Observatorio del Desarrollo, vol. 6, núm. 17 online by Comunicación Social UAZ

Colaboradores

VOLUMEN 6 · NÚMERO 17 · MAYO- AGOSTO 2017 · ISSN: 2448-5039

CITLALY AGUILAR SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL ALONSO DE LOS SANTOS CAROLINA ARIAS HURTADO FRANCISCO JAVIER CABALLERO ANGUIANO EUGENIA CORREA MATEO CROSSA JOSÉ ERIK GÓMEZ CRUZ HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS WESLEY MARSHALL JORGE ANTONIO MORALES CARDIEL ELVIRA IVONNE MUÑOZ MORALES ROBERTO SOTO HENRY VELTMEYER

Revistas

ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO

Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas»

Unidad Académica de Estudios del Desarrollo

Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» Rector Antonio Guzmán Fernández Director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo Raúl Delgado Wise

VOLUMEN VII, NÚMERO 12, PRIMER SEMESTRE DE 2017 ISSN: 2448-5020

VOLUMEN VII, NÚMERO 12, PRIMER SEMESTRE DE 2017

Consejo Editorial de Estudios Críticos del Desarrollo Haroon Akram-Lohdi Trent University Walden Bello Focus on the Global South (Bangkok) Henry Bernstein University of London Manfred Bienefeld Carleton University Saturnino (Jun) Borras Institute of Social Studies, Netherlands Paul Bowles University of Northern British Columbia Eugenia Correa Vázquez Universidad Nacional Autónoma de México Norman Girvan University of West Indies Cristóbal Kay Institute of Social Studies, Netherlands Kari Levitt McGill University Oscar Mañán Universidad de la República, Uruguay Ronaldo Munck Dublin City University Carl-Ulrik Schierup Linköping University

Debate interamericano:

extractivismo, financiarización y Universidad pública

Temas de investigación:

maquiladora, nanotecnología, neoextractivismo, campo, violencia, migración y arte

www.estudiosdeldesarrollo.net

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO volumen 6 · número 17 · mayo-agosto 2017 Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas»

Antonio Guzmán Fernández Rector Raúl Delgado Wise Director uaed

Contenido EDITORIAL Deterioro educativo e intelecto general

Extractivismo: una discusión interamericana

2 6

Henry Veltmeyer

Especulación financiera, crisis mundial y soberanía alimentaria

Eugenia Correa, Wesley Marshall y Roberto Soto Humberto Márquez Covarrubias

Dirección general Darcy Tetreault

Dirección editorial Guadalupe Margarita González Hernández

Coordinación editorial James Cypher, Raúl Delgado Wise, José Déniz Espinós, Rodolfo García Zamora, Guadalupe Margarita González Hernández, Víctor López Villafañe, Carlos Mallorquín, Gerardo Otero, Roberto Soto Esquivel, Darcy Tetreault, Henry Veltmeyer, Edgar Záyago

Consejo editorial Georgia Aralú González Pérez Humberto Márquez Covarrubias

Cuidado de la edición Selene Carrillo Carlos Erika Isabel Varela Rodríguez

Corrección de estilo Jonatán Aarón Piña García Israel David Piña García

Diseño

Más allá de la defensa, la transformación. Un inventario de viejas y nuevas ideas para la Universidades pública

Humberto Márquez Covarrubias

El patrón maquilador-exportador mexicano en la reestructuración internacional de la industria automotriz

Mateo Crossa

Implicaciones socioambientales de las nanotecnologías Francisco Javier Caballero Anguiano

Una aproximación al neoextractivismo en Colombia

52 61

Carolina Arias Hurtado

El andamiaje de la política mexicana asociado al proyecto de desarrollo del campo

Elvira Ivonne Muñoz Morales

Efectos de la violencia en la reforma constitucional mexicana de derechos humanos

Miguel Ángel Alonso de los Santos

Pobreza, población indígena-campesina y migración internacional en Hidalgo, México

José Erik Gómez Cruz

Migraciones indocumentadas. Proceso de acompañamiento en países de tránsito

Jorge Antonio Morales Cardiel

Neoliberalismo: el arte de homogeneizar el arte

Citlaly Aguilar Sánchez Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis, volumen 6, número 17, mayo-agosto 2017, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, 98000 Zacatecas, Zacatecas. Teléfono: (01 492) 922 91 09, www.uaz.edu. mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, observatorio@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias. Reserva de derechos al uso exclusivo número 04-2014-041111285000-102, issn : 2448-5039, otorgados ambos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Impresión: editorial Los Reyes, s.a. de c.v., Plazuela de los Reyes 45, int. b-102, Coyoacán, 04330 Ciudad de México. Tiraje: 500 ejemplares. Todos los textos aquí incluidos © y ® por Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación. Impreso en México / Printed in Mexico.

Editorial

Deterioro educativo e intelecto general HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS

Para entender los alcances del proyecto educativo y la cultura material de un país, el proceso de formación del intelecto general (General Intellect)1 representa un elemento crucial. En el análisis marxista esta categoría se refiere a la condición social del conocimiento que dota a la gente de una cierta capacidad de pensar y de un conjunto de habilidades gnoseológicas y lingüísticas. En este entramado también puede incluirse una gran diversidad de conocimientos formales e informales, modos de vida y saberes, el imaginario colectivo, las inclinaciones estéticas, las mentalidades y las figuras lingüísticas. La consistencia del bagaje cultural brinda determinadas posibilidades para que las distintas clases sociales —según su ubicación y apoyos institucionales— accedan a la variedad de recursos educativos disponibles. Así, los estudiantes podrán disponer de una formación educativa de mayor o menor calidad, que eventualmente les permitirá realizar o frustrar sus expectativas de ascenso social y contribuir o no al desarrollo en los ámbitos local, regional y nacional. Al interior del ámbito doméstico, por ejemplo, una familia dotada de recursos y bienes culturales (una biblioteca acompañada de háKarl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, vol. 2, México, Siglo xxi, 1980.

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bitos de lectura y apreciación artística) con un soporte educativo básico como un espacio de lectura y escritura con mesa de trabajo o escritorio, una dotación de libros de cultura general (literatura, diccionarios y materiales de consulta, aparte de computadora e internet), y si además la comunicación entre los miembros del hogar se expresa con variedad léxica y entablan relaciones con otras personas que comparten inquietudes culturales semejantes, entonces cabe la posibilidad de que los hijos que crezcan en el entorno de esa familia modelo, acaso idílica, accedan de manera más rápida y provechosa a formas elaboradas y complejas de conocimiento. La formación educativa resulta más acabada cuando los padres o tutores cuentan de suyo con un específico nivel educativo y lo emplean para orientar el desarrollo de los niños y adolescentes. Desde esa perspectiva, las capacidades o debilidades educativas de los hijos dependen, en gran medida, de la educación de los padres y del ambiente cultural en el hogar y en su entorno inmediato. La configuración familiar es determinante en la primera formación vocacional y cultural de los individuos. Sin embargo, cuando las familias atraviesan por procesos de reproducción precaria, están desconectadas de los procesos educativos y de las ciencias, las tecnologías y las artes, o están desgarradas por

los flagelos sociales de la pobreza, la migración y la violencia, las posibilidades formativas cognitivas serán muy restringidas, por lo que toda la carga se transmite a las instituciones educativas. La formación de individuos plenos, autónomos, puede ser restrictiva en ambientes familiares idóneos cuando persisten fuertes cargas ideológicas y religiosas que constriñen el desarrollo personal y repelen la sociabilidad en entornos culturales más complejos. El contexto doméstico es una primera instancia donde puede percibirse de manera embrionaria la conformación del intelecto general, pero es evidente que el asunto no se reduce, bajo ninguna circunstancia, a ese ambiente entrañable. A nivel social, en la escuela se potencian o limitan la formación y logros cognitivos de los niños, adolescentes y jóvenes en sus distintos niveles formativos. El proceso educativo dista de ser un proceso homogéneo, en todo caso está impregnado del carácter clasista de la sociedad. En términos amplios se aprecia que el sistema educativo tiende a reproducir las desigualdades sociales. La educación de calidad se

reserva para los herederos de las clases sociales potentadas, mientras que la educación de mediana y baja calidad se ofrece a los descendientes de las clases trabajadoras y los sectores populares en general. Así, la tentativa de que las escuelas subsanen las debilidades educativas de las familias o nutran las capacidades intelectuales de los estudiantes depende a su vez del proyecto educativo diseñado por el Estado y por las condiciones materiales que soportan a las escuelas en sus distintos niveles. La educación puede ser un mecanismo propagador de las desigualdades sociales y un dispositivo de adoctrinamiento acorde al régimen político, aunque también puede ser en otro contexto un espacio de formación de individuos autónomos, libres y conscientes con la aspiración de formar ciudadanos emancipados en una sociedad más justa e igualitaria. A fin de impulsar los efectos virtuosos de la educación, las buenas intenciones no bastan. El buen logro del desempeño educativo depende, particularmente, de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones

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educativas, pero no a título individual o de manera selectiva, sino mediante la articulación de un proyecto educativo que ofrezca trayectorias escolares integrales vinculadas a un proyecto de desarrollo nacional autónomo y socialmente incluyente. Además es necesario formar, no reprimir o controlar burocráticamente a los docentes, para que se asuman como verdaderos profesionales e intelectuales de la educación, capaces de entablar relaciones pedagógicas armoniosas y productivas, en condiciones de trabajo dignas y seguras, infraestructura y equipamiento idóneo, variedad de materiales didácticos, biblioteca y acervo bibliográfico, programas de estímulo a la lectura, habilitación y uso de nuevas tecnologías, etcétera. Las escuelas y los maestros son referentes comunitarios que han perdido relevancia social, y su función requiere ser resignificada dentro de un esfuerzo colectivo por reconstruir el tejido social y conformar un nuevo paradigma civilizatorio. A nivel macro, el proyecto educativo de una nación es fundamental para configurar una suerte de intelecto general que se enriquece conforme se expande el proceso educativo, pero también puede desmoronarse cuando el sistema educativo es inconexo, degradado y mercantilizado. Si un Estado es capaz de ofrecer educación de calidad para todos —en los hechos y no sólo en la carta constitucional—, está encaminando los esfuerzos colectivos hacia la construcción de un ámbito cultural de primer nivel y de amplio espectro que brinda la posibilidad para que los estudiantes efectúen trabajos intelectuales, científicos y artísticos de mayor calado, de tal suerte que el proceso educativo llega a significar un momento trascendente en la formación personal y comunitaria. No sólo eso, redunda de igual manera en la generación de riqueza al formar ciudadanos y trabajadores altamente calificados, capaces de desarrollar la ciencia y la tecnología, cuya unción puede representar una potencia económica de beneficio colectivo. Y si el modelo económico se

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orientara hacia una redistribución social de la riqueza, entonces podría alcanzarse un estadio donde la formación educativa, el conocimiento y las capacidades intelectuales y científicas contribuyen a la formación de una sociedad más justa y equitativa, nombrada de diversos modos en distintos contextos. Esta sociedad utópica es posible en la medida que el Estado sea reconfigurado, ya no más como una macroinstitución basada en la voluntad de dominación, sino como una instancia que asuma como principio rector la voluntad de vida y se organice como una institución representativa de las clases populares, cuyo proyecto educativo se orienta a formar un intelecto general y una cultura material para sustentar una economía política de la vida. Empero, en el mayor de los casos, la modernidad capitalista se ha decantado hacia la forma de Estado como una instancia de dominación donde prima la voluntad de poder y se concede centralidad a las tecnociencias como la fuerza articuladora de la educación y la cooptación del intelecto general para los fines exclusivos de la maximización de la ganancia. Como fuere, la moneda está en el aire. En países como México, el proyecto educativo y el modelo económico actúan en sentido contrario a la economía política de la vida. Inexorablemente, se deteriora la formación del intelecto colectivo y se fractura la contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo humano. Se ha incrementado en el ámbito educativo el porcentaje de estudiantes con instrucción de educación superior, si se compara con las generaciones precedentes. Desde la fría expresión del indicador de la expansión educativa pudiera pensarse que en el país se afianza la consolidación del intelecto general. No obstante, existen otros indicadores que dan cuenta del fracaso escolar por la baja cobertura en la educación superior, producto de la política de exclusión y el magro financiamiento a las universidades públicas.

El panorama es más grave cuando se comparan las estadísticas internacionales, donde el país detenta los niveles más bajos de educación superior, lo que de hecho representa una profunda duda social del Estado, que repercute en la vulnerabilidad educativa desde los niveles superiores de educación hasta los primarios. Este despropósito redunda en la débil formación del intelecto general. La situación empeora al considerar el hecho de que los egresados de la educación superior tarde o temprano se encuentran con un modelo económico que ofrece pocos espacios laborales, muchos de los cuales son actividades de baja cualificación, donde la dotación de conocimientos es irrelevante. Para una economía especializada en procesos de exportación basados en trabajo de baja calificación laboral, como las maquiladoras, el extractivismo y la agroexportación, los egresados de universidades y tecnológicos están «sobrecalificados». Es sabido que la economía informal absorbe a 60 por ciento de la población ocupada y que gran parte del empleo formal se deteriora por políticas de flexibilización y precarización. Una política de Estado, incluyente, integral y de largo plazo debe revertir la deuda social educativa pero también cambiar el modelo económico-político para superar la situación de vulnerabilidad educativa con una débil formación de intelecto general y una economía incapaz de absorber a quienes están egresando de las universidades con títulos y certificados no reconocidos por el mercado laboral. Sin embargo, eso será posible cuando digamos afirmativamente que el Estado somos todos y no, como en la actualidad, cuando advertimos que el Estado es un comité oligárquico.

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··· DEBATE

Extractivismo:

una discusión interamericana HENRY VELTMEYER*

La expansión del capital extractivo en la era neoliberal del desarrollo capitalista entraña grandes desafíos para los Estados y sobre todo las comunidades afectadas que se materializan en intensos debates políticos y académicos que cobran especial significado en la discusión interamericana. La preocupación central del texto es la economía política de la extracción de recursos naturales, con énfasis en las contradicciones y las implicaciones para el desarrollo de la estrategia de desarrollo económico adoptada por un número creciente de países en América —particularmente en el cono sur de América del Sur y los Andes— y por Canadá en América del Norte. Detrás de esta preocupación, que es esencialmente intelectual o teórica, subyace la preocupación más práctica y existencial de las comunidades indígenas y no indígenas que se ven afectadas negativamente por las operaciones del capital extractivo.

Introducción Los modelos de desarrollo económico basados en la extracción de recursos naturales (extractivismo) han sido objeto de controversia y fuente de conflicto entre Estados, corpora-

* Docente investigador, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Traducción del inglés al español por Humberto Márquez

ciones transnacionales, comunidades y movimientos obreros desde las primeras décadas del siglo xx, incluso antes. De hecho, podría argumentarse 1 que el extractivismo fue una forma de capitalismo que precedió al capitalismo industrial, un sistema basado en la explotación del trabajo (el «suministro ilimitado de excedentes de mano de obra rural o agrícoNorman Girvan, «Extractive imperialism in historical perspective: a caribbean view», Ponencia en la conferencia Alternative Trade and Development, Saint Mary’s University, Halifax, noviembre 2013. 1

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la»), por varios siglos. Desde esta perspectiva —definiendo el capitalismo sobre la base de la relación capital-trabajo— el capitalismo, tal como lo conocemos, es decir, como un sistema utilizado para expandir las fuerzas productivas de la sociedad y lograr mejoras notables en la condición social de la población mundial, ha tenido una historia relativamente corta que se remonta al siglo xix cuando se construyeron los pilares fundamentales del sistema. En ese sentido, lo que ahora se entiende como «neoextractivismo» (la combinación del extractivismo con una nueva política social diseñada para lograr una forma de desarrollo más inclusiva) es el resultado de las condiciones generadas en la década de 1980 dentro del marco institucional y político de un «nuevo orden mundial» (capitalismo de libre mercado,

globalización neoliberal) en la periferia del sistema mundial, particularmente en algunas partes de América Latina. El extractivismo o la extracción de riqueza de los recursos naturales se remonta siglos atrás, pero el neoextractivismo como la última fase del capitalismo tiene una historia de sólo décadas. Eduardo Gudynas2 advierte que el extractivismo no es una industria, como algunos economistas afirman con su lenguaje de «industrias extractivas», ya que no hay ninguna transformación industrial involucrada. La insistencia en calificarla como industria, añade, es apelar al imaginario de grandes fábricas con muchos trabajadores como medio de buscar un amplio apoyo dentro de la ciudadanía. Argumenta que, tanto por sus limitaciones conceptuales como por sus implicaciones políticas, el término «industria o industrias extractivas» debe ser abandonado. De ahí que usemos el término (neo)extractivismo y lo reservamos como un descriptor del capitalismo en su última fase. Esta fase comenzó con la expansión desregulada del capital en forma de inversión extranjera directa (ied) bajo la égida y los dicta-

Eduardo Gudynas, «Extractivisms: concepts, local impacts and spill-effects», en Ronaldo Munck y Henry Veltmeyer (eds.), Alternative development models: Latin American results and prospects?, London, Routledge, 2017. 2

dos del Consenso de Washington,3 particularmente en la periferia sudamericana del sistema capitalista mundial. Generó condiciones (la intensificación de la extracción y el desarrollo de los recursos naturales, nuevas fuerzas de resistencia y lucha de clases) que expusieron las contradicciones fundamentales del sistema capitalista —contradicciones que plantean nuevas cuestiones y serios desafíos para las comunidades, investigadores, responsables de formular políticas y corporaciones por igual.

Extractivismo y debate latinoamericano En el discurso teórico y político sobre el extractivismo —o neoextractivismo (en referencia al uso del extractivismo por los regímenes latinoamericanos «progresistas» de centro-izquierda en la primera década del nuevo milenio)— se hace referencia a una estrategia nacional de desarrollo basada en la extracción de recursos naturales y la exportación de estos recursos en forma de productos John Williamson, «What Washington Means by Policy Reform», en John Williamson (ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Washington, Peterson Institute for International Economics, 1990. 3

En el discurso teórico y político sobre el extractivismo se hace referencia a una estrategia nacional de desarrollo basada en la extracción de recursos naturales y la exportación de estos recursos en forma de productos primarios.

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taja comparativa en recursos naturales. Varios cambios en la economía global, especialmente el ascenso de China como potencia económica y la expansión de la demanda de recursos naturales, ayudaron y fomentaron ese proceso, lo que derivó en la «nueva dependencia».4

primarios. Esta estrategia no era nueva para América Latina: era objeto de la crítica lanzada desde la «teoría de la dependencia», una teoría que atribuía la falta de desarrollo o el subdesarrollo de los países de la región a una estructura económica en la que los países de la periferia exportaban materias primas y productos primarios a cambio de la importación de bienes fabricados en el centro del sistema. Respecto a esa teoría, varios países de la región iniciaron una política de industrialización por sustitución de importaciones basada en la regulación del capital y la protección de las empresas y productores nacionales. Sin embargo, la instalación de un «nuevo orden mundial» centrado en un programa de «reformas estructurales» (globalización neoliberal) en los 1980 creó una contra-dinámica que dio lugar a una profundización de esta relación de dependencia mediante la afluencia de capitales que «buscan recursos» y una correspondiente reprimarización de las exportaciones. El cuadro 1 presenta una descripción gráfica de dicho proceso, mismo que podría ser considerado como una nueva geoeconomía del capital fundamentado en la expansión del capital extractivo en la región. Asimismo, ofrece un vistazo a la geoeconomía de los flujos de capital —el predominio del capital buscador de recursos y un flujo creciente hacia la periferia sudamericana, donde una variedad de condiciones conspiraban para crear condiciones favorables al resurgimiento del capital extractivo—, inclu-

Dentro del contexto latinoamericano, esta nueva dependencia se ha traducido en la explotación de los recursos naturales y la exportación de bienes primarios (hidrocarburos, metales, minerales, productos agroalimentarios, recursos forestales y biocombustibles) en gran escala.5 Los proyectos extractivos suelen implicar inversiones a gran escala, a menudo extranjeras, en la adquisición de tierras —denominadas landgrabbing en el discurso de estudios agrarios críticos—,6 concesiones para exploración y extracción de metales y minerales, proyectos de desarrollo de infraestructura emprendidos por empresas transnacionales y actividades intensivas en capital que generan poco empleo más allá de la fase de construcción. De igual manera, Atilio Borón, «Teorías de la dependencia», Realidad Económica, núm. 238, agosto-septiembre 2008; Adrián Sotelo, «Neoimperialismo, dependencia e novas periferias», en A América Latina e os desafíos da globalizaca, Rio de Janeiro, Boitempo, 2009; Carlos Eduardo Martins, Globalizacao, dependencia e neoliberalismo na América Latina, Sao Paulo, Boitempo, 2011. 5 Maristella Svampa, «Resource extractivism and alternatives: Latin American perspectives on development», Journal für Entwicklungspolitik, vol. 28, núm. 3, 2012, pp. 43-73; Maristella Svampa y Enrique Viale, Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Katz, 2014. 6 Saturnino Borras, Jennifer Franco, Sergio Gomez, Cristobal Kay & Max Spoor, «Land grabbing in Latin America and the Caribbean», Journal of Peasant Studies, vol. 39, núms. 3-4, 2012, pp. 845-872. 4

yendo un auge de materias primas y gobiernos complacientes ansiosos de aprovechar su ven-

Cuadro 1. Distribución porcentual de ied por sector en América Latina 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Recursos

Manufactura

Servicios

Fuente: adaptado de Juan Martín Arellano, «Canadian foreign direct investment in Latin America», Background Paper, North-South Institute, Ottawa, 2010 (tabla 2), basado en datos de cepal.

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el extractivismo requiere una constante expansión territorial (la extensión de la frontera extractiva en áreas remotas donde aún quedan grandes reservas inexplotadas de minerales, fuentes de energía y productos agroalimentarios) que conduce al desplazamiento o la destrucción de alternativas, formas locales de producción y modos de vida. El resultado, para Svampa y otros estudiosos latinoamericanos del extractivismo,7 es la proliferación de economías de enclave y la fragmentación de territorios indígenas y campesinos mediante el despojo: «acumulación por desposesión» en el discurso marxista.8 En el nuevo milenio, las condiciones cambiantes produjeron una dinámica totalmente diferente apoyada en la reciente geopolítica y geoeconomía del capital extractivo. A nivel político, el activismo de los movimientos sociales campesinos en la década de 1990 en reEduardo Gudynas, «The new extractivism in South America: ten urgent theses about extractivism in relation to current South American progressivism», Bank Information Center, 2010, en http://www.bicusa.org/en/Article.11769.aspx; «La izquierda de los límites al nuevo extractivismo», La Primera Digital, 11 de mayo de 2011, en http://www.diariola primeraperu.com/online/columnistas/la-izquierda-de-loslimites-al-nuevo-extractivismo_85841.html; «Extractivisms: concepts...» 8 David Harvey, The new imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003. 7

sistencia contra la agenda política neoliberal generó un desencanto y el rechazo del neoliberalismo como doctrina económica y modelo de desarrollo. Al final de la década, el neoliberalismo estaba a la defensiva y dio paso a una sucesión de regímenes «progresistas» (anti o posneoliberales) orientados hacia lo que se ha descrito como «activismo estatal inclusivo» (el uso de rentas de recursos recolectadas en el proceso de exportación de productos básicos para financiar programas de reducción de la pobreza). Este desarrollo se reflejó en el discurso teórico en torno a la discusión sobre el «neoextractivismo».9 Bajo las condiciones del auge de las materias primas en el mercado mundial y el rechazo generalizado del neoliberalismo en los círculos políticos y el sector popular, así como el giro de varios gobiernos hacia el activismo estatal incluyente, lejos del neoliberalismo, el extractivismo, junto con la reprimarización de las exportaciones, se convirtió en la forma dominante de acumulación de capital y de desarrollo nacional en la región. 9 Eduardo Gudynas, «The new extractivism...»; Henry Veltmeyer y James Petras (eds.), The new extractivism, London, Zed Books, 2014, pp. 54-55.

El extractivismo también requiere una constante expansión territorial que conduce al desplazamiento o la destrucción de alternativas, formas locales de producción y modos de vida.

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El desarrollo más importante del «agroextractivismo» es la conversión de la tierra para la producción de alimentos a la producción de biocombustibles como la soya.

Existen tres sectores principales en la extracción de recursos y capital extractivo. Uno se centra en la extracción de combustibles fósiles (petróleo y gas), una industria de particular importancia para México, que nacionalizó la industria petrolera desde la década de 1930. Bolivia, que con las segundas mayores reservas de gas natural de la región (después de Venezuela) decretó que los recursos minerales del país y las reservas de gas natural y petróleo «pertenecen al pueblo» y no pueden ser alienados (vendidos o cedidos a empresas multinacionales que dominan el sector extractivo y las industrias relacionadas). Ecuador, que pasó de la exportación de banano a la exportación de petróleo en los 1980 y 1990, su desarrollo nacional hoy depende de la extracción de petróleo. Venezuela, donde en la actualidad 95 por ciento de los ingresos de exportación provienen de la extracción y exportación de petróleo. El segundo sector se relaciona con la extracción de minerales industriales y metales preciosos (oro y plata), una antigua industria que se remonta a quinientos años de la conquista; no obstante, adquirió mayor importancia en las últimas dos décadas con la forma de minería a cielo abierto, particularmente en países mineros tradicionales como Chile, Perú y Bolivia, pero también en Argentina, Co-

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lombia, México y Brasil, el mayor receptor de inversiones directas extranjeras que buscan recursos. Un tercer sector podría denominarse «agroextractivismo»: la extracción de productos agroalimentarios y forestales (actividad que también se remonta siglos atrás, pero que ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años en el comercio mundial de productos básicos). El desarrollo más sobresaliente en este sector es la conversión de la tierra para la producción de alimentos a la producción de energía en forma de biocombustibles como el etanol y la soya. Los biocombustibles como fuente de energía se han convertido en una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo capitalista en América del Sur. En el caso de Paraguay y Uruguay, más de 60 por ciento de las tierras arables del país se dedican ahora a la producción de soya para la exportación. En Bolivia, la soya es el cultivo más preciado en el sector agrícola, con más de 14 mil productores y 45 mil trabajadores, más que los dedicados a la producción de coca, el cultivo tradicional de agroextracción. Por su parte, en Argentina, más de 19.5 millones de hectáreas de tierras de cultivo, que representan 18 por ciento de la producción mundial de soya, se dedican a ese producto.10 Norma Giarracca & Miguel Teubal, «Argentina: extractivist dynamics of soy production and ppen-pit mining», en Henry Veltmeyer y James Petras (eds.), op. cit. 10

Previsiblemente, dicha dinámica ha dado lugar a nuevos ciclos y modos de resistencia y repertorios de protesta social, así como a los importantes conflictos sociales sobre los derechos territoriales a la tierra, el agua y los recursos naturales.11 Mientras que el modelo extractivo ha asumido formas más violentas en los países gobernados por fuerzas de la derecha (más infame en Colombia, donde los proyectos mineros han avanzado bajo el escudo protector de paramilitares escuadrones de la muerte), pero también en Guatemala, los regímenes de centro-izquierda dentro de lo que se entiende como un «ciclo progresista» en la política latinoamericana12 también lo han abrazado y han mediado enfrentamientos entre el capital extractivo y los movimientos socioambientales en el sector popular. Los territorios y comunidades indígenas están a la vanguardia tanto de la frontera extractiva como de los conflictos sociales relacionados. Tales conflictos, y las presiones y luchas asociadas, suelen oponer a los movimientos campesinos e indígenas contra las empresas del sector extractivo y a veces los gobiernos que facilitan sus operaciones.13 En esta situación, las comunidades indígenas y campesinas en las zonas donde se encuentran los recursos buscados y donde se extraen se enfrentan a fuerzas y condiciones que conducen a la desposesión de sus tierras, la pérdida de sus medios de subsistencia, el pillaje y el saqueo de los recursos del subsuelo, la degradación del medio ambiente y de su hábitat, de igual manera la privatización, la mercantilización y la contaminación del agua de la que dependen sus medios de subsistencia, salud y bienestar, por no decir la vida misma. Paralelamente, mientras que las empresas mineras están obteAnthony Bebbington y Jeffrey Bury (eds.), Subterranean struggles: new dynamics of mining, oil and gas in Latin America, Austin, University of Texas Press, 2013. 12 Véase James Petras y Henry Veltmeyer, What’s left in Latin America, Ashgate Publishing, 2009. 13 Anthony Bebbington y Jeffrey Bury (eds.), op. cit. 11

niendo ganancias inesperadas a medida que se suben a la ola del alza de precios asociada con el auge de los productos primarios, los gobiernos han llegado a depender cada vez más de la inversión extranjera directa para la extracción de recursos naturales de sus países como de los ingresos derivados de las rentas de los recursos recaudados en el proceso. Escuelas de pensamiento sobre el extractivismo En los debates que han rodeado la cuestión del «extractivismo» han surgido tres escuelas de pensamiento. La primera incluye a los defensores del «crecimiento inclusivo» o desarrollo sustentable de los recursos naturales y aquellos que favorecen y apoyan el extractivismo como una estrategia de desarrollo económico, pero lo ven como un tema de desarrollo socialmente responsable o como un tema de gestión (gestión de recursos y gestión de los inevitables conflictos que genera el capitalismo extractivo). Una segunda escuela de pensamiento podría ser etiquetada como «antiextractivista»,

Las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en las zonas de los recursos buscados se enfrentan a la desposesión de tierras, la pérdida de medios de subsistencia y la degradación del hábitat, así como la privatización, mercantilización y contaminación del agua de la que dependen los medios de subsistencia, la salud y el bienestar.

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ya sea porque el extractivismo es visto como fundamentalmente incompatible con los valores culturales que las comunidades indígenas y los ecologistas ponen en el medio ambiente y con la protección de sus derechos territoriales y medios de subsistencia, o por las profundas contradicciones del capital extractivo con el desarrollo o posdesarrollo en la forma de vivir bien en solidaridad social y en armonía con la naturaleza.14 Esta escuela antiextrativista reúne a ecologistas y ecologistas sociales que priorizan el medio ambiente por encima del industrialismo y el extractivismo en cualquiera de sus formas (independientemente de la responsabilidad social y ambiental de las empresas o de pretensiones de «sustentabilidad» o inclusión social), así como los economistas políticos marxistas preocupados por las contradicciones del capital extractivo e incluso por los economistas del desarrollo preocupados por las implicaciones del desarrollo en lo que se ha denominado como la «maldición de los recursos».15 Hay una tercera escuela de pensamiento, mucho más pequeña, en la que destaca Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Él es el principal ideólogo del «socialismo» en el contexto boliviano, aquí socialismo no es visto como un sistema alternativo al capitalismo o «un nuevo modo de producción que coexistiría junto al capitalismo» sino como «campo de batalla entre el capitalismo en crisis y las tendencias, las potencialidades y los esfuerzos para llevar la producción bajo la propiedad y el control de la comunidad».16 Es un sociólogo muy connotado Fernando Huanacuni Mamani, Buen Vivir/Vivir Bien: filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Lima, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 2010. 15 Alberto Acosta, La maldición de la abundancia, Quito, Comité Ecuménico de Proyectos/AbyaYala, 2009; Stephen Haber y Victor Menaldo, «Natural resources in Latin America: neither curse nor blessing», ssrn Working Paper, Oxford Handbook of Latin American Political Economy, 2012, en http://ssrn. com/abstract=1625504 16 Álvaro García Linera, «Once again on so-called extractivism», Monthly Review, abril 2013, p. 4. 14

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convencido de que es posible combinar el extractivismo con el socialismo y el concepto indígena de «Vivir Bien» (Buen Vivir en Ecuador o Vivir Bien en Bolivia).17 Una conclusión similar es alcanzada por la socióloga argentina Maristella Svampa sobre la base de un examen de los estudios ecológico-políticos de pensadores como Alberto Acosta y Eduardo Gudynas, y un enfoque particular en sus propuestas para una transición del capitalismo extractivo hacia un posdesarrollo futuro alternativo. Ella asevera que esto no significa que se detendrá a todas las actividades extractivas, sino que se dará prioridad a la elevación de los niveles de vida en un marco de producción verdaderamente sustentable o, como argumentó García Linera, «aumentar la propiedad y el control comunales» sobre los procesos productivos, extractivistas o no extractivistas, y asegurar la «distribución social de la riqueza resultante», «para generar riqueza [vía extracción de recursos naturales] y redistribuirla entre la población, reduciendo la pobreza y la extrema pobreza».18 En tal concepción, la extracción de recursos naturales se orientaría principalmente hacia las necesidades endógenas en lugar de oportunidades de mercado impulsadas por el exterior y se mantendría dentro de límites ecológicos estrictos. Las medidas inmediatas que se tomarían incluirían impuestos extraordinarios y la redistribución de los vastos beneficios obtenidos por las empresas mineras, así como una moratoria en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas. El éxito de cualquier transición dependería del equilibrio regional de las fuerzas sociales y de las medidas adoptadas a escala mundial para poner fin al uso de combustibles fósiles.

Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, «El Buen Vivir más allá del desarrollo», Revista Qué Hacer, núm. 181, 2011, pp. 70 -81. 18 Álvaro García Linera, op. cit., p. 7. 17

La guerra por el agua: la nueva frontera de la resistencia al extractivismo El acceso de los pobres del mundo al agua potable ha sido uno de los problemas fundamentales a los que se ha enfrentado la comunidad del desarrollo durante muchas décadas, problema que se ha acentuado en los últimos años por la extensión de la agenda neoliberal a la privatización de los medios de producción social y la mercantilización de los recursos productivos de la tierra y los bosques, el agua y las vías navegables, los minerales y metales del subsuelo. A lo largo del siglo xx, el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas se asoció con un proceso de «acumulación por desposesión» —desposesión del pequeño productor rural, los agricultores familiares o campesinos con tierras, hecho que desembocó en una lucha por la tierra que se ha prolongado durante un siglo. Sin embargo, el giro o regreso del capitalismo en los últimos años hacia una estrategia extractiva (versus una estrategia basada en la explotación de un suministro ilimitado de excedentes de mano de obra agrícola) ha desplazado la lucha de clases y las fuerzas de resistencia lejos de la tierra y hacia la resistencia de los nuevos recintos de los bienes comunes globales,

es decir, para resistir las fuerzas del desarrollo capitalista que se han movilizado para privatizar y mercantilizar el último elemento restante de los bienes comunes mundiales: el agua.19 Un hito sobresaliente y un punto de inflexión de este «desarrollo» fue la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, una serie de protestas que tuvo lugar en la tercera ciudad más grande de Bolivia entre diciembre de 1999 y abril de 2000 en respuesta a la privatización del suministro municipal de agua de la ciudad. La ola resultante de manifestaciones y violencia policial se describió como una revuelta pública contra los precios del agua, pero tuvo un significado que va mucho más allá de Bolivia, prefigurando lo que ahora se considera uno de los lugares de batalla esenciales para el mercado mundial y la resistencia al avance del capital extractivo en el siglo xxi. No obstante, la guerra del agua en Cochabamba y en otros lugares no resolvió el problema en lo que respecta a la última frontera del extractivismo, la pugna por la privatización del acceso al agua sigue siendo una cuestión Vandana Shiva, Water wars: privatization, polution and profit, New York, South End Press, 2002; Maude Barlow y Tony Clarke, Blue gold: the fight to stop the corporate theft of the world’s water, New York, The New Press, 2005. 19

«Protectores de agua» indígenas y otros se oponen a la amenaza del capital extractivo sobre el agua en proyectos de infraestructura, como el gasoducto de Dakota en Estados Unidos.

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crucial para el capital extractivo y las comunidades de todo el mundo sobre el acceso abierto y libre a lo que no es sólo un recurso productivo fundamental sino una fuente de vida, un derecho humano vital. La dinámica de esa lucha, la impugnación de los derechos de agua y los esfuerzos para fortalecer el control local de este recurso pueden rastrearse no sólo en los países andinos20 sino también en las fronteras mexicana y canadiense con Estados Unidos, donde la demanda de agua y el proceso de captación de agua se encuentran muy avanzados.21 Canadá, con 20 por ciento del agua dulce del mundo, es un sitio de interés continuo para el capital global y la resistencia; las exportaciones de agua a granel fueron excluidas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) de 1994, pero la propuesta de renegociación o incluso el posible desmantelamiento del Tratado propuesto por la administración de Donald Trump han creado el escenario para peleas renovadas por la mercantilización del agua. Al interior de Estados Unidos y Canadá, el surgimiento de los «protectores de agua» indígenas y otros que se oponen a la amenaza del capital extractivo en proyectos de infraestructura (como el gasoducto de Dakota en Estados Unidos) y las nuevas tecnologías como el fracking (fractura hidráulica), ilustran la internacionalización de la lucha por el agua.22

Discusión interamericana Mientras que el extractivismo y las luchas que se derivan de él son comunes en diversos países latinoamericanos, de igual manera hay enredos, conexiones y paralelismos interamericanos, lo cual se puede apreciar al incluir a Canadá en la discusión. En primer lugar, gran Rutgerd Boelens, «Water fights arenas in the Andes», Water Alternatives, vol. 1, núm. 2, 2008, pp. 48-65. 21 Maude Barlow, Blue gold: the global water crisis and the commodification of the world’s water supply, San Francisco, International Forum on Globalization, 2009. 22 Maude Barlow y Tony Clarke, op. cit.

parte del aumento de la ied en América Latina, dirigida cada vez más al sector de los recursos (cuadro 1), proviene de Canadá. Las cifras oficiales muestran que el stock de ied de Canadá en América Latina ascendió a 2 mil 600 millones de dólares canadienses en 1990, pero aumentó en más de 2 mil por ciento a 59 mil 400 millones de dólares canadienses en 2013.23 Esto fue cuatro veces más rápido que la tasa de crecimiento de la ied de Estados Unidos, lo que convirtió a Canadá en la segunda mayor fuente externa de ied en la región (después de Estados Unidos) entre 2007 y 2012.24 Además, la expansión del capital canadiense en el sector extractivo de América Latina fue fuertemente alentada y facilitada por el Estado canadiense. El nexo entre el Estado y el capital en dicho proceso ha sido tal que Canadá desempeñó el papel de lo que Gordon y Webber denominan una potencia imperialista secundaria.25 Si bien estos flujos demuestran los enredos capitalistas interamericanos, el proceso de extractivismo en Canadá constata muchas de las mismas características de la experiencia latinoamericana. El auge de los commodities de 2000-2014, impulsado por la demanda china, dio un enorme estímulo al extractivismo en Canadá, especialmente en el petróleo, el gas y los minerales (incluidos los metales preciosos, el molibdeno utilizado en la fabricación de acero, carbón y potasa). En ese momento el gobierno conservador alentó esta expansión creyendo que convertiría a Canadá en una «superpotencia energética». Aunque la teoría de la dependencia en América Latina había cuestionado la viabilidad a largo plazo del extractivismo como estrategia de desarrollo y resaltaba la necesidad de industrialización, Canadá tenía su propia historia

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Todd Gordon y Douglas Webber, Blood of extraction: canadian imperialism in Latin America, Halifax, Fernwood Books, 2016, p. 15. 24 Ibid., p. 16. 25 Idem. 23

referente a un debate similar. El enfoque de las materias primas (staples approach), descrito por Watkins como «la contribución más distintiva de Canadá a la economía política»,26 analiza los impactos de las fuerzas globales en la exportación de recursos naturales de «nuevos países», como Canadá, caracterizado por bajos coeficientes entre la mano de obra y la tierra. Generado por Innis, el enfoque de las materias primas argumenta que la dependencia de las exportaciones de recursos naturales lleva a las economías de base a someterse a mayores volatilidades en los precios y la producción, a la falta de control sobre sus propios recursos económicos y el destino, las hacen dependientes de la entrada de capital extranjero y moldean sus culturas políticas. Los datos sobre la ied canadiense presentados anteriormente sugieren que el capital canadiense no es tan débil y subdesarrollado como podría implicar el enfoque de los productos básicos, pero las limitaciones de la estrategia extractivista siguen siendo trascendentales. Para los seguidores de Innis, el extractivismo era visto como una limitante del desarro-

llo, imponiendo obstáculos en el camino del desarrollo económico independiente e impidiendo que Canadá pasara a una economía capitalista madura; los países podrían quedar atrapados en una «trampa de las materias primas» o en la «camisa de fuerza del capitalismo blando», como lo llama Drache.27 En efecto: el desarrollo económico era posible, sólo que tenía ciertas características limitantes. Igual que en el caso latinoamericano, se consideraba que producía economías de enclave, estructuralmente ligadas al resto de la economía e incapaces de generar una industrialización generalizada. Canadá había tratado de desarrollar su propio sector industrial detrás de los muros arancelarios, pero con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos en 1989 y el tlcan en 1994, Canadá siguió el mismo camino neoliberal que los países latinoamericanos. El auge de las materias primas propició un valor elevado para el dólar canadiense, lo que impulsó la pérdida de empleos en el sector manufacturero y la mayor dependencia de las exportaciones de productos básicos.

Mel Watkins, «A staple theory of economic growth», en Hugh Murray Grant y David Wolfe (eds.), Staples and beyond: selected writings of Mel Watkins, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2006, p. 5.

Daniel Drache, «Harold Innis and canadian capitalist Development», en Gordon Laxer (ed.), Perspectives on canadian economic development: class, staples gender and elites, Don Mills, Oxford University Press, 1991, p. 24.

Oleoducto, al norte de Canadá.

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Similar que en América Latina esto ha dado lugar a múltiples conflictos. Tres grandes líneas de desafío al modelo extractivista pueden ser identificadas e ilustradas con ejemplos del norte de Columbia Británica, región rica en recursos en la costa oeste de Canadá y que experimentó la atracción de las exportaciones de productos básicos a China de una manera particularmente intensa. El primer conjunto de desafíos surgió de las preocupaciones articuladas por el enfoque de las materias primas de que los proyectos extractivistas proporcionan sólo vínculos económicos limitados. Como ejemplo de esto, considérese la campaña llevada a cabo por una ong local, Douglas Channel Watch, en Kitimat.28 Éste fue el término propuesto para el oleoducto Enbridge Northern Gateway, que transportaría petróleo de las arenas bituminosas de Alberta a Kitimat para su transporte a Asia. Sin embargo, en un plebiscito celebrado en abril de 2014, el municipio, de 9 mil personas, votó en contra de la propuesta de oleoducto, a pesar de que había sido aprobado por el Comité Federal de Revisión Conjunta (jrp, por sus siglas en inglés). Tres de los cinco principales argumentos utilizados por la ong apelaron directamente a la falta de vínculos con el resto de la economía y los limitados beneficios de empleo para los trabajadores locales. Tales argumentos se apoyaron en la conciencia pública de los límites del desarrollo de los productos básicos —implícitamente una referencia a la célebre caracterización de Innis de Canadá como compuesta de «cortadores de madera y acarreadores de agua» y un importante punto de referencia y narrativa en las comunidades de recursos. El enfoque en los impactos laborales limitados tiene paralelos en toda América, ya que el carácter de enclave del desarrollo extractivo ha sido reconocido por mucho tiempo. En adición, en toda América es una crí28 Para una discusión amplia véase Paul Bowles & Fiona MacPhail, «The Town That Said ‹No› to the Enbridge Northern Gateway Pipeline: The 2014 Kitimat Plebsicite», The Extractive Industries and Society, vol. 4, núm. 1, 2017, pp. 15-23.

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tica de la manera en que el trabajo se incorpora en el sector extractivo donde se encuentra; aunque a menudo relativamente bien pagado, ha sido el sitio de pugnas laborales prolongadas, y de confrontaciones entre la fuerza de trabajo por razones de género y racialidad. Si bien los trabajadores varones han dominado el empleo directo, la discriminación por género y etnia, la prostitución y el aumento de la violencia doméstica y sexual son comunes en los sitios extractivos. En América Latina han surgido nuevas formas de protesta y oposición pública al extractivismo, una de ellas se refiere a las demandas de «justicia procesal». A los ojos de los opositores al extractivismo, esto ha sido violado por las formas en que los referendos y las consultas han sido ignorados en diversos países latinoamericanos. En Canadá, es posible hallar ejemplos como el Carrier Sekani Tribal Council (cstc), que decidió boicotear las audiencias de la jrp sobre la propuesta del oleoducto Enbridge Northern Gateway debido a la falta de «paridad de participación»; no sentían que tenían los recursos, humanos o financieros, para competir con el proponente, la compañía de tuberías más grande del mundo. Debido a que no podían competir en igualdad de condiciones, creían que participar en el proceso de la jrp le habría proporcionado una apariencia de legitimidad que no merecía. El cstc optó por obstruir las audiencias y unirse a otros en la continuación de acciones legales. Un tercer tipo de oposición al extractivismo se cimenta en la preocupación y reconocimiento del medio ambiente. El hecho de que los proyectos de recursos naturales causen incertidumbre sobre los impactos ambientales lo constata. El reconocimiento se centra en la idea de que los valores y estilos de vida de todos los residentes son apreciados y validados, en concreto el de los grupos marginados, incluidos los pueblos indígenas. También puede ir más allá al reconocer que los medios de subsistencia no capitalistas alternativos pueden verse amenazados por los proyectos sobre los recursos. Esto puede

incluir las formas de acumulación por desposesión y la mercantilización de la naturaleza y el trabajo. Como ejemplo, es posible considerar la oposición a la propuesta de Petronas (ahora retirada) en el norte de la Columbia Británica para una terminal de lng en la isla de Lelu en la costa noroeste, una oposición encabezada por las First Nations (en este caso los Lax Kw’alaams Hereditary Chiefs y miembros de la comunidad), pero con el apoyo de una amplia gama de otras organizaciones e individuos que comprenden tanto las comunidades indígenas como las comunidades de colonos. La desazón es que la terminal triturará las áreas de desove del salmón, lo que ha movilizado a muchos que confían en el salmón salvaje para fines recreativos y de subsistencia. Incluye varios en el noroeste, indígenas y no indígenas, que dependen del salmón para subsistencia y para compartir en formas no capitalistas. Dichas alternativas de organización social, por lo general basadas en las economías locales, son amenazadas por proyectos de recursos industriales y proponentes que no entienden ni explican su existencia, hecho que genera oposición.

Conclusiones El extractivismo —una fase de desarrollo capitalista basada en la explotación de las materias primas más que del trabajo— regresó a las Américas como estrategia de desarrollo económico en la década de 1980. En América Latina y Canadá, fue impulsado por una agenda política neoliberal, situación que condujo a una reprimarización de la economía. El giro posneoliberal en algunos de los países latinoamericanos dejó el extractivismo en su lugar, pero lo reenvasaron en formas de desarrollo «inclusivo» o «sustentable». La dependencia de la ied para apoyar el extractivismo se logró en parte mediante el aumento de la ied procedente de Canadá y Estados Unidos. Así, la nueva dependencia en el continente meridional se reflejó

por el renovado imperialismo del continente septentrional. En ambos continentes y en algunos temas comunes el extractivismo ha generado oposición. Éstos incluyen la naturaleza problemática del extractivismo como modelo de desarrollo generador de empleo, las consecuencias ambientales adversas que convierten a algunas áreas en «zonas de sacrificio» y la destrucción de modos de vida alternativos. Lo anterior es especialmente crítico para los pueblos indígenas y sus culturas que están amenazadas por expansiones terrestres de procesos extractivos y que por consiguiente se encuentran a menudo como los líderes de la resistencia al extractivismo. Las comunidades indígenas se han unido en todos los continentes y han descubierto una causa común en su apoyo al reconocimiento y adhesión a los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en particular al derecho al consentimiento libre, previo e informado. Los movimientos sociales y las ong también han formado alianzas para el intercambio de información y la promoción en todos los continentes, como lo demuestran organizaciones canadienses como Mining Watch. El fin del auge mundial de las materias primas, la resistencia creciente y organizada, junto con la creciente severidad del cambio climático mundial, pueden apuntar a una relajación de la dependencia del extractivismo por parte de los Estados, pero es poco probable que sea una solución a largo plazo, ya que la lógica del extractivismo capitalista es seguir explotando los recursos hasta que desaparezcan.

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Especulación financiera, crisis mundial y soberanía alimentaria EUGENIA CORREA* WESLEY MARSHALL** ROBERTO SOTO***

El proceso de globalización económica y financiera, hoy en rápida reversión, estableció durante décadas estructuras económicas globales que dejaron a América Latina y otras regiones del mundo muy vulnerables al flujo y reflujo de la economía estadounidense. México es un país ejemplar en la región; al seguir de manera estricta las doctrinas y las prácticas de la globalización neoliberal, hoy se encuentra particularmente dependiente de la economía estadounidense. La pérdida gradual de la soberanía nacional en términos de política económica y flujos de crédito y comercio se ha convertido en la primera línea de la actual crisis.

* Docente investigadora, División de Estudios de Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México ** Docente investigador, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana *** Docente investigador, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Traducción del inglés al español por Humberto Márquez

Introducción Al igual que muchas personas etiquetaron el inicio de la crisis financiera durante el verano de 2007 como un «momento Minsky», otros están tratando la crisis alimentaria en curso como un «momento malthusiano». Minsky alcanzó notoriedad como uno de los pocos académicos estadounidenses al argumentar que las finanzas modernas entrañan contradicciones inherentes que conducen a crisis financieras, como la noción de que la dinámica creada en momentos de tranquilidad financiera por sí misma causa fragilidad financiera, lo que puede conducir a crisis. Malthus fue uno de los economistas clásicos que denominó a la economía ciencia triste, propuso que mientras la población humana podría crecer de modo exponencial, la producción de ali-

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mentos no lo conseguiría, por tanto el hambre sería una constante para la humanidad. La historia ha demostrado que la conclusión de Malthus es correcta; no obstante, nuestra principal hipótesis de que las fuerzas económicas o incluso las leyes económicas determinaron esta conclusión es, a nuestro juicio, incorrecta. No existe ley económica ni razón técnica que condene al ser humano al hambre. De igual manera, no creemos que la crisis alimentaria sea el resultado de desequilibrios en la oferta y la demanda. En efecto, no negamos que hay una mayor demanda de alimentos que la oferta, también reconocemos que políticas como la producción de etanol a base de maíz han limitado aún más la oferta mundial de granos destinados al consumo humano. Con todo, nuestra hipótesis se fundamenta en que la agudización de la histórica crisis

alimentaria, particularmente en relación con la alta volatilidad de los precios de los cereales, se debe a las diversas manifestaciones de los golpes de muerte del capitalismo dominado por las finanzas y no a la falta de capacidad de producción mundial de alimentos para satisfacer de forma adecuada los requerimientos nutricionales de los individuos. Este artículo se divide en varias secciones. En primer lugar, examinaremos cómo los años de globalización financiera han afectado el funcionamiento de las empresas no financieras. Aquí se hace hincapié en la concentración de los productores en empresas más grandes, en su mayoría transnacionales, con mayores habilidades para establecer precios y niveles de producción como una dinámica que ha domi-

dora de los dos primeros factores. El desmantelamiento de las empresas estatales y la apertura del comercio han diezmado a muchos de los sectores productivos de México, en especial al sector agrícola. Los restantes actores dominantes en la industria alimentaria han establecido una posición oligopólica en el mercado y, junto con sus aliados cercanos en el sector financiero del país, han establecido precios oligopólicos.

nado a escala mundial. En segundo lugar, nos centraremos en el vínculo cada vez más estrecho entre los mayores productores mundiales de alimentos y los principales actores financieros, bajo el argumento de que la reciente volatilidad e incremento del costo de los granos básicos se debe a los flujos de capital especulativo más que a los fundamentales cambios en la oferta y demanda de alimentos. La tercera parte del trabajo se enfoca en el caso específico de México, que ofrece una confluencia revela-

yada en la actividad productiva claramente dividida a lo largo de las fronteras nacionales a una estructura basada en la actividad financiera concentrada en un puñado de centros financieros que han determinado la evolución reciente de los acontecimientos económicos en gran parte del mundo. La desaparición del Estado como promotor y regulador de la actividad económica dio paso a la apertura comercial y financiera que favoreció en gran medida las actividades de las corporaciones

La agudización de la crisis alimentaria, relacionada con la alta volatilidad de los precios de los cereales, se debe al capitalismo dominado por las finanzas y no a la falta de capacidad mundial para producir alimentos.

Financiación y cambios estructurales en la economía mundial Luego de la ruptura de los acuerdos monetarios de Bretton Woods en 1971, la economía mundial ha transitado de una estructura apo-

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multinacionales (cmn), acompañando paralelamente de distintas maneras el cambio hacia la globalización financiera. Las multinacionales, al igual que los centros financieros a los que se vinculan estrechamente, están muy concentradas en el mismo pequeño grupo de países y han llegado a dominar sectores estratégicos de diversas economías. Un aspecto esencial de lo que recientemente se ha denominado financiarización de la economía es que las empresas que operan en sectores productivos, como la manufactura o la producción de alimentos, también han sido dominadas por intereses financieros. Según Guttmann1 y Serfati,2 el hecho de que la gran mayoría de las corporaciones del mundo se comercialicen públicamente ha conducido al fenómeno de la Robert Guttmann, «Introducción al capitalismo conducido por la Finanzas», OlaFinanciera.com, enero-abril 2009. 2 Claude Serfati, «Finance-driven globalization: an unsustainable trajectory», ponencia presentada en el coloquio La crisis global y América Latina, 19-21 de enero de 2009. 1

maximización de accionistas, donde los propietarios de acciones de la compañía buscan ganancias a corto plazo en los precios de las acciones sobre otras consideraciones. De acuerdo con Serfati, la maximización de los accionistas ha consumido directa y sustancialmente las actividades básicas de las empresas productivas (investigación y desarrollo). Muchas empresas productivas se han convertido de modo particular en fondos de cobertura que como negocio secundario venden alimentos, automóviles, etcétera. Tal hecho es destacado por la estructura de propiedad de empresas emblemáticas de Estados Unidos (General Motors, Chrysler, Sears, General Electric, entre otros) y sus respectivos destinos. No sólo el destino de estas empresas se define por decisiones financieras en un grado mucho mayor que la calidad de sus productos o su demanda, también se han estrechado con las empresas financieras más grandes del mundo. Después de tres décadas de globalización financiera, la economía mundial puede clasificarse

Gráfica 1. Fluctuación de precios de los principales granos 900

Maíz

Trigo

Arroz

Dólares por tonelada (precio promedio mensual)

800

700

600

500

400

300

200

100

ene 00 mar 00 may 00 jul 00 sep 00 nov 00 ene 01 mar 01 may 01 jul 01 sep 01 nov 01 ene 02 mar 02 may 02 jul 02 sep 02 nov 02 ene 03 mar 03 may 03 jul 03 sep 03 nov 03 ene 04 mar 04 may 04 jul 04 sep 04 nov 04 ene 05 mar 05 may 05 jul 05 sep 05 nov 05 ene 06 mar 06 may 06 jul 06 sep 06 nov 06 ene 07 mar 07 may 07 jul 07 sep 07 nov 07 ene 08 mar 08 may 08 jul 08 sep 08 nov 08 ene 09 mar 09 may 09 jul 09

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao).

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hoy como financiarizada. Dentro de este régimen de acumulación de capital, los mayores conglomerados financieros del mundo contribuyen fuerte y directamente a la determinación de precios, niveles y cualidades de la actividad económica. De forma indirecta, estos grupos son también un factor decisivo en las actividades de las corporaciones que operan en los sectores productivos. Si bien, décadas atrás, el destino de bancos como Citibank y Goldman Sachs habría tenido un impacto relativamente insignificante sobre la producción de alimentos y la actividad manufacturera, en 2009 los destinos de esos bancos y la producción de alimentos y precios se encuentran tan estrechamente entrelazados que la crisis alimentaria no puede explicarse sin analizar su génesis en la crisis financiera global. Previo al estallido de la crisis mundial, manifiesto por las oscilaciones de los precios de los granos (gráfica 1), muy pocos académicos y otros expertos habían dado la voz de la alarma debido a las graves consecuencias de las finanzas estructuradas, las cuales han dominado la última fase de las finanzas del capitalismo. Cabe mencionar que algunos procesos evidenciaron la fragilidad que producen los instrumentos derivados: crisis de bonos en Estados Unidos en 1994,3 crisis asiática en 1997,4 fraudes financieros en la era de Enron5 y crecimiento exponencial de los derivados de crédito.6 Lo mismo puede decirse de los estudios más teórico-analíticos sustentados en las consecuencias de las finanzas estructuradas sobre los sistemas de pagos,7 Claudio Borio y Robert McCauley, «The anatomy of bond market turbulence of 1994», Working Paper 32 of the Bank for International Settlements, 1995, en http://www.bis.org/ publ/work32.pdf?noframes=1 4 Jan Kregel, «Derivatives and global capital flows: application to Asia», Levy Institute Working Paper (246), 1998. 5 Michel Aglietta y Antoine Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel, 2004. 6 Henry Liu, «Perils of the debt-propelled economy», Asia times online, 14 de septiembre de 2002. 7 André Perold, «The payment system and derivate instruments», Working Paper Division Research, Harvard Business School, 1995. 3

los riesgos de la titulización en relación con la estabilidad financiera o los fraudes financieros.8 La nueva dinámica en los mercados financieros que encapsuló los últimos treinta años de transformaciones económicas se incorporó al análisis académico a través de estudios temáticos, incluyendo la deuda externa de los países en desarrollo y la crisis de la deuda de los 1980; la titulización de la deuda externa de los países en desarrollo y los planes Baker y Brady, y el análisis de la globalización financiera de los 1990, mientras que los autores de la escuela de la regulación acuñaron el concepto de capitalismo financiero o capitalismo dominado por las finanzas o financiarización.9 Esta crisis financiera global se encontraba dentro del universo teórico de las teorías de la regulación10 y del análisis poskeynesiano, como se analizó profundamente en las obras de Minsky.11 Aunque la inestabilidad y las crisis financieras fueron muy estudiadas a partir de esta escuela de pensamiento, el desarrollo de las finanzas estructuradas no provocó modificaciones en sus estudios hasta épocas recientes.12 No obstante, Minsky advirtió sobre la titulización: Securitization implies that there is no limit to bank initiative in creating credits for there is no recourse to bank capital, and because the credits do not absorb high-powered money [bank reserve].13

Eugenia Correa, Crisis y desregulación financiera, México, Siglo xxi, 1998; Frank Partnoy, Codicia contagiosa, Argentina, El Ateneo, 2003; Jan Toporowski, The end of finance: the theory of capital market inflation, financial derivatives and pension fund capitalism, New York, Routledge, 2000. 9 François Chesnais, La mundialización financiera. Génesis, costos y posturas, París, Syros, 1996; Claude Serfati, op. cit.; Robert Guttmann, op. cit.; Gerald A. Epstein, Financialization and the world economy, Edward Elgar Publishing, 2005. 10 Gerard de Bernis, El capitalismo contemporáneo, México, Nuestro Tiempo, 1998. 11 Hyman Minsky, Can «it» happen again?, New York, Sharp, 1982. 12 Gerald A. Epstein, op. cit. 13 Hyman Minsky, «Securitization», The levy economics institute of bard college, 2008 (1987), en http://www.levyinstitute. org/pubs/pn_08_2.pdf 8

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La lucha monetarista contra la inflación creó las tendencias del mercado hacia la titulización: Securitization reflects a change in the weight of market and bank funding capabilities: market funding capabilities have increased relative to the funding abilities of banks and depository financial intermediaries. It is in part a lagged response to monetarism. The fighting of inflation by constraining monetary growth opened opportunities for nonbanking financing techniques. The monetarist way of fighting inflation, which preceded the 1979 «practical monetarism» of [then-Federal Reserve Chairman Paul] Volcker, puts banks at a competitive disadvantage in terms of the short-term growth of their ability to fund assets. Furthermore, by opening interest rate wedges, monetary constraint provides profit opportunities for innovative financing techniques... Bank participation in securitization is part of the drive, forced by costs, to supplement fund income with fee income. The development of the money market funds, the continued growth of mutual and pension funds, and the emergence of the vast institutional holdings by offshore entities provide a market for the instruments created by securitization.14

A la par de la globalización, la titulización surgió del mercado estadounidense, su objetivo era agregar nuevos activos rentables en todo el mundo a disposición de los gestores de inversiones institucionales que buscan rentas: There is a symbiotic relation between the globalization of the world’s financial structure and the securitization of financial instruments. Globalization requires the conformity of institutions across national lines and in particular the ability of creditors to capture assets that underlie the securities.15

En 2007, la crisis subprime pronto alcanzó otros activos con un respaldo hipotecario de alta 14 15

Hyman Minsky, «Securitization»... Ibid.

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calidad y otros valores asociados a préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, así como otros productos financieros estructurados (cmbs, cdos y cdss). La titulización desregulada había creado un orden financiero opaco, frágil y desproporcionado, que operaba en volúmenes nunca antes vistos, fuera del alcance del control de los bancos centrales y de los reguladores gubernamentales y con montos muy superiores al volumen total de la producción y el comercio mundiales. A finales de 2008 la crisis financiera alcanzó una de sus etapas más difíciles (y no necesariamente la última); no debe olvidarse que a partir del 3q 2007 se produjo un gran aumento en los episodios de graves restricciones crediticias y quiebras. Inició con una fuerza particular en 2007, los activos tóxicos en las carteras de las entidades de propósito especial de Citigroup y otros grandes bancos comenzaron a perder dinero. Así, aunque las quiebras de Lehman Brothers y el colapso de aig en septiembre de 2008 desencadenaron el peor episodio de restricción de crédito hasta ahora, el argumento de que toda la crisis financiera surgió del «error» del gobierno estadounidense al dejar a Lehman en quiebra no es válido. La globalización de las finanzas estructuradas explica la magnitud y la profundidad de la crisis financiera, que nació en el mercado hipotecario estadounidense. A su vez, la financiación estructurada se relaciona con la acción combinada de la innovación instrumental y operativa que cambió el funcionamiento básico de los mercados financieros. En ese sentido, incorpora los procesos de titulización de créditos y el renacimiento de instrumentos derivados en la década de 1980 y los derivados de crédito de los 1990, hecho que se convirtió en lo que la literatura ahora denomina el sistema bancario en la sombra, con la creación ex profeso de organizaciones financieras como las entidades de propósito especial o aseguradoras monolíticas, o preexistentes (fondos de cobertura, fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de fondos, bancos de inversión, etcétera).

Otros actores fundamentales en la explosión del financiamiento estructurado son las agencias de calificación que evalúan instrumentos opacos sin mercados o con mercados muy restringidos. La financiación estructurada fue un poderoso respaldo de la desregulación y liberalización financiera, lo que creó mercados en el mundo mediante la expansión del crédito y generó actividades financieras muy lucrativas. Dicho mercado financiero globalizado, a pesar del gran número de participantes en sus diferentes segmentos, está respaldado por un pequeño número de grandes conglomerados financieros que han experimentado recientemente sucesivas y significativas rebajas y pérdidas de capital. La crisis se debió a la caída de los precios de los activos respaldados por bienes raíces, y posteriormente de muchos otros, pero también por la reducción de la liquidez del mercado de la que depende la expansión de la titulización. En este punto, ya no importaba la rapidez con que los bancos centrales reaccionaran a la reducción de los tipos de interés, sino a la cantidad de valores, incluso aquellos que perdían precio y mercado, que aceptarían para comprar o como garantía (o cuánto era factible financiera y políticamente). Sin embargo, como lo han indicado diversos estudiosos por más de 15 años, debido a los volúmenes de activos creados por la financiación estructurada y la opacidad intrínseca de sus operaciones, las acciones de los bancos centrales frente a una crisis sistémica son en extremo limitadas. Desde las primeras crisis desencadenadas por las operaciones de derivados a comienzos de los 1990, como Procter and Gamble o el Condado de Orange, las autoridades financieras se han enfrentado a estos problemas prestando fondos y tratando de persuadir a los grandes conglomerados que operan en el mercado de derivados extrabursátiles para poner en marcha medidas de autocontrol y autosupervisión. No obstante la magnitud de la crisis actual, los debates sobre la reestructuración y la regulación del mercado se

siguen centrando en las mismas ideas de apoyo a la liquidez y el fomento de la autorregulación. En gran medida la crisis actual ha reducido segmentos significativos de las actividades de las finanzas estructuradas y aún no está claro cómo se podrán reformar los sistemas financieros mundiales. La enorme y creciente área de operaciones financieras que fuera desbloqueada por el financiamiento estructurado persiste, al menos por ahora, ya que varios de sus segmentos continúan capturando recursos que ayudan a paliar, aunque parcialmente, la insolvencia que se generalizó en el cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009. Las fuentes de financiación incluyen los márgenes de los tipos de interés, presupuestos gubernamentales, fondos de pensiones de los trabajadores, aumento de la productividad laboral, reducción de los ingresos de los trabajadores, creciente explotación de los recursos naturales y energéticos, y renovada especulación en el negocio tradicional de arbitraje en materias primas y divisas.

De la crisis financiera a la crisis alimentaria: determinación de precios a través de la especulación global La crisis alimentaria es parte de estos cambios en los mercados financieros y la securitización, que alcanzó una nueva etapa cuando la innovación financiera, aunque dañada por la crisis, condujo a un nuevo tipo de instrumentos fundados en las materias primas, con la peculiaridad de convertirse en inversiones de cartera para inversiones institucionales y diversos fondos de inversión. De acuerdo con Master, «Institutional Investors are one of, if not the primary, factors affecting commodities prices today. Clearly, there are many factors that contribute to price determination in the commodities markets».16 Michael Masters, «Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs», United 16

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El cambio en el comportamiento de los inversores institucionales es la raíz del rápido aumento de la especulación con los productos básicos. Goldman Sachs y otros bancos de inversión colocan instrumentos financieros respaldados por índices de precios de materias primas en los mercados financieros no como una cobertura para el intercambio de productos básicos en un momento específico, sino como instrumentos que permanecerán en los balances de los inversionistas con la esperanza de aumentar su valor. Masters sostiene que Index Speculators, allocate a portion of their portfolios to «investments» in the commodities futures market, and behave very differently from the traditional speculators that have always existed in this marketplace. I refer to them as «Index» speculators because of their investing strategy: they distribute their allocation of dollars across the 25 key commodities futures according to the popular indices —the Standard & Poors-Goldman Sachs Commodity Index and the Dow Jones-aig Commodity Index.

Después de las crisis de 2000-2002, los inversionistas institucionales encontraron en la creación y mantenimiento de estos instrumentos en sus balances una forma de crecer y mantener altos niveles de ganancias entre los inversionistas, a pesar de las dificultades que las empresas y la producción en general seguían enfrentando. Commodities looked attractive because they have historically been «uncorrelated,» meaning they trade inversely to fixed income and equity portfolios. Mainline financial industry consultants, who advised large institutions on portfolio allocations, suggested for the first time that investors could «buy and hold» commodities futures, just like investors previously had done with stocks and bonds.17 States Senate, 20 de mayo de 2008, en http://hsgac.senate. gov/public/_files/052008Masters.pdf 17 Michael Masters, op. cit.

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En 1998 se intercambiaron menos de 150 mil millones de dólares en instrumentos basados en índices de materias primas, mientras que esta cifra alcanzó 260 mil millones de dólares en marzo de 2008. A la luz de tal información, una consideración trascendental gira en torno a por qué un contrato derivado basado en un activo subyacente contribuye a la determinación de su precio. Según la teoría convencional, existe una supuesta convergencia entre los precios futuros y los precios de entrega actuales, y cuando la fecha de maduración de un contrato futuro se acerca, el precio del futuro tiende a converger hacia el precio de entrega actual del activo subyacente. Al madurar, el precio del activo subyacente es cercano o igual al precio de entrega. Con base en la teoría, esta convergencia permite a los mercados, en particular a los mercados financieros, ser más eficientes. Tres escenarios son probables. En principio, el precio futuro es mayor que el precio de entrega durante la fecha probable de entrega. Cuando ello ocurre hay una clara oportunidad para el arbitraje en la forma de la venta del contrato futuro, la compra o la transferencia del activo. Incluso se puede presentar una serie de beneficios equivalentes a la diferencia entre el precio futuro y el precio de entrega. A medida que los operadores aprovechan tal condición, el precio futuro disminuirá. El otro escenario es que el precio futuro está por debajo del precio de entrega durante la fecha probable de entrega, de esa manera las empresas interesadas en adquirir el activo comprarán el contrato futuro y esperarán su entrega. Así, ocurrirá lo contrario y el precio futuro tenderá a subir. En el último escenario, el precio futuro se aproxima al precio de entrega durante el periodo de entrega, de modo que los precios de ambos mercados convergen. Hull, Jarrow y Turnbull18 consideran que esto se debe al hecho de que los Robert A. Jarrow y Stuart Turnbull, Derivative securities, Ohio, South-Western College Publishing, 1996.

especuladores no negocian contratos de futuros a menos que las ganancias esperadas sean favorables; en contraposición, aquellos que se cubren pueden esperar pérdidas debido a los beneficios de la minimización de riesgos que obtienen a través de un contrato de futuros. Es decir, que si más especuladores ocupan posiciones largas que posiciones cortas, habrá una tendencia para que el precio futuro sea más bajo que el precio de entrega esperado. Por el contrario, la tendencia del precio futuro tendría que ser mayor que el precio de entrega futuro esperado. Sin embargo, distinto de lo que plantea la literatura convencional, este no es el caso. La especulación es fundamental en el crecimiento del mercado de derivados. De hecho, si los precios convergieran, no habría espacio para la especulación ni para los derivados. En lugar de proponer una convergencia de precios, sería más probable hablar de una determinación de precios de activos financieros y no financieros, gracias a un gran número de contratos de derivados gestionados por un pequeño número de inversores institucionales que contribuyen de particular manera al establecimiento de precios. El volumen de recursos negociados en el mercado de derivados (mercado de materias primas, que incluye productos agropecuarios y energéticos, entre otros) muestra un fuerte incremento en el número de contratos negociados (gráfica 2). Los datos reflejan el nivel de especulación en los mercados de derivados. En 2007 se negociaron 8.4 billones de dólares me-

diante contratos de materias primas otc, pero a partir de 2002 se observa la tendencia al alza en el valor de los contratos negociados, que coincide con el aumento de los precios actuales de los productos agrícolas observados durante 2006-2007. Al analizar el comportamiento de los precios de entrega actuales de los precios agrícolas como el maíz, se percibe un aumento considerable en 2006 y 2007, que coincide con el incremento de los contratos de productos otc en el mismo periodo. Si se analizan los precios del

mercado de futuros de maíz en el mercado de futuros de Chicago existe un notorio aumento en el precio de los contratos negociados a partir de junio de 2006, esto es, hay una relación causal entre el mercado de futuros y los precios de entrega actuales. Gráfica 2. Contratos otc de materias primas (billones de dólares en valor nacional) 1998

0.41

1999

0.54

2000

0.58

2001

0.59 0.92

2002 2003

1.4

2004

1.4 5.4

2005

6.5

2006

8.4

2007 4.4

2008 0

Fuente: Bank for International Settlements.

De acuerdo con el Informe de Comercio y Desarrollo «los precios futuros son uno de los criterios determinantes de los precios de entrega actuales».19 El Institute for Agriculture and Trade Policy declaró en enero de 2009 que la especulación en los precios es un factor fundamental en el aumento de los precios de entrega y que según estimaciones hechas por consultores de cbot, el 31 por ciento del aumento en los precios del maíz

se debió a la omnipresente crisis financiera, independiente de los factores esenciales de oferta y demanda del mercado. Cabe resaltar que el mercado de derivados ha contribuido a la modificación del comportamiento de los precios de entrega actuales, tal como se The United Nations Conference on Trade and Development (unctad), Report on trade and development, New York, Geneva, 2008. 19

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Muchos países en desarrollo son exportadores de materias primas y alimentos, y los excedentes generados implican una mejora en los términos de intercambio. Sin embargo, una parte significativa de estos excedentes es apropiada por las corporaciones exportadoras que incluyen segmentos de oligarquías locales, multinacionales y fondos de inversión.

refleja estadísticamente en los informes presentados por autoridades y organismos internacionales. El problema se basa en la formación de una burbuja especulativa en productos agrícolas en los mercados de derivados que alcanzó proporciones asombrosas en 2006 y 2007, y provocó profundos efectos en las economías reales de distintos países. No obstante, los efectos del aumento de los precios de los alimentos han tenido consecuencias muy diversas. En primer lugar, muchos países en desarrollo son exportadores de materias primas y alimentos, y los excedentes generados implican una mejora en los términos de intercambio. Con todo, una parte significativa de estos excedentes es en realidad apropiada por las corporaciones exportadoras que incluyen segmentos de oligarquías locales, así como las multinacionales en el sector y especialmente los fondos invertidos en instrumentos especulativos. Por otro lado, los países que importan alimentos y los sectores de bajos ingresos en ambos países que son exportadores e importadores netos sufren el alza de los pre-

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cios de los alimentos, lo que no se ha traducido en incrementos generalizados de los salarios y por ello se ha creado un enorme grupo social en los países del sur con poco o ningún acceso a niveles mínimos de nutrición. unctad aseveró: High prices for basic products have positive and immediate effects on economies in development and in transition that export them, given that income from exports has risen. At the same time, this increases the potential for funding new investments in infrastructure and productive capacity that are necessary to advance processes of diversification, structural change and an expansion of economic activity and employment. Whether or not countries can take advantage of this situation depends on the distribution of the income from the export of basic products among national and international interest and the destination of this income than exporting countries can retain.20 20

unctad, Report on trade and development..., p. 19.

El caso de México: determinación de precios a través de la estructura del mercado interno Si bien la fijación de los precios mundiales de los productos básicos en los mercados financieros tiene efectos significativos en todos los países, existen también importantes componentes internos de la crisis alimentaria que difieren entre los países. En esta sección se examinará el caso particular de México. Aunque son muchas las similitudes entre la experiencia de México y las de otros países del mundo en desarrollo, el espacio para el análisis comparativo será limitado. En las últimas décadas, México ha sido uno de los más fieles adherentes al espíritu y la letra de las políticas del Consenso de Washington (cw), lo cual ha favorecido la liberalización comercial y financiera y el papel reducido del Estado en las actividades económicas. Asimismo es un caso notable en el alcance y profundidad de su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Al igual que ha ocurrido con los demás países que han adoptado las políticas del cw, la economía de México ha dependido cada vez más de la financiación externa mientras su aparato productivo nacional se ha marchitado. A diferencia de otras grandes economías de la región como Brasil y Argentina, en México el sector agrícola ha sido particularmente afectado. Debido a que gran parte de sus tierras no son cultivables y a la distribución de las que sí lo son en pequeñas parcelas familiares y comunitarias, incluso en las mejores circunstancias México nunca podría haberse convertido en un importante centro agrícola durante los últimos treinta años. Aunque no posee la pampa argentina, México puede y debe ser autosuficiente en términos de producción de alimentos. Sin embargo, las condiciones onerosas de apertura comercial y financiera han propiciado la pérdida de soberanía en varios términos, incluso en la producción de alimentos. Como ha ocurrido en otros sectores de la economía mexicana, la falta de planificación cen-

tralizada ha creado contradicciones flagrantes, por ejemplo, exporta grandes volúmenes de crudo, pero debe importar una gran parte de su gas refinado para el consumo local. En el caso del sector agropecuario, exporta más de lo que importa, pero el país sigue siendo altamente dependiente de la importación de granos, en especial del maíz de Estados Unidos (gráficas 3, 4 y 5). El hecho de que los productos agropecuarios más rentables para la exportación hayan eliminado la producción de maíz necesaria para el consumo local constituye una de las razones por las cuales México ha sido particularmente afectado por la crisis alimentaria actual. Gráfica 3. Granos, frutas y vegetales importados versus exportados, 1993-2006 (miles de dólares) Importaciones 2 914 142

Exportaciones 43 162 424

Fuente: inegi.

No obstante, la capacidad agrícola de México no sólo ha cambiado de perspectiva, también se ha reducido de modo significativo. Durante las décadas posteriores a la Gran Depresión, el sistema de bancos públicos establecido en México permitió el desarrollo de varios sectores económicos del país. Después de la crisis de la deuda de 1982 y la adopción de las políticas del cw, las actividades de esos bancos se redujeron en gran medida, si no es que fueron totalmente eliminadas. Como ha ocurrido muchas veces, los bancos de propiedad pública que prestan servicios a sectores de la economía tradicionalmente privados de crédito fueron reducidos para que los bancos

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Gráfica 4. Importaciones de granos, frutas y vegetales, 1993-2006 (miles de dólares) 3 500 000

Granos

Frutas

Vegetales

Miles de dólares

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: inegi.

Gráfica 5. Exportaciones de granos, frutas y vegetales, 1993-2006 (miles de dólares)

Miles de dólares

2500000

Granos

Frutas

Vegetales

2000000

1500000

1000000

500000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: inegi.

Gráfica 6. Inflación subyacente e inflación alimentaria 180 Frutas y vegetales

Inflación base

Comida procesada, bebidas y tabaco

160 140 120 100 80 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Banxico.

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2006

2007

2008

2009

2006

del sector privado más eficientes pudieran competir, pero el resultado final fue que estas áreas volvieron a ser financieramente desatendidas. Con una asistencia financiera inadecuada del Estado, la mayoría de los productores de granos mexicanos nunca podrían competir con la creciente concentración de la agroindustria estadounidense. En el contexto de una década de caída de los precios de los cereales, la apertura comercial bajo el tlcan y un peso crónicamente sobrevalorado, las capacidades y la producción de la producción interna de alimentos han disminuido de forma drástica. En condiciones de contracción de la producción interna, ha habido una importante bifurcación de la producción de alimentos en el país. Por un lado, las multinacionales como Bunge, Monsanto y Cargill han aumentado significativamente su presencia en el mercado local, mientras que las empresas locales como Gruma y Bimbo también han aumentado considerablemente su cuota de mercado dentro del país. Ambos tipos de empresas tienen actividades internacionales a gran escala (las mexicanas son a menudo clasificadas como translatinas) y se encuentran plenamente integradas en la dinámica de la financiarización. Gruma, por ejemplo, pertenece al mismo grupo empresarial que Banorte, el mayor banco mexicano de propiedad nacional. Con el acceso a los mercados financieros internacionales globales y en un afán de conseguir mayores ganancias financieras en lugar de satisfacer las necesidades de la economía local, estas multinacionales han dirigido partes decisivas de su producción a los mercados extranjeros. Los pequeños productores de granos que en el pasado habían abastecido las necesidades del mercado local se han vuelto cada vez más marginados. Con la reciente liberación total de las importaciones de maíz y frijoles bajo los mandatos del tlcan, los dos alimentos más sobresalientes de la dieta mexicana se han vuelto aún más dependientes de las importaciones estadounidenses. Incluso la agricultura de subsistencia, un sec-

tor perennemente frágil en casi todas las economías, ha sido muy dañado por esos cambios. De manera que en México ha surgido un sistema de precios en dos etapas, en el cual los precios de los granos determinados en los mercados financieros de los países en desarrollo establecen un precio base para los precios agrícolas una vez que salen del campo garantizados por posiciones de cobertura adoptadas por agencias gubernamentales (Aserca y Procampo), que ofrecen financiamiento a productores agrícolas; sin embargo, debido al sistema oligopólico de fijación de precios en el mercado interno de productos elaborados, incluidas las tortillas, los precios se elevan visiblemente para el cliente. Como se aprecia en la gráfica 6, incluso meses después de que los precios del grano cayeran bruscamente de sus máximos en los mercados internacionales, continúan aumentando en México, hasta superar la inflación subyacente (de la cual forman parte). Por ende, el país sufre de crisis alimentaria no sólo por el hecho de que no produce todo el grano necesario para alimentar a su población —debe además importar granos a precios dictados por los mercados financieros—, sino también por la estructura oligopólica de su sector productor de alimentos.

Conclusiones Mientras que la expansión de la población mundial ha ejercido presión sobre los suministros de alimentos y la desnutrición crónica ha plagado a muchos países durante siglos, la actual crisis alimentaria contiene elementos que se relacionan más con el predominio de la actividad financiera en casi todos los aspectos de la economía mundial. La dramática oscilación de los precios de los principales cereales del mundo se remonta a la crisis financiera mundial de 2007. La capacidad de los países para hacer frente a las condiciones volátiles de la economía mundial depende de las tendencias y condiciones históricas, pero también de las prioridades de los gobiernos

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México ofrece un caso claro de un país que no ha aprovechado sus recursos naturales para asegurar la soberanía alimentaria. La destrucción de la agricultura y la dependencia de las importaciones estadounidenses han privado a los más pobres de los bienes básicos.

en el poder. Los exportadores netos de granos tienen la oportunidad única de reciclar las ganancias inesperadas en mayores inversiones para una economía diversificada y dinámica, en tanto que las economías históricamente dependientes de las importaciones de alimentos tendrán que ser cada vez más creativas para encontrar formas de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. México ofrece un caso claro de un país que no ha aprovechado sus recursos naturales para asegurar la soberanía alimentaria. La destrucción de la agricultura mexicana, unida a la dependencia de las importaciones estadounidenses y al atrincheramiento de productores de alimentos oligopólicos ha creado una situación en la que los ciudadanos más pobres del país han sido privados de los bienes más básicos pa-

chas de nuestras hipótesis a nivel internacional, además pone de relieve la inestabilidad financiera y el uso relativamente nuevo de los índices de productos básicos como instrumentos de especulación generalizada, impulsados por la innovación financiera y el comercio de derivados como las principales fuerzas promotoras de los aumentos agudos en los precios de las materias primas de 2006-2008. Con la continua volatilidad financiera en el horizonte cercano, se puede esperar que el precio de los principales granos del mundo fluctúe de nuevo de forma significativa. Dada la sensibilidad de estos precios a un segmento tan grande de la población mundial, los gobiernos tendrán un gran reto a fin de demostrar la creatividad y voluntad de enfrentar situaciones difíciles en beneficio de los ciudadanos, así co-

ra beneficio directo de los especuladores nacionales e internacionales y productores locales, muchos de propiedad extranjera, decididos a mantener los beneficios a cualquier costo. El recién publicado Informe sobre Comercio y Desarrollo de la unctad 21 confirma mu-

mo para justificar políticas pasadas que en diversos casos, como el mexicano, han llevado a sus países a posiciones de extrema vulnerabilidad frente a las crisis internacionales.

21 United Nations Conference on Trade and Development (unctad), «Trade and development report: responding to the global crisis», Climate change mitigation and development, 2009.

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··· DEBATE

Más allá de la defensa, la transformación.

Un inventario de viejas y nuevas ideas para la Universidad pública HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

En las últimas décadas se ha emprendido una embestida estatal para convertir paulatinamente a la Universidad pública en una suerte de empresa capitalista que provea de personal, conocimiento y tecnología a las corporaciones privadas. En tanto las comunidades universitarias y sus aliados no contravengan esa ofensiva, el carácter público de la Universidad puede desaparecer, los profesores serán proletarizados y los estudiantes se tornarán en meros consumidores de servicios educativos mercantilizados. Algunas de las líneas de resistencia provienen de los procesos históricos de reforma universitaria que postulaban la independencia frente a los poderes del Estado, la Iglesia y el capital para instituir un ámbito de autonomía, democracia y libertad. Pero ya no basta erigir una defensa con talante decimonónico, sino que también se necesita impulsar una transformación de la Universidad pública para ponerla al día y contribuir al cambio social y la emancipación humana. Imperativo de definir lo alternativo La Universidad pública se encuentra en una verdadera encrucijada. Los gestores del neoli-

* Docente investigador, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

beralismo recortan los presupuestos destinados a la educación pública y estimulan la mercantilización de los servicios educativos mediante el cobro de colegiaturas, cuotas y servicios; promueven la colaboración de las universidades con las empresas privadas y fomentan el financiamiento de instancias privadas que condicionan el trabajo académico e investigativo. Mientras tanto, los lazos con la sociedad se van diluyendo. Ante la avalancha de la contrarreforma universitaria en curso es apremiante definir el

sentido alternativo de un proyecto de educación superior, que trascienda la defensa del salario y las prestaciones, y que supere las disputas de los grupos políticos que buscan ubicarse en los puestos burocráticos. Para enfrentar los desafíos de la crisis que cruza la vida de las universidades, también es impostergable que un movimiento genuino por la educación —siempre en ciernes o con vida latente— analice cuáles son las problemáticas y restricciones acerca de la educación que reciben los sectores populares y respecto de la vida social en su conjunto. Un proyecto alternativo de educación pública universitaria tendrá que ir a contrapelo del modelo de educación de los gobiernos afectos al canon neoliberal y a las ideologías

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conservadoras. Una propuesta alternativa tiene que declararse como tal, alternativa: que en efecto se diga que se trata de una alternativa frente a la contrarreforma neoliberal en tanto proyecto dominante y que se explique en qué sentido lo es para reconstruir la Universidad necesaria del siglo xxi.1 Pero no es suficiente enunciar el predicado, hace falta darle vida al sujeto. Las propuestas educativas legítimas no surgen de los dictados de los organismos internacionales ni de las proclamas de expertos o de comités de iluminados, sino de la discusión de los directamente interesados: comunidades universitarias, investigadores, docentes y estudiantes.2

ria frente a los poderes del Estado, la empresa y el clero. El mayo francés de 1968 despertó una oleada de movilizaciones estudiantiles en diversas partes del mundo, incluyendo México, que generaron nuevas formas de pensamiento y prácticas políticas; unas de sus derivaciones fue la «declaración de independencia de las universidades».5 A lo largo del continente las luchas universitarias han intentado preservar y actualizar la autonomía en contextos políticos adversos como dictaduras, presidencialismos y populismos. Hoy se enfrentan a la derechización y el neoliberalismo. Como resultado de las luchas sociales, el concepto de autonomía universitaria en Mé-

Una vez más, la declaración de principios

xico está plasmado en la Constitución (Art. 3o, viii). Dicha noción se ha enriquecido con los movimientos universitarios y la propia sabiduría acumulada por las comunidades universitarias. Desde esa perspectiva, la autonomía universitaria se refiere a la capacidad y al derecho que posee una comunidad académica para elegir a sus autoridades, diseñar los planes de estudio, administrar el patrimonio, definir quiénes serán los profesores y organizarse como se considere más conveniente.6 En la actual época neoliberal está en curso una contrarreforma que acota la autonomía, cuando el Estado restringe el financiamiento, condiciona los programas educativos e impone la evaluación estandarizada. Una vez más es menester restaurarla para que sean los univer-

Autonomía Hay que demostrar que la autonomía existe en la teoría y la práctica. Para que la vida académica pueda desplegarse de forma libre y creativa, amén de que sea capaz de formar ciudadanos participativos, críticos y humanistas, debe emitirse, ratificarse con determinación la declaración de autonomía.3 Producto de movimientos estudiantiles, la autonomía universitaria tiene un largo recorrido en el mundo. En América Latina surge con el «grito de Córdoba», en Argentina, y se despliega en sucesivos movimientos en diversos países de América Latina.4 La reforma universitaria cordobesa definió la autonomía universita1

Pablo González Casanova, La universidad necesaria del siglo

xxi, México, Era, 2000.

Hugo Aboites, «Los movimientos estudiantiles en México y la transformación de la educación. De la lucha por las libertades y derechos civiles a la defensa y renovación de la educación pública», cisma. Revista del Centro Telúrico de Investigaciones Teóricas, núm. 1, 2011. 3 Daniel Cazés, Raúl Delgado, Axel Didriksson, Eduardo Ibarra y Javier Fuentes, «Declaración de Zacatecas», en Daniel Cazés y Raúl Delgado (coords.), Hacia una política de Estado para la Educación superior en México, México, Miguel Ángel Porrúa/ Universidad Autónoma de Zacatecas, 2003. 4 Carlos Tünnermann, Noventa años de la reforma universitaria de Córdoba (1918-2008), Buenos Aires, Clacso, 2008. 2

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sitarios quienes decidan sobre las formas de gobierno, los programas educativos, el patrimonio, la legislación y la vida académica. El ejercicio de una auténtica autonomía se traduce en una gobernabilidad democrática Emir Sader, Pablo Gentili y Hugo Aboites (coords.), La reforma universitaria. Desafíos y perspectivas noventa años después, Buenos Aires, Clacso, 2008; Luis Alegre y Víctor Moreno (coords.), Bolonia no existe. La destrucción de la universidad europea, Hondarribia, Hiru, 2009. 6 Hugo Aboites, «La autonomía en México: entre la libertad, el Estado y el interés privado (1921-2008)», Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano, núm. 13, 2008. 5

construida desde adentro, donde la máxima autoridad no sea la burocracia ni las agencias gubernamentales e internacionales empecinadas en implantar la contrarreforma, sino las instancias colegiadas compuestas por profesores y estudiantes. Sin embargo, en la mayoría de las universidades los consejos universitarios, máximos órganos de gobierno, tienen una composición tripartita: profesores, estudiantes y funcionarios, lo cual obra a favor de la rectoría, pues los funcionarios votan en bloque, mientras que los profesores y estudiantes lo hacen de manera diferenciada. Entonces, se impone el poder de un bloque burocrático cuya misión es ampliar sus espacios de poder y control sobre los demás sectores, con lo que se adoptan y perpetúan las prácticas perversas de la política del sistema de partidos. Instalar formas de gobierno democrático es una condición necesaria para restablecer la autonomía universitaria. En los consejos universitarios, por ejemplo, el número de escaños puede distribuirse entre profesores y estudiantes con sólo un funcionario, el rector, para hacer posible que la discusión acerca de normas, presupuestos y proyectos tenga lugar entre

ambas partes y las decisiones sean legítimas y se apeguen a los intereses de la comunidad.7 Autogobierno Distintas políticas y dispositivos se implementan para trastocar la vida académica de las universidades al valorar a los espacios administrativos como cabeza de playa a fin de que sean los universitarios, a partir de los grupos políticos hegemónicos, quienes internalicen la norma educativa neoliberal. Entonces la actividad académica muta su compromiso social por el individualismo, el productivismo y la competencia. El catálogo de nuevos va-

Instalar formas de gobierno democrático es una condición necesaria para restablecer la autonomía universitaria. Fotografía: Carlo Román

lores es asimilado en la vida orgánica y trastoca los criterios básicos de la política de las universidades.8 Las instancias colegiadas y el trabajo colectivo que busca responder a las directrices de evaluadores externos, a menudo instancias Orlando Pardo, «Democracia y gobierno en la universidad», Reflexión Política, vol. 5, núm. 10, 2003. 8 Humberto Márquez, «Nubarrones en el jardín del conocimiento. La universidad pública bajo el asedio estatal», Estudios Críticos del Desarrollo, vol. vi, núm. 10, 2016. 7

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privadas que cobran por sus servicios, aplican formularios o pruebas con pautas estandarizadas y armonizadas con el mercado y extienden certificados que serán reconocidos para acceder a ciertos programas de financiamiento. En esas condiciones la autonomía está acotada por las formas de evaluación que limitan el acceso a los recursos necesarios para su funcionamiento. En paralelo, dentro de las universidades se especializan gestores emanados de los grupos políticos, que con distintos discursos se disputan los puestos internos de administración y poder, pero terminan siendo funcionales a la proclama general de la contrarreforma universitaria, ya que en tanto gestores se especializan en la administración de la crisis universitaria. Bajo esa pauta permiten la intromisión del programa neoliberal: reestructuración administrativa y educativa, promulgación de la austeridad y el decrecimiento, aceptación de la exclusión de estudiantes y la precarización del trabajo.9 Esta forma de conducción puede ser sobrellevada, más allá de las formas de resistencia que reiteran métodos de lucha tradicionales y no muy efectivos, como paros, manifestaciones y huelgas, hacia una transformación de las universidades en un espacio controlado y administrado desde afuera y desde adentro por un bloque de poder burocrático que promueve e implementa la contrarreforma educativa. La reconstrucción de una gobernabilidad alternativa se refiere a la recreación de formas de autogobierno con principios democráticos, con base en normas y reglas claras establecidas por la comunidad universitaria.10 No se trata de una política de confrontación y desgaste sino de una reconstrucción de la misión social de la Universidad pública y de un reposicionamiento de Humberto Márquez, «Universidad pública intervenida. Subsunción del trabajo conceptual y desvalorización del proceso educativo», Observatorio del Desarrollo, vol. 6, núm. 16, 2017. 10 Enrique González Rojo, «Acerca del autogobierno en las universidades», Coloquio Autonomía, Educación y Libertad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 20 y 21 de noviembre de 2012. 9

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la educación pública superior en el entramado institucional al servicio de la comunidad. Fortalecimiento institucional y estatuto de legalidad El autogobierno tiene que asentar la institucionalidad universitaria con una sólida legalidad, es decir, normas donde se establecen obligaciones mutuas para el cumplimiento del proyecto universitario desde un marco transparente, que ayude a orientar el camino de todos los sectores que conforman la comunidad universitaria. La legalidad puede abrir puertas, trazar horizontes y garantizar un marco de libertad a las comunidades para organizarse en el ámbito de la autonomía.11 Las reglas del juego deben determinarse con toda claridad, pero sólo en la medida de lo necesario, para no ahogar la creatividad y someterse a formas autoritarias y restrictivas, lo cual sería contraproducente. A sabiendas de que la sobrerregulación puede aniquilar la creatividad y la participación, un marco legal deseable es aquel que aclara el funcionamiento, los derechos y las posibilidades de participación de cada quien. Democracia Otro aspecto igualmente importante es la democracia. La idea de que en la Universidad —y en general en la vida académica no existe, no puede hacerlo— la democracia está más o menos arraigada, proviene de prácticas decimonónicas que perviven en prácticas y ritos académicos contemporáneos modelados por órdenes jerárquicos, pero que no son asequibles para un proyecto alternativo de educación superior. Todos los sectores que integran la vida académica pueden y deben participar, en la medida de sus intereses, posibilidades y obligaciones. En los ámbitos de decisión institucional cabe la participación para Adrián Acosta, «La autonomía universitaria en América Latina: problemas, desafíos y temas capitales», Universidades, núm. 36, 2008. 11

decidir sobre el patrimonio, el presupuesto y los proyectos estratégicos, los programas educativos y las prácticas pedagógicas, la contribución a la sociedad, etcétera. Asimismo, no tienen cabida las formas autoritarias, unipersonales y el nepotismo como modos de ejercer el poder en los distintos niveles y planos de las instituciones educativas. Esto se complementa con la erradicación de la corrupción y la opacidad. Ética crítica Indiscutiblemente, el sistema educativo y el conocimiento representan instancias fundamentales para impulsar procesos de transformación. Con ese propósito se impone la necesidad de reivindicar un sentido ético profundo para la vida pública y la vida universitaria. En una sociedad donde la clase dirigente practica la corrupción como mecanismo de enriquecimiento y acceso a las instancias de decisión, y pretende justificarlo al aducir que es una cultura arraigada en la sociedad, y donde además la sociedad padece diferentes tipos de decadencia que laceran las relaciones sociales, las instituciones y las formas de gobierno, es imprescindible alentar un proyecto de cambio social impregnado de un profundo sentido ético.12 Un cambio de esta magnitud no podrá realizarse, porque no interesa, desde las altas esferas del poder político y económico, ni es de esperarse que acontezca una renovación moral de la clase política, donde confluyen los políticos profesionales, los intelectuales del régimen, la jerarquía eclesial, los medios de comunicación, la burocracia y la academia convencional. Eventualmente, un cambio sustancial puede articularse desde las bases sociales en las que perviven instancias como sindicatos, gremios, movimientos sociales y diversas organizaciones sociales interesadas en encontrar alternativas desde la práctica.

Cualquier proyecto o movimiento social que pretenda impulsar la transformación requiere, por necesidad, pensar y actuar con sentido ético, y también transmitir un mensaje ético. Reconstruir la Universidad amerita buscar las raíces éticas de la figura peculiar que representa la Universidad pública. Requiere un trabajo de reconstrucción histórica para desenterrarla y plantearla claramente a la sociedad como proyecto presente y futuro. En este momento crucial, signado por varias expresiones de crisis en el Estado, el medio ambiente y las relaciones sociales, la Universidad pública puede plantear una postura ética que emerja de su misión educativa y cultural, de su enraizamiento y compromiso con la parte más débil de la sociedad: trabajadores, pobres, migrantes, indígenas, niños, jóvenes y comunidades apartadas. Pensamiento crítico, autocrítica y debate de alternativas Un ámbito privilegiado para el análisis y la discusión de los problemas sociales y el debate sobre las alternativas es la Universidad pública. Este espacio tiene la capacidad y la obligación de elaborar propuestas viables de desarrollo humano articuladas con los sectores de la sociedad organizada. Así como no hay democracia sin demócratas, no hay transformación social sin transformación de los sujetos. Por lo que una premisa del cambio es cambiar a los proponentes del cambio para que desde un sentido autocrítico también discutan y acuerden actualizaciones al papel de la Universidad pública. Los universitarios pueden proponer la transformación de la sociedad en general y también ser autocríticos para transformar a la Universidad pública, desde la vida institucional y las prácticas académicas hasta las contribuciones al desarrollo de la sociedad.

Enrique Dussel, 14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico, Madrid, Trotta, 2016. 12

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Inclusión social y opción por los pobres El precepto básico de la educación pública es que todos los estudiantes tienen derecho a ingresar a una institución de educación, independientemente de su condición social, edad o género. Esta es la piedra angular de un proyecto transformador. Actualmente, la mayoría de los jóvenes está relegada de los estudios universitarios. En ello influyen factores como el cierre del acceso a los programas educativos, pues se aplican exámenes de selección que actúan como filtros para estrechar el paso y seleccionar a un porcentaje menor de solicitantes, con lo cual se niega de facto el derecho a la educación. Otro filtro es el costo de manutención y los cobros de colegiaturas, cuotas, materiales y servicios. Hay carreras que son decididamente prohibitivas para estudiantes pobres; no tiene caso siquiera intentar postular el ingreso. Un Estado social debe garantizar el derecho a ingresar directamente a las aulas a los estudiantes egresados de los niveles previos o buscar opciones para su acomodo, así sea en el ciclo en que se solicita o en uno posterior.13 Gratuidad de la educación La homologación de las pautas del mercado en el proyecto educativo, sobre todo a nivel superior, convierte al estudiante en un consumidor de servicios educativos que busca en el mercado las opciones que le ofrecen las instituciones públicas y privadas, las cuales, por su parte, se esmeran en ofrecer un amplio menú de carreras técnicas, profesionalizantes y acordes con las ofertas laborales emergentes, además de mantener el núcleo básico de carreras tradicionales que han distinguido históricamente a las universidades. La competencia en el mercado de servicios educativos es la pulsión del proyecto educativo en boga. Humberto Márquez, «Asalto a la razón: estrangulamiento de la universidad pública», Observatorio del Desarrollo, vol. 5, núm. 15, 2016. 13

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Los aspirantes a ingresar a, pero también los que necesitan permanecer en, la educación superior se enfrentan al desafío de no sólo cubrir su vocación o interés educativo sino también de afrontar la exigencia de pagar cuotas de ingreso y colegiaturas, sufragar gastos de manutención y otros que cada una de las carreras precisa: desde los gastos ordinarios como hospedaje, alimentación y transporte, pasando por la adquisición de bibliografía, hasta equipos de computo, consumibles e instrumental para prácticas, según los requerimientos. En un contexto donde la condición de pobreza se ha generalizado, la mayoría de los jóvenes aspirantes no cuenta con el respaldo familiar e institucional para solicitar un lugar en el sistema educativo. Más aún, la mayoría de las universidades, a través de sus programas educativos, no ofrece plazas suficientes para el número de aspirantes. Con ella se cierra la espiral de exclusión educativa y se diluye todo esfuerzo institucional de satisfacer la formación integral de la juventud aspirante. Desde el punto de vista de un proyecto alternativo que conecte la educación con el desarrollo humano, la condición socioeconómica no debe ser un impedimento para asistir a una universidad. Es obligación del Estado generar las condiciones institucionales que garanticen educación pública para toda la población que así lo requiera. Desde esa óptica, la Universidad pública debe ser gratuita, en todos los niveles, para toda la población, independientemente de la clase social, el género, la etnia y la edad. En lugar de promover bonos que incentivan la educación privada, en detrimento de la consolidación del sistema público, el Estado debe subsanar las desigualdades sociales y ofrecer becas y otros apoyos a los estudiantes, de manera equitativa si fuera posible, sin que la condición socioeconómica fuese un requisito. Quienes cubren ciertos requisitos tiene el derecho a una beca.

Pedagogía crítica Las relaciones de enseñanza-aprendizaje no pueden sustentarse en vínculos autoritarios dentro y fuera del aula. Las relaciones de poder donde el profesor es la máxima autoridad incuestionable y el estudiante es un receptor pasivo son esquemas del pasado que perviven en el presente. Otra propuesta pedagógica es imprescindible, pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje está la relación básica de cualquier proyecto educativo. Al interior del aula deben ensayarse cambios. Si dentro de la institución se toman decisiones autónomas, participativas, democráticas, pero en el aula el maestro es un pequeño dictador, que trata a los estudiantes como súbditos, cualquier proyecto con pretensiones alternativas se irá por la borda. El cometido es emancipar dentro del vínculo pedagógico a los jóvenes, a los niños, mediante el conocimiento y la participación como aspectos fundamentales del proceso educativo, para aprender a ser independientes, no a memorizar.14 En una relación pedagógica libertaria, crítica y creativa, todas las partes, maestros y estudiantes, aprenden y dialogan. Además, en los niveles educativos superiores se pueden conformar comunidades de investigación a fin de otorgarle un sentido más profundo al programa educativo y al trabajo colectivo referente al estudio de problemas importantes de la vida social. Más allá de la generación de títulos, certificados y productos académicos, las formas de trabajo colectivo en el ámbito de investigación, reflexión y análisis carecen de fecha de caducidad y no se supeditan a mecanismos de regulación burocrática. Están llamados a colaborar estudiantes, profesores y egresados, además de miembros de diversas áreas y disciplinas, instituciones y centros de investigación, sin importar adscripciones y reconocimientos. Pueden ser modos de articulación Enrique Dussel, «La organización de la comunidad de estudiantes», La Jornada, 10 de abril de 2000, en http://www. jornada.unam.mx/2000/04/10/dussel.html 14

permanentes donde se analicen temas de interés compartido.15

El fin justifica los medios Financiamiento suficiente El Estado ha sometido y condicionado el funcionamiento de las universidades al restringirles el financiamiento, reestructurar sus programas, evaluar su desempeño y precarizar a los trabajadores.16 El poder se ejerce desde un mando burocrático que encuentra un alma gemela en grupos internos de poder que se burocratizan y aplican acríticamente las determinaciones estatales. De manera que el Estado estrangula, interviene y condiciona a las universidades. Sin embargo, las universidades tienen la capacidad de ser un referente ético de la sociedad para observar, evaluar y auditar el desempeño de los gobernantes, los políticos profesionales, las políticas públicas y la burocracia. Relación independiente con el Estado La relación con el Estado, o en específico con las instancias gubernamentales encargadas de organizar y financiar la educación pública, es un punto de partida imprescindible, que habitualmente se bifurca entre el control burocrático y la búsqueda de autonomía. Desde el punto de vista oficial de los gobiernos neoliberales, la Universidad debe orientarse bajo preceptos empresariales, al igual que se visualiza a la administración pública.17 No obstante, está claro que la escuela no es una empresa y no puede regirse bajo normas neoliberales: individualismo, competencia, Hugo Zemelman, Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico, Barcelona, Anthropos, 2005. 16 Eduardo Ibarra, «Efectos institucionales de las políticas de modernización universitaria en México: autonomía, gobernabilidad y nuevas formas de organización», en Daniel Cazés y Raúl Delgado (coords.), op. cit. 17 Christian Laval, La escuela no es una empresa: el ataque neoliberal a la enseñanza pública, Barcelona, Paidós, 2004. 15

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La fragmentación perniciosa del conocimiento en áreas, disciplinas y especialidades dispersas demerita el trabajo colectivo entre investigadores y docentes, además propicia que el conocimiento generado sea particularista o inconexo. Fotografía: Jorge Vázquez

venta de servicios, austeridad presupuestal y exclusión de estudiantes económicamente insolventes. Si la noción de Estado se acerca a una forma del ejercicio de gobierno donde se imponen los criterios de una elite social, de talante oligárquico, entonces se advierte una especie de desencajamiento de la educación y sus instituciones con el proyecto político del Estado y se imponen los financiamientos restrictivos y condicionados, los programas educativos basados en competencias y la formación de estudiantes como capital humano, valga decir fuerza de trabajo dúctil, empleable. Pero si el Estado se afirma como un espacio político donde cabemos todos, sin estadolatrías, entonces la educación adquiere otro talante, la piedra de toque de un genuino desarrollo humano. En tal caso se advierte la necesidad del financiamiento suficiente y oportuno para el sistema de educación pública en su conjunto.18 Asimismo, en lugar de que la educación pública, y en particular la Universidad pública, esté bajo acoso permanente de la burocracia estatal, los universitarios deberían de levantar cabeza para erigirse —como otras áreas de la actividad humana que ya lo hacen, o también pueden hacerlo— en la conciencia crítica de la sociedad, con la finalidad de evaluar y criticar el funcionamiento del Estado y sus diversas instancias operativas, programas y ejercicios presupuestales. La simbiosis entre investigación y Axel Didriksson, «Elementos para la construcción de una política de Estado en la educación superior», en Daniel Cazés y Raúl Delgado (coords.), op. cit.

desarrollo puede tomar como eje la gestión estatal del desarrollo y el modelo de desarrollo nacional y local, con sus conexiones internacionales, para advertir problemas, potencialidades y alternativas de gran calado. A su vez, en el marco de la autonomía, las universidades tienen que evaluar, en su momento, cuáles son los alcances y los límites de la relación con el Estado, en concreto con las instancias gubernamentales y con organismos sociales, nacionales e internacionales que pretenden incidir en el devenir del proyecto educativo; esto permitirá dilucidar qué se puede hacer con y sin ellos. En contrasentido a la relación de dependencia que teje el Estado, los universitarios pueden configurar un proyecto educativo alternativo desde un ámbito de independencia. Eventualmente, ante la pregunta de hasta dónde ir y hasta dónde no con el Estado, las propias comunidades universitarias, en su contexto y momento, podrán encontrar las respuestas adecuadas.19 Algunas experiencias radicales de educación optan por no ir con el Estado, bajo ninguna circunstancia; otras más afirman su autonomía pero no niegan la posibilidad de contribuir con el Estado en la medida en que cumplan objetivos de desarrollo social; otras más aceptan el condicionamiento estatal y las prescripciones privativas. Calidad educativa y eficiencia El criterio de calidad educativa se ha reducido a la aplicación de programas educativos prediseñados por organismos internacionales desde la visión consensuada por tecnócratas y expertos afines al proyecto neoliberal y globalizado. Asimismo, se ajusta a formas de administración de los recursos, el patrimonio y la actividad académica cercanas a la tónica de la austeridad presupuestal, que es un modo de acompasar la reducción del gasto público en educación y otros

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Carlos Tünnermann, «La autonomía universitaria en el contexto actual», Universidades, núm. 36, 2008.

capítulos generales del desarrollo social con la manera de promover la educación cercana a las pautas del mercado. Aunado a ello, se asumen los criterios de evaluación de la calidad educativa sustentados en indicadores de desempeño que cuantifican rubros como la eficiencia terminal, la bibliometría (número de artículos, libros, capítulos y ponencias), entre otros, para mejorar, a su vez, los indicadores internacionales de la educación. No se puede negar que ciertos indicadores son útiles y necesarios, pero no son suficientes, ni siquiera significativos para una misión social con profundo contenido educativo y de desarrollo humano. La compulsión cuantitativa no define por sí sola la calidad educativa. La calidad no es la obtención de un título ni tener altas tasas de egresados ni una planta docente muy productiva, sino la formación integral de los estudiantes, la formación de una ciudadanía universitaria, la integración de la universidad con la sociedad, la generación de conocimiento relevante para el desarrollo humano, la promoción de la cultura y las artes.20 Actividades como estas no necesariamente se miden y escapan a la revisión de evaluadores externos que siguen otros criterios. Cuánto contribuye la educación superior al desarrollo humano en un espacio social concreto, sea local, nacional o internacional, es uno de los referentes básicos dentro de la configuración alternativa. El criterio de calidad debe estar presente en un modelo alternativo, pero en otras coordenadas. Se trata de ofrecer educación fundamentada en la investigación científica y en formas de pensamiento pertinentes para el desarrollo generalizado desde una propuesta educativa que permita que niños y jóvenes avancen en su formación integral. Es posible cumplir objetivos concretos de los programas educativos y simultáneamente formarlos con una visión humanista, científica y crítica. La amplitud de la oferta en las carreras y profesiones, en espacios de encuentro y diá20

Pablo González Casanova, op. cit.

logo entre formas de conocimiento y diversas prácticas educativas, puede conjugarse con la formación plena de ciudadanos participativos y dinámicos en el marco del ejercicio libertario y autonómico de la actividad universitaria. Universidad extramuros La división tajante entre un ámbito interno y otro externo de la universidad es una falsa representación de su vida orgánica, que siempre está, o debería estar, abierta a la sociedad. A ello contribuye la imagen de que los académicos se encierran en su torre de marfil y de que los estudiantes cumplan labores en el aula con el objeto de aprobar materias y acceder a un certificado o título que les dará reconocimiento para enfrentar luego el mundo real donde, quizá, aprenderán a ejercer su profesión y pondrán a prueba sus conocimientos. Universidad como espacio común Como un producto social, la Universidad pública se ha formado, en algunos casos, como un espacio de inclusión educativa para los sectores populares y además ha permitido el despliegue del pensamiento crítico, la ciencia, la cultura y las artes con una vocación social. Sin embargo, con la acogida neoliberal y sus formas de pensamiento único, convencional y neoconservador, el cariz popular, crítico y social se revierte hasta el punto en que se privilegia una subjetividad individualista, emprendedora y mercadológica. Pareciera que el presente y futuro de la Universidad quedará postrado entre la defensa de lo público y lo privado, con alusión a lo estatal y a lo empresarial, o una combinación de ambos componentes. Más allá de esa tensión, la Universidad pública puede configurarse como un espacio común donde los miembros de la comunidad universitaria se organizan, establecen sus normas y forma de gobiernos, fijan sus agendas de trabajo y determinan los programas de estudio, investigación,

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docencia, divulgación y otras actividades sustantivas. No se trata de que la Universidad se vea como un mero bien común, como un ámbito peculiar sujeto a apropiación de grupos políticos, burocracias, elites académicas y fuerzas internas que se distribuyen los espacios internos y sus recursos, sino de que se recreen comunidades activas bajo preceptos democráticos y participativos, formas de autogobierno que hagan posible, a su vez, reinsertar a la Universidad dentro de la comunidad humana, de donde nunca ha salido, pero se ha distanciado, para contribuir al despliegue de la democracia, el bienestar social y el buen vivir. La Universidad como agente de desarrollo La noción de desarrollo ha sido objeto de numerosas y merecidas críticas, sobre todo la que está articulada con visiones e intereses del capital monopolista y los Estados represores que estimulan la actividad depredadora de la naturaleza, la explotación redoblada de los trabajadores, la violencia generalizada y el empobrecimiento de la mayoría de la población. No obstante, existen otras nociones de desarrollo, que en distintos términos expresan la necesidad de acompasar la capacidad social productiva auspiciada por tecnología, conocimiento, infraestructuras con las probabilidades de satisfacer las necesidades sociales (no lo hacen porque se venden como mercancías y sólo acceden a ellas quienes pagan); así como la urgencia de generar condiciones de vida que permitan no sólo la satisfacción de las necesidades básicas de la población sino el despliegue de las capacidades humanas que cualquier persona puede llevar a cabo en el ámbito personal, científico, artístico y cultural. A lo anterior se le denomina, en términos genéricos, desarrollo humano. Es preciso aclarar que el concepto mismo también puede ser sometido a crítica, en especial cuando es planteado desde la visión liberal social para alentar un cierto individualismo, un desarrollo humano de perso-

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nas que, en cualquier contexto y lugar, sin cuestionar el capitalismo y sus formas políticas como el neoliberalismo, puede lograrlo en cuanto a longevidad, salud, educación y rubros semejantes. Esta propuesta es notoriamente insuficiente porque es imposible que en el capitalismo se promueva el desarrollo humano generalizado, lo que en realidad se impulsa es el desarrollo desigual, entre regiones y clases sociales. Pero un desarrollo humano, o una expresión nombrada bajo otro término (Vivir Bien, economía de la vida, común, etcétera) es factible y amerita un cambio social. En ello la Universidad pública tiene la obligación de cumplir un papel fundamental. No sólo como productora de títulos, certificados y reconocimiento, o de gestora de conocimiento, ciencia y tecnología, o de promotora de la cultura y el arte, actividades importantes que al ser enmarcadas en la «economía de mercado» se canalizan hacia fines privados de rentabilidad y procesos acusados de diferenciación social.

Cumplir los fines es apenas el comienzo Formación de una ciudadanía universitaria La política educativa actual, preñada de preceptos neoliberales, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y de vida de docentes, investigadores, administrativos y otras categorías laborales. En adición, incentiva una mentalidad individualista y la competencia entre colegas, lo cual deteriora la cooperación y la solidaridad y desencadena conflictos internos como forma de hacer política para disputarse los cargos administrativos y los recursos disponibles. El trabajo docente se degrada, pues en lugar de representar una actividad intelectual vinculada a la investigación se reduce a una función técnica. La competencia incluso se fomenta para acceder a ingresos suplementarios con la evaluación del desempeño académico mediante puntos, a fin de ser reconocidos como investigadores y docentes.

Esta competitividad se inmiscuye en una espiral descendente de la vida institucional y de la pertinencia social de trabajo universitario. La estratificación de los trabajadores académicos por productividad, puntos y reconocimientos se traduce en una diferenciación salarial y en un estímulo al individualismo y la competitividad galopante. La dignificación del trabajo académico en todos los niveles mediante salarios y prestaciones dignos, sindicalismo democrático y la ruptura del control burocrático son aspectos básicos para conferirle un renovado rostro. En un escenario ideal, el personal docente pudiera ganar un salario suficiente, digno y seguro, sin las sujeciones de la evaluaciones competitivas e individualistas, sin categorías diferenciadoras ni carreras magisteriales sin evaluación por puntos, sin becas ni estímulos productivistas, sin importar el tiempo, la experiencia y la edad de profesores e investigadores. Formación integral de jóvenes El desempleo estructural, derivado del ahorro de fuerza de trabajo por nuevas tecnologías, la desvalorización de las profesiones y carreras universitarias por la flexibilización del mercado laboral y el recorte al financiamiento público de la educación actúan como fuerzas que constriñen el acceso a la educación pública superior de calidad para la mayoría de la población. El impacto más pernicioso es el efecto combinado de la formación de generaciones con altos estudios pero sin trabajo formal o acorde a su perfil educativo y, simultáneamente, la procreación de una gran masa de jóvenes precarizados que padecen exclusión de las instancias educativas o del mundo del mercado, lo cual no es muy preciso, pues muchos sobreviven en actividades informales, incluyendo actividades peligrosas e ilícitas, o emigran para trabajar en otras latitudes. La Universidad pública debe recrear los espacios formativos, los programas educativos y las prácticas pedagógicas con la finalidad de formar nuevas generaciones de estudiantes, profesionis-

tas, investigadores e intelectuales que dentro y fuera de la esfera educativa reconstruyan las formas del trabajo social y las actividades colectivas que obren en beneficio del desarrollo humano generalizado. Compromiso social La sociedad capitalista promueve la competencia desbordada en todos los planos: entre clases sociales y dentro de ellas para distribuirse el plusvalor o excedente generado por el trabajo social. La competencia es el principio articulador de la sociedad capitalista. La internacionalización de la competencia desvirtúa la misión de la Universidad pública, a menos que se pretenda erigir la Universidad capitalista como una empresa. El compromiso social escapa a las normas del mercado, la competencia y la búsqueda de ganancia, para servir a los intereses de clases, movimientos y comunidades concretos con la intención de promover una mejoría sustancial en sus condiciones de vida y trabajo. Amén de buscar el beneficio de las comunidades a través del conocimiento y la cultura. En un plano inmediato, la comunidad universitaria puede recuperar los lazos con las comunidades circundantes en su diversa constitución, lo cual hace factible un desdoblamiento hacia fuera para incidir en la mejoría concreta desde el conocimiento y la cultura en las comunidades concretas locales y nacionales, en el barrio, la zona, la región y el país. Asimismo, es digno reconocer que en todas las comunidades hay procesos de conocimiento y la Universidad puede contribuir a mejorarlos, a partir de respetar su condición política y organizativa, la conciencia personal y humana; es decir, la sustancia significante de clases, comunidades y sectores sociales. Generación de conocimiento de utilidad social La fragmentación perniciosa del conocimiento en áreas, disciplinas y especialidades dispersas

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demerita el trabajo colectivo entre investigadores y docentes y propicia que el conocimiento generado sea particularista o inconexo y a la postre los productos son crípticos, privatizados; por lo tanto se oscurece el conocimiento social.21 La llamada sociedad del conocimiento promueve la idea de que el conocimiento es un estímulo para la producción y la obtención de beneficio privado. En tal caso, el conocimiento se torna en una mera mercancía, en cuya trayectoria de gestación, divulgación, industrialización y comercialización se incuban rentas, formas de ganancia extraordinaria generadas por la posesión ejercida en exclusividad de los productos de la ciencia y la tecnología con la aplicación de trabajo vivo, en particular del trabajo conceptual, intelectual o general, que de ser una potencia social se convierte en una fuerza aplicada a la órbita de los negocios; entonces la ciencia se torna en capital. En contrasentido, el conocimiento puede configurarse como una potencia social inapreciable a condición de que sea libre, crítico y propositivo. Por lo mismo, la Universidad pública puede fungir como agente catalizador de una función social del conocimiento con el interés de transformar a la sociedad. Proyecto educativo y desarrollo generalizado Cualquiera que sea la solución propuesta para la defensa y transformación de la Universidad, ésta será inviable y muy limitada si se conduce por una pauta individualista, es decir, si se remite a una institución en particular, un programa educativo, un centro de investigación o un grupo selecto de académicos. La respuesta es estructural y sistémica. Compete al conjunto de las universidades y, más aún, al sistema educativo dentro de un determinado proyecto nacional. La Universidad no se rescata, se defiende o se transforma a sí misma, de forma aislada; lo hace junto con todo el entramado socioecoPablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades, Barcelona, Anthropos, 2005. 21

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nómico en el que se inserta, porque su supervivencia depende de ello y su servicio o misión social corresponde al conjunto social.

Formas de nombrar a la Universidad necesaria La Universidad es una fuerza social productiva que puede usarse en beneficio de la sociedad en general y de sectores específicos, de conformidad a sus necesidades y potencialidades dentro de un proyecto de transformación social sustantiva. También puede ser una potencia productiva que tienda a servir a las empresas cuya pretensión es obtener ganancias sin observar la estela de destrucción y descomposición causadas por esos «daños colaterales» o «externalidades». En términos sociales puede tornarse una fuerza contraproductiva.22 Decidir sobre la orientación del conocimiento, las tecnologías, las formaciones educativas y las actividades universitarias es una tarea que incumbe a las comunidades autónomas y a la par es un asunto de interés social. La toma de decisiones no puede quedar encapsulada en los bloques de poder burocrático-político que operan dentro y fuera de las universidades; se trata de una tarea que amerita la reflexión y el análisis de amplios sectores sociales, desde trabajadores y estudiantes hasta movimientos, sindicatos, partidos y organizaciones sociales interesados en promover un auténtico desarrollo humano. La Universidad incuba el intelecto general (General Intellect),23 es decir, los conocimientos y saberes que partiendo de la abstracción, del trabajo científico, se convierten en bienes públicos; el conocimiento abstracto se torna entonces en forma empírica, en potencia económica y en sentido común. Sin embargo, esta traslación, Iván Illich, La sociedad desescolarizada, Barcelona, Barral, 1974. 23 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, vol. 2, México, Siglo xxi, 1980. 22

conversión o adopción del conocimiento abstracto en hecho empírico no es un movimiento puro y alejado de conflictos; al contrario, constituye un momento crítico de la validación social del trabajo universitario. Existen otros modelos del conocimiento que pretenden deformar, negar o apropiarse del conocimiento científico. Por ejemplo, ideólogos, teólogos, comunicadores y publicistas al servicio del poder divulgan informaciones y noticias que falsean u ocultan los hechos para que persista una verdad, la que conviene al poder; si la verdad científica no coincide, peor para ella, la ciencia está equivocada. Además, están quienes desean apropiarse del conocimiento generado por el trabajo colectivo de los universitarios e investigadores para privatizarlo, condicionar su uso, patentarlo y transformarlo en mercancía. El desafío es que esa masa crítica de conocimiento, información, ideas y proyectos generados por los universitarios esté al servicio preferente de la sociedad, de sectores concretos, sobre todo de las clases más necesitadas, pauperizadas, explotadas y despojadas. Cuando el Estado y el capital median o instrumentalizan ese conocimiento, habitualmente lo hacen con otros propósitos de dominación, control, explotación y enriquecimiento. La Universidad forma el trabajo conceptual, general o intelectual: científicos, tecnólogos, intelectuales, artistas, escritores, creadores y políticos. Ámbitos de la actividad humana en la que predomina la capacidad de criticar, proponer y crear en distintos órdenes de la vida económica, social, política y cultural. Tampoco detenta el monopolio del conocimiento y el saber. Pero tiene que entablar diálogo respetuoso y crítico con otros ámbitos de conocimiento y otras formas de pensamiento.24 La Universidad no puede permanecer como un espacio que reproduce y amplifica la ideología dominante y el discurso del poder, que a menudo aparece entreverado en los discursos académicos, en las intenciones de Boaventura Sousa Santos, La universidad en el siglo xxi, México, Siglo xxi, 2015.

los proyectos de investigación, en los programas de reestructuración administrativa y académica. Un mínimo de congruencia ética y de sentido autocrítico plantea a los universitarios una carta de navegación como antídoto de las prácticas del poder que cuestiona: si reclaman la democratización de la sociedad, deben observar la democracia en la vida universitaria; si reclaman la abolición de la corrupción en la política y los negocios, también deben hacer lo propio dentro de la institucionalidad universitaria; si reclaman transparencia y rendición de cuentas en las instancias estatales, tienen que plantear algo semejante para las instituciones educativas; si cuestionan la práctica del nepotismo y el uso patrimonialista de recursos públicos, a su vez están obligados a ser rigurosos en el manejo de recursos universitarios y la contratación de personal; si cuestionan la intromisión de intereses privados para la apropiación de bienes y servicios públicos, de manera correlativa es apremiante que realicen el escrutinio del financiamiento privado y la contravención de normas corporativas en las universidades públicas en aras de la defensa de lo público; si exigen la mejora del salario y prestaciones de los trabajadores de las universidades, por añadidura están obligados a ser solidarios con las condiciones de vida y trabajo de otros sectores laborales precarizados. La Universidad pública es un espacio común, una casa abierta. Para escapar a la pretensión de que la educación sea una empresa, que los estudiantes compitan, que los profesores se precaricen y que todo se convierta en una forma de mercado de servicios educativos; para escapar del estrangulamiento estatal, del condicionamiento a obtener recursos si se reestructuran y aceptan la norma mercantil, los universitarios tienen la capacidad política de reconfigurarse, ir más allá de la proclama de defensa de la Universidad pública y avanzar hacia la configuración de lo común universitario, de la puesta en común de la Universidad para servir a la transformación social sustantiva.

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TEMAS CRÍTICOS

El patrón maquilador-exportador mexicano

en la reestructuración internacional de la industria automotriz MATEO CROSSA* La industria del automóvil en México se especializa en los fragmentos de la cadena productiva internacional más intensos en el uso de la fuerza de trabajo. El país participa como una plataforma productiva de dicha industria, volcada al mercado estadounidense y excluida tecnológicamente. En contraste, lo que impera es la precariedad del mercado laboral.

Introducción Al recurrir al caso de la industria del automóvil en México, este trabajo muestra que el patrón exportador vigente y dominante se ha desarrollado sobre la base de una creciente especialización productiva controlada por grandes capitales multinacionales, a la vez que ha excluido a la economía nacional del control en el diseño y la innovación de los procesos productivos y ha precarizado el mercado laboral de forma extensiva e intensiva. Ello ha provo* Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, y Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México

cado que el precio bajo de la mano de obra sea el elemento más atractivo para las inversiones extranjeras. Al respecto, se examina el mundo laboral dentro de la industria de autopartes para dar cuenta que el patrón exportador en México es sostenido por la superexplotación del trabajo que, lejos de representar desarrollo, representa desarrollo del subdesarrollo. En la primera parte se describe el proceso de reestructuración de esa industria y la formación de cadenas productivas norteamericanas,

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

a las que México se articula como el eslabón más débil y se le excluye de las etapas correspondientes al control intelectual del proceso productivo, del diseño y la innovación, y de las etapas de producción de mayor valor agregado. En la segunda parte se evidencia que el protagonismo que ha tenido la industria en el país es resultado de una inserción dependiente a la economía mundial que deforma el aparato productivo nacional al grado de especializarlo en pocos eslabones de la cadena de producción automotora en la que se requiere un mayor uso intensivo de fuerza de trabajo.

Formación de cadenas norteamericanas de la industria del automóvil Desde inicios del siglo xx hasta la crisis capitalista de los 1970, la industria del automóvil estuvo basada en una lógica de integración vertical en la que todas las etapas productivas, de las primarias hasta las manufactureras —incluso las comerciales—, eran gestionadas bajo

un único plan administrativo. El tradicional modelo fordista, que comenzó poco antes de la Primera Guerra Mundial y adquirió profundo dinamismo por su papel activo durante los dos conflictos, tenía el principio esencial de internalizar el manejo empresarial mediante una concentración territorial de una industria a las órdenes de un solo dueño. En ese modelo todo el proceso productivo estaba integrado en líneas de producción continuas. En el caso estadounidense, la industria terminal y de proveeduría de autopartes se ubicaba fundamentalmente en Michigan y sus zonas aledañas. El ejemplo insigne del modelo fue Ford River Rouge Complex creado en 1917 en Dearborn, Michigan, que contaba con la fábrica integrada más grande del mundo (2.4 km de ancho y 1.6 km de largo). El objetivo de Ford era conseguir una condición de autosuficiencia completa en toda la cadena productiva y controlar minas de carbón y hierro, canteras de piedra caliza, hectáreas de bosques para las plantaciones de caucho, líneas de ferrocarril y la central de abastecimiento de energía eléctrica para la planta.1 A partir de los 1970 el modelo de integración vertical cambió. Debido a la profundizaBryan Ford Richardson, Rouge: pictured in its prime, Detroit, Wayne State University Press, 2003. Un caso emblemático de la integración vertical fordista fueron las plantaciones de caucho cultivadas en 20 mil hectáreas de la selva amazónica para abastecer de hule a las plantas de Michigan. Esta región se denominó «Fordlandia», Eduardo Sguiglia, Fordlandia: un oscuro paraíso, Buenos Aires, Siruela, 1997. 1

ción de la competencia mundial capitalista en el ramo automotor el modelo fordista transitó por una etapa de agotamiento que originó su transformación. Desde los 1960 la producción automotriz japonesa comenzó a crecer exponencialmente y a ganar una cuota sustancial del mercado estadounidense. La producción de vehículos en Japón organizada alrededor del modelo toyotista pasó de 300 mil unidades en 1960 a casi 11 millones en 1982. Su crecimiento ocurrió sobre la base del mercado nacional japonés que absorbía 5 millones de unidades y por las elevadas exportaciones destinadas sobre todo al mercado estadounidense.2 El notable éxito de la estrategia de exportación de los japoneses resultó en la cooptación de una mayor cuota de mercado estadounidense en detrimento de las Tres Grandes (Ford, General Motors, Chrysler). Como respuesta a la creciente competencia de la producción japonesa, el Estado estadounidense reaccionó con la implementación de cuotas arancelarias a las importaciones de automóviles asiáticos con el fin de proteger a las Tres Grandes. Sin embargo, este proteccionismo fue contraproducente para sus empresas, pues para evadir cuotas de importación los fabricantes japoneses construyeron plantas en Estados Unidos durante la década de 1980, al grado que en 1995 fabricaban en ese país dos Stephen Blank, Driving continental integration: auto manufacturing and the future of North America, Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1993. 2

Complejo industrial Ford River Rouge Complex creado en 1917 en Dearborn, Michigan.

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La década de 1990 destacó por la creciente y notable competencia de las empresas japonesas, por lo que se diversificó la producción de carros que implicó una revolución científico-tecnológica de la industria.

tercios de los vehículos de pasajeros que vendían en el mismo.3 Este ambiente de agitada competencia entre los grandes capitales generó una transformación profunda del rompecabezas productivo. Desde los 1980 el mercado estadounidense de automóviles se encuentra estancado con un promedio de 16 millones de carros vendidos al año, de manera que las empresas automotrices empezaron una guerra por cooptar las ventas.4 Bajar los precios de los automóviles en este contexto hubiera sido posible mediante el aumento de la producción. Sin embargo, dicho incremento hubiera significado una crisis de sobreproducción terminal para las empresas estadounidenses, tomando en cuenTimothy Sturgeon, Johannes van Biesebroeck y Gary Gereffi, «Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive industry», Journal of Economic Geography, vol. 8, núm. 3, 2008, pp. 297-321. Actualmente, las empresas japonesas se ubican en las zonas estadounidenses con baja densidad de población sindicalizada y se caracterizan, según algunos estudios, por ser las que pagan menores salarios en el país. Una muestra de que son reticentes al sindicalismo estadounidense es la larga lucha del United Automobile Workers (uaw) por sindicalizar la planta de Toyota más productiva ubicada en Georgtown, Kentucky. Kimberly Rogers y Gary Gereffi, «U.S. and Japanese lead firms’ production strategies and labor in the North American automotive industry», trabajo presentado en la 102nd annual meeting of the American Sociological Association, New York, 2007. 4 James Rubenstein, Making and selling cars: innovation and change in the U.S. automotive industry, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001. 3

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ta que los salarios se han estancado desde los 1970, al igual que la venta de carros. De hecho, la guerra de precios en la que las firmas automotrices compiten por las ventas a través de la reducción del precio final no ha sido común, salvo en contadas ocasiones.5 En vez de elevar la producción y bajar los precios, las corporaciones automotoras tomaron otro camino. Promovieron la diversificación productiva con el propósito de subordinar la esfera industrial al interés último del consumidor. De esa forma abandonaron el lema «just in case» (por sí acaso), en el que la esfera productiva controlaba a la comercial, para adoptar el lema «just in time» (justo a tiempo), en el que la esfera industrial queda subordinada a la comercial.6 Cabe resaltar el impulso de las Tres Grandes por ampliar significativamente la oferta de modelos de automóviles para competir en el mercado automotor estadounidense. En los 1950, cuando las Tres Grandes controlaban 95 por ciento del mercado, producían únicamente 30 modelos. No obstante, en la década de 1990, años marcados por la creciente y notable competencia japonesa, ofertaban varios cientos de modelos.7 La diversificación de la producción de carros implicó una revolución científico-tecnológica que motivó una profunda transformación internacional de la industria. Es preciso aclarar que tras concentrarse geográficamente dentro de los parámetros del modelo fordista, la industria se atomizó y distendió en una red de productores subcontratados y dispersos espacialmente que abastecen a las firmas. Estas últimas mantienen el control de las etapas estratégicas de las cadenas productivas (diseño, Timothy Bresnahan, «Competition and collusion in the American automobile industry: The 1955 Price War», Journal of Industrial Economics, vol. 35, núm 4, 1987, pp. 457-482. 6 Gary Gereffi, «Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización», Problemas del Desarrollo, vol. 32, núm. 125, 2001, pp. 9-37. 7 James Rubenstein, op. cit. 5

ensamble, producción de motores y comercialización), mientras que la proveeduría de autopartes se fragmenta en una red de productores que operan bajo el mando de las grandes corporaciones automotrices. Este proceso dual de concentración de capital y distensión productiva, también conocido como desintegración vertical, se convirtió en el nuevo modelo de organización productiva de la industria.8 Dentro de la reestructuración de la arquitectura industrial, las etapas de planificación, diseño e innovación controladas por las firmas automotrices se concentran en las economías desarrolladas, al igual que los eslabones más automatizados y productores de mayor valor agregado. Mientras tanto, las etapas más intensas en el uso de la fuerza de trabajo se ubican en economías subdesarrolladas debido a la reducción en los costos de mano de obra. En Estados Unidos ha sido evidente la concentración de actividades de investigación y desarrollo (i+d) en corredores industriales de ingeniería que se dedican al diseño e innovación de la industria del automóvil. Casos notables son Detroit y Sillicon Valley, que se han transformado en los centros de diseño e innovación más importantes de la industria en ese país, a la par que aglutinan las etapas productivas más automatizadas de la cadena industrial.9 En contraste, México ha sido excluido del diseño y la innovación, pero se articula al mercado estadounidense como exportador de autopartes y ensambles caracterizados por la menor automatización y el poco valor agregado en la cadena regional. Por ende, México se integra a las cadenas internacionales mediante la producción de los segmentos que demanda un alto contenido laboral. En ese sentido, destaca la producción de partes eléctricas (arneses), asientos y pequeños motores. Dichas etapas forman parte de la Gary Gereffi, John Humphrey y Timothy Sturgeon, «The governance of global value chains», Review of International Political Economy, vol. 12, núm. 1, 2005, pp. 78-104. 9 Timothy Sturgeon, Johannes van Biesebroeck y Gary Gereffi, op. cit.

industria maquiladora. También es notorio el ensamble de automóviles en el que el proceso de producción no se ha automatizado y por tanto requiere un uso intensivo de mano de obra (por ejemplo, Ford F-Series), o bien automóviles pequeños, escasamente equipados, que ofrecen poco margen de ganancia por unidad para las empresas ensambladoras (como Ford Fiesta, Nissan Versa, Honda Fit). Tales etapas productivas componen la industria automotriz terminal, aunque de modo acertado Cypher y Delgado la nombran maquiladora encubierta, por la exigua articulación nacional que entraña su dinámica en el país.10 Al integrarse en el mercado estadounidense, desde las etapas menos automatizadas y más intensas en el uso de la fuerza de trabajo, México constituye un espacio productivo contratendencial a la caída de la tasa de ganancia. Es decir, en un contexto de alta competencia capitalista, que acelera el desarrollo de fuerzas productivas, precipita la incorporación de ciencia y tecnología a las mercancías y reduce el margen de ganancia de grandes corporaciones automotrices, el capital acude al uso intensivo de la fuerza de trabajo como mecanismo para suavizar la caída de la tasa de ganancia. En consecuencia, en la guerra de las empresas automotoras por conquistar el mercado estadounidense, México interviene como reservorio de mano de obra barata usada en los procesos de producción en condiciones de alta precariedad laboral. Este papel dependiente de la economía mexicana en las cadenas de valor de la región deforma la estructura productiva nacional, al obligarla a especializarse en la producción de segmentos de la cadena productiva con alto contenido de mano de obra. Si la motivación de las empresas automotrices y autopartes para instalarse en el país es la de ahorrar en costos laborales,

James Cypher y Raúl Delgado Wise, México a la deriva. Génesis, desempeño y crisis del Modelo Exportador de Fuerza de Trabajo, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/ Miguel Ángel Porrúa, 2012. 10

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De la producción automotriz realizada en México (ensamble y autopartes) 78 por ciento se exporta a Estados Unidos y Canadá.

el modelo productivo mexicano buscará mermar los costos de la fuerza de trabajo al máximo, ya que esa es la ventaja competitiva con la que la economía nacional se articula a las cadenas productivas. En los próximos apartados se expondrá que la articulación de México a la arquitectura industrial de la región norteamericana ha significado, por un lado, la especialización productiva para la exportación (patrón maquilador para la exportación) y por el otro, la integración de una fuerza de trabajo superexplotada a los procesos productivos.

La industria del automóvil en México La industria automotriz es un eje protagónico de la economía mexicana. En 2014, esta actividad (ensamblado-autopartes) alcanzaba 4 por ciento del pib nacional y 23 por ciento del pib manufacturero. Actualmente registra 908 establecimientos (un cuarto del total de establecimientos de la industria maquiladora), en los cuales trabajan 790 mil personas. Representa también 23.5 por ciento de las exporta-

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ciones totales y 31 por ciento de las exportaciones manufactureras. Cabe resaltar que 78 por ciento de la producción automotriz (ensamble y autopartes) se exporta a Estados Unidos y Canadá. Si bien es cierto que México es el octavo productor, cuarto mayor exportador de automóviles y quinto mayor exportador de autopartes en el mundo, su condición económica dista mucho de la de países desarrollados con los que comparte los primeros lugares en la clasificación. La diferencia con Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que también se ubican en los primeros lugares como productores y exportadores de carros, es que el predominio de esta actividad en las exportaciones integra un patrón de reproducción de capital orientado a los mercados externos en detrimento del mercado interno. La industria no representa un encadenamiento endógeno y diversificado que abarque las etapas estratégicas del proceso productivo y que promueva el desarrollo de otras ramas industriales. Por el contrario, su protagonismo

en la economía mexicana es resultado de una especialización productiva de pocos segmentos del proceso productivo caracterizados por el uso intensivo de la mano de obra. Tampoco se encuentra articulada de forma orgánica en el territorio nacional, sino que se ubica de forma atomizada, incomunicada, para responder al mando de las empresas con casa matriz en economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos. Exclusión tecnológica Una de las primeras características que revelan la posición subordinada de la economía mexicana en las cadenas internacionales de la industria automotriz es la falta de control sobre el diseño y la innovación de los procesos. En el apartado anterior se resaltó la importancia creciente del contenido científico y tecnológico en dicha actividad productiva. Debido al contexto de diversificación de los modelos de carros, el control del conocimiento se convierte en eslabón estratégico del proceso. Sin embargo, en este escenario México se encuentra en una condición de «exclusión tecnológica».11 El crecimiento exponencial a corto plazo de la industria del automóvil en México indica un posicionamiento subordinado en las cadenas mundiales de valor. Si las altas exportaciones de automóviles hubieran sido resultado de un proceso de desarrollo endógeno de fuerzas productivas, sería posible rastrear un proceso de desarrollo de largo plazo, con planeación, intervención e impulso estatal y desarrollo de bienes nacionales de capital, como ocurrió en Corea del Sur, China y Japón. No obstante, las exportaciones han crecido explosivamente porque las fuerzas productivas y los procesos laborales fueron diseñados en el exterior para ejecutarse en el territorio nacional.12 México no participa en la cada vez más importante esfera del diseño o ingeniería inicial, ya Ibid. Salvador Medina Ramírez, «La dependencia tecnológica en México», Economía Informa (330), 2004, pp. 73-81.

que esta etapa de la cadena productiva se desarrolla en las economías sede de las corporaciones automotrices. En ese sentido, sí se articula a las cadenas de valor desde lo que Sturgeon denomina Complete block down model, que se refiere a un modelo en el que productos y procesos laborales están prediseñados para que el productor sólo ejecute la operación.13 Cuadro 1. Inversión en i+d en la industria del automóvil, 2008 (millones de dólares) i+d en industria

i+d en industria

manufacturera

del automóvil

México

1.6

0.3

Estados Unidos

196

114

Fuente: Elaboración propia con datos de ocde, «Business enterprise r&d expenditure by industry», en https://stats. oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=berd_ industry

El cuadro 1 arroja la información suficiente para desmentir la noción utilizada por Blank de integración estructural del sistema de producción desarrollada con base en el caso de la industria automotriz en el área norteamericana.14 A pesar de que acierta en mostrar una dinámica regional que la industria le imprime a América del Norte, Blank no identifica la inserción diferenciada y desigual de los países, al sugerir que los tres países que componen la región se articulan como socios comerciales en igualdad de condiciones. Asimismo, deja entrever la diferencia abismal de inversión en investigación y desarrollo en los ámbitos manufacturero y automotor entre México y Estados Unidos: evidencia la pronunciada desigualdad en la invención y el control del proceso de producción entre ambos países.

Timothy Sturgeon, Jack Daly, Stacey Frederick, Penny Bamber y Gary Gereffi, «The Philippines in the automotive global value chain», Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University , 2016. 14 Stephen Blank, «Building autos: how North America works and why Canadian studies should be interested», American Review of Canadian Studies, vol. 41, núm. 4, 2011, pp. 330 -344. 13

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(647 mil) se ubica en las autopartes. Las exportaciones de autopartes a Estados Unidos son 136 por ciento más que las de automóviles, lo que refleja la falta de encadenamiento nacional de la industria. Dentro de las autopartes destacan dos ramas que emplean a casi 60 por ciento de la población. En primer lugar está la producción de arneses, en la que se ubica 45 por ciento de la población ocupada en autopartes (281 mil personas). Es uno de los eslabones productivos menos automatizados, por lo que no es casual que México sea el mayor productor en el mundo, con 23 por ciento del total de arneses para automóviles; además de ser el mayor proveedor para el mercado estadounidense.15 En efecto, provee 61 por ciento del equipo eléctrico y electrónico importado por Estados Unidos, muy por encima de Japón (10 por ciento), China (8 por ciento) y Filipinas (4 por ciento). La segunda rama es la producción de asientos, en la que trabajan 90 mil personas (14 por ciento del total).16 Dicha rama no está altamente automatizada debido a la diversidad de insumos

México invierte únicamente 3 por ciento de lo que Estados Unidos gasta en materia de investigación y desarrollo, a pesar de que la diferencia del número de trabajadores no es tan amplia entre ambos países —México tiene 780 mil personas ocupadas y Estados Unidos 950 mil. Por tanto es posible afirmar que la inserción de México a las cadenas regionales de valor se lleva a cabo sobre la base de una dependencia tecnológica que excluye a la economía mexicana de poder decidir qué, cómo y cuándo se produce. Especialización productiva Un segundo elemento que demuestra el papel dependiente de México en las cadenas productivas de la industria del automóvil es la especialización productiva. Más allá de impulsar un desarrollo endógeno, el país se ha especializado en la exportación de fragmentos productivos entre los que destacan algunas piezas y ensambles de carros que requieren un alto contenido de intervención de la fuerza de trabajo. Si bien hay etapas de la cadena productiva que se encuentran altamente automatizadas, existen otras que exigen intensidad en el uso de la mano de obra. De las 780 mil personas que trabajan en la industria automotriz en México, 83 por ciento

Timothy Sturgeon, Jack Daly, Stacey Frederick, Penny Bamber y Gary Gereffi, op. cit. 16 Debra Menk y Bernard Swiecki, «The growing role of Mexico in the North American automotive industry», Center for Automotive Research (car), 2016. 15

Cuadro 2. Remuneraciones mensuales en la industria del automóvil para la exportación (en pesos mexicanos) 2009

Industria manufacturera Equipo de transporte Ensamble Autopartes Motores Arneses Direcciones y suspensiones Frenos Transmisiones Asientos Piezas metálicas troqueladas Otras

8523

2010 8855

2011 9274

2012 9598

2013

2014

9865

10372

2015 10843

9555

9674

9934

10183

10306

10798

11538

20672

20953

22174

22654

23200

22126

22836

8145

8259

8427

8636

8937

9494

10250

12202

12275

12672

13715

14375

15409

15983

7253

7461

7661

7678

8149

8195

9115

9747

9918

9972

9831

10329

13245

14276

9029

9461

10638

11744

11868

14096

14392

11684

11743

12287

12745

11372

15532

17454

7099

7122

6533

7091

7808

8102

8273

6916

6750

6722

7722

7763

6463

7455

8013

8069

8280

8168

8368

8959

9711

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi, 2017).

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO · TEMAS CRÍTICOS

Gráfica 1. Ocupación de personal en fabricación de autopartes 43%

Equipo eléctrico y electrónico

21%

14%

Otras partes

Asientos y accesorios interiores

Partes de sistema de frenos

Partes de sistemas de dirección y suspensión Motores de gasolina

Piezas metálicas troqueladas

3% Partes de sistemas de transmisión

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi, «Remuneraciones mensuales en la industria del automóvil para la exportación», 2017.

que implica su ensamble y por la complejidad de operaciones. El grado de concentración de trabajadores en la producción de arneses y asientos contrasta con la baja remuneración. Las dos actividades registran las remuneraciones más bajas de toda la industria del automóvil. En el caso de la elaboración de arneses, el inegi reporta un promedio de remuneraciones mensual de poco más de 9 mil pesos (450 dólares), mientras que en la fabricación de asientos es de cerca de 8 mil pesos (400 dólares). Las cantidades son un promedio del total de empleo, de manera que los salarios de obreros son significativamente más bajos, pues varían de 700 a mil 200 pesos semanales (equiva-

sostener que la industria de automóviles en México es un rompecabezas productivo altamente desarticulado, atomizado y mal remunerado.

lentes a 37 y 63 dólares, respectivamente). No es casualidad que la producción de arneses y asientos, que emplean a la mayor cantidad de trabajadores, posee las remuneraciones más bajas. Tal combinación refleja el papel de México en las cadenas regionales norteamericanas. Por los bajos salarios, se convierte en exportador de segmentos del proceso productivo automotor más intensivos en el uso de la fuerza de trabajo. Entre menor sea el costo laboral, mayor será su ventaja competitiva en la región. Por tanto, es posible

ble de automóviles es una actividad protagónica dentro de la estructura económica nacional, se encuentra volcada al mercado estadounidense, es altamente especializada y se subordina a su dinámica industrial. En ese contexto, lo que prevalece como elemento fundamental es la precarización del mercado laboral.

Conclusiones No se puede hablar de la industria automotriz mexicana de forma genérica, ya que esto implicaría aludir a un aparato productivo diversificado e integrado, que recorre la totalidad del proceso productivo. Por el contrario, dicha industria se concentra en pocos segmentos de la cadena productiva que sobresalen por ser los más intensos en el uso de la fuerza de trabajo. A pesar de que la industria de autopartes y ensam-

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TEMAS CRÍTICOS

Implicaciones socioambientales de las nanotecnologías FRANCISCO JAVIER CABALLERO ANGUIANO* Las nanotecnologías representan una modalidad de producción de alcances disruptivos por sus implicaciones ambientales y para la salud. La manipulación de moléculas y átomos ha abierto un espacio de amplias dimensiones en la fabricación de productos más duraderos o medicamentos más eficaces, pero con riesgos que se conocen parcialmente. Al respecto, se analizan las consecuencias de estas tecnologías al mismo tiempo que se plantea la necesidad de mayor información y regulaciones, y se hace énfasis en el peligro de privilegiar la mercantilización de la salud.

Introducción A fines de la década de 1950 ya se hablaba de la posibilidad de desarrollar una tecnología a escala atómica o molecular. En 1959 Richard Feymann, premio Nobel de Física, planteó el factible escenario de fabricar productos a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. Dictó una conferencia en la que se abordaba la manera en que las computadoras que trabajan con átomos manipulados podrían consumir poca energía y hacerlo a una veloci-

* Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

dad notable; mencionó, por ejemplo, que podría escribirse la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler. Desde la perspectiva de la física la propuesta era una posibilidad real. Se considera, entonces, a 1959 como el inicio de la nanotecnología y a Feymann como su iniciador. En 1986, Eric Drexler publicó Engines of creation. The coming era of nanotechnology 1 Eric Drexler, Engines of creation. The coming era of nanotechnology, Anchor Press Doubleday, 1986, en http:// xaonon.dyndns.org/misc/engines_of_creation.pdf 1

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

en el que se abordan las nanotecnologías 2 desde la dimensión en que hoy las entendemos, y cuyo proceso de utilización intensiva y extensiva surge al finalizar la década de 1980: La importancia del descubrimiento de estos tipos de moléculas [carbono 60], abrieron ya en el final de los años 1980, un nuevo campo de posibles aplicaciones en la elaboración de nuevos tipos de polímeros, superconductores, estructuras con metales o con otros átomos atrapados dentro de estos agrupamientos de carbono, así como nuevos

Un nanómetro (nm) comprende una mil millonésima de un metro y la nanoescala va desde 100 nm hasta la escala de los átomos (aproximadamente 0.2 nm). En tanto, la nanociencia es el estudio de fenómenos y la manipulación de materiales a escala atómica, molecular y macromolecular, donde las propiedades difieren significativamente de las de mayor escala. Finalmente, se define a las nanotecnologías como el diseño, la caracterización, la producción y la aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control de la forma y el tamaño a escala nanométrica. Royal Society, Final Report, Nanoscience and nanotechnologies, 2004, en http://www.nanotec.org.uk/report/Nano%20 report%202004%20fin.pdf 2

catalizadores, productos farmacéuticos y otras posibles aplicaciones industriales.

No es extraño entender que fueran los físicos quienes hicieran los primeros señalamientos sobre la posibilidad de manipulación de la materia a escalas muy reducidas, ya que precisamente al amparo de la carrera armamentista se hacían frecuentes descubrimientos tecnológicos. La dinámica que el armamentismo impele al sistema capitalista en cuanto a los ingentes recursos y por la acelerada investigación y desarrollo, continúa siendo el motor económico de Estados Unidos hasta la actualidad; de ahí que sea la razón, entre otras importantes contribuciones tecnológicas, de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las expectativas acerca de las nanotecnologías resultan elevadas debido a que se encuentran en sectores variados: en el farmacéutico se utilizan para combatir al cáncer, o en la industria de alimentos para la conservación en periodos más prolongados. Las aplicaciones son innumerables, sus ventajas son evidentes, pero su potencial en términos de afectación al medio ambiente y a la salud es una preocupación ya documentada: El International Council on Nanotechnology (icon), una institución de la Universidad de Rice (Estados Unidos) que investiga sobre riesgos de los nanomateriales, tiene un banco de información al respecto. De 2000 a 2010 este banco de datos registró un aumento sostenido de artículos publicados en revistas científicas arbitradas dedicados a analizar los potenciales riesgos de los nanomateriales en la salud humana y/o en el medio ambiente (...) En 2010, que es el último año completo registrado, los artículos científicos publicados llegaron a 563.4 Mario Quintili, «Nanociencia y nanotecnología... un mundo pequeño», Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, núm. 42, 2012, p. 127. 4 Guillermo Foladori, Fernando Bejarano y Noelia Invernizzi, «Nanotecnología: gestión y reglamentación de riesgos para la salud y medio ambiente en América Latina y el Caribe», 3

Es posible que la difusión y utilización de las aplicaciones a escalas reducidas no haya sido tan acelerada y publicitada como lo fue la revolución de las computadoras y las tecnologías de la información, pero uno de los motivos primordiales que explica la escasa difusión se refiere a las implicaciones riesgosas del uso de productos y tecnologías a escalas moleculares, porque se desconoce, por lo menos oficialmente, qué empresas las fabrican, qué productos las incorporan y, lo más importante, qué efectos tienen sobre el medio ambiente y la salud humana. En efecto, la escasa información expresa que el componente de riesgo es proporcional a sus alcances disruptivos en la dimensión económica. La dinámica de crecimiento de las nanotecnologías y sus productos ha soslayado la necesidad de información relativa a sus potenciales nocivos para quienes las fabrican, las consumen y los ecosistemas en los que se vierten sus desechos: la lógica de la ganancia subsume a la preservación del ambiente y de la vida como imperativo para la reproducción de la especie. La discusión en torno a estos asuntos se encuentra limitada a ciertos espacios especializados, con un eco reducido en la opinión pública internacional, pese a que se trata de un problema de dimensiones globales que puede tener efectos adversos sobre el medio ambiente. El énfasis del análisis de las nanotecnologías se ha colocado en el mejoramiento de los procesos productivos que atienden necesidades de consumo y de salud y que eventualmente pueden incidir de modo positivo en la eficiencia energética. Se acepta en principio que las nanotecnologías utilizan menores cantidades de materia prima y de energía para incorporarse a otros procesos ya sea como materias primas o bienes intermedios. Asimismo, se reconoce que la intensidad energética para fabricar nanomateriales es elevada. De cada lado de la perspectiva que se adopte se Trabalho, Educação E Saúde, vol. 11, núm. 1, 2013, pp. 145-167, en https://doi.org/10.1590/s1981-77462013000100009

volumen 6 · número 17 · mayo-agosto 2017

cuenta con promotores y detractores, aunque prevalece la falta de información oficial.

Implicaciones ambientales Hasta ahora la atención de los problemas ambientales, como el cambio climático y el calentamiento global, se ha limitado a promover la utilización de tecnologías «verdes» cuya finalidad es reducir las emisiones de contaminantes al hacer eficientes los procesos, transformar en «biodegradables» algunos productos y promover el tratamiento de residuos. La dificultad fundamental, que es la imposibilidad de desacoplar el crecimiento económico del empleo intensivo y extensivo de combustibles fósiles, sigue sin ser atendido, ya que hacerlo supone la cancelación del crecimiento económico, corazón del sistema capitalista. Las nanotecnologías, en tanto se supone que usan una menor cantidad de materia prima en la elaboración de productos más eficientes porque se requieren menos unidades para obtener mejores resultados o extender su vida útil, se han considerado como una posibilidad técnica y tecnológica para sustituir procesos productivos tradicionales por otros que consumen menos energía de fuentes fósiles: La fabricación molecular auto-contenida permitiría el desarrollo rápido de tecnología que no daña al medioambiente y conseguiríamos energía solar almacenable en la gran mayoría de las casas e industrias reduciendo (...) emisiones de ceniza, hollín, hidrocarbonos, nox, co2 y petróleo.5

El principio de las nanotecnologías radica en combinar artificialmente átomos y moléculas (las medidas en dimensiones nano son de 1-6 a 1-8 milímetros) que al incorporarse como 5

Mario Quintili, op. cit., p. 129.

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO · TEMAS CRÍTICOS

El principio de las nanotecnologías radica en combinar artificialmente átomos y moléculas para desarrollar procesos y productos más eficientes. Ello tiene potencial para reducir el consumo de energía de fuentes fósiles, lo que en las circunstancias climáticas actuales comprende un propósito universal.

materias primas o bienes intermedios en manufacturas de mayor tamaño adquieren propiedades nuevas, distintas a las que tendrían en dimensiones «normales». Además, a partir de cantidades menores de materias primas se pueden desarrollar procesos y productos más eficientes. Por ello es viable suponer que cuentan con el potencial para reducir el consumo de energía de fuentes fósiles y que en alguna medida pueden disminuir las emisiones de co2, lo que en las circunstancias climáticas actuales se ha convertido en un propósito universal. Desde la perspectiva de un escenario de reducción de emisiones, las nanotecnologías poseen un amplio potencial para la eficiencia energética, la optimización en los procesos productivos y en la creación de opciones de un desarrollo sustentable. La existencia de excedentes de materias primas (por ejemplo el carbono) que se usan en la elaboración de nanotubos de carbón, uno de los materiales más empleados en la fabricación de productos intermedios y de consumo, permite abrigar expectativas acerca de una utilización menos intensiva de recursos naturales, aspecto que también podría contribuir a la sustentabilidad ambiental, lo que no es limitante para que existan implicaciones medioambientales de otro tipo. Resulta pertinente acotar que las afectaciones de las nanotecnologías al medio ambiente no sólo se limitan a las dimensiones macro, es decir, a las emisiones de gases de efecto invernadero y a las cuestiones de uso intensivo de materias primas, los problemas del manejo de residuos (en tanto componentes principales de la contaminación de aire y agua), sino al medio ambiente de los organismos vivos, desde componentes de los microambientes (como la cadena trófica) o a nivel molecular y atómico dentro del cuerpo humano. La dimensión ambiental que aquí se postula alude a las dimensiones micro y macro; sin embargo,

el énfasis se otorga a la primera debido a los problemas de información que serán abordados con posterioridad. A fin de dar una respuesta tentativa a tales cuestiones, es preciso exponer interrogantes adicionales en términos más puntuales: ¿cuál es el consumo de energía en todo el ciclo de vida de las nanomanufacturas y de los nanomateriales? ¿Se puede plantear que existe ahorro energético desde las materias primas hasta la disposición de residuos? Otra cuestión tiene que ver con el impacto en el medio ambiente y en la salud: ya que no se conocen con precisión en documentos oficiales las interacciones de las nanopartículas con otros seres microscópicos y con la propia naturaleza orgánica de los seres vivos, ¿cuál es el potencial tóxico de las nanopartículas y los nanomateriales en los seres humanos, concretamente en los trabajadores directos, en los científicos que las manipulan y en los consumidores, inclusive después de su uso final? Desde la perspectiva de dichos planteamientos resulta evidente que hay más preguntas que explicaciones en torno a las nanotecnologías y a sus implicaciones para el medio ambiente y la salud. En diversos estudios y por distintos actores se delinean algunas respuestas, cuya orientación se centra en la toxicidad de estas tecnologías y sus productos. Así, y debido a que de manera creciente han aparecido productos que incorporan nanomanufacturas en su composición, el riesgo medioambiental parece ir en ascenso. De modo paralelo, pero a menor velocidad, se aprecia un esfuerzo internacional para identificar y regular los riesgos. Sin información confiable los peligros se incrementan y las eventuales soluciones se rezagan. No se trata de afirmar que con motivo de la toxicidad estas tecnologías son nocivas en su totalidad, pese a que ha prevalecido una visión cortoplacista fincada en la rentabilidad que, a diferencia de otros procesos, puede generar una catástrofe ambiental de dimensiones incalculables.

Implicaciones sociales Un ámbito de dicha problemática es la vertiente socioeconómica, en la que es relevante examinar las implicaciones de los procesos de investigación y desarrollo (i+d) en países que, como México, se encuentran en condiciones restrictivas de financiamiento público y a la par se considera estratégico este sector, en tanto herramienta de potencial de crecimiento para insertar a las empresas en las cadenas globales de valor (cgv) más dinámicas. Si bien existen deterioros ambientales y de salud asociados con las nanotecnologías, no es posible mantenerse al margen de los procesos que podrían sostener una estrategia de crecimiento. Ante la ausencia de un programa de política industrial, tal enfoque permite ubicar a cada empresa y sector en una dimensión más amplia y facilita la elaboración de programas de inversión e i+d, que a su vez deben acompañarse de una orientación específica en áreas educativas: The gvc [cgv] framework focuses on the sequences of value added within an industry, from conception to production and end use. It examines the job descriptions, technologies, standards, regulations, products, processes, and markets in specific industries and places, thus providing a holistic view of global industries both from the top down and the bottom up.6

Para los países en desarrollo tal circunstancia contiene varios problemas. Como sucede con las tecnologías más avanzadas, por lo general se producen en los países industrializados y están resguardadas por sistemas de protección de la propiedad industrial y elevados costos que complican su acceso. Además, se trata de tecnologías que incorporan un componente de conocimiento Gary Gerefy y Karina Fernandez Stark, «Global value chain analisys: a primer», Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, 2011, p. 2, en https://globalvaluechains.org/publication/global-value -chain-analysis-primer-2nd-edition 6

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superior y una reducida participación de mano de obra; no obstante, aun en el caso de desarrollarse en una economía subdesarrollada, ello no garantiza mejores condiciones de vida para trabajadores y habitantes. En un contexto de problemas financieros para el fomento de la inversión en i+d, incorporarse a los sectores de punta brinda la oportunidad de profundizar la brecha tecnológica entre ambos grupos de países. Dicha situación no es nueva, pues desde los 1970 el crecimiento económico enfrenta dos problemas: recursos financieros limitados para la inversión en tecnologías e insuficiente infraestructura en i+d que hace poco factible su integración a la cadena de valor del sector, lo que explica la prevalencia de la comercialización antes que la producción de nanomateriales. Una consideración clave sobre la incorporación de los países en desarrollo a la fabricación de materias primas, bienes intermedios o productos de consumo basados en nanotecnologías se establece en torno a que sólo lo hacen en la modalidad de comercializadores y no de productores. A pesar de lo anterior, incorporarse en algunos de los eslabones de las cadenas globales de valor es importante para no quedar absolutamente marginado de las tecnologías que encabezan el crecimiento económico en el futuro inmediato y que desde esa perspectiva facilitarán la ejecución de los programas de desarrollo económico y combate a los problemas de marginación y pobreza: For many countries, especially low-income countries, the ability to effectively insert themselves into gvcs is a vital condition for their development. This supposes an ability to access gvcs, to compete successfully and to «capture the gains» in terms of national economic development, capability buil-

Si en términos generales la incorporación a las cadenas globales de valor abre la posibilidad de generar y ampliar las opciones de crecimiento y desarrollo para los países subdesarrollados, lo cierto es que también despliega otros retos, en especial los relativos al tipo de mano de obra que se requiere. La calificación que supone producir y manipular nanotecnologías y sus materiales exige la creación de centros de educación y laboratorios con esas especialidades, lo que promoverá la fundación de enclaves educativos y tecnológicos o islas del conocimiento.8

Implicaciones productivas Las nanotecnologías, en su vertiente productiva, cumplen con las dos condiciones de eficiencia en el uso de los recursos sin reducir el volumen del producto final, e inclusive lo incrementan. Asimismo, se han planteado como una alternativa para crear empleos, sin menoscabo de que trabajadores y consumidores corren riesgos con su manipulación y consumo. Las nanotecnologías tienen el potencial de aplicarse a cualquier sector o producto, como materia prima, producto intermedio o para consumo final. El inicio de la cadena productiva parte de la industria química, pero su potencial adquiere amplitud porque su desarrollo se realiza desde materias primas de gran disponibilidad, con todo y que su conversión a la dimensión nano precisa de una compleja tecnología de baja disponibilidad. Si bien dicha condición es restrictiva para el acceso a esas tecnologías, hay un creciente interés de los gobiernos (en particular en América Latina, donde se considera un sector estratégico), lo que implica que los escasos recursos financieros tendrán como propósito alimentar la inversión y el desarrollo que converja en las

ding and generating more and better jobs to reduce unemployment and poverty.7

Idem.

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Edgar Záyago Lau y Mark Rushton, «Nanotecnologías para el desarrollo en Latinoamérica», en Guillermo Foladori y Noela Invernizzi (coords.), Las nanotecnologías en América Latina, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2008, p. 18. 8

Las nanotecnologías incorporan un elevado componente de conocimiento y una reducida participación de mano de obra, lo que no garantiza mejores condiciones de vida para trabajadores y habitantes de los países subdesarrollados.

nanotecnologías. Cabe resaltar que la evidencia muestra que las empresas del sector se dedican a comercializar nanotecnología antes que a producirla. Al respecto, se estima que el potencial de crecimiento económico será un fuerte argumento para que los gobiernos generen las capacidades y se incorporen a esa dinámica, sin importar que el liderazgo y la orientación del proceso dependan de las empresas globales:

biernos se acrecienta.10 La carencia de recursos ha limitado la participación de países subdesarrollados y aquellos que se han beneficiado de las cadenas globales de valor son los que se suman a la nanotecnología: Brasil, China y la India resultan estar en el grupo de los más grandes dentro de los países menos desarrollados y son los que han invertido más millones de dólares en sus programas de desarrollo de nanotecnología.11

De concretarse la revolución tecnológica que promete la nanotecnología, se espera que un trillón de dólares sea desplazado por los nanomercados a través de firmas multinacionales que pudieran tener una influencia decisiva en la supervisión y regulación del desarrollo de los nanoproductos.9

De ser así, la participación de las empresas de los países subdesarrollados podría ser marginal, en tanto que la supervisión y la regulación no constituyen una prioridad según la experiencia histórica, más allá de la idea de que conforme la actividad económica tiene implicaciones de riesgo, la intervención de los goArmando Barañón, «La presunción del control en la nanotecnología», Razón y Palabra, vol. 12, núm. 58, 2007, p. 4, en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520717017 9

En lo concerniente a la creación de capacidades científicas y tecnológicas, requisito para incorporarse a la cadena de valor de las nanotecnologías, Argentina, Brasil y México 12 han iniciado desde hace casi dos décadas procesos internos de i+d en este ámbito, sin soslayar el problema de la concentración de capitales y de patentes, ya que resulta en una barrera de acceso para los países subdesarrollados. Estas tecnologías tienen una aplicación amplia y se hallan en numerosos productos que se Ibid., p. 6. Ibid., p. 4. 12 Guillermo Foladori, Noela Invernizzi y Edgar Záyago Lau (eds.), Perspectivas sobre el desarrollo de las nanotecnologías en América Latina, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2012, p. 5. 10 11

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consumen habitualmente. Se estima que en 2006 existían 360 productos nanotecnológicos 13 para uso final; en 2016 la cantidad se multiplicó por cinco y se calculaban poco más de mil 800 productos,14 cifra que parece ir en constante aumento. Es necesario esclarecer que existen aplicaciones con efectos positivos en la eficiencia energética. Se trata de la fabricación de celdas solares, celdas de combustible y baterías ecológicas en cuya manufactura se utilizan nanomateriales. Un caso ilustrativo de su potencial se encuentra en la tecnología que incrementa en 200 por ciento la producción de biogás con la introducción de nanopartículas de óxido de hierro en el tratamiento de residuos orgánicos.15

Implicaciones en la salud

de los nanomateriales según el tipo de material nanofacturado (...) entre el año 2000 y finales de 2010 se han acumulado 176 artículos sobre riesgos de los nanotubos de carbono, 190 sobre riesgos de la nanoplata y 70 sobre riesgos del dióxido de titanio, entre otros materiales.16

Con la finalidad de extender la información de los peligros asociados con las nanopartículas, una modalidad de análisis se encuentra en el enfoque del ciclo de vida, que considera los procesos de investigación, fabricación, almacenamiento, distribución y residuos generados, y enfatiza la información que se debe proporcionar al consumidor: Un sistema o ciclo de vida del producto puede empezar con la extracción de materias primas y la gene-

Puesto que las nanopartículas reaccionan de manera distinta a la forma en la que actúan en tamaños convencionales, existe el riesgo potencial de reacciones desconocidas cuando entran en contacto con sustancias del medio ambiente. Si bien las nanopartículas pueden no ser tóxicas para el uso humano (lo cual no puede descartarse en todas las dimensiones de lo que se considera como nanopartículas), se desconocen los impactos para otras formas de vida (por ejemplo, los microorganismos, en especial aquellos que forman parte de una cadena trófica). Los daños sobre la salud no son producto de especulaciones sino de casos documentados que han ido en ascenso: La NanoCeo (Nanotechnology Citizen Engagement Organization) elabora un banco de datos que permite clasificar los artículos científicos sobre riesgos 13

ración de energía. Así, los materiales y la energía se convierten en procesos de manufactura, transporte y uso del producto (...) y posterior reciclaje, reuso o desecho. Adoptar un enfoque de ciclo de vida significa reconocer la manera en que nuestras elecciones influyen cada etapa del proceso y así sopesar las ventajas y desventajas, contribuyendo a la economía, el medio ambiente y la sociedad.17

A diferencia del concepto de cadena de valor,18 que se refiere propiamente al proceso de producción y a todos sus componentes, el ciclo de vida comprende desde la gestión de las materias primas en su estado natural y sus impactos en el medio ambiente y el manejo de residuos hasta que el consumidor final ya no utiliza el producto; su propósito es hacer visibles las afectaciones de cada proceso y a los grupos sociales expuestos en los mismos, con lo que se logra el

En https://nanotecnologia.fundaciontelefonica.com/2006/

11/24/productos-nanotecnologicos-inventario-a-fecha-de -hoy/

Guillermo Foladori, Noela Invernizzi y Edgar Záyago Lau (eds.), Investigación y mercado de nanotecnologías en América Latina, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/ Miguel Ángel Porrúa, 2016, p. 5. 15 En https://www.nanomercado.com/triplican-la-produccion -de-biogas-con-nanoparticulas-de-oxido-de-hierro/ 14

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16 Guillermo Foladori, Fernando Bejarano y Noela Invernizzi, op. cit., p. 152. 17 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿Por qué adoptar un enfoque de ciclo de vida?, onu, 2004, p. 6, en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents /1731Why_take_a_life_cycle_approach_ES.pdf 18 Gary Gerefy y Karina Fernandez Stark, op. cit.

involucramiento de los potenciales afectados.19 Cada fase del ciclo de vida, que actualmente pone énfasis en el uso de energía fósil, puede ampliarse con la intención de evaluar el daño ambiental y de salud en las dimensiones en las que actúan las nanotecnologías y las nanopartículas; cada una contaría con información suficiente para determinar un cierto nivel de toxicidad y aplicar el principio de precaución. El principio de precaución 20 ha sido propuesto en reuniones auspiciadas por la Organización Mundial de la Salud (oms). Su objetivo es establecer medidas preventivas incluso si se carece de la evidencia directa de que una acción o política pueda causar daño; es decir, con la presunción debería ser suficiente para aplicarlo. En ese sentido, la utilidad de los análisis de ciclo de vida resulta fundamental en la descomposición de las fases de la producción y el consumo en las que se incorporan las nanotecnologías, al igual que en la aplicación de un enfoque de esta naturaleza y no sólo del producto como un todo. Dicho enfoque advierte la importancia asignada a la necesidad de conocer e informar de los efectos potencialmente dañinos en el medio ambiente y los efectos realmente tóxicos en la salud. En cada proceso hay alguna fase tóxica para científicos, trabajadores y consumidores; se parte de la premisa de que se desconocen las consecuencias de las nanotecnologías en el medio ambiente y la salud. No existe algo semejante a prácticas seguras en las modalidades de elimi-

mejora es casi tan desconocido como su toxicidad para las personas. Los desarrollos de la nanociencia se colocan en el mercado y no se les asigna información suficiente concerniente a sus riesgos; en ocasiones ni siquiera se consigna que se trata de un producto con algún componente nano y menos de sus peligros. Existen grupos que trabajan al amparo de la Organización de las Naciones Unidas (onu) a fin de promover el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (saicm, por sus siglas en inglés), cuyo primer mandato es «establecer un sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado en el área de riesgos para la salud y medio ambiente»,21 lo que evidencia el problema de información. Como sucede con las iniciativas de naturaleza similar, su capacidad real para la implementación forzosa de mecanismos regulatorios está acotada, pese a que en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible se reconoció implícitamente su potencial tóxico y se llamó a la comunidad internacional —de la que México forma parte— para que en 2020 los productos químicos sean elaborados y utilizados con criterios que minimicen los impactos negativos:

nación de los productos manufacturados y en el manejo y reciclaje de sus residuos. Las nanopartículas manufacturadas tienen comportamientos moleculares que amplían sus usos, inclusive pueden realizar más funciones que a un nivel mayor. Tal circunstancia los convierte en un arma de dos filos: su potencial de

lizados de manera que se minimicen los impactos

Guillermo Foladori, Fernando Bejarano y Noela Invernizzi, op. cit., p. 158. 20 Guillermo Foladori, Anwar Hasmy, Noela Ivernizzi y Edgar Záyago Lau (coords.), Nanotecnologías en América Latina: trabajo y regulación, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2015, p. 7. 19

[Alcanzar el] objetivo acordado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 de asegurar que, para el año 2020, los productos químicos sean elaborados y uti-

negativos significativos sobre el medio ambiente y la salud humana.22

Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (iomc), «Informe sobre las actividades del programa Interinstitucional para la Gestión Racional de los Productos Químicos (iomc) y sus Organizaciones Participantes y Observadoras, en la Implementación del Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional (saicm)», 2009, p. 4, en http://www.who.int/ iomc/saicm/saicm_impl_spanish.pdf 22 Idem. 21

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Las nanopartículas manufacturadas tienen un comportamiento molecular que las convierte en arma de doble filo: el potencial de mejora es casi tan desconocido como la toxicidad.

En efecto, en el sector químico y toda su cadena (petroquímica básica y secundaria) se generan las materias primas que después serán componentes de los productos nanomanufacturados. Las implicaciones, en estos términos, se vinculan con la urgencia de proporcionar información clara sobre los peligros del uso de los materiales nano y de la necesidad de regular prácticas asociadas con su producción.

Conclusiones Las nanotecnologías están cambiando la configuración productiva y es probable que las modificaciones sean irreversibles, con alcances de naturaleza conflictiva entre las ventajas de más y mejores productos que faciliten la vida de los consumidores que pueden tener acceso a ellos y el potencial negativo sobre el medio ambiente y la salud. Desde esa última dimensión, diversos estudios evidencian la toxicidad y los riesgos relacionados con átomos y moléculas manipulados, situación que se complica ante la falta de información y la

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ausencia de regulaciones que respeten el principio de precaución. Los actores que producen estas tecnologías tienden a concentrarlas (como ocurre en todos los espacios de las tecnologías más avanzadas), lo que amenaza con excluir a los países subdesarrollados, sin importar que en la perspectiva de las cadenas de valor existe un espacio para su incorporación. Aunque su condición disruptiva representaba en alguna medida una promesa para un manejo eficiente de recursos, optimización de los residuos y democratización de sus beneficios, lo cierto es que hasta hoy ha prevalecido la lógica de la ganancia. En lo inmediato, parece que la gobernanza global, que ha vislumbrado los riesgos, puede ser el contrapeso para que, a través de la información y las regulaciones, estas tecnologías no se conviertan en un componente que agudice la crisis civilizatoria.

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Una aproximación al neoextractivismo en Colombia

CAROLINA ARIAS HURTADO*

El neoextractivismo, como modelo de acumulación basado en la sobreexplotación de la naturaleza y el despojo territorial, ha sido designado como la principal locomotora de desarrollo en Colombia que opera a través de megaproyectos orientados a la explotación de minerales, biomasa y energía. Conflictos ecológicos, culturales, sociales, económicos y políticos revelan las múltiples contradicciones de este modelo; al tiempo que se fortalecen las resistencias sociales por la defensa del territorio, la naturaleza y la cultura.

Neoextractivismo en el siglo xxi

* Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

Los programas de ajuste estructural acaecidos a finales del siglo xx determinaron el papel de América Latina en el nuevo orden mundial1 como proveedor de materias primas y fuerza de trabajo barata, a la vez que impulsaron la expansión geográfica de la industria maquiladora. En el marco del Consenso y el Postconsenso de Washington se reestructuraron James Petras, «Globalización, imperialismo y desarrollo», en Henry Veltmeyer (coord.), Herramientas para el cambio: manual para los estudios críticos del desarrollo, La Paz, Plural Editores, 2010. 1

las economías de la región desde los preceptos neoliberales (privatización, libre comercio y desregulación) y se redefinió el papel del Estado para facilitar el desarrollo guiado por el mercado, es decir, por las inversiones privadas y extranjeras en el sector primario mediante el neoextractivismo. Aunque el extractivismo ha estado presente a lo largo de las grandes etapas del desarrollo capitalista, en la actualidad ha cobrado una fuerza inusitada al operar a través de megaproyectos, en economías de enclave, con escasos encadenamientos locales o nacionales, muy dependientes de inversiones extranjeras y

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supeditados a cadenas de comercialización global.2 Nos encontramos así ante una «transición histórica de un periodo de globalización neoliberal a una nueva era con fundamento en la dinámica de la política del nuevo extractivismo».3 En America Latina, el neoextractivismo incluye megaproyectos orientados a la explotación de minerales (metálicos, fósiles, industriales, materiales de construcción), biomasa (cultivos, plantaciones, pesca)4 y fuentes de agua para la irrigación de cultivos, procesos industriales y generación de energía (grandes represas hidroeléctricas). Estos proyectos se desarrollan en el marco de los planes de integración Mesoamérica y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (iirsa), los cuales contemplan la construcción de complejos sistemas de infraestructura en materia de comunicaciones, transporte (hidrovías, puertos, corredores biocéanicos) y energía. Un aspecto sobresaliente del neoextractivismo es su presencia en los distintos regímenes del continente, desde los países más apegados al modelo neoliberal (México y Colombia) hasta los países «posneoliberales» (Bolivia y Ecuador).5 En ese sentido, este modelo puede ser visto como expresión de las alianzas de clase entre los agentes dominantes de los países centrales y de la región para reactivar el proceso de acumula-

Eduardo Gudynas, «Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: una breve guía heterodoxa», en Miriam Lang y Eduardo Mokrani (coords.), Más allá del desarrollo, Quito, Fundación Rosa Luxemburgo, 2011. 3 Eduardo Gudynas, «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en Centro Andino de Acción Popular (caap) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (claes) (coords.), Extractivismo, política y sociedad, Quito, caap y claes, 2009. Citado por Henry Veltmeyer, «Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de desarrollo o imperialismo extractivo?», Estudios Críticos del Desarrollo, vol. 3, núm. 4, pp. 9-43. 4 Joan Martínez Alier y Mariana Walter, «Social metabolism and conflicts over extractivism», en Fabio de Castro, Barbara Hogenboom y Michael Baud, Environmental governance in Latin America, London, Palgrave Macmillan, 2016, 58-85. 5 Henry Veltmeyer, «Economía política...». 2

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ción del capital.6 Se impone con marcos regulatorios extremadamente favorables, privatización de los medios de producción y las empresas del Estado, promoción de la inversión directa transnacional,7 flexibilizaciones en los controles sociales y ambientales, entre otras medidas divulgadas por instituciones financieras y agencias internacionales. El Atlas de Justicia Ambiental8 ha identificado 338 conflictos socioambientales causados por el neoextractivismo en 11 países de América Latina (gráfica 1). Dichos conflictos se relacionan con la exploración y la explotación de metales preciosos, minerales y materiales de construcción, las actividades agroindustriales, el control de las tierras y la explotación de hidrocarburos. Las comunidades indígenas se encuentran involucradas en la mitad de los conflictos, asimismo, de los países analizados Colombia registra el mayor número (88 casos).

Neoextractivismo y conflictos territoriales en Colombia Los planes nacionales y las políticas sectoriales de las dos últimas décadas han trabajado por consolidar el crecimiento de la agroindustria, la megaminería y los grandes proyectos energéticos como las principales locomotoras de desarrollo.9 Para tal efecto han establecido las condiciones legales, financieras e institucionales necesarias para promover la inversión extranjera directa. En ese esquema, las empresas privadas y extranjeras constituyen los únicos agentes con alto potencial para impulsar el crecimiento David Harvey, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004. Henry Veltmeyer, «Una sinopsis de la idea de desarrollo», en Humberto Márquez Covarrubias, Roberto Soto Esquivel y Edgar Záyago Lau (coords.), Visiones del desarrollo, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2012, pp. 15- 44. 8 Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (ejolt), «Environmental Justice Atlas», 2016, en https:// ejatlas.org/ 9 Álvaro Ponce, ¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la minería en Colombia, Bogotá, Debate, 2012. 6 7

Gráfica 1. Conflictos socioambientales por el neoextractivismo en América Latina (2016) Guatemala

Costa Rica

Panamá

Bolivia México

13 19

Chile

Perú

Argentina Ecuador

32 48

Brasil

Colombia Fuente: elaboración propia con datos de Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade, op. cit.

económico del país; atraen inversiones mediante la ausencia de impuestos, las garantías tributarias, la posibilidad de explotar mano de obra barata y externalizar impactos ecológicos, culturales y sociales.10 En Colombia, la inversión extranjera directa orientada a megaproyectos mineros y de hidrocarburos aumentó de 21 por ciento a 85 por ciento entre los años 2000 y 2010.11 Por su parte, la inversión extranjera en proyectos de agroindustria, agricultura, silvicultura y pesca creció 241 por ciento entre 2010 y 2014.12 Además de los impactos sociales y naturales, el modelo ha tenido efectos económicos, políticos y culturales; el control por el territorio y sus riquezas naturales ha sido la causa del conflicto y la guerra más larga del continente. Resalta tam-

vismo se presenta como fuente de financiación para el «posconflicto». De los 88 conflictos socioambientales en Colombia identificados por el Atlas de Justicia Ambiental y relacionados con las diversas formas del neoextractivismo (gráfica 2), más de la mitad involucran a corporaciones multinacionales.13 Aunque los conflictos están presentes en todas las regiones, se ubican principalmente en las zonas más pobladas (Andina y Caribe), así como en zonas de conservación y territorios ancestrales. Cerca de 7.9 millones de personas han sido afectadas, en particular las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.14 Respecto a las relaciones económicas el escenario es menos favorable. Se acentúa cada vez más el carácter dependiente y el proceso de re-

bién que la negociación de los acuerdos de paz se halla exenta de cuestionamientos sustantivos al modelo económico. Por tanto, el neoextracti-

primarización. En los últimos años el valor de las exportaciones apenas comprende la cuarta parte del costo de las importaciones. Adicionalmente, más de la mitad de los megaproyectos extractivos en el país se encuentran en manos de inversión extranjera directa asociada con altos

Carolina Arias Hurtado, «Conflictos territoriales y patrimoniales en ‹el pesebre de oro de Colombia›», Luna Azul, núm. 39, 2014, pp. 207-233. 11 Catalina Toro Pérez, «Geopolítica energética: minería, territorio y resistencias sociales», en Catalina Toro Pérez, Julio Fierro Morales, Sergio Coronado Delgado y Tatiana Roa Avendaño, Minería, territorio y conflicto en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012. 12 Paula Delgado Gómez, «La inversión extranjera en el sector agropecuario creció 241% desde 2010», La República, 6 de julio de 2015. 10

Mario Alejandro Pérez Rincón, «Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria», Ecología Política, núm. 48, 2015. 14 Mario Alejandro Pérez Rincón, Luis Darío Sánchez y María del Carmen Zúñiga de Cardoso, Conflicto ambiental en el Río Pance entre diversos usos y usuarios del agua (Colección Libros de investigación), Cali, Universidad del Valle, 2014. 13

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valores de transferencias de rentas. En 2013 se transfirieron por rentas 7.8 por ciento más que en 2000,15 ya que los impuestos sobre la producción de commodities son simbólicos o por completo inexistentes.16 Gráfica 2. Conflictos socioambientales por el neoextractivismo en Colombia (2015)

Minería

Combustibles fósiles

Biomasa

Generación eléctrica

Infraestructura

9 0

de líderes, así como actos sistemáticos y generalizados tendientes a generar procesos de terror y ruptura del tejido social.18 Aunado a ello, es responsable de la intensificación de los procesos de militarización articulados con acciones paramilitares.19

Neoextractivismo y resistencias sociales en Colombia Sin embargo, durante los últimos años las comunidades locales afectadas por el neoextractivismo han cuestionado su legitimidad y el funcionamiento en apariencia normal y natural de sus efectos sobre la sociedad y la naturaleza.20 Las comunidades privilegian el valor de uso de sus territorios por encima del valor de cambio, pues la reproducción social de la vida no está puesta en función de las ganancias sino de la vi-

En Colombia dicho modelo afecta los territorios y la identidad cultural de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; representa en muchos casos la pérdida del control sobre el uso de la tierra, la soberanía alimentaria y las redes de comercio locales; afecta ecosistemas estratégicos como páramos, selvas, bosques andinos, ríos y humedales;17 causa despla-

da misma.21 Con el apoyo de varios sectores sociales las comunidades afectadas han conformando un movimiento social heterogéneo. Para el periodo 2001-2011 se registraron en Colombia 274 acciones sociales colectivas (marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre) en contra del neoextractivismo, con un ascenso desde el año 2005 y un crecimiento sostenido a partir de 2008. En esas acciones participaron sectores diversos: campesinos, indígenas y afrocolombianos; mineros tradicionales (trabajadores indepen-

zamientos forzados, amenazas y desapariciones

dientes); trabajadores vinculados a las empresas

Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo y Joan Martínez Alier, en Déficit comercial y déficit físico en Sudamérica, Quito, Universidad Autónoma de Barcelona/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, 2014. 16 James Martín Cypher, «Neoextraccionismo y primarización: términos de intercambio en América del Sur», en Alicia Girón, Democracia, financiarización y neoextraccionismo ante los desafíos de la industrialización y el mercado de trabajo (Colección de libros Problemas del desarrollo), México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Económicas, 2014, pp. 117-41. 17 Defensoría del Pueblo, La minería de hecho en Colombia, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2010.

Número de conflictos Fuente: elaboración propia con datos de Mario Alejandro Pérez Rincón, «Conflictos ambientales...»

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Francisco Ramírez, «Tierra y minería, el conflicto en Colombia», Revista Semillas, núms. 32-33, 2007. 19 Andrés Idárraga Franco, Diego Andrés Muñoz Casallas e Hildebrando Vélez Galeano, Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica, Bogotá, Censat Agua Viva, 2010. 20 Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, Política cultural & cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá, Taurus, 2001. 21 Claudia Composto y Mina Navarro (eds.), Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, México, Bajo Tierra Ediciones, 2014.

extractivas (asalariados); pobladores urbanos, activistas, académicos e investigadores. Entre los motivos primordiales de las acciones se encuentran las violaciones a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, la protección del medio ambiente, el incumplimiento de acuerdos entre las empresas y sus empleados, al igual que pliegos laborales.22 También se ha logrado la articulación de los movimientos sociales en los ámbitos local y nacional con movimientos internacionales de justicia socioambiental, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (tpp), el Movimiento Mundial por los Bosques (wrm), la Alianza de Organizaciones Católicas para el Desarrollo (cidse), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (ocmal), Colombia Support Network (csn), entre otras organizaciones. De esa manera, las luchas locales alcanzan mayores respaldos globales y se fortalecen entre sí a través de la construcción de redes de solidaridad con otras comunidades afectadas por el neoextractivismo. En cuanto a lo jurídico, se han interpuesto derechos de petición, acciones de tutela, acciones de grupo, acciones de reparación directa, denuncias penales y presentación de casos ante tribunales internacionales, como el tpp y la Comisión Interamericana, que incluyen el aporte de pruebas en torno a la violación de derechos humanos y la destrucción de los territorios.23 Debido a la presión social, algunas instituciones parecen obrar como la «mano izquierda del Estado»,24 asumir un papel partidario de la Centro de Investigación y Educación Popular (cinep), «Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia», Bogotá, cinep, 2012. 23 Carolina Arias Hurtado, «¿Neoextractivismo o desarrollo local? Conflictos territoriales y culturales», en Línea de Investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa), Memorias académicas del Primer Encuentro Investigaciones socioculturales en el marco de la problemática ambiental del territorio, Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, 2016, pp. 98-129. 24 Pierre Bourdieu, Sobre el Estado: cursos en el Collège de France (1989-1929), Barcelona, Anagrama, 2014. 22

defensa de los derechos sociales. Tal es el caso de la Contraloría General de la República que ha denunciado los impactos lesivos del neoextractivismo sobre los derechos humanos, el ambiente y la economía, y de la Corte Constitucional que ha exigido al Estado la protección de los ecosistemas frágiles y de los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes frente a actividades extractivas. Dichas instituciones han legitimado sus actuaciones en las contribuciones realizadas por académicos e investigadores de esta problemática. De ahí que se ha generado una alianza con las clases populares que busca reconstruir el sentido público del Estado, de manera antagónica a las clases dominantes. Casos emblemáticos son las acciones lega-

Resistencia social frente al neoextractivismo en Colombia. Fotografía: Carolina Arias Hurtado

les por medio de las cuales algunas comunidades han detenido los megaproyectos extractivos en sus territorios: En 2010, mediante una acción de tutela, tres resguardos indígenas y dos territorios colectivos de afrodescendientes del municipio de Carmen de Darién (Chocó) lograron que la Corte Constitucional suspendiera el megaproyecto minero Mandé Norte de la Muriel Mining Corporation y Río Tinto. Gracias a la primera consulta popular sobre proyectos extractivos en Colombia,

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Cerrejón, yacimiento de carbón en el departamento de La Guajira, Colombia.

el municipio de Piedras (Tolima) rechazó el megaproyecto minero de la Anglo Gold Ashanti en 2013. Tras llevar a cabo una consulta popular en 2014, el municipio de Tauramena (Casanare) rechazó el megaproyecto petrolero de Ecopetrol.25 En marzo de 2017, por medio de una acción de tutela, los mineros tradicionales del municipio de Marmato (Caldas) lograron que la Corte Constitucional aprobara la realización de una consulta previa frente al megaproyecto minero de la Gran Colombia Gold Corp. También en marzo de 2017, mediante una consulta popular, el municipio de Cajamarca (Tolima) rechazó el megaproyecto minero La Colosa de la Anglo Gold Ashanti. Es así como las comunidades afectadas, con el apoyo de diversos sectores a escala nacional e internacional, han constituido un movimiento social que se articula en torno a la justicia socioambiental y la defensa del territorio. Son movimientos insurgentes contra la acumulación por despojo y la reproducción ampliada del capital,26 como una propuesta local a la glo25

Carolina Arias Hurtado, «Conflictos territoriales...», pp.

207-233. 26

David Harvey, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004.

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balización de las resistencias que cuestionan las lógicas del neoextractivismo.

Conclusiones En América Latina y en específico en Colombia el desarrollo neoextractivista expresa continuidades estructurales con el proyecto de colonialidad, despojo territorial, dependencia histórica y creciente reprimarización de las economías. Las contradicciones de este modelo en el siglo xxi no sólo tienen una base social, cultural y ecológica, sino también fundamentos económicos y políticos que sitúan en el centro de la disputa la cuestión del territorio. Así, un amplio espacio de resistencias desde los movimientos sociales han permitido poner en primer plano las luchas por el territorio, la naturaleza y la cultura desde intereses materiales y simbólicos. Será una tarea de los estudios del desarrollo, desde una perspectiva crítica y basada en la comprensión del contexto, especificar los factores estructurales y los estratégicos del neoextractivismo en América Latina y Colombia para continuar apelando a la reproducción de la vida digna, como lo hacen los movimientos sociales de resistencia.

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El andamiaje de la política mexicana asociado al proyecto de desarrollo del campo ELVIRA IVONNE MUÑOZ MORALES*

El desarrollo del campo es un reto latente para el Estado mexicano. En virtud de ello, resulta pertinente identificar, desde el enfoque del desarrollo, las políticas dirigidas al sector rural y de esa manera comprender su impacto y examinar sus efectos. La hipótesis central se sustenta en que hasta ahora las estrategias del gobierno han sido insuficientes, además los embates del capitalismo para la población rural se han endurecido, lo que ha propiciado la búsqueda de alternativas a la agricultura.

Introducción Como área de estudio y proyecto geopolítico adoptado por gobiernos y organizaciones internacionales, el desarrollo 1 remonta su origen hacia finales de la década de 1940. Sin embargo, en el marco institucional de «orden económico mundial», después de la Segunda Guerra Mundial, se comprende a partir de dos grandes vertientes: el progreso, con base en el crecimiento económico per cápita; y lo estructural, fundado en la industrialización y la modernización.2 Por su parte, Veltmeyer * Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

En su carácter general, entendido como la conducción en pos de algo mejor de lo que somos o tenemos, de acuerdo con Antonio Elizalde, «Desarrollo», en Ricardo Salas (coord.), Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales, Santiago de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez, 2005, p. 159. 2 Jane Parpart y Henry Veltmeyer, «Retorno a los fundamentos», en Henry Veltmeyer, Ivonne Farah e Igor Am-

sugiere dos dimensiones básicas: como estructura, resultado del funcionamiento de un sistema, y como agencia, a través de una visión estratégica.3 Por tanto, cualquier estrategia de desarrollo —específicamente desde la política pública— implica la convergencia de esas dos dimensiones en la construcción de una realidad. La propuesta predominante en México dirigida al campo se centra en la productividad dentro de la dimensión estructural, es decir, desde la transformación de una sociedad precapitalista, basada en la agricultura, hasta una sociedad capitalista y urbanizada, fincada en relaciones

puero (coords.), Herramientas para el cambio: manual para los estudios críticos del desarrollo, La Paz, Plural Editores, 2011. 3 Henry Veltmeyer, «Una sinopsis de la idea de desarrollo», en Humberto Márquez, Roberto Soto y Edgar Záyago (coords.), Visiones del desarrollo, México, Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma de Zacatecas, 2012.

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La política agraria mexicana ha adoptado distintos enfoques de desarrollo que buscan el incremento de la productividad, pero relegan aspectos primordiales de las dinámicas de producción y socialización de los habitantes del campo.

de producción de trabajo asalariado: 4 del campesinado al proletariado. Transformación que en México se llevó a cabo sin una visión integral, puesto que no hubo una preparación para el sector; además, con el arribo de las grandes transformaciones estructurales, tras la apertura de los mercados internacionales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994, el campo fue integrado en bloques con una desventaja evidente. El objetivo del presente trabajo es examinar las políticas referentes al sector rural establecidas luego de la Revolución mexicana, con el propósito de entender y dimensionar su incidencia. La idea fundamental es que las estrategias gubernamentales son insuficientes, incluso han sido indiferentes ante los embates del capitalismo que han afectado a la población rural y la han orillado a buscar otros modos de vida. En principio, se realiza un breve recorrido Haroon Akram-Lodhi, «Transformación agraria y desarrollo rural», en Henry Veltmeyer, Ivonne Farah e Igor Ampuero (coords.), op. cit., p. 252. 4

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por las políticas y estrategias, sustentadas en propuestas y líneas de pensamiento que caracterizan el periodo comprendido entre el final de la Revolución mexicana hasta la actual era neoliberal. En seguida, se plantean ciertos efectos que ha padecido la población rural derivados de dichas políticas y cómo se han transformado las dinámicas rurales. Finalmente, se brindan conclusiones y recomendaciones.

La política para el (sub) desarrollo del campo mexicano La política agraria mexicana ha arriesgado poco, carece de cambios sustanciales o de planteamientos holísticos de larga duración. Si bien ha adoptado distintos enfoques de desarrollo, se ha centrado en incrementar la productividad, pero relega aspectos primordiales de las dinámicas de producción y socialización de los habitantes del campo. De acuerdo con

Evangelina Sánchez,5 los primordiales problemas del sector agrícola mexicano son de orden estructural debido al tratamiento diferenciador aislado que suele recibir y a los mecanismos que el Estado ha generado. El núcleo de la Revolución mexicana fueron las demandas y los movimientos campesinos, cuyo anhelo esencial era el cambio. El campo y algunas demandas encontraron respuesta, específicamente con la consagración del artículo 27 constitucional en 1917 y con la creación de la Ley Agraria. En ese proceso de construcción de un Estado nación, el precapitalismo motivó al gobierno a concentrarse fuertemente en un intento modernizador. De esa manera, se dedicó gran cantidad de recursos humanos y económicos a la transformación de estilos de vida locales y a la desmitificación de creencias y costumbres de los pueblos originarios y rurales, con el afán de crear una sola identidad nacional. El Estado asumió que ese era el primer paso hacia el desarrollo y subestimó la prevalencia de las formas tradicionales de organización, porque en su versión clásica, «el desarrollo propone avanzar hacia un estado de perfección abierto al futuro, e incluye quitar aquello que se considera atrasado».6 En la década de 1950, a través de los estudios culturalistas y marxistas, además de continuar la dinámica modernizadora, se comenzó a trabajar con base en las teorías sobre el campesinado, Evangelina Sánchez, Comercio agrícola y las subvenciones de Estados Unidos y la Unión Europea: sus repercusiones en México y Brasil, Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango, 2009. 6 Francisco Herrera, «Enfoques y políticas de desarrollo rural en México. Una revisión de su construcción institucional», Gestión y Política Pública, vol. xxii, núm. 1, 2013, p. 131. Aunque John McKay (citado en Antonio Elizalde, op. cit.) indica que la definición del desarrollo es un concepto en constante discusión y transformación, es posible identificar diversos modelos de desarrollo dominantes en Occidente: de la modernización, la teoría de la dependencia, de las necesidades básicas, la propuesta de ajuste estructural, la internacionalización del capital, la antimodernización, el desarrollo de las raíces populares básicas, el ajuste con rostro humano y el desarrollo sostenible. Sin embargo, en cada país o región, algunos fueron dominantes y otros efímeros, como lo muestra el presente trabajo. 5

que ponían especial énfasis en sistemas de producción más estructurados. Por primera vez se intentó un análisis que consideraba la relación permanente entre lo urbano y lo rural, en particular los mecanismos institucionalizados de apropiación del excedente por parte de las elites en el país y con el propósito de comprender la lógica de producción rural. Wolf, Palerm y Chayanov coinciden en que los campesinos generan excedente pero no orientado a la consecución de una ganancia, sino con una idea de subsistencia mediante la construcción de coaliciones que a la vez muestran las redes de poder existentes y las formas de operación del cacicazgo.7 Entre las décadas de 1950 y 1960 hubo un notorio avance científico y tecnológico, producto de la expansión de la sociedad industrial que pretendía llegar a toda la población; no obstante, su fuerza se concentró en las ciudades y paulatinamente se fue relegando a las zonas rurales, en concreto a los productores de baja escala —minifundistas— que no lograron costear ese cambio. Años más tarde, el campo volvió a ser el centro de debate cuando la seguridad alimentaria adquirió relevancia nacional e internacional. El gobierno respondió con la denominada revolución verde, política caracterizada por la incorporación de semillas mejoradas que ofrecían mayor rendimiento. La euforia por producir más devino en sobreexplotación nunca antes vista de los recursos naturales y el uso indiscriminado de químicos. Los excedentes aumentaron y los recursos naturales se explotaron sin planeación alguna con efectos desastrosos e irreversibles. A inicios de los 1970, con el boom petrolero y acorde con el Estado de bienestar, inició un suministro importante de recursos al campo con la finalidad de incrementar la productividad del sector. Esa política benefició básicamente a las exportaciones porque se concentró en la producción a gran escala. Hasta entonces, la concepción Jan Douwe, El campesinado y el arte de la agricultura. Un manifiesto chayanoviano, México, Miguel Ángel Porrúa/ Universidad Autónoma de Zacatecas, 2015.

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Tras el reparto de tierras y al no contar con la capacidad técnica y el equipo indispensable, inició la relación paternalista y clientelar hacia el agro.

de desarrollo rural se sustentaba aún en la tecnificación y la obtención de mayores rendimientos. Tal pareciera que el modelo económico, sus criterios y mecanismos de producción y distribución de alimentos en el mundo, son la principal restricción del combate al hambre y a la pobreza.8 En 1980 se adoptaron las medidas de estabilización y ajuste recomendadas por el Banco Mundial (bm) y se abrió paso al libre mercado. El Estado se replegó y se instituyó la competencia como eje articulador del desarrollo. Hubo grandes expectativas en los cambios; no obstante, con el estancamiento del campo en 1982 y la prolongada recesión durante el sexenio de Miguel de la Madrid las expectativas colapsaron. Esporádicamente apareció la propuesta desde el enfoque del Desarrollo Rural Integral que aunque aseguraba una alternativa más completa, se limitaba al ámbito de la produc8

Evangelina Sánchez, op. cit.

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ción, se creía que a mayor producción correspondería un mejor nivel de vida. Al constatar que los efectos no eran los esperados, se dio un giro parcial a la estrategia y se intentó reconfigurar la política desde la propuesta del Desarrollo Rural Sostenible, surgida en 1987 con la publicación de Nuestro futuro común. Ésta se ceñía a los impactos que la producción —y su incremento gradual sostenido— tenía en la naturaleza y a la preocupación porque la satisfacción de las necesidades de ese momento no comprometiera tal capacidad a futuras generaciones. Una vez más la propuesta no alcanzó las expectativas, ya que se limitó a los productores de baja escala y no reguló ni cuestionó el papel de las grandes empresas nacionales y transnacionales, responsables del deterioro de los recursos. Hacia los 1990 y tras el reparto de tierras, los campesinos se enfrentaron a su nueva realidad: propiedades fraccionadas, sin la capacidad técnica y el equipo indispensable para producir bajo los

nuevos estándares que el sistema fomentaba. Comenzó así una relación fuertemente paternalista y clientelar hacia el agro, lo que evidencia que el desarrollo se ha visto obstaculizado por la estructura social y económica de la sociedad.9 La privatización de las tierras y la apertura comercial total pueden considerarse los hechos cimentadores de las transformaciones estructurales que el Estado generó en su afán modernizador, puesto que lo que se mostraba como una estrategia de desarrollo desembocó en una ampliación de las brechas entre los productores ricos y los pobres. Con el tiempo esta brecha se ha incrementado y ha revelado las enormes desigualdades que prevalecen y limitan, cuando no impiden, el verdadero desarrollo de los habitantes en el sector rural. Los efectos de las políticas enunciadas en este apartado dentro del sistema capitalista global son numerosos. A continuación se revisarán los más sobresalientes.

El abandono del campo Después de revisar los principales enfoques de desarrollo para el campo, se entiende que «en México las reformas al sector agrícola han estado determinadas por la estabilización y la reforma estructural de la economía y no tanto por las necesidades reales del sector agropecuario».10 Los cambios responden al proceso de modernización que el capitalismo exige. Desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, tras el Consenso de Washington, problemas como incapacidad para satisfacer la demanda interna (importaciones contra las que el mercado nacional definitivamente no podía competir), escasos o nulos excedentes agrícolas e ingresos precarios para los productores de baja escala se volvieron «el pan de cada día». En efecto, algunas políticas lograron elevar la producción para la comercialización, pero ello 9

Henry Veltmeyer, op. cit. Evangelina Sánchez, op. cit., p. 87.

sólo extendió las brechas de desigualdad existentes a la par que aumentó la mercantilización del trabajo. De esa manera, en un intento por coadyuvar a la concentración de riqueza en unas pocas manos, el Estado disfrazó la reforma al artículo 27 constitucional de libertad cívica y fortalecimiento a la democracia, cuando en realidad desplazó a los productores de baja escala. La producción nacional se ha descapitalizado sistemáticamente por la falta de ventajas comparativas, en particular frente a Estados Unidos y Canadá, así como por la falta de políticas compensatorias de cobertura amplia dentro del territorio nacional. Aunque se trata de un fenómeno esperado para el capitalismo 11 en virtud de que «los productores entraron de modo paulatino en competencia, a raíz de ese enfrentamiento unos progresaron y acumularon pero otros quebraron».12 Una parte importante de estos efectos diametralmente opuestos devienen de los límites que las estructuras del propio sistema determinan y que posibilitan la acumulación sólo por unos cuantos, debido a la desigualdad que caracteriza la interacción. Consecuentemente incrementa el proceso de diferenciación social y el trabajador agrícola se ve forzado a emplearse de modo temporal (semiproletarización), pero nunca concluye el proceso; primero por su arraigo a la tierra y segundo por la dificultad para conseguir estabilidad en otro sector dada su escasa preparación y experiencia. En ese sentido, muchos recurren a la informalidad; según Alejandro Portes, «en la mayor parte de los países latinoamericanos, el trabajador informal promedio no recibe Entendido como una forma de reproducción de la vida económica del ser humano de llevar a cabo aquel conjunto de actividades dedicadas directa y preferentemente a la producción, circulación y consumo de los bienes producidos. Bolívar Echeverría, Crítica de la modernidad capitalista, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia/Oxfam, 2011, pp. 70 -71, en http://www.vicepresidencia.gob.bo/img/ pdf/bolivar_echeverria.pdf 12 Guillermo Foladori y Gustavo Melazzi, La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2016, p. 37. 11

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«En los últimos años la desigualdad social alcanzó niveles sin precedentes, la pobreza se expandió a las economías centrales y la precarización laboral se masificó en todo el planeta».18

ingresos que le permitan superar la línea de pobreza».13 La vorágine del sistema capitalista y la condición de pobreza propicia que muchos campesinos encuentren en las políticas de transferencias monetarias una forma de supervivencia que paulatinamente ha creado una compleja red clientelar que beneficia al Estado, hecho que le permite mantener mayor control sobre la población. Para 2008, 50.6 millones de mexicanos vivían en pobreza: 18.2 por ciento sufría carencias alimentarias y de ellos 12.2 por ciento, es decir, más de 67 por ciento, habitaba en zonas rurales.14 No desconcierta entonces que la política actual esté subordinada al mercado, y que el poder de una transnacional sea, por mucho, mayor al de miles de productores. Persiste, por tanto, una marcada división espacial del trabajo entre el campo y la ciudad. La producción industrial generó un aglutinamiento de fuerzas de trabajo dadas las condiciones estructurales existentes para abaratar la mano de obra en la ciudad. Lo anterior conAlejandro Portes, El desarrollo futuro de América Latina. Neoliberalismo, clases sociales y transnacionalismo, Bogotá, Ediciones Antropos, 2004, p. 17. 14 De acuerdo con el informe de la unicef, Pobreza y desigualdad, 2009, en http://www.unicef.org/mexico/spanish /17046.htm 13

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lleva a que el pequeño productor no sólo se vea obligado a abandonar su tierra, sino que además se sienta forzado a emigrar, incluso con familias enteras. En virtud de esto, «prácticamente la mitad de los nacidos en el campo no permanecieron en él» 15 y el envejecimiento de la población rural es notorio, puesto que los jóvenes no vislumbran un futuro si continúan ahí. A lo largo de un siglo la población del campo con respecto a la de la ciudad se invirtió: en el presente 76.8 por ciento de la población total del país se concentra en zonas urbanas.16 Implica una transformación contundente que demuestra la profundización de las estructuras capitalistas existentes y que obliga a cuestionarse si en realidad esta forma de explotación de unas clases sobre otras será transitoria y evolucionará hasta una sociedad sin explotación, como lo planteaban Hegel y Marx,17 o si el capitalismo perdurará y sólo tendrá ciclos de mayor y menor intensidad. La situación para los trabajadores del campo no es alentadora: «En los últimos años la desigualdad social alcanzó niveles sin precedentes, la pobreza se expandió a las economías centrales y la precarización laboral se masificó en todo el planeta».18 Esto significa que la migración interna y externa pueden ser una vía de escape, pero con una oferta laboral cada vez más escasa; peor aún, las actividades ilícitas aparecen como una posibilidad más de subsistencia, con efectos muy complejos que ya pueden palparse. Gustavo Gordillo y Rodrigo Wagner, «Las reformas titubeantes. El campo mexicano, 1975-2000», Economíaunam, vol. 2, núm. 5, 2005, pp. 23-40. 16 Comparativo entre la población total urbana y rural de 1900 a 2010, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), «Población total según tamaño de localidad», en Volumen de crecimiento, en http://www. inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/graficas_temas/ epobla05.htm?s=est&c=17501 17 Guillermo Foladori y Gustavo Melazzi, op. cit. 18 Claudio Katz, «Neoliberalismo», en Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo, Argentina, Batalla de Ideas (s.f), p. 80. 15

Conclusiones La política orientada al desarrollo del campo mexicano ha tenido una fuerte base estructuralista: pasó de un Estado paternalista benefactor a un Estado replegado ante las fuerzas inminentes del mercado. Los productores del campo han valorado ciertas estrategias con entusiasmo, otras con desdén e incredulidad. Su manera de relacionarse y trabajar se ha transformado: muchos han abandonado la tierra, unos más se aferran a ella con esperanzas endebles de que el campo resurja con mayor fuerza. No obstante, ¿desarrollo para quién? La pobreza y la desigualdad están a la vista de todos y las estrategias propuestas desde la política pública parecen insuficientes para una reconfiguración sustancial de las condiciones actuales hacia el fortalecimiento del mercado interno y el aseguramiento de los derechos humanos primordiales (los alimentos, por ejemplo). Así, las prácticas participativas que pueden funcionar como una plataforma que permita identificar problemas y redefinir soluciones se limitan, puesto que el neoliberalismo influye de modo decisivo en el debilitamiento de las bases para la lucha de clases organizada y los canales de movilización efectiva del descontento popu-

lar.19 Existe una infrautilización de los mecanismos institucionales de la democracia —en proceso de consolidación— que tenemos. Es evidente entonces que la actual crisis civilizatoria posee un calado nunca antes visto; sin embargo, la desatención del campo como motor productivo del país ocasiona una mayor vulnerabilidad y dependencia y sumerge en una crisis permanente que sólo es posible revertir mediante el fortalecimiento del mercado interno y la revisión de los marcos regulatorios que garanticen dinámicas de intercambio más justas y equitativas, capaces de trascender ese campo desarticulado, desinformado y pasivo, condenado a reproducir ciclos interminables de pobreza. Asimismo es legítimo inquirir en torno a su política, agentes, mecanismos y prácticas, sobre todo cuando la población es testigo de la fugacidad de las más importantes conquistas sociales, laborales, educativas y de salud. En síntesis, es necesario desmonopolizar la política con prácticas concretas que vayan más allá del plano discursivo, crear espacios que posibiliten un ejercicio dialéctico para la construcción de un proyecto que no se alíe al modelo actual.

Alejandro Portes, op. cit.

Debido a la producción industrial el pequeño productor se ve obligado a abandonar su tierra, en ocasiones es forzado a emigrar con toda su familia.

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Efectos de la violencia en la reforma constitucional mexicana de derechos humanos MIGUEL ÁNGEL ALONSO DE LOS SANTOS*

La reforma constitucional en materia de derechos humanos llevada a cabo en 2011 es un avance con efectos institucionales importantes en México. Sin embargo, el fenómeno de la violencia obstaculiza el desarrollo humano como integrante del conjunto de derechos humanos. En el presente ensayo se abordarán estas problemáticas que inciden de manera negativa en el ejercicio de las prerrogativas de las personas.

Introducción Durante 2011 México efectuó dos reformas constitucionales, las cuales se han considerado de gran trascendencia en la administración de justicia.1 Una de ellas fue la reforma al juicio de amparo y al capítulo i del título i constitucional. Se trató de la positivización, en términos jurídicos, de los derechos humanos (a partir de aquí dh) en la Constitución mexi-

*Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

cana, el anterior título se denominaba «De las garantías individuales». Tales modificaciones instauran una apertura a la gama de derechos establecidos en los distintos tratados internacionales de dh, tales como vida, seguridad personal, integridad, salud, vivienda, medio ambiente, etcétera. Sin embargo, el esquema garantista de estos derechos subsiste con un Suprema Corte de Justicia de la Nación, «Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011», 2012, en http://www2.scjn. gob.mx/red/constitucion/inicio.html 1

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modelo de crecimiento que privilegia a ciertas elites y mantiene en desventaja a la mayor parte de la población. La población mexicana ha padecido serias crisis económicas, la más reciente, entre 2008 y 2009. Como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, en México se perdieron 800 mil empleos.2 Las oportunidades disminuyen para las personas que no tienen una seguridad en su empleo, algunas de ellas se dedican a ocupaciones informales, por lo que se incrementa el déficit público.3 Los porcentajes de crecimiento en la ocupación informal aumentaron, en 2009 representó 58.5 por ciento del total del empleo ofrecido. El producto interno bruto (pib), a partir de la crisis, ha tenido menor impacto en la economía que el empleo informal. Norma Samaniego, «La crisis, el empleo y los salarios en México», Economíaunam, vol. 6, núm. 16, 2009, pp. 57-67. 3 El déficit público ha retomado su avance desde finales de la década de 1990 e inicios del siglo xxi. Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2003, p. 9. 2

La venta y el transporte ilegal de drogas ha propiciado que, a partir de 2011, el índice de asesinatos relacionados con el narcotráfico aumente.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (oit) existen dos dimensiones en el fenómeno de la informalidad. En la primera se integran las personas que comercializan algún bien o servicio; sus hogares son fuente de operaciones, por lo que no están registrados en algún padrón. La segunda comprende labores que se llevan a cabo sin tener fundamento que las ampare como actividades lícitas. En ese sentido, la crisis de la violencia se ha hecho presente en México. El grado de pobreza ha originado que ciertos sectores de la población se dediquen a actividades ilícitas como la venta de piratería, negocio que financia al narcotráfico.4 A su vez, la venta y el transporte ilegal de drogas ha significado que a partir de 2011 el índice de asesinatos relacionados con el narcotráfico sea más frecuente. En 2014, autoridades responsables de la seguridad pública hallaron 246 fosas clandestinas. Debajo de la tierra se han encontrado 534 cuerpos, la mayor parte en el estado de Tamaulipas.5 A causa de las Se reportó en 2009 que la banda delincuencial de «La Familia», radicada en el estado de Michoacán, obtuvo ganancias por 27 millones de pesos diarios por la venta de material audiovisual pirata. 5 En Tamaulipas confluyen los cárteles del Golfo y de los Zetas. Arturo Ángel, «Radiografía del narco: cárteles del Pacífico y Jalisco, dominan; Templarios y Zetas se repliegan», Animal Político, 12 de julio de 2016, en http://www. animalpolitico.com/2016/07/asi-se-reparten-carteles-de -la-droga-en-mexico/ 4

diversas modalidades de homicidios, la población mexicana ve disminuida su esperanza de vida en cuatro meses.6 La crisis también afectó al Estado de derecho imperante en México.7 Los jueces en todas sus competencias no han elaborado sentencias más eficaces para proteger a las víctimas sobrevivientes de delitos violentos. Las corporaciones encargadas de investigar y preparar los expedientes, y quienes imparten justicia han sostenido un clima de impunidad. El Índice Global de Impunidad (igi) ubica a México como el segundo país en el mundo con mayor impunidad, sólo detrás de Filipinas. Esta medición involucra aspectos como administración y sistema de procuración de aplicación de justicia, prisiones y protección de los dh.8 Observatorio Nacional Ciudadano (onc), Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014, México, onc, 2014, pp. 228 y 243. 7 El Estado de derecho es definido por la Organización de las Naciones Unidas como «[e]l principio de que todos —desde el individuo hasta el propio Estado— deben ajustarse a las leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia; es un concepto fundamental que impulsa gran parte de la labor de las Naciones Unidas». Organización de las Naciones Unidas, La onu y el estado de derecho, 2016, en http://www.un.org/ es/ruleoflaw/ 8 Juan Antonio Le Clercq, Índice Global de Impunidad México, Puebla, Universidad de las Américas, 2016, pp. 1222. Si bien el Índice Global de Impunidad abarca la administración de justicia y su procuración, su contenido está dirigido a la violencia y a los crímenes que no se castigan, 6

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Se dan reformas que tienden a ser más protectoras de la ciudadanía débil frente al Estado o incluso frente al poder del gran capital.9 Paralelamente, se encuentra la realidad que desnuda la inoperancia de las instituciones encargadas de dar un mayor peso específico e integralidad a los derechos involucrados en la reforma constitucional. En ese sentido, dicha reforma en materia de dh presenta la dicotomía entre sólo ser parte de la integración a un gran imperio jurídico, en términos de Michael Hardt y Antonio Negri,10 por lo que son relevantes exclusivamente los efectos diplomáticos ante la comunidad internacional. O bien, las nuevas disposiciones de dh, en palabras de De Sousa,11 se consolidan como una de las «últimas trincheras» por las cuales se puede defender al más desprotegido, como una oportunidad que tienen los gobiernos democráticos para dar un giro al estado de cosas actual. Al respecto cabe preguntarse, ¿a mayor violencia, hay menores garantías para el ejercicio de los dh? Este escrito plantea que no es suficiente poner en el texto constitucional el reconocimiento de los dh. No obstante la trayectoria de graves violaciones a la integridad de las personas en México y las distintas condenas del sistema interamericano de protección de los dh, mismas que han visibilizado los problemas de trato diferenciado entre sectores de la sociedad y la violencia, tal y como se podrá evidenciar en posteriores líneas, la realidad indica que el marco jurídico es insuficiente para el desarrollo humano.12

México es parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas (onu) desde su formación, en 1945, fecha que coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La onu tiene como objetivos principales la conservación de la paz y seguridad internacional, la preservación del desarrollo sostenible y la creación de un marco protector de los dh para los Estados miembros.13 En ese sentido, una de sus funciones fue la de generar normatividad y establecerse como un gran repositorio de documentación jurídica, en particular en forma de obligaciones para los Estados miembros.14 Asimismo, se dio a la tarea de expandir globalmente su legislación. A partir de ahí, México adquirió diversos compromisos tanto a escala internacional como en derecho interno. Suscribió los más importantes pactos internacionales de dh. En 1981 se adhirió a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y de los derechos económicos, sociales y culturales.15

por lo que se infiere que la impunidad se origina en el sistema penal. Aunque la parte de la protección de derechos humanos podría darse en cualquier materia, no se menciona en ese informe. 9 La nueva Ley de Amparo contempla la protección de particulares contra actos de otros particulares cuando se equiparen a autoridades estatales (Ley de Amparo, artículo 5, fracción ii). 10 Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Massachussets, Harvard University Press, 2000, p. 264. 11 Boaventura De Sousa Santos, Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación, México, Siglo xxi, 2014. 12 De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), el desarrollo humano está más allá de las condiciones económicas de los países, por lo que se entiende

que no se condiciona a tal factor, sino al desenvolvimiento de todas las capacidades posibles de las personas. Se requiere crear un entorno favorable que conlleve a tener una vida larga, saludable, con educación, trabajo digno, etcétera (pnud Guatemala, 2016). 13 Organización de las Naciones Unidas, op. cit. 14 Michael Hardt y Antonio Negri, op. cit., p. 11. 15 Si bien los pactos atienden por materia los dh (civiles y sociales), esto no implica alguna jerarquía entre ellos, sino una clasificación que realizó la onu para una mejor referencia de quien los estudia o los interpreta. Los derechos sociales se dirigen al cumplimiento de satisfactores que impactan en más de un individuo. Por tal motivo, se originó esta clasificación en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mientras que los derechos civiles y políticos se

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La violencia que padece el país es una faceta del cúmulo de problemas; se podrían agregar como ejemplos la clase política corrupta o las instituciones democráticas débiles. De ninguna forma se afirma que el fenómeno de la violencia sea el único aspecto que obstaculiza el cumplimiento de los dh.

Contexto de la reforma constitucional de derechos humanos

En 1948 el Estado mexicano se unió a la Organización de los Estados Americanos (oea); ulteriormente, en 1981 firmó la adhesión al más relevante documento regional en materia de dh, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh); 16 en 1988 al Protocolo adicional a la Convención de San Salvador. Ambos instrumentos de corte a los pactos de la onu. Se establecieron en la cadh dos órganos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones para los Estados miembros: la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (en adelante la Corte). Dichas instituciones constituyen una jurisdicción regional que ha emitido sentencias condenatorias al Estado mexicano. Desde 2004 y hasta 2013 la Corte ha resuelto diez casos contenciosos que tienen efectos condenatorios en contra de México por graves violaciones a los derechos de las personas. Las situaciones más representativas de la violencia que se vive en el país son los casos González y otras o «Campo Algodonero», Rosendo Radilla, Fernández Ortega, y Cabrera García y Montiel. Con relación al expediente de González y otras, se puso de relieve la discriminación estructural por razones de género que se vive en Ciudad Juárez a causa del crimen organizado y su posible complicidad con las autoridades de seguridad pública; asimismo, la precarización del empleo ofrecido por las maquiladoras y su influencia en la descomposición social.17 El exenfocan en primera instancia a la esfera individual de la dignidad humana, aunque la libertad de asociación pudiera ser de índole colectiva. 16 Organización de los Estados Americanos (oea), «Tratados multilaterales interamericanos», 2014, en http://www.oas. org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos.asp 17 Al respecto, el juez Diego García-Sayan en su voto concurrente mencionó: «La violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expresiones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación más extendida en el mundo que va desde expresiones sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas (...) La Corte ha establecido, pues, que no existe ‹una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hechos particulares›». Expediente «Caso González y otras o ‹Campo Algodonero› versus México», Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, p. 154.

pediente de Rosendo Radilla también es significativo en la historia negativa de México concerniente a desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En los 1970 el estado de Guerrero, durante la llamada «guerra sucia», tuvo el antecedente de al menos 275 personas desaparecidas. Una de ellas fue Rosendo Radilla, quien fue detenido el 25 de agosto de 1974 en el municipio de Atoyac de Álvarez. Fue trasladado a las instalaciones de un cuartel militar y después se desconoció su paradero o fin.18 El caso de la señora Fernández Ortega también se asocia al abuso militar en esa entidad. En 2002 un grupo de militares entró al domicilio de la joven indígena, que no hablaba español, y abusó sexualmente de ella.19 El caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores fue el tercero en Guerrero en el que intervinieron elementos del ejército. Cabrera y Montiel, quienes eran reconocidos por su activismo ambientalista, fueron detenidos y torturados en mayo de 1999, además no se respetó el proceso de detención y presentación ante el ministerio público.20 La presión de la jurisdicción interamericana logró que el 10 de junio de 2011 se publicara el decreto por el cual se reformaba el capítulo que hasta entonces llevaba el nombre «De las garantías individuales».

Violencia versus derechos humanos Uno de los temas que más preocupa en México es el ambiente de inseguridad que se vive en diversas urbes y pueblos de su territorio. Se puede apreciar en el cuadro 1 que en el periodo 2012-2014, aproximadamente en 60 por ciento de los homicidios cometidos en el llamado fuero común se utilizaron armas de fuego; si Expediente «Caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos», Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, p. 104. 19 Expediente «Caso Fernández Ortega y otros versus México», Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010, p. 103. 20 Expediente «Caso Cabrera y Montiel», Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010, pp. 102-106. 18

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Entre 2012 y 2014, en 60 por ciento de los homicidios cometidos en el fuero común se utilizaron armas de fuego, tres veces más que en la década anterior.

se compara con los datos de una década anterior, se ha triplicado el número de muertes por disparo. En cuanto a la cifra de homicidios, se aprecia que se encuentra por encima de las 15 mil personas. Cuadro 1. Número de asesinatos y porcentaje de uso de armas de fuego Año

2002

2012

2013

2014

Delitos dolosos

13 148

21 736

18 331

15 653

20%

53%

54%

60%

Utilización de arma de fuego

Fuente: onc, Incidencia en los delitos de alto impacto 2015, México, onc, 2015, p. 38.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) alertan respecto a la preocupación que los mexicanos tienen del rubro de la inseguridad: desde 2012 hasta 2016 ocupa el primer lugar de atención.21 Sin embargo, la infestación de armas en el país no es un resultado espontáneo. Se calcula inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2016, en http://www.beta.inegi. org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2011 / default.html 21

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que diariamente se internan en México 2 mil armas de contrabando por la frontera con Estados Unidos.22 Su destino es la delincuencia organizada o el mercado negro. El cuadro 1 evidencia que los delitos con armas se están trasladando al fuero común, cuando el grueso de esos objetos carece de un registro oficial en México.23 Por supuesto, resulta contradictorio el discurso protector de Estados Unidos relativo a sus fronteras. Guadalupe Correa-Cabrera24 ha documentado que, en ese ánimo protector, la Patrulla Fronteriza ha pasado de 3 mil a 20 mil integrantes para 2010, y que la protección de la frontera ha incluido la construcción de un muro de 600 millas y el uso de tecnología, no Centro de Investigación de Crimen Organizado (cico), In Sight Crime, 2016, en http://es.insightcrime.org/analisis/armas-ilegales-cruzan-frontera-mexico-estados-unidos-cada-dia-informe 23 De acuerdo con entrevistas realizadas por el Observatorio Nacional Ciudadano (onc) las autoridades investigadoras determinan que un arma se utilizó bajo el esquema de delincuencia organizada cuando el calibre corresponde a un arma ak 47 o 9 milímetros. No obstante, el objeto puede estar resguardado en las instalaciones de las procuradurías locales (fuero común), por lo que no hay certeza de cuántas armas empleadas en homicidios corresponden al fuero federal (onc, op. cit., p. 27). 24 Guadalupe Correa-Cabrera, «Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y recomendaciones de política y cooperación regional», Migración y Desarrollo, vol. 12, núm. 22, 2014, p. 154. 22

sólo para deportar migrantes, sino para impedir el tráfico de materiales ilícitos. Pero el discurso protector se enfrenta con el síntoma del «sheriff del planeta» mencionado por Claudio Katz en su libro Bajo el imperio.25 Este autor puntualiza que la violencia interna estadounidense gradualmente se exporta, en conjunto con el uso sin límites de las armas de fuego. Referente al supuesto combate al narcotráfico, los gobiernos intervenidos discretamente (como Colombia y México) sostienen un discurso victorioso; en realidad, lo que sucede es que el narcotráfico cada vez más permea las sociedades e incluso los aparatos gubernamentales.26 Esa exportación de la cultura de la violencia actúa como un frente de sometimiento del nuevo imperio que responde al capitalismo como un medio de control coercitivo de las regiones clave de América Latina. Sin embargo, el gran capital no exporta únicamente inestabilidad en los países, en el caso de Colombia ha servido para contener los pequeños posibles estallamientos revolucionarios, a la par de políticas públicas que sosiegan el enojo de los campesinos.27 La táctica imperial también genera pobreza al interior de los países latinoamericanos para crear presiones en las negociaciones de libre comercio y obligar a los países en desventaja a ceder lo más posible, ello no tan sólo causa asimetrías de intercambio, sino también un desarrollo desigual.28 En ese sentido, Marx sostiene que la acumulación de capital invariablemente Claudio Katz, Bajo el imperio, Bogotá, Digiprin, 2011. Ibid., p. 116. Diversos gobernadores de las entidades federativas en México tienen vínculos con el narcotráfico, se sabe por los medios de comunicación de Fausto Vallejo con «Los caballeros templarios» en Michoacán; Humberto Moreira y Javier Duarte con «Los Zetas» en Coahuila y Veracruz, respectivamente; el jefe de la policía designado por Mario López Valdez en Sinaloa está entre los más buscados por la Procuraduría General de la República. 27 Henry Veltmeyer y James Petras, «Imperialismo y capitalismo: repensando una relación íntima», International critical thought, official publication of the Chinese academy of social science, vol. 5, núm. 2, 2007, p. 29. 28 David Harvey, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004, p. 107. 25

ocasionará masas de pobres: los de distintos niveles, los que apenas pueden generar ingresos, algunos al margen del Estado de derecho y por supuesto los totalmente desvalidos. El delito de secuestro comprende una de las tasas con mayor crecimiento en México. De 2012 al primer trimestre de 2015 las autoridades registraron 320 secuestros que tuvieron como resultado el homicidio de la víctima. Lo que resulta dramático es la ocupación que anteriormente tenían las personas secuestradas. El cuadro 2 muestra que la mayor parte de los secuestrados no tenía una ocupación que generara altos ingresos, por el contrario, eran comerciantes, empleados y estudiantes. Esto evidencia que hay una doble victimización de los sectores con menos ingresos. Desde luego no se afirma que unos sectores o clases sean merecedores de un delito tan grave y traumatizante. Lo relevante es que los grupos menos favorecidos en ingresos carecen de acceso a derechos como la seguridad social, vida, vivienda, escuela o trabajo en zonas con seguridad pública. Asimismo, se denota que la violencia en estos casos también trunca el desarrollo humano. Paralelamente, la violencia revela desigualdades en zonas dentro de las urbes. El gran capital, ya sea financiero o corporativo, se apropia de espacios y los hace más seguros, pero deja a la masa empobrecida las zonas más inseguras donde las bandas delincuenciales actúan con funciones de policía. Al respecto, el Estado tiene un papel fundamental como agente de la dinámica del capital global: planifica como administrador del territorio cuáles áreas se encuentran dentro del círculo del progreso.29 Es conveniente referir que si el capital no halla las condiciones adecuadas huye sin algún escrúpulo y «deja tras de sí un lastre».30

29 30

Idem. Ibid., p. 98.

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De 2012 al primer trimestre de 2015 se registraron 320 secuestros que tuvieron como resultado el homicidio de la víctima.

Cuadro 2. Ocupación de víctimas secuestradas con resultado de homicidio Ocupación Comerciante

Porcentaje 24%

Empleado

17%

Estudiante

12%

Fuente: onc, op. cit., p. 195.

Conclusiones La reforma constitucional en materia de dh se deriva de fuertes presiones efectuadas por el sistema interamericano de la materia y, por supuesto, de la sociedad civil que ha dado a conocer los casos ante la Corte. Si bien es cierto que la modificación al artículo 1 de la Constitución indudablemente tiene como antecedente la estandarización de los sistemas jurídicos por parte de la onu, resulta ser un medio para la protección de las personas. Se advierte que aunque los dh son un freno jurídico frente al Estado, asimismo lo es que ese conglomerado jurídico se circunscribe a las directrices de los gigantes que gobiernan en térmi-

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nos de lo aludido por Michael Hardt y Antonio Negri; sin embargo, como se indicó en el apartado del contexto de la reforma constitucional de dh, en su vía formal han colaborado para visibilizar las enormes injusticias provocadas por el clima de violencia que se vive en el país. El combate al narcotráfico a través de la militarización es la actividad gubernamental que más víctimas ha dejado. De manera puntual la entidad federativa donde se repiten estas transgresiones es Guerrero. En dicho estado el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos de manera forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y las sospechas van dirigidas al propio Ejército. El mismo cuerpo de vigilancia que desapareció a Rosendo Radilla, que violentó a la señora Fernández Ortega, y que enjuició de forma indebida a Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores para encubrir un homicidio. Lo que demuestra la serie de sentencias emitidas contra México y la situación actual es que la violencia está ganando la batalla.

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Pobreza, población indígena-campesina y migración internacional en Hidalgo, México JOSÉ ERIK GÓMEZ CRUZ*

El texto examina la relación entre pobreza, población indígena-campesina y migración internacional en los municipios con un grado de intensidad migratoria muy alto en el estado de Hidalgo. De dicho análisis se ha concluido que los municipios estudiados enfrentan graves problemas sociales (como la pobreza) que se agravan cuando sus habitantes son indígenas.

Introducción La migración internacional originada en Hidalgo hacia Estados Unidos se compone principalmente de población indígena-campesina, la cual pone a disposición de otros lo único que tiene: «su fuerza de trabajo».1 El estado de Hidalgo es considerado una entidad emergente en el tema migratorio, además de ubicarse en los primeros lugares en marginación, con población en situación de pobreza y población indígena. En 2010 Hidalgo ocupó el quinto lu-

* Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

gar en el país en intensidad migratoria, por lo que superó a estados tradicionales en el fenómeno como Durango y Jalisco. Los cinco primeros lugares en intensidad migratoria son Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit (de la región tradicional) e Hidalgo (de la región centro).2 Carl Marx, «La llamada acumulación originaria», en El capital, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1975. 2 Consejo Nacional de Población (Conapo), Intensidad migratoria a nivel estatal y municipal, Ciudad de México, 1

De acuerdo con la información previa, las fuentes de empleo en Hidalgo son insuficientes con relación a la demanda de trabajo de las personas en edad laboral y al igual que en el resto del país los salarios son muy bajos. Ante tal situación el «campesino-indígena pobre» ha tenido que abandonar sus tierras para irse a trabajar a Estados Unidos, un país capitalista y hegemónico en el mundo. Se trata de una migración forzada, del campo a la ciudad. En términos internacionales, habitantes de pueblos originarios de Hidalgo viven en Anaheim (California), Dallas (Texas), Clearwater (Florida), Nashville (Tennessee) y Raleigh (Carolina del Norte).3 Secretaría de Gobernación, 2012, pp. 33-44, en http:// www.conapo.gob.mx/work/models/conapo/intensidad_ migratoria/pdf/iim _Estatal_y_Municipal.pdf 3 Erick Gómez Cruz, Los invisibles. Hijos de migrantes en Cardonal, Hidalgo, Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2013, en http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/ bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/1876/ los %20 i n v i s i bl e s .%20 h i jo s %20 de %20 m igr a n t e s %20 e n %20 cardonal%2c%20hidalgo..pdf?sequence=1&isAllowed=y

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El objetivo de este artículo es identificar la relación entre pobreza, población indígena-campesina y migración internacional en 13 municipios de Hidalgo, identificados con muy alto grado de intensidad migratoria según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).4 Se parte del supuesto de que dichos municipios, principales expulsores de migrantes internacionales hacia Estados Unidos en la entidad, tienen elevados porcentajes de población en situación de pobreza y en algunos casos numerosa población indígena, pues pertenecen a pueblos originarios. Cabe mencionar que prevalecen las actividades del sector agropecuario, aunque la tendencia en el país es el incremento en el sector servicios. El trabajo se organiza en cuatro apartados: 1) definición de los conceptos pobreza, población indígena, población campesina y migración forzada; 2) exposición breve de la migración del campo a la ciudad, fenómeno que data del siglo xvi; 3) análisis de las posibles conexiones entre pobreza, pobreza extrema, hablantes de lengua indígena y el sector laboral agropecuario en los 13 municipios con muy alto grado de intensidad migratoria para el año 2010; 4) conclusiones y propuesta para mejorar la situación de los municipios afectados por el fenómeno migratorio en las últimas décadas.

Migración forzada, pobreza, población indígena y campesina Resulta indispensable definir cada uno de los conceptos esenciales empleados en este texto, con la finalidad de explicar su vínculo con los municipios inmersos en un contexto de migración internacional. Más que una definición exacta al concepto de migración forzada, se enuncian aproximaciones y elementos para entender las migraciones contemporáneas, más allá de una visión neoclásica. Consejo Nacional de Población (Conapo), Índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010, México, Conapo, 2012. 4

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La emigración forzada emerge entonces como la respuesta individual y familiar obligada por las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales adversas para garantizar la subsistencia y reproducción social en el lugar o región de residencia.5

Entonces, la migración es una imposición, más que una decisión libre y racional: Las migraciones forzadas tienen [cuatro] características en común: a) se verifican en los planos nacional e internacional, preponderantemente desde las regiones deprimidas de las periferias con destino a regiones relativamente más avanzadas de las periferias o los centros; b) afectan primordialmente a los sectores vulnerables, pobres y excluidos que no disponen de basamentos materiales y subjetivos para garantizar la supervivencia o alimentar una expectativa de vida decorosa; c) generan una sobreoferta de trabajo barato y desorganizado que es aprovechada por empleadores y corporaciones interesadas en abaratar costos; y d) alimentan los mecanismos de exportación directa e indirecta de fuerza de trabajo, poco calificado y de alta calificación.6

Hablar de migración forzada en México es acertado porque la mayoría de la población que sale del país emprende el viaje a Estados Unidos, una nación desarrollada. Los más afectados son los habitantes pobres de los lugares de origen, quienes carecen de alternativas para su desarrollo, constituyen únicamente mano de obra barata para el capital, tienen bajos niveles educativos y son considerados poco calificados. En México, el organismo encargado de medir la pobreza es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La Humberto Márquez Covarrubias, «Desarrollo y migración: una lectura desde la economía política crítica», Migración y Desarrollo, vol. 8, núm. 14, 2010, p. 73. 6 Humberto Márquez Covarrubias y Raúl Delgado Wise, «Una perspectiva del Sur sobre capital global, migración forzada y desarrollo alternativo», Migración y Desarrollo, vol. 9, núm. 16, 2011, p. 21. 5

pobreza ocurre cuando el ingreso para la adquisición de bienes y servicios que satisfagan necesidades alimentarias y no alimentarias es insuficiente. En tanto, la pobreza extrema se presenta cuando una persona dedica por completo su ingreso para la adquisición de alimentos y resulta insuficiente para consumir las calorías necesarias para una vida sana; además, posee tres o más carencias y se encuentra por debajo de la línea de bienestar básico.7 Concerniente a las definiciones de población indígena y campesina, se recurrió a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi). Al respecto, la población indígena es aquella que habla alguna lengua indígena, mientras que la población campesina es la que se dedica al secConsejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Medición de la pobreza, 2014, en http:// www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

tor agropecuario. Asimismo, el campesino es aquel que se dedica a la producción de alimentos por parte de pequeñas explotaciones familiares [en el campo], principalmente para la subsistencia, pero de forma secundaria para obtener una ganancia económica a través de la venta de los excedentes.8

La pobreza extrema se presenta cuando una persona dedica por completo su ingreso para la adquisición de alimentos y resulta insuficiente para consumir las calorías necesarias para una vida sana.

Una vez definidos los conceptos básicos utilizados en las variables de cohorte cuantitativo, es menester aclarar que la migración del campo hacia la ciudad no es nueva. En el capítulo xxiv «La llamada acumulación originaria», de El capital, se expone cómo con el nuevo sistema de producción capitalista, desde el siglo xvi en Inglaterra, al campesino se le obligó a dejar sus tierras para irse a trabajar a la ciudad, a

8 Walden Bello, Food wars: crisis alimentaria y políticas de ajuste estructural, Virus Editorial, 2012, p. 39.

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La migración internacional de los municipios hidalguenses es una migración forzada por cuestiones económicas: las desigualdades se incrementan y los pobres no tienen otra opción más que emigrar.

las fábricas, es decir, el campesino se convirtió en obrero y comenzó a explotarse su fuerza de trabajo.9 A finales del siglo xx y comienzos del xxi sucedió en Hidalgo una gran migración de campesinos hacia el norte, sobre todo población en situación de pobreza que fue obligada a dejar sus tierras con la intención de laborar en la construcción y el campo, desempeñándose en los trabajos más duros para el ser humano. Ahora son obreros y asalariados. Se fueron a un país «desarrollado» donde son superexplotados y expuestos a condiciones laborales de alto riesgo, sin ningún tipo de seguridad social. Además, viven con preocupación y temor constantes por posibles deportaciones de parte de las autoridades de ese país.

Análisis de la relación entre migración, pobreza, población indígena y campesina En este apartado se examinan de modo general los datos presentados en el cuadro 1, el cual exhibe a los 13 municipios hidalguenses con muy alto grado de intensidad migratoria. Las variables usadas en cada municipio son: a) porcentaje de la población en condición de pobreza, b) porcentaje de la población en condición de pobreza extrema, c) porcentaje de población hablante de lengua indígena, d) porcentaje de población en el sector agropecuario considerada campesina. En todos los casos, de acuerdo a Coneval,10 se trata de municipios donde más de la mitad de la población (entre 50 y 85 por ciento) se encuentra en situación de pobreza. Los tres municipios con los porcentajes más altos Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), op. cit. 10

Carl Marx, op. cit.

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Cuadro 1. Municipios con muy alto grado de intensidad migratoria en Hidalgo, 2010. Núm.

Municipio

Porcentaje de población pobre

Porcentaje de población en pobreza extrema

Porcentaje de población hablante de lengua indígena

Sector laboral: sector agropecuario

Tasquillo

55.6

13.3

34.2

23.0

74.5

24.0

2.2

28.2

Pacula

Huasca de Ocampo

57.5

12.4

0.5

19.6

Nicolás Flores

78.6

28.4

50.5

35.6

Jacala

62.8

12.3

52.6

24.5

La Misión

85.3

37.4

0.3

52.85

Pisaflores

78.3

30.9

0.7

37.3

Cardonal

58.8

11.3

59.8

18.0

Tecozautla

73.0

17.5

6.7

36.4

Zimapán

60.2

12.4

9.3

7.4

Tlahuiltepa

75.8

28.1

0.5

58.5

Acatlán

71.0

23.0

0.3

39.4

Atotonilco el Grande

59.6

13.1

0.6

16.6

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi, Censo de Población y Vivienda 2010, en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/; Consejo Nacional de Población (Conapo), Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos, 2010, en http://www.conapo.gob.mx/swb/conapo/ Indices _ de _ intensidad _ migratoria _ Mexico-Estados _ Unidos _ 2010; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (Coneval), Medición de la Pobreza en México 2010, a escala municipal, Ciudad de México, 2010, en http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/ Informacion-por-Municipio.aspx; inegi, «Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015».

de pobreza y pobreza extrema son: La Misión, Nicolás Flores y Pisaflores. En La Misión, 9 de cada 10 son pobres (véase cuadro 1). La variable de población indígena indica que no en todos los municipios hay altos porcentajes de este grupo; sin embargo, en tres de ellos (Cardonal, Jacala y Nicolás Flores) más de 50 por ciento habla alguna lengua indígena. La población indígena se incrementa al analizar los resultados de la población que se autoadscribe como indígena; es decir, después de varias décadas se reconoce oficialmente como indígenas a quienes provienen de los pueblos originarios, que no necesariamente hablan una lengua indígena pero sí se reconocen como tales. De nueva cuenta se hace visible una población que ha sido subordinada y marginada por el Estado. Datos del inegi muestran que los municipios con los porcentajes más altos de trabajadores en el sector agropecuario son: Tlahuil-

tepa, La Misión y Acatlán. Zimapán, municipio caracterizado por la minería, cuenta con la menor cifra en ese sector. En contraste, la industria de los servicios ha crecido en el nivel nacional11 y sólo unos cuantos se resisten a abandonar el campo (véase cuadro 1). Sobresalen Nicolás Flores, Jacala y Cardonal porque más de la mitad de su población es indígena. Sucede una migración internacional de «indígenas pobres», quienes salen a otro país en busca de un empleo con mejores salarios que les permitan a ellos y a sus familias sobrevivir ante un modelo económico neoliberal que empobrece y excluye a los pueblos originarios de Mesoamérica.

11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), «Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015», 2015, en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/ especiales/intercensal/

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Una política dirigida al campo daría mayores y mejores oportunidades a los campesinos y la población indígena para vivir dignamente.

Reflexiones finales La migración del campo hacia la ciudad no es un tema reciente; no obstante, sí constituye una novedad en el estado de Hidalgo, pues desde finales del siglo xx e inicios del xxi se ha elevado el número de campesinos que ha emigrado a Estados Unidos. En la actualidad Hidalgo ocupa el quinto lugar nacional en una migración campo-ciudad en términos internacionales. Con los datos presentados se constató que la migración internacional de los municipios con muy alto grado de intensidad migratoria en Hidalgo se relaciona fundamentalmente con municipios con elevados porcentajes de población en situación de pobreza y pobreza extrema, más allá de si su población es indígena o campesina. Ello revela que se trata de una migración forzada por cuestiones económicas, puesto que el sistema capitalista sigue afectando a los más pobres y las desigualdades aumentan; de manera que las personas no tienen otra opción más que emigrar, a pesar de los peligros en la frontera norte, donde miles de mexicanos

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han muerto (se estima que de 1993 a 2005 fallecieron entre 4 mil 298 y 5 mil 29).12 Es prioritario que exista una política pública que atienda a todos los municipios con muy alto grado de intensidad migratoria en México, así como brindar fuentes de empleo e incrementar los ingresos económicos de los habitantes para que puedan superar la pobreza en la que se encuentran y que su única alternativa no sea emigrar. De igual forma, sería benéfico implementar programas de rescate al campo mexicano, desmantelado por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) con Canadá y Estados Unidos, que sólo elevó la pobreza extrema rural al generar una dependencia alimentaria del norte.13 Una política dirigida al campo daría mayores y mejores oportunidades a los campesinos y la población indígena para vivir dignamente. Guillermo Alonso Meneses, «Las estimaciones sobre el volumen de la migración y las muertes de los migrantes», en El desierto de los sueños rotos, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 2013, p. 197. 13 Kevin Gallagher y Timothy A. Wise, «Hacia una reforma de la política comercial para América del Norte: las lecciones del tlcan», Programa de las Américas, 2009. 12

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Migraciones indocumentadas.

Proceso de acompañamiento en países de tránsito JORGE ANTONIO MORALES CARDIEL* En los albores del siglo xxi, México y Marruecos atraviesan por un nuevo paradigma migratorio, lo más sobresaliente de este hecho es el cambio con relación a sus patrones migratorios: de ser los tradicionales países de expulsión se convirtieron en lugares de tránsito de las migraciones indocumentadas. Dicho incremento de migrantes en situación irregular y las subsecuentes violaciones a sus derechos humanos demuestra la incapacidad de los gobiernos en el manejo de las políticas públicas hacia la migración indocumentada. El proceso de acompañamiento ha sido desarrollado por organizaciones no gubernamentales (ong) de corte confesional o laico a favor de los derechos humanos de los migrantes.

Análisis de temas críticos Antecedentes La nueva fase de la migración que une a México y Marruecos pretende alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico, al circunscri-

* Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

birse en el modelo neoliberal que dictaminan las regiones más desarrolladas: en el caso de México, la región correspondiente a América del Norte (Estados Unidos a la cabeza); y respecto a Marruecos, la Unión Europea (España como puerta de entrada). Son ellos quienes dictaminan las directrices políticas hacia sus vecinos del sur, mediante el decreto de las medidas adoptadas para vigilar y persuadir a los contingentes de personas que intentan atravesar sus territorios. Lo anterior conlleva la asimilación de un control externalizado de

fronteras en constante detrimento de los derechos humanos. En estos sistemas migratorios contemporáneos que han evolucionado hasta tener como punto de inflexión los países de tránsito se refleja el desarrollo de un proceso de reestructuración económica de la globalización neoliberal desde la periferia del mundo subdesarrollado hasta el norte desarrollado. Ahí la inmigración no se entiende como un proceso de reestructuración de la sociedad pese a estar sujetos a una rápida transformación socioeconómica, representada por el cambio del patrón migratorio. La política migratoria de los países de destino hacia los de tránsito se caracteriza por el control restrictivo de la inmigración indocumentada, lo que confirma el menoscabo de los derechos humanos de los migrantes de un tercer Estado.

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La situación de los derechos humanos hacia la inmigración irregular muestra retos importantes en términos de la lógica jurídica y política de las legislaciones internas, ante el déficit de la nota de universalidad, pues sólo se consagra como derecho universal el derecho a salir y regresar al propio Estado de origen, pero no queda plasmado el derecho a asentarse en el Estado que se elija libremente. Una consigna que más allá del célebre derecho humano universal a la libre movilidad arroja una reflexión fundamental en torno a si en efecto existe la intención de dotar de los derechos más elementales al migrante durante el tránsito hacia su destino, y si tales derechos humanos no erosionan la legitimad del Estado ante la incapacidad de controlar de modo adecuado esos flujos de migración. Semejante yuxtaposición entre la soberanía del Estado y el derecho al libre tránsito es un hecho que precariza aún más la situación de los migrantes centroamericanos y subsaharianos en México y Marruecos. Saskia Sassen 1 considera que tales principios, al asentarse en esta doble base (interna y externa), propician que el régimen de derechos humanos opere de manera parcial dentro de cualquier Estado nacional. No obstante, el Estado sigue representando un papel esencial en la elaboración y aplicación de las políticas de inmigración. Las ong, delegaciones religiosas u organizaciones laicas o un conjunto de ambas, muestran mayor comprensión hacia los migrantes indo-

Fundamentación teórica

cumentados, incluso cada vez se involucran más, a medida que incrementa el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Según Saskia Sassen, la creciente capacidad de las ong para plantear reivindicaciones hacia los derechos humanos se debe a que forman parte de la nueva configuración del orden internacional, cuyas implicaciones trascienden los límites del Estado.

saria compañía. De acuerdo con Maurizio Pontin, la defensa de los derechos humanos para la Iglesia se centra en las doctrinas basadas en la fe que priorizan la caridad frente al desprotegido.2 En suma, tales actores enfocan su proceso de acompañamiento en las necesidades y preocupaciones del individuo, con el propósito de que recuperen la dignidad y la esperanza de frente al futuro.3

Concerniente al concepto del acompañamiento, un tratamiento específico del término se encuentra en la Real Academia Española. Si bien dichas definiciones se caracterizan por su subjetividad y rigurosidad, representan un adecuado precedente para analizar el significado de una palabra que llega a convertirse en concepto de estudio. En ese sentido, indica que se refiere a la acción o efecto de acompañar o gente que va acompañando a alguien (nada nuevo en realidad); otra mención más profunda y adecuada es la que alude a un sostén o auxilio armónico. Este soporte en el proceso de acompañamiento hacia los grupos de personas más vulnerables, como los migrantes indocumentados, es un servicio de asistencia humanitaria y empoderamiento legal de especial alcance que prioriza el acompañamiento en un nivel personal. Tal como lo sugiere la práctica de servicio humanitario, el acompañamiento es en sí mismo un conjunto de actitudes, principios y valores congruentes con la realidad del migrante, donde la hospitalidad y la solidaridad son los más destacados. No obstante, las instituciones que prestan estos servicios de acompañamiento (ong) se desprenden de la sociedad civil u organizaciones confesionales que forman parte de diversos grupos religiosos, incluso intentan ir más allá de la mera prestación de servicios asistenciales, ya que en la mayoría de los casos ofrecen una muy nece-

Maurizio Pontin, «Iglesia y migraciones latinoamericanas», Colombia, cepam cim, 1992. 3 Joe Hampson, Thomas M. Crea, Rocío Calvo, Francisco Álvarez, «El valor del acompañamiento. La fe y las respuestas 2

Saskia Sassen, ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, España, Edicions Bellaterra, 2001.

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Un aspecto fundamental del acompañamiento hacia el migrante indocumentado es atenuar el enorme vacío de poder de las instituciones gubernamentales sobre el territorio. Para que el proceso de acompañamiento sea verdaderamente sustancial, los grupos encargados de implementarlo deben poseer fuertes lazos locales con las comunidades de acogida, es decir, pertenecer al territorio como actores locales clave, hecho que acentuará los necesarios valores de hospitalidad y solidaridad. Por su parte, Montse Ventura4 sostiene que afrontar el acompañamiento supone primero, una vez asimilada la relación entre los actores involucrados, entender la interacción entre las partes; segundo, respetar la diversidad y unidad a fin de potenciar la facultad de hacerse cargo de problemas específicos. La Organización Internacional de las Migraciones (oim)5 hace diversas recomendaciones asociadas a las al desplazamiento», Migraciones forzadas, núm. 48, 2014, pp. 7-8. 4 Montse Ventura, «Asesorar es acompañar», Profesorado, vol. 12, núm. 1, 2008, pp. 1-14. 5 Organización Internacional de las Migraciones (oim), Elementos para la incorporación del enfoque psicosocial en la atención, asistencia y reparación a las víctimas, Bogotá, oim-Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014.

perspectivas de género o el curso vital de los grupos étnicos, con el objetivo de definir la forma de acompañamiento y evitar generalizaciones en la comprensión de casos. Potenciar las formas del compromiso que representa el acompañamiento significa fortalecer la capacidad de ir hacia adelante, de tener el valor para defender lo que se considera crucial. Incluir todos esos aspectos en el proceso de acompañamiento implica también recuperar aspectos emocionales trascendentales de la vida. Trazar una línea desde las políticas públicas restrictivas y las prácticas xenofóbicas sociales a fin de que comience a emerger una multitud de sugerencias que posibilite hacer las cosas de manera reflexiva. En síntesis, tal como refiere Montse Ventura, acompañar es de igual modo asesorar,6 pero ello no se po-

Organizaciones no gubernamentales, religiosas, laicas o un conjunto de ellas, son las que tienen una mayor comprensión hacia los migrantes indocumentados en la medida que ellos padecen más violaciones a los derechos humanos.

dría realizar sin ser solidario en el camino, sin empoderar al migrante para devolverle el control sobre su destino y la dignidad arrebatada durante el tránsito migratorio. El concepto de empoderamiento es un principio que busca fortalecer las capacidades de las personas migrantes al devolverles la autoconfianza, la responsabilidad y la autonomía, 6

Montse Ventura, op. cit.

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luego de que han sido víctimas de sistemáticas violaciones a sus derechos elementales; se pretende que puedan tomar nuevamente decisiones y que impulsen un cambio positivo con respecto a la situación en la que se encuentran.7 El empoderamiento para la oim es una acción reparadora que se desprende del enfoque psicosocial de atención a las víctimas de daños y perjuicios a la dignidad humana. Fernando Vidal y Julio Luis Martínez sostienen que el empoderamiento está ligado al papel que desempeña la religión en la identidad del individuo, consideran que el sujeto cuenta con cinco activos de empoderamiento: resiliencia, relaciones, bienes, derechos y representaciones.8 Destacan los fenómenos de reconocimiento de la sociedad de acogida y sus 7

Migraciones subsaharianas en Marruecos.

oim, op. cit.

Fernando Vidal y Julio Luis Martínez, Religión e integración social de los inmigrantes: la prueba del ángel, España, ceim/Universidad Pontificia de Comillas, 2006. 8

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dinámicas solidarias en las que el migrante se ha logrado integrar. El incremento de migrantes en situación irregular por los países de tránsito, México y Marruecos, demuestra la incapacidad en el manejo de las políticas públicas hacia la inmigración indocumentada. Asimismo, pone en entredicho el reconocimiento de los gobiernos de ambos países el haber suscrito tratados internacionales que reconocen los derechos humanos del migrante. Adicionalmente, fragmentan la clásica línea dura gubernamental en términos de política fáctica ante el arribo de más migrantes en situación irregular; resalta, en particular, la falta de gobernanza existente sobre el territorio. A partir del tratamiento de la ilegalidad del migrante por parte de los gobiernos mexicano y marroquí, el asunto se ha conducido únicamente desde el punto de vista de la migración como una condición impuesta dentro

del marco normativo legal cuando no se puede cumplir con ciertas normas establecidas, por ejemplo, carecer de documentos que acrediten la estancia en el país. Esta realidad se ha recrudecido por quienes dictaminan las medidas para vigilar y persuadir a los contingentes de personas que intentan atravesar esos territorios. En la última década, este proceso a favor de los derechos humanos ha sido desarrollado por las ong, sean confesionales o laicas; además tiene su origen en un aspecto predecible: el fracaso de las políticas públicas hacia la migración de control fronterizo, que llevó a las autoridades gubernamentales a que se centraran en regulaciones del volumen y origen de los flujos de migrantes. Derivado de lo anterior surgen los siguientes cuestionamientos: ¿qué significa el acompañamiento dentro de las migraciones indocumentadas de tránsito y qué relación posee con el empoderamiento del migrante? ¿En qué medida la articulación y coordinación entre las organiza-

ciones a favor de los derechos de los migrantes indocumentados, localizadas en diferentes puntos del tránsito migratorio, generan un grado de solución a los problemas de violación de los derechos humanos y cómo pueden desembocar en la generación de una mayor gobernanza territorial? ¿Qué dificultades manifiesta el desarrollo de las acciones encaminadas hacia el acompañamiento para atender la migración indocumentada en tránsito, en qué nivel o fase de empoderamiento y gobernanza territorial se encuentra y cuáles han sido sus principales aportaciones en este sentido?

Justificación La realidad sociopolítica de las autoridades al no cumplir con los principios de gobernanza territorial ha condenado a los migrantes a la ilegalidad. Complementariamente ha provocado que reaparezcan en escena actores locales que cuentan con distintos fundamentos y que se han

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Ruta del tren entre Chiapas y Oaxaca, 25 de abril de 2014. Fotografía: Organización Internacional para las Migraciones

mostrado más activos en el tratamiento de las inmigraciones no autorizadas al asumir visiones pluralistas y flexibles respecto a la migración bajo el esquema de los derechos humanos. Su organización se vuelve indispensable en la medida en que el vacío de poder dejado por el Estado sigue creciendo. Las organizaciones insertas en este escenario humanitario de acompañamiento se encuentran familiarizadas en diferentes grados con el entorno local por donde se realiza el desplazamiento de las inmigraciones no autorizadas. Por ende, deben conocer bien a las personas y las necesidades de las comunidades en las que estén instalados, con el objeto de propiciar mejores prácticas en función de la gobernanza territorial. Aunado a ello deben contar con una base empírica sobre el terreno. Tales son los casos de la Casa del Migrante de Saltillo, la Casa Emaús de Ciudad Acuña, la 72 de Tenosique o Camino a la Vida de Aguascalientes, el fm4 de Guadalajara, entre muchas otras a lo largo y ancho del país. En una visión más amplia, el acompañamiento parece arrojar indicios cada vez más

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claros acerca de la prevalencia de una perspectiva comunitaria de ciertos grupos de la sociedad civil y de grupos voluntarios confesionales hacia el migrante indocumentado en tránsito, quienes se encuentran en vías de transformar su papel haciéndolo cada vez más activo, con relación a los migrantes en los procesos de toma de decisiones y de empoderamiento, en términos de la formulación de soluciones. El proceso de acompañamiento y empoderamiento de los nuevos actores de la sociedad civil, confesional o laica, lleva implícito la veracidad y la honradez de la función preponderante de las instituciones públicas en la defensa de los derechos humanos de los migrantes sin documentos. De igual modo, evidencia una absoluta carencia de acciones políticas y sociales ante una situación de crisis humanitaria. Concerniente a los casos de México y Marruecos, no es posible dilucidar dicho fenómeno, no tanto por la ausencia de leyes o reglamentos suscritos a favor de los derechos humanos, sino por la falta de voluntad, la corrupción sistémica y el autoritarismo.

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Neoliberalismo: el arte de homogeneizar el arte CITLALY AGUILAR SÁNCHEZ* Se debate sobre la estética del capitalismo que homogeneiza todo haciéndolo pasar por artístico. El arte, particularmente la literatura, se propone como una alternativa para el desarrollo dado que por medio de la sensibilización humana permite recuperar la individualidad y a la par genera empatía con la comunidad.

Según Gilles Lipovetsky y Jean Serroy el capitalismo es un sistema incompatible con una vida estética digna de este nombre, con la armonía, la belleza, la satisfacción [dado que] la economía liberal destruye los elementos poéticos de la vida social; produce en todo el planeta los mismos paisajes urbanos fríos, monótonos y sin alma (...), se tiene la sensación de que estar aquí es como estar en cual-

robotización del planeta iniciaban apenas su desenfreno. Desde finales del siglo xx ya no se escriben extensas novelas de más de 500 páginas, sino esquirlas que dejan apenas entrever una realidad fragmentada, desoladora y con tendencia hacia la autodestrucción.2 Cada vez hay menos lectores, ello explica que el neoliberalismo entrara en vigor, dentro de la fase más aguda del capitalismo, cuyo paralelo en el arte es la hipermodernidad.

quier otra parte.1 Ya no estamos en la época en que la producción

* Estudiante, Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

Esto ha provocado que el mundo se haya ido ajustando a la estética del capitalismo y no viceversa. El arte, cuyos principios clásicos se fun-

industrial y la producción cultural remitían a uni-

daban principalmente en la armonía y el goce, se ha ido sumando a la consolidación de una belleza efímera, desechable. En el caso de la literatura, a partir de la década de 1980, los escritores, jóvenes en su mayoría, comenzaron a proponer hechuras breves, simulando el lenguaje autómata, pues la computación y la

pregnados, penetrados, remodelados por ope-

versos separados, radicalmente inconciliables; estamos en el momento en que los sistemas de producción, distribución y consumo están imraciones de naturaleza fundamentalmente estética. El estilo, la belleza, la movilidad de los gustos y las sensibilidades se imponen cada día más como imperativos estratégicos de las marcas: lo que define el capitalismo de hiperconsumo es un modo de producción estético. En las industrias de Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz, Hipertexto y literatura: una batalla por el signo en tiempos modernos, Bogotá, Centro Editorial Javeriano, 1999. 2

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La estetización del mundo, Barcelona, Anagrama, 2013, p. 8.

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consumo, el diseño, la moda, la publicidad, la decoración, el

la cultura, lo comercial y lo creativo, la cultura de las masas y

cine, el mundo del espectáculo crean en masa productos car-

la alta cultura: desde este momento, en las economías de la

gados de seducción, promueven afectos y sensibilidad, orga-

hipermodernidad estas esferas se hibridan.4

nizan un universo estético proliferante y heterogéneo mediante el eclecticismo de estilos que se despliega con él.3

Lo anterior tiene una suerte de estrategia aparentemente impenetrable, puesto que

Walter Benjamin explica que el capitalismo y sus mecanismos de producción han modificado la percepción del arte en la sociedad: La extracción del objeto fuera de su cobertura, la demolición

al crear un paisaje económico mundial caótico estilizado el

del aura, es la rúbrica de una percepción cuyo «sentido para

universo de lo cotidiano, el capitalismo no es tanto un ogro

lo homogéneo en el mundo» ha crecido tanto, que la vuelve

que devora a sus propios hijos, [por lo que] estamos en un

capaz, gracias a la reproducción, de encontrar lo homogé-

ciclo nuevo caracterizado por una relativa desdiferencia-

neo incluso en aquello que es único.5

ción de las esferas económicas y estéticas, por la desregulación de las distinciones entre lo económico y lo estético, la industria y el estilo, la moda y el arte, el pasatiempo y

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, op. cit., p. 10. Walter Benjamin y Alicia Entel, La obra de arte en la era de su reproductividad técnica y otros textos, Argentina, Ediciones Godot, 2012, p. 25.

5 3

Ibid., p. 9.

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Desde la hipermodernidad, la sensibilidad humana es confundida con un placer instantáneo, satisfecho al instante en su propia aniquilación. Debe hacerse una pausa y cuestionarse la función del arte, en particular la literatura como generadora de desarrollo. Dentro de las alternativas para el desarrollo, tal como lo constata la crítica de Eduardo Gudynas,6 se requiere de una reconfiguración del mundo en la que la conciencia ambiental, la comunidad y el hombre sean la prioridad. Sin embargo, eso no sería posible si el hombre ha perdido sensibilidad, puesto que a través de ella puede empatizar con la naturaleza y la otredad, esta última facilita el desarrollo humano y deshace la homogeneización. La sensibilidad ha sido relegada por un sistema cuyas dinámicas positivistas privilegian los aspectos matemáticos y cuantificables, pero en su esencia rechazan lo humano como una manera de mecanizar la humanidad; lo humano tendría que ser una conjunción de intelecto y emoción. Una de las vías, aunque no la única ni la más eficaz, para acceder a la sensibilización es la literatura. Al respecto, la literatura se entiende como «una concreción lingüística (concreción en forma de lenguaje) de una emoción, de una experiencia, de una imaginación, de una actitud ante el mundo, ante los hombres»,7 y siguiendo a Jürgen Habermas las

tividades teleológicas de los participantes para que puedan construir una interacción.9

Es decir, que todo lenguaje nos coloca en una dialéctica, lo indispensable para una conciencia social. Jochen Schulte-Sasse indica que la literatura contiene elementos ideológicos cuyo valor semántico sigue estando determinado en parte por su contexto sociohistórico y psicohistórico [y que] el nivel más importante en el que la literatura basa su naturaleza normativa (ideológica) es el de las constelaciones de personajes y de las estructuras de la intriga.10

En el caso de la literatura, la ideología es perceptible a nivel discursivo porque desvela el sistema al que pertenece la obra literaria y ejerce una crítica sobre éste: La ficción puede desempeñar el papel de un modelo de esta índole porque los personajes literarios funcionan como paradigmas ideológicos yuxtapuestos. Los lectores son conducidos de este modo a la evaluación del aspecto de los personajes, con los que se identifican de manera favorable. En otras palabras, en el transcurso del proceso de narración, a los personajes literarios se les atribuye una serie de normas y de valores de acuerdo con un orden jerárquico; eso es susceptible de modificar la reacción de los lectores. En términos textuales, a estas normas y estos

restricciones estructurales que impone un lengua-

valores se los puede describir como marcadores se-

je intersubjetivamente compartido, obligan a salir

mánticos (es decir, ideológicos).11

de la lógica egocéntrica (...) El entendimiento lin8

güístico es sólo el mecanismo de coordinación de la acción, que ajusta los planes de acción y las ac-

Eduardo Gudynas, «El postdesarrollo como crítica y el Buen Vivir como alternativa», en Gian Carlo Delgado (coord.), Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 7 Antonio Alatorre, “¿Qué es la crítica?”, Revista de la Universidad de México, vol. 27, núm. 9, 1973, p. 5. 8 Jürgen Habermas, Pensamiento postmetafísico, Madrid, Taurus, 1990, p. 85.

Así, la literatura es una posibilidad para desmitificar el mundo y reconstruirlo, desde su base más rígida, por medio de la resensibilización de

Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987, p. 507. 10 Marc Angenot, Edmond Cross, Isabel Vericat Núñez y la International Comparative Literature Association, Teoría literaria, México, Siglo xxi, 2002, p. 333. 11 Algirdas Julien Greimas y Jacques Fontanille, Semiótica de las pasiones: de los estados de cosas a los estados de ánimo, México, Siglo xxi, 2002, p. 334 9

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los individuos, misma que se logra gracias a la dialéctica entre el texto y su lector, en la que se ejerce una conversación crítica. En opinión de Marta Sanjuán Álvarez, «la imaginación que se desencadena en el acto de la lectura está ligada a la capacidad productiva del lenguaje: las palabras producen sentido, crean realidad».12 La literatura recrea al hombre porque los límites entre la realidad y la ficción se rompen y de esa manera permite al individuo escapar de la homogeneización y reconstruir su individualidad siempre en función de los demás, no se trata entonces de un ejercicio de ensimismamiento. La literatura se yergue como una herramienta de generación de conocimiento, una forma de desarrollo. Amartya Sen, al dilucidar la trascendencia de la cultura en el desarrollo, expresa que

la desigualdad social y de género; sus personajes son una encarnación de sectores sociales que han prevalecido en México hasta nuestros días. Nadie regresa intacto a su realidad luego de enfrentarse a la obra del escritor jalisciense, es imposible cerrar el libro y no experimentar un cambio interno. Con Rulfo algo se rompe: el diálogo con su escritura permite reconstruir el mundo a través de la crítica del universo que propone; no obstante, dicha actividad es intrínseca en la cultura y ésta posee una relación profunda pero paradójicamente escindida con la educación. ¿Cómo puede el ser humano acercarse al arte para escapar de la estética del capitalismo y su naturaleza homogeneizadora, si en principio no se sabe diferenciar lo que es artístico de lo que no? De acuerdo con Lipovetsky y Serroy,

tener un alto pnb per capita pero poca música,

en todo tiempo y lugar, comprendidas las socieda-

pocas artes, poca literatura, etcétera, no equivale

des «primitivas» sin escritura, los hombres han

a un mayor éxito en el desarrollo. De una u

producido una multitud de fenómenos estéticos (...)

otra forma, la cultura envuelve nuestras vidas,

No hay ninguna sociedad que no se dedique de un

nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras

modo u otro a un trabajo de estilización o de «artis-

ambiciones, y las libertades que buscamos (...) no

tización» del mundo, que es lo que «singulariza una

sólo sucede que los factores culturales figuran en-

época o una sociedad» al llevar a cabo la humaniza-

tre los fines y medios del desarrollo: también suce-

ción y la socialización de los sentidos y los gustos.14

de que tienen un papel central incluso en la formación de los valores.13

Tanto los deseos, las frustraciones, las ambiciones y las libertades, al igual que los valores que alude Sen, son abstracciones que se concretan en la lectura literaria. Por ejemplo, en El llano en llamas, de Juan Rulfo, uno de los tópicos centrales es el capitalismo y sus dinámicas después de la Revolución mexicana. Leer a los personajes rulfianos es adentrarse en los conflictos que generan la propiedad privada, la migración, Marta Sanjuán Álvarez, La dimensión emocional en la educación literaria, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2013, p. 133. 13 Amartya Sen, «¿Cómo importa la cultura en el desarrollo?», Letras Libres, 30 de noviembre de 2004, en http:// www.letraslibres.com/mexico/como-importa-la-cultura -en-el-desarrollo

El arte será aquello que de singular tenga la humanidad, con la posibilidad de comunizarlo; en otras palabras, el arte tendría que atender a lo que la sociedad construya para su crecimiento humano y no a los artificios propuestos por el capitalismo. Se requieren críticas cada vez más agudas respecto a lo que aprobamos como artístico; esto no es posible sólo desde la academia especializada, sino desde los cimientos sociales y educativos. El neoliberalismo está despojando al arte de su arte, transformándolo en mera mercancía.

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO · TEMAS CRÍTICOS

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, op. cit., p. 11.

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VOLUMEN 6 · NÚMERO 17 · MAYO- AGOSTO 2017 · ISSN: 2448-5039

Revistas

ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO

Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas»

Unidad Académica de Estudios del Desarrollo

Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» Rector Antonio Guzmán Fernández Director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo Raúl Delgado Wise

VOLUMEN VII, NÚMERO 12, PRIMER SEMESTRE DE 2017 ISSN: 2448-5020

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Debate interamericano:

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Temas de investigación:

maquiladora, nanotecnología, neoextractivismo, campo, violencia, migración y arte