OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ANÁLISIS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS Armando Silva Cháirez Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre Rodolfo García Zamora
: Humberto Márquez Covarrubias. : Darcy Victor Tetreault. : Guadalupe Margarita González Hernández. : James Cypher, Raúl Delgado Wise, José Déniz Espinós, Rodolfo García Zamora, Guadalupe Margarita González Hernández, Víctor López Villafañe, Carlos Mallorquín, Humberto Márquez Covarrubias, Gerardo Otero, Roberto Soto Esquivel, Darcy Victor Tetreault, Henry Veltmeyer, Edgar Záyago. : Guadalupe Margarita González Hernández, Darcy Victor Tetreault, Humberto Márquez Covarrubias. : Pictographia Editorial. : Rodolfo Morán Quiroz. : Elizabeth Gómez. : Greenpeace/Prometeo Lucero.
Pesca artesanal en la costa de Jalisco. Conflictos en torno a la conservación biocultural Paulina Martínez González Antonio Corgos López–Prado
Aterrizando el debate sobre la minería en América latina Raúl Delgado Wise
Radiograf ía de la resistencia a la megaminería en México Darcy Tetreault
Mujeres y reproducción social: la otra crisis del agua Kyla Sankey Isabel Cárdenas
¿Alternativas para la gestión del agua y el desarrollo regional? Conflicto por la presa El Zapotillo Heliodoro Ochoa García
La no regulación ambiental: contaminación industrial del río Santiago en Jalisco Cindy McCulligh
Megaproyecto eólico frente a los vientos de resistencia en el Istmo de Tehuantepec Carlos Federico Lucio López
Movilización social y petróleo en el sur de Veracruz Angela Ixkic Bastian Duarte
Cambio climático y construcción de alternativas: hacia una agricultura sustentable para enfriar el planeta Jaime Morales Hernández
Observatorio del desarrollo. Investigación, reflexión y análisis, volumen , número 7, julio–septiembre 2013, es una publicación académica trimestral que pretende contribuir al estudio de los problemas y alternativas del desarrollo desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades mediante la colaboración de la comunidad de investigadores de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de otras instituciones nacionales e internacionales. La revista es editada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias. Reservas de derecho al uso exclusivo en trámite. en trámite. Licitud de título y contenido en trámite. Domicilio de la publicación: Av. Preparatoria s.n., Col. Hidráulica, Zacatecas, .. 98065. Este número se terminó de imprimir en julio de 2013 con un tiraje de 1000 ejemplares. Los artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad de sus respectivos autores y no comprometen la posición oficial de Observatorio del desarrollo. La revista está disponible en la página web: ‹www.estudiosdeldesarrollo. net›. Toda contribución debe enviarse a ‹observatorio@estudiosdeldesarrollo.net›.
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Editorial
2
E
ste número de Observatorio del Desarrollo versa sobre los conflictos socioambientales y las alternativas de los movimientos sociales en México. En años recientes hemos visto la multiplicación de estos conflictos y la concomitante conformación de movimientos de resistencia, cada vez más articulados por redes de organizaciones populares y civiles, no sólo en México sino en todas partes de América Latina. El caso de México es ilustrativo en tanto demuestra cómo —en una economía regido por los principios de libre mercado, privatización y desregulación— el desarrollo capitalista desenfrenado se traduce en altos niveles de desigualdad, pobreza, degradación ambiental, inseguridad e injusticia. México destaca en el contexto latinoamericano por ser uno de los países que con más ortodoxia ha aplicado los principios neoliberales, reflejando la medida en que el capital transnacional ha capturado el aparato estatal. De acuerdo con las exigencias de la facción de la clase empresarial mexicana cuyos intereses coinciden con la agenda privatizadora y de integración comercial, la economía fue reestructurada a partir de los años ochenta para atraer la inversión extranjera directa y dinamizar el capital nacional, siguiendo la receta neoliberal supuestamente orientada a mantener la estabilidad macroeconómica y maximizar el crecimiento económico. Desde entonces, las repetidas crisis económicas, el bajo nivel de crecimiento económico y el continuo deterioro del medioambiente ha desacreditado este modelo. En efecto, durante los últimos 30
años hemos visto el estancamiento del per cápita, y si se toma en cuenta el agotamiento y la degradación del «capital natural», se puede apreciar un fuerte decrecimiento económico, que desgraciadamente no incluye una reducción en el consumo de materiales y energía. En este escenario, el 80% de la población vive en pobreza o con carencias sociales, mientras que el territorio nacional sirve como la base principal del hombre más rico del mundo y de un puñado de otros individuos y familias obscenamente ricos. En el lenguaje neoliberal, se trata de «crear un ambiente competitivo» para atraer y retener la inversión privada. Esto se traduce en una baja carga tributaria para los grandes conglomerados empresariales, supresión de salarios, regulaciones ambientales laxes y acuerdos bilaterales y multilaterales para proteger los intereses del capital transnacional. De este modo, el marco institucional se orienta a facilitar la maximización de ganancias privadas, dándole prioridad a ese imperativo sobre los derechos humanos de la gran mayoría de la población; incluso con respecto al derecho a vivir en un medio ambiente sano. Si bien las políticas ambientales mexicanas han sido fortalecidas desde los años ochenta con el establecimiento de leyes y normas más específicas, y con la creación de agencias gubernamentales del medio ambiente en los tres niveles de gobierno, lo cierto es que este desarrollo institucional no ha sido acompañado con un compromiso presupuestal y político capaz de obligar al capital a «internalizar sus externalidades».
estos movimientos incluyen el eco–turismo, la pesca artesanal, la agroecología, la mayor vigilancia por parte de la sociedad civil organizada, la autonomía local y un manejo integral y participativo de los recursos naturales orientado prioritariamente al desarrollo local equitativo y armonioso con la madre tierra. En las páginas siguientes, el lector encontrará reseñas de algunos de los conflictos socioambientales que actualmente se desenvuelvan en el territorio mexicano, así como de las alternativas asociadas con ellos. Se espera que los diversos ángulos de análisis contribuyan al debate, reflexión y acción colectiva. D T
EDITORIAL
Donde hay oportunidades de ganar mucho dinero, las grandes empresas y sus cómplices en el gobierno encuentran la manera de esquivar las débiles leyes ambientales del país. Esto se ilustra por los diversos estudios de caso abordados en este número de Observatorio del Desarrollo. En este escenario los movimientos de resistencia nos dan esperanza de que otro mundo es posible. Aunque las victorias hayan sido contadas y parciales, apuntan a la posibilidad de poner fin a la contaminación industrial desregulada y el despojo de bienes comunes. Algunas de las alternativas que promueven
3
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Radiografía de la resistencia a la megaminería en México Darcy Tetreault
4
Los proyectos de megaminería se han multiplicado desde finales del siglo pasado, con impactos devastadoras para las comunidades rurales ubicadas cerca de los sitios de explotación. Al menos existen 29 conflictos eco–territoriales de alto perfil en torno a la megaminería en México. En este texto se presenta un primer análisis de estos conflictos después de contextualizarlos en una breve discusión del «nuevo extractivismo».
E
l boom minero de la primera década del siglo ha sido acompañado de una creciente conflictividad socioambiental derivada de los proyectos mineros implementados en todas partes del mundo. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina () ha registrado 192 casos en la región.1 No sólo se ubican en los países apegados al modelo neoliberal (México y Colombia), sino también en los Estados «posneoliberales», que pueden
ser divididos en dos grupos: los que aplican una especie de «neoliberalismo pragmático» con mayor regulación sobre un modelo de extractivismo progresista (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) y los que se inclinan hacia el llamado socialismo del siglo (Bolivia, Ecuador y, especialmente, Venezuela).2 Si bien existen importantes diferencias políticas e ideológicas entre estos regímenes, lo cierto es que todos han apostado por aprovechar la coyuntura actual, caracterizada por
Darcy Tetreault es docente–investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Correo: ‹darcytetreault@yahoo.com›.
Informe de Brundtland hace un cuarto de siglo.6 Los movimientos más radicales de la resistencia a la megaminería ponen en entredicho esta suposición y presentan otros esquemas de valorización que subrayan la importancia de consideraciones medioambientales, sociales y culturales.7 Desde esta perspectiva, «la vida» (es decir, agua, naturaleza, paisajes culturales, sitios sagrados, salud humana y medios de vida dignos y armoniosos con la madre tierra) «vale más que el oro» (metal precioso que simboliza el valor de cambio). Por otra parte, no todas las facciones de los movimientos de resistencia rechazan rotundamente la megaminería. Algunos buscan una parte más grande del pastel y exigen que las empresas mineras «internalicen» sus «externalidades» ambientales y sociales. Esta expresión reformista subraya la mala distribución de los costos y beneficios de la megaminería; mientras que los primeros se concentran en los pueblos rurales cuyos territorios contienen minerales valiosos, los segundos quedan en manos de los principales accionistas de las empresas, incluyendo no sólo a los multimillonarios extranjeros (por ejemplo, Rob McEwen, principal accionista de Gold Corp) sino también a los tres hombres más ricos de México (Carlos Slim, el hombre más rico del mundo y dueño de Minera Frisco; Alberto Bailleres de Industrias Peñoles y Germán Larrea de Grupo México). Cabe señalar también que la postura reformista suele asumirse en ámbitos locales donde los activistas socioambientales no ven la oportunidad política de cerrar la mina de una empresa poderosa, respaldada por el gobierno. En estas situaciones pueden optar por luchar por mayor resarcimiento económico y por mitigar las consecuencias ambientales y sociales más nocivas. Tal es el caso de la Sierra de Manantlán, donde los activistas nahuas y sus asesores —después de ganar control del comisariado ejidal de Ayotitlán a finales de 2008— entraron en negociaciones con representantes del Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, propiedad de dos grandes empresas multinacionales, Ternium y Mittal Steel. En 2010, llegaron al acuerdo de que el consorcio pagaría al ejido siete millones de pesos anuales durante los siguientes 10 años, a cambio de seguir aguantando la explotación de una gigantesca mina de hierro a cielo abierto.8 Estos pagos se destinan a programas de desarrollo social y representan un aumento por un factor de 20 con respecto a los pagos anuales recibidos por el ejido entre 1998 y 2010. Aun así, basado en los resultados financieros reportados por Ternium a principios
DEBATE
un repunte en la demanda de los metales y otros bienes primarios, para acelerar el ritmo de explotación de las industrias extractivistas. En vista de este denominador común, Maristella Svampa observa el pasaje en América Latina del «consenso de Washington» al «consenso de commodities».3 En los países posneoliberales la estrategia desarrollista del nuevo extractivismo4 busca incrementar la renta minera que le corresponde al Estado para financiar políticas sociales, incluso los programas de transferencia monetaria condicionada, de moda hoy en día para combatir la pobreza extrema. En México se ha utilizado la renta petrolera para hacer esto. En el sector minero, donde las reservas y las empresas estatales fueron privatizadas a principios de los años noventa, las compañías mineras sólo pagan un precio simbólico por las concesiones (entre 5 y 114 pesos por hectárea); no tienen que pagar regalías, y debido a los mecanismos en el código fiscal que ayudan a minimizar la carga tributaria de las grandes empresas, sólo han pagado impuestos equivalentes al 1.2% de sus ingresos durante un periodo de rentabilidad extraordinaria.5 Ahora, al mismo tiempo que el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara los planes para privatizar el sector petrolero, pretende tomar un paso tímido hacia el nuevo extractivismo en el sector minero, con la propuesta de cobrar a las empresas mineras el 5% de sus ingresos acumulables netos, para posteriormente invertirlo en programas de desarrollo social y saneamiento ambiental en los municipios y estados donde se realizan las actividades mineras. Si bien esta propuesta reconoce que las reformas neoliberales del sector minero mexicano se tradujeron en un obsequio del patrimonio nacional al gran capital minero, sin beneficios apreciables ni para las finanzas públicas ni para las comunidades afectadas, escamotea los cuestionamientos más profundos de las luchas de resistencia con respecto al concepto de desarrollo sustentable y la deseabilidad de apostar por el extractivismo. De hecho, en vista del limitado alcance de esta propuesta reformista, parece que su principal función es servir como un dispositivo político para consolidar el modelo extractivo minero y darle mayor legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. Sea como fuere, el nuevo extractivismo descansa sobre la suposición de que el «capital natural» puede intercambiarse por el «capital humano» de manera ilimitada, de acuerdo con el modelo dominante de desarrollo sustentable, mismo que fue esbozado en el
5
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
6
de 2013, se calcula que los pagos actuales sólo representan 1.91% de las ganancias netas de la mina.9
C M En la base de datos de se han registrado 27 conflictos mineros en México. Sin embargo, no todos exhiben un giro «eco–territorial» o han provocado un movimiento de resistencia organizada, que son las características que nos interesan aquí. Por ejemplo, se incluye el conflicto entre los trabajadores sindicalizados de Cananea y el Grupo México, que dio lugar a una huelga de tres años, hasta que fue reprimida en junio de 2010 por la policía federal, y se incluye el caso de Pasta de Concho, otra mina del Grupo México, donde murieron 65 mineros en una explosión subterránea en febrero de 2006, poniendo en evidencia la negligencia no sólo de la empresa minera dirigida por Germán Larrea sino también de los órganos gubernamentales encargados de asegurar altos estándares de seguridad laboral. Los familiares de los trabajadores fallecidos siguen demandando que se rescaten los cadáveres sepultados por el derrumbe. Además, en la base de datos de se incluyen dos casos de contaminación que pueden ser considerados conflictos «latentes» en tanto todavía no han provocado formas organizadas de protesta y demanda: el derrame de la Minera María (del Grupo Frisco) en el estado de Sonora y la contaminación continua que sale de los jales de la empresa canadiense Great Panther en el estado de Guanajuato. También se incluye un conflicto que no se deriva directamente de la megaminería, sino en torno a los planes de la compañía Antimony para instalar una planta de antimonio en el municipio de Tolimán del estado de Querétaro. Por último, en la lista de aparece dos veces el conflicto en torno a los planes de la empresa canadiense First Majestic Silver para minar plata en Wirikuta, territorio sagrado de los wixaritari (huicholes). Al usar esta base de datos como punto de partida, eliminando los casos mencionados y abonándolo con otros conflictos detectados a través de una revisión sistemática, pero no exhaustiva de fuentes periodísticas, sitios de internet y textos académicos, se han identificado 29 conflictos socioambientales de alto perfil alrededor de la megaminería en México (véase el cuadro 1). Una primera observación al respecto es que 25 de estos
casos tratan de proyectos impulsados por empresas extranjeras, 18 por empresas canadienses. Tomando en cuenta que la inversión extranjera representó menos de 20% entre 2005 y 2011,10 surge la siguiente pregunta: ¿por qué la gran mayoría de los conflictos socioambientales está asociado con proyectos extranjeros? En primer lugar, se debe a que son las empresas extranjeras —canadienses en su mayoría— que están en la delantera de la exploración. No sólo repasan las zonas mineras conocidas para explotar los yacimientos de baja ley dejados atrás desde épocas tecnológicas anteriores, sino también impulsan la expansión de la frontera minera hacia las «regiones de refugio», donde chocan con las comunidades indígenas que generalmente no están dispuestas a permitir el desarrollo de minas tóxicas a cielo abierto en su territorio. Al mismo tiempo, los sentimientos de indignación ante el imperialismo ayudan a galvanizar los movimientos de resistencia. Otra observación con respecto al cuadro 1 es que los proyectos mineros que han suscitado conflictos socioambientales tienden a localizarse en municipios con altas tasas de pobreza. En 24 de los casos se tratan de municipios con una incidencia de pobreza mayor de 50% de la población y en 14 la incidencia de pobreza es mayor de 70%, según las cifras oficiales. Desde luego, ésta es sólo una primera aproximación, entre otras razones porque los sitios de explotación frecuentemente están en las partes marginadas de los mismos municipios, cerca de localidades con más pobreza. Además, es importante notar que no todos los afectados son pobladores locales. Por ejemplo, los wixaritari son afectados por los planes de First Majestic Silver en Wirikuta, aunque no viven allí, puesto que el territorio afectado forma parte de su ruta de peregrinación anual. Como puede observarse en el cuadro 1, 16 de los conflictos de alto perfil afectan grupos indígenas, o sea más de la mitad. No cabe duda que los pueblos indígenas han sido afectados de manera desproporcionada por la megaminería y que han jugado un papel de liderazgo en la resistencia. Sin embargo, no se debe caer en la trampa de pensar que la característica indígena siempre se traduce en la defensa de la madre tierra. En el estado de Morelos, por ejemplo, donde Esperanza Resource, de capital canadiense, pretende establecer una mina de oro y plata a cielo abierto a menos de un kilometro del sitio arqueológico Xochicalco y 16 kilómetros de Cuernavaca, la mayoría de los comuneros nahuas de Tetlama insisten en respaldar el proyecto y
local sabe poco o nada de los planes para desarrollar proyectos de megaminería. Aun así, tomando en cuenta que durante la primera década del siglo la Secretaría de Economía otorgó 26,559 concesiones mineras,12 cubriendo una área equivalente al 28.6% del territorio del país, el número reducido de conflictos de alto perfil sugiere que en la gran mayoría de los casos las empresas mineras han logrado penetrar en las comunidades sin tener que enfrentar la resistencia organizada. Donde ha habido resistencia, ésta ha ganado fuerza en años recientes conforme los activistas lo-
DEBATE
en rentar las tierras ejidales a cambio de pagos, dádivas y promesas de empleo.11 En este caso, son organizaciones ambientalistas de la ciudad de Cuernavaca y otras comunidades cercanas quienes encabezan el movimiento de resistencia. Finalmente, con respecto al cuadro 1, llama la atención el número relativamente reducido de casos: 29 en total. Seguramente existen muchos otros conflictos que, por una razón u otra, no han sido documentados o que no fueron detectados en esta investigación. Asimismo, existen conflictos latentes cuando la población
7
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
8
Proyectos mineros en México que han provocado conflictos socioambientales de alto perfil.
Nombre de proyecto
Compañía (y subsidiario)
Caballo Blanco Chicomuselo Cinco de Mayo Concordia Dolores El Arco El Doctor El Limón La Colomera La Lupe La Platosa Las Encinas Los Filos–Nukay Mina Esperanza Mina Tayahua Minera Espejeras Motozintla Mulatos Natividad Palmarejo / Trogan Peña Colorada Peñasquito Real de Catorce San Antonio San José San Xavier Tehuantepec Tequesquitlán Tuligtic
Goldcorp Blackfire Silver (El Cascabel) Vista Gold Minefinders (Minera Dolores) Grupo México Linear Gold (Plata Real) Torex Gold (Media Luna) Ternium Minerals Excellon Resources Ternium Goldcorp Esperanza Resource Minera Frisco–Tayahua Frisco Linear Gold Corp Alamos Gold (Mina de Oro Nacional) Sundance Coeur d‘Alene Mines Consorcio Benito Juárez Peña Colorada Goldcorp First Majestic Silver Argonaut Gold (La Pitalla) Fortuna Silver y Continuum Resources (Minera Cuzcatlán) New Gold GanBo Almaden Minerals Ltd (Minera Gavilán)
% de población municipal en pobreza 54.1% / 67.2% 89.80% 58.60% 24.7% / 28.5% 58.50% 36.10% 94.00% 69.70% 65.30% 79.30% 50.80% 78.80% 71.90% 56.80% 72.70% 78.20% 81.30%
Grupos indígenas afectados No No No No No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí
País de origen de Estado compañía
Municipio
Canadá Canadá Canadá Estados Unidos Canadá México Canadá Canadá Argentina / Italia China Canadá Argentina / Italia Canadá Canadá México México Canadá
Veracruz Chiapas Chihuahua Baja California Sur Chihuahua Baja California Oaxaca Guerrero Michoacán Puebla Durango Michoacán Guerrero Morelos Zacatecas Puebla Chiapas
Actopan / Alto Lucero Chicomuselo Buenaventura La Paz / Los Cabos Madera Ensenada Magdalena Teitipac Cocula Coahuayana Zautla Tlahualilo Aquila Eduardo Neri Temixco Mazapil Tetela de Ocampo Motozintla
Canadá
Sonora
Sahuaripa
54.70% No
Canadá Estados Unidos
Oaxaca Chihuahua
Capulálpam Chínipas
39.60% Sí 87.20% No
Argentina / India Colima / Jalisco
Minatitlán / Cuautitlán
50.1% / 85.7% Sí
Canadá Canadá Canadá
Zacatecas Mazapil San Luis Potosí Catorce Baja California Sur La Paz
72.70% No 64.30% Sí 24.70% Sí
Canadá
Oaxaca
San José del Progreso
89.90% Sí
Canadá México China
San Luis Potosí Oaxaca Jalisco
Cerro de San Pedro Santa María Zaniza Cuautitlán
32.50% No 95.20% Sí 85.70% No
Canadá
Puebla
Ixtacamaxtitlán
81.30% Sí
Fuente: elaboración propia, basada en una revisión sistemática de sitios de internet, fuentes hemerográficas y textos académicos. Los datos sobre el porcentaje de la población municipal en pobreza vienen del sitio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ‹http://www.coneval.gob.mx›, Anexo estadístico de la Medición Municipal 2010.
zas, coordinen estrategias y articulen demandas colectivas. Las demandas de la , por ejemplo, incluyen una moratoria sobre la minería a cielo abierto y una serie de reformas constitucionales y legales para poner fin a las prácticas rapaces que privatizan las ganancias y socializan los costos.13 Las luchas de resistencia en México se articulan también con las de otros países latinoamericanos, entre otras maneras, a través del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (4). El 4 nació a principios de 2012 y agrupa a más de 60 organizaciones de Panamá, Costa Rica, México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Al igual que las organizaciones coordinadoras en el ámbito nacional, el 4 organiza encuentros para reunir a los representantes de los múltiples movimientos de resistencia. A diferencia de las expresiones políticas que buscan la manera de mitigar los efectos nocivos de la megaminería y extraer más beneficios para la población local, el 4 expresa un rechazo contundente: «¡De Panamá a Canadá, la minería no va!»
Referencias 1 ‹http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/›. 2 Henry Veltmeyer (en prensa), «Extractive Capitalism: A New Model for Latin America or a new Ideology?», en H. Veltmeyer y J. Petras (editores), The New Extractivism. A Development Model for Latin America?, Londres, Zed Books. Para este autor, Perú es un país difícil de categorizar, ya que exhibe tantas características neoliberales como posneoliberales pragmáticas. 3 Maristella Svampa (2012), «Consenso de los commodities y megaminería», en América Latina en movimiento. Extractivismo: contradicciones y conflictividad, Quito, Agencia Latinoamericana de Información (), pp. 5–8. 4 Eduardo Gudynas (2010), «El nuevo extractivismo del siglo . Diez tesis sobre el extractivismo bajo el progresismo sudamericano actual», Revista Memoria, mayo/junio, números 242 y 243, pp. 12–17 y 24–30 5 Auditoría Superior de la Federación (2012), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10–0–10100–02– 0809, ‹http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/2010i/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_0809_a.pdf›. 6 Darcy Tetreault (2008), «Escuelas de pensamiento ecológico en las ciencias sociales», Estudios Sociales, vol. , número 32, pp. 227–263. 7 Héctor Alimonda (coordinador) (2011), La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina, Buenos Aires, .
8 Darcy Tetreault y Jaime Hernández (2011), «Hierro y Sangre en la Sierra de Manantlán», ponencia presentada en el 16º Encuentro Nacional Sobre Desarrollo Regional en México, , Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Veracruz, del 18 al 21 de octubre de 2011. 9 Ternium reporta una ganancia neta de 14.1 millones de dólares en 2012 por su participación de 50% en el Consorcio Peña Colorada (http://finance.yahoo.com/news/ternium– announces–fourth–quarter–full–113000188.html). 10 Cálculo propio basado en datos encontrados en la página 6 de Secretaría de Economía (2012), Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, Ampliada 2011, Edición 2012, México, Coordinación General de Minería. 11 Enciso, Angélica (2013), «Minera canadiense en busca de oro y plata pone en riesgo la zona de Xochicalco», La Jornada, martes 6 de agosto, p. 2. Disponible en el internet: ‹http:// www.jornada.unam.mx/2013/08/06/politica/002n1pol›. 12 Francisco López–Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia (2013), El mineral o la vida. La legislación minera en México, México, Itaca, p. 39. 13 (Red Mexicana de Afectados por la Minería) (2009), Agenda Legislativa ante el modelo y la política de la minería devastadora e inconstitucional, ‹http://rema.codigosur.net/ leer.php/8487628›.
DEBATE
cales construyen alianzas estratégicas con elementos progresistas de la sociedad civil. A nivel regional, hay dos esfuerzos organizativos que se destacan, ambos en zonas indígenas: la Sierra Norte de Puebla, donde llevan la batuta organizaciones como la Unión Indígena Totonaco Náhuatl, Tetetla Hacia el Futuro y el Consejo Tiyat Tlali, y la Costa Chica de Guerrero, donde apoya el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria constituye un gran obstáculo para el capital minero. En 2008, se crearon dos redes nacionales, la Red Mexicana de Afectados por la Minería () y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (). La última reúne no sólo a víctimas de la destrucción por minería, sino a una variedad de grupos afectados por diversas formas de degradación ambiental y desposesión de los recursos naturales. Estas redes proveen un espacio para que los participantes intercambien información, compartan experiencias, fortalezcan alian-
9
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Mujeres y reproducción social: la otra crisis del agua Kyla Sankey Isabel Cárdenas
10
La reproducción social y la feminización de la exclusión social proporcionan una óptica para entender los impactos diversos de la mercantilización del agua en varios aspectos de la vida diaria. En torno a estos impactos, se han generado movimientos en defensa del agua liderados por las mujeres. Estos movimientos sociales incorporan nuevas prácticas de acción colectiva y resistencia basadas en la politización de la esfera de reproducción social.
I
E
n las últimas dos décadas la cuestión del agua ha ocupado una posición prioritaria en las agendas de varias agencias en el mundo. En 1995, el entonces vice–presidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, observaba que «si muchas de las guerras del siglo fueron por el petróleo, las del siglo serán por el agua».1 El 22 de marzo de 2012 —día mundial del agua— se emitió un informe del Consejo Nacional de Inteligencia Nacional de Estados Unidos que previó un aumento de tensiones regionales e inestabilidad, además de riesgos para los mercados globales de productos agrícolas, debido a inundaciones o escasez, baja calidad y manejo ineficiente del agua.
Para estos organismos, la problemática del agua surge de un planteamiento maltusiano: el agua es un recurso escaso, aún más en el contexto del aumento rápido de la población mundial. ¿La solución?: una salida tecnológica (technological fix) para lograr una gestión más eficiente de este vital recurso.2 De acuerdo con el Consejo de Inteligencia, la respuesta es clara: un uso más «eficiente» en la agricultura, con más inversión y consejos en el sector del agua de Estados Unidos para los países en vías de desarrollo. El argumento sobre la necesidad de una gestión más eficiente, fundamento medular de la ideología neoliberal, ha justificado la serie de privatizaciones de gran parte de empresas paraestatales en América Latina durante las últimas décadas. Se trata de un «ambientalismo del merca-
Kyla Sankey es estudiante del Doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Correo: ‹sankey.kyla@gmail.com›. Isabel Cárdenas es doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Correo: ‹mocamoca@prodigy.net.mx›.
A Para Marx, el proceso de acumulación primitiva significó un cambio fundamental en la capacidad de los campesinos para proveer sus medios de subsistencia. Uno de los elementos clave en el surgimiento del capitalismo ha sido la introducción de un sistema donde capital y trabajo dependen del mercado para las actividades más básicas de reproducción social, ya que las relaciones sociales se reconfiguran en función del imperativo del mercado. En los últimos años, la noción de acumulación primitiva ha recibido un interés renovado con el argumento central de que los mecanismos, a menudo fraudulentos y conflictivos de la acumulación originaria, no representan una etapa previa al surgimiento del capitalismo mismo, sino una condición necesaria para su continuada acumulación. El más influyente proponente de esta idea es David Harvey,8 quien sostiene que la mercantilización, comercialización y desregulación de la naturaleza constituyen las principales estrategias de la acumulación por despojo. Tras los procesos de mercantilización, desregulación y comercialización propios del modelo neoliberal, nuestras relaciones más básicas están siendo sometidas cada vez más a la lógica del mercado. No hay mejor ejemplo que la apertura del sector hidráulico hacia los imperativos de la competencia, la acumulación y la maximización de ganancias. La transferencia de los recursos públicos al sector privado, la apertura de mercados en el sector del agua y el retiro de la intervención del Estado en el aprovisionamiento público han ocurrido sin ofrecer espacios para la discusión pública ni la toma de decisiones democráticas. Los temas de redistribución y subsidios están siendo remplazados por las prioridades de eficiencia y por la política de precios.9 La mercantilización del agua implica una serie de reconfiguraciones de regímenes de propiedad implementadas por el Estado. Como ejemplos se incluyen la venta de la empresa Aguas de Tunari, en Cochabamba, a la transnacional estadounidense Bechtel para la distribución y comercialización del agua, con un consecuente aumento en los precios para los residentes hasta de 300%. En México, desde 1994, una serie de legislaciones han allanado el camino para el involucramiento del sector privado en varios aspectos del manejo del agua, en particular en los servicios municipales de distribución y cobro, en las plantas de tratamiento de aguas re-
DEBATE
do»,3 donde el mercado es la solución y no la causa del problema. Acorde con esa lógica, el agua se vuelve una mercancía más sujeta al imperativo de competencia y maximización de ganancias. Los proponentes de esta visión consideran que la mercantilización del agua garantiza un manejo rentable y eficiente, e ignoran la fuerte carga de inequidad. El 85% del agua del orbe está concentrado en las manos de tan sólo 12% de la población mundial. En consecuencia, más de mil millones de personas no tienen acceso al agua y 2.6 mil millones no cuentan con los servicios sanitarios básicos.4 Bajo esta concepción liberal, la naturaleza es considerada como un elemento externo, separado de la sociedad humana. En contraste, desde una perspectiva eco–marxista, la naturaleza no debe de entenderse como una externalidad, sino como un elemento producido a través de las relaciones sociales de producción y reproducción de una determinada sociedad.5 Si la llegada de la sociedad industrial provocó un cambio primordial en la relación entre el ser humano y la naturaleza, el modelo neoliberal de las últimas cuatro décadas ha trastocado profundamente dicha relación poniéndola en manos del capital.6 En otras palabras, la mercantilización y la financiarización del agua están generando una reconfiguración fundamental de los espacios y relaciones sociales, agudizando las desigualdades sociales ya existentes de clase, género y etnia, y generando nuevas polarizaciones. En este contexto, sostenemos que la cuestión del agua no es una simple problemática maltusiana de escasez frente al crecimiento de la población que requiere una mejor gestión, sino un conjunto de tensiones y conflictos que dimana de las contradicciones propias de la sociedad capitalista. Por ello, resulta necesario explorar los procesos y los grupos sociales más afectados por estas contradicciones, además de identificar los posibles agentes de transformación. En este trabajo, argumentamos que la noción de reproducción social, concepto central de la economía política feminista, proporciona una lente analítica clave para explorar los impactos sociales y económicos de los mecanismos cada vez más depredadores del capitalismo neoliberal. Esta perspectiva toma como punto de partida la relación entre el sistema capitalista y la vida cotidiana para cuestionar no sólo el modelo de acumulación y las relaciones de poder de nuestra sociedad actual, sino también para entender por qué y cómo se están generando nuevos tipos de movilización social con diferentes estrategias y demandas.7
11
Foto: Isabel Cárdenas
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
12
siduales y en la construcción de represas.10 Esto se ha visto impulsado por varias instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional () y el Banco Mundial (), a través de una serie de programas de ajuste estructural. Estos proyectos promueven una nueva gobernanza «transnacional» del agua.11 En 2000, 12 países fueron obligados a privatizar el suministro del agua bajo estos ajustes, y en 2002, se presentaron iniciativas para la construcción de una serie de represas hidroeléctricas. También, en los tratados internacionales como Alianza de Libre Comercio de las Américas o el Acuerdo Multilateral de Inversiones, se estipula que el agua es una mercancía para intercambiar en el mercado. Este proceso ha sido acompañado por la llegada de una red de corporaciones transnacionales que se involucran en el suministro, el aprovisionamiento, la cobranza y el reúso del agua y en la construcción y el usufructo de plantas hidroeléctricas.
R Para que un niño nazca, primero sale el agua de nuestro cuerpo. Bañar a los niños, limpiar los trastes, lavar las frutas y verduras, preparar refrescos, tomar agua, disponer la comida, llamar a la lluvia, pagar y agradecer a la tierra para que haya agua y producción. 12 Todo lo anterior son acciones y significados que las mujeres asocian con el agua. La privatización del agua ha expuesto la presión que se ejerce en las actividades cotidianas para mantener la vida, cuidar a los miembros del hogar y reproducir la siguiente generación. Por un lado, la privatización del agua significa un aumento en los costos de la reproducción social y expone esta necesidad básica al peligro de «las fallas» del mercado. Por otra parte, el retiro estatal del suministro de actividades de cuidado ha tenido la consecuencia de que las mujeres realicen dobles o triples jornadas para cubrir activida-
no sólo por la pérdida de sus fuentes de ingreso, de la tierra (su principal sustento), del agua, de la naturaleza proveedora de alimento y del espacio vital, sino también de su patrimonio cultural y parte de su identidad.15 Esto se vio claramente en México en el caso de Guadalupe Lara, una luchadora social que se opuso a la construcción de la presa de Arcediano en el estado de Jalisco y perdió todo lo que tenía a consecuencia de la construcción (hoy detenida) del embalse.16 Su propiedad fue expropiada y su área de trabajo (un local donde vendía comida y artesanías) fue destruida, perdiendo así su residencia y fuente de trabajo. Además, el forzado desalojo de la comunidad destruyó los lazos sociales entre los miembros de la comunidad, incluso entre hermanos y hermanas que ahora viven dispersos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En el caso de Guadalupe Lara, la desintegración de su comunidad eliminó su papel como organizadora de eventos religiosos del pueblo, afectando así su identidad y sentido de vida. En la actualidad, ella radica en una colonia en construcción a las orillas de la ciudad de Guadalajara y por su edad avanzada no puede conseguir un trabajo bien remunerado.17 En Bolivia, tras la privatización del agua en Cochabamba, la cuarta parte de la población (unas 200 mil personas) no tuvo acceso al agua. El impacto de estos mecanismos, como señala Beltrán,18«está asentado en las estructuras de discriminación de género y pobreza tanto desde los propios servicios como desde las relaciones y jerarquías intrafamiliares». En el estudio sobre las mujeres del Valle de Cochabamba, el autor concluye: La privatización de los servicios de agua potable genera un alza de tarifas que afecta a toda la población y en particular a los más pobres, lo cual repercute en las mujeres usuarias que son el sector que tiene a su cargo la gestión cotidiana del agua en sus familias. Para mitigar dicho impacto en la canasta familiar, las mujeres madres y niñas encargadas del hogar recurren a la estrategia de consumir menos agua o ahorrar en el consumo de cierto tipo de alimentos, en el transporte, impactando negativamente en la salud y la calidad de vida en general de su familia.19
No obstante, si los impactos de la acumulación primitiva del agua afectan mayormente a las mujeres y a la esfera de reproducción social, también son las mujeres quienes están impulsando nuevos tipos de acción colectiva para enfrentarse a estos procesos.
DEBATE
des de producción y reproducción. Así, las tareas del hogar están siendo mercantilizadas a través del contrato de servicios para la reproducción. De tal suerte que el tiempo que se dedica a conseguir agua es tiempo que podría invertirse en aumentar los ingresos familiares, en educación o en recreación. También son las mujeres quienes cuidan a los que sufren enfermedades causadas por la falta de agua o por agua contaminada. Con todo, la privatización del agua conlleva a una penetración de las relaciones sociales por el capital y a «la (re)producción de jerarquías de clase, género y etnia».13 En México, las mujeres han tenido una mayor carga para lidiar con las consecuencias de las políticas neoliberales que han provocado un aumento en el trabajo no remunerado y la penetración de las relaciones mercantiles en la esfera de reproducción social. Desde 1996, los datos oficiales muestran una sobrerrepresentación de las mujeres en las tareas de reproducción social, evidenciando la persistente desigualdad en la división sexual del trabajo. Básicamente, las faenas domésticas y el cuidado de niños(as), enfermos(as) y ancianos(as) recaen en las mujeres. A pesar de que el valor monetario del trabajo doméstico equivale a 14% del producto interno bruto () en México, el trabajo de reproducción sigue siendo, en su mayoría, una actividad impaga que además limita el acceso al ingreso. Como dice Rendón, «la reproducción material de la sociedad mexicana todavía descansa en una vasta producción de bienes y servicios generados en los hogares para el consumo directo de sus miembros. Sobre todo en el medio rural, muchas familias todavía se abastecen directamente de agua y combustible, producen íntegramente los alimentos que consumen y elaboran parte de la ropa con que se visten».14 En el medio urbano, las mujeres responsables de las tareas domésticas son afectadas por los cortes frecuentes al suministro del agua. Otros impactos menos aparentes de la privatización tienen que ver con la destrucción de las formaciones colectivas. Frecuentemente, el agua forma una parte integral de las prácticas culturales a nivel local. Con la privatización del agua, estas dimensiones colectivas son remplazadas por sociedades de individuos que interactúan bajo la lógica de la acumulación. Esto se evidencia desde los cambios en los usos y costumbres hasta la gestión, la memoria y la resolución de conflictos. Los desplazamientos por la construcción de presas tienen como consecuencia un deterioro de las condiciones de reproducción social de las personas afectadas,
13
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
14
M El movimiento de oposición a la mercantilización del agua sostiene que la lógica de maximización de ganancias privadas es incompatible con el derecho básico al agua dulce. La campaña se ha enfocada en un debate de varias décadas sobre el derecho al agua como un derecho humano, y logró ganarse el apoyo de las organizaciones para el desarrollo más importantes, como el Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo () y la Organización Mundial de la Salud (). En 2010, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una resolución donde declaró el derecho humano al agua. Este logro, sin embargo, enfrenta varias barreras de implementación y no necesariamente ofrece una solución clara a los conflictos locales por el agua. Además, el derecho al agua como derecho humano no excluye la privatización del agua, ni insiste en un aprovisionamiento de carácter público. La dimensión de la reproducción social y la feminización de la exclusión social proporciona una óptica para entender los impactos diversos de la mercantilización del agua en los varios aspectos de la vida diaria, la generación de conflictos y también una serie de nuevas prácticas de acción colectiva y resistencia basadas en la politización de la esfera de reproducción social. Se observan tres factores que intensifican la participación femenina. En primer lugar, las mujeres sienten la necesidad de defender el espacio privado–familiar que les ha sido tradicionalmente asignado y que se halla amenazado por las políticas neoliberales. En un segundo plano, la alta migración masculina hacia otros países o zonas urbanas las ha obligado, muchas veces, a responsabilizarse del funcionamiento de la comunidad. Finalmente, el notable aumento de organizaciones no gubernamentales () tras el retiro del Estado como garante del aprovisionamiento de seguridad social ha significado mayor participación femenina de intelectuales, profesionistas e investigadoras. Esto ha abierto nuevos canales de comunicación entre los organismos internacionales para las mujeres y las comunidades, visibilizando la condición real de las mujeres en las distintas regiones del mundo desde una perspectiva de género. En América Latina, nuevas dinámicas de participación femenina se observan en las cocinas comunitarias que suministran alimentos a grupos empobrecidos a consecuencia de los programas de ajuste estructural.
Referente al Valle de Cochabamba, Beltrán observó una unificación de mujeres de varios sectores para cocinar.20 La participación colectiva en estos esfuerzos politiza la esfera de reproducción social desarrollando nuevas habilidades y creando vínculos sociales, así como una conciencia sobre objetivos comunes entre los miembros de la comunidad. Estas organizaciones colectivas combinan estrategias para combatir los procesos de mercantilización de la vida diaria con formas de movilización participativa que buscan fortalecer el sentido de la comunidad, manejar el suministro del agua y modificar las relaciones de género. Los estudios de Beltrán y de Casillas y Espinoza destacan el papel de las mujeres en las estrategias de resistencia de las comunidades.21 Son las mujeres quienes toman el liderazgo al efectuar bloqueos, confrontar la represión de la policía, cuidar a las víctimas de la represión de las autoridades, alimentar a los grupos y personas aliadas en los encuentros, prohibir el consumo de alcohol por los compañeros masculinos e impedir los actos violentos en las manifestaciones. En el estudio de Cárdenas,22 se describe la participación de María de Jesús García (conocida como Mary Chuy), una mujer de 66 años, y su hija Margarita Juárez García, como participantes de la resistencia para evitar la construcción de la presa de El Zapotillo, en Jalisco, México. Se ilustra la manera en la que combinan sus quehaceres domésticos con las acciones de lucha para proteger su comunidad de origen. Estas mujeres, al igual que muchas otras involucradas en los movimientos de lucha, han tenido que combinar sus actividades como amas de casa, cuidadoras de sus hijos(as) y nietos(as) y de personas enfermas de la comunidad, con sus actividades como luchadoras sociales, lo cual incluye asistir a foros, mítines y plantones en Jalisco y otros estados de la República Mexicana; organizar demostraciones, pronunciar discursos y hablar en programas de radio. Como ellas mismas dicen, a veces tienen que ir a estos eventos «con las manos llenas de masa para tortilla». La participación en los movimientos también ha desarrollado una conciencia de la necesidad de inculcar a las nuevas generaciones la capacidad de lucha y resistencia para preservar el territorio, las comunidades, y sobre todo, los estilos de vida. Además, su rechazo ante los abusos de los gobernantes y las fuerzas de seguridad (espacios generalmente masculinos) promueve el cuestionamiento sobre las desigualdades de poder entre hombres y mujeres.
C La óptica de la reproducción social proporciona una lente analítica para entender varias dimensiones que afectan a las mujeres, no sólo por los impactos de las políticas neoliberales, sino también por la generación de conflictos socioambientales y las dinámicas de los nuevos movimientos contra la acumulación por despo-
jo. El aumento de la mercantilización de los aspectos más básicos de la vida diaria ha conllevado a nuevas formas y mecanismos de explotación de la mujer. Al mismo tiempo, se observan demostraciones de la agencia de cambio y organización colectiva de las mujeres. Su participación en las acciones de resistencia a estos procesos de despojo y explotación representa las semillas para construir alternativas al sistema actual, basadas en la participación comunitaria, la toma de conciencia, la educación de las siguientes generaciones, el equilibrio de los papeles de género y la revaloración de los recursos locales para el empoderamiento comunitario. En particular, estas nuevas estrategias de movilización comunitaria permiten entrever un modelo alternativo de gestión pública basado en comunidades movilizadas y conscientes para proteger los espacios de reproducción social.
Referencias 1 Mónica Bruckmann (2012), «La centralidad del agua en la disputa global por recursos estratégicos», América Latina en Movimiento, número 473, pp. 9–13. Disponible en el siguiente sitio: ‹http://alainet.org/active/53385›. 2 David Harvey (2003), The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press. 3 Karen Bakker (2007), «The “Commons” Versus the “Commodity”: Alter–globalization, Anti–privatization and the Human Right to Water in the Global South», Antipode 39, número 3, pp. 430–455. 4 United Nations Development Programme (2006), Human development report 2006: beyond scarcity : power, poverty and the global water crisis, New York, Palgrave Macmillan. 5 Neil Smith (2009), «Nature as Accumulation Strategy», Socialist Register, volumen 43, número 43 (march 19, 2009). ‹http:// socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5856›. 6 Smith (2009), op. cit. 7 Isabel Cárdenas (2013), «El empoderamiento de luchadoras socioambientales, un camino para mejorar el uso y la distribución de los recursos naturales», Segundo Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Zacatecas. 8 Harvey (2003), op. cit. 9 Bruckmann (2012), op. cit. 10 Angélica Enciso (2011), «Se extiende la privatización del agua en todo el país: Campero», La Jornada, 11 de abril. 11 Bakker (2007), op. cit. 12 Elizabeth Beltrán (2004), «Mujeres del Valle de Cochabama: agua, privatización y conflicto», Global Issue Papers, núme-
ro 4, ‹http://www.boell.de/downloads/internationalepolitik/ gip4_span.pdf›. 13 Adrienne Roberts (2007), «Privatizing Social Reproduction: The Primitive Accumulation of Water in an Era of Neoliberalism», Antipode, volumen 40, número 4, p. 549. 14 Teresa Rendón (2002), «La división por sexo del trabajo en el México contemporáneo», en Brigida García (coordinadora), Población y sociedad al inicio del siglo , México, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, p. 368. 15 Miguel Ángel Casillas y Guadalupe Espinoza (coordinadores) (2010), Los ojos del mundo están puestos en Temaca. La resistencia en los Altos de Jalisco en contra de la Presa el Zapotillo, Guanajuato, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Colectivo , . 16 Darcy Tetreault y Cindy McCulligh (2012), «Panorama de conflictos socioambientales en Jalisco», en Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa y Eduardo Hernández (2012), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, Tlaquepaque, . 17 Isabel Cárdenas (2012), Empoderamiento en mujeres: programas de gobierno y movimientos sociales como contextos de participación, tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. 18 Beltrán (2004), op. cit., p. 40. 19 Beltrán (2004), op. cit., p. 40. 20 Beltrán (2004), op. cit. 21 Beltrán (2004), op. cit.; Casillas y Espinoza (2010), op. cit. 22 Cárdenas (2012), op. cit.
DEBATE
El resultado, sin embargo, implica un alto costo para estas mujeres que han tenido que sacrificar la vida personal, el desarrollo profesional y el tiempo de descanso, enfocándose básicamente en la lucha y en las tareas de producción para sobrevivir y de reproducción para heredar a las siguientes generaciones una mejor situación de vida.
15
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
¿Alternativas para la gestión del agua y el desarrollo regional? Conflicto por la presa El Zapotillo* Heliodoro Ochoa García
16
La presa El Zapotillo se vende en el discurso oficial como un proyecto de desarrollo para abastecer de agua a las ciudades de León y Guadalajara. Sin embargo, el costo social de este proyecto es asumido de manera injusta por la región de los Altos de Jalisco, comprometiendo con ello su propio desarrollo. En este artículo se analiza el conflicto en torno a esta empresa desde una perspectiva regional, tomando en cuenta las alternativas sociales.
E
L
a presa, o mejor dicho, el sistema El Zapotillo nace de dos proyectos fallidos y uno incompleto que llevaron a su imposición por el gobierno: la presa San Nicolás, la presa Arcediano y el sistema El Salto–La Zurda–Calderón. Es apreciada como la pieza hidráulica central que permitiría aprovechar los caudales de la cuenca del río Verde para materializar los proyectos hidráulicos más grandes destinados al abastecimiento público urbano en el occidente de México. Las justificaciones de los promoventes son
garantizar el abastecimiento de agua en las ciudades de Guadalajara y León, proteger el lago de Chapala y detener el abatimiento de acuíferos aledaños a estas dos urbes. Sin embargo, el manejo de información es impreciso y se presta a confusiones. Por ejemplo, no existe proyecto para alimentar los acuíferos o para proteger áreas de recarga, los proyectos de abastecimiento y grupos a beneficiar dentro de las ciudades no se han dado a conocer a detalle y no se cuantifican los supuestos ahorros en el agua extraída del lago de Chapala. Lo peor del caso es que no se plantean proyectos para los Altos de Jalisco que permitan recuperar el equilibrio de aguas subterráneas o, bien, gestionar la escasez
Heliodoro Ochoa es estudiante del Doctorado en Ciencias, Geograf ía y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Berna, Suiza, y coordinador del Programa de Ecología Política del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (). Correo: hochoa@iteso.mx.
Foto: Heliodoro Ochoa
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
18
de aguas superficiales que día con día amenaza la vida y la producción en esta región semidesértica, la más vulnerable de Jalisco ante escenarios de cambio climático.1 Los estudios oficiales de disponibilidad de agua en esta región muestran la sobreexplotación y el ritmo acelerado de abatimiento en años recientes. A partir de los datos se concluye que el agua disponible es menor a la demanda, lo cual hace urgente la necesidad de ordenar los usos y los aprovechamientos que ya existen en la región antes de aumentar la presión sobre el recurso o de pensar en realizar un transvase.2 No obstante, los estudios justificativos del proyecto «El Zapotillo y el análisis de otras alternativas» se hicieron en favor de Guanajuato, mientras que los impactos en Los Altos de Jalisco aparecen como pasivos. Todavía en 2013, la región no tiene concesión de aguas, mucho menos proyectos o dinero asignado para ningún tipo de obras de aprovechamiento del sistema El Zapotillo. Queda en evidencia que la prioridad son las ciudades y el uso público urbano, dejando en riesgo el tejido productivo rural y las pequeñas poblaciones dispersas por toda la región de los Altos de Jalisco, que en años recurrentes con poca lluvia sufre severos estragos poniendo en dificultades la economía y vida cotidiana de más de 800 mil habitantes. Una ciudad como la Zona Metropolitana de Guadalajara () funciona con un modelo de gestión que genera conflictos socioambientales. Entre los más evidentes, están los directa e indirectamente relacionados con el agua. Los costos ambientales de la contaminación y el agotamiento de fuentes de agua se agregan a la irresponsabilidad, negligencia, ineficiencia y corrupción de organismos operadores —como el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua y Alcantarillado ()— y usuarios del recurso. El costo ambiental de estas fallas ya se traslada a los sistemas hidrológicos, poblaciones periurbanas y rurales hasta un radio de 90 km más allá de la ciudad capital.3 La metrópoli debería asumir la deuda ambiental hidrológica que tiene desde hace sesenta años con las comunidades de la ribera del río Santiago, el lago de Chapala y la periferia, de donde ha obtenido su agua desde entonces y a donde expulsa sus residuos, lastimando la salud ambiental del entorno y encareciendo el recurso indispensable para la vida. Este modelo de metabolismo urbano es calificado como depredador,4 injusto y causante de enfermedad y muerte en las poblaciones que asumen el costo ambiental, las cuales organizadas en movimientos sociales llevan más de 15 años alzando la voz para reclamar
justicia y defender el territorio donde habitan: El Salto–Juanacatlán, pueblos de la Barranca del río Santiago, comunidades del lago de Chapala, poblaciones de la periferia sur y oriente de la ciudad y, más recientemente, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. La no ha fijado sus límites de crecimiento y consumo. La compensación o responsabilidad por deuda y suma de daños ambientales tampoco tiene efecto ni castigo para instituciones, gobernantes, empresarios o ciudadanos que se corrompen, violan la ley y omiten recomendaciones internacionales. El saldo: aumento de conflictos y constitución de movimientos socioambientales que se expanden para defender el agua (entre otros bienes y recursos) y reclamar un medio ambiente sano. Los costos ambientales por degradación ambiental o agotamiento de recursos se reconocen a la alza,5 mientras se conforma un reclamo social cada vez más articulado de lo local a lo global, que exige alternativas, proyectos, políticas ambientales —y del agua— que sean más justas y equitativas.6 Los pueblos directamente afectados por la inundación que puede causar el embalse de la presa El Zapotillo conformaron en 2005 el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo. Desde entonces, son innumerables las acciones legales y de protesta, difusión y exigencias que han realizado en una gran variedad de espacios locales e internacionales donde convocan la participación de la sociedad, gobiernos, instituciones, académicos, jueces, organizaciones y movimientos sociales, fundaciones, medios de comunicación, para dar a conocer la lucha por el agua y la defensa de sus derechos. Uno de sus grandes logros es que «los ojos del mundo están puestos en Temaca», tal como lo expresa una de sus frases. El descontento social indica que la gestión del proyecto no ha sido adecuada en ninguna de sus etapas. Ahora que la cortina de la presa lleva un avance en construcción de 65%, los pueblos afectados, junto con un sector de la sociedad y la academia, insisten en la búsqueda de alternativas antes que el agua comience a inundar las poblaciones. A este reclamo se une la asociación civil alteña Conredes —con sede en San Juan de los Lagos—, que insiste en el rediseño del sistema El Zapotillo y en la cancelación del acueducto a León, bajo el argumento de que los estudios justificativos son de hace 20 años; ahora no hay agua de sobra para un transvase porque la población y la producción agropecuaria de la región creció sustancialmente desde entonces. Eso no está considerado ni evaluado en los estudios justificativos del proyecto
E La alternativa social puede ser entendida como un conjunto de «acciones y procesos impulsados por una pluralidad de colectivos ciudadanos, movimientos sociales o grupos étnicos que promueven posibles modos de vida y formas diversas de organización, diferentes a las impuestas por el sistema dominante».7 De acuerdo con Luengo, algunas alternativas sociales se distinguen por ser acciones comunitarias y aplicaciones tecnológicas para incrementar la calidad de vida. Se asocian con movimientos sociales autónomos encaminados a resolver problemas o a impulsar iniciativas que favorezcan a la colectividad, buscando la transformación de las instituciones públicas o comunitarias, en este caso para una gestión integral sustentable del agua.8 Sin embargo, el proyecto que proponen las instancias oficiales es en beneficio prioritario para Guadalajara y León, lo cual significa una amenaza y riesgo para los afectados directos e indirectos en la región de los Altos. Ante un escenario de conflictividad y demanda urbana de agua, la presa El Zapotillo es apreciada por las autoridades como una infraestructura estratégica para articular un sistema de presas interconectado que — conforme a decretos, acuerdos y convenios de distribución y usos— permita aprovechar las aguas reservadas de la cuenca del río Verde en beneficio de Jalisco (Guadalajara) y Guanajuato (León) para uso público urbano: 372,139 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales para aquél y 119,837 Mm3 anuales para éste. La región de Los Altos de Jalisco apenas consiguió quedarse con 12,600 Mm3 anuales como reserva para uso pecuario y también puede tomar 56,7648 Mm3 anuales para uso público urbano como parte de la reserva de Jalisco.9 Aprovechar las aguas del río Verde, dice el acuerdo firmado en 2005, pretende «colaborar con el rescate de la cuenca Lerma–Chapala». Entonces, ¿cuál es el beneficio para la región de los Altos si sus acuíferos se están agotando, las sequías son más prolongadas y las poblaciones no tienen agua y se pone en riesgo a las unidades de producción rural? Reducir la disponibilidad de agua en la región, imponer vedas, realizar el transvase y concesionar la distribución de agua a una empresa privada sin antes diseñar una política de ges-
tión integral sustentable del agua no parece una buena alternativa para los alteños. Las llamadas mesas de trabajo que los afectados por la presa han sostenido con autoridades del gobierno de Jalisco, en 2010 y 2013, apuntan a que las alternativas deben rehacer los convenios de distribución de agua entre los estados para que la totalidad de las aguas del río Verde sean para Jalisco y que la cortina de la presa sea a 60 metros para beneficiar a Guadalajara y a los Altos (no a Guanajuato), además de construir presas de menor tamaño sobre los afluentes del río Verde, especialmente en el cauce del río San Juan. Todo esto con el propósito fundamental de defender la soberanía del estado de Jalisco. Las poblaciones alteñas tienen derecho —por decreto— de aprovechar parte de los volúmenes a almacenar en las presas El Zapotillo y El Salto (hasta 1.8 m3/ seg), pero no se han dado a conocer estudios o proyectos al respecto, según lo establecido en la cláusula tercera del acuerdo firmado por la Conagua, Jalisco y Guanajuato en 2005. Asimismo, los municipios alteños que opten por esta fuente de abastecimiento deben asumir el pago de la infraestructura hidráulica necesaria y pagar a la empresa operadora del sistema de acueducto (y sus ramales) el precio que establezca por concepto de los volúmenes de agua utilizados para su distribución, pues se trata de una concesión privada de agua para los próximos treinta años. Los ayuntamientos que autoricen la subdivisión y cambio de uso de suelo para favorecer la construcción del acueducto deberán asumir las consecuencias si no están atentos a defender sus intereses y necesidades sociales. Por otro lado, el gobierno de Jalisco promete que el volumen reservado para uso pecuario será aprovechado mediante 3500 bordos tipo abrevadero;10 sin embargo, ello implica la revisión de disponibilidad de aguas en la cuenca y probablemente la regularización de aprovechamientos que ya existen sin tener un registro. De esta manera, la promesa del gobierno de Jalisco debe acordarse formalmente involucrando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus órganos auxiliares —Consejo de Cuenca del Río Santiago y Comisión de Cuencas Altos de Jalisco— como instancias de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, según lo establece la Ley de Aguas Nacionales. Pero, ¿cómo se decidirá a quién dotar de abrevaderos y a quién no? Los representantes de los distintos usuarios —particularmente el pecuario— se verán obligados a mediar el conflicto que representa administrar
DEBATE
de presa ni en el transvase a la cuenca del río Lerma, donde se asienta la ciudad de León.
19
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
20
la escasez de agua y distribuir los recursos de esta oferta que el gobierno de Jalisco lanza como alternativa a los ganaderos. Al mismo tiempo, todos los usuarios de agua están sujetos a los operativos de inspección, sanciones y multas que la Conagua implementa desde hace un par de años para garantizar que las aguas lleguen a El Zapotillo. Gracias a esto, la tensión social y política aumenta aunado a la presión por liberar los terrenos donde pasaría el acueducto. Los foros y reuniones realizados a lo largo de los últimos ocho años entre afectados, usuarios y autoridades, con la presencia de Conagua y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (), no han solucionado el conflicto y no ofrecen respuesta a las demandas y compromisos adquiridos en múltiples mesas. Mientras tanto, la presa se continúa construyendo a un ritmo de dos mil metros cúbicos de concreto al día y las comunidades siguen en la incertidumbre. Ante un escenario futuro que anuncia menos agua disponible, de menor calidad y una mayor demanda, es
muy probable que el acceso y la transacción de agua entre regiones no será gratuita ni pacífica. La vida de pueblos y ciudades alteñas tienen una alta vulnerabilidad por falta de agua y su capacidad de resiliencia ambiental e institucional es muy limitada, ocasionando una latente disputa entre el campo y la ciudad por el acceso al agua de la cuenca del río Verde. La transmisión del costo directo de inundación es para Temacapulín, Acasico y Palmarejo, mientras los costos de sequía y baja disponibilidad de agua se reparten a toda la región alteña. Surgen las preguntas, ¿qué acciones emprenderán los ganaderos, empresarios, presidentes municipales y sociedad en general de los Altos para defender el agua que ya necesitan?, ¿se opondrán abiertamente al acueducto y transvase de agua a León?, ¿se logrará rediseñar el proyecto de presa para no inundar ni exponer a riesgo alguno a Temacapulín, Acasico y Palmarejo?, ¿lograrán los Altos de Jalisco figurar con claridad y ser tomados en cuenta en la agenda de gestión del agua de su propia región?
* El presente texto forma parte de los resultados de la investigación «Agua para el desarrollo regional en los Altos de Jalisco», proyecto financiado por la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, Jalisco (mayo–octubre 2013). 1 Mauricio Alcocer Ruthling (coordinador) (2013), «Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco», ponencia presentada en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 22 de marzo de 2013. 2 Registro Público de Derechos de Agua (), ‹http://www. conagua.gob.mx/Repda.aspx?n1=5&n2=37&n3=115›. 3 Mario E. López–Ramírez y Heliodoro Ochoa–García (2012), «Geopolítica del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara: historia y situación actual del espacio vital», en Heliodoro Ochoa–García y Hans–Joachim Bürkner (coordinadores), Gobernanza y gestión del agua en el occidente de México, la metrópoli de Guadalajara (Colección Alternativas al Desarrollo), Tlaquepaque, . 4 Joan Martínez Alier (2011), El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Barcelona, Icaria. 5 Cfr. (2011), Sistema de Cuentas Nacionales de Méxi-
co, Cuentas económicas y ecológicas de México 2005–2009, Aguascalientes, . 6 Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa–García y Eduardo Hernández–González (coordinadores), (2012) Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, Tlaquepaque, . 7 Enrique Luengo González (2013), «Las alternativas emergentes: procesos y acciones para una nueva reorganización social», inédito, Guadalajara, –, p. 7. 8 Luengo González (2013), op. cit. 9 Decreto que reforma la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del río Verde, para usos doméstico y público urbano, Diario Oficial de la Federación (17 de noviembre de 1997) y Acuerdo de coordinación para los usos y distribución de las aguas superficiales de la cuenca del río Verde firmado por la Conagua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato en septiembre de 2005. 10 Analy S. Nuño (2013), «Acuerdan gobierno estatal y la Conagua extracción de agua en zona de Los Altos», La Jornada Jalisco, 16 de agosto.
Referencias Foto: Heliodoro Ochoa
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
La no regulación ambiental: contaminación industrial del río Santiago en Jalisco Cindy McCulligh
22
La contaminación del río Santiago en el estado de Jalisco, México, ha generado un conflicto socioambiental por las afectaciones a la salud y el bienestar de la población aledaña. A pesar de que una planta tratadora de aguas negras de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha mejorado las condiciones del río, persiste la problemática de las descargas industriales. La deficiente legislación en materia de control de descargas asociada a su escasa aplicación favorecen la persistente contaminación del Santiago por los vertidos industriales.
D
esde hace décadas, la espectacular caída de la espumosa y nauseabunda cascada del río Santiago, por el Salto de Juanacatlán, ha despertado la indignación y la exigencia ciudadanas. La escena del río contaminado, en particular la cascada, ha sido reiteradamente reproducida en los periódicos de Guadalajara. En 2012, Greenpeace México utilizó esa imagen como parte de una campaña de denuncia sobre ríos tóxicos, cuando valientes voluntarios provistos de equipo de protección se metieron al río debajo del salto en canoas inflables casi rebasadas por la espuma blanca. Esa imagen se ha transformado, parcialmente, a partir de mayo de 2012, cuando empezó a operar una primera planta de tratamiento para las voluminosas descargas de la Zona Metropolitana
de Guadalajara en la Cuenca El Ahogado. Con excepción de la época de lluvias, cuando la planta no alcanza a tratar todas las aguas generadas, ya no se aprecia la contaminación más visible, generadora de las espumas tantas veces grabadas y fotografiadas. Sin embargo, permanecen sin ser atendidas otras fuentes de contaminación del río, notoriamente los efluentes del Corredor Industrial Ocotlán–El Salto, ya que la planta recibe sólo los vertidos municipales. La contaminación del Santiago en los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, ha propiciado un conflicto socioambiental debido a las afectaciones en la salud y el bienestar de la población aledaña, además de la mortandad de peces en el río desde 1973.1 En 1989, Elías González afirmaba que el Santiago se había con-
Cindy McCulligh es estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social () de Occidente. Correo electrónico: ‹cindymcculligh@gmail.com›.
Foto: Cindy McCulligh
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
24
vertido en «un canal de desechos industriales que ha acabado con la fauna y con la posibilidad de uso de sus aguas [para cualquier otro propósito]».2 Desde 2001, han surgido varias organizaciones locales que exigen el saneamiento del río y la protección de la salud de los habitantes. Estas agrupaciones se han articulado con organizaciones y redes locales, nacionales e internacionales para denunciar las condiciones del río y demandar la acción del gobierno.3 En este breve artículo, pretendo reseñar cómo la deficiente legislación en materia de control de descargas a aguas nacionales, así como su escasa aplicación, favorecen la prolongada contaminación del Santiago, en particular por vertidos industriales.
E En su trayecto de 562 kilómetros, desde el lago de Chapala hasta el océano Pacífico, cerca de San Blas, Nayarit, el río Santiago es receptor de aguas residuales municipales sin tratamiento (o con niveles bajos de tratamiento), sobre todo de los vertidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (), además de las descargas industriales, lixiviados de «rellenos sanitarios» ubicados en su cercanía y escorrentía agrícola. Habitan en la cuenca del río Santiago alrededor de 7.5 millones de personas, con la mayor concentración en la , donde la población es superior a 4.4 millones de habitantes.4 A principios de 2012, los niveles de tratamiento de los 8.3 m3 por segundo de aguas residuales municipales de la no rebasaban el 1%, según datos del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua y Alcantarillado (), que presta servicios en los cuatro municipios principales de la zona. Desde mayo de 2012 opera la primera de las dos macro–plantas de tratamiento de la , la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales () El Ahogado, para tratar 20% de las descargas domésticas de la , sin dar tratamiento a las descargas de origen industrial. El otro 80% de las aguas negras de la será tratado en la Agua Prieta, proyectada para estar terminada en 2014, aunque por falta de un túnel colector, aún sin licitar, esta planta no captará las aguas de las cuencas al oriente de la ciudad y, por lo tanto, no cubrirá la totalidad de las aguas residuales restante. Sobre el río Santiago, a la altura de los municipios de El Salto y Juanacatlán, se ha presentado la mayor in-
cidencia de contaminación por los efluentes de más de 250 industrias nacionales y transnacionales y de la misma ciudad de Guadalajara, mismas que arrojan aguas sin tratamiento, estudios han registrado la presencia de metales pesados como plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico en sedimentos del Santiago.5
Así describe la autoridad responsable de vigilar y controlar descargas a cuerpos de agua nacionales la situación entre estos dos municipios, sus cabeceras divididas únicamente por un estrecho puente sobre el Santiago a la altura de la otrora turística y viva cascada, el Salto de Juanacatlán, y que albergan conjuntamente una población de más de 150 mil habitantes.6 Es aquí donde se inauguró la primera hidroeléctrica para servicio público del país en 1893, seguida en 1896 por la fábrica textil Río Grande, la primera textilera importante en Jalisco que se ubicó en el medio rural.7 De aquí, y hacia el lugar donde nace el río, se extiende el corredor industrial Ocotlán–El Salto, el principal del estado y uno de los ejes industriales más importantes del país. Este corredor reúne más de 300 fábricas de empresas mexicanas y transnacionales, donde se destacan los giros químico–farmacéutico, autopartes, metalmecánico, electrónico y alimentos y bebidas.8 Aun reconociendo las otras fuentes que deterioran la calidad del agua del río, considero esencial el análisis de las prácticas que favorecen la contaminación industrial del río Santiago por dos razones específicas: primero, los vertidos industriales no han sido abordados de manera directa ni efectiva por los programas oficiales de saneamiento del río y, segundo, estos efluentes son fuente potencial de sustancias de alta toxicidad con posibles afectaciones tanto para la flora y la fauna ribereños como para la salud humana.
N En México existe una norma única para controlar las descargas a cuerpos de aguas nacionales, la –– –1996, que fija los límites máximos permisibles de contaminantes en tales descargas. Esta norma solamente regula veinte parámetros: ocho parámetros básicos, ocho metales pesados, cianuros, p, coliformes fecales y parásitos. La norma no logra controlar la contaminación industrial y aun descargas que cumplen con la norma pueden aportar contaminantes tóxicos
pectores para controlar a 475 mil usuarios registrados y muchos más actores ilegales».13 Cabe notar que estos usuarios y regulaciones no sólo se refieren al asunto de las descargas, sino a extracciones de agua y usos de zonas federales, entre otros temas. En el caso de las descargas, como parte de una evaluación de 16 normas ambientales por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2011, se concluye que la ––– «muestra un efecto o impacto nulo».14 En términos contundentes, manifiesta el documento que esta norma «no se cumple, lo que representa la libre descarga de contaminantes»; desde la perspectiva de los contaminadores, dice, «es más costoso cumplir con la que enfrentar las consecuencias de la falta de cumplimiento (sanciones)».15 Este fenómeno nacional se vive en las aguas del Santiago.
E En el caso del río Santiago, en concordancia con el programa de saneamiento, las autoridades del agua en Jalisco han afirmado en reiteradas ocasiones que la contaminación industrial es menor que la municipal y que las industrias de la zona cumplen con la normatividad. Raúl Antonio Iglesias Benítez, despedido como director general del Organismo de Cuenca Lerma– Santiago–Pacífico de la Conagua a finales de 2012 por haber otorgado obras hidráulicas a una empresa en la cual tiene intereses familiares,16 pudo aseverar que las industrias que regula Conagua «tienen plantas de tratamiento, tienen condiciones de descargas, y a lo que tenemos detectado nosotros [...] están cumpliendo con la normatividad».17 Más recientemente, otro representante del organismo, Óscar Herrera Camacho, director de Administración del Agua, estima que 20% de las empresas incumplen la normatividad que regula las descargas; explica que la Conagua no cuenta con «un ejército de inspectores para estar viendo de forma específica dónde se ubican todas y cada una de las descargas».18 De hecho, para toda la región Lerma–Santiago–Pacífico, una zona con una superficie de 191,500 km2, donde habitan más de 22 millones de personas y se genera 17.1% del Producto Interno Bruto () nacional,19 el «ejército» de la Conagua consta de cuatro inspectores acreditados.20 El panorama de cumplimiento o de bajos niveles de incumplimiento no se sustenta al consultar los es-
DEBATE
a ríos y otros cuerpos de agua. Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua () afirma que mientras los vertidos industriales de diferentes giros pueden cumplir con la –, no se toma en cuenta «los contaminantes específicos de cada giro»; por tanto, provoca que «la incorporación de sustancias tóxicas deteriore el ambiente acuático y cause la pérdida de flora y fauna, así como limite los usos del cuerpo receptor».9 Para responder a esta deficiencia en la normatividad, el estudio plantea la necesidad de «incluir análisis de toxicidad que puedan identificar aquéllas descargas que introducen sustancias tóxicas, y que no son detectadas por los análisis convencionales».10 Este mismo punto fue expuesto por una especialista del área de hidrobiología y evaluación ambiental del , Yolanda Pica, quien se refiere a la – como una norma «miope» al señalar que «evade de alguna manera las sustancias orgánicas tóxicas, porque no hay forma, ningún parámetro te sugiere la presencia de este tipo de sustancias».11 Asevera que, como plantas de tratamiento industriales, se han construido sólo en función de la actual – «los cuerpos de agua pues ya tienen una carga de sustancias orgánicas que [...] nunca nadie monitoreó» y, a final de cuentas, «nuestros cuerpos de agua están como están».12 Queda claro, entonces, que la normatividad actual no logra proteger los cuerpos de agua. En Estados Unidos, la Agencia de Protección al Ambiente (, por sus siglas en inglés) cuenta con distintas normas y lineamientos para cincuenta categorías industriales, regulando los compuestos específicos que descargan cada industria, según sus procesos productivos. En el caso, sólo para dar un ejemplo, de las instalaciones que producen químicos orgánicos, plásticos y fibras sintéticas, están regulados 62 compuestos, de los cuales sólo seis (metales y cianuro) están incluidos en la norma mexicana. Las demás sustancias —bencenos, tolueno, ftalatos— pueden verterse impunemente en este país, a pesar de que están reconocidos sus efectos a la salud. Están instaladas varias industrias de estos giros en el corredor Ocotlán–El Salto. Peor aún, la aplicación de la norma mexicana es casi inexistente. Un informe de 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (), sobre el desempeño ambiental en el país, reporta que a nivel nacional la Conagua «tiene mucha dificultad para cumplir sus responsabilidades de hacer respetar las regulaciones del agua [...] teniendo 150 ins-
25
Foto: Xavier Romo
y minuciosa», no hallaron infractores: «[...] si bien es cierto que se cuenta con Visitas de Inspección en materia de descargas de Aguas Residuales también lo es que por parte de Conagua no existen denuncias ni Procedimientos Administrativos con infracciones por no cumplir o por violentar la –––1996».25 Así, en un lapso de siete años, sus tareas de inspección no llevaron a ningún proceso contra una sola empresa o persona que descargue fuera de la norma; esto en una cuenca que cubre partes de siete estados (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Durango y San Luis Potosí). El listado de las inspecciones que Conagua realizó en 2011, publicado en su portal de internet, muestra que ese año en Jalisco se inspeccionaron únicamente 32 descargas, de las cuales sólo 11 eran de empresas (las demás eran de personas f ísicas, fraccionamientos, ayuntamientos u otras instituciones públicas). Esta cifra subió a 51 descargas inspeccionadas en 2012, 29 de las cuales eran de vertidos industriales.26 Así, parece que se realiza un número reducido de inspecciones, que entre 2005 y 2011 no produjeron ningún sancionado. Entrevistado al respecto, Héctor Castañeda Náñez, quien fungió como director de Cuencas y Sustentabilidad de la Jalisco de 2007 a marzo de 2013, así como gerente de Personal de la Conagua en la administración anterior (2001–2006), explica la no aplicación de esta norma con una palabra: «corrupción».27 Sin embargo, amplía el ámbito de esta corrupción al considerar que «la parte de inspección y vigilancia es una partecita de todo un proceso». Señala que tiene que ver tanto con los parámetros incluidos en la norma como las condiciones particulares que se fijan a industrias individuales: ¿Qué sucede si cuando la norma que te regula, regula ciertos parámetros que, por ejemplo, tú en tu proceso no los conoces? Pues entonces eso está muy sencillo, como que te esté doliendo la rodilla izquierda y tú te vayas al doctor y le digas que es la derecha. O, si en condiciones particulares de descarga lo que te fijan son unas cosas que no son las que tú produces, pero no porque se equivoquen sino porque ya lleva una razón de ser. [...] Luego, en la parte procesal, me refiero al levantamiento de actas, si resulta que a la hora que levantas el acta «te equivocas» en alguna cosa a la hora de levantarla, y luego le avisas al usuario que te equivocaste, entonces le das toda la posibilidad de que se ampare y no le haces nada.
DEBATE
tudios que han analizado los vertidos industriales al río Santiago. El estudio más reciente, que incluye análisis de descargas, fue realizado por el para la Jalisco; analizó un promedio de 26 descargas industriales en tres campañas de muestreo, entre marzo de 2009 y mayo de 2010. Entre estas descargas estaban las de diversas transnacionales importantes asentadas en la zona que cuentan con plantas de tratamiento, tales como Nestlé, Celanese, Quimikao y Huntsman (antes Ciba Especialidades Químicas). Aun con la normatividad laxa, los niveles de incumplimiento son altos, de hecho se concluye que «las descargas industriales resultaron más contaminantes que las descargas municipales, ya que de 87 a 94% de las industrias incumplen en al menos uno de los parámetros de la –––1996».21 Además, este estudio buscó identificar la presencia de algunos compuestos sintéticos tanto en descargas como directamente en el río Santiago y sus afluentes, desde su nacimiento hasta la Presa Santa Rosa. El análisis de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles detectó un total de 1,090 sustancias en descargas al río y en muestras de aguas del Santiago y sus afluentes.22 Sustancias, o clases de sustancias, encontradas con frecuencia incluyen ftalatos (usados para hacer flexibles los plásticos y con conocidos efectos reproductivos y hepáticos), tolueno (afecta el sistema nervioso), cloroformo (la exposición a largo plazo puede dañar hígado y riñones), benceno (carcinogénico), fenol (afecta al sistema nervioso con la exposición crónica) y también compuestos hormonales.23 Este estudio fue dado a conocer por Greenpeace México en mayo de 2012 después de una primera negativa del para entregarlo. Para poder medir el impacto de las inspecciones en esta zona, solicité a la Conagua una relación de los infractores que habían violado la –––1996 en la cuenca del río Santiago de 2005 hasta finales de 2011. En una respuesta de 16 páginas de diciembre de 2011, se constata que, primero, el Organismo de Cuenca Lerma–Santiago–Pacífico de la Conagua solicitó una ampliación del plazo para responder y poder contabilizar los documentos; unas semanas después, ya agotado el tiempo fijado legalmente para su respuesta, informaron al Comité de Información de la Conagua que «no se cuenta con la información solicitada».24 Insistió el Comité de Información y el Organismo de Cuenca informó que, tras una «búsqueda delicada y por demás entretenida», así como «exhaustiva
27
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
28
Castañeda no ve con optimismo la normatividad para descargas: «o evoluciona y se fortalece o elimínala, porque de plano lo peor que puedes tener en la vida es un arma legal para hacer algo y no hacer nada».
R La persistente contaminación del río Santiago en Jalisco por efluentes industriales se relaciona tanto con la normatividad obsoleta que regula tales descargas como con su aplicación casi inexistente. En la práctica, y a pesar de más de una década de protesta social por las organizaciones que conforman el movimiento socioambiental en torno al río Santiago, las fábricas asentadas a sus orillas operan y emiten contaminantes en una condición de impunidad. Estos hechos llaman a cuestionar el funcionamiento (o falta de funcionamiento) de la regulación ambiental en México, al mismo tiempo que sugieren la importancia de interpelar no sólo a los actores gubernamentales, sino directamente a las
empresas involucradas, para buscar el saneamiento del río Santiago. Ante la evidente falta de voluntad política para vigilar las emisiones del sector industrial, estrategias dirigidas a las empresas del corredor podrían ser una avenida importante para impulsar mejores condiciones de vida en esta zona. En muchos casos, los actores gubernamentales en México priorizan el crecimiento económico, sacrificando cualquier exigencia de protección ambiental. En la página de internet de la Semarnat se indica que su «visión» es de un país en el que «la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente [...] conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural».28 La autoridad, así, ostenta preocuparse por motivar una especie de cultura ambiental entre sus ciudadanos, pero queda en entredicho su capacidad de «conciliar» ese desarrollo económico con la conservación ambiental. En el caso del río Santiago, parece que esa conciliación implica aceptar ríos tóxicos e ignorar las voces de las poblaciones afectadas.
Referencias 1 Juan Manuel Durán y Alicia Torres Rodríguez (2006), «Agua potable para Guadalajara; uso y fuentes de abastecimiento bajo un enfoque sustentable» en Itzcóatl Tonatiuh Bravo–Padilla y Fabiola Figueroa (coordinadores), El Proyecto Arcediano y el abastecimiento de la Zona Conurbada de Guadalajara. Análisis de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Universidad de Guadalajara. 2 Elías González (1989), El Salto, Industria y Urbanización de Guadalajara. Colección: Cuadernos de Difusión Científica 15, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p. 66. 3 Cindy McCulligh, Darcy Tetreault y Paulina Martínez (2012), «Conflicto y contaminación: El movimiento socio–ecológico en torno al Río Santiago», en Heliodoro Ochoa y Hans– Joachim Bürkner (coordinadores), Gobernanza y gestión del agua en el occidente de México: la metrópoli de Guadalajara, Tlaquepaque, . 4 Conagua (Comisión Nacional del Agua) (2012), Programa Hídrico Regional Visión 2030: Región Hidrológico–Administrativa Lerma–Santiago–Pacífico, México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, p. 26. 5 Conagua (2012), op. cit., p. 25. 6 (Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía) (2010), Censo de Población y Vivienda 2010, ‹http://www.inegi.org. mx/sistemas/TabuladosBasicos/preliminares2010.aspx›.
7
Jorge Durand (1985), «Siglo y medio en el camino de la industrialización», en Patricia Arias (coordinadora), Guadalajara, la Gran Ciudad de la Pequeña Industria, México, Colegio de Michoacán, p. 170. 8 (Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Jalisco) y Gobierno del Estado de Jalisco (2005), Estudio y Diagnóstico en la Cuenca Baja «El Ahogado» y Monitoreo de la Laguna Cajititlán, Guadalajara, , p. 6. 9 Pilar Saldaña, Alicia Lerdo de Tejada, Ma. Antonieta Gómez y Rogelio López (2006), La importancia de incluir análisis de toxicidad en descargas industriales y municipales que afectan a los cuerpos receptores, ‹http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/068.pdf›, p. 4. 10 Saldaña et al. (2006), op. cit. 11 Comunicación personal, 11 septiembre 2013. 12 Ibid. 13 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2013), Environmental Performance Reviews: Mexico 2013, Publishing, p. 50. 14 Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2011), Evaluación de Instrumentos Normativos del Sector Ambiental, México, Semarnat, ‹http://biblioteca. semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/ CD001056.pdf›, p. 45.
15 Semarnat (2011), op. cit. 16 Alejandro Velazco (2013), «Caso Iglesias Benítez: justicia a medias; la omite presentar denuncia penal», La Jornada Jalisco, 21 de marzo, ‹http://www.lajornadajalisco.com. mx/2013/03/21/caso–iglesias–benitez–justicia–a–medias– la–sfp–omite–presentar–denuncia–penal/›. 17 Jesús Estrada (2009), «Jalisco, con más ojo para polución que la Conagua», Público, 1 de junio, Guadalajara, Grupo Editorial Milenio. 18 Alejandro Velazco (2012), «Incumplen ley federal el 20% de las empresas que realizan descargas en el Santiago: Conagua», La Jornada Jalisco, 27 de marzo, ‹http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/03/27/incumplen–ley–federal– el–20–de–las–empresas–que–realizan–descargas–en–el– santiago–conagua/›. 19 Conagua (2012), op. cit. 20 ‹http://www.conagua.gob.mx/Inspector.aspx?n1=5&n2=38 &n3=72›, consultado agosto 2013. 21 (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) y
(Comisión Estatal del Agua, Jalisco) (2011), Actualización del estudio de calidad del agua del Río Santiago (desde su nacimiento en el Lago de Chapala hasta la Presa Santa Rosa), México, , p. –2. 22 y (2011), op. cit., p. –3. 23 ‹http://www.osha.gov//healthguidelines/phenol/recognition.html›. 24 Conagua (Comisión Nacional del Agua) (2011), Respuesta a la solicitud de información del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ( ) 1610100185311, ‹www.infomex.org.mx›, p. 7. 25 Ibid., p. 10. 26 ‹http://www.conagua.gob.mx/07/Contenido/Documentos/_–_2011.pdf y ‹http://www. conagua.gob.mx/07/Contenido/Documentos/12_ __–__.pdf›. 27 Comunicación personal, 25 febrero 2013. 28 ‹http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Paginas/misionyvision.aspx›.
Foto: Cindy McCulligh
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Megaproyecto eólico frente a los vientos de resistencia en el Istmo de Tehuantepec Carlos Federico Lucio López
30
La resistencia contra la imposición del proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec forma parte de la lucha del movimiento indígena por la defensa del territorio y el patrimonio biocultural. En esta lucha los pueblos indígenas reivindican derechos territoriales a través de la instrumentación de recursos materiales y simbólicos que provienen tanto de la etnoterritorialidad como de la defensa del patrimonio biocultural.
L
a principal cualidad del Istmo de Tehuantepec deviene del hecho de ser la franja de tierra más angosta entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Desde comienzos del periodo colonial se aprovechó la ubicación geográfica del estrecho territorial para convertirlo en una vía de comunicación interoceánica. No menos importante ha sido la enorme riqueza natural que ha caracterizado a esta región. Tiene una superficie cercana a cuatro millones de hectáreas y alberga la mayor diversidad biológica y étnica del país. La localización geográfica y los
abundantes recursos naturales le han conferido una importancia histórica y económica que se refleja en la incorporación temprana al comercio y la economía mundial, incluso antes de la construcción del Ferrocarril Transístmico a fines del siglo , por un breve periodo el principal puente internacional de mercancías y la principal ruta de tráfico interoceánico hasta su reemplazo por el Canal de Panamá en 1914. En ese contexto, la región ha estado marcada por constantes dinámicas extractivas que han tenido una amplia presencia histórica y que se han renovado a par-
Carlos Federico Lucio López es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: ‹luccarlos@gmail.com›.
M I T La expansión de las energías renovables ha sido estimulada por el cambio climático y la crisis de una economía post–petrolera, favoreciendo en particular el crecimiento de la industria eoloeléctrica. En ese contexto, México ha ajustado su política energética a la diversificación de las fuentes de generación de energías «limpias», con la meta de llegar a una capacidad que permita producir 35% de la energía eléctrica del país bajo este principio. Actualmente, el 73.3% de la generación de electricidad en el país depende de combustibles fósiles (gas natural, combustóleo, carbón y diesel); el otro 26.7% es producido con fuentes alternas, principalmente de las hidroeléctricas, cuyo aporte a la producción total es de 22%.1 A nivel mundial, la capacidad instalada de producción de energía eólica pasó de 13,600 a 159,213 entre 1999 y 2009. El gobierno mexicano está decidido a incrementar su participación en la generación de energía eólica. Una de las iniciativas más importantes es el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec que se encuentra en una de las zonas de mayor potencial de energía eólica en el mundo. El interés por este tipo de energía se apoya en diversos estudios, como el que se presenta en el Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares,2 en los que se afirma que el potencial eólico del país puede llegar a 71,000 megavatios.3 El potencial eólico del Istmo de Tehuantepec dimana de los sistemas de alta presión que se desarrollan
en el Golfo de México y que están asociados a la entrada de masas de aire frío que llegan del norte del continente. Las condiciones geográficas del Istmo hacen que estos vientos se elevan a altitudes superiores a los dos mil metros para después bajar rápidamente sobre la planicie costera de Tehuantepec. En realidad, la confluencia de las provincias morfotectónicas de las Sierras Madres del Sur y de Chiapas, cuyos sistemas montañosos en promedio alcanzan los dos mil msnm, aunque en algunos casos rondan los tres mil metros de altitud, se interrumpen «formando un estrecho de unos 40 km de ancho y un máximo de 200 m de altura. Por allí los vientos se encañonan y encuentran un sendero que les permite el paso hacia el Golfo de Tehuantepec».4 La Asociación Mexicana de Energía Eólica () sostiene que el potencial eólico del Istmo es superior a los 10 mil .5 Con estos datos busca confirmar que los recursos eólicos en Oaxaca son de los mejores a nivel mundial, por lo menos hasta este momento es el corredor eólico más grande de América Latina. De hecho, las empresas que integran la tienen proyectado para los próximos años la instalación de, aproximadamente, cinco mil aerogeneradores en el Corredor Eólico del Istmo, para alcanzar una capacidad de producción cercana al potencial estimado de 10 mil . El proyecto piloto se inició en 1994 por la Comisión Federal de Electricidad () con una capacidad de apenas 1.5 , en la zona conocida como La Ventosa, en Juchitán, Oaxaca. Doce años después cobra un nuevo impulso cuando la construye el segundo parque eólico de la región con una capacidad de 85 . A partir de entonces se han otorgado numerosas concesiones de producción de energía eoloeléctrica, hasta llegar a una capacidad instalada superior a los mil a finales de 2012, con once parques eólicos en operación. Hay tres más en construcción con una capacidad de 300 y cerca de 10 parques eólicos en desarrollo con una capacidad cercana a dos mil . Actualmente, este corredor ocupa una superficie de entre 10 mil y 15 mil hectáreas y puede extenderse por lo menos a 40 ó 50 mil más, tomando en cuenta que se ha construido sólo una tercera parte de los proyectos anunciados hasta el momento (11 de 30, según la ). Varias organizaciones, como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la Tierra y el Territorio () o la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (), presumen que la extensión total puede superar las 100 mil hectá-
DEBATE
tir de los distintos procesos de modernización e integración económica intensificados por la globalización, que provocan una creciente conflictividad socioambiental y generan una acelerada dinamización de la acción colectiva. La llegada del megaproyecto eólico nos confirma la manera en que el aprovechamiento de los recursos naturales continúa siendo el centro de la antigua disputa por el desarrollo. Al mismo tiempo, expone las contradicciones de la energía verde en tanto representa nuevas amenazas a la biodiversidad y al modo de vida de los pueblos indígenas. En este texto se analiza la manera en que los pueblos indígenas del macrosistema lagunar de Tehuantepec responden a los riesgos y amenazas que acarrea la imposición del proyecto eólico sobre su territorio.
31
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
32
reas. Esas estimaciones, a pesar de no estar suficientemente documentadas, no resultan ajenas a la realidad si pensamos que la capacidad proyectada de producción de energía eólica llegará en el corto plazo a 2500 , una cuarta parte del potencial eólico del estado. La inversión total hasta la fecha ha sido de 2506 millones de dólares,6 aunque por su velocidad de expansión puede incrementarse sustantivamente en los próximos años. Todo esto ha generado una fuerte resistencia de los pueblos y las comunidades indígenas. Los movimientos
de resistencia, sin embargo, no han tenido la capacidad de rechazar el megaproyecto sino apenas de exigir nuevos marcos de negociación para hacer más favorables las condiciones de instalación y operación del corredor eólico. El caso de San Mateo del Mar constituye una excepción porque es el único municipio que ha rechazado completamente el proyecto eólico por mandato de la Asamblea Agraria Comunal y por la Asamblea General del Pueblo. Vale la pena destacar que es el único municipio que se rige por el sistema de usos y costumbres para
e informado sobre la verdadera naturaleza del proyecto eólico. Las irregularidades contractuales más frecuentes que señalan los campesinos son la negativa de las empresas a pagar las afectaciones temporales y permanentes durante la construcción de los parques eólicos y el respeto a los acuerdos para que se contrate, en el proceso de construcción, preferencialmente a los propios habitantes de las tierras arrendadas. Los contratos de arrendamiento de tierras para la instalación de los aerogeneradores —la mayoría por
Foto: José Arenas
DEBATE
elegir a sus autoridades municipales y que en los otros ayuntamientos, que se basan en el régimen de partidos, los presidentes municipales han sido acusados de autorizar el ingreso de los parques eólicos sin la consulta y el consentimiento de la población. Los principales reclamos del movimiento de resistencia señalan una serie de afectaciones al medio ambiente y una problemática derivada de las irregularidades en los contratos de arrendamiento de la tierra, además de la ausencia del consentimiento previo, libre
33
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
34
30 años, renovables por otros 30 más— han sido convenidos muchas veces engañando a los campesinos y afectando de manera negativa sus intereses, reconocen miembros de la , por lo que han promovido más de 150 juicios de nulidad de contrato. Señalan a las empresas eólicas como responsables de haber despertado numerosos conflictos al interior de los ejidos y comunidades, porque han sido compradas algunas autoridades municipales y agrarias para acelerar la firma de los contratos en asambleas preparadas a modo, generando división y encono entre los pobladores. Los campesinos consideran que fueron engañados porque a pesar de que la energía eólica que se produce es capaz de cubrir el suministro para todo el estado de Oaxaca, es conocido que la producción eoloeléctrica se destina básicamente al abastecimiento energético de empresas transnacionales como Cemex, Walmart, Bimbo, Coca–Cola, Fomento Económico Mexicano (), y no se contempla el servicio doméstico como en algún momento les habían prometido. Además, no encuentran justificado el aumento en las tarifas que la está cobrando por el consumo de energía eléctrica. Según la , «nos ha aumentado el precio del recibo hasta cinco veces más del recibo anterior», lo que representa «un abuso, afectando dramáticamente nuestra economía familiar y que nos pone en la disyuntiva de elegir entre pagar la luz o comer».7 Estas irregularidades han despertado la movilización social, y cuando fallan los procesos de negociación, las comunidades han promovido los juicios de nulidad de los contratos, como se ha hecho en terrenos de Unión Hidalgo, Juchitán y San Dionisio del Mar. Alejo Girón, uno de los activistas más visibles contra el proyecto eólico, recuerda algunas semejanzas actuales con la introducción de proyectos de desarrollo durante los años setenta, cuando el gobierno inició el desmonte de las tierras de los campesinos en los anexos agrarios de Juchitán durante la construcción del Distrito de Riego Número 19.8 En sus palabras, «sin pedir autorización metió maquinaria para desmontar porque iban a introducir el cultivo de la caña. Muchos campesinos le entraron porque fueron obligados. Los que no aceptaban eran intimidados incluso con la policía ministerial».9 Con este ejemplo construye una analogía para ilustrar las formas de imposición de los programas actuales de desarrollo, como el megaproyecto eólico y los cultivos de moda como la jatrofa, destinados ahora a la producción de biocombustibles, los cuales amenazan con de-
forestar los escasos polígonos que aún existen de selva baja y palmar. Menciona el ejemplo porque dice que en ese entonces también se organizaron los inconformes y demostraron que con la «organización» se pueden parar los proyectos de los gobiernos o de los empresas.
E G T El Macrosistema Lagunar Huave, que tiene aproximadamente 100 mil hectáreas de extensión y posee una importancia ecológica y cultural fundamental para los pueblos de la región, se encuentra seriamente amenazado por la construcción de parques eólicos en la ribera del sistema lagunar. Actualmente, una parte importante del macrosistema lagunar está declarada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad () como prioritaria para su conservación, por su alto endemismo, diversidad y riqueza biológica, además por ser zona de «refugio, reproducción y anidación, desarrollo y crecimiento para diferentes especies».10 El equilibrio de los ecosistemas acuáticos, como el de las lagunas estuarinas del Istmo, depende de un conjunto de factores que regulan el comportamiento hidrológico y que aportan nutrientes o equilibran la concentración de salinidad y la variación de temperatura, entre otras cosas. La combinación de agua dulce de los escurrimientos fluviales, más la influencia mareal que aporta agua salada, determinan la productividad de la biomasa vegetal que sirve de refugio y alimento para numerosas especies, muchas de ellas de gran valor comercial como se refleja en el potencial económico de las pesquerías tradicionales del sistema lagunar de Tehuantepec. La productividad biótica y su estabilidad ambiental guardan estrecha relación con el mantenimiento de ciclos biogeoquímicos que se encuentran amenazados por las alteraciones provocadas por actividades humanas y, actualmente, por la instalación de cientos de aerogeneradores en torno de la Laguna Superior. El macrosistema está compuesto de lagunas que son consideradas someras, es decir, la mayor parte de su extensión tiene poca profundidad, llegando apenas al metro, o metro y medio. Sólo en una cuarta parte de su extensión la profundidad puede ser mayor a cinco metros.11 Esto produce una elevada capacidad fotosintética favoreciendo el desarrollo de su flora marina,
I Para comprender los procesos de defensa territorial es imposible omitir la importancia de la etnoterritorialidad simbólica, porque el territorio es un espacio culturalmente construido en el que se dan procesos de apropiación espacial de forma simbólica e instrumental, donde la percepción del territorio implica una serie de representaciones rituales que se han conservado de manera desigual en las distintas culturas étnicas, pero que «persisten a través del tiempo y llegan a constituirse en emblemas territoriales e identitarios».13 Se entiende entonces la etnoterritorialidad como una categoría clave para interpretar la defensa del territorio, no sólo a través de su importancia económica y política, sino en función de la importancia histórica, cultural e identitaria, es decir, la territorialidad simbólica resulta de igual o mayor importancia que los factores económicos o políticos para comprender los procesos de resistencia indígena. En el caso que nos ocupa, los pueblos indígenas ikojts y binnizá (huave y zapoteco), que se encuentran alrededor del Sistema Lagunar de Tehuantepec, conservan hasta la fecha diversos rituales ligados a la apropiación simbólica de la territorialidad, incluso los ritos de pedimento que buscan protección, salud, reproducción del ciclo agrícola o el buen desempeño de las autoridades, y que se practican en cerros, cuevas y otros espacios o lugares «donde moran los dueños o entidades poderosas y ambivalentes de la naturaleza que controlan el clima, los recursos y los bienes, en ocasiones consustanciados con los santos católicos».14 También persisten ritos adivinatorios, terapéuticos o conmemorativos, que buscan el pronóstico del temporal de lluvias, el diagnóstico de enfermedades o la evocación de los familiares muertos. El dueño del lugar, santo o patrón, es concebido como una entidad poderosa que cuida a los seres humanos o les impone castigos, en función del seguimiento dado a un complejo sistema de reciprocidad que Alicia
Barabas califica como «ética del don» en el que se regulan las relaciones entre personas y lo sagrado.15 Las prácticas rituales, que persisten en la población indígena local y su veneración a los santuarios naturales ubicados en la Laguna Superior, permiten suponer que la gente se involucra decididamente en la defensa territorial conscientes de esa importancia simbólica, ecológica, social y cultural que encierra la riqueza del «patrimonio biocultural».16 Con todo, la resistencia indígena demuestra que la dimensión política es también «la defensa de un orden simbólico y una cosmovisión cultural».17
C Todavía no se sabe cuáles serán los efectos de las miles de toneladas de concreto que son necesarias para la instalación de los cinco mil aerogeneradores proyectados, cuál será el nivel de ruido generado y cuáles sus efectos en la salud humana. Asimismo, no se sabe qué consecuencias tendrá el cambio de uso de suelo en las corrientes de agua subterránea y de superficie, sobre todo para los mantos de recarga que alimentan los pozos de agua de donde se abastece la población y que constituyen una parte importante del frágil equilibro ambiental del ecosistema lagunar. Tampoco se sabe si habrá mayor control sobre las inundaciones o si éstas van a acelerar el proceso de salinización de los terrenos donde se ubican los parques eólicos; o cuál es el impacto en las rutas de las aves migratorias y en la población de murciélagos que también juegan un papel clave en términos ambientales. Lo que sí se puede observar con claridad es que la conflictividad social está en aumento; por ejemplo, el municipio de San Dionisio del Mar ha desconocido a su presidente municipal y ha tomado el edificio del Ayuntamiento para hacer cumplir el mandato de la asamblea general del pueblo que rechaza la instalación del proyecto eólico en su territorio. Finalmente, se debe tomar en cuenta que la actual geopolítica de la biodiversidad, que además de intensificar los anteriores procesos de apropiación destructiva de la naturaleza, «se apropia de los bienes comunes —en particular agua y territorios— para convertir la naturaleza en mercancías (commodities) [que serán] exportadas a los países centrales o emergentes».18 Esta dinámica también da lugar a discursos y movilizaciones sociales en donde los pueblos indígenas y campesinos adquieren un protagonismo central, asociado a
DEBATE
pero también facilita sus altos niveles de salinidad (por evaporación) que la hacen más dependiente «de los aportes de agua dulce y de los intercambios con el mar para la buena reproducción de las especies»,12 un ciclo que puede alterarse o interrumpirse con la construcción de los parques eólicos.
35
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
movimientos por una justicia ambiental, que Martínez Alier califica como ecología popular o ecologismo de los pobres.19 En esta nueva expansión del capital, denominada por Harvey20 acumulación por desposesión, se agudizan problemáticas muchas veces preexistentes sobre el territorio y el medio ambiente. Por lo tanto,
surgen nuevas formas de movilización y resistencia que defienden los modos de vida de los pueblos indios, en términos de un ecologismo popular que coloca la disyuntiva entre desarrollo o autodeterminación, como la parte central de los actuales ámbitos contenciosos de los movimientos indígenas.
36
Referencias 1 Secretaría de Energía () (2010), Estrategia Nacional de Energía, ‹http://www.sener.gob.mx/res/1646/EstrategiaNacionaldeEnergiaRatificadaporelHCongresodelaUnion.pdf›. 2 (2010), op. cit. 3 ‹http://sener.gob.mx/webSener/res/1803/Eolico.pdf›. 4 Alejandro Toledo (1995), Geopolítica y desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, México, Centro de Ecología y Desarrollo, p. 161. 5 Asociación Mexicana de Energía Eólica () (2010), Panorama General de la Energía Eólica en México, ‹http://www. amdee.org/Amdee/_presentacion_esp.pdf›. 6 Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Oaxaca, ‹http://www.styde.oaxaca.gob.mx/cer. html›. 7 Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (), «Represión al movimiento de resistencia civil contras la altas tarifas en el Istmo de Tehuantepec», ‹http://tierrayterritorio.wordpress.com/2011/04/›. 8 Nigh y Rodríguez destacan la construcción del Distrito de Riego No. 19 como la obra de mayor impacto en esa zona del Istmo y la causa del desmonte de «53,000 hectáreas de selva baja caducifolia en municipios zapotecos: Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán, San Blas Atempa, Comitancillo, Huilotepec, Mixtequilla, Tehuantepec y Unión Hidalgo». Ronald Nigh y Rodríguez, Nemesio (1995), Territorios violados, México, Conaculta, , p. 128. 9 Entrevista aplicada durante investigaciones de campo. 10 Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad () (2005), Memoria metodológica. Taller para la determinación de sitios prioritarios oceánicos y costeros para la conservación, ‹http://www.conabio.gob.mx/gap/
images/d/d4/Memo_metod_Taller_Marino__final. pdf› 11 Ezequiel Zarate Toledo (2002), Procesos adaptativos y sistemas de poder en una comunidad de pescadores: San Mateo del Mar, Oaxaca, Tesis de Licenciatura, México, Licenciatura en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 12 Ezequiel Zarate Toledo (2010), «La territorialización entre mareños y zapotecos en el sistema lagunario del sur del istmo de Tehuantepec», en Salomón Nahmad et al. (coordinadores), Aproximaciones a la región del Istmo, México, , p. 273. 13 Alicia Barabas (2003), Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, México, , p. 22. 14 Alicia Barabas (2006), Dones, dueños y santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca, México, , Miguel Ángel Porrúa, p. 66. 15 Barabas (2006) op. cit. 16 Eckart Boege (2008), El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, México, , , p. 13. 17 Silvia Rivera Cusicanqui (2010), Violencias (re)encubiertas en Bolivia, La Paz, Editorial Piedra Rota, p. 45. 18 Raúl Zibechi (2011), Política y miseria. La relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos progresistas, Buenos Aires, La Vaca Editora, p. 94. 19 Joan Martínez Alier (2010) El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Espiritrompa Ediciones, Lima. 20 David Harvey (2004), El nuevo imperialismo, Madrid, Akal Ediciones.
Foto: JosĂŠ Arenas
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Pesca artesanal en la costa de Jalisco. Conflictos en torno a la conservación biocultural Paulina Martínez González Antonio Corgos López–Prado
38
La pesca artesanal en la costa del estado de Jalisco, México, es de gran importancia económica para las comunidades que habitan en el litoral. Es una actividad compatible con la conservación biocultural. Sin embargo, está amenazada por las dinámicas de apropiación de territorios y recursos naturales bajo los criterios de la racionalidad económica. Estas dinámicas se ilustran en el caso del conflicto socioambiental en Careyitos.
L
a costa de Jalisco se distingue por albergar una alta biodiversidad. Tiene una longitud de 352 kilómetros y una superficie de 1’451,466 hectáreas, que corresponden a 17.5% del territorio de la entidad. El gobierno del estado informa que existen cuando menos 18 tipos de ecosistemas en la costa, clasificados como selvas media y baja caducifolias, selva espinosa, bosque de pinos y encinos, manglares, vegetación de dunas y arrecifes coralinos.1 Con respecto a la flora y fauna, se han registrado 1400 especies de plantas vasculares y 689 de vertebrados: 26 especies de anfibios, 84 de reptiles, 151 de mamíferos y
428 de aves. Asimismo, el 30% de los endemismos del país se encuentran en la zona: 19 especies de peces y 36% de las especies de tortugas marinas conocidas.2 Por estas razones, las autoridades gubernamentales han delimitado algunas áreas destinadas a la conservación, entre las que se distinguen, por su importancia, la Reserva de la Biósfera Chamela–Cuixmala y los Santuarios de Protección a la Tortuga Marina en las playas de Mismaloya, Cuixmala, Tecuán y Teopa.3 Con respecto a la población, la mayor parte se concentra en los centros urbanos que proporcionan servicios turísticos, particularmente en Puerto Vallarta
Paulina Martínez González es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Coordina la Licenciatura en Sociología en el Centro Universitario de la Costa de la de. Correo: ‹paulina.mar79@gmail.com›. Antonio Corgos López–Prado es profesor–investigador en el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Correo: ‹acorgos@gmail.com›.
ducción agropecuaria y forestal.4 Incluso organismos gubernamentales han propuesto que la política pública tome en cuenta la asociación entre la biodiversidad y la diversidad cultural para recuperar los conocimientos y usos tradicionales de la biodiversidad.5 Nosotros abordamos el problema bajo los principios del modelo de conservación biocultural,6 pues en la costa de Jalisco y en el caso específico de «Careyitos» la diversidad biológica, la práctica de la pesca artesanal y los conocimientos de los pescadores con respecto al aprovechamiento sustentable de los ecosistemas ma-
Foto: Antonio Corgos
DEBATE
y Barra de Navidad–Melaque. Sin duda, las actividades económicas del sector turístico son relevantes para la región, pero en las comunidades rurales la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal son de gran importancia, especialmente para los poblados marginados. Más aún, algunas de estas actividades son compatibles con la conservación. Las investigaciones sobre la diversidad biocultural demuestran que en México y en Jalisco las zonas mejor conservadas están habitadas por comunidades indígenas, de campesinos o productores primarios que mantienen prácticas tradicionales de pro-
39
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
40
rinos están en riesgo de desaparecer. En cuanto a los factores que contribuyen a la destrucción de la megadiversidad, un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología () apunta que los más agresivos son los contaminantes vertidos en los afluentes que desembocan en el océano, la extracción excesiva de recursos maderables y la captura de especies de forma indiscriminada.7 Además de estos factores, nuestras investigaciones revelan que una de las amenazas más serias a la conservación de biodiversidad en la costa de Jalisco es la «apropiación» del territorio por empresas inmobiliarias o particulares que pretenden desarrollar áreas turísticas o residenciales. En ese sentido, es pertinente partir de los procesos económicos y políticos implicados en el problema. Para ello, recuperamos los planteamientos de David Harvey, quien argumenta que una de las características del capitalismo es su capacidad de crear y destruir geograf ías, lo cual supone cambios en el uso de los suelos con la finalidad de aumentar el valor monetario de la tierra mediante la inversión en infraestructura. A este tipo de procesos le denomina destrucción creativa del territorio.8 Relacionado con esto, Harvey hace alusión a una tendencia cada vez más visible a nivel global: la acumulación por desposesión, que consiste en la adquisición de territorio con el objetivo de insertarlo en el mercado como objeto de especulación financiera o de utilizarlo como un medio de absorción del capital excedente. La acumulación por desposesión por lo general conlleva el despojo de bienes comunes, privatización y expropiación; la modificación de relaciones sociales y la expulsión forzosa de las comunidades preexistentes.9 Una muestra de que estos procesos se están llevando a cabo en la costa de Jalisco es el hecho de que, en el municipio de La Huerta, 33 de las 36 playas se encuentran en manos de particulares a pesar de que ello representa una violación al artículo 27 la Constitución Política de México.10 En efecto, de acuerdo a la ley, las playas y otros sitios que concentran recursos naturales o culturales valiosos son «patrimonio de la nación», es decir, su «uso y disfrute» son derechos colectivos. Existe una manera de que particulares obtengan concesiones temporales, pero la misma ley establece que los productores primarios agrupados en cooperativas, ejidos o asambleas de comuneros tendrán preferencia para obtener las concesiones, situación que no ha ocu-
rrido en los hechos. En los últimos años, en Jalisco se han otorgado permisos a empresas que especulan con el territorio y que pretenden o han construido complejos turísticos o habitacionales de lujo. En varios casos, la cesión de derechos ha provocado el desalojo de comunidades y cooperativas de pescadores, el uso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y amenazas a la integridad f ísica de los opositores como en el caso de las playas de Tenacatita y Careyitos. Desde nuestro punto de vista, la figura legal de la «concesión» ha sido utilizada en favor de la acumulación por desposesión en detrimento de los derechos ciudadanos y de la conservación de la diversidad biocultural. Aunada a la mala gestión de las concesiones, la compra–venta de predios colindantes con zonas federales marítimo–terrestres ha generado privatizaciones de facto, pues se impide el paso alegando el derecho a la propiedad privada a pesar de que la ley obliga a los terratenientes a permitir e incluso facilitar el ingreso a las zonas federales.
P : La pesquería artesanal o ribereña es una práctica tradicional que llevan a cabo unidades familiares. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (, por sus siglas en inglés) informa que los productos obtenidos de la pesquería artesanal se destinan principalmente al consumo local.11 En la literatura se han destacado sus ventajas socioeconómicas y ecológicas con respecto a la pesca industrial.12 En contraste, la pesquería industrial es gestionada por corporaciones que poseen embarcaciones con una gran capacidad productiva y los propietarios retienen la mayor parte de las utilidades generadas por la extracción y la comercialización de los recursos marinos. En cuanto al impacto ambiental, además de que bajo este modelo se sustraen masivamente especies con valor comercial, se ha documentado que sus métodos de captura diezman poblaciones de otras especies que no les reportan beneficios económicos. En contrapartida, la pesca artesanal se compone por un gran número de embarcaciones pequeñas, también de propiedad privada, pero la distribución de la riqueza es más equitativa. Algunos investigadores afirman que emplea a un mayor número de personas de
de trabajo, básculas, bodegas, máquinas de hielo, congeladores, refrigeradores y vehículos. Con respecto a su importancia económica, Conapesca reporta que la producción en Jalisco en 2011 fue de 14,454 toneladas, con un valor de 195.25 millones de pesos. Así, no se trata de una actividad marginal, por el contrario, es una fuente importante de ingresos y alimentos. Calculamos que 14,274 personas viven directamente de la pesca en los municipios jaliscienses con litoral.15 Tan sólo en el municipio de La Huerta —donde se ubica Careyitos— el 18.5% de la población económicamente activa se dedica a pescar. En definitiva, una cantidad importante de familias encuentra su sustento en esta práctica que permite una distribución más equitativa del ingreso, que puede fortalecer los mercados locales y que es compatible con una visión de conservación que contempla la participación de las comunidades. Sin embargo, corre el riesgo de desaparecer debido a la privatización de las playas y sitios de desembarco.
P : C La playa conocida como Careyitos se encuentra en la posición 19º 26’ , 105º 01’ y tiene una longitud de 485 metros. Pertenece al municipio de La Huerta, Jalisco, y forma parte de la zona conocida como Costa Alegre. Al oriente colinda con un cuerpo de agua dulce, conocido como laguna Careyitos y enseguida con la playa Teopa, que es un sitio de protección de tortugas marinas. A una distancia de aproximadamente tres kilómetros tierra adentro se localiza el polígono que demarca la Reserva de la Biósfera Chamela–Cuixmala. En Careyitos se practica la pesca artesanal desde hace más de 50 años. El centro de población donde residen, la localidad de Emiliano Zapata, se encuentra a tres kilómetros de la playa. Careyitos es donde se llevan a cabo actividades de convivencia familiar y comunitaria. Además, los pescadores utilizan la playa para varar sus embarcaciones, descargar las capturas y gestionar de manera colectiva un restaurante en donde ofrecen alimentos a los visitantes. Eligieron el lugar porque es apto para varar sus embarcaciones, porque tiene acceso por tierra y porque es cercano a la comunidad; incluso los propios pescadores construyeron un camino de 200 metros de longitud que permite bajar desde la carretera hasta la playa.16
DEBATE
forma directa e indirecta y que sostiene económicamente a muchos más dependientes que la pesca industrial.13 En la costa de Jalisco trabajan hasta tres tripulantes en cada embarcación, pues se trata de una actividad que se realiza en colaboración. Otra de las ventajas es la contribución al desarrollo de mercados locales, al llevarse a cabo intercambios con transportistas, fabricantes de hielo, de aparejos, talleres de reparación de motores, pescaderías, restaurantes, hoteles. Respecto al impacto ambiental, las embarcaciones requieren un menor consumo de combustible y las capturas son mucho más selectivas, incluso se sustraen cantidades hasta 20 veces menores de especies acompañantes. Con todo, y en términos generales, los pescadores de ribera practican su arte de manera sustentable. Están conscientes de que el mar es el medio que sostiene la vida e identidad de sus comunidades; poseen conocimientos valiosos con relación a los ciclos vitales de las especies marinas, además de los factores que dañan los ecosistemas. En Jalisco, la práctica de la pesca artesanal es común, pero presenta diversos problemas. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reconoce, entre las carencias más importantes, la escasez en infraestructura y el rezago social de las comunidades de pescadores.14 Por nuestra parte, para conocer la importancia de la pesca, realizamos un diagnóstico que consistió en la aplicación de una encuesta a los representantes de las 44 cooperativas registradas en los municipios costeros de Jalisco que tienen litoral, durante el periodo del 2 de febrero al 15 de marzo de 2011. Los datos que obtuvimos arrojan que: a) la flota pesquera está compuesta por pequeñas embarcaciones denominadas pangas, que son de fibra de vidrio y tienen menos de 10 metros de eslora, con un promedio de 7.8 metros, con un motor «fueraborda» de entre 48 y 65 ; b) en ellas trabajan de uno a cuatro tripulantes, quienes por lo regular salen a pescar de tres a cinco días por semana, dependiendo de las condiciones climatológicas y del estado del mar, la distancia a la zona de pesca y el arte empleado (tipo de pesca), y c) la infraestructura es insuficiente y precaria, se cuentan con pocas instalaciones adecuadas para el amarre de las embarcaciones, así como para el procesamiento y conservación de los productos pesqueros. De las 44 cooperativas, tan sólo dos disponen de embarcadero para atracar; en el resto de los casos varan las pangas en playas, esteros o canales; la mayoría no cuenta con los espacios y las herramientas necesarias como mesas
41
Foto: Antonio Corgos
dio por haberse recibido de forma «extemporánea». Se ampararon nuevamente, pero hasta la fecha no se ha resuelto el caso. Los pescadores están convencidos de que las autoridades federales respaldan las tentativas de expulsarlos,17 pero aún así, continúan luchando por la vía legal y ocupando la playa. En 2009, obtuvo una concesión de 13,873 m2 en Careyitos, con una vigencia de 15 años. El problema es que ésta se traslapa en 20 m2 con el terreno que utilizan los pescadores, que comprende un área de 4,160 m2. Dos años más tarde, a pesar de que la Semarnat canceló el permiso de uso de suelo a los pescadores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó a la cooperativa un subsidio por 5 millones de pesos para la construcción de una «lonja pesquera», es decir, un local que cuenta con las condiciones necesarias para procesar las capturas. Cuando comenzó la construcción del local, interpuso una demanda por invasión de propiedad privada, argumentando que los pescadores invaden los 20 metros del terreno que les fue concedido, mismos que corresponden al camino de acceso a la playa. La Semarnat clausuró la obra y la cooperativa se vio obligada a regresar los recursos económicos. El conflicto se intensificó a raíz de que en julio de 2011 fue asesinado el entonces presidente de la cooperativa, Aureliano Sánchez. El crimen no se ha aclarado, pero para los pescadores su muerte significa una «advertencia» de las medidas que están dispuestos a tomar los empresarios para defender su inversión y consideran que ellos se encuentran en riesgo de ser objeto de violencia.18 Un año más tarde, en julio de 2012, decidió colocar una puerta y contratar los servicios de una corporación de seguridad privada —quienes portan armas de fuego— para controlar el acceso a la playa. La reacción de los miembros de la cooperativa no se hizo esperar; solicitaron el apoyo de las autoridades municipales y lograron que el caso se difundiera en algunos medios de comunicación de Jalisco. A través de la intervención del municipio, la empresa permite el acceso, pero no retiró la puerta, ni la vigilancia de los guardias, de manera que solamente se puede ingresar caminando hacia la playa. Frente a los reclamos de los pescadores y medios de comunicación la respuesta de los delegados de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue contundente: en su opinión no hay violación de derechos porque el cierre del camino no es total sino parcial.19
DEBATE
De acuerdo a las normas mexicanas que obligan a los pescadores a asociarse en cooperativas, los pescadores de Careyitos formaron la Sociedad Cooperativa de Pesca de Ribera Punta Pérula. En términos económicos, su labor es la principal fuente de ingresos de aproximadamente 200 personas. Los miembros de la cooperativa solamente se dedican a la pesca, pues no poseen tierras para sembrar. Obtuvieron una concesión para el uso de la playa Careyitos en los años ochenta. El conflicto socioambiental que gira en torno al uso de la zona federal marítimo–terrestre que ocupan los pescadores empezó en 1991, cuando la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo, .. de .. ( en adelante) adquirió las tierras colindantes a Careyitos. El terreno era propiedad de un particular quien permitía el libre acceso a la playa, de acuerdo a la ley. Para la cooperativa, el cambio de propietarios trastocó la vida cotidiana y les impuso la necesidad de tomar acciones frente a la amenaza de ser expulsados definitivamente. El primer intento de la empresa para desalojarlos se dio en 2001, cuando empleados de colocaron una barrera para impedir la entrada por el camino que abrieron los propios pescadores. En aquella ocasión, el gobierno municipal de La Huerta intervino en favor de la cooperativa. Representantes de la empresa, del municipio y de la Junta Directiva de la cooperativa firmaron un convenio en el que se comprometió a permitir el acceso y retiró la barrera. En 2005, solicitó la concesión de uso de la playa y buscó la anuencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir un hotel, residencias de lujo y una marina en la laguna. La Semarnat otorgó el permiso. No obstante, al revisar el informe sobre el impacto ambiental que presentó , investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Nacional Autónoma de México emitieron dictámenes técnicos que alertaron sobre los daños que sufrirían la Reserva Chamela–Cuixmala y Teopa, entre otros impactos graves que intentó minimizar. Con ello, la Semarnat se vio obligada a revocar el permiso. En el mismo año, la cooperativa tramitó la renovación de la concesión que estaba a punto de concluir y obtuvieron la ratificación. Siete meses más tarde, se les notificó que se cancelaba en razón de que había solicitado utilizar el mismo sitio. La cooperativa recurrió al amparo legal como defensa y los pescadores decidieron seguir trabajando en Careyitos. Un año más tarde se les informó que el amparo no fue sometido a estu-
43
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
44
Con ello, crecen las sospechas de la alianza entre la empresa y los agentes gubernamentales. La imposibilidad de que los pescadores ingresen sus vehículos a la playa ha generado pérdidas económicas y un esfuerzo extraordinario en el trabajo, pues ahora deben transportar los productos en carretillas a través de una pendiente de 200 metros. De acuerdo a sus testimonios, las capturas han disminuido, con lo que se ha perjudicado la economía familiar y el mercado local en el que participan. En suma, a partir de 2011 el conflicto se agudizó y colocó a la cooperativa en una situación de desventaja muy marcada frente a su adversario: perdieron la oportunidad de contar con infraestructura adecuada y se obstaculizó la realización de sus labores. Además, están en riesgo de ser aprehendidos por las autoridades a causa de la demanda de «invasión de propiedad privada» que interpuso la empresa. Por su parte, demostró su capacidad de obtener el respaldo de autoridades para dificultar el trabajo de los pescadores y de desatar un clima de amenazas. Es importante mencionar que en las entrevistas los
pescadores comentaron que no se oponen a que la empresa lleve a cabo sus proyectos siempre y cuando respeten las normas ambientales y su derecho a hacer uso de la playa con las condiciones que requieren. Incluso han buscado nuevamente el diálogo con la mediación de las autoridades municipales, pero la empresa se ha negado, situación que demuestra el endurecimiento de su posición frente al conflicto. Su rechazo invita a pensar que desde su punto de vista los pescadores no son sujetos dignos de interlocución. Tampoco se ha pronunciado en torno a la indemnización o compensación por los daños que han causado. Los cooperativistas persisten en su lucha, en un ambiente de hostilidad y violencia simbólica. La falta de aplicación del Estado de derecho por parte de las instituciones implicadas no han disminuido su voluntad; se mantienen como un sujeto colectivo capaz de impedir —hasta el momento— la destrucción creativa del paisaje y el desarrollo exitoso de la acumulación por desposesión, que para ellos significaría la pérdida del sustento, la identidad y la comunidad.
Referencias 1 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) (s/f ), «Ordenamiento Ecológico de la Región Costa de Jalisco», ‹http://siga.jalisco.gob.mx/moet/›. 2 Semadet (s/f ), op. cit. 3 Miguel de la Madrid, (1986), «Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie», ‹www.conanp.gob.mx/sig/decretos/ santuarios/Pla yastortuga.pdf›. 4 Darcy Tetreault y Lucio, Carlos (2011), «Jalisco. Pueblos indígenas y regiones de alto valor biológico», Revista Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, volumen , número 51, pp. 165–199. 5 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2009), Cuarto informe nacional de México sobre diversidad biológica, ‹http://www. conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/ doctos/4oInforme_.pdf› 6 Víctor Toledo (2010), «La conservación de la biodiversidad», en Víctor Toledo (coordinador), La biodiversidad de México. Inventarios, manejos, usos, informática, conservación e
importancia cultural, México, Fondo de Cultura Económica, Conaculta. 7 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e Instituto Nacional de Ecología () (2004), «Perspectivas del medio ambiente en México. Informe 2004», México. 8 David Harvey (2000), Espacios de esperanza, Madrid, Akal. 9 David Harvey (2012), El enigma del capital y la crisis del capitalismo, Madrid, Akal. 10 El Informador (2012), «En La Huerta, 33 de 36 playas están privatizadas», El Informador, 23 de julio. 11 Food and Agriculture Organization () (2012), Fisheries and Aquaculture topics. Fish capture technology. Topics Fact Sheets, ‹http://www.fao.org/fishery/topic/3384/en›. 12 Jennifer Jacquet y Daniel Pauly (2008), «Funding Priorities: Big Barriers to Small–scale Fisheries», Conservation Biology, volumen 22, número 4, pp. 832–835. Daniel Pauly (2006), «Major trends in small–scale marine fisheries, with emphasis on developing countries, and some implications for the social sciences», Maritime Studies, volumen 4, número 2, pp. 7–22. 13 Jacquet y Pauly (2008), op. cit.; Pauly (2006), op. cit. 14 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) (2011),
17 Entrevistas a Adolfo Sánchez y Carlos López (seudónimos), miembros de la cooperativa, en La Huerta, Jalisco, en agosto de 2012. 18 Entrevista a Rafael Conteras, Carlos López y Adolfo Sánchez (seudónimos), en La Huerta, Jalisco, en julio y agosto de 2013. 19 La Jornada Jalisco (2012), «Sí hay cierre en playa Careyitos, pero es parcial: Profepa», 13 de julio, ‹http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/07/13/si–hay–cierre–en–playa–careyitos–pero–es–parcial–profepa/›.
EDITORIAL
«Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca», ‹http://www. conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_anuario_estadistico_de_pesca›. 15 Cálculo propio basado en datos obtenidos de Sagarpa (2011), Cierres anuales de producción pesquera, ‹http://www.siap. gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&I temid=351›. 16 Entrevista a Carlos López (seudónimo), miembro de la Cooperativa Punta Pérula, en La Huerta, Jalisco, en agosto de 2012.
45
Foto: Antonio Corgos
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Movilización social y petróleo en el sur de Veracruz* Angela Ixkic Bastian Duarte
46
Por más de medio siglo, la extracción intensiva de petróleo ha transformado radicalmente la forma de vida de las comunidades agrícolas y pesqueras del Golfo de México, ocasionando graves daños a la salud y los ecosistemas. La población local paga los costos del deterioro ambiental que las políticas económicas explican como «externalidades». El descontento ha llevado a la movilización social. El presente texto narra la experiencia de la Asociación de Productores Ecologistas Tatexto .., organización de campesinos y pesadores afectados por la contaminación petrolera en el sur de Veracruz.
I
E
l petróleo es un elemento central en la historia reciente de México. A partir de la expropiación de la industria petrolera, en 1938, este recurso fue entendido como el factor que posibilitaría el desarrollo, la independencia, la modernidad y la soberanía. Pocos datos bastan para mostrar la relevancia política y económica de este bien natural para nuestro país: México es el cuarto productor a nivel mundial, el onceavo en reservas de crudo y la paraes-
tatal encargada de la extracción y del procesamiento, Petróleos Mexicanos (Pemex), es la tercera compañía en importancia a nivel mundial.1 Sin embargo, los beneficios que los hidrocarburos han traído al país vienen acompañados de graves y complejos problemas hasta ahora sin solución. Poco más de medio siglo la extracción intensiva ha transformado radicalmente la forma de vida de las comunidades agrícolas y pesqueras del Golfo de México, la región petrolera más importante del país, ocasionando graves daños a la salud de los habitantes y a los ecosis-
Angela Ixkic Bastian Duarte es profesora–investigadora del posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ().
Foto: Greenpeace/Prometeo Lucero
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
48
temas. Greenpeace explica que en la región del Golfo de México ha ocurrido un ecocidio de proporciones dramáticas con un alto impacto en términos de salud pública y degradación de las fuentes de agua y de los suelos.2 Frecuentemente ocurren derrames y accidentes durante las tareas de limpieza, carga y descarga de buques. Se han vertido sistemáticamente, durante décadas, desechos tóxicos sin tratamiento alguno en innumerables puntos de la región. Por tanto, los ríos están fuertemente contaminados con sustancias tóxicas. En 1986, Villanueva, Botello y Páez demostraron la existencia de muy elevados valores de hidrocarburos aromáticos policíclicos () en puntos del río Coatzacoalcos donde las descargas eran constantes o donde existía una intensa actividad petrolera.3 Los son toxinas peligrosas con un efecto cancerígeno documentado. Se ha vinculado al cáncer de estómago y de piel, así como a malformaciones en los fetos y recién nacidos. 20 años después, Bozada y Bejarano hablan de la presencia de y de otros elementos altamente cancerígenos como benzo (a) pireno y benzo (ghi) perileno en 19 especies de peces, moluscos y crustáceos del río.4 El Instituto de Ecología en un estudio realizado en el 2007, también en Coatzacoalcos, constata la presencia de compuestos orgánicos y metales pesados en suelo y sedimento, y asegura que la contaminación por compuestos orgánicos persistentes () y por algunos metales como plomo (b) se encontraba en determinadas plantas y animales, en algunas de las cuales se detectaron daños al . Los periódicos locales hablan de la salinización de las tierras de cultivo, de la contaminación del aire y de los cuerpos de agua; del incremento de casos de cáncer y de las afectaciones al corazón, sistema nervioso central y sistema respiratorio; además de problemas en la piel, leucemia y niños que nacen con malformaciones.5 A lo anterior, hay que sumar el daño ocasionado por el acondicionamiento de las áreas donde se ubican las industrias. Hay que considerar, también, la contaminación que implica la operación misma de las plantas petroquímicas y el constante riesgo que representa la extendida red subterránea de ductos y poliductos que atraviesa la región, así como el ya conocido impacto ambiental de la construcción de carreteras y demás sistemas de conexión terrestre. En este contexto, se desarrolla la vida de los campesinos, pescadores y pequeños ganaderos, indígenas y mestizos, ejidatarios, pequeños
propietarios, avecindados y comuneros que habitan las zonas petroleras. En el sur de Veracruz, así como en otras regiones petroleras del país que han subordinado sus actividades productivas y los recursos naturales al desarrollo de la industria petrolera, se observa una clara contradicción entre la riqueza ofrecida por la naturaleza y los niveles de pobreza de los habitantes. La población local paga los costos del deterioro ambiental que las políticas económicas explican como «externalidades». El descontento que este hecho produce, sumado a los efectos que la degradación ambiental ha tenido en la salud y las formas de vida de campesinos y pescadores, ha llevado a que estos se movilicen e impulsen procesos organizativos, como el de la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco .. ().
E V A mediados de la década de los años noventa, pescadores y campesinos de Ixhuatlán de Sureste y de la cuenca media del río Coatzacoalcos repararon en la creciente mortandad del ganado y de los peces, en la disminución en la producción agrícola, en la evidente degradación de la calidad del agua y en el incremento de enfermedades. Los pobladores atribuyeron estos hechos a que la planta Agata de Pemex Exploración y Producción vertía sus desechos al Arroyo Grande, colindante con sus tierras. Se dieron a la tarea de observar sistemáticamente e iniciar un registro de estos hechos. Pemex comenzó a verter los desechos de esa planta en piscinas clandestinas ubicadas en los ejidos. Estas piscinas o represas son excavaciones de aproximadamente 80 x 80 metros y entre seis y ocho metros de profundidad. Los pobladores localizaron 60 de ellas, observaron la rutina de las pipas y lograron reconstruir sus horarios y trayectos. El 10 de agosto de 1998 reunieron a una comitiva integrada por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales–Coatzacoalcos (Semarnap), uno de la Dirección General de Asuntos Ecológicos del Estado, un miembro de Greenpeace y uno del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y los llevaron a una piscina ubicada en el ejido Felipe Berriozábal donde sería depositada, según los registros realizados, una descarga de desechos. Los integrantes de la comitiva sorprendieron a un camión de plataforma vertiendo lodos tóxicos
economía de la población local. En julio de 2011 organizó un foro con la participación de especialistas para discutir la problemática ambiental de la región. ha establecido vínculos con organizaciones sociales y no gubernamentales, con investigadores de distintas instituciones académicas nacionales e internacionales y con funcionarios ubicados en puestos estratégicos. Estas relaciones les ha permitido contar con aval científico, asesoría jurídica y cierta difusión, así como ir construyendo redes de solidaridad. Un ejemplo es la capacitación para tomar muestras de aire con un método casero, el cubeteo, ofrecido por la internacional Global Community Monitor.8 El cubeteo es una técnica que consiste en tomar muestras de aire en cubos de 20 litros mediante dispositivos y filtros, con el fin de enviarlos luego a un laboratorio para su análisis. Este método permite que los integrantes de la comunidad participen más activamente en la vigilancia ambiental y al mismo tiempo permite que puedan tomarse muestras de aire sin la presencia de un técnico especializado. Las muestras son enviadas, respetando exigentes protocolos, a un laboratorio certificado para su análisis. Con estas pruebas demostró, en 2006, la existencia de 23 químicos tóxicos en el aire de Minatitlán, tres de los cuales exceden los niveles permitidos en Estados Unidos. 9 La organización realiza estas pruebas cada cierto tiempo. Le llama cubeteo porque una parte del equipo necesario para tomar las muestras tiene la forma de una cubeta. El proceso consiste en detectar zonas donde la población presenta con frecuencia determinados síntomas, como dolores de cabeza y vómito. La brigada de cubeteros toma una muestra con una bolsa que succiona el aire y la envía a los laboratorios donde será analizada. En 2010 y 2011, la organización tomó 20 muestras y las envió para su análisis a los laboratorios Columbia Analytical Service —certificados por la Agencia Norteamerica de Protección Ambiental ()—,10 ubicados en California, Estados Unidos. Estos análisis han sido financiados por la Universidad de York de Toronto, Canadá, con apoyo de la geógrafa Ann Zalik, investigadora de esta universidad, quien ha trabajado con la organización durante más de una década.
R La lucha de estos campesinos y pescadores no puede entenderse analizando únicamente los aspectos relati-
DEBATE
y lo detuvieron; tomaron muestras de la sustancia y las enviaron al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México para su análisis. Los resultados revelaron una elevada concentración de hidrocarburos.6 El 26 de octubre de 1998, con la asesoría del Cemda y Greenpeace, los ejidatarios presentaron una denuncia penal ante un juez federal por el derrame premeditado de desechos tóxicos a cielo abierto en tierras ejidales. En 2001, tres funcionarios de Pemex fueron encontrados culpables de delitos ambientales. Ésta fue la primera denuncia, ante un juez federal, desde la inclusión de los derechos ambientales a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que involucraba la presencia de desechos peligrosos. Según documenta Greenpeace y explican integrantes de , fue también la primera vez que se ejerció una acción penal y que se dictaron órdenes de aprensión contra funcionarios de la paraestatal por delitos ambientales.7 Después de este triunfo legal, cada vez más pescadores y campesinos comenzaron a registrar distintos eventos en sus comunidades, como la presencia de otros depósitos de desechos o escurrimientos. Se crearon comités en cada ejido para vigilar y registrar, de forma sistemática, lo que ocurría. De este proceso nació . La organización reúne a pescadores y agricultores, campesinos de todos los ejidos de Ixhuatlán del Sureste y de buena parte de la cuenca media del río Coatzacoalcos; muchos de ellos son migrantes económicos, indígenas provenientes de Chiapas y Tabasco. El trabajo de esta asociación ha logrado vincular lo político, lo social y lo ambiental; está dirigido a la denuncia y la difusión de la problemática provocada por los derrames, las filtraciones y el manejo de desechos tóxicos. Poco a poco ha ido incorporando otros temas y estrategias como la medición y la denuncia de la contaminación del aire, provocada también por la industria petroquímica o la promoción de proyectos de corte ecológico. Entre 2006 y 2011, impartió talleres en varios municipios acerca de temas como cambio climático, contaminación ambiental e impacto de las industrias en la zona. En estas actividades colaboró, a veces, la Fronteras Comunes, otras veces el párroco Zaragoza, municipio vecino, y las Comunidades Eclesiales de Base de Ixhuatlán del Sureste. De igual forma, la organización ha realizado actividades para promover la lombricomposta, el manejo ecológico de plagas, así como algunos proyectos productivos que incidan en la
49
Foto: Greenpeace/Prometeo Lucero
vacionistas. No proponen conservar la naturaleza por sí misma, sino transformar las formas de relacionarse con ella para que las comunidades no sean dañadas durante la extracción y transformación de recursos, sino beneficiadas por estos procesos. La experiencia organizativa descrita apunta a un proyecto de desarrollo que considere a sus comunidades, que las coloque en el centro. Sus estrategias, sus alianzas y su discurso aluden a demandas más amplias que incluyen la necesidad de una democracia real, de mayor participación ciudadana y de una evaluación de costos y beneficios del actual modelo de desarrollo.
Referencias * Una discusión más elaborada se presentará en el libro Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México: problemas comunes, lecturas diversas, coordinado por María Fernanda Paz y Nicholas Risdell, que será publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. 1 ‹http://www.industriapetroleramexicana.com/2012/03/datos–que–debes–saber–acerca–del–petroleo–y–la–industria–petrolera/›. 2 Greanpeace México (2009), «Ixhuatlán: combatir la impunidad ambiental», Este país, 17 de abril. 3 Susana Villanueva, Alfonso Vázquez Botello y Federico Páez Osuna (1986), «Presencia de algunos metales pesados en organismos del río Coatzacoalcos y laguna del ostión, Veracruz», Memorias del Curso y Simposio Internacional so-
bre Biología de la Contaminación, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 4 Lorenzo Bozada Robles y Fernando Bejarano González (2006), Los contaminantes orgánicos persistentes en el istmo mexicano, Texcoco, . 5 Rubén Rojas (2006), «Pemex es nuestra muerte», Diario de Xalapa, 13 de febrero. 6 Greenpeace México (2009), op. cit. 7 ‹http://estepais.com/inicio/historicos/107/12_medio%20 ambiente_ixhuatlan_greenpeace.pdf›. 8 ‹http://gcmonitor.org/index.php›. 9 ‹http://zapateando2.wordpress.com/2006/11/23/la-contaminacion-en-veracruz-un-foro/›. 10 ‹http://www.epa.gov/›.
DEBATE
vos al ambiente: los daños a la ecología ocurren en un contexto marcado por relaciones de poder en el que se entrelazan las trayectorias de los distintos actores. Sus argumentos involucran lo ambiental como respuesta a los evidentes daños provocados por Pemex, por sus filiales y por las otras industrias de la zona, pero estas afectaciones no son ataques a la naturaleza, de forma aislada, sino a los espacios en los que transcurre la vida de los pescadores y los campesinos: tierra, agua, plantas y animales que permiten la subsistencia. No sorprende que las reivindicaciones ambientales de los reclamantes de Veracruz no sean conser-
51
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Cambio climático y construcción de alternativas: hacia una agricultura sustentable para enfriar el planeta Jaime Morales Hernández
52
La humanidad se enfrenta a una crisis compleja y multidimensional. El cambio climático es una de las consecuencias más evidentes de un proyecto civilizatorio basado en la industrialización de la naturaleza y el uso intensivo de recursos naturales. La agricultura industrial se extiende como el proceso hegemónico en la producción de alimentos y constituye una amenaza para la vida rural, los agricultores y los consumidores, además de que representa una de las causas del cambio climático. Ante ello, el presente texto pretende dar cuenta de los avances en la construcción de alternativas agrícolas sustentables en América Latina.
C ,
E
l cambio climático forma parte de una profunda crisis civilizatoria. De acuerdo con Edgar Morin,1 estamos ante una combinación de crisis entretejidas e indisociables que incluyen las dimensiones económica, ecológica, demográfica, urbana y rural. En conjunto se trata de una crisis planetaria que cuestiona a fondo los dos mitos
principales del Occidente moderno: la conquista de la naturaleza–objeto y el falso infinito hacia donde se lanzan el crecimiento, el desarrollo y el progreso. La crisis rural está inmersa en la crisis civilizatoria y muestra el fracaso de la agricultura industrializada y los sistemas agroalimentarios impuestos a nivel global por las políticas neoliberales. Las evidencias son múltiples: a) incapacidad para reducir el hambre a pesar de los altos niveles de producción existentes; b) incremento de la pobreza y la marginación de los habitantes rurales que se
Jaime Morales Hernández es profesor–investigador del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ().
A A pesar de las múltiples evidencias de la crisis rural a nivel planetario, la globalización neoliberal se encamina a intensificar los procesos de industrialización de la agricultura con el único criterio de aumentar la rentabilidad, excluyendo cualquier visión que considere la multifuncionalidad y los aportes sociales, culturales o ecológicos de las actividades agropecuarias. La agricultura industrial lleva en su esencia la modificación intensiva de los ecosistemas; su estilo tecnológico se basa en el monocultivo, las semillas híbridas y transgénicas, y la utilización de insumos de origen industrial, tales como fertilizantes químicos, plaguicidas y combustibles fósiles. La agricultura industrial se extiende por el planeta a través de diferentes procesos: la sustitución de abonos orgánicos por fertilizantes químicos; la utilización de maquinaria cada vez más grande, costosa y pesada; la transformación de la ganadería en granjas intensivas y dependientes; la pérdida de la agrodiversidad; la creciente especialización productiva regional, y el incremento progresivo en el comercio global de alimentos.4 Con la extensión de la agricultura industrial se intensifican las aportaciones de esta actividad al cambio climático. Se calcula que genera 14% de las emisiones directas de gases con efecto invernadero (). Por otra parte, otro 18% de las emisiones de corresponde a cambios en el uso de la tierra a nivel global y más de la mitad de éstas son causadas por la agricultura industrial, principal causa de la deforestación, apertura de nuevas tierras de cultivo y degradación de los suelos.5 También hay que agregar las emisiones indirectas, como la energía gastada en la fabricación de agroquímicos, la producción y utilización de maquinaria agrícola, el transporte de insumos y cosechas, así como las emisiones generadas en la elaboración, envasado y transporte de alimentos. Con todo, queda claro que la agricultura industrial es una de las principales culpables del cambio climático.
A Ante la crisis que recorre los espacios rurales en el mundo, campesinos e indígenas llevan a cabo diversas estrategias para construir alternativas que conserven la cul-
TEMAS CRÍTICOS
ven obligados a emigrar del campo buscando mejores niveles de vida; c) continuo deterioro de los recursos naturales, incluso con respecto al cambio climático, y d) condiciones de calidad y confiabilidad de los alimentos que cada vez entrañan más riesgos para los consumidores. La alteración de los patrones climáticos afectará a la producción agropecuaria y tendrá un impacto directo sobre la producción de alimentos. La alimentación, el nivel más básico de las necesidades humanas, se está viendo gravemente influenciada por los efectos del cambio climático, aumentando con ello el número de personas en riesgo de hambruna. De esta forma, el cambio climático y la seguridad alimentaria están indisolublemente ligados. La Organización de las Naciones Unidas señala que además de los 1200 millones de hambrientos actuales en el mundo, para 2080 otros 600 millones podrían estar en riesgo de padecer hambre como consecuencia directa del cambio climático.2 A nivel global, los impactos del cambio climático serán más intensos en aquellos seres humanos quienes menos tienen la culpa, especialmente para quienes basan la subsistencia en la utilización de recursos naturales. Entre ellos se encuentran los habitantes del medio rural y las orillas de mares, ríos y lagos, especialmente en el llamado Sur global, en el cual campesinos, jornaleros, pequeños pescadores, mujeres e indígenas enfrentan una compleja crisis rural, caracterizada por pobreza, hambre, deterioro ambiental y migración forzada. La agricultura es una de las actividades humanas que por su estrecha relación con la naturaleza y con el clima se verá fuertemente impactada por el cambio climático. La cantidad y distribución de las lluvias, la variación entre altas y bajas temperaturas, las inundaciones, las sequías, los incendios, la erosión del suelo y la pérdida de la agrodiversidad son sólo algunos de los impactos previstos que tendrán un efecto directo en la producción de alimentos y, por tanto, en la alimentación de la humanidad. Las consecuencias pueden ser muy profundas para los agricultores de subsistencia ubicados en ecosistemas frágiles, donde se esperan cambios en la productividad. En estas circunstancias, la disminución de tan sólo una tonelada en el rendimiento puede llevar a grandes desequilibrios en la vida rural. La mayoría de los modelos de cambio climático predice que los daños serán sufridos en forma desproporcionada por los pequeños agricultores del Sur global, particularmente por agricultores que dependen de regímenes de lluvia impredecibles.3
53
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
54
tura, los recursos naturales y los medios de vida. Entre estas estrategias juega un papel relevante la búsqueda de formas más sustentables de practicar la agricultura. Los protagonistas de los movimientos rurales buscan, además, establecer articulaciones con diversos tipos de organizaciones sociales: ecologistas, consumidores, neorurales y no gubernamentales, con la perspectiva de
entretejer acuerdos comunes con los habitantes de las ciudades, que son una contraparte fundamental de la agricultura sustentable, ya que constituyen compañeros fundamentales en el caminar colectivo hacia la construcción de otro tipo de relaciones entre la ciudad y el campo, caracterizadas por una alimentación accesible, sana y de alta calidad. La agricultura sustentable atiende
La agricultura sustentable representa una alternativa para enfrentar el cambio climático. De acuerdo con Kotschi y Muller,7 tiene un alto potencial de reducción directa e indirecta de gases efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbón y óxido nitroso, y en menor medida metano. Los principios de la agricultura sustentable que hace posible esto son los siguientes: a)
TEMAS CRÍTICOS
tanto la problemática rural como las demandas ciudadanas que buscan mayor disponibilidad y calidad en los alimentos, más cuidado de recursos naturales con atención al cambio climático y una mayor participación social en su derecho a una alimentación sana. Por ello, las formas sustentables de la agricultura atañen no sólo a los agricultores sino también a consumidores y ciudadanos.6
55
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
56
manejar la tierra de tal manera que el suelo queda cubierto permanentemente a través de la reducción del laboreo, la diversificación y la rotación de cultivos y la agroforestería; b) utilizar leguminosas para ayudar a mantener la fertilidad del suelo; c) fertilizar con estiércoles y residuos orgánicos, incluyendo no sólo la elaboración de abonos, compostas y biogás, sino también el reciclaje de residuos urbanos; d) integrar la agricultura con la ganadería, y e) alimentar el ganado con praderas y piensos locales, y evitar la ganadería que implica estabulación intensiva. La agricultura sustentable también implica cambios en la conducta de los consumidores para consumir más alimentos locales y regionales y más vegetales en la dieta. Estos patrones se reflejan en el continuo crecimiento de la superficie manejada con una visión de agricultura sustentable, que en 2008 incluía un total de 35 millones de hectáreas en 154 países del mundo, manejadas por alrededor de 1.4 millones de agricultores. El primer lugar lo ocupa Oceanía con 12 millones de hectáreas; después se ubican Europa y Latinoamérica con alrededor de ocho millones de hectáreas. Cabe señalar que la región donde tuvo mayor crecimiento la agricultura sustentable durante 2007 fue Latinoamérica, con un incremento de 26%, donde buena parte de los agricultores son pequeños y medianos.8
E A L En la región, la agricultura sustentable nace como una estrategia orientada a enfrentar la crisis rural a partir de tres objetivos: autosuficiencia alimentaria familiar, cuidado de recursos naturales y reducción de costos de producción. En América Latina los proyectos iniciales fueron realizados por grupos de campesinos e indígenas, acompañados generalmente por organizaciones comunitarias y no gubernamentales ().9 Al paso del tiempo, y con la participación de grupos de consumidores, ecologistas, universitarios y —en algunos casos— agentes de gobiernos locales, la agricultura alternativa fue creciendo constantemente, de tal manera que 27% de la superficie que corresponde a este modelo a nivel mundial se ubica en Latinoamérica. Esta forma de agricultura ha tenido un impacto positivo en los rendimientos. De acuerdo con Altieri y Nicholls,10 para los miles de productores rurales en
América Latina que —en asociación con y otras organizaciones— manejan sistemas agroecológicos, los aumentos de 50 a 100% en la producción son bastante comunes. En estos casos, los rendimientos de cultivos que constituyen el sustento de los pobres —arroz, frijol, maíz, yuca, papa, cebada— se han multiplicado gracias al trabajo y conocimiento local y a la intensificación de mano de obra y el aprovechamiento de sinergias. El avance de la agricultura sustentable en la región ha significado también el manejo equilibrado de los recursos naturales, la conservación de semillas nativas, el mejoramiento de la agrodiversidad y la disminución de impactos ambientales negativos.11 Además, ante las catástrofes ambientales en Latinoamérica, la agricultura sustentable ha demostrado mayor capacidad de resistencia que la agricultura convencional. Después del huracán Mitch en Centroamérica, por ejemplo, las parcelas con prácticas de agricultura sustentable mostraron menos problemas de erosión y permitieron en un periodo corto reanudar las actividades productivas.12 Las experiencias en la región muestran la relevancia de la agroecología como un enfoque científico destinado a apoyar la transición desde los actuales estilos de desarrollo rural hacia modos más sustentables.13 Para Altieri y Toledo,14 la agroecología tiene un gran potencial para promover cambios sociales y agrarios trascendentes, que pueden traer beneficios económicos, sociales, ambientales y políticos a los pequeños productores, a las comunidades rurales y a los consumidores en general. Estos cambios abren nuevos derroteros políticos para las sociedades agrarias de la región y conforman una alternativa totalmente opuesta a las políticas neoliberales basadas en la agroindustria y las agroexportaciones. En Latinoamérica destacan como polos de innovación en agriculturas sustentables Brasil, la región andina, México, Centroamérica y Cuba. La experiencia de este último país es reveladora del potencial de la agroecología bajo un modelo socialista; los avances más impresionantes se realizaron desde 2000, cuando la agroecología empezó a difundirse en el campo a través de los canales «campesino a campesino», y también fue adoptada en los centros urbanos, huertos, azoteas y traspatios. El resultado fue un aumento dramático de la producción de verduras, leguminosos, tubérculos y otros cultivos, rebasando con creces los niveles de producción antes de la crisis, con sólo una fracción de los agroquímicos utilizados en los años ochenta.15
La agricultura sustentable aparece como una alternativa a la agricultura industrial. Continúa creciendo en el mundo con notables aportaciones en el combate al cambio climático. En Latinoamérica esta forma de agricultura es realizada especialmente por agricultores familiares, campesinos e indígenas. Los movimientos
sociales hacia la sustentabilidad han demostrado la importancia de la articulación de los habitantes urbanos y los rurales en la movilización y presión sobre los gobiernos y los organismos internacionales, para el diseño y puesta en práctica de políticas públicas orientadas a fortalecer la agricultura sustentable y multifuncional como una manera de enfriar el planeta y de avanzar hacia sociedades más justas y ecológicamente racionales.
TEMAS CRÍTICOS
R
57
Referencias 1 2
3
4 5
6 7
8 9
Edgar Morin (2011), La vía para el futuro de la humanidad, Barcelona, Editorial Paidós. Olivier de Schutter (2010), La agroecología y el derecho a la alimentación. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea de la , documento //16/49, Nueva York, Organización de las Naciones Unidas. Miguel Altieri y Clara Nicholls (2009), «Cambio climático y agricultura campesina: impactos y respuestas adaptativas», , Revista de Agroecología, volumen 24, número 4, pp. 5–8. Ecologistas en Acción (2011), Agroecología para Enfriar el Planeta, Madrid, Cuadernos 19. (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) (2007), Cambio climático 2007: informe de síntesis, Ginebra, , . Stephen Gliessman (2007), Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems, Boca Raton, Florida, Press. Johannes Kotschi y Karl Muller Samann (2004), The Role of Organic Agriculture in Mitigating Climate Change A Scoping Study, Bonn, . Helga Willer y Lukas Kilcher (editores) (2010), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, Bonn, . Jaime Morales Hernández (2011), La agroecología en la construcción de alternativas hacia la sustentabilidad rural, México, , Siglo .
10 Miguel Altieri y Clara Nicholls (2000), Agroecología: teoría y práctica para una agricultura sustentable, México, . 11 Gloria Guzmán y Jaime Morales Hernández (2011), «Agroecología y Agricultura Ecológica. Aportes y sinergias para incrementar la sustentabilidad agraria», Revista Agroecología, volumen 6, pp. 55–62. 12 Eric Holt–Giménez (2002), «Measuring farmers agroecological resistance after hurricane Mitch in Nicaragua: a case study in participatory, sustainable land management impact monitoring», Agriculture, Ecosystems and Environment, volumen 93, pp. 87–105. 13 Francisco Caporal y José Antonio Costabeber (2002), «Analise multidimensional da sustentabilidade: uma proposta metodologica a partir da Agroecología», Revista Agroecología e desenvolvimento rural sustentavél, volumen 3, número 3, Ediciones Emater, Ascar, Brasil. 14 Miguel Altieri y Toledo Víctor (2011), «The agroecological revolution of Latin America: rescuing nature, securing food sovereignty and empowering peasants», Journal of Peasant Studies, volumen 38, número 3, pp. 587–612 15 Peter Rosset, Braulio Machín Sosa, Adilén María Roque Jaime y Dana Rocío Ávila Lozano (2011), «The Campesino– to–Campesino agroecology movement of in Cuba: social process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty», Journal of Peasant Studies, volumen 38, número 1, pp. 161–191.
VOLUMEN II, NÚMERO 7
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Aterrizando el debate sobre la minería en América Latina Raúl Delgado Wise
58
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE LUIS RODOLFO MORÁN QUIROZ
En el contexto del boom minero de la primera década del siglo , ha habido un diluvio de publicaciones sobre el nuevo extractivismo y la reprimerazación de las economías latinoamericanas, donde la penetración del capital minero canadiense se pinta frecuentemente como una forma de imperialismo. Sin menospreciar la magnitud y naturaleza de este fenómeno, se argumenta que el capital minero no se ubica en la vanguardia del imperialismo contemporáneo y que conforma una modalidad de capitalismo rentista.
¿
De qué manera la minería se ajusta a la estrategia dominante de reestructuración que siguen las grandes corporaciones multinacionales en la época neoliberal? Para abordar esta pregunta es necesario comenzar con unas cuantas observaciones generales respecto al capitalismo contemporáneo. En otros lugares he argumentado que la actual estrategia de internalización del capital se caracteriza por el establecimiento de redes globales de capital monopólico. Esta estrategia implica que, por medio de las operaciones de
subcontratación (outsourcing), las grandes corporaciones multinacionales amplían parte de sus actividades productivas, comerciales, financieras y de servicio a regiones periféricas en busca de fuerza de trabajo barata y flexible, así como de recursos naturales. Esta nueva arquitectura global conlleva el establecimiento de plataformas de exportación que operan como enclaves en los países periféricos. Se estima que alrededor de 85 millones de trabajadores del Sur trabajan en estas plataformas de exportación, sin considerar el sector agrícola.
Raúl Delgado Wise es profesor–investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinador de la Cátedra sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos y presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo.
Al respecto, es importante reconocer que las corporaciones mineras no se ubican entre las corporaciones multinacionales de mayor tamaño en el mundo y que la posición de las corporaciones canadienses no constituyen la vanguardia corporativa, ni siquiera en América Latina. Al menos debemos ser conscientes de que no se trata de la fracción dominante del capital minero en tres países: Brasil, Chile y México, los que, por cierto, son los productores mineros de mayor magnitud en el subcontinente. Esto, por supuesto, no disminuye la importancia del extractivismo imperialista canadiense; más bien apunta a equilibrar su análisis. Otro tema importante es que la mayor parte de las corporaciones mineras canadienses se concentran en la producción de oro. En lo que respecta a este metal precioso en particular, Canadá está a la cabeza a nivel global: 75% de las compañías mineras de oro tienen su sede en ese país, aunque la mayor parte de sus recursos están distribuidos en el exterior. Esto plantea al menos tres temas críticos. Primero, dado que el oro sigue siendo un refugio para el capital monetario (particularmente dada la actual tendencia hacia la financiarización), su capacidad de robustecer enormes cantidades de ganancias extraordinarias en forma de renta absoluta y monopólica refuerza la naturaleza rentista del capital extractivista canadiense. Segundo, el capital minero, es claro, no se ubica en la vanguardia del imperialismo contemporáneo. Tiene una posición limitada frente al capital industrial–financiero. La estrategia de reestructuración de las grandes corporaciones transnacionales —como mencioné antes— se basa más en la ventaja de buscar ganancias extraordinarias aprovechando la fuerza de trabajo barata y flexible, basándose en mecanismos de sobreexplotación. Tercero, el capital minero canadiense tiene ventajas tecnológicas en las actividades de exploración que son esenciales en la minería de oro y metales preciosos. Las actividades de extracción, en mayor o menor medida, tienen importantes costos ambientales. Las corporaciones canadienses han optado, en casi todas las ocasiones, por la minería a cielo abierto, que es la menos costosa, permite una producción a gran escala en un marco temporal breve, pero conlleva impactos ambientales devastadores con severas consecuencias sociales para las comunidades locales. ¿Es la minería una modalidad de capitalismo rentista? En mi opinión, claramente lo es. Implica la apropiación de ganancias extraordinarias en forma de renta de la tierra (es decir, por medio de un valor no creado
MIRADA A FONDO
Más recientemente, esta estrategia de internacionalización se ha ampliado a la esfera de la innovación científica y tecnológica. A través del acceso a una fuerza de trabajo altamente calificada de las naciones periféricas, las grandes corporaciones multinacionales logran reducir los costos de la fuerza de trabajo, transferir la cobertura del riesgo y las obligaciones y capitalizar los beneficios visibles por medio de la concentración de las patentes. Esto da lugar a una tendencia expansiva en la mercantilización del trabajo científico con una visión a corto plazo y poca consideración de las cuestiones sociales. En el núcleo de este proceso, que implica un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la clase trabajadora, hay dos factores que lo facilitan: 1) la exagerada sobreoferta de mano de obra. Con la incorporación de Rusia, China e India al mercado capitalista mundial, la oferta de fuerza laboral para el capital creció a más del doble, aumentando de 1.5 miles de millones a 3.1 miles de millones, y 2) la ventaja de buscar el pago de salarios más bajos en el extranjero como una fuente de ganancias extraordinarias. Esto ha llevado a rendimientos monopólicos extraordinarios (rentas imperiales) aprovechando los enormes diferenciales salariales existentes en el mundo: los salarios por hora en China en promedio representan 4% de los vigentes en Estados Unidos y 16% de los salarios en México. Como corolario, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (), en la actualidad hay 1.5 miles de millones de trabajadores sujetos a condiciones de empleo vulnerable; más de 900 millones ganan sueldos de dos o menos dólares estadounideneses diarios y 203 millones están desempleados. Volviendo a la pregunta planteada al inicio: aunque la minería es un componente de la globalización neoliberal, argumento que no es su fuerza impulsora. Según la lista de Forbes, existen 115 corporaciones mineras entre las dos mil corporaciones más grandes en el mundo. La primera es de Luxemburgo y ocupa la posición 38, Brasil tiene a la segunda corporación minera en tamaño (76 en la lista) y seis más que van de las posiciones 809 a 1971. Canadá tiene la décimo cuarta corporación minera en magnitud: Barrick Gold, situada en el 454 lugar. Hay otras ocho firmas canadienses en la lista, incluyendo Teck Cominco y Gold Corp, que fluctúan entre las posiciones 612 a 1557; México tiene dos corporaciones mineras en la lista: Grupo México (mejor posicionado que Gold Corp, la mayor firma canadiense en México) y Peñoles. Chile tiene una, National Copper Corporation, y Perú también una, Buenaventura.
59
sino apropiado por medio de nuevas formas de despojo de parte de las grandes corporaciones multinacionales que operan en el sector minero). Es crucial entender las características, dimensiones y alcances de la renta de la tierra implicada en este proceso. Aunque hay nuevas tecnologías utilizadas en la industria minera, el extractivismo no es una ruta progresista a la acumulación y
expansión del capital. La minería está asociada con el daño ambiental (particularmente en la minería a cielo abierto), la explotación de la fuerza de trabajo y el acaparamiento de recursos naturales y, en el caso de las comunidades campesinas e indígenas en América Latina, conlleva un proceso de acumulación por despojo. La modalidad de renta de la tierra implicada en las operaciones extractivas es principalmente renta de la tierra «absoluta» o «monopólica». Depende de la alta demanda de recursos naturales (derivada del súbito incremento en la demanda de materias primas), su ubicación geográfica en los países periféricos, el impacto de las políticas neoliberales que favorecen el control por las corporaciones multinacionales y el hecho de que los metales preciosos funcionan como una válvula de escape para las operaciones del capital especulativo. El nuevo extractivismo, tal como se maneja en los países latinoaméricanos con gobiernos progresistas,
niobra que tienen los gobiernos progresistas para confrontar el voraz apetito del capital minero imperialista canadiense? ¿Qué papel pueden desempeñar los Estados progresistas en América Latina para impulsar procesos de transformación social, verdaderamente emancipadores, antiimperialistas y antisistémicos, en vez de operar como intermediarios del capital minero imperialista canadiense? Además, dada la importante participación de las corporaciones mineras con capital basado nacionalmente en países como Brasil, México, Chile y Perú, ¿cuál es el peso real y la importancia estratégica de las corporaciones mineras canadienses en América Latina?
R 1 Henry Veltmeyer , «Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de desarrollo o imperialismo extractivista?», Estudios Críticos del Desarrollo, volumen 3, número 4, p. 20.
MIRADA A FONDO
aunque implica un menor grado de saqueo por las grandes corporaciones mineras, no escapa a esta tendencia. Debido a «la confianza en la inversión extranjera para la explotación y el desarrollo de las reservas de recursos naturales del país», como argumenta Veltmeyer,1 hay una coincidencia de intereses entre los países latinoamericanos posneoliberales y protosocialistas y el capital extractivo multinacional. Sin embargo, hay otros varios temas que en mi opinión requieren mayor aclaración. ¿Es posible superar la dependencia en la inversión extranjera directa () de las corporaciones mineras internacionales? ¿Cuáles son los márgenes reales de ma-
61
Observatorio del Desarrollo Investigaci贸n, reflexi贸n y an谩lisis www.estudiosdeldesarrollo.net