Informe de Avance en Objetivos del Milenio

INFORME DE AVANCE EN OBJETIVOS DEL MILENIO Objetivo 1. Reducción de pobreza extrema y hambre En este objetivo el Ecuador buscó reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario; Ecuador ha cumplido con la meta planteada. En 1987, el 12,8% de la población presentaba ingresos inferiores a 1,25 dólares, para el 2012 esta situación ha cambiado drásticamente, y el indicador se ubica en 3,4%. (INFORME EJECUTIVO ODM ECUADOR 2012 SENPLADES).

Respecto a datos sobre pobreza, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, (ENEMDU), para el año 2011 la pobreza por ingresos disminuyó a nivel nacional a un 28,6%, llegando a un 50,9 % en la zona rural y al 17,4 % en la zona urbana. Si desagregamos este dato por sexo, las mujeres en situación de pobreza, a nivel nacional, alcanzan un 29,27% y los hombres un 27,98%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Informe Panorama Social de América Latina 2011 coloca al Ecuador como el segundo país de la región que más ha disminuido su tasa de pobreza 1.

Una de las medidas importantes para combatir la pobreza es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que representa un gran avance para apoyar a las personas que se encuentran en los quintiles de pobreza más bajos, ascendió de 30 dólares en 2007, a 35 en el 2009. Este bono constituye para las madres un pago por su trabajo productivo no remunerado.

Adicionalmente, se creó el Sub Programa de Pensión Asistencial para personas adultas mayores ubicadas en el 40% más pobre de esta población y para personas con discapacidad.

Por otro lado, el 20 de noviembre de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Redistribución del Gasto Social, mediante la cual se incrementó el BDH de 35 dólares a 50 dólares, dicho incremento rige a partir de enero de 2013.

Los datos de los años 2008 y 2009 indican que las mujeres representan el 89% y 86% del total de beneficiarios del BDH respectivamente. Para el año 2011 el Ministerio de Finanzas reporta un monto de 756’288.673,97 de dólares para atender a población de niveles críticos de pobreza. A esto se suma el subsidio para personas con discapacidades por un monto de19’320.000 de dólares.

Las mujeres beneficiarias del BDH tienen acceso al programa de micro crédito productivo de 2 formas: el Crédito de Desarrollo Humano, y el Crédito Productivo Solidario (MIES: 2013); créditos donde mayormente se han beneficiado las mujeres, y sobre todo mujeres madres.

Vivienda El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y crédito financiero se contempla en la Constitución de la República y se vincula al derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. Asimismo, la Constitución garantiza y prioriza el acceso a la vivienda de grupos de atención prioritaria como personas adultas mayores, desplazadas, víctimas de violencia y víctimas de maltrato infantil, además de jefas de hogar y personas de 1

Bárcena, Alicia et. al. “Panorama Social de América Latina”. CEPAL, 2011. Sobre la base de información con corte a 2010, los países que más han reducido su tasa de pobreza son Perú (3.5 puntos), Ecuador (3 puntos), Argentina (2.7 puntos), Uruguay (2 puntos) y Colombia (1.4 puntos).

escasos recursos. En cuanto a la propiedad, la Constitución garantiza la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso a la misma y la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. 2 Según el censo de Población y Vivienda 2010, a nivel nacional existen 3.810.548 hogares, de los cuales el 28,7% tienen jefatura femenina, 3 puntos porcentuales más que en el año 2001 (25,4 %) y de estas el 70% se encuentran en el área urbana. Los hogares afroecuatorianos son los que tienen mayor número de mujeres jefas de hogar (32,2 %), por encima del promedio nacional. Con un 21,4 %, los montubios son el pueblo con menos porcentaje de mujeres con jefatura de hogar. De los hogares con jefatura femenina, el 70,2% carece de cónyuge, es decir aproximadamente 770.000 mujeres están al frente del hogar y asumen solas la crianza de sus hijos/as. (INEC, 2012: Revista e-Análisis, Mayo 2012, Pg. 4) Por otro lado en el país 3.645.167 mujeres son madres (CENSO 2010), 339.656 son madres solteras y 122.301 son madres adolescentes. El 51,3% de las madres solteras tiene un hijo, el 20,6% dos y el 7,1% tiene más de seis hijos. (AGENDA) Según el análisis comparativo inter-censal 2001-2010, se puede determinar que el acceso a la vivienda por mujeres cabeza de familia se ha incrementado, de 25,41% en el año 2001, a 28,69% en el año 2010. Frente a esta problemática, a partir del año 2006, se institucionalizó una política de crédito para vivienda con recursos fiscales del presupuesto nacional. En el 2008, el bono para vivienda se incrementó de 3.600 a 5.000 dólares y se unificó a nivel urbano y rural 3.

Entre los años 2006 y 2011, mejoraron las condiciones de habitabilidad, se incrementó el porcentaje de viviendas en condición aceptable y se redujo el porcentaje de viviendas irrecuperables. En el país, el 66% de la población tiene vivienda propia (Censo del 2010); sin embargo, factores de precariedad como vivienda con piso de tierra, afecta al 6% de las mujeres en general, al 33% de las mujeres indígenas y al 6% de la población afro-ecuatoriana.

Entre los años 2007 y 2011, el país invirtió cerca de 800 millones, a través de 240 mil bonos, de los cuales fueron beneficiadas 118 mil mujeres que representan el 55% del total. Asimismo, las mujeres han tenido mayor incidencia en algunos programas, representando el 78% de los bonos del Programa Socio Vivienda, el 62% en el caso de vivienda urbana y el 51% de los bonos para titulación. En el 2011, se entregaron 10.858 bonos de los cuales el 56% benefició a mujeres. De los bonos entregados a familias de personas con discapacidad, 48% correspondieron a mujeres, en el área rural el 58% y en el marco del Programa Socio Vivienda el 79% fue entregado a mujeres. Cabe resaltar que si el bono se ha asignado al esposo, la vivienda se transfiere como patrimonio familiar y ampara a la cónyuge y a su descendencia.

Paralelo al proceso de gestión del bono, acceso al crédito y a la titulación del suelo, el MIDUVI, en un trabajo interinstitucional, desarrolla intervenciones que mejoran la cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales y prioritarias. En el sector de hábitat y vivienda se ha conformado el Consejo Ciudadano Sectorial de Hábitat. 4 2

Art. 375 de la Constitución de la República de Ecuador.

MIDUVI. Informe Estadístico 2012. Anexo Nº15.

4 El representante principal a la Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir es hombre y la alterna mujer. En el Comité coordinador hay 4 varones y 2 mujeres. De 147 delegados a las Asambleas Sectoriales Zonales 63% fueron hombres y 37% 3

Disminución del hambre, Soberanía Alimentaria Según el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000 (INEC, 2000), en el Ecuador existen aproximadamente 13 millones de hectáreas de franja agrícola, la mayor superficie está dedicada a pastos cultivados con un 27,2%, seguido de cultivos permanentes con el 11,0%, cultivos transitorios y barbecho con el 10%, pastos naturales con el 9,1%, además un alto porcentaje está destinado a montes y bosques con el 31,4%.

Existen 842.882 unidades de producción agrícola –UPAS-, de las cuales el 25,4% son productoras mujeres y el 74,6% hombres. Del total de UPAS que están a cargo de las mujeres, el 46.7% tienen una extensión menor a 1 Ha. y el 16,1% menos de 2 has, es decir el 62.8% de mujeres producen en UPAS menores a 2 has. Las mujeres en general están articuladas a sistemas productivos de pequeña escala orientada a la producción para el consumo nacional.

Se evidencia una fuerte concentración de la tierra, si consideramos que el 42.6% del total de UPAS son mayores a 100 has. (INEC, 2000). (Agenda) Desde el ámbito agroproductivo, las mujeres son las que en mayor medida aportan a la soberanía alimentaria a través de las unidades agrícolas familiares, no sólo por la producción de bienes agrícolas, crianza de animales menores y aves de corral, sino por el aporte que realizan con mano de obra no remunerada en procesos productivos y trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Por ejemplo el 86,1% de la totalidad de mujeres insertadas en actividades agro productivas no perciben remuneración alguna, mientras que los hombres acceden en mayor medida al trabajo remunerado.

Como respuesta de parte del Estado considerando la importancia de la mujer rural, como agente clave en erradicación de la pobreza y el hambre una de las acciones relevantes ha sido la propuesta realizada por la CDT, en el marco de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que establece como tema prioritario a la mujer rural, como agente clave en erradicación de la pobreza y el hambre. El Ecuador fue el primer país de la región en proponer e impulsar esta aspiración de las mujeres indígenas, mediante la resolución individual operativa adoptada en Nueva York 5.

En el año 2010, el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) aprueba la Política Sectorial de Género e interculturalidad 2011-2013, la cual está integrada por 7 políticas priorizadas. Las mencionadas políticas establecen metas como la eliminación de brechas de exclusión, racismo y de género; el fortalecimiento del diálogo intercultural con enfoque de derechos y género; el fortalecimiento de los sistemas y conceptos sobre salud en las nacionalidades y pueblos; la conservación de patrimonios naturales y sitios sagrados; la promoción de prácticas deportivas ancestrales; la promoción de conocimientos ancestrales para el manejo de biodiversidad; la participación social y política de mujeres y hombres en el sector patrimonial 6.

En julio de 2011, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, establece en su Estatuto Orgánico, planes, programas y proyectos orientados a apoyar emprendimientos a favor de la mujer y la familia campesina. Entre estos proyectos se puede mencionar la “Construcción e Implementación de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales en el mujeres. El 40% de representantes de los Comités de Vivienda son mujeres (315 de un total de 779), en el sector de Juntas de Agua Potable por otro lado el 90% son hombres (554 de 613). En total 73% de los representantes de comités de vivienda y agua potable son hombres y el 27% son mujeres.

5 6

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Resolución. 56 Período de Sesiones. Anexo Nº16.

Política Sectorial de Género e Interculturalidad 2011-2013.

Ecuador”, que se ejecutó en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Objetivo 2. Educación Este objetivo busca alcanzar la enseñanza primaria universal. Durante el periodo 2003 – 2012, en el Ecuador, la tasa neta de matrícula pasó de 89,1% a 93,2 %; el país se encuentra apenas a 6 puntos porcentuales de cumplir la meta. El cumplimiento de la meta requerirá realizar esfuerzos adicionales para el acceso de los grupos más vulnerables, que son los que por ahora están excluidos del sistema de educación.

En cuanto los avances relacionados con educación, los compromisos del estado ecuatoriano en materia educativa es el acceso universal a la educación general básica (EGB) en la población ubicada entre los 5 y 14 años de edad. Establecida como uno de los deberes primordiales del Estado, la educación es garantizada en la Constitución a todas las personas sin discriminación alguna. El PNBV señala dentro de sus políticas el garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades entre las que señala la educación, y apunta a mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva.

En términos generales, según el Censo de Población y de Vivienda, del año 2010, el nivel promedio de escolaridad en la población de 24 años y más se situó en 9,6 años, a diferencia del Censo 2001, cuyo promedio se situaba en 8,17 años.

De acuerdo al II Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Ecuador 2007, el acceso a la educación en el país está cerca de cumplir la meta. Por otro lado, según la ENEMDU, en el 2010, la tasa neta de matriculación de niñas y niños se encontraba prácticamente en el mismo porcentaje, con 95,04 % para ellas y 94,2 % para ellos. En el año 2011, la tasa neta de matriculación de niños y niñas llegó al 97,2%.

Otro logro relevante tiene que ver con los esfuerzos realizados para contrarrestar el analfabetismo en el país, en el marco de la Campaña Nacional Alfabetización que se inició en el año 1990. En ese sentido, en el año 2008 se generaron nuevas estrategias de alfabetización con cobertura nacional y con elementos de género, como es el programa de “Educación Básica para Jóvenes y Adultos 2011-2013” (EBJA), dentro del Plan Decenal de Educación aprobado para el período 2006 – 2015.

Los resultados del Programa EBJA se evidenciaron en el Censo de Población y de Vivienda del año 2010, que registró una tasa de analfabetismo de 6,8 %, esto es, 2.2 puntos porcentuales menos que lo registrado en el Censo de 2001. El analfabetismo de las mujeres disminuyó del 13,8% en el año 1990, al 7,7 % en el año 2010, lo que equivale a 6 puntos porcentuales menos; mientras el analfabetismo de los hombres disminuyó de 9,5 % en el año 1990, a 5,8 %, en el año 2010; es decir, aproximadamente 4 puntos porcentuales menos. Estas cifras denotan una disminución de la brecha de género en el analfabetismo en los últimos años.

Objetivo 3. Promover la Igualdad entre los Géneros y la Autonomía de las Mujeres En base la meta establecida para este objetivo: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015, incrementar la equidad económica y la

participación pública de las mujeres y reducir la violencia contra ellas; se analizaran indicadores de género relativos a la tasa de matriculación, alfabetización, empleo, participación en cargos públicos y se amplía también a la reducción de violencia.

El acercamiento al logro de este objetivo se empieza a materializar con la Constitución del 2008, en la que se garantiza los derechos de hombres y mujeres sin discriminación y establece que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la equidad de género, incorporando este enfoque en los planes y programas del sector público. Bajo este marco, el Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir) recoge en sus políticas la superación de las inequidades y la erradicación de prácticas de violencia y, especifica en sus lineamientos al género como parte constitutiva de su formulación.

En concordancia, en el PNBV 2009-2013 se considera al enfoque de género como eje transversal a cada uno de sus objetivos, con la finalidad de promover de esta manera la equidad de género en diversos ámbitos. Es así como enuncia en su Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad estableciendo como política el reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos, etáreos, de condición socioeconómica, condición de discapacidad u otros. El lineamiento ejecutor de la política es el de fortalecer las capacidades para exigibilidad de derechos a la no discriminación, favoreciendo acciones afirmativas hacia las mujeres diversas, diversos sexuales, indígenas y afrodescendientes, entre otros, en todos los ámbitos de la vida pública.

Educación.- En términos de igualdad, los retos del Estado están enmarcados en temáticas puntuales de la educación: matriculación y alfabetización.

Matriculación: En el año 2006 se registró una tasa de matriculación femenina de 91,7% y de hombres, 91,1%; al 2012, se observa que la brecha de género se inclina hacia a los hombres, puesto que las mujeres alcanzan un 95,2% y los hombres el 95.0%, pero además en la tasa de matriculación femenina se ve un incremento de matriculación de 3.5%.

Cuadro Nro.1 Tasas de matriculación en educación básica, según sexo Años

Mujeres

Hombres

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

91,7% 91,8% 93,1% 93,5% 95,0% 95.40% 95.20%

91,1% 91,4% 93,3% 92,8% 94,2% 95.40% 95.00%

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU

En cuanto a la educación, se puede afirmar, por un lado, que no existe discriminación hacia las mujeres en las tasas de matrículación.

Los datos hacen referencia a las niñas y niños que están matriculados en el nivel que les corresponde, sin reflejar el índice de abandono escolar. En este sentido, según información del Ministerio de Educación (2009), la deserción escolar de niñas llega al 23% frente a los hombres que alcanza el 18% este problema entre otros responde a factores de discriminación de género tales como el cuidado de hermanos/as menores y personas mayores de la familia .

La deserción escolar de las niñas ocurre con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual las niñas/os comienzan a asumir responsabilidades de trabajo no remunerado, lo cual se convierte en un reto para el Estado, para lograr que las niñas culminen sus estudios bajo un criterio de corresponsabilidad familiar y promoción de la educación.

En el nivel medio, Ecuador se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en alcanzar una matriculación equivalente al 75 % de la población en edades comprendidas entre 12 y 17 años hasta el año 2015. De acuerdo a los datos del INEC en el año 2013, la tasa neta de matrícula en bachillerato es del 64,6%, en mujeres y el 59.5% en hombres en edades de 15 a 17 años.

Para los niveles de educación secundaria y superior, la tasa de matriculación (con excepción de la educación superior en el año 1999) ha sido mayor para las mujeres en los últimos años. Si bien, la matriculación de los y las jóvenes en el bachillerato es creciente en los últimos años, no así respecto a la educación básica, ésta disminuye, en otras palabras se refleja un alto porcentaje de abandono en el ámbito de la educación formal. Entre hombres y mujeres, la tendencia de mayor acceso a la educación de las mujeres se repite respecto a la educación básica.

Esta “deserción” de las mujeres de la educación media que, lleva a que las jóvenes tengan una situación desfavorable en lo laboral y se empleen en trabajos de muy baja remuneración.

Cuadro N° 2

Tasa neta de matrícula en bachillerato, según sexo Años dic 2006 dic 2007 dic 2008 dic 2009 dic 2010 dic 2011 dic 2012 jun 2013

Mujeres 51,13% 55,72% 56,11% 56,88% 62,78% 63,03% 65,96% 64,66%

Hombres 46,86% 47,99% 50,21% 52,27% 57,00% 62,01% 61,70% 59,51%

Fuente: INEC -ENEMDU 2006 - 2013 Elaboración: SENPLADES

En cuanto a la educación superior, se habla de la feminización de la educación superior y que el acceso a este derecho cumple las expectativas planteadas, en efecto, si analizamos la estructura del estudiantado por sexo, según datos proporcionados por el CEAACES (2013) de 9 universidades de las 55 vigentes a nivel nacional, del total de estudiantes el 56% son mujeres mientras que el 44% son hombres. En la Universidad Central del Ecuador, la segunda más grande del país, en el período 2010-2011el 61,8% (28.859) de estudiantes son mujeres mientras que el 38,2% (17.751) hombres (UCE: 2011)

De manera general, en cuanto al acceso a la educación superior, el porcentaje es bastante menor respecto a los niveles anteriores, por ejemplo en cuanto al nivel básico se reduce a la mitad como se observa en el Cuadro 3 en el caso de las mujeres, del 95.20% matriculadas en educación básica, esta disminuye al 42,0%. Pero es una propensión que afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres, inclusive en mayor proporción respecto a las mujeres.

Lamentablemente esta relación no es directamente proporcional, o sea a mayor acceso de las mujeres a la educación mayor acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, las brechas en este sentido son todavía amplias en prejuicio de las mujeres, no sólo en acceso al mercado laboral, sino en los salarios, como se verá más adelante.

Cuadro N°3 Tasa bruta de matrícula en educación superior, según sexo Años Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Jun 2013

Mujeres 35,81 41,50 37,84 42,64 44,77 24,28 45,54 42,00

Hombres 30,32 35,02 33,10 35,43 36,36 22,19 34,15 34,47

Fuente: INEC -ENEMDU 2003 - 2013 Elaboración: SENPLADES, PNBV 2013-2017 Por otro lado, la brecha en la tasa neta de matriculación clasificada por etnia se presenta en el gráfico a continuación. Como se puede apreciar, en el año 2009 prácticamente no existió brecha para los niveles de instrucción básico y primario en ningún grupo étnico. No obstante, dentro en el nivel secundario existió una diferencia considerable en el grupo de indígenas (0.9). En contraste, en los otros grupos étnicos la tasa de matriculación fue superior para las mujeres.

Adicionalmente, y al igual que a nivel nacional, las tasas de matriculación para instrucción superior son mayores para las mujeres. Esto es especialmente importante dentro del grupo de afroecuatorianos donde la tasa femenina es 17.4% en comparación al 11.62% de los hombres, una diferencia de alrededor del 50%. Esta brecha “inversa” es una situación que merece atención, ya que implica inequidad de género en cuanto al acceso a la educación.

Gráfico N°1 Brecha en la tasa neta de matrícula Según Nivel de Instrucción y Etnia Año 2009

1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 Básica

Primaria

Indígena

Blanco

Secundaria

Mestizo

Afroecuatoriano

Superior

Equidad

Fuente: INEC_Enemdu 2009

Analfabetismo: El analfabetismo visto de manera más amplia, es un indicador que permite evidenciar el desprestigio y desvalorización del conocimiento propio y aquel deslegitimado para la colonialidad y la modernidad, así como también permite identificar las desigualdades en el acceso, permanencia y culminación del proceso educativo en base a prejuicios de género, de edad, de discapacidad, por pertenecer a pueblos y nacionalidades o por situaciones de movilidad humana.

En los últimos 30 años se evidencian avances significativos en la erradicación del analfabetismo estructural en el Ecuador; sin embargo persisten brechas de desigualdad de género. Uno de los programas más relevantes en cuanto a la erradicación del analfabetismo fue la Campaña Nacional Monseñor Leonidas Proaño de 1990, que contribuyó a disminuir la tasa de analfabetismo del 16.5 % (1980) a 11.7 % (1990).

Según datos del INEC (2013) la tasa de analfabetismo desagregada por sexo muestra que actualmente el 7.8 % corresponde a mujeres y el 5.6 % a hombres a nivel nacional. Si se analiza el comportamiento de la tasa de analfabetismo por ubicación geográfica, se evidencia que las mujeres rurales contemplan altas tasas, como se observa en el Gráfico 2. Se observa que un alto porcentaje de la población rural es analfabeta, especialmente las mujeres, en cambio en el área urbana la tasa es significativamente baja si comparamos con la otra área.

Gráfico N°2 Tasas de analfabetismo año 2013, según área y sexo 15,2 12,9 10,7 7,8 6,7 5,6 4,6 3,2

3,9

Urbana

Rural

Hombre

Nacional

Mujer

Total

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU- Diciembre 2013 De acuerdo a la desagregación por la variable étnica, se evidencia que las mujeres indígenas son las que presentan una mayor tasa de analfabetismo, con el 28,3%, luego las mujeres montubias con el 14,7%; 7,9% afroecuatorianas, 6,2% mestizas y 3.1% blancas. Las brechas de género no solo son respecto a los hombres sino entre mujeres, aunque las montubias y las blancas, son ligeramente menos analfabetas que los hombres (Ver Gráfico 3).

Gráfico N°3 Tasas de analfabetismo, según etnia y sexo 28,3%

16,7% 14,7%

14,1%

7,8%

8,4% 6,9%

6,2%

5,6%

4,4%

Indígena

Af roecuatoriano/a

Montubio/a Mujeres

Mestizo/a

4,4% 3,1%

Blanco/a

Otro/a

Hombres

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2013

Analfabetismo Funcional El analfabetismo funcional se relaciona con una falta de entendimiento de la lectura y cálculo matemático. En el gráfico a continuación se observa el promedio nacional entre mujeres y hombres es el 13,9 y 11,3% respectivamente. A nivel rural las mujeres registran el 25,6% frente

al 20.2% de los hombres. Mientras que en el área urbana las mujeres representan el 8.9% y los hombres el 7.0%, profundizándose la brecha en las mujeres rurales.

Gráfico N°4 Tasas de analfabetismo funcional, según área y sexo

25,6% 20,2%

13,9% 11,3% 8,9% 7,0%

Urbana

Rural

Mujeres

Total

Hombres

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2013

Las brechas aún marcadas en el ámbito de educación, son abordadas sin menor preocupación por las entidades responsables del Estado, estableciendo acciones oportunas tanto a nivel normativo como a nivel de política pública. Entre estos esfuerzos se puede mencionar principalmente: Ley Orgánica de Educación Intercultural, en vigencia desde marzo de 2011, en la que se establece la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, a fin de lograr un cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden. Se menciona también el derecho a recibir una formación integral y científica, respetando los derechos de quienes estudien y promoviendo la igualdad de género y la no discriminación.

Esto ha posibilitado la generación de acuerdos ministeriales que institucionaliza la educación de la sexualidad integral, en la que se prohíbe la negación de matrículas a estudiantes embarazadas, solicitar pruebas de salud sobre VIH/SIDA. Se aprobó además Acuerdo Reformatorio al Reglamento Especial de Procedimientos y Mecanismos para el conocimiento y Tratamiento de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo; el Acuerdo que expide el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales en el ámbito educativo, modificado en el año 2011, que incorpora los enfoques de género, generacional, intercultural, de discapacidad y de movilidad, a través de la participación, prevención, protección, atención, sanción y restitución efectiva de los derechos de los estudiantes en casos de violencia sexual y cualquier tipo de discriminación. La actualización del Plan, tuvo como objetivo adoptar medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de infracciones sexuales, así como reforzar los programas de sensibilización y formación continua sobre la problemática de la violencia sexual a docentes. A su vez, el Plan establece la obligación de que todas las unidades educativas a nivel nacional incorporen en sus políticas y en la actividad académica esta problemática, sobre la base del respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y la Estrategia

Intersectorial de Planificación Familiar que contempla el ámbito de prevención de embarazo adolescente y la promoción de la política de educación sexual integral.

Para erradicar el analfabetismo que afecta fundamentalmente a mujeres indígenas y afrodescendientes de las zonas rurales, el Ministerio de Educación, ejecuta tres programas que cruzan en su tratamiento el principio de igualdad para la población hispana el programa Manuela Sáenz, el Programa Dolores Cacuango, diseñado para atender las necesidades de la población indígena quichua hablante y bilingüe, que consiste también en la formación en educación básica a jóvenes y adultos de las comunidades shuar y quichuas. Programas que contaron con la orientación pedagógica cubana del programa: Yo Si Puedo (ME: 2013).

En la educación superior se cuenta con la Ley Orgánica de Educación Superior, vigente desde el año 2010, que establece como derecho del estudiantado el acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación alguna, conforme sus méritos académicos; a acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades y el recibir becas y una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la igualdad de género.

En este espacio instancias como el Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN que se convirtió en una universidad de postgrados para el sector público, con el apoyo técnico de la Comisión de Transición, inician un proceso innovador y exitoso de transversalizar la perspectiva de género en la educación superior. Para el cumplimiento de este objetivo el CEAACES realizó un estado del arte de la educación superior y el género, e impulsa una investigación nacional sobre la situación de género en la universidad ecuatoriana como elemento de la calidad de la educación. Por otro lado, el IAEN cuenta con una estrategia de tranversalización que se encuentra en el proceso de implementación a nivel normativo, curricular y de formación docente.

En articulación al proyecto Prometeo “Viejo Sabio” de intercambio científico de la SENESCYT conjuntamente con la Comisión de Transición se transversaliza la perspectiva de género y derechos humanos en las Escuelas del IAEN, y en el fortalecimiento de capacidades del Servicio Consular; cuya ejecución exitosa se amplía hacia la formación de Jueces y Fiscales para el cambio de la cultura jurídica en asocio con el Consejo de la Judicatura y Fiscalía.

Empleo: El artículo 331 de la Constitución Nacional indica que el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Señala que se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

La Constitución indica que el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.

En ésta línea el PNBV incorpora en la Política 6.6. la promoción de condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable.

Especifica en sus lineamientos la sanción de los actos de discriminación y acoso laboral por concepto de género, etnia, edad, opción sexual, discapacidad, maternidad u otros motivos y el reconocimiento y apoyo a las formas de organización del trabajo de las mujeres diversas, los pueblos y las nacionalidades.

Adicionalmente, la Política 6.7 señala el impulso a los procesos de capacitación y formación para el trabajo, estableciendo en una de sus líneas la definición de esquemas de capacitación y formación, que incluyan la perspectiva de género, etárea e intercultural, y que garanticen la inserción productiva en las diversas formas de trabajo.

En relación a la democratización de los factores de producción el artículo 334 de la Constitución de la República señala que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponderá, entre otras, desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. La definición de política en cuanto a los medios de producción busca generar condiciones y oportunidades equitativas. Para ello se busca impulsar programas de titulación y regularización de la tenencia de la tierra, con consideraciones de género, para asegurar la legalización de la propiedad, la posesión o el usufructo, según los casos, en un esquema que fortalezca diversas formas de propiedad y de acceso; y, generar mecanismos de apoyo financiero y no-financiero que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al capital productivo, creando líneas especiales y oportunidades de financiamiento para mujeres del área urbana y rural, para pequeñas y medianas productoras y productores así como para iniciativas asociativas.

Dentro de los señalamientos constitucionales y de las Políticas establecidas en el PNBV se encuentra la promoción de la economía social y solidaria sostenible que permita impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas que genere condiciones de equidad, con especial atención a las organizaciones de mujeres rurales y urbanas marginales, y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan.

La participación de las mujeres en las actividades económicas muestran un acelerado crecimiento al pasar del 15,8% en 1974 al 18,1% en 1982, de 26,0% en 1990 a 30,5% en 2001 y 36,5% en el 2010 y . Los períodos 1982-1990 y 2001-2010 son los de mayor crecimiento, seguramente por las fuertes crisis económicas que vivió el país, que obligo a las mujeres a articularse en mayor medida al trabajo remunerado.

Según los datos de la encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC, 2013) la Tasa de participación global7, de las mujeres en el período 2007-2013, oscila entre el 47,6% al 42,5%, mientras que para los hombres es del 70,2% al 65,1% respectivamente, como se observa en el Cuadro N°5. Los últimos años se denota un ligero descenso tanto en hombres como en mujeres

7

La Tasa de Participación Global.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET) por cada grupo o por sexo (son tasas específicas). La pea son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). La PET son todas las personas de 10 años y más.

Este indicador refleja la inserción de las mujeres mayores de 10 años al ámbito económico.

Cuadro N°5 Indicadores de mercado laboral, población de 10 años y más, años 2007-2013, según sexo Años

Tasa de Participación Global Mujeres

Hombres

Tasa de Ocupación Global Mujeres

Hombres

Tasa de Desempleo Mujeres

Hombres

2007 47,6% 70,2% 92,4% 95,1% 7,6% 4,9% 2008 47,7% 69,8% 90,4% 94,4% 9,6% 5,6% 2009 46,6% 68,5% 90,2% 93,4% 9,8% 6,6% 2010 43,8% 66,2% 92,8% 94,7% 7,2% 5,3% 2011 44,3% 67,4% 93,9% 95,7% 6,1% 4,3% 2012 44,4% 65,8% 94,5% 95,3% 5,5% 4,7% 2013 42,5% 65,1% 93,9% 96,0% 6,1% 4,0% Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2007-2013

Aproximadamente la mitad de la población femenina en edad de trabajar está articulada a procesos productivos, a pesar de que esta participación ha crecido paulatinamente, todavía existe un gran rezago respecto a la participación de los hombres.

En la misma línea, la Tasa de Desempleo progresivamente ha ido decreciendo especialmente de las mujeres.

Igualmente la tasa de ocupación global de mujeres ha crecido de manera progresiva en los últimos años, así mientras en el año 2007 fue del 92,4%, para el 2013 llega a ser del 93,9% en el ámbito nacional (Ver Gráfico 5). Situación contraria sucede con las tasas de desempleo en los últimos 6 años estas tienden a la baja, sin embargo las tasas de desocupación son más altas para las mujeres respecto a sus pares varones.

La inserción en el mercado laboral para las mujeres depende en mayor medida del nivel de educación. Para el año 2013 (INEC: 2013) a nivel nacional hay un 24.9 % de mujeres con educación superior dentro de la PEA ocupada, frente a un 16.9 % de hombres en igual condición. En el área urbana la tendencia se mantiene, con 32.6% para las mujeres frente al 24,3%, de los hombres, análogamente en el área rural los hombres representan el 3,9% y las mujeres el 6,9% (ídem: 2013).

Pero si bien la Tasa de Ocupación Global es alta, bajo la condición de ocupados plenos8 el 47,0% son mujeres mientras que los hombres el 58,9%, y bajo la modalidad de subempleo el 52,6% son mujeres y el 40,8% hombres (Ídem.: 2013). (Ver Gráfico N°5)

8

Tasa de Ocupados Plenos.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados plenos (OP) y la Población Económicamente Activa (PEA).

Gráfico N°5 Indicadores de mercado laboral, población de 10 años, según sexo y porcentajes

58,9% 52,6% 47,0% 40,8%

6,1%

Ocupados plenos

Subempleados Mujeres

4,0%

Desocupados

Hombres

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2013

Analizando el subempleo el cual nos muestra un mayor porcentaje de mujeres en esta situación. El subempleo es más acentuado en las mujeres del sector rural con el 85,3% mientras que en el área urbana es del 49,8%. Respecto a los niveles de desocupación, el 6,1% son mujeres, mientras los hombres el 4,0% (Ídem.: 2013) (Ver Gráfico N°6), situación que evidencia las relaciones desiguales y de desventaja en el mercado laboral por género. La articulación de las mujeres al mercado laboral está centrada en su mayoría en torno al subempleo. Si esta tendencia comparamos con la categoría ocupacional, el 34% de las mujeres están bajo la categoría de cuenta propia.

La participación de las mujeres en el ámbito económico en la actualidad, ha tenido avances importantes, aunque respecto al principio de igualdad en cuanto a derechos, deberes y oportunidades, todavía dista mucho para su cumplimiento.

Trabajo reproductivo y sostenimiento de la vida: Según la Constitución de 2008, el Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.

Las manifestaciones de la Constitución se recogen en el Objetivo 6 del PNBV que busca garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas: Política 6.2. Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, de cuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación integral de sus condiciones /d. Implementar acciones de apoyo dirigidas a mujeres prestadoras de cuidados especiales, en el ámbito doméstico, para disminuir su carga laboral.

La economía así entendida incluye todos los procesos que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida desde una perspectiva amplia y multidimensional y aborda la producción de bienes y servicios que se producen desde las esferas productivas y reproductiva. La reproducción social comprende la reproducción biológica y de la fuerza de trabajo, la reproducción de bienes de consumo y la reproducción de las relaciones de producción.

En cuanto a la distribución del trabajo en remunerado y no remunerado, la Encuesta del Uso del Tiempo del año 2012 (INEC-CDT) revela que a nivel nacional, el tiempo total de trabajoTTT (trabajo remunerado más trabajo no remunerado) de las mujeres en promedio es de 77:39 horas semanales mientras que el de los hombres es de 59:57 horas a la semana. En general las mujeres trabajan 17:42 horas más que los hombres a nivel nacional, 14:53 horas más en el área urbana y 23:14 horas más que los hombres en el área rural.

Las mujeres en el área rural trabajan 81:36 horas a la semana; 5:48 horas más que las mujeres del área urbana, el peso de las tareas domésticas y el tiempo demandado para su cumplimiento es mayor, entre otras causas, producto de los limitados accesos; la diferente dotación de agua y otros servicios en las viviendas. Estas diferencias en el tiempo total de trabajo guardan relación con aspectos socioculturales ligados a costumbres y tradiciones, algunas como parte de la pertenencia étnica de la población (INEC-CONAMU: 2008).

Gráfico Nº6 Tiempo Total de Trabajo por sexo y área

77:39

81:36

75:47 60:54

59:57

Nacional

Urbana Mujeres

58:22

Rural

Hombres

Fuente: INEC- CDT Encuesta Específica del Uso del Tiempo 2012

A nivel nacional los hombres ocupan el 13,9% de su tiempo en trabajo no remunerado y el 86,0% en trabajo remunerado; mientras que las mujeres dedican el 40,4% a trabajo no remunerado y el 59,5% a trabajo remunerado. Se evidencia una brecha importante en cuanto al trabajo no remunerado, las mujeres trabajan hasta tres veces más que los hombres sin remuneración, mientras los hombres destinan más tiempo al trabajo remunerado.

Gráfico Nº7 Distribución del tiempo del trabajo remunerado y no remunerado 13,9%

40,4%

86,1%

13,8%

39,8%

59,6%

Mujer Nacional

41,7%

85,8%

86,2%

Hombre

14,2%

58,3%

60,2%

Hombre

Mujer

Remunerado

Mujer

Hombre

Urbano

Rural

No remunerado

Fuente: INEC – CDT Encuesta Específica de Uso del Tiempo 2012

Con respecto al trabajo no remunerado (doméstico + cuidado de personas), el tiempo de trabajo difiere entre hombres y mujeres, a nivel nacional las mujeres destinan 31:49 horas a la semana frente a las 9:09 horas de los hombres, una diferencia de 22:40 horas a la semana dedicadas al trabajo no remunerado. Esta doble jornada limita el tiempo de las mujeres que podría ser utilizado en educación, necesidades personales, tiempo libre, actividades que le permitan mejorar su calidad de vida.

Un aporte importante en este ámbito es la definición, medición y valoración del uso del tiempo y carga global de trabajo desde la implementación de las encuestas del uso del tiempo 9 que permitió visibilizar el trabajo no remunerado, quién lo desarrolla y el aporte de éste a la estructura económica y en el PIB (creación de cuenta satélite).

En cuanto a la regulación del trabajo doméstico remunerado, se ha fijado un salario mínimo unificado que ha sido incrementado paulatinamente, buscando dar un valor digno no reconocido históricamente: a inicios del año 2010 se estableció 240 dólares mensuales para quienes trabajen en el servicio doméstico, sector artesanal, sector agrícola y sector industrial.

En el 2011, se incrementó a 264 dólares y en el 2012 a 292 dólares. De la mano con el reconocimiento salarial, el Ministerio de Relaciones Laborales emprendió el proyecto “Difusión de deberes y derechos en el mundo laboral”, con el que se buscó erradicar la discriminación hacia el trabajo doméstico, a través de capacitaciones a las trabajadoras y cursos para empleadores. El objetivo de este proyecto consistió en concientizar tanto a trabajadoras nacionales y extranjeras, como a empleadoras y empleadores, sobre la importancia de las relaciones laborales fundamentadas en derechos y obligaciones de las partes.

Para garantizar en mayor medida los derechos del sector de la población con labores de cuidado y ampliar el ámbito de protección, el Ecuador ratificó el Convenio N°. 189 de la OIT sobre el "Trabajo Decente para las trabajadoras y los Trabajadores Domésticos" en octubre de 2013, con lo cual se afirma el compromiso en cuanto a las normas laborales internacionales 9

La Encuesta del Uso del Tiempo, impulsada desde la Comisión de Transición, en el contexto del trabajo desarrollado por la Comisión de Estadísticas de Género; es parte del Programa Nacional de Estadísticas de Género, por lo que se la realiza de manera periódica (Se ha desarrollado la EUT 2005, 2007, 2010, 2012).

sobre todo de mujeres y niñas que mayormente se dedican al trabajo doméstico, para garantizar sus derechos, en este caso para fomentar la equidad, establecer reglas claras sobre las relaciones laborales y la prioridad del trabajo como valor humano sobre el capital.

En lo que se refiere a la obligación del Estado de proporcionar servicios de cuidado, como apoyo para la conciliación del trabajo remunerado y familiar, y para poder participar en la vida pública, se establece la obligación de las empresas públicas y privadas, con más de cincuenta trabajadores y trabajadoras, de proveer una guardería infantil para los hijos e hijas del personal. Este servicio deberá ser suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros de alimentación, infraestructura y todo relacionado con una adecuada prestación.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Política de Desarrollo Infantil, también provee servicios de atención en centros de desarrollo infantil y sistemas de atención a través de visitas domiciliarias y comunitarias, conocidas como “Creciendo con Nuestras Familias”. Estos programas permanentes pretenden fortalecer y cualificar el apoyo familiar a las personas con mayores necesidades de cuidado, en términos de igualdad y corresponsabilidad. La población atendida durante el período comprendido entre los años 2008 – 2011, se acerca a los 125.000 niñas y niños menores de 5 años en los Centros de Desarrollo Infantil, actualmente Centros Infantiles del Buen Vivir, los mismos que incorporan una visión integral de cuidado y que se proyectan a ser 1000 hasta el año 2017, atendiendo a los sectores más pobres y vulnerables.

Al tener a la corresponsabilidad como un principio vigente, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha intentado fortalecer el mismo a través de acuerdos con los cooperantes de los servicios de desarrollo infantil, los que se ven reflejados en convenios firmados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que pasaron del 40% en el año 2012 al 70% en el 2013.

El Bono de Desarrollo Humano ha tenido incrementos desde el año 2007 y en el 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Redistribución del Gasto Social, mediante la cual el Bono se incrementó de 35 dólares a 50 dólares, dicho incremento rigió desde de enero de 2013. La transferencia se entrega a la madre jefa de hogar, pues se considera que a través de ella el beneficio se extiende a toda la familia, principalmente a sus hijos e hijas. Actualmente, alrededor de 1.2 millones de personas, fundamentalmente madres, reciben esta transferencia monetaria.

Seguridad social: En cuanto al acceso a la Seguridad Social, tanto la Constitución como el PNBV impulsan la protección social integral y seguridad social solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad.

Para ello se ha establecido la ampliación progresiva en la cobertura de la seguridad social con especial atención para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidades y personas que realizan trabajos no remunerados.

En cuanto a cobertura de la Seguridad Social se refiere, también podemos observar una alta brecha, la misma aumentó considerablemente entre 2006 y 2007, sin embargo, a partir de entonces se ha reducido y en 2009 la cobertura de las mujeres fue cercana al 80% de la de los hombres. Para A partir del año 2011, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extendió la cobertura de las prestaciones de salud para cónyuges o convivientes de los afiliados y las afiliadas, cuya aportación mensual esté registrada en el sistema de historia laboral del IESS. Entre los beneficios constan acciones integrales de fomento y promoción de la salud,

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud individual, además de la atención prenatal, parto y puerperio.

Si bien el acceso a la seguridad social ha sido creciente en la última década, todavía existe un fuerte déficit en el acceso a este derecho. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (INEC: 2013), el 30,9 % del total de mujeres acceden a seguros de salud públicos y el 41,7% de hombres, según se observa en el Gráfico N°8 Gráfico N°8 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SEGUROS DE SALUD SOCIAL Y/O PRIVADO

41,7% 30,9%

Mujeres

Hombres

Fuente: SENPLADES-SNI, INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2013

Ingresos: Una de las brechas de desigualdad más relevantes entre hombres y mujeres son los ingresos monetarios. Según el INEC (2013) las mujeres en general perciben el 79.1% (Cuadro N°6) de ingresos en relación a los hombres. Las mujeres del área rural son las que más desventaja llevan, porcentaje de desigualdad es del 72,9% respecto a sus pares masculinos.

Cuadro N°6 Ingreso promedio de la ocupación, según área y sexo, en dólares Area Urbana Rural Nacional

Ingreso promedio Mujeres Hombres Nacional 455,5 593,4 540,2 244,5 402,5

335,4 508,6

308,0 470,3

Desigualdad 76,8% 72,9% 79,1%

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU- Diciembre 2013

Por área territorial, los datos históricos de 9 años muestran que la brecha del ingreso tiene una ligera tendencia a una mejoría sobretodo en el área rural, donde la brecha se redujo de 52,9 a 27,1 puntos (Ver Gráfico N°9), en cambio en el área urbana pasó de 33,0 a 23,2. Existe una relación directa entre los niveles de estudio y los ingresos. Las mujeres con niveles de instrucción superior/posgrado son las que se posicionan mejor remunerativamente, aunque siguen por debajo del promedio masculino (INEC: 2013).

Gráfico N°9 Porcentaje de brecha de ingresos en la ocupación, según área 52,9

34,3

33,0 27,1 23,2

Area Urbana

20,9

Area Rural

2013

Nacional

2003

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2013

Si miramos al desempleo de manera más integral que gira en torno a procesos económicos de subsistencia, el gobierno nacional prevé el apuntalamiento y fortalecimiento de una nueva matriz productiva fundada en la economía popular y solidaria que tiene como plataforma también la creación de una nueva arquitectura financiera.

Para la construcción de esta nueva base productiva se creó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, tiene entre sus principios generales la equidad de género. Para la operativización de esta nueva propuesta se creó el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como ente ejecutor de la política pública y que coordina, organiza y aplica los planes y programas. Como parte de la nueva arquitectura financiera se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que ejerce el control del sector crediticio solidario y cooperativista para brindar servicios financieros acordes a esta nueva propuesta de desarrollo económico.

Desde esta perspectiva desde el gobierno nacional crearon varios programas, entre los principales: el sistema de compras públicas para la dotación de bienes y servicios para el sector público, con énfasis en los pequeños y medianos productores. Privilegia la asociatividad con enfoque de género. Apuntala la producción de bienes y servicios locales y varios programas, entre ellos: Produce Pyme, es un Programa de cofinanciamiento creado por el Ministerio de Industrias y Productividad para apoyar y promover la competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos del país; a través de la asistencia técnica especializada y el acompañamiento en todos los procesos productivos de las unidades empresariales, asociativas y artesanales; Renova Industria, es para mejorar la productividad del sector manufacturero, a través de la renovación de maquinaria y equipo obsoleto, apoyo para la dotación de uniformes para la educación pública y programas de nutrición escolar, este último pone el énfasis en apoyar mujeres productoras.

Es a través de estos programas, que se puede visibilizar el esfuerzo del Ministerio de Industrias y Productividad, implementando políticas tendientes a otorgar créditos a mujeres y asociaciones dedicadas al trabajo en proyectos productivos y microempresas. A su vez, estas políticas viabilizan el equipamiento, mejoramiento de oferta y producción, además de la obtención de certificaciones de calidad que fortalezcan la rentabilidad.

Las mujeres beneficiarias del BDH tienen acceso al programa de micro crédito productivo de 2 formas: el Crédito de Desarrollo Humano, que procura incorporar a mujeres en extrema pobreza, a procesos productivos sustentables micro-empresariales y que generen autoempleo, aumentando los ingresos familiares, y el Crédito Productivo Solidario (MIES: 2013), orientados a dinamizar la economía de los grupos vulnerables del país e incorporar a la población en extrema pobreza a procesos productivos sustentables micro empresarial para la generación de autoempleo y posibilitar el incremento paulatino de ingresos de las familias (MIES: 2013). En estos programas, mayormente las madres fueron beneficiarias de los Créditos de Desarrollo Humanos, en la actualidad aproximadamente el 90% de los beneficiarios de estos créditos son mujeres. A través del Ministerio de Industrias y Productividad se apoya al fomento de las MIPYMES (MIP: 2013) y a través del Ministerio de Relaciones Laborales el programa mi primer empleo para jóvenes y socio empleo para el resto de la población (MRL: 2013).

Participación: En cuanto a la participación, se registra una mayor participación de la mujer en puestos de representación pública, tanto en las de elección popular como en las designaciones que realiza el Ejecutivo en la conformación de su Gabinete. Al 2013, la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales es de alrededor del 50%. Estos datos demuestran que cada vez más mujeres participan en puestos relacionados con la toma de decisiones.

La actual Constitución promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en las instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos, así como en las candidaturas a las elecciones pluripersonales, alternada y secuencial (Constitución: 2008).

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (Constitución: 2008)”.

En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia (2009), se reconoce el principio de paridad de género y de alternabilidad entre hombres y mujeres en los procesos de elección pluripersonales. En la proclamación de dignidades electas se ha considerado una acción afirmativa para asignar el escaño a una mujer en los casos que exista empate entre un hombre y una mujer en el último escaño. También, se promueve la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, así como en los partidos y movimientos políticos.

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se han desarrollado procesos de designación de autoridades, para que integren las instituciones de las distintas funciones del Estado, para lo cual se han contemplado acciones afirmativas, con el objeto de lograr la paridad en la conformación de distintos cuerpos colegiados como la Corte Nacional de Justicia, así como el propio Consejo. Esto permite además que se incremente el número de mujeres en instancias de representación y decisión a nivel nacional.

Por otro lado, en el ámbito del servicio público, se incorporó en la normativa correspondiente,

como prohibición especial para el desempeño de cargos, función o dignidad en el sector público, la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación 10.

Igualmente, en la garantía del derecho de la ciudadanía a participar de forma individual y colectiva en la vida pública, en base a principios de igualdad, interculturalidad y respeto a la diferencia, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) se tienen establecidos espacios de participación como los Consejos Ciudadanos Sectoriales, que toda entidad pública debe tener; las veedurías ciudadanas para el control en la designación de autoridades públicas o la silla vacía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otras. Desde El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, se lleva a cabo procesos para la selección de representantes a las distintas instancias formales de participación en las que se contempla los principios antes mencionados.

Pese a estos avances en políticas públicas sigue siendo un reto la participación de las mujeres en procesos de elección unipersonales, especialmente a nivel local (Gobiernos Autónomos Descentralizados), así como el fortalecimiento de los mecanismos y espacios establecidos para la participación ciudadana de tal manera que se cumpla con el principio de igualdad.

Mujeres en puestos de elección popular En cuanto a puestos de elección popular, las mujeres han alcanzado del 24,6% en el año 2000 al 38,2% en el año 2013 (Ver Gráfico N°10). Es decir el promedio de participación política de más de una década es del 26,7% aproximadamente encargos de elección en cumplimiento de lo establecido en la Ley de cuotas. Pese a la cuota con alternancia y secuencia el avance de la participación política electoral no logró una presencia significativa.

Gráfico N°10 Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular, por años 38,2%

26,5%

24,6%

26,4% 23,3%

21,1%

2000

2002

2004

2006

2009

2013

Fuente: INEC, CONAMU (2005) y Consejo Nacional Electoral 2013

Respecto a los cargos de la función legislativa, la denominada Ley de Cuotas del año 1998, marcó una tendencia en cuanto a la participación política de las mujeres en este ámbito. Como se observa en el Gráfico N°11 a partir de la aplicación de este marco legal la incorporación de las mujeres es importante si analizamos respecto a los años 90. Para el proceso electoral del 10

Art. 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público (octubre 2010).

año 2009 este porcentaje correspondió al 32,26% del total de asambleístas electos, mientras para el del año 2013 la participación llegó al 40.15% (CNE: 2013).

Gráfico N°11 Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular, Años 1990-2013

40,15% 32,3%

17,0% 13,2% 6,9%

1990

5,2%

1992

5,6%

1994

1996

6,1%

1998*

2002*

2009

2013

Fuente: archivo de la Función Legislativa y Friedenberg, obtenido de (http://www.flacsoandes.org/generoycultura/?cat=45), y Consejo Nacional Electoral 2013.

En general respecto a los cargos de elección popular, los datos disponibles del proceso electoral correspondiente al año 2013, se destaca de manera especial la elección de Asambleístas Nacionales con el 46,7% y de asambleístas en el exterior con el 50,0%.A nivel de concejalías y juntas parroquiales, los porcentajes de participación de las mujeres son del 28,61 % para las concejalas y 21,93% para las vocalías de las juntas parroquiales (Consejo Nacional Electoral: 2010).

Los cargos de elección popular con déficit de mujeres electas son las alcaldías con apenas 6,3% y las prefecturas con 8,7%. Como se observa, la participación en los gobiernos locales es bastante baja en relación con las otras dignidades (Ibíd.; 2013). Esta tendencia, que no solo es local, sino regional, según la CEPAL (2010) “obedecería a que las alcaldías concentran mayores recursos y poder de decisión”.

Mujeres en cargos públicos de designación Respecto del acceso de las mujeres a cargos públicos de designación, la Constitución del año 1998, promueve la participación de las mujeres en instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia en los organismos de control y los partidos políticos (Constitución de 1998: Art. 102). La Constitución del 2008 en base a estos fundamentos amplia la visión en la que incluye el criterio de igualdad y paridad de género entre los aportes más importantes (Constitución 2008: Art. 61); y en el Art. 65 el Estado promueve la representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación o designación de la función pública en sus instancias de dirección y decisión, en este sentido el texto constitucional afianza a través de la aplicación de medidas de acción afirmativa.

Desde este marco constitucional, instancias como la Función Judicial (Código orgánico de la función judicial), Función Electoral (Código orgánico de la función electoral), Función de Transparencia y Control Social (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD´s-, entre otros, adecuaron sus marcos legales a esta disposición.

Por ejemplo en el gabinete ministerial, según se observa en el Gráfico N°12, desde el año 2007 se incrementa la participación femenina, siendo el año 2010 el más dinámico.

Gráfico N°12 MUJERES INTEGRANTES EN EL GABINETE MINISTERIAL

Fuente: Presidencia de la República.

En otros ámbitos, también se constata avances, para el año 2012, por ejemplo en la Corte Nacional de Justicia la participación femenina correspondió al 42,9%, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 57,1% y en el Consejo Nacional Electoral el 40,0%, como resultado de la aplicación de medidas de acción afirmativa establecidas por la Constitución y las leyes, así como por la decisión política de las autoridades.

Mujeres en otros espacios Existe un déficit de registros oficiales que den cuenta de la participación política de las mujeres en otros espacios de decisión. A partir de 2008 se establecieron distintas formas de participación ciudadana, como los consejos ciudadanos sectoriales, que toda entidad pública debe tener. Así también las veedurías ciudadanas para el control en la designación de autoridades públicas o la silla vacía de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otras.

No existen bases de datos de sindicatos, gremios profesionales, artesanales, organizaciones sociales, cámaras empresariales, que tengan desagregado por sexo las listas de sus integrantes, así como la conformación de sus directivas y en el caso de tenerlas que estén actualizadas y sean de acceso público. Por ejemplo en el MIES se viene registrando hasta la fecha, a las organizaciones de mujeres. Su registro está desconcentrado en cada zonal y no se cuenta con un estimado nacional.

Erradicación de la Violencia contra la Mujer: En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres (ver gráfico 13) ha vivido algún tipo de violencia de género (en diversos ámbitos y por diversas personas). Es decir 3.260.340 de mujeres no tienen derecho a una vida libre de violencia, derecho consagrado constitucionalmente (2008) y en instrumentos internacionales suscritos por el país.

Gráfico N°13 Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a nivel nacional

Fuente: Encuesta Nacional sobre violencia contra las mujeres, INEC-CDT- 2011 Elaboración: INEC-CDT De este 61% de mujeres violentadas, la agresión más frecuente es la psicológica y que afecta al 53.9% de estas le sigue la violencia física que afecta al 38.0% de las mujeres del país. En lo que se refiere a las estadísticas sobre violencia sexual, pese a ser la menor en términos porcentuales, no deja de ser preocupante ya que 1 de cada 4 mujeres (25.7%) ha sido violentada sexualmente.

Pese a lo relativamente nuevo del concepto de violencia patrimonial esta afecta a un 16.7% de las mujeres a nivel nacional. Y que sumada a las otras violencias, se convierte en determinante contra la autonomía de las mujeres.

Según el Censo de Población y vivienda del año 2010 (INEC), las mujeres de 15 años y más se auto identificaron según su cultura y costumbres, un 6,5% como indígenas, un 6,8% como afroecuatorianas/afrodescendientes, un 6,9% como montubias, un 73,2 como mestizas, un 6,2% como blancas y un 0,4% como otras.

En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres independientemente de su autoidentificación étnica han vivido algún tipo de violencia de género; presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas con un 68% y en las afroecuatorianas con un 67%, en las cuales no existen una diferencia significativa. Le siguen las montubias con un 63%, las blancas con un 60% y las mestizas con un 59,1%. De todos modos la violencia sigue siendo alta en todas las autoidentificaciones.

En cuanto a la violencia extrema hacia las mujeres que causa su muerte, un estudio realizado por la Comisión de Transición sobre Femicidio revela que en el Ecuador (2010), en el cual se destaca que de un total de 80 homicidios de mujeres, el 77,5% se catalogaron como femicidios, y un 16,3 % de estos fueron perpetrados por sus esposos o convivientes.

Por otro lado, de acuerdo a los registros de las Comisarías de las Mujeres se puede identificar una tendencia creciente a denunciar los hechos de violencia intrafamiliar, tal como se lo puede observar en el Gráfico N°14 Sin embargo, ese aumento no implica necesariamente un repunte de la violencia, el mismo puede obedecer a la implementación de políticas dentro del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres que entró en vigencia en 2007.

Gráfico N°14 Denuncias receptadas en las comisarías de la mujer y la familia, datos absolutos

83.115 79.090 72.848 65.075

67.178

2006

2007

64.801

57.385

2005

2008

2009

2010

2011

Fuente: Dirección Nacional de Género – DINAGE

Frente a la situación de violencia del país, la actual Constitución garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, lo que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Por lo tanto, los avances se han visto enfocados en cumplir con este mandato para proteger a las mujeres, activando todas las instancias de garantía y protección de derechos. De esta manera, se ha buscado cumplir con las observaciones realizadas por el Comité en cuanto a la aplicación de una legislación adecuada para combatir la violencia y reforzar los mecanismos de protección de derechos. Uno de estos esfuerzos constituye el impulso del Proyecto del Código Integral Penal, en el que se están debatiendo temáticas impulsadas por el bloque de mujeres, para que se contemplen sus derechos.

En el 2007, la lucha contra la violencia de género se plasmó como Política de Estado mediante un Decreto Ejecutivo que estableció el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes (PNEVG), lo cual responde a la recomendación del Comité, en cuanto a la implementación de una estrategia global para combatir y erradicar todas las formas de violencia.

El PNEVG contempla un trabajo de coordinación interinstitucional para avanzar hacia la prevención, eliminación y sanción de la violencia de género. Sus ejes estratégicos son: transformación de patrones socio culturales, sistema de protección integral, acceso a la justicia, sistema de registro y desarrollo institucional. Su ejecución está a cargo de cinco Ministerios: Salud, Educación, Interior, Justicia e Inclusión Económica y Social, y dos Consejos Nacionales de Igualdad: de Género (actual Comisión de Transición) e Intergeneracional (actualmente de Niñez y adolescencia).

Una de las acciones relevantes del PNEVG dentro del eje de transformación de patrones socioculturales, consistió en la implementación de la Campaña “Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia”, la misma que fue liderada por el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2010, basada en herramientas educativas y comunicacionales y en la difusión de mensajes en medios masivos de comunicación nacional y local y medios alternativos como festivales, concursos, teatro-debate, grafitis, gigantografías, etc .

En el eje del PNEVG referente a la implementación de un Sistema de Registro Único, se creó un software para las Comisarías con la finalidad de facilitar la recopilación y la información estadística sobre denuncias recibidas en las mismas. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos conjuntamente con el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición llevaron a cabo la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género para recoger información estadística sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres en el país. Esta encuesta constituye la primera información estadística oficial que pone en evidencia un fenómeno social que no había sido registrado a nivel nacional. Cabe mencionar que se la incorporó al Programa Nacional de Estadísticas para que sea realizada periódicamente.

En el eje del sistema de protección integral, relacionado a la protección y asistencia a las víctimas, se ha priorizado la creación e implementación de casas de acogida y centros de atención a mujeres víctimas de violencia en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se han creado Centros de Protección de Derechos para receptar denuncias y conocer casos de vulneración de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Desde el Ministerio de Salud, en el marco del programa de atención integral a la violencia basada en el género, se crean e implementan Salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, espacios diseñados en hospitales públicos para dar atención integral y especializada de carácter médico, psicológico, social y jurídico, con calidad y calidez, a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar. Adicionalmente, se han desarrollado acciones de capacitación permanente, tales como: el proceso de capacitación sobre la Norma de Atención en Violencia, el adiestramiento en pericias médico - psicológicas para personal de salas de primera acogida, el Curso Introductorio de Pericia Médico Legal, entre otros.

En cambio, desde la Policía Nacional, a través del Departamento de Violencia Intrafamiliar DEVIF, se implementa una serie de actividades, entre las cuales se encuentran la asesoría legal y psicosocial, charlas de prevención de la violencia intrafamiliar y otras acciones emanadas de las Comisarías de la Mujer y otras dependencias policiales (como Migración y Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN). De igual manera, dentro de las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) administradas, por el

Ministerio del Interior en coordinación con el MJDHC, se han incorporado servicios integrales de justicia y policía especializados.

Un tema fundamental para la prevención y erradicación de la violencia es el acceso a la justicia, que también ha sido contemplado en el tercer eje del PNEVG. Al respecto, se puede mencionar que en la Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja en la construcción de procesos de atención en peritaje integral, para acortar los tiempos del proceso y conocer la mayor cantidad de expedientes, con la finalidad de evitar la impunidad.

Por otro lado, en el proceso de transformación del Sistema de Justicia, llevado a cabo desde el Consejo de la Judicatura se ha avanzado en la implementación de unidades judiciales contra la violencia hacia la mujer y la familia 11, así como en el diseño de protocolos de atención para evitar que exista una re-victimización de las mujeres que acceden al sistema judicial, y el diseño de un sistema geo-referenciado de servicios para las instituciones involucradas, a fin de atender a mujeres víctimas de violencia 12.

Otras acciones que se han ejecutado en los últimos años para prevenir y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas se encuentran establecidas en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, como la expedición de normativas para el tratamiento de la violencia de género y la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo. Se ha implementado un módulo de capacitación para el curso de formación a docentes “SI PROFE” sobre género y erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo, cuyo objetivo es sensibilizar a docentes en su rol de garantes de derechos.

Entre las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado, se encuentra un programa denominado “Recorrido Participativo”, que tiene la finalidad de generar protocolos de investigación, detección y actuación en casos de violencia sexual. Por otro lado, el Ministerio de Educación, en coordinación con el MIES, elaboró y socializó Kits de recorrido participativo, que comprenden una serie de folletos, información y material didáctico sobre la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, con el objetivo de implementarlos dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.

En relación a tipos de violencia extrema como el femicidio, en el 2011 la CDT realizó una investigación sobre el abordaje de esta problemática en los fallos judiciales y las publicaciones de los medios de comunicación, y con la incidencia del movimiento de mujeres se logró incorporar la tipificación de este delito en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal que está por ser aprobado en la Asamblea Nacional.

De igual manera, desde la Secretaría Técnica del Plan se trabajó para la incorporación de la política “Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas” en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (objetivo 6, política 6.7), y desde la coordinación interinstitucional del Plan Nacional para la prevención, investigación y sanción de la Trata de personas y la protección integral a víctimas, se incidió para que se incorporen lineamientos de políticas en el PNBV (6.5.f, 6.5.g, 12.2.j).

11

Unidades que reemplazan a las Comisarías de la Mujer y la Familia.

Proceso en el cual la CDT participó elaborando insumos y asistencia técnica como parte de la Mesa Mujer y Justicia creada para el efecto.

12

Sin embargo, se requiere profundizar y fortalecer las medidas existentes, así como adoptar nuevas para garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes, asegurando la protección, atención integral y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas.

Objetivo 4. Mortalidad Infantil La meta establecida para este objetivo es “Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años”. En Ecuador, la mejora de la calidad de los sistemas de salud y atención integral, han permitido alcanzar importantes avances en temas de reducción de la mortalidad de la niñez, la misma que pasó de 43,05 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990, a 13,6 muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2011, con lo que se ha cumplido la meta.

La natalidad ha disminuido con el paso de los años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, de la misma manera la tasa bruta de mortalidad ha disminuido en el año 2012 (4,09) en comparación con el año 1991 (5,08).

Gráfico N°15

Gráfico N°16

De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, la mortalidad infantil se relaciona con la nutrición en el sentido en que “La ingesta adecuada de micronutrientes, especialmente hierro, vitamina A, yodo y zinc desde la concepción hasta los 24 meses es crítica para el crecimiento de los niño/as y su desarrollo mental. Sin embargo, dieciséis por ciento de los/as niño/as ecuatorianos tienen un bajo peso al nacer comparado con el nueve por ciento de los niño/as en Colombia y el ocho por ciento en Brasil. El bajo peso al nacer predispone a lo/as niño/as a la desnutrición crónica y a un desarrollo deficiente. Los niño/as con bajo peso son más propensos a la mortalidad infantil.” 13 Del mismo modo, su Estrategia señala que: Los niño/as que tienen un bajo peso al nacer o los niño/as con atrofias pueden tener mayores riesgos de contraer enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades coronarias que los niño/as que inician su vida con una buena alimentación. Las causas subyacentes de la malnutrición en el Ecuador se encuentran en las dietas que han sido restringidas tradicionalmente, prácticas deficientes de alimentación infantil y acceso limitado a alimentos nutritivos. Estas circunstancias se agrandan a nivel local en las áreas indígenas y rurales, básicamente debido a los hábitos culturales y de consumo, pobreza y exclusión. Un factor agravante es la violencia en contra de las mujeres y la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y los mercados formales. La violencia y la discriminación en contra de las mujeres afecta la seguridad alimentaria y nutricional de toda la familia. 14 Frente a esta realidad, a partir del 2007 se ha buscado garantizar la calidad en la provisión de servicios, humanizando la atención a las mujeres a través de la concurrencia de recursos humanos calificados que garanticen calidad y calidez en el trato, con impactos positivos en la 13

“Estrategia de País 2012-2016” Ecuador oficina de país, Progarma Mundial de Alimentos,http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/ecuador_estrategia_de_pais_2012-2016.pdf, párr., 29 14

Idem. ,párr. 30

disminución de la morbi-mortalidad materna, embarazo no deseado ni planificado, en la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, cáncer uterino y en la violencia intrafamiliar, de género y sexual, actuando con transparencia en la toma de decisiones y fomentando la participación a través de las veedurías sociales.

También se incrementó la inversión pública en salud, destinando USD$ 757 millones (31.42% de incremento respecto al año anterior) y se consiguió mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades de salud, el número de profesionales médicos y la accesibilidad de medicamentos para la población de escasos recursos. El Programa de Maternidad Gratuita entregó en el 2007 un total de 12´506.108 prestaciones. Según la Unidad Ejecutora de la Ley, en el 2005 el número de beneficiarias fue de 2’733.608, de las cuales 1’281.177 fueron mujeres y 1’452.431 niñas y niños menores de 5 años.

El incremento más importante en el gasto social se ha dado en salud, el cual aumentó a más del doble en 2008, en comparación con los niveles históricos. Entre 1990 y 2004, el gasto social en salud promedió un 1,1 por ciento del PIB. En 2007, llegó al 1,5 por ciento del PIB. En 2008, el gasto público en salud se incrementó a 3,5 por ciento del PIB (alrededor de USD 1,8 mil millones). La cobertura de atención de salud gratuita se ha ampliado especialmente para los niños y las mujeres embarazadas, así como el suministro de vitaminas y otros nutrientes a los ecuatorianos en estos grupos.

La ingesta adecuada de micronutrientes, especialmente hierro, vitamina A, yodo y zinc desde la concepción hasta los 24 meses es crítica para el crecimiento de los niño/as y su desarrollo mental. Sin embargo, dieciséis por ciento de los/as niño/as ecuatorianos tienen un bajo peso al nacer comparado con el nueve por ciento de los niño/as en Colombia y el ocho por ciento en Brasil. El bajo peso al nacer predispone a lo/as niño/as a la desnutrición crónica y a un desarrollo deficiente. Los niño/as con bajo peso son más propensos a la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil en Ecuador ha disminuido de 28,1 a 15,2 entre 1986 a 200913. En Ecuador, la tasa de mortalidad infantil es de 21 x 100 nacidos vivos comparadas con el 16 x 100 nacidos vivos en Colombia; la mortalidad para niño/as menores de cinco años es de 25 por 1000 mil nacidos vivos, comparado con 20 por 1000 en Colombia o 51% en Bolivia.

Los niño/as que tienen un bajo peso al nacer o los niño/as con atrofias pueden tener mayores riesgos de contraer enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades coronarias que los niño/as que inician su vida con una buena alimentación. Las causas subyacentes de la malnutrición en el Ecuador se encuentran en las dietas que han sido restringidas tradicionalmente, prácticas deficientes de alimentación infantil y acceso limitado a alimentos nutritivos. Estas circunstancias se agrandan a nivel local en las áreas indígenas y rurales, básicamente debido a los hábitos culturales y de consumo, pobreza y exclusión. Un factor agravante es la violencia en contra de las mujeres y la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y los mercados formales. La violencia y la discriminación en contra de las mujeres afecta la seguridad alimentaria y nutricional de toda la familia.

Objetivo 5. Salud Materna Como parte de los compromisos adquiridos, se busca la reducción de la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y el 2015. Para el Ecuador este compromiso significa pasar de 84,6 a 21,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, para el caso de nuestro país, la razón de mortalidad materna es uno de los indicadores más

sensibles de valorar, fundamentalmente por la complejidad en el cálculo del denominador (estimación de nacidos vivos) y por la mejora en el registro de las muertes que ha tendido a aumentar las tasa y los esfuerzos no se pueden ver reflejados.

Al hablar de la mortalidad materna, nos vinculamos directamente con el ejercicio y goce de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador, han sido tratados durante las dos últimas décadas por el Estado a través de distintos mecanismos de carácter normativo y mediante la formulación de políticas públicas.

Aún cuando en el país se ha avanzado con un amplio marco jurídico contemplado en la Constitución del 2008, que estipula el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la situación de la salud sexual y salud reproductiva continúa siendo un tema que debe ser atendido prioritariamente.

Adicionalmente se pone en cuestión un tema trascendental que tiene que ver con el poder y el derecho a decidir sobre el cuerpo. En este sentido, otro de los problemas que ha dificultado el ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres, es el hecho de disfrutar plenamente la autonomía de sus cuerpos en cuanto al placer sexual y la definición de su destino reproductivo.

Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos En el Ecuador, el 92,5% de las mujeres en edad fértil conoce sobre algún método anticonceptivo pero apenas el 49,4% utiliza alguno de ellos. Los métodos más utilizados por las mujeres son: ligadura 35,7%, píldora 18,5%, ritmo o calendario 15,6%, DIU 13,9%, inyección 9,9%, y solo un 4,3% condón. (INEC–ECV, 2006).

Cuadro N°7 Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos Área

Conocen N° de % mujeres

Utilizan N° de % mujeres

Mujeres de 15 a 49 años

Área urbana

96,3%

2.188.366

48,7%

1.066.701

2.272.667

Área rural

84,4%

907.499

50,9%

462.087

1.075.195

92,5% 3.095.866 49,4% 1.528.788 Total Nacional Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006 *Mujeres de 15 a 49 años

3.347.862

En cuanto al uso, se observa que las mujeres del área rural son las que más utilizan, a pesar que conocen menos sobre su uso que las del área urbana.

Fecundidad La tasa global de fecundidad (TGF) la cual corresponde al número de hijos que en promedio tiene una mujer en edad fértil, evidencia una tendencia a la disminución a partir de la década de los ochenta. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 1982, el promedio total de hijos por mujer en el Ecuador era de 5,3 y 2,4 en el 2010; este descenso se aprecia tanto en el área urbana como rural, siendo esta última la que registra mayor disminución de 4,4 en el 2001 a 2,7 en el 2010. (INEC – Censo de Población y Vivienda 2010)

Gráfico N°17 Tasa global de fecundidad

6,9

5,4 4,4 4,0 2,7

3,2

2,9 2,2

1982

1990

2001

Urbano

2010

Rural

Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 1982 - 2010

Mortalidad materna

En Ecuador la tasa de mortalidad materna nacional experimenta una importante disminución hasta el año 2006; no obstante, la tendencia aumenta a partir del año 2009, llegando en el 2012 a 87,15 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos (INEC - Anuario de Nacimientos y Defunciones 2012). La crisis económica y financiera acontecida durante los años 1999-2000 tuvo repercusiones en el deterioro de los servicios de atención médica a las mujeres, lo que podría explicar en parte la tendencia al aumento de la mortalidad materna.

Grafico N°18 Tasa de Mortalidad Materna 125,23 120,48

124,43

117,22

86,81

87,15 80,04

78,34

69,43

56,58 56,69

2012

2011

2010

2009

2008

48,46

2006

2004

50,72

2003

2002

2000

54,12

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

55,44

1991

61,98 53,05

2001

62,65

1990

69,72

67,23

2007

68,46 59,61

2005

71,70

* El 2012 excluye las inscripciones tardías de nacimientos ocurridos en el año 2011 Fuente: Base de datos de nacimientos y defunciones 2012

Morbilidad de las mujeres Existe una tendencia marcada a que las mujeres se enfermen por causas vinculadas al cumplimiento de roles que se asocian a su feminidad. Los embarazos terminados en aborto, la atención materna relacionada con el feto y con la cavidad; y otras complicaciones relacionadas

con el embarazo y el parto son las principales causas de morbilidad de acuerdo a las estadísticas del Anuario de Egresos Hospitalarios 2012 del INEC. Cuadro N°8 Diez principales causas de morbilidad femenina año 2012 Causas Colelitiasis Aborto no especificado Neumonia, organismo no especificado Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso Falso trabajo de parto Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre Apendicitis aguda Infección de las vías genitourinarias en el embarazo Otros trastornos del sistema urinario Leiomioma del útero Parto Único Espontaneo Parto Único por Cesárea Otros Partos Signos y hallazgos anormales clínicos y de Las demás causas de morbilidad Total de egresos hospitalarios Población Estimada Año 2012 1/

Número de egresos 24696 20725 17002

3,22% 2,70% 2,22%

Tasa ** 31,54 26,47 21,72

15837

2,07%

20,23

14373

1,88%

18,36

14296

1,87%

18,26

13607

1,78%

17,38

11325

1,48%

14,47

9844 1,28% 9661 1,26% 111265 14,52% 67680 8,83% 798,00 0,10% 17255 2,25% 418036 54,55% 766.400,00 100,00% 7.829.061

12,57 12,34

%

Fuente: INEC - Anuario de Egresos Hospitalarios 2012 a)1/ Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de la Población 2010 – 2020 INEC ** Tasas por 10.000 mujeres

Maternidad y embarazo adolescente La incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros aspectos, con limitaciones e insuficiencias en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la falta de información y educación sexual oportuna.

Aunque el embarazo adolescente en el 2013 ha declinado ligeramente con respecto al 2003, sigue siendo un problema preocupante; pues, del total de mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad, el 5,0% son madres o están en período de lactancia a nivel nacional Si analizamos solo a las adolescentes de 15 a 19 años de edad podemos ver que el 8,2% de ellas son madres o están en periodo de lactancia (ENEMDU 2013).

Cuadro N°9 Embarazo y maternidad en adolescentes como porcentaje del total de adolescentes de 12 a 19 años y 15 a 19 años De 12 a 19 años 2003 2013 5,5% 5,0% 4,9% 4,9% 6,5% 5,3%

Área Nacional Urbana Rural

De 15 a 19 años 2003 2013 8,7% 8,2% 7,5% 7,9% 11,2% 8,8%

Fuente: INEC- SIEH 2003, Encuesta de Empleo, Desempleo y subempleo 2013

Por otro lado, del total de hijos nacidos vivos en el Ecuador, el 19,4% sus madres son adolescentes entre 15 y 19 años de edad (INEC-Anuario de Nacimientos y Defunciones 2012); situación que ubica al Ecuador dentro de los países de la región con más altos índices de embarazo adolescente. Esto puede deberse a múltiples causas, como la escasa información y falta de acceso oportuno a métodos anticonceptivos. De acuerdo a información de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes ENIPLA en Ecuador el promedio de edad de la primera relación sexual para las adolescentes fluctúa entre los 14 y 16 años de edad.

Cuadro N°10 Niñas y niños nacidos vivos por años, según grupos de edad de la madre Grupo de edad de la madre < de 15 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 Edad ignorada Total

2009 Número

2010 %

Número

2011 %

Número

2012* %

Número

%

1.358 42.554 62.732 49.771 33.006 16.832 5.110 567

0,6% 19,7% 29,1% 23,1% 15,3% 7,8% 2,4% 0,3%

1.505 42.930 62.117 51.212 35.070 17.629 5.088 587

0,7% 19,6% 28,3% 23,4% 16,0% 8,0% 2,3% 0,3%

1.559 44.149 64.986 53.720 37.602 18.659 5.372 550

0,7% 19,2% 28,3% 23,4% 16,4% 8,1% 2,3% 0,2%

1.630 45.607 65.134 54.475 39.483 19.556 5.593 547

0,7% 19,4% 27,7% 23,2% 16,8% 8,3% 2,4% 0,2%

3.976

1,8%

3.024

1,4%

3.183

1,4%

3.212

1,4%

215.906

100,0%

219.162

100,0%

229.780

100,0%

235.237

100,0%

Fuente: INEC-Anuario de Nacimientos 2009- 2012 * Excluye las inscripciones tardías de nacimientos ocurridos en el año 2012

Entre los problemas urgentes en cuanto a la salud sexual y reproductiva, está el desconocimiento e irrespeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la falta de educación sobre ellos y la limitada cobertura que aún existe en el país para atender la salud de la población. Quienes se ven mayormente afectadas por estos problemas son las mujeres, pero principalmente las que están en los quintiles más bajos de pobreza, las adolescentes, las madres solteras, las que padecen alguna discapacidad, las indígenas, afro descendientes, portadoras de VIH, trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas, personas transgéneros, transexuales, travestis y hombres gays.

Frente a esta realidad, el Estado ha respondido paulatinamente durante los últimos quince años, mediante la implementación de normativas y políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva.

Desde la normativa, existen varios proyectos de ley por los cuales se pretende garantizar el derecho a la salud, particularmente en el caso de las mujeres que se encuentran en una doble situación de discriminación. En cuanto a la salud reproductiva de mujeres indígenas y afrodescendientes, mediante el Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado en el Sistema Nacional de Salud, se plantea el reconocimiento del parto intercultural como una opción garantizada por el Estado; al momento el CAL calificó el documento y existe el informe para el primer debate. A su vez, se presentó un Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a las madres adolescentes, pendiente de calificación. Por otro lado, se presentó un proyecto de ley que busca aumentar la protección a las familias en casos de partos múltiples y otro para el tratamiento y control del cáncer de mama. Ambos proyectos han sido calificados por el CAL. Adicionalmente se encuentran el Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a Madres Adolescentes, presentado en junio 2012, pendiente de calificación por el Consejo de Administración Legislativa; Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado en el Sistema Nacional de Salud, presentado en julio 2011; Proyecto de Ley para la Protección de las Familias con Partos Múltiples, presentado en julio 2011, calificado por el Consejo de Administración Legislativa; y Proyecto de Ley para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del Cáncer de Mama, presentado en marzo 2012, calificado por el CAL. Los avances del Estado en materia de políticas públicas de salud sexual y reproductiva se aprecian en la construcción de la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en el año 2004, la cual se concibió como una respuesta a la necesidad de reducir la tasa de fecundidad. En este mismo tema, se han promulgado leyes como la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. En cuanto a la anticoncepción, el Ministerio de Salud ejecuta el programa de Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos DAIA. De igual forma, desde el año 1998 se regula la utilización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia –PAE la cual es de bajo costo y eficaz. Así mismo, mediante el Art. 21 de la Ley Orgánica de Salud en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 423 del 22 de Diciembre del 2006 se establece la muerte por abortos como asunto de salud pública.

Por otra parte, el avance normativo en cuanto al tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, se recoge en la Constitución actual. El artículo 11 numeral 2 establece el principio jurídico de igualdad y no discriminación ante la ley de todas las personas. El artículo 66 numeral 9 menciona: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras”.

De este avance normativo se desprenden las políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 PNVB, las mismas que dan la pauta para el trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública – MSP -, el cual tiene como parte del Plan de Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal que constituye un conjunto de políticas y estrategias costo-efectivas, encaminadas a lograr la reducción de la mortalidad materna en el Ecuador.

En cuanto a salud sexual y reproductiva las metas del MSP son:  

Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público al 2013 Disminuir en 35% la mortalidad materna al 2013

  

Disminución de tasa de fecundidad de un 7% anual Disminución en un 25% del embarazo en adolescentes al 2013 Disminución de mortalidad materna en un 2% anual (directo)

En relación al crecimiento del embarazo en las adolescentes, el Ministerio de Salud Pública en coordinación con los Ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social y Coordinador de lo Social, con apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Sociedad Civil y la ciudadanía implementó en el año 2010 la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes ENIPLA. Esta estrategia constituye la primera política pública desarrollada por el Estado para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y hombres ecuatorianos. De esta manera se ha posicionado el tema del embarazo en adolescentes en el debate público y se ha logrado constituirlo en uno de los temas prioritarios de la agenda estatal. Es prioritario también para la ENIPLA la transformación de patrones socioculturales relacionados con la sexualidad y la planificación familiar, con el objetivo de que los hombres se involucren y corresponsabilicen en la salud sexual y salud reproductiva. “Habla Serio sexualidad sin misterios” la campaña oficial de la ENIPLA, es una propuesta para abrir espacios de comunicación en las personas, la familia, la sociedad y el Estado sobre sexualidad, con información clara, para promover el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.

Estas metas y avances generados desde la política pública, dan cuenta de cómo en el nuevo modelo de Estado se está priorizando la atención integral de la salud sexual y reproductiva. El avance de estas políticas se pone en evidencia con la aprobación del Acuerdo Ministerial 2490 en marzo del 2013, para regular el acceso de métodos anticonceptivos, donde se establece la entrega gratuita de métodos anticonceptivos orales de emergencia para toda persona que lo requiera, una vez que haya recibido la asesoría necesaria por un profesional médico. La progresividad de los derechos sexuales y derechos reproductivos se ve plasmada en la ejecución de este tipo de políticas de salud, que aportan al ejercicio y cumplimiento de estos derechos.

El MSP ha creado espacios específicos para brindar atención especializada a mujeres y adolescentes, por ejemplo el área de Salud de la Adolescencia. El área mencionada ha implementado y fortalecido servicios de atención integral y diferenciada, con énfasis en salud sexual, salud reproductiva y prevención del embarazo no deseado (hasta julio de 2012, existen 36 servicios a nivel de país). De igual manera, se creó la Dirección Nacional de Interculturalidad, Derecho y Participación Social de la Salud, que mantiene protocolos y tratamientos adecuados por pertenencia étnica. En particular, en octubre de 2010, a través del Subproceso de Medicina Intercultural, se implementó la Política de Salud Intercultural para las mujeres rurales, lo cual representa un avance que da respuesta a la recomendación del Comité de velar para que las mujeres indígenas y de ascendencia africana tengan pleno acceso a los servicios de salud.

Todas las estrategias y acciones para el mejoramiento de la salud materna provienen del PNBV y del Plan de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, que integra operativamente los componentes normativos materno neonatal, la Guía del Parto Culturalmente Adecuado, la Norma y Protocolo de Planificación Familiar, apoyados con la implementación del sistema de mejora continua de la calidad, mediante la medición de los estándares de calidad de la atención

Por otro lado, una problemática que en los últimos años ha ido visibilizándose es la prevalencia del cáncer, que en las mujeres tiene mayor relación con el sistema reproductivo, al ocupar los primeros lugares el cáncer cérvico-uterino y de mama. Sin embargo, esta enfermedad sigue siendo la tercera causa de muerte entre las mujeres del Ecuador. Frente a este problema, y en respuesta a la recomendación del Comité de reforzar el enfoque preventivo con respecto al cáncer de cuello de útero y mama, el MSP contempla desde un enfoque integral esta problemática dentro del Plan Nacional de Lucha Contra el Cáncer, y orienta todos los servicios de la Red Pública de Salud hacia su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento. En este sentido, se desarrollan campañas de prevención que incluyen el acceso de manera gratuita a las distintas unidades operativas distribuidas a lo largo de las 24 provincias del país, para chequeos médicos de detección temprana.

Objetivo 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES Dentro de este objetivo se busca “Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades”.

Durante décadas, la tuberculosis y el paludismo han sido enfermedades ligadas con la pobreza; la prevención y promoción oportuna han permitido que en el Ecuador, las tasas de prevalencia, incidencia y mortalidad asociadas a estas enfermedades disminuyan drásticamente.

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para 2015, la propagación del VIH/SIDA En abril de 2000 se expide la Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH- SIDA. A partir de esta fecha el trabajo de prevención del VIH-SIDA se ha reforzado en los últimos años, pero no se ha podido detener su avance ni reducir su incidencia.

El Ministerio de Salud cuenta con una Comisión de Salud Sexual y Reproductiva que elaboró el la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos y su Plan de Acción (2005), que son el marco para el diseño de Planes de Acción intersectoriales, como son: para la Reducción Acelerada de la Muerte Materna, la Prevención de VIH-sida, la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y la Prevención de la Violencia Basada en Género.

En la Ley Orgánica de Salud (2006), se garantiza la protección de los derechos sexuales y reproductivos incorporando concepciones avanzadas en materia de derechos humanos, bioética e interculturalidad. Se incorpora normas relativas a la profilaxis para VIH en casos de violencia sexual, y contiene un capítulo sobre enfermedades transmisibles que incluye el VIHSIDA, y está prevista la anticoncepción de emergencia para mujeres viviendo con VIH-SIDA. En el artículo 9 se incluye: “f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva;” A partir de 2006, en el marco de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia se entrega leche maternizada a los recién nacidos/as de MVVS. Esto también responde al artículo 17 de la Ley Orgánica de Salud que estipula que se: “Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los hijos de madres portadoras de VIH-SIDA.” En el 2006, el 48,9%, esto es 259 mujeres embarazadas VIH positivas recibieron ARV de un total estimado de 529 y en el 2007 este porcentaje subió a 74,1%, es decir a 347. Durante los

años 2006 y 2007 las coberturas de tamizaje se han incrementado del 32% al 55%. Se espera que la conjunción de estos elementos reduzca considerablemente la mortalidad materna y perinatal, y permita el fortalecimiento de acciones de vigilancia epidemiológica, las altas tasas de morbimortalidad y el incremento del VIH-SIDA e ITS. El Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/sida (2007-2015), constituye el marco para la intervención estatal y de todos los sectores, con el objetivo de cumplir con el Objetivo 6 de los ODM. Contiene un enfoque de género, diversidad sexual, trabajo sexual, diversidad social y cultural. En el Plan se incorporaron las normas de atención a PVVS. Desde el 2001 en que se conformaron los comités de usuarias CUS se elaboraron planes cantonales y provinciales de salud, capacitación en salud sexual y reproductiva. En zonas afectadas por déficits en la salud de las mujeres y los niños/as, se elaboraron planes provinciales de reducción de las muertes maternas, prevención del VIH Sida y modelos interculturales de salud en regiones habitadas por población indígena.

En el periodo 2005-2009 se intensificó el trabajo de prevención con adolescentes y jóvenes y grupos más expuestos al VIH- sida (trabajadoras sexuales, HSH, miembros de las fuerzas armadas.

Pese a estos esfuerzos no se ha podido detener el avance, ni reducir la incidencia del VIH/SIDA. Para 2005, del total de casos de VIH/SIDA en el Ecuador, el 73,2% son de sexo masculino y el 26,8% corresponde al sexo femenino. Comparado con años anteriores, existe la tendencia de que cada vez más mujeres contraen el virus, la relación hombre mujer en el período de 19841999 fue de una mujer por cada 3,7 hombres, en el año 2005 esta relación varió a 1 por cada 2,14 hombres.

Aunque todavía hay un predominio de la infección en hombres, la epidemia se difunde en forma creciente en las mujeres y niños y niñas. En el 2006, la razón de género se situó en 1,5: 1 (hombres por cada mujer). La tasa de crecimiento de casos de VIH/SIDA entre 2002 y 2004 fue de 26% para los hombres, mientras para las mujeres alcanzó el 48% (Ministerio de Salud Pública, 2006).

El Informe del Gobierno del Ecuador 2006-2007 afirma que la tendencia en los últimos tres años muestra un aumento significativo de la notificación de infectados por VIH a expensas fundamentalmente del tamizaje de embarazadas, donantes de sangre, personas que consultan por ITS y tuberculosis.

En el 2006, el mecanismo para el adelanto de la mujer, CONAMU, incluyó este tema en su agenda e inició un proceso de concienciación sobre la problemática en mujeres, jóvenes y adolescentes viviendo con VIH/SIDA principalmente, mediante alternativas culturales como caravanas artísticas que tratan el tema en obras de teatro. Se difundió en radios nacionales cuñas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que incluye la prevención del VIH-Sida. Asimismo, se han promovido encuentros con reconocidos especialistas científicos en el tema y el Consejo Nacional de Salud, el Pleno del Tribunal Constitucional, la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, organizaciones de mujeres, entre otras.

El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Nacional del SIDA, ha implementado una campaña de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH, en la que se ofrecen pruebas

gratuitas de VIH a embarazadas, las cuales son financiadas con fondos de la Unidad de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Además, con este mismo fondo, se desarrolla un Programa Piloto en maternidades de Guayaquil para brindar leche materna, de forma gratuita, a recién nacidos(as) hasta los 6 meses de edad, hijos(as) de madres portadoras del virus.

El MIES, a través del Programa Nacional de VIH/sida, ha emitido varios manuales, guías y protocolos de atención para el manejo de infecciones de transmisión sexual, consejería en VIHITS, prevención de transmisión vertical del VIH-sida, manejo de niños/as infectados/as y atención integral para personas VVS. Se ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto denominado Ley de Respuesta Integral a la Epidemia del VIH-SIDA que aún no ha sido debatida.

El Ministerio de Educación formuló el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo en el que se incluye políticas para la prevención, restitución de derechos de víctimas, investigaciones y sanciones de los casos de delitos sexuales así como prevención del VIH/SIDA. En el marco del Plan Nacional de Educación de la Sexualidad del Ministerio de Educación y Cultura, se han hecho importantes esfuerzos para implementar el nuevo concepto de educación de la sexualidad, incluyendo el tema de VIH-SIDA en las instituciones educativas.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, ha tomado medidas para frenar la discriminación contra personas con VIH/SIDA. Mediante Acuerdo Ministerial No. 00398, expedido el 13 de julio de 2006, se prohíbe a las empresas públicas y privadas y a toda institución estatal a realizar de manera obligatoria la prueba de VIH, para conseguir un puesto de trabajo o continuar en él, así como el despido intempestivo a una persona por esta causa.

Este Acuerdo promueve la prevención, información y educación que se debe impartir en los lugares de trabajo y la promoción de la prueba de VIH de manera voluntaria y con consentimiento informado.

Otro instrumento jurídico importante, en el campo de las políticas públicas y VIH-SIDA, es el Proyecto de Reformas a la Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH-SIDA52. El Proyecto se elaboró en un taller nacional con el objeto de que la Comisión de Salud del Congreso Nacional lo presente para debate, a fin de actualizar la actual Ley que tiene muchos vacíos, sin presupuesto claramente definido y que da un enfoque meramente epidemiológico al VIH-SIDA. Los datos a continuación corresponden al año 2011 y fueron publicados por la Estrategia Nacional de Salud Pública para el VIH/sida-ITS (ENS) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), en su publicación "VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual en Ecuador" 2012.

Gráfico N°19

Gráfico N° 20

META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su compromiso de brindar calidad y calidez en el ámbito de la salud ha diseñado este programa de control de la Tuberculosis. Desde el Estado ha existido un compromiso sostenido para la detección y tratamiento con la provisión de suministro ininterrumpido de medicamentos, y realizando un sistema estandarizado de registro y notificación. Se han definido normas técnicas y procedimientos para el control de la tuberculosis en el Ecuador, en los que se considera casos especiales a mujeres embarazadas, por la lactancia, y a mujeres que utilizan anticonceptivos.

En el tratamiento se vigila controla y evalúa la evolución, y se educa al o la paciente y a la familia, desde el ingreso hasta el egreso del programa. Una de las medidas más eficaz para controlar y prevenir esta enfermedad es evitando el contagio lo cual se lo hace con la detección oportuna de casos y la vacunación de infantes.

Como se mencionó en el tema de VIH/SIDA en la Ley Orgánica de Salud se menciona en el artículo 9 que se dotará medicamentos para personas con enfermedades como la tuberculosis, malaria (paludismo), entre otras.

La tasa de mortalidad por tuberculosis pasó de 9 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 3,2 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2011, mientras que la tasa de incidencia del paludismo pasó de 834,69 casos por cada 100.000 habitantes en el 2000 a 7,68 casos por cada 100.000 habitantes en el 2011.

Gráfico No.21

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL AMBIENTE Ecuador ha generado grandes avances en el tema de la sostenibilidad del medio ambiente. La proporción de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental paso de 25,88% en el 2008, a 30,50% en el 2012 y se han incrementado 83.886 hectáreas de la superficie de territorio marino costero bajo conservación o manejo ambiental. Al 2012, cada vez son más el número de hogares que cuentan con servicios de saneamiento y agua entubada por red pública de agua. Hasta el 2012, el 67,6% hogares cuentan con acceso a servicios de saneamiento, con lo que Ecuador ha logrado cumplir la meta del 2015. En el caso del servicio de agua, hasta el 2012 el 74,5% de los hogares cuentan con este servicio, la meta establecida es alcanzar el 78,5%, por lo que la meta presenta una alta probabilidad de cumplimiento.

META: 9 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y en los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente Un indicador que sintetiza de alguna manera la situación ambiental a nivel cantonal es la extensión remanente del ecosistema. Dicho indicador se define como la relación entre la superficie de remanente vegetal de un territorio dado, respecto del total de dicho territorio.

Desde este punto de vista es una medida de evaluación general del estado natural de un territorio.

Existen algunos cantones con mayor extensión remanente del ecosistema y otros en los que existe una menor extensión, por lo que son importantes los territorios que han sido declarados áreas protegidas en algunas provincias del país.

En cuanto a la participación de las mujeres en espacios relacionados con un desarrollo que busca el buen vivir se puede mencionar que en el Consejo Ciudadano Sectorial de Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda está conformado por 35 delegados (19hombres y 14 mujeres). El representante principal a la Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir es hombre y la alterna mujer. En el Comité coordinador hay 4 varones y 2 mujeres.

De 147 delegados a las Asambleas Sectoriales Zonales 63% fueron hombres y 37% mujeres. El 40% de representantes de los comités de vivienda son mujeres (315 de un total de 779), en el sector de juntas de agua potable en cambio el 90% son hombres (554 de 613). En total 73% de los representantes de comités de vivienda y agua potable son hombres y el 27% son mujeres.

META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y servicios básicos de saneamiento Desafortunadamente la información censal solo permite conocer el acceso de las viviendas a agua entubada. Si bien el tener agua entubada no garantiza que se tenga agua potable, es un indicador que permite, de alguna manera, revelar las inequidades territoriales.

Existen algunos cantones con altos porcentajes de acceso a estos servicios básicos, principalmente en capitales provinciales, pero también existen otros en dónde es limitado el acceso. En su mayoría son cantones que pertenecen a la Amazonía y a la Costa. Otro factor que se relaciona con la situación precaria a la que estás expuestas estas personas es que existe una estrecha relación con la pobreza por NBI.

La cobertura de agua potable dentro de la vivienda y de sistemas de eliminación de excretas se ha incrementado sostenidamente entre 1990 y 2006, alcanzando valores cercanos al 50% y 90%, respectivamente. Sin embargo, existe una clara reducción de la superficie natural del país y un acelerado proceso de degradación y fragmentación del paisaje debido al cambio en el uso del suelo.

Otro factor que es importante mencionar es que un gran porcentaje de hogares de personas que no poseen viviendas corresponde a jefaturas femeninas, y de estos únicamente el 55,4% tienen acceso a agua entubada por red pública dentro de la vivienda.

El MIDUVI desarrolla intervenciones que mejoran la cobertura de los sectores de agua y saneamiento en poblaciones rurales y zonas prioritarias. Esta mejora en el acceso a vivienda y servicios significa para las mujeres y niñas ecuatorianas, seguridad y alivio en el rol productivo, reproductivo y comunitario que cumplen tradicionalmente.

Cuadro No.11 Número de representantes en los programas de vivienda y servicios de agua potable por sexo, 2011 PROGRAMA MUJER Agua Potable 59 10% Vivienda 315 40% TOTAL 374 27% Datos de 16 provincias, está cuantificado unicamente datos que reportan sexo del representente Fuente: MIDUVI, Reporte de Direcciones Provinciales Elaboración: LR - Subsecretaría de Hábitat y Vivienda, MIDUVI 2012

HOMBRE 554 464 1018

90% 60% 73%

TOTAL 613 779 1392

Entre los años 2006 y 2011, mejoraron las condiciones de habitabilidad, se incrementó el porcentaje de viviendas en condición aceptable y se redujo el porcentaje de viviendas irrecuperables. En el país, el 66% de la población tiene vivienda propia (Censo del 2010); sin embargo, factores de precariedad como vivienda con piso de tierra, afecta al 6% de las mujeres en general, al 33% de las mujeres indígenas y al 6% de la población afro-ecuatoriana.

Frente a esta situación, entre los años 2007 y 2011, el país invirtió cerca de 800 millones, a través de 240 mil bonos, de los cuales fueron beneficiadas 118 mil mujeres que representan el 55% del total. Asimismo, las mujeres han tenido mayor incidencia en algunos programas, representando el 78% de los bonos del Programa Socio Vivienda, el 62% en el caso de vivienda urbana y el 51% de los bonos para titulación. En el 2011, se entregaron 10.858 bonos de los cuales el 56% benefició a mujeres. De los bonos entregados a familias de personas con discapacidad, 48% correspondieron a mujeres, en el área rural el 58% y en el marco del Programa Socio Vivienda el 79% fue entregado a mujeres. Cabe resaltar que si el bono se ha asignado al esposo, la vivienda se transfiere como patrimonio familiar y ampara a la cónyuge y a su descendencia.

Paralelo al proceso de gestión del bono, acceso al crédito y a la titulación del suelo, el MIDUVI, en un trabajo interinstitucional, desarrolla intervenciones que mejoran la cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales y prioritarias. En el sector de hábitat y vivienda se ha conformado el Consejo Ciudadano Sectorial de Hábitat. 15 15

El representante principal a la Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir es hombre y la alterna mujer. En el Comité coordinador hay 4 varones y 2 mujeres. De 147 delegados a las

META 11: Haber mejorado considerablemente, para 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. (Para el caso ecuatoriano 40% de habitantes de que viven en sentamientos precarios) En el marco del buen vivir, en la Constitución de la República, se integra el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, y su gestión democrática, destacando la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

La Constitución establece que el Estado en todos los niveles, mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial, desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.

Según el análisis comparativo inter-censal 2001-2010, se puede determinar que el acceso a la vivienda por mujeres cabeza de familia se ha incrementado, de 25,41% en el año 2001, a 28,69% en el año 2010. Así también se observa que la tendencia se mantiene en favor de los hombres con un mayor acceso a la vivienda, que registra valores porcentuales más altos, 74,59% en el 2001 y 71,31% en el 2010. Estos aspectos obedecen de alguna manera a razones genéricas, ya que se otorgan mayores oportunidades de crédito a los hombres para acceder a la vivienda, como también a la prevalencia de patrones culturales patriarcales, que privilegian la titularidad de los varones en cuestiones patrimoniales 16. Al igual que en el caso del agua entubada, también se encuentra una alta correlación entre el porcentaje de hogares hacinados y la incidencia de la pobreza por NBI. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), desde al año 2010 impulsa varios programas como el de reasentamiento para atender a las familias damnificadas por desastres naturales, especialmente campesinas, indígenas y de escasos recursos; el programa dirigido a personas migrantes; y el Programa Manuela Espejo que otorga viviendas a las personas con discapacidad.

Entre el 2006 y 2011 mejoraron las condiciones de habitabilidad, se incrementó en el porcentaje de vivienda en condición aceptable y se reducción del porcentaje de vivienda irrecuperable. En el país, el 66% de la población tiene vivienda propia (Censo del 2010), es igual para la población femenina (66%). Factores de precariedad como vivienda con piso de tierra, afecta al 6% de las mujeres), pero llega a afectar al 33% de las mujeres indígenas, al 6% de la población afro ecuatoriana, al 7% de la población mestiza y al 3% de la población autodefinida como blanca. En términos absolutos, 530 mil mujeres habitan en viviendas con piso de tierra, de las cuales 290 mil son mujeres mestizas, 169 mil son indígenas, 32 mil son afro-descendientes.

Asambleas Sectoriales Zonales 63% fueron hombres y 37% mujeres. El 40% de representantes de los Comités de Vivienda son mujeres (315 de un total de 779), en el sector de Juntas de Agua Potable por otro lado el 90% son hombres (554 de 613). En total 73% de los representantes de comités de vivienda y agua potable son hombres y el 27% son mujeres.

16 Agenda nacional para la igualdad, no discriminación y buen vivir de las mujeres y personas de diversa condición sexo genérica 2013-2017 (Diagnóstico de la Situación de las Mujeres).

El Sistema de incentivo a la vivienda se inició en el 1998 con crédito BID. Se institucionaliza como política pública y opera con fondos fiscales del presupuesto nacional desde el 2006. En el 2008, el bono se incrementa de us$3.600 a us$5.000 y se unifica a nivel urbano y rural. Desde el 2010 opera el Programa Manuela Espejo para atención con vivienda a personas con capacidades especiales. El programa de reasentamientos se impulsa para atender a las familias damnificadas por la erupción del Volcán Tungurahua, mayoritariamente campesinas, indígenas y gente de los poblados con escasos recursos de la zona afectada. El programa de reasentamientos también atiende a familias afectadas por desastres naturales, zonas de riesgo que tiene que ser reubicadas.

Entre las políticas que se han aplicado en los últimos años está el subsidio a la vivienda, el mismo que tiene como fin ampliar el acceso a la vivienda de las familias de bajos recursos. Más allá de las cifras (55% de los bonos tuvieron titulares mujer). Cabe mencionar que si bien el bono puede estar asignado al esposo, la vivienda se transfiere como patrimonio familiar y ampara a la conyugue y su descendencia. Paralelo al proceso de gestión de bono, acceso al crédito y a la titulación del suelo se produce empoderamiento en las mujeres. El proceso de crédito genera la responsabilidad de pago y el desarrollo de estrategias de empleo, ingresos, y de organización social. El acceso a la vivienda incide positivamente en las mujeres en su autoestima, valoración, seguridad, responsabilidad, y desarrollo de capacidades.

Cuadro No.12 TOTAL BONOS TIPO DE PROYECTO Vivienda Rural (Nueva y Mejorada) Vivienda Urbana (Nueva y Mejoramiento) Urbano Marginal (Nueva y Mejoramiento) Reposición por emergencia Manuela Espejo Socio Vivienda SUBTOTAL Titulación y legalización de tierras TOTAL

Hombres 1960 956 273 30 943 436 4598 850 5448

TOTAL BONOS 2011 Mujeres 2678 802 254 46 866 1614 6260 770 7030

TOTAL 4638 1758 527 76 1809 2050 10858 1620 12478

Hombres 55202 21513 5991 354 2132 545 85737 13063 98800

TOTAL BONOS 2007-2011 Mujeres 57450 35749 7393 654 1967 1972 105185 13577 118762

Bonos por programa, por sexo del titular del bono, 2007-20011

TOTAL 112652 57262 13385 1008 4099 2517 190923 26640 217563

2011 % mujeres 58% 46% 48% 61% 48% 79% 58% 48% 56%

Objetivo 8. Indicador de Seguimiento.

Este objetivo de seguimiento se centra en los retos hacia la creación de nuevas tecnologías para la información y de las comunicaciones como un eje fundamental para la promoción de una alianza mundial para el desarrollo. Bajo este contexto, en Ecuador, la tasa de acceso a líneas telefónicas pasó de 4,8 en 1990 a 15,5 en el 2012, la tasa de suscriptores de celulares pasó de 0 en 1990 a 35,1 en el 2012.

A pesar de la importancia que radica estar articulados a la tecnología de información y comunicación digital y en especial al internet, en el Ecuador existe un alto porcentaje de población que se le considera analfabeta digital.

El analfabetismo digital se refiere al acceso al uso de información y manejo de tecnologías de información y comunicación digital –TIC`s-. Según se observa en el gráfico, a nivel nacional es del 31,1% mujeres y el 24,4% hombres. En el ámbito rural, las mujeres representan 43,2% y los hombres el 34,4%. En lo urbano las mujeres son el 24,7% y los hombres el 18,6%. Lo que evidencia que las mujeres rurales presentan las más altas tasas de analfabetismo digital.

2007-2011 % mujeres 51% 62% 55% 65% 48% 78% 55% 51% 55%

Gráfico N° 22 Tasas de analfabetismo digital, según área y sexo 15,2 12,9 10,7 7,8 6,7 5,6 4,6

3,9

3,2

Urbana

Rural

Hombre

Mujer

Nacional

Total

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC –

Según la encuesta del uso del tiempo realizada en el 2012, aproximadamente la mitad de la población participa en actividades relacionadas con medios de comunicación y convivencia social, como se observa en el Gráfico N°17. Las mujeres del área urbana son las que más participan seguido de los hombres.

Gráfico N° 23 Porcentajes de participación en actividades relacionadas con convivencia social y comunicación, según área y sexo 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 Convivencia social Urbana Hombre Rural Mujer

Medios de comunicación Urbana Mujer Nacional Hombre

Rural Hombre Nacional Mujer

Fuente: INEC - CDT. Encuesta Específica del Uso del Tiempo 2012 Observando esta tendencia de la población, se plantean políticas públicas en el marco de aportar a cambios en los patrones culturales discriminatorios, y estereotipos sesgados de género. En este sentido el Ministerio de Telecomunicaciones, responsable de la política y agenda digital del país, establece un proceso de acercamiento y relacionamiento con las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) para el desarrollo personal y profesional de

la ciudadanía. Bajo esta meta política, se crea el Plan Nacional de acceso y alistamiento digital, que es un programa de acceso universal a las TIC’s que contiene programas como: Aulas Móviles, Conectividad Escolar, Infocentros Comunitarios, Capacitaciones en Alistamiento Digital, entre otros, bajo el marco de la Estrategia Ecuador Digital 2.0.

En los Infocentros se garantiza el espacio comunitario para la apropiación social de las tecnologías, motivando la participación de los sectores populares, donde mayormente asisten mujeres, pues se promueve la participación de organizaciones de mujeres, desplegando acciones conjuntas entre Estado y sociedad civil, para mejorar las condiciones de vida de las familias. Así también se implementan Infocentros en centro de rehabilitación de mujeres en Quito como parte del trabajo coordinado entre los Ministerios de Justicia y Telecomunicaciones.

Este es un gran avance de política pública para lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en relación a las TICS, sin embargo las brechas digitales persisten, lo que demanda mayores acciones coordinadas.

Por otro lado, dando énfasis en el proyecto político de regular y mejorar el acceso a la comunicación, que se alineé con el cambio hacia la garantía de derechos a todo nivel, en junio del 2013 se crea la Ley Orgánica de Comunicación, tal como lo dispone la Constitución17. Esta ley busca desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Carta Magna.

Esta normativa establece la representación de los Consejos de Igualdad en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), que es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera cuya atribución es establecer mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información, regulación del acceso universal, clasificación de contenidos y franjas horarias, creación de mecanismos para contar con programación variada, que sea orientadora y educadora; y la elaboración de estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre los contenidos.

17

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 19, pone de manifiesto la necesidad de regular los contenidos de los medios de comunicación en su programación y publicidad.