos de derecho que garantizan, tanto en el espacio nacional como territorial. De esta manera se contribuiría efectivamente, a la concreción del sistema nacional de inclusión y equidad, así como a la protección integral de las personas a lo largo de sus vidas, asegurando sus derechos y principios reconocidos en la Constitución (Arts. 340 y 341).

Es una necesidad urgente para el Estado, profundizar en la estrategia de transversalización de género en todas las instituciones de las 5 Funciones del Estado, así como desplegar programas emergentes de formación de calidad en género, dirigidos a los contingentes de servidores y servidoras públicas colocados en sitios claves, así como programas amigables para las autoridades políticas, que les permitan una comprensión política, cultural y operativa, de las implicaciones de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres para la gestión pública.

La articulación entre el enfoque de género y el resto de enfoques que la Constitución define como temáticas (generacional, étnico cultural, discapacidades y movilidad humana) es aún incipiente en la gestión desde la política pública. Son los propios consejos de igualdad los llamados a generar espacios de reflexión con el resto de la institucionalidad pública, para

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Comisión de Transición, Comentarios al Proyecto de Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo –genérica, 2011, pág. 125. (Sistema de Igualdad que desde el mecanismo de género se pretende estructurar de acuerdo a como lo establece la norma constitucional)

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encontrar los nexos virtuosos que permitan miradas integrales e integradas, en el ejercicio de los derechos humanos sin perder las especificidades propias de los sujetos diversos.

La construcción de un marco de entendimiento y posicionamiento sobre los temas ambientales, los derechos de la naturaleza y el género, no ha avanzado a un punto que permita contar con bases suficientes para la política pública. Existe sin embargo, una gama de herramientas analíticas que constituyen aportes claves y que deben ser sistematizadas con urgencia.

Existe una insuficiente comprensión de la importancia de las mujeres y personas LGTBI, en tanto sujetas y actoras de temas centrales como la economía social y solidaria; el cuidado de comunidades y paisajes; y la soberanía alimentaria, entre otros, que demanda potenciar la actoría social para su empoderamiento como sujetos productivos.

Así también, es importante para el país cerrar las brechas de desigualdad que se concentra principalmente en las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes; en relación a educación, salud y viviendo, sobre todo.

Por otra parte, los espacios locales de representación y gobierno han constituido, en los últimos 20 años, verdaderos laboratorios de montaje y aplicación de políticas y herramientas de género, la información que existe no solo es escasa sino muy fragmentaria e imprecisa. Es necesario vincular estos acumulados -que frecuentemente explican el empoderamiento de las mujeres en los territorios- con el nuevo escenario normativo y operativo que se gesta a partir de la expedición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece importantes medidas de género en concordancia con los mandatos constitucionales.

La política social sin duda ha sido la mayor protagonista en el ejercicio de derechos al permitir la inclusión de un importante porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza y en la extrema pobreza, al configurar un piso social de protección para personas dependientes o en situación de vulnerabilidad (niñez, personas adultas mayores sin autonomía y personas con discapacidad que necesitan atención continua). En este sentido el Bono de Desarrollo Humano, política de transferencia monetaria enfocada a la reducción de la pobreza, ha permitido que más de un millón de mujeres tengan un ingreso propio permanente. Sin embargo de estos claros avances, el reto es dar el salto no solo hacia su articulación con la economía social y solidaria, desde emprendimientos productivos sostenibles que los saque de la pobreza, sino además hacia un verdadero sistema de protección social integral, que supere la corresponsabilidad exclusiva de las mujeres como cuidadoras, a costa del incremento de su trabajo no remunerado.

La acción para una institucionalización del género en el Buen Vivir, supera la tendencia a la vinculación de las políticas de igualdad con el área social. El horizonte constitucional ecuatoriano desafía al menos desde cuatro elementos de debate y relacionamiento creativo entre el Estado, la sociedad, el mercado y las familias, estos son: la economía social y solidaria; el Estado plurinacional, intercultural y laico; los derechos de la naturaleza; y, los sistemas de cuidados.

Pendientes: Más que retrocesos y/o reveses, en el país persisten obstáculos o tareas pendientes, entre las que se anota las siguientes: •

Incompleta reforma legal y la no obligatoriedad para incluir género en las leyes expedidas por la Asamblea Nacional. Lo cual implica la armonización de toda la

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normativa secundaria a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, garantizando enfoques, que entre otros, está el enfoque de género.

La larga transición (de comisión a consejo) de la institucionalidad de género que deviene en debilitamiento del mecanismo especializado.

La aplicación parcial de la paridad en la participación política de las mujeres.

La persistencia de patrones socioculturales que generan violencia, discriminación, racismo, misoginia, homofobia y transfobia.

La persistencia de una elevada tasa de mortalidad materna y de las mujeres.

El incremento de embarazos en adolescentes.

Las insuficientes medidas para mejorar la seguridad económica de las mujeres.

La necesidad emergente de ampliar la atención y acogida a las refugiadas.

El insuficiente conocimiento sobre Mujer y medios de difusión.

La debilidad de las capacidades estatales en género.

Los mecanismos insuficientes para la participación y vigilancia de las mujeres.

La incompleta aplicación de la CEDAW. Poco énfasis en la aplicación de la política local con enfoque de género.

Para mitigar estas brechas de desigualdad el Gobierno Nacional ha elaborado el Plan Nacional del Buen Vivir (2009 – 2013 / 2013-2017) en estricto apego al mandato constitucional, como el instrumento rector de la planificación nacional. Se estructura desde el abordaje de la multicausalidad de las desigualdades sociales y de la pobreza, en 12 objetivos nacionales, con una amplia gama de políticas y lineamientos estratégicos, para garantizar la igualdad y no discriminación de las/os ecuatorianas/os, con especial énfasis en aquellos sectores, con mayor persistencia de desigualdades y en situación de vulnerabilidad.

El Plan Nacional vincula el nivel alto del marco constitucional, con el nivel específico de la planificación del Estado, a través de instancias intermedias de planificación intersectorial, sectorial y zonal. Así como también, vincula horizontalmente a las distintas estrategias y agendas públicas e incorpora transversalmente las Agendas Nacionales para la Igualdad, que elaboran los Consejos Nacionales de Igualdad, actualmente las entidades que actúan en su lugar, hasta la expedición de la normativa que los implemente. En el caso de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, elaborada por la Comisión de Transición y aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), complementa de manera especializada el abordaje que se debe asumir para superar la desigualdad y discriminación basada en género.

Los objetivos, políticas y lineamientos del Plan Nacional, así como la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, son de obligatorio cumplimiento para todas las funciones del Estado y niveles de gobierno. En la segunda sección, en el literal H, se detalla mayor información al respecto.

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II. PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESFERAS DE PREOCUPACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DESDE 2009 A. La mujer y la pobreza Dentro del cambio transformador que vive el Ecuador, uno de los ejes establecidos en el plan de desarrollo, el Plan Nacional del Buen Vivir, es la equidad, como imperativo moral para erradicar la pobreza. Sobre estos grandes ejes se manejan principios y orientaciones como el de una sociedad igualitaria y equitativa, como condición mínima para construir una sociedad radicalmente justa y democrática. Se ha apuntado a una distribución y redistribución de los recursos con la finalidad de reducir brechas sociales y económicas.

Basados en estos principios, uno de los retos del Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, y para lograrlo, el crecimiento de la economía debe dirigirse a cerrar las brechas de inequidad. Siguiendo estas metas, la incidencia de la pobreza en el Ecuador, medida por ingresos, ha descendido del 44,6% en el 2004 al 27,3% en el 2012, con una declinación media del 2,16% anual. Para el año 2013 la incidencia de la pobreza para las mujeres es de 26,3% frente a un 24,8% en hombres; lo que corresponde el 25,6% a nivel general en Ecuador, logrando descender aún más el índice de pobreza desde los datos reflejados en el 2012. La continuidad de esta tendencia durante los próximos 17 años corrobora la factibilidad de la meta de reducir la incidencia de la pobreza al 5,5% en 2030. Las cifras sobre indigencia o extrema pobreza, que descendieron del 16,9% al 11,2% entre 2006 y 2012, evidencian que su erradicación antes del 2030 es alcanzable 2. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Informe Panorama Social de América Latina 2011 coloca al Ecuador como el segundo país de la región que más ha disminuido su tasa de pobreza 3.

Las metas para reducir la pobreza se han relacionado no solo al ingreso con el que vive cada familia diariamente, sino que tienen que ver con la superación de múltiples formas de privación social en educación, salud, vivienda y empleo. En este sentido se han impulsado políticas desde varios ejes, como el tema de salud sexual y reproductiva con la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente (ENIPLA) con educación, información, servicios de salud, dotación informada de métodos anticonceptivos y la píldora del día después. Además, en el tema de salud universal, se amplía la seguridad social a las familias de los afiliados, lo cual protege especialmente a las amas de casa y a los hijos e hijas menores de 18 años en su salud integral.

La política de inclusión social y económica permite emprender una lucha contra la pobreza, y propone superar la visión del rol tradicional de las mujeres para cuidar, incorporando la corresponsabilidad social de hombres y mujeres, a la par que provee cuidados efectivos y de calidad para su población; las transferencias monetarias; la seguridad social universal que incluye trabajo no remunerado; la infraestructura para el cuidado humano; la revalorización del trabajo en sus varias modalidades y sobre todo la inclusión económica de las mujeres en el marco de la economía solidaria, son muestras de una acción integrada para superar la pobreza, tomando en cuenta las demandas específicas de las mujeres, como un segmento de la población con contribuciones significativas para el progreso de la economía del país, pero constantemente invisibilizadas.

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Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 Bárcena, Alicia et. al. “Panorama Social de América Latina”. CEPAL, 2011. Sobre la base de información con corte a 2010, los países que más han reducido su tasa de pobreza son Perú (3.5 puntos), Ecuador (3 puntos), Argentina (2.7 puntos), Uruguay (2 puntos) y Colombia (1.4 puntos).

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Bono de Desarrollo Humano Puntualmente, una de las medidas importantes para combatir la pobreza es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que representa un gran avance para apoyar a las personas que se encuentran en los quintiles de pobreza más bajos, ascendió de 30 dólares en 2007, a 35 en el 2009. Este bono constituye para las madres un pago por su trabajo productivo no remunerado.

Adicionalmente, se creó el Sub Programa de Pensión Asistencial para personas adultas mayores ubicadas en el 40% más pobre de esta población y para personas con discapacidad. Por otro lado, el 20 de noviembre de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Redistribución del Gasto Social, mediante la cual se incrementó el BDH de 35 dólares a 50 dólares, dicho incremento rige a partir de enero de 2013.

Los datos de los años 2008 y 2009 indican que las mujeres representan el 89% y 86% del total de beneficiarios del BDH respectivamente. Para el año 2011 el Ministerio de Finanzas reporta un monto de 756’288.673,97 de dólares para atender a población de niveles críticos de pobreza.

A esto se suma el subsidio para personas con discapacidades por un monto de 19’320.000 de dólares. Hasta julio de 2013, cerca de un millón de hogares fueron beneficiarios del BHD. Una importante modificación implementada entre 2007 y 2009 es la creación de mecanismos de inclusión financiera a través de la posibilidad de acceder a un adelanto acumulado del monto del bono, denominado Crédito de Desarrollo Humano para apoyo a iniciativas productivas. Las mujeres beneficiarias del BDH tienen acceso al programa de micro crédito productivo de 2 formas: el Crédito de Desarrollo Humano, y el Crédito Productivo Solidario (MIES: 2013); créditos donde mayormente se han beneficiado las mujeres, y sobre todo mujeres madres.

No existen evaluaciones cuantitativas de los efectos o impactos de la transferencia monetaria en el bienestar de las mujeres que reciben la transferencia, pero dos estudios recientes (Armas 2005 y Molineux, Armas y Contreras 2012) muestran que las mujeres en general consideran que la transferencia mejora su posición en el hogar, en especial si no tienen otra fuente de ingresos.

Un beneficio importante percibido por las mujeres titulares del bono es el acceso a servicios de salud.

Vivienda El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y crédito financiero se contempla en la Constitución de la República y se vincula al derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. Asimismo, la Constitución garantiza y prioriza el acceso a la vivienda de grupos de atención prioritaria como personas adultas mayores, desplazadas, víctimas de violencia y víctimas de maltrato infantil, además de jefas de hogar y personas de escasos recursos. En cuanto a la propiedad, la Constitución garantiza la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso a la misma y la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. 4 Según el censo de Población y Vivienda 2010, a nivel nacional existen 3.810.548 hogares, de los cuales el 28,7% tienen jefatura femenina, 3 puntos porcentuales más que en el año 2001 (25,4 %) y de estas el 70% se encuentran en el área urbana. Los hogares afroecuatorianos son los que tienen mayor número de mujeres jefas de hogar (32,2 %), por encima del promedio nacional. Con un 21,4 %, los montubios son el pueblo con menos porcentaje de mujeres con jefatura de hogar. De los hogares con jefatura femenina, el 70,2% carece de cónyuge, es decir

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Art. 375 de la Constitución de la República de Ecuador.

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aproximadamente 770.000 mujeres están al frente del hogar y asumen solas la crianza de sus hijos/as. (INEC, 2012: Revista e-Análisis, Mayo 2012, Pg. 4) Según el análisis comparativo inter-censal 2001-2010, se puede determinar que el acceso a la vivienda por mujeres cabeza de familia se ha incrementado, de 25,41% en el año 2001, a 28,69% en el año 2010. Frente a esta problemática, a partir del año 2006, se institucionalizó una política de crédito para vivienda con recursos fiscales del presupuesto nacional. En el 2008, el bono para vivienda se incrementó de 3.600 a 5.000 dólares y se unificó a nivel urbano y rural 5.

Entre los años 2006 y 2011, mejoraron las condiciones de habitabilidad, se incrementó el porcentaje de viviendas en condición aceptable y se redujo el porcentaje de viviendas irrecuperables. En el país, el 66% de la población tiene vivienda propia (Censo del 2010); sin embargo, factores de precariedad como vivienda con piso de tierra, afecta al 6% de las mujeres en general, al 33% de las mujeres indígenas y al 6% de la población afro-ecuatoriana.

Entre los años 2007 y 2011, el país invirtió cerca de 800 millones, a través de 240 mil bonos, de los cuales fueron beneficiadas 118 mil mujeres que representan el 55% del total. Asimismo, las mujeres han tenido mayor incidencia en algunos programas, representando el 78% de los bonos del Programa Socio Vivienda, el 62% en el caso de vivienda urbana y el 51% de los bonos para titulación. En el 2011, se entregaron 10.858 bonos de los cuales el 56% benefició a mujeres. De los bonos entregados a familias de personas con discapacidad, 48% correspondieron a mujeres, en el área rural el 58% y en el marco del Programa Socio Vivienda el 79% fue entregado a mujeres. Cabe resaltar que si el bono se ha asignado al esposo, la vivienda se transfiere como patrimonio familiar y ampara a la cónyuge y a su descendencia.

Soberanía Alimentaria Según el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000 (INEC, 2000), en el Ecuador existen aproximadamente 13 millones de hectáreas de franja agrícola, la mayor superficie está dedicada a pastos cultivados con un 27,2%, seguido de cultivos permanentes con el 11,0%, cultivos transitorios y barbecho con el 10%, pastos naturales con el 9,1%, además un alto porcentaje está destinado a montes y bosques con el 31,4%.

Existen 842.882 unidades de producción agrícola –UPAS-, de las cuales el 25,4% son productoras mujeres y el 74,6% hombres. Del total de UPAS que están a cargo de las mujeres, el 46.7% tienen una extensión menor a 1 Ha. y el 16,1% menos de 2 has, es decir el 62.8% de mujeres producen en UPAS menores a 2 has. Las mujeres en general están articuladas a sistemas productivos de pequeña escala orientada a la producción para el consumo nacional. Se evidencia una fuerte concentración de la tierra, si consideramos que el 42.6% del total de UPAS son mayores a 100 has. (INEC, 2000). (Agenda) Desde el ámbito agroproductivo, las mujeres son las que en mayor medida aportan a la soberanía alimentaria a través de las unidades agrícolas familiares, no sólo por la producción de bienes agrícolas, crianza de animales menores y aves de corral, sino por el aporte que realizan con mano de obra no remunerada en procesos productivos y trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Por ejemplo el 86,1% de la totalidad de mujeres insertadas en actividades agro productivas, no perciben remuneración alguna, mientras que los hombres acceden en mayor medida al trabajo remunerado.

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MIDUVI. Informe Estadístico 2012. Anexo Nº15.

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Como respuesta de parte del Estado considerando la importancia de la mujer rural, como agente clave en erradicación de la pobreza y el hambre una de las acciones relevantes ha sido la propuesta realizada por la Comisión de Transición, en el marco de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que establece como tema prioritario a la mujer rural, como agente clave en erradicación de la pobreza y el hambre. El Ecuador fue el primer país de la región en proponer e impulsar esta aspiración de las mujeres indígenas, mediante la resolución individual operativa adoptada en Nueva York 6.

En el año 2010, el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) aprueba la Política Sectorial de Género e interculturalidad 2011-2013, la cual está integrada por 7 políticas priorizadas. Las mencionadas políticas establecen metas como la eliminación de brechas de exclusión, racismo y de género; el fortalecimiento del diálogo intercultural con enfoque de derechos y género; el fortalecimiento de los sistemas y conceptos sobre salud en las nacionalidades y pueblos; la conservación de patrimonios naturales y sitios sagrados; la promoción de prácticas deportivas ancestrales; la promoción de conocimientos ancestrales para el manejo de biodiversidad; la participación social y política de mujeres y hombres en el sector patrimonial 7.

En julio de 2011, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, establece en su Estatuto Orgánico, planes, programas y proyectos orientados a apoyar emprendimientos a favor de la mujer y la familia campesina. Entre estos proyectos se puede mencionar la “Construcción e Implementación de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales en el Ecuador”, que se ejecutó en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sostenibilidad de la Vida En el tema de pobreza, en cuanto a las mujeres, debemos referir la pobreza de tiempo, considerada como la sobrecarga de trabajo de las mujeres y las relaciones de inequidad que esto conlleva. En este sentido la importancia del trabajo no remunerado, y su reconocimiento, marca un hito en el ámbito de protección social en el Ecuador, tomando en cuenta que la actividad de reproducción de la vida ha sido invisibilizada y desvalorizada. Según la encuesta de uso del tiempo del año 2007 (INEC-CDT: 2012) revela que a nivel nacional, las mujeres trabajan en labores remuneradas y no-remuneradas un promedio de 77:39 horas semanales mientras que los hombres 59:57. Según la encuesta, en general la participación de las mujeres en los procesos económicos está orientada a actividades reproductivas y de mantenimiento del hogar, al producir bienes y servicios para la sostenibilidad de la familia (trabajo exclusivamente doméstico). Labores que no son remuneradas en su totalidad. Mientras que los hombres tienen mayor participación en actividades organizacionales y trabajo comunitario, mingas, cuidado a enfermos, reparación y mantenimiento y la agricultura y una mayor intervención en el trabajo remunerado. Esta labor, sin reconocimiento, profundiza la condición de pobreza de las mujeres.

Frente a esta problemática, el actual Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017 insta la creación e implementación de un Sistema Nacional de Cuidado, mismo que articulará los servicios actualmente relacionados el cuidado, para generar sinergias entre los proveedores y eficiencia en los servicios. La atención debe contar con normativa y estándares de calidad y debe apuntar a disminuir la carga de trabajo de las mujeres, pero también a reconocer y valorizar, tanto social y económicamente, los esfuerzos que ellas realizan (temática desarrollada en el eje de mujer y economía).

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Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Resolución. 56 Período de Sesiones. Anexo Nº16.

Política Sectorial de Género e Interculturalidad 2011-2013.

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B. Educación y capacitación de la mujer Establecida como uno de los deberes primordiales del Estado, se garantiza la educación en la Constitución a todas las personas sin discriminación alguna. El PNBV 2013-2017 señala dentro de sus políticas, para la superación de todas las desigualdades y lograr el Buen Vivir, el derecho a la educación, con un enfoque inclusivo, de derechos, de género e interculturalidad.

En relación al acceso igualitario a la educación, desde la medición realizada en el año 2001, en el Censo de Población y de Vivienda, se evidencia la equiparación de hombres y mujeres en todos los niveles educativos a nivel nacional (educación primaria, básica, secundaria y superior). Durante el periodo 2003 – 2012, en el Ecuador, la tasa neta de matrícula pasó de 89,1% a 93,2%; con una tasa de matriculación femenina de 95,2% y masculina del 95,0% en el 2012.

Otro de los aspectos que es necesario visibilizar es que estos datos hacen referencia a las niñas y niños matriculados en el nivel que les corresponde, pero no reflejan el índice de abandono escolar. En este sentido, según información del Ministerio de Educación (2009), la deserción escolar de niñas llega al 23%, frente a los niños que alcanza el 18%. No obstante, respecto al porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa, en el año 2009 las mujeres alcanzan el 72,9%, mientras los hombres el 68,8%. Para el año 2013 este dato alcanza el 81,0% para las mujeres y el 76,3% para los hombres.

Según el Censo de Población y de Vivienda del año 2010, el nivel promedio de escolaridad en la población de 24 años y más se situó en 9,6 años, a diferencia del Censo 2001, cuyo promedio se situaba en 8,17 años. Por otro lado, en el último Censo (2010) también se evidenció una diferencia a favor del área urbana, en la cual el promedio de escolaridad ascendió a 10,9 años, mientras en el área rural el promedio fue de 7,1 años.

Pese a que en el Estado se promueve la universalización y gratuidad del sistema educativo, sigue siendo un reto conseguir que las niñas y jóvenes culminen sus estudios, lo cual incluye criterios de corresponsabilidad familiar y promoción de la educación; así como la eliminación de brechas entre personas del área rural, y de manera especial de grupos étnicos. Estas brechas requieren acciones oportunas tanto a nivel normativo como a nivel de política pública. Entre estos esfuerzos se puede mencionar principalmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en vigencia desde marzo de 2011. Esta ley concebida bajo los nuevos estándares constitucionales, incluye principios como la universalidad y educación para el cambio. También contempla una educación en valores, que promueve entre otras cosas el respeto a los derechos, a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación, equidad e inclusión y justicia. 8 De igual manera establece la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, a fin de lograr un cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden.

En lo que corresponde al derecho a la educación de las mujeres indígenas, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 9 ha aportado significativamente, es así que entre los años 2010 y 2011, en el nivel de Educación Infantil Familiar Comunitaria se formaron 5.638 niñas frente a 5.433 niños indígenas. Por otro lado, en el nivel de Educación General Básica, se registraron 64.041 niñas y 65.952 niños indígenas y en bachillerato la cifra de mujeres adolescentes 8 9

Principio de la LOEI. Amparado en los artículos 77 – 92 de la LOEI.

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formadas alcanzó a 75.298 y la de hombres a 78.383 10. Por otro lado, a nivel nacional y de manera especial en el área rural se están creando Escuelas del Milenio equipadas con tecnología de punta, con la finalidad de incrementar el acceso y uso a las TICs. Otro de los retos que tiene el Estado, es la erradicación del analfabetismo, que si bien en los últimos 30 años se ha evidenciado avances significativos, aún persisten brechas de desigualdad de género. Uno de los programas más relevantes en cuanto a la erradicación del analfabetismo fue la Campaña Nacional Monseñor Leonidas Proaño de 1990, que contribuyó a disminuir la tasa de analfabetismo del 16.5 % (1980) a 11.7 % (1990). En el año 2008 se generaron nuevas estrategias de alfabetización con cobertura nacional y con elementos de género, como es el programa de “Educación Básica para Jóvenes y Adultos 2011-2013” (EBJA), dentro del Plan Decenal de Educación aprobado para el período 2006 – 2015.

En el Censo de Población y de Vivienda del año 2010, se evidencian avances. El analfabetismo de las mujeres disminuyó del 13,8% en el año1990, al 7,7 % en el año 2010, lo que equivale a 6 puntos porcentuales menos; mientras el analfabetismo de los hombres disminuyó de 9,5 % en el año 1990, a 5,8 %, en el año 2010; es decir, aproximadamente 4 puntos porcentuales menos 11.

Estas cifras denotan una disminución de la brecha de género en el analfabetismo en los últimos años, no obstante se mantiene diferencias entre el área rural y urbana, existiendo entre las mujeres una diferencia de 4,6 puntos. En este caso también es mayor la tasa da analfabetismo en mujeres indígenas que de otros grupos étnicos.

Es por esto que desde el Ministerio de Educación, a partir del año 2007, se ejecutan los programas: Manuela Sáenz, para población hispana, y Dolores Cacuango, diseñado para atender las necesidades de la población indígena quichua hablante y bilingüe, que consiste también en la formación en educación básica a personas jóvenes y adultos de las comunidades shuar y quichuas. El número de personas beneficiarias del Programa Dolores Cacuango durante el año 2011 ascendió a 9.840 personas 12.

En cuanto a la educación superior, de acuerdo a los datos se presentaría una feminización de la educación superior y el acceso a este derecho cumpliría las expectativas planteadas. En efecto, si analizamos la estructura del estudiantado por sexo según datos proporcionados al 2013 por el Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) de 9 universidades de las 55 vigentes a nivel nacional, del total de estudiantes el 56% son mujeres mientras que el 44% son hombres. Sin embargo, esta feminización se centra en carreras vinculadas con el cuidado y áreas administrativas, denotando que aún se mantiene la selección de carreras bajo una matriz sexo-genérica. Además esta relación respecto a la matriculación en la educación superior entre hombres y mujeres no se traduce en mayor acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones; la realidad evidencia que las brechas en este sentido son todavía amplias en perjuicio de las mujeres, no sólo en acceso, sino en los salarios.

Información levantada por el CEAACES (2012) muestra que un ámbito que sigue absolutamente masculinizado dentro de la educación superior es la docencia universitaria, apenas el 27% de docentes universitarias son mujeres, mientras el 73% son hombres, se demuestra que existe una brecha muy profunda de género que refleja la inequidad en el ámbito académico. Esta situación es más crítica a nivel de rectorado y decanatos, en donde es escasa la participación de mujeres.

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Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe – DINEIB. Agenda nacional para la igualdad, no discriminación y buen vivir de las mujeres y personas de diversa condición sexo genérica 2013-2017 (Diagnóstico de la Situación de las Mujeres).

12 Dirección Nacional de Educación Popular Permanente (DINEPP), Resumen Ejecutivo del Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, 11

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En la educación superior, como avance normativo se contempla la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), vigente desde el año 2010, que establece como derecho del estudiantado el acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación alguna, conforme sus méritos académicos; a acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades y el recibir becas y una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la igualdad de género. La Ley también establece que las universidades y escuelas politécnicas particulares están obligadas a destinar sus recursos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a quienes se matriculen en programas académicos de cualquier nivel, que por diversas razones, incluidas la de género, tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación.

Los datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), referentes al año 2011, evidencian la persistencia de brechas de género en el acceso a créditos y becas. En ese sentido, las beneficiarias de los programas nacionales de becas han sido en promedio un 35% frente al 65% de hombres. Este porcentaje respondería a la priorización de ciertas áreas del conocimiento para el otorgamiento de becas (ciencias de la vida, ciencias de producción e innovación, ciencias de los recursos naturales y ciertas áreas de ciencias sociales), áreas en las que las mujeres han participado en menor medida. El poco acceso a becas por parte de las mujeres se debe a la dificultad en el ingreso a la educación superior en carreras vinculadas con la ciencia y la tecnología y la imposibilidad de conciliar las actividades de reproducción y cuidado.

Con la finalidad de disminuir las brechas existentes, desde el año 2012, la SENESCYT impulsa y administra la oferta de becas para garantizar transparencia en la asignación de cupos. De igual manera, se ha previsto fortalecer los mecanismos de difusión y comunicación para incidir en la cantidad y calidad de postulaciones recibidas, promover el acceso de mujeres a carreras vinculadas con la ciencia y tecnología y su incorporación como profesoras e investigadoras en las instituciones de educación superior. Otro aspecto importante a resaltar es la creación de 4 universidades en distintas zonas y regiones del país: Universidad de las Artes, Universidad Nacional de Educación, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (ciencia y tecnología) y Universidad Regional Amazónica Ikiam (recursos naturales renovables y no renovables).

En el año 2013 el CEAACES por su parte realizó un estado del arte de la educación superior y el género, e impulsó una investigación nacional sobre la situación de género en la universidad ecuatoriana como elemento de la calidad de la educación. Durante este mismo año varias instituciones y organizaciones, entre las que se encuentra la Comisión de Transición conformaron la Red de Género y Educación Superior, instancia que entre sus objetivos contempla el articular esfuerzos para generar investigación respecto a esta importante temática.

De igual manera, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), institución que opera como la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Estado con el apoyo técnico de la Comisión de Transición, en el año 2012 inició un proceso innovador para transversalizar la perspectiva de género en el que se contemplan además de la institucionalidad, eventos y cursos para incorporar género en la gestión pública.

Las acciones mencionadas permiten visibilizar como a través de programas, proyectos y acciones se promueve la educación y capacitación de las niñas y mujeres del Ecuador y de esta manera se apunta a la consecución de los objetivos estratégicos planteados en Beijing.

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C. La mujer y la salud La respuesta del Estado en relación a este tema ha sido paulatina durante los últimos quince años mediante la implementación de normativas y políticas públicas en materia de salud sexual y salud reproductiva. Los avances se aprecian en la construcción de la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en el año 2004, la cual se concibió como una respuesta a la necesidad de reducir la tasa de fecundidad. En este mismo tema, se han promulgado leyes como la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. En cuanto a la anticoncepción, el Ministerio de Salud ejecuta el programa de Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos –DAIA-. Así mismo, mediante el Art. 21 de la Ley Orgánica de Salud, en el Suplemento del Registro Oficial N°423 del 22 de diciembre del 2006, se establece la muerte por abortos como asunto de salud pública.

El avance normativo en cuanto al tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, se recoge en la Constitución actual, el Art. 11 numeral 2 establece el principio jurídico de igualdad y no discriminación ante la ley de todas las personas. El Art. 66 numeral 9 menciona: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios, para que estas decisiones se den en condiciones seguras”.

De este avance normativo se desprenden las políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 –PNVB-, las mismas que dan la pauta para el trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública (MSP). En el año 2010, se han priorizado varias políticas, entre ellas algunas explícitas para mujeres, que fueron viabilizadas mediante el desarrollo de los programas y proyectos, tales como: atención integral de las personas por ciclo de vida; extensión de la protección social en salud; maternidad gratuita y atención a la infancia; prevención y control del VIH/SIDA/ITS; micronutrientes; y alimentación y nutrición.

Adicionalmente, el MSP tiene como parte del Plan de Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal que constituye un conjunto de políticas y estrategias costo-efectivas, encaminadas a lograr la reducción de la mortalidad materna en el Ecuador.

En relación al crecimiento del embarazo en las adolescentes, el MSP en coordinación con los Ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social y Coordinador de lo Social, con apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Sociedad Civil y la ciudadanía implementó en el año 2010 la ENIPLA. Esta estrategia constituye la primera política pública desarrollada por el Estado para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y hombres ecuatorianos. De esta manera se ha posicionado el tema del embarazo en adolescentes en el debate público y se ha logrado constituirlo en uno de los temas prioritarios de la agenda estatal. Es prioritario también para la ENIPLA, la transformación de patrones socioculturales relacionados con la sexualidad y la planificación familiar, con el objetivo de que los hombres se involucren y corresponsabilicen en la salud sexual y salud reproductiva. “Habla Serio sexualidad sin misterios” la campaña oficial de la ENIPLA, es una propuesta para abrir espacios de comunicación en las personas, la familia, la sociedad y el Estado sobre sexualidad, con información clara para promover el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.

Estas metas y avances generados desde la política pública dan cuenta de cómo en el nuevo modelo de Estado se está priorizando la atención integral de la salud sexual y reproductiva. El avance de estas políticas se pone en evidencia, con la aprobación del Acuerdo Ministerial 2490 en marzo del 2013, para regular el acceso de métodos anticonceptivos, donde se establece la

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entrega gratuita de métodos anticonceptivos orales de emergencia para toda persona que lo requiera, una vez que haya recibido la asesoría necesaria por un profesional médico 13. La progresividad de los derechos sexuales y derechos reproductivos se ve plasmada en la ejecución de este tipo de políticas de salud, que aportan al ejercicio y cumplimiento de estos derechos.

Desde el espacio de la salud pública, también se han llevado adelante acciones que tienden a eliminar la violencia y la discriminación en los casos de las llamadas clínicas privadas de “deshomosexualización”, cuya existencia fue denunciada en el año 2009. Ante esta situación, el MSP toma medidas urgentes, como la reforma al Reglamento de Control a los Centros de Recuperación de personas con adicción, derogando el inciso que hacía referencia a fomentar la creación de centros para el tratamiento de pacientes duales (psiquiátricos y adictos), adolescentes con trastornos conductuales y personas con trastornos en su identidad, u orientación sexual primaria. Además, se incorporó un nuevo numeral al Art. 22 del mencionado reglamento, que señala que “ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento ni a permanecer confinada en un establecimiento médico, por motivo de su orientación sexual o su identidad de género.

El MSP ha creado espacios específicos para brindar atención especializada a mujeres y adolescentes, por ejemplo el área de Salud de la Adolescencia. Esta área ha implementado y fortalecido servicios de atención integral y diferenciada, con énfasis en salud sexual, salud reproductiva y prevención del embarazo no deseado (hasta julio de 2012, existen 36 servicios a nivel de país). De igual manera, se creó la Dirección Nacional de Interculturalidad, Derecho y Participación Social de la Salud, que mantiene protocolos y tratamientos adecuados por pertenencia étnica. En particular, en octubre de 2010, a través del Subproceso de Medicina Intercultural, se implementó la Política de Salud Intercultural para las mujeres rurales para que accedan plenamente a los servicios de salud, lo cual representa un avance en cuanto a los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

En relación a la prevención de enfermedades catastróficas como el VIH/SIDA, el país cuenta con un Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007-2015, que constituye el marco para la intervención estatal y de todos los sectores. Este Plan, además de contar con un enfoque intercultural y de género, considera temas específicos, relacionados al trabajo sexual y de atención a las personas que viven con esta enfermedad.

Un avance importante se produce en el 2011 con la prevención en la transmisión maternoinfantil, a través de un procedimiento de tamizaje, con pruebas rápidas de diagnóstico de VIH para las mujeres embarazadas y un examen de diagnóstico por medio de carga viral ADN a los recién nacidos de madres cero-positivas. De manera general, a todas las personas que viven con VIH/SIDA, se les brinda un tratamiento gratuito con antirretrovirales.

Una problemática que en los últimos años ha ido visibilizándose, es la prevalencia del cáncer, que en las mujeres tiene mayor relación con el sistema reproductivo. El cáncer cérvico-uterino y de mama ocupan los primeros lugares en las causas de muerte de las ecuatorianas. Esta enfermedad sigue siendo la tercera causa de muerte entre las mujeres del Ecuador. El MSP contempla desde un enfoque integral esta problemática dentro del Plan Nacional de Lucha Contra el Cáncer, y orienta todos los servicios de la Red Pública de Salud hacia su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento. En este sentido, se desarrollan campañas de prevención que incluyen el acceso de manera gratuita a las distintas unidades operativas distribuidas a lo largo de las 24 provincias del país para chequeos médicos de detección temprana.

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D. La violencia contra la mujer La erradicación de la violencia de género ha estado en la agenda del país a partir de la Conferencia de Beijing. En 1995 se expide la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia con la finalidad de proteger la integridad física, psíquica y sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar. Esta Ley estipula medidas de amparo para proteger a las víctimas de violencia, así como instancias especializadas para su ejecución.

En la Constitución de 1998 en el Art. 23 se incorporó en el numeral 2 la prohibición de todo procedimiento inhumano que implique violencia física, sexual o coacción moral, y la adopción por parte del Estado de medidas para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. En el Art. 81 se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, entre otros.

A partir del año 2000 se reforzaron acciones para prevenir la violencia de género, como la creación de la Dirección Nacional de Género en el Ministerio de Gobierno y Policía, actual Ministerio del Interior. De igual manera, en los ámbitos de justicia, salud y educación hubo avances como la elaboración del Reglamento y Manual de Aplicación de la Ley para Administradores de Justicia, la aprobación de protocolos médicos legales para la aplicación de peritajes en casos de violencia física y sexual, capacitación a funcionarios y funcionarias de las direcciones provinciales del Ministerio de Educación para la erradicación de delitos sexuales en el ámbito educativo, y la creación del Plan Nacional para Combatir el Plagio de Personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores (2004).

No obstante, recién en el 2007 se eleva a política de Estado la erradicación de la violencia con la creación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres-PNEVG, para reforzar el rol del Estado y lograr garantizar una vida libre de violencia a mujeres en los distintos ciclos de su vida. Su ejecución está a cargo de cinco Ministerios: Salud, Educación, Interior, Justicia e Inclusión Económica y Social, y dos Consejos Nacionales: de Igualdad: de Género (actual Comisión de Transición) e Intergeneracional (actualmente Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia).

En la nueva Constitución de la República de 2008 se incorpora en el Art. 66 el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. De igual forma se menciona que el Estado deberá adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, medidas que además se hacen extensivas contra la esclavitud y la explotación sexual.

Cabe mencionar que en este marco y desde el PNEVG se ha realizado un trabajo de coordinación interinstitucional para avanzar hacia la prevención, eliminación y sanción de la violencia de género. Entre sus ejes estratégicos se contempla: la transformación de patrones socioculturales, un sistema de protección integral y el acceso a la justicia. Una de las acciones relevantes dentro del eje de transformación de patrones socioculturales, consistió en la implementación de la Campaña “Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia”, basada en herramientas educativas y comunicacionales para la difusión de mensajes en medios masivos de comunicación nacional y local y medios alternativos como festivales, concursos, teatro-debate, grafitis, gigantografías, entre otros.

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En el eje del Sistema de Protección Integral se ha priorizado la creación e implementación de casas de acogida y centros de atención a mujeres víctimas de violencia en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, se han creado Centros de Protección de Derechos para receptar denuncias, conocer y brindar asistencia legal, social y psicológica en casos de vulneración de derechos a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de Salud, en el marco del programa de atención integral a la violencia basada en el género, se ha implementado salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, que son espacios diseñados en hospitales públicos para dar atención integral y especializada de carácter médico, psicológico, social y jurídico, con calidad y calidez, a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.

En el eje Sistema de Registro Único del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género se creó un software para las Comisarías con la finalidad de facilitar la recopilación y la información estadística sobre denuncias recibidas. De igual manera, el INEC conjuntamente con el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición realizaron la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género para recoger información estadística sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres en el país. Esta encuesta constituye la primera información estadística oficial que pone en evidencia un fenómeno social que no había sido registrado a nivel nacional, y por su relevancia se la ha incorporado al Programa Nacional de Estadísticas para que se la realice periódicamente.

Adicionalmente, se han desarrollado acciones de capacitación permanente, en temas tales como: el proceso de capacitación sobre la norma de atención en violencia, el adiestramiento en pericias médico psicológicas para personal de salas de primera acogida, el curso Introductorio de Pericia Médico Legal, entre otros. Desde la Policía Nacional, a través del Departamento de Violencia Intrafamiliar -DEVIF, se ha implementado una serie de actividades, entre las cuales se encuentran la asesoría legal y psicosocial, charlas de prevención de la violencia intrafamiliar y otras acciones emanadas de las Comisarías de la Mujer y otras dependencias policiales (como Migración y Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes – DINAPEN).

Un tema fundamental para la prevención y erradicación de la violencia es el acceso a la justicia.

Al respecto, se puede mencionar que en la Fiscalía General del Estado -FGE se trabaja en la construcción de procesos de atención en peritaje integral, para acortar los tiempos del proceso y conocer la mayor cantidad de expedientes, con la finalidad de evitar la impunidad. En el proceso de transformación del Sistema de Justicia, llevado a cabo desde el Consejo de la Judicatura, se ha avanzado en la implementación de unidades judiciales contra la violencia hacia la mujer y la familia, así como en el diseño de protocolos de atención para evitar que exista una revictimización de las mujeres que acceden al sistema judicial, y el diseño de un sistema georeferenciado de servicios para las instituciones involucradas, a fin de atender a mujeres víctimas de violencia.

Entre las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado se encuentra el programa denominado “Recorrido Participativo”, que tiene la finalidad de generar protocolos de investigación, detección y actuación en casos de violencia sexual. El Ministerio de Educación en coordinación con el MIES, elaboró y socializó Kits de recorrido participativo, que contienen una serie de folletos, información y material didáctico sobre la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, con el objetivo de implementarlos dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.

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En cuanto a la violencia contra personas LGBTI se han emprendido acciones tendientes a eliminar la violencia y la discriminación en los casos de las llamadas clínicas privadas de “deshomosexualización”, como ya se lo mencionó en el apartado de salud.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, en el año 2011 conformó un grupo de especialistas en leyes, derechos humanos y equidad de género; profesionales de psicología y servidores públicos; militares mujeres y hombres de la Unidad de Derechos Humanos y de Género del Ministerio; para que realicen un análisis sobre las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y descubrir posibles formas de violencia contra las mujeres civiles y militares, para hacer frente a la violencia de género, específicamente sexual e intrafamiliar.

Por otro lado, en las fuerzas policiales se estableció un proceso institucionalizado y sostenible, que brinda capacitación teórico-práctica en todos los Comandos Provinciales sobre procedimientos policiales respetuosos de derechos humanos, seguridad ciudadana y el uso progresivo de la fuerza. Además, se realizaron varios procesos de formación en movilidad humana, no discriminación, combate a la trata de personas y derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género.

Debido a la necesidad de tener una unidad especializada en aspectos técnicos de investigación en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en agosto de 2011, la Policía Judicial creó la Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, que será parte de los grupos élite de la Policía Nacional. Esta unidad es la encargada de realizar las estadísticas a nivel nacional dentro de la Policía, de tal manera que se pueda medir el avance del país en estos temas, con datos estadísticos desagregados.

La FGE ha creado más unidades especializadas en violencia intrafamiliar, delitos sexuales, trata, violencia sexual, explotación sexual y pornografía, como la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en las provincias de Guayas, Galápagos, Pichincha, El Oro y Manabí.

Desde la Secretaría Técnica del Plan se trabajó para la incorporación de la política “Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas” en el Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2013-2017 (objetivo 6, política 6.7). Así mismo desde la coordinación interinstitucional del Plan Nacional para la prevención, investigación y sanción de la trata de personas y la protección integral a víctimas se incidió para que se incorporen lineamientos de políticas en el PNBV (6.5.f, 6.5.g, 12.2.j).

No obstante, pese a este marco normativo y a la institucionalidad existente para abordar esta problemática, en nuestro país, así como en la región y el mundo, sigue siendo una preocupación la erradicación de la violencia hacia las mujeres, debido al alto índice de violencia, especialmente intrafamiliar. Esto se puede evidenciar en la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género, realizada en nuestro país en diciembre de 2011 entre el INEC, la Comisión de Transición, y el Ministerio del Interior.

De acuerdo a los resultados de esta encuesta 6 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia de género por parte de cualquier persona. El tipo de violencia de mayor porcentaje es la psicológica con un 53,9%, seguida de física con 38%, patrimonial con 35.3% y sexual con 25,7%. La violencia ejercida por la pareja o ex pareja es mucho mayor que por parte de otras personas, siendo más crítica la situación de mujeres divorciadas (85.4%) y separadas (78%), que han vivido algún tipo de violencia. Se puede decir que 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido violencia. De igual manera, cabe mencionar que la violencia se da en todos los quintiles de ingresos y en todos los niveles de instrucción. Además, otro aspecto

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preocupante que se pudo identificar en esta encuesta es que sólo un 20% de mujeres denuncian el hecho, y de estas un 53% lo hacen en las Comisarías de la Mujer.

Por lo tanto, es necesario intensificar los esfuerzos principalmente en la trasformación de patrones socio culturales, el acceso a la justicia, y en especial en el empoderamiento de las mujeres, para poder romper con el círculo de la violencia.

E. La mujer y los conflictos armados El Ecuador tiene entre sus principios de las relaciones internacionales - Art. 416 de la Constitución - la promoción de la paz, el rechazo al racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y la promoción del principio de ciudadanía universal y el respeto de los derechos humanos. Es así que el Ecuador se constituye como un Estado garantista de los derechos de las personas. Este contexto constitucional responde a que el Ecuador es el país con mayor número de personas refugiadas en el continente. De acuerdo a las cifras del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, hasta septiembre de 2013, en el Ecuador existen 170.465 solicitante de refugio, y 54.865 personas reconocidas como refugiadas, de esta cantidad, 28.740 son hombres y 26.125 son mujeres refugiadas. Del total de personas reconocidas como refugiadas, 54.015 personas son de nacionalidad colombiana. De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el 98% de la población refugiada está compuesta por personas que huyen del conflicto armado interno en Colombia.

Frente a esto, la Constitución profundiza al reconocer como grupo de atención prioritaria, a las víctimas de desastres naturales o antropogénicos (Art. 35), y al reconocer los derechos de asilo y refugio (Art. 41) y prohibir todo desplazamiento arbitrario (Art. 42). Por lo tanto, en el Ecuador no se vive una etapa de transición post-conflicto, pero al ser un país receptor de personas refugiadas, se ha asumido una responsabilidad directa con ellas.

Esta responsabilidad recae de entrada en la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en la que se han iniciado acciones a favor de las mujeres solicitantes y refugiadas, tales como: la inclusión del enfoque de género dentro del Manual de Procedimientos de la Dirección de Refugio del MREMH, sobre todo para el tratamiento prioritario de casos de mujeres afectadas por tortura, mujeres en situación de riesgo, víctimas de violencia, mujeres cabeza de familia, mujeres embarazadas y niñas y niños no acompañados o separados de su núcleo familiar.

Casi la totalidad de personas refugiadas en el Ecuador, son personas que huyen del conflicto armado en Colombia. En el conflicto, podemos ver que las mujeres tienen una amplia diversidad de realidades, por lo que el país ha acogido como refugiadas a mujeres víctimas de persecución en el contexto del conflicto: mujeres ex combatientes, mujeres desplazadas, mujeres víctimas de violencia sexual, de tortura, de extorsión, de trata, entre otras.

Otra acción puntual está en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Salud Pública, en el 2007, donde se impulsó un proyecto de difusión a nivel nacional, con el objetivo de sensibilizar a la población de acogida sobre la situación de la población refugiada y sus derechos, especialmente en zonas de frontera.

Adicionalmente, se han generado convenios de apoyo económico y logístico con casas de acogida temporal para solicitantes de refugio. Además, se han impartido charlas de capacitación a solicitantes, con énfasis en los mecanismos de protección que brinda el Estado, especialmente a las mujeres. También se realiza la identificación y remisión de casos de mujeres en situación de riesgo al ACNUR, para valorar la necesidad de llevar a cabo procesos de reasentamiento.

Por otro lado, en 1990, en la sesión número 41 del Comité Ejecutivo del ACNUR se estableció que la discriminación severa experimentada por mujeres, y prohibida por la Convención sobre la

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Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), puede constituir la base para conceder el estatuto de refugiado. En 1991 el ACNUR promulgó la “Guía para la Protección de las Mujeres Refugiadas”. En ella, el Comité Ejecutivo sostiene que las mujeres que temen ser perseguidas o sufrir discriminación debido a su sexo deben ser consideradas como miembro de un grupo social a los efectos de determinar el estatuto de refugiado. Sin embargo, las repuestas en estos casos aún no tienen especificidad y se empieza a trabajar en procesos para sobrevivientes de violencia sexual 14.

Por el momento, Ecuador, como país de acogida, brinda como primera medida el estatus de refugio como una garantía de protección, además, la Constitución reconoce en el Art. 41 el derecho de no devolución. Si bien aún se encuentra en desarrollo los mecanismos para efectivizar el ejercicio de los derechos, existe la base jurídica para hacerlos exigibles.

Entre las principales medidas de protección para esta población, se encuentra la integración local, por lo que se convierte en reto para el país el desarrollar mecanismos específicos para permitir el pleno ejercicio de los derechos de las personas refugiadas, particularmente en cuanto al derecho de acceso a la justicia para personas sobrevivientes de violencia sexual sea que el delito se haya cometido en el país de origen o en el país de acogida.

F. La mujer y la economía El artículo 331 de la Constitución de la República indica que el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Señala que se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

En relación a la democratización de los factores de producción, el artículo 334 se señala que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponderá, entre otras, desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. La definición de política en cuanto a los medios de producción busca generar condiciones y oportunidades equitativas. Para ello se busca impulsar programas de titulación y regularización de la tenencia de la tierra, con consideraciones de género, para asegurar la legalización de la propiedad, la posesión o el usufructo, según los casos, en un esquema que fortalezca diversas formas de propiedad y de acceso; y, generar mecanismos de apoyo financiero y no-financiero que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al capital productivo, creando líneas especiales y oportunidades de financiamiento para mujeres del área urbana y rural, para pequeñas y medianas productoras y productores así como para iniciativas asociativas.

Dentro de los señalamientos constitucionales y de las Políticas establecidas en el PNBV se encuentra la promoción de la economía social y solidaria sostenible que permita impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas que genere condiciones de equidad, con especial atención a las organizaciones de mujeres rurales y urbanas marginales, y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan.

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La violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia según una encuesta desarrollada por Oxfam14 demuestra que: “la prevalencia de violencia sexual – para el periodo 2001-2009 – con base en 407 municipios con presencia de Fuera Pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armados en Colombia es 17.58%, lo cual significa que durante estos nueve años 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual”.

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Participación de las mujeres en el ámbito económico La participación de las mujeres en las actividades económicas muestran un acelerado crecimiento al pasar del 15,8% en 1974 al 18,1% en 1982, de 26,0% en 1990 a 30,5% en 2001 y 36,5% en el 2010. Los períodos 1982-1990 y 2001-2010 son los de mayor crecimiento, seguramente por las fuertes crisis económicas que vivió el país, que obligó a las mujeres a articularse en mayor medida al trabajo remunerado. En los últimos años, la tasa de ocupación global de mujeres ha crecido de manera progresiva, así mientras en el año 2007 fue del 92,4%, para el 2013 llega a ser del 93,9% en el ámbito nacional.

Aproximadamente la mitad de la población femenina en edad de trabajar está articulada a procesos productivos, a pesar de que esta participación ha crecido paulatinamente, todavía existe un gran rezago respecto a la participación de los hombres. Sin embargo la tasa de desempleo progresivamente ha decrecido para las mujeres.

La inserción en el mercado laboral para las mujeres depende en mayor medida del nivel de educación. Para el año 2013 (INEC: 2013) a nivel nacional hay un 24.9 % de mujeres con educación superior dentro de la PEA ocupada, frente a un 16.9 % de hombres en igual condición. En el área urbana la tendencia se mantiene, con 32.6% para las mujeres frente al 24,3%, de los hombres, análogamente en el área rural los hombres representan el 3,9% y las mujeres el 6,9% (ídem: 2013).

Pero si bien la Tasa de Ocupación Global es alta, bajo la condición de ocupados plenos15 el 47,0% son mujeres mientras que los hombres el 58,9%, y bajo la modalidad de subempleo el 52,6% son mujeres y el 40,8% hombres (Ídem.: 2013) Analizando el subempleo el cual nos muestra un mayor porcentaje de mujeres en esta situación, es más acentuado en las mujeres del sector rural con el 85,3% mientras que en el área urbana es del 49,8%. Respecto a los niveles de desocupación, el 6,1% son mujeres, mientras los hombres el 4,0% (Ídem.: 2013), situación que evidencia las relaciones desiguales y de desventaja en el mercado laboral por género. La articulación de las mujeres al mercado laboral está centrada en su mayoría en torno al subempleo. Si esta tendencia comparamos con la categoría ocupacional, el 34% de las mujeres están bajo la categoría de cuenta propia.

En cuanto a la remuneración, la brecha de género persiste. Según la Encuesta de Hogares 2011 del INEC, en el 2010, las mujeres que trabajaban en iguales condiciones que los hombres, incluso en sectores de concentración de la fuerza laboral femenina, percibieron, en promedio, remuneraciones inferiores a los hombres: entre el 13% y el 24%, en función de los modelos de cálculo utilizados. En el trabajo informal, por otro lado, las mujeres recibieron un 20% menos respecto a los hombres, y en el área de servicios domésticos, un 42% menos que los hombres.

En cuanto a la seguridad social, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el 29,25% de las mujeres y el 24,8% de los hombres pertenecientes a la PEA estaban afiliados al seguro general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sin embargo, los datos de afiliación total al IESS, que incluyen: seguro general, seguro campesino y seguro personal, alcanzan un promedio nacional de 31,4%, siendo ligeramente mayor para las mujeres con 32,96%, mientras que para los hombres es del 30,49%. La tipificación de la no afiliación de los y las trabajadoras al seguro social, como delito, fue aprobada por Consulta Popular en el año 2011.

15 Tasa de Ocupados Plenos.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados plenos (OP) y la Población Económicamente Activa (PEA).

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La participación de las mujeres en el ámbito económico en la actualidad, ha tenido avances importantes, aunque respecto al principio de igualdad en cuanto a derechos, deberes y oportunidades, todavía dista mucho para su cumplimiento. Pero reconociendo este reto y a fin de superar las brechas existentes en el ámbito laboral, el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla acciones concretas como la Red Socio Empleo y programas de capacitación, a favor de la población en general y de manera especial, a favor de grupos que requieren de atención prioritaria. En este sentido, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), durante el período 2010 – 2011, capacitó, en la línea artesanal y de oficios, a grupos de jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus familiares, mujeres embarazadas, personas víctimas de violencia doméstica y sexual y personas privadas de libertad. El número de cursos impartidos durante los años 2010 y 2011 ascendió a 3.786, beneficiando a 73.802 personas.

En cuanto, a la normativa internacional en materia de derechos laborales de las mujeres, varios Convenios de la OIT configuran un cuerpo legal que protege estos derechos y estipula la igualdad de oportunidades en el trabajo. Entre estos convenios se puede mencionar: el Convenio 100, referente a igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina para un trabajo de valor igual; Convenio 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación), Convenio 156, de los trabajadores con responsabilidades familiares; Convenio 183, que trata acerca de la protección a la maternidad y el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Acceso a Información y Tecnología A pesar de la importancia que radica estar articulados a la tecnología de información y comunicación digital y en especial al internet, en el Ecuador existe un alto porcentaje de población que se le considera analfabeta digital. El analfabetismo digital, que se refiere al acceso al uso de información y manejo de tecnologías de información y comunicación digital – TIC`s-, a nivel nacional es del 31,1% mujeres y el 24,4% hombres. En el ámbito rural, las mujeres representan 43,2% y los hombres el 34,4%. En lo urbano las mujeres son el 24,7% y los hombres el 18,6%. Lo que evidencia que las mujeres rurales presentan las más altas tasas de analfabetismo digital.

Observando esta tendencia de la población, se plantean políticas públicas en el marco de aportar a cambios en los patrones culturales discriminatorios, y estereotipos sesgados de género. En este sentido el Ministerio de Telecomunicaciones, responsable de la política y agenda digital del país, establece un proceso de acercamiento y relacionamiento con las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) para el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía.

Bajo esta meta política, se crea el Plan Nacional de acceso y alistamiento digital, que es un programa de acceso universal a las TIC’s que contiene programas como: Aulas Móviles, Conectividad Escolar, Infocentros Comunitarios, capacitaciones en Alistamiento Digital, entre otros, bajo el marco de la Estrategia Ecuador Digital 2.0.

En los Infocentros se garantiza el espacio comunitario para la apropiación social de las tecnologías, motivando la participación de los sectores populares, donde mayormente asisten mujeres, pues se promueve la participación de organizaciones de mujeres, desplegando acciones conjuntas entre Estado y sociedad civil, para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Así también se implementan Infocentros en centro de rehabilitación de mujeres en Quito como parte del trabajo coordinado entre los Ministerios de Justicia y Telecomunicaciones. Desde el año 2012 al 2013 se han capacitado digitalmente a 48.843 mujeres en los Infocentros.

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En la estrategia Ecuador Digital 2.0 también se encuentra el proyecto Proactivas para incentivar el acceso, uso y empoderamiento de las TIC por mujeres, niñas y adolescentes en igual condición con el mismo nivel de oportunidad.

El 22 de noviembre de 2012 se llevó a cabo en Ecuador el Primer Foro Regional de TIC y Género, organizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información como una iniciativa de participación ciudadana (especialmente de la mujer) que promueve la equidad e incorporación de oportunidades para todas y todos en el campo de las TIC. Trabajo Doméstico Remunerado Según datos del Ministerio de Relaciones Laborales, en el año 2010, existían 177.637 empleadas y empleados domésticos en el Ecuador, de éstos 36.246 se encontraban afiliados a la seguridad social. En el año 2011, se estima que el número de personas que trabajaban en este sector se redujo a 147.991, de las cuales 73.800 se encontraban afiliadas al IESS. Como parte del reconocimiento del valor del trabajo doméstico remunerado, a inicios del 2010, se fijó un salario mínimo unificado equivalente a 240 dólares mensuales para quienes trabajen en el servicio doméstico, sector artesanal, sector agrícola y sector industrial. En el 2011, se incrementó a 264 dólares y en el 2012 a 292 dólares. Con el aumento salarial del año 2011, se ha recortado la distancia entre el costo de la canasta básica y el ingreso familiar promedio. Ello se refleja en un porcentaje de cobertura del ingreso familiar a la canasta básica que en 2011 se situó en 86.1%, mejorando del 73.4% en comparación del año 2008.

Con el fin de avanzar en la erradicación de la discriminación hacia las trabajadoras domésticas, el Ministerio de Relaciones Laborales generó el proyecto “Difusión de deberes y derechos en el mundo laboral”. El proyecto se ejecutó en los años 2010 y 2011 con 1.958 cursos dictados y un total de 38.892 mujeres capacitadas, lo que representó un monto de 843.569,33 dólares. El objetivo de este proyecto consistió en concientizar tanto a trabajadoras nacionales y extranjeras, como a empleadoras y empleadores, sobre la importancia de las relaciones laborales fundamentadas en derechos y obligaciones de las partes y erradicar la discriminación a quienes realizan esta actividad. En el marco de este proyecto, los resultados obtenidos se reflejaron en el incremento del porcentaje de empleadas domesticas afiliadas al IESS en un 34 % en el 2010, y un 4 % más 2011.

En lo que corresponde al trabajo doméstico, el Estado reconoce que constituye un desafío importante el garantizar a las trabajadoras domésticas, el respeto por parte de quienes las contraten, del goce efectivo de todos los beneficios laborales recogidos en el Código del Trabajo, tales como el pago de horas extras, los beneficios por enfermedad y por invalidez, entre otros.

Armonización de las responsabilidades entre mujeres y hombres en lo que respecta al trabajo y la familia.

Según la Constitución de 2008, “Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva

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a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley” (Art. 333).

Bajo esta política de cuidados, para la conciliación del trabajo remunerado y familiar, y para poder participar en la vida pública, se establece la obligación de las empresas públicas y privadas, con más de cincuenta trabajadores y trabajadoras, de proveer una guardería infantil para los hijos e hijas del personal. Este servicio deberá ser suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros de alimentación, infraestructura y todo relacionado con una adecuada prestación.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Política de Desarrollo Infantil, también provee servicios de atención en centros de desarrollo infantil y sistemas de atención a través de visitas domiciliarias y comunitarias, conocidas como “Creciendo con Nuestras Familias”. Estos programas permanentes pretenden fortalecer y cualificar el apoyo familiar a las personas con mayores necesidades de cuidado, en términos de igualdad y corresponsabilidad. La población atendida durante el período comprendido entre los años 2008 – 2011, se acerca a los 125.000 niñas y niños menores de 5 años en los Centros de Desarrollo Infantil, actualmente Centros Infantiles del Buen Vivir, los mismos que incorporan una visión integral de cuidado y que se proyectan a ser 1000 hasta el año 2017, atendiendo a los sectores más pobres y vulnerables.

Al tener a la corresponsabilidad como un principio vigente, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha intentado fortalecer el mismo a través de acuerdos con los cooperantes de los servicios de desarrollo infantil, los que se ven reflejados en convenios firmados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que pasaron del 40% en el año 2012 al 70% en el 2013.

Un aporte importante en este ámbito es la definición, medición y valoración del uso del tiempo y carga global de trabajo desde la implementación de las encuestas del uso del tiempo 16, que permitió visibilizar el trabajo no remunerado, quién lo desarrolla y el aporte de éste a la estructura económica y en el PIB. A partir de esta valorización, se pone en marcha la creación de una cuenta satélite, para establecer el aporte puntual del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales.

Es importante mencionar que se configura como un reto para el Estado, el establecer un sistema integral de cuidados que suponga redistribuir la responsabilidad de la reproducción social en todos los actores involucrados: Estado, familia, mercado, comunidad, organismos sin fines de lucro, para sostener la vida desde el Buen Vivir como paradigma del ser humano. Esta política implica disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres, efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y privado, la sociedad, la familia y la comunidad.

G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones En cuanto a participación en el país algunos años luego de la Conferencia de Beijing se estableció la Ley de Cuotas que buscaba incrementar el porcentaje de participación de las mujeres en procesos electorales hasta llegar a la paridad. En 1997 se expide la Ley de Amparo

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La Encuesta del Uso del Tiempo, impulsada desde la Comisión de Transición, en el contexto del trabajo desarrollado por la Comisión de Estadísticas de Género; es parte del Programa Nacional de Estadísticas de Género, por lo que se la realiza de manera periódica (Se ha desarrollado la EUT 2005, 2007, 2010, 2012).

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Laboral de la Mujer, que establecía el contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras establecido por las comisiones sectoriales del Ministerio del Trabajo. Así también el 20% de mujeres, para los cargos de ministras juezas y en la nómina de jueces, notarios, notarias registradores y demás curiales, de las Cortes Superiores de Justicia.

Sin duda el proceso constituyente de 1998 permitió colocar las reivindicaciones del movimiento de mujeres en el texto final de la Constitución, pese al dominio de los actores políticos del proyecto neoliberal. En el ámbito político se propició la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos electorales, en los cargos de designación del ámbito público, de la administración de justicia, de los organismos de control y en los partidos políticos; y la obligatoriedad del Estado de generar políticas públicas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el enfoque de género.

La reforma a la Ley de Elecciones de 2000 es un hito en el proceso de participación político electoral de las mujeres, porque establece la conformación de listas de candidaturas con una acción afirmativa a favor de las mujeres, que inició en un 30% de manera alternada y secuencial, entre hombres y mujeres, y que debía ser incrementado en un 5% adicional, en cada nuevo proceso electoral hasta llegar a la paridad. De tal manera que si una lista tenía un hombre encabezándola en el segundo puesto debía estar una mujer y viceversa. Con esta misma lógica debía completarse la cuota en la lista de candidaturas. Ello permitió garantizar que las mujeres fueran candidatas en puestos elegibles.

En la Constitución de la República de 2008 se promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en las instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos, así como en las candidaturas a las elecciones. Se garantiza los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres, en las elecciones pluripersonales. También se estipula medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados.

En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia (2009), se reconoce el principio de paridad de género y de alternabilidad entre hombres y mujeres en los procesos de elección pluripersonales. En la proclamación de dignidades electas se ha considerado una acción afirmativa para asignar el escaño a una mujer en los casos que exista empate entre un hombre y una mujer en el último escaño. También se promueve la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, así como en los partidos y movimientos políticos.

Con este antecedente y con el nuevo Código de la Democracia se llegó a la paridad en la normativa, que estipula como principio la paridad entre hombres y mujeres. En las elecciones del 2009 se logró una representación del 32% de las mujeres en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en la práctica esta normativa queda insuficiente, ya que si bien se logran candidaturas paritarias en las dignidades pluripersonales, en los resultados otros factores, como la posición en las listas y los métodos de asignación de escaños, hacen que ese porcentaje no logre ser del 50% sino inferior. En cambio, en lo que respecta a las dignidades unipersonales, al no existir ninguna regulación que busque la paridad, sigue existiendo una gran brecha en hombres y mujeres electas para primeras autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (prefecturas, alcaldías).

De igual manera, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como parte de la Función de Transparencia y Control Social se lleva a cabo procesos para la selección de representantes a las distintas instancias formales de participación en las que se contempla los 24

principios antes mencionados con el objeto de lograr la paridad en la conformación de distintos cuerpos colegiados como la Corte Nacional de Justicia, así como el propio Consejo.

Igualmente, en la garantía del derecho de la ciudadanía a participar de forma individual y colectiva en la vida pública, en base a principios de igualdad, interculturalidad y respeto a la diferencia, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) se tienen establecidos espacios de participación como los Consejos Ciudadanos Sectoriales, que toda entidad pública debe tener; las veedurías ciudadanas para el control en la designación de autoridades públicas o la silla vacía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otras.

Pese a estos avances en políticas públicas sigue siendo un reto la participación de las mujeres en procesos de elección unipersonales, especialmente, en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como el fortalecimiento de los mecanismos y espacios establecidos para la participación ciudadana de tal manera que se cumpla con el principio de igualdad en todos los espacios.

Por otro lado, en el ámbito del servicio público, se incorporó en la normativa correspondiente, como prohibición especial para el desempeño de cargos, función o dignidad en el sector público, la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010, Art. 10).

H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer Creación y fortalecimiento de mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales En la Función Ejecutiva.- Por mandato constitucional (Arts. 156 y 157) existen los consejos nacionales de igualdad para abordar varias temáticas, entre ellas, la de género. Se estipulan como órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sus atribuciones son la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la temática. Para su cumplimiento coordinan con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

Además se establece que el Estado formula y ejecuta políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de un mecanismo especializado e incorpora el enfoque de género en planes y programas, y brinda asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público (Art. 70).

Actualmente la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres (CDT), es el mecanismo especializado para el adelanto de la mujer y la igualdad de género en el Estado. Deberá transformarse en Consejo Nacional de Igualdad de Género, una vez se apruebe la ley que está en debate en la Asamblea Nacional.

Existen varios Ministerios rectores y ejecutores de políticas públicas que tienen direcciones, coordinaciones o unidades de igualdad de género, de mujeres o de derechos humanos, donde se aborda la problemática en su ámbito de competencia.

En la Función Judicial.- A través de su Código Orgánico creó órganos de justicia especializada (los juzgados de violencia contra la mujer y la familia, de contravenciones, y, de familia, mujer, 25

niñez y adolescencia), que intervienen en la investigación y sanción de hechos que atentan contra la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres. Dispone la inaplicabilidad de caución mediación, arbitraje o fuero especial para los casos de violencia intrafamiliar y, como punto importante, propende a una Defensoría Pública especializada para las mujeres, niñas y adolescentes, a través de la creación de los Juzgados especializados de violencia contra la mujer y la familia. Establece que la integración de todas las instancias de la Función Judicial sea paritaria, aplicando de ser necesario, medidas de acción afirmativa.

A partir del 2012 se vienen implementando los juzgados especializados. Actualmente están implementadas 32 unidades modernas y adecuadas para evitar la revictimización, así como modelos de atención con el enfoque de derechos y de igualdad de género. Las unidades se encuentran en 19 provincias. En estos espacios se cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales para la atención a las personas víctimas de violencia.

En la Función Legislativa.- En su Ley Orgánica, incorpora de manera transversal el enfoque y abordaje de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a través de la creación de la Unidad Técnica Legislativa cuyo objeto, entre otros aspectos, es acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno un informe sobre algunos temas entre ellos, el lenguaje utilizado en la norma y revisión de lenguaje no discriminatorio; impacto de género de las normas sugeridas.

Esta Unidad se crea en febrero de 2010 y hasta el 2013, han desarrollado varios informes no vinculantes en cumplimiento de los artículos 30-31 y 56 de la Ley. Es pertinente resaltar que generalmente se acogen sus observaciones y recomendaciones. Cabe indicar que se integra una experta en género en septiembre de 2010. Han elaborado una propuesta de reforma a la Ley, para volver obligatorio que las comisiones legislativas manden a la Unidad los anteproyectos de ley que se están tratando antes de su envío al Pleno, para perfeccionar su acompañamiento técnico de manera oportuna. Paulatinamente se está asumiendo su trabajo como necesario en la gestión parlamentaria y se va interiorizando poco a poco, el adecuado manejo del lenguaje, así como el impacto de género, en la normativa que se está trabajando.

En la Función Electoral.- La Ley Orgánica regula la aplicación de la paridad entre hombres y mujeres en las listas para elecciones pluripersonales; establece como impedimentos para ser candidatos/as, el haber ejercido violencia de género e incumplido con los pagos de alimentos de hijos e hijas. Como medida de acción afirmativa dispone que, en la proclamación de dignidades electas o electos, cuando exista empate por el último escaño y entre los empatados haya una mujer, se le adjudique el escaño a ella. Promueve la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, así como en los partidos y movimientos políticos.

En la Función de Participación y Control Social.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de su Ley Orgánica establece entre los principios que regirán su acción la “igualdad: se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos de manera individual o colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y decidir en la vida pública del Estado y la sociedad; diversidad: se reconocen e incentivan los procesos de participación basados en el respeto y reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los distintos actores sociales, sus expresiones y formas de organización”. Para su conformación se garantiza la paridad entre hombres y mujeres de manera alternada y secuencial de entre los mejores puntuados de un concurso de méritos y oposición. Entre las prohibiciones para ser miembro está “no haber cumplido con las medidas de rehabilitación establecidas por la autoridad competente en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género; haber sido sentenciados por delitos de lesa humanidad o crímenes de odio; o adeuden pensiones alimenticias”.

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Desde su instalación hasta la fecha se han desarrollado varios procesos de participación ciudadana para la inscripción de veedurías que conformaron comisiones ciudadanas de selección y designación de autoridades, entre ellas, para Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Superintendencia de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública.

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- El Código Orgánico de de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece en el Art. 598 que los Municipios deberán crear los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos; tendrán como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. En el Art. 327 sobre la conformación de comisiones permanentes de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, está la Comisión de Igualdad y Género, se encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad.

Integración de perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales.

La perspectiva de género en el país está integrada como principio constitucional al establecer la igualdad y no discriminación entre otras, en razón de género, en sus Art. 11 numeral 2 y Art. 66 numeral 4.

En relación a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (Art. 35 - 50), en el Régimen del Buen Vivir (Arts. 341 y 342) de la Constitución se dispone que el Estado debe generar las condiciones, incluyendo la asignación de recursos financieros para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia. Así mismo, en el Art. 393 se garantiza la convivencia pacífica de las personas y una vida libre de violencia y discriminación.

Los artículos de la Constitución que describen temas de: trabajo, educación, salud, comunicación e información, protección se enuncian a continuación: –

Los Arts. 325, 326 y 331 abordan el trabajo y la distribución en el que se incorpora el reconocimiento productivo del trabajo de cuidado y doméstico que realizan las mujeres.

–

En educación, los Art. 343 y 347 describen el desarrollo de las capacidades y potencialidades y una actuación sobre las demandas poblacionales y las problemáticas más desfavorecidas.

–

El Art. 32 considera a la salud como un derecho y el Art. 66 enuncia específicamente sobre la salud sexual y salud reproductiva.

–

Otro factor de vital importancia es la comunicación y la información, en cuyo caso el Art. 19, prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

–

En temas de protección, los Arts. 78 y 81 topan la problemática de la violencia intrafamiliar, sexual y de género, estipulando la necesidad de procedimientos 27

especializados y expeditos para el juzgamiento y sanción de estos delitos; además, que garantiza los derechos de la víctima, incluida su no revictimización.

En cuanto a la normativa secundaria que se sucede a la Constitución de 2008, se ha trabajado, entre otras, en las siguientes leyes y códigos-ley: • • • • • • • • • • • • • •

Código Orgánico de la Función Judicial.

Código Orgánico de la Función Legislativa.

Código Orgánico de la Función Electoral.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Ley Orgánica del Servicio Público.

Ley Orgánica de Educación Superior.

Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Código Orgánico Integral Penal.

Ley Orgánica de Comunicación.

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

En lo relacionado con políticas, programas y proyectos estatales, la Constitución establece en los Arts. 279 y 280 que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa organizará la planificación para el desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetará toda la gestión pública, siendo obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece en el Art. 4. Ámbito.- “Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República”. Es decir, a más del sector público, se añaden los programas financiados con recursos públicos y las empresas públicas. En el Art. 14. “En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la garantía de derechos. Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de Igualdad se recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que serán discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por parte de los ministerios de Estado y demás organismos ejecutores.

Desde esta perspectiva, la coherencia y articulación de la planificación se materializa desde el nivel máximo del marco constitucional y el Plan Nacional del Buen Vivir, con el nivel más específico de la planificación del Estado, a través de las instancias intermedias de la planificación intersectorial y sectorial. Así como también, se vincula horizontalmente a las distintas estrategias y agendas públicas e incorpora transversalmente las Agendas Nacionales para la Igualdad, como la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género.

La Agenda propone los siguientes ejes, políticas y lineamientos para un horizonte temporal de gobierno (2014-2017): EJE 1: Reproducción y Sostenibilidad de la Vida.- En el que se esboza la política para disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres, 28

efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y privado, la sociedad, la familia y la comunidad.

EJE 2: Una vida libre de violencia.- Persigue con la política, profundizar y mejorar el acceso a la justicia, la transformación de los patrones socio culturales y el fortalecimiento de bienes y servicios, para prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus formas y garantizar a las mujeres y personas LGBTI una vida libre de violencia.

EJE 3: Educación y conocimiento.- Política que busca fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y de producción de conocimientos para superar patrones de género discriminatorios y crear condiciones, contenidos y prácticas innovadoras de igualdad plena, convivencia armónica y reciproca entre todas las personas.

EJE 4: Salud.- Busca promover la salud integral de las mujeres y personas LGBTI, así como el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En los lineamientos que contiene, destaca difundir temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y nutrición; generar incentivos para el uso de anticoncepción y contracepción para los hombres; instalar unidades de salud sexual y reproductiva especializadas para las personas LGBTI en todo el territorio nacional; fortalecer el registro administrativo y las salas de primera acogida de la violencia de género contra las mujeres y personas LGBTI como condición de salud; mejorar e innovar la prestación de servicios y bienes de salud pública, entre otros.

EJE 5: Deporte y recreación.- Orientado a promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y personas LGBTI orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza del tiempo; contiene 6 lineamientos que buscan el cambio de patrones discriminatorios que limitan la participación de mujeres y personas LGBTI en actividades recreativas y deportivas en todas las etapas de vida.

EJE 6: Cultura, comunicación y arte.- Establece el fortalecimiento de las diversas identidades nacionales y auspicia una cultura de paz.

EJE 7: Producción y empleo.- Se orienta a potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI en el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, desempleo y explotación laboral.

EJE 8: Ambiente.- Propiciar la participación plena de las mujeres y su empoderamiento en los espacios de gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad como elemento indispensable de condiciones ambientales adecuadas para la preservación de la vida.

EJE 9: Poder y toma de decisiones.- La política garantiza la igualdad de acceso y la plena participación de las mujeres y las personas LGBTI, en las estructuras de poder y en sus procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus derechos políticos.

I. Los derechos humanos de la mujer Aplicación de Instrumentos de derechos humanos especialmente la CEDAW El Estado ecuatoriano presentó sus informes periódicos consolidados 8° y 9° ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en diciembre del 2012. El informe se elaboró con la colaboración de entidades del Estado que reportaron su gestión, mediante acercamientos con puntos focales de Ministerios ejecutores de política pública y con las

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organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres. A fin de promover un verdadero proceso de participación e identificar los avances y desafíos en la garantía de los derechos de las mujeres, las entidades coordinadoras del informe entrevistaron a responsables de programas de género a nivel académico y a más de 28 lideresas de diferentes ciudades del país. Después de la realización de las entrevistas, se organizó un taller de trabajo, en el que participaron mujeres afro-ecuatorianas, indígenas, mestizas, montubias, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, lideresas de diversa orientación sexual e identidad de género, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales de diferentes regiones del país, dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

El informe rindió cuenta de los avances país desde el año 2008 hasta el año 2012, exponiendo lo trabajado a favor de la igualdad en la política pública, desde las 5 Funciones del Estado, así como los retos y desafíos que aún debe enfrentar el país.

Garantía de la Igualdad y No Discriminación ante la ley y en la práctica.

El Estado ecuatoriano, desde el año 2008 cuenta con un marco constitucional garantista de derechos humanos, donde los principios fundantes son la igualdad y no discriminación. Para garantizar la aplicación de la legislación vigente a través de medidas adecuadas, de forma que no se discrimine a la mujer, la Asamblea Nacional ha emprendido un proceso de revisión de la normativa secundaria, para asegurar la plena compatibilidad de la legislación nacional con la Constitución. De esta manera, durante el período comprendido entre noviembre de 2008 y junio 2012, en la Asamblea Nacional se aprobaron 80 leyes, de las cuales 43 contienen disposiciones para implementar el principio de igualdad, así como los derechos consagrados en la CEDAW. Para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas económicas y sociales, el principal instrumento es el Plan Nacional del Buen Vivir, en el que se incorporó un número importante de políticas y metas orientadas, tanto de manera implícita como explícita, a la protección de los derechos de las mujeres, en su diversidad. Estas políticas fueron construidas con la asistencia técnica del mecanismo de género del Estado.

J. La mujer y los medios de difusión Los medios de comunicación son un tema de interés permanente en la sociedad mundial, el Ecuador no es la excepción y en los años 90 hay un interés particular por regular los medios de comunicación.

En la Declaración final de Beijing +5, publicado en junio 2000 en la Sesión Especial de Naciones Unidas, se indica que: Las imágenes negativas, violentas o degradantes de la mujer, incluida la pornografía, y sus descripciones estereotipadas han aumentado en diferentes formas, recurriendo a nuevas tecnologías de la información en algunos casos, y los prejuicios contra la mujer siguen existiendo en los medios de difusión.

En el 2008, este interés se vuelve una prioridad para el Estado, pues es necesario generar nuevos mecanismos de regulación. Es de esta manera que en la Constitución de 2008, se incorpora la prohibición específicamente de publicidad que induzca a la discriminación, es así que en su artículo 19 establece que: La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 30

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

En junio de 2013 se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), donde se establece la creación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 17. Dicha instancia tiene entre sus objetivos: “establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información” (Numeral 1, artículo 49 de la LOC). Este organismo cuenta con 4 Consejeros, uno de éstos, es representante de los Consejos Nacionales de Igualdad. Adicionalmente, se establece la creación de la Superintendencia de la Comunicación 18. Con esta nueva institucionalidad se busca regular los contenidos de los medios de comunicación.

Dentro de la Ley se consideran que todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar una serie de normas mínimas para difundir información y opiniones, entre ellas abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios 19; además establece que el incumplimiento de estas normas podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Comunicación; De igual manera, en la misma ley hace referencia en el art. 43 a la composición paritaria que deben tener los medios de comunicación de carácter nacional en cuanto a su nómina laboral: “conformarán su nómina de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.”

K. La mujer y el medio ambiente En nuestro país en la Constitución de la República de 2008 se avanzó con la inclusión de los derechos de las mujeres y por primera vez se reconoció el derecho de la naturaleza. Esta mirada se conjuga en una visión más amplia del desarrollo, que busca no solo el crecimiento económico 17

La atribución del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación generar mecanismos para el ejercicio de los derechos de las y los usuarios de los servicios de comunicación e información, la regulación del acceso universal, clasificación de contenidos y franjas horarias, creación de mecanismos para contar con programación variada, que sea orientadora y educadora; y la elaboración de estudios, respecto al comportamiento de la comunidad, sobre los contenidos.

18 En el artículo 55 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que la Superintendencia de la Información y Comunicación es un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que tiene atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación.

19 La Ley Orgánica de comunicación define como contenido discriminatorio: “Art. 61.- Contenido discriminatorio.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.”

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sino pone a las personas como centro y fin del desarrollo. Eso se lo reconoce como el Régimen del Buen Vivir, que por un lado busca la armonía de las personas con la naturaleza, pero al articularlo con la categoría de género, busca también esa relación armoniosa entre las personas: hombres, mujeres y personas LGBTI. Se reconoce a la Naturaleza dos derechos sustantivos: el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a la restauración. La Carta Magna exhorta de modo obligatorio el cumplimiento de estos principios a toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad en aplicación directa de los principios ambientales, según consta en el Art. 395 y el derecho a la consulta previa (Art. 398). De igual manera, la Constitución tiene como fundamento los principios internacionales en materia de derecho ambiental, por lo tanto son vinculantes jurídicamente y aplicables por las autoridades que administran justicia. Nos atañe particularmente el Principio 20 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que señala: “Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.”

Otra consideración importante en nuestra Constitución es que las infracciones ambientales no prescriben; puesto que se basa en la lógica que los daños al ambiente genera graves impactos sociales, culturales, de salud y económicos. La imprescriptibilidad de la acción ambiental opera en la vía administrativa, penal y civil. Adicionalmente, el Estado está en la obligación de tomar las medidas protectoras necesarias para evitar el daño ambiental, aunque no exista certidumbre del daño, a esto se denomina “Principio de Precaución” y está previsto en la Constitución en el Art. 396, que concuerda con el Principio número 15 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992.

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional, rectora de las políticas ambientales, que tiene entre sus objetivos institucionales conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales; prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental; mantener, mejorar la cantidad y calidad del agua, integrar sectorialmente, administrativa y territorialmente la gestión ambiental nacional, así como coordinar políticas de Estado dirigidas hacia el desarrollo sustentable.

Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores económicos, que permitan priorizar actividades productivas de menor impacto y establecer mecanismos de incentivos adecuados; manejar la conflictividad socio ambiental a través de la incorporación de los enfoques de la participación ciudadana, interculturalidad y género en los proyectos de gestión ambiental.

A partir del año 2009, el país cuenta con la Política Ambiental Nacional-PAN, que es el marco que orienta la gestión ambiental de los diferentes sectores. En el marco de lo que define la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir para los temas ambientales la visión de la PAN es hacer del Ecuador un país que conserva y usa adecuadamente su biodiversidad para así mantener y mejorar su calidad de vida, promoviendo el desarrollo sostenible y la justicia social, reconociendo al agua, al suelo y al aire como recursos naturales estratégicos.

Consecuentemente, la PAN plantea “Evidenciar e involucrar la dimensión social de los temas ambientales” y para su aplicación propone que la interculturalidad, los conocimientos ancestrales y la soberanía alimentaria constituyan nociones que incluyan de manera equitativa visiones diferentes de los distintos colectivos sociales.

La PAN reconoce la diversidad cultural, los derechos de los pueblos ancestrales y contempla un enfoque intercultural; proponiéndose como una estrategia “El Fortalecimiento de capacidades ciudadanas para el manejo sustentable de los recursos naturales”, encaminado a generar en las 32

comunidades una consciencia ambiental sobre la importancia del consumo responsable a fin de evitar la destrucción de los recursos naturales, con una fuerte mirada basada en las necesidades e intereses de mujeres y hombres de pueblos y nacionalidades y personas LGBTI. Una de las estrategias planteada en la PAN busca reconocer la interculturalidad del Ecuador en su dimensión ambiental, establece una simbiosis entre naturaleza y cultura. Incorpora un planteamiento importante para fortalecer la visión de género, intergeneracional e inter-regional en la gestión ambiental, impulsando la distribución justa y equitativa del uso y disfrute de los recursos naturales. La estructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP propuesta en las Políticas y Estrategias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2007-2016, fue acogida e incorporada en la Constitución vigente, Art. 405, que dice “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas (…)”.

En el 2008 se creó el Programa Socio Bosque, cuyo objetivo es la conservación de bosques y páramos nativos a través de la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. En noviembre 2012, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), MAE, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, y la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, con el objetivo de generar políticas que permitan el desarrollo de nuevos esquemas y modelos de gestión de emprendimientos solidarios alrededor del reciclaje y el aprovechamiento de residuos sólidos, así como asegurar la implementación de programas y proyectos que fomenten la inclusión social y económica de personas dedicadas al reciclaje.

Si bien, el Estado ha desarrollado acciones concretas a favor de la preservación del ambiente, no existe evidencia empírica sobre los resultados del impacto diferenciado que estas acciones han tenido entre hombres y mujeres, así como la relación que hay entre las mujeres y la naturaleza, en cuanto a este desarrollo armonioso, de tal manera que no se considere a las mujeres únicamente como guardianas de la naturaleza, sino como sujetas activas que participan en la toma de decisiones en materia ambiental.

L. La niña La población infantil del país está sujeta a diferentes problemáticas. Entre las más graves tenemos a la desnutrición infantil, que en 2006 afectaba aproximadamente al 30% de las niñas y niños; en el campo afectaba al 36% de los infantes, mientras que, en las ciudades, solo al 19%; hacia el 2010 se registró que el maltrato extremo a los niños y niñas en el hogar era del 44% (Senplades, 2013). Frente a esto, para el periodo 2013-2017 se plantearon políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública. En Ecuador hay 1,5 millones de niños y niñas menores de cinco años de edad; el 33,1% –es decir, 485000 niños y niñas– asisten a algún programa de desarrollo infantil o de educación inicial (INEC, 2010).

El porcentaje de niños y niñas que tiene cédula de identidad en el país es de apenas el 27% (INEC, 2010). Más allá de la cedulación, es importante generar mecanismos para que los niños y niñas estén registrados junto a su núcleo familiar, de manera que se garantice su inclusión y el seguimiento en los diferentes programas sociales desde el nacimiento. El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona.

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Desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS se ha articulado una apuesta colectiva de diversos actores sociales y se ha consolidado un modelo integral de atención a la Primera Infancia con enfoque de derechos, considerando entre otros aspectos, el género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios a todas las niñas y niños.

El modelo de atención en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) garantiza la igualdad de derechos para las niñas y niños, de conformidad con toda la normativa vigente. Se fomentan y aplican políticas de género que promueven la igualdad de derechos, haciendo que niñas y niños realicen las mismas actividades, facilitando las oportunidades para que ambos disfruten y usen los mismos espacios, materiales y juegos, y aprendan a compartir actividades y espacios sin excluir a nadie y sin practicar juegos sexistas.

Asimismo, los Centros de Protección de Derechos, regidos por el MIES, reciben denuncias y conocen casos de vulneración de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos centros han desarrollado un proceso de fortalecimiento en lo que se refiere a mecanismos administrativos de solución de casos, como una medida alternativa al proceso judicial. Al 2012, se cuenta con 82 puntos de referencia para el tratamiento de estos casos y, de enero a diciembre del 2011, se atendieron 571 casos de violencia y acoso sexual, 6807 casos de violencia intrafamiliar y 3243 casos por juicios de alimentos, los mismos que han sido remitidos a los sistemas correspondientes como salud y/o justicia.

Desde el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CNNA se ha participado en diferentes campañas junto con instituciones públicas y privadas, así como en la formulación de políticas públicas y acciones específicas que contribuyen a eliminar cualquier tipo de trato inequitativo y desigual que puedan recaer sobre las vidas de las niñas ecuatorianas. En conjunto con Plan Internacional se generaron alianzas estratégicas necesarias para que la Asamblea Nacional declarara el día 11 de octubre como Día Nacional de la Niña. Con el objetivo de visibilizar cada año en el Ecuador los avances que a nivel de legislación y políticas públicas se generan para la erradicación de la violencia, disminución del embarazo adolescente, concientización en la corresponsabilidad del trabajo doméstico y mayores índices de acceso, permanencia y calidad en el ámbito educativo, especialmente a favor de las niñas y adolescentes.

La alianza estratégica generada con Plan Internacional sirvió también para que desde el CNNA se brindaran los apoyos necesarios para la promoción en el Ecuador de la campaña internacional denominada “Por ser niña”, en la que se intenta concienciar a toda la sociedad ecuatoriana de que en las niñas es mayor la posibilidad de no ir a la escuela, mayor la dedicación al trabajo doméstico y las tareas de cuidado, y mayores también las posibilidades de embarazo adolescente, entre otras.

El programa “Por ser Niña” desarrollado conjuntamente con Plan Internacional, propone eliminar la discriminación de las niñas en el ámbito educativo, toda vez que parte del supuesto de que una niña educada es menos susceptible a continuar en la pobreza extrema, para ello dicho programa consiste en el desarrollo de talleres que promueven la inclusión prioritaria de las niñas en la escuela. Así también, se ha logrado que las políticas públicas a favor de la educación básica y superior de los grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran la niña y adolescente, sean elevadas a políticas de atención nacional en el Plan Nacional del Buen Vivir hasta el año 2017, que se plantea alcanzar el 95% de alfabetización e inclusión en el sistema de educación formal.

La necesidad de diagnosticar las condiciones y circunstancias que obligan a las niñas a participar activamente en el mercado laboral y en las tareas del hogar fueron los principales factores que impulsaron la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI realizada en el Ecuador en el año 2012, proceso que se desarrolló con otras instituciones públicas como el Ministerio de 34

Relaciones Laborales (MRL), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). Del mencionado diagnóstico el dato más revelador es que del total de niños, niñas y adolescentes que realizan tareas domésticas, el 32,4% son hombres frente al 67,6% que son mujeres. Esta, entre muchas otras, es una de las razones por las que el CNNA decidió priorizar el ejercicio de los derechos y la construcción de relaciones de respeto en las que las niñas ecuatorianas estén involucradas. También se han implementado acciones para romper con el estereotipo (patrón socio-cultural) de que el cuidado de niñas y niños es una tarea que atañe solo a las mujeres; se incluye a padres para que participen en las sesiones educativas sobre el cuidado de sus hijos y se ha incorporado a profesionales hombres para que se desempeñen en CIBV y educadores de CNH. Desde el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se ha promovido la conformación y fortalecimiento de Consejos Consultivos de la Niñez y adolescencia que si bien envuelven al grupo etario de niñez y adolescencia sin discriminación de su género, ha colocado a las niñas como tomadoras de las decisiones que les afectan y les ha permitido comunicar su problemática en el entorno social.

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III.DATOS Y ESTADÍSTICAS Para el seguimiento y evaluación a los objetivos trazados en el marco de la planificación nacional, el Plan Nacional del Buen Vivir cuenta con indicadores y metas. De estos indicadores, dependiendo de las fuentes de información son desagregados por sexo y muchos de ellos responden a aspectos específicos de desigualdades de género y que a la vez nos permite monitorear los avances y cumplimiento en cuanto a políticas de igualdad de género.

Paralelamente a esto, desde 1998 el país cuenta con un Sistema de Indicadores que da cuenta de la situación de las mujeres y las desigualdades de género - SIMUJERES, cuyo objetivo es: “Contribuir a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, a través de la entrega oportuna de información para el análisis de las brechas de género existentes en los ámbitos político, económico y social”, en el marco de la normativa nacional a más de responder a las esferas de principal preocupación respecto de la vigencia de los derechos de las mujeres, planteadas en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer Beijing 1995.

Correspondientemente con los enfoques y objetivos planteados para el SIMUJERES, se establecen para su estructura dos entradas a la información de este sistema: una entrada temática que tratan de responder a las esferas de principal preocupación, planteadas en Beijing -1995; y una segunda entrada de derechos establecidos en los principales Instrumentos nacionales como la Constitución y los Pactos y Convenciones generales y específicas sobre derechos humanos de las mujeres. A más de esto, se cuenta con criterios interrelacionados como: pertenencia étnica, ciclo de vida/edad, estrato social y territorio. Otro aspecto importante de resaltar, es que el país cuenta con instrumentos de medición en los que se garantiza la representatividad a nivel urbano y rural.

Un hito importante en la institucionalización del enfoque de género en la producción de estadísticas ha sido el desarrollo de las Encuestas del Uso del Tiempo en el Ecuador (2005, 2007, 2010 y 2012), e ir generando capacidad instalada en el país para la implementación y análisis de la información en este tipo de investigaciones en concordancia con la Estrategia de Desarrollo Estadístico en materia de género del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico – PENDES y el Plan Nacional del Buen Vivir. De igual manera se cuenta con la metodología y los primeros resultados de la cuenta satélite del trabajo no remunerado 2007 – 2011.

La Encuesta Especifica del Uso del Tiempo 2012 a diferencia de las anteriores, se levantó de forma independiente en todo el territorio nacional continental; uno de los objetivos claves de esta encuesta fue el factor de diversidad étnica, para lo cual el diseño y la selección se basó en la necesidad de obtener indicadores que reflejaran las diferencias étnicas - culturales y el área de residencia la población ecuatoriana.

Además de contar con información que evidencia la contribución social y económica del trabajo no remunerado que realizan las personas, nos ha permitido avanzar en marcos legales que reconocen este trabajo como productivo, promueve políticas públicas y obliga al Estado a levantar estadísticas y llevar cuentas satélites como parte del Sistema de Cuentas Nacionales.

De igual manera El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) levantó el Censo Económico 2010 en donde se incluyeron variables que permitieran conocer la participación de las mujeres en los establecimientos económicos pequeños, medianos y grandes, así como la distribución de hombres y mujeres trabajadoras remuneradas y no remuneradas.

A partir del 2010, el país cuenta con la Comisión de Estadísticas de Género cuyo objetivo es coordinar, estandarizar y transversalizar los conceptos y métodos de producción de información 36

que muestre la situación de las mujeres y las desigualdades de género en los diferentes ámbitos de acción, mediante el trabajo sinérgico de las instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional, facilitando la construcción de herramientas sistémicas y transparentes para una adecuada formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Esta Comisión es considerada como una estrategia de institucionalización del enfoque de género en la producción de estadísticas e indicadores de género del Sistema Estadístico Nacional.

En septiembre de 2013 dando cumplimiento a la Ley de Estadística se aprobó el Programa Nacional de Estadística, definido como el “Instrumento que contiene las directrices que guían a las entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional en sus actividades de investigación estadística, a fin de cubrir las necesidades de información para la planificación nacional”; de esta manera obliga al Estado a garantizar recursos permanentes para su implementación. Dentro de este programa se contempla la ejecución periódica de las Encuestas de Uso del tiempo con una periodicidad de 5 años, Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres con una periodicidad de recolección quinquenal, la Cuenta Satélite del Trabajo no remunerado y la publicación “Mujeres y Hombres del Ecuador en cifras”.

El Estado ecuatoriano ha adoptado las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Adicional a la normativa vigente, como el Código Penal, el Código de la niñez y adolescencia, la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, entre otros, en septiembre del 2007, mediante Decreto Ejecutivo N 620, se declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, el mismo que contempla entre sus ejes un sistema de registro nacional de los casos de violencia, que incluye la producción de información sobre violencia contra las mujeres. Al respecto, se han desarrollado varios diagnósticos: 1. Diagnóstico sobre el estado de situación de las fuentes de información en cuanto a registros administrativos, en las instituciones del Estado y Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en la temática. 2.

Diagnóstico de los procesos internos institucionales responsables de recoger la información y recursos con los que cuenta las productoras de información. Y una propuesta de sistema de registro, que contempla recursos necesarios, flujos de información, sostenibilidad, y variables e indicadores básicos.

En este mismo sentido en 2010 se desarrolló un marco conceptual y metodológico que permitió la aplicación de la primera Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en el Ecuador 2011; proceso que fue desarrollado de manera interinstitucional dentro de una Comisión de Estadísticas de Género cuyos integrantes son instituciones públicas interesadas en general de la producción de información estadística de género y en lo particular información sobre violencia contra las mujeres, además de la participación de organizaciones de mujeres y sociedad civil.

La mencionada encuesta incluye una amplia información sobre la violencia de género (física, psicológica, sexual y/o patrimonial) que viven o han vivido las mujeres en los últimos doce meses y a lo largo de su vida tanto por su pareja como por otras personas. En este sentido esta información cubre con los indicadores aprobados por la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas excepto por algunas desagregaciones o ciertas especificidades propias del país, que podrían considerarse para la siguiente encuesta a realizarse en el 2015.

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IV. NUEVAS PRIORIDADES a) ¿Cuáles son las prioridades de acción clave para los próximos tres a cinco años a fin de acelerar la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y los acuerdos intergubernamentales posteriores para el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres a nivel nacional?

Se debe priorizar la eliminación de las brechas de desigualdad que afectan a más de la mitad de la población, esto es a las mujeres. Por ejemplo en cuanto al tiempo global de trabajo (sumatoria del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado), las mujeres trabajan a la semana, 17 horas con 42 minutos más que los hombres, como promedio a nivel nacional 20. La diferencia de ingresos promedios de los hogares con jefatura femenina respecto a los hogares con jefatura masculina, es de UDS 168 a nivel nacional, adicionalmente se evidencia una mayor desigualdad en el área urbana.

Así también el hecho de que 6 de cada 10 mujeres viven o han vivido violencia de género. O que 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual 21. En materia de salud, 1 de cada cinco nacimientos son de madres adolescentes y la mayoría de nacimientos registrados (28,3%) fue de madres entre 20 a 24 años de edad. En el Ecuador existen 87,15 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 22. Según el anuario de egresos hospitalarios de 2012 del INEC, existe una tendencia marcada a que las mujeres se enfermen por causas vinculadas al cumplimiento de roles que se asocian a su feminidad: los embarazos terminados en aborto, la atención materna relacionada con el feto y con la cavidad uterina; y otras complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, son las principales causas de morbilidad.

Las mujeres registran una mayor tasa de analfabetismo al llegar a 7,7% frente al 5,8% de los hombres. En el área rural esa cifra alcanza el 14,2% en comparación al 10,0% de los hombres 23.

Un factor importante que determina la inserción de las personas al sistema en general, es el acceso y uso de las tecnologías de comunicaciones e informática, lo que se conoce como alfabetismo digital. En este ámbito, un 43.2% de las mujeres rurales y el 24,7% de las urbanas, no han utilizado Internet, computador y teléfono celular. b) ¿Cuáles son las prioridades y las recomendaciones de su país para fortalecer la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en los debates actuales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015?

Enfatizar que sin igualdad no hay desarrollo. El asumir que cuando se construye la igualdad sustantiva, deviene en crecimiento económico; una clara tendencia a la disminución de la pobreza; un incremento de los índices de bienestar general para toda la población; mejores índices de gobernabilidad y democratización de la sociedad en su conjunto; ampliación de los índices de desarrollo social; mejora de la distribución del ingreso; decrecimiento de casos de corrupción; y, aumento de los índices de productividad.

La igualdad para ser efectiva debe ser claramente definida en sus alcances, para garantizar simultáneamente igualdad de acceso, igualdad de trato e igualdad de resultados. Lo que quiere decir que la igualdad debe asegurar que todas y todos tienen acceso al proceso de disfrute de un

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Encuesta de Uso del Tiempo 2012.

Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres 2010 22 INEC-Anuario de Nacimientos y Defunciones 2012 23 INEC-Censo 2010 21

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derecho humano consagrado y que cuentan con los medios y recursos suficientes, para alcanzar su ejercicio pleno.

Deconstruir la división sexual del trabajo hacia una nueva distribución de la carga social del trabajo no remunerado y de cuidados, que libere tiempo efectivo para las mujeres con la corresponsabilidad entre sector público y privado, sociedad, familia y comunidad. Para lograr este objetivo, se ha planteado en primer lugar implementar la cuenta satélite del trabajo no remunerado, para visibilizar el aporte de la labor del cuidado humano a la economía nacional.

Enfatizar la impostergable responsabilidad estatal en la garantía de una vida libre de violencia de género en la esfera pública y privada, sigue siendo prioridad en la agenda nacional e internacional.

Posicionar con fuerza la necesidad de reconocer, valorar y garantizar la participación plena de las mujeres y su empoderamiento, en los espacios de gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, como elemento indispensable de condiciones ambientales adecuadas para la preservación de la vida.

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