Cuadernos del ciesal nro 13 enero diciembre 2014 (1)

ISSN 1853-8827

CUADERNOS del Ciesal

Revista de estudios multidisciplinarios sobre la cuestión social Año 11 / N° 13 / enero-diciembre 2014

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DOSSIER EL CICLO ELECTORAL 2013 EN CHILE. DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA

IESAL Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos

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CUADERNOS del Ciesal es una revista de periodicidad anual editada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos con sede en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (ISSN 18538827). Indexada en las bases bibliográficas de Latindex y Clase (Unam). Tiene como objetivo principal la difusión de la producción académica en Ciencias Sociales y Humanidades, promoviendo la reflexión crítica e interdisciplinar sobre temas convergentes a través de la publicación de producciones académicas inéditas, seleccionadas por un Comité Editorial con la colaboración de árbitros externos convocados especialmente para tal fin.

Cuadernos del CIESAL is a yearly published journal, edited by the Interdisciplinary Center for Argentine and Latin American Social Studies based in the Faculty of Political Science and International Relations at Rosario National University (ISSN 1853-8827). Its main objective is the dissemination of academic production in Social Sciences and Humanities, promoting interdisciplinary and critical thinking on converging issues through the edition of unpublished academic studies, selected by an Editorial Committee in collaboration with external referees.

DIRECTOR Ricardo Falcón (1990 - 2010) Gabriela Benetti (UNR - UNER) CONSEJO EDITORIAL Mario Glück (UNER - UNR) Alicia Megías (UNR) Alejandra Monserrat (UNR) María Luisa Múgica (UNR) Agustina Prieto (UNR) María Pía Martín (UNR) Oscar Videla (UNR) Luciano Andrenacci (UNSAM) Daniel Lvovich (UNGS)

CONSEJO ASESOR Diego Armus (Swarthmore College) Dora Barrancos (UBA) Marcelo Cavarozzi (UNSAM) Fernando Falappa (UNGS) Arturo Fernández (UBA) Hugo Quiroga (UNR) Eduardo Hourcade (UNR) Enrique Masés (UNCOMA) María Celia Bravo (UNT) Ana María Rigotti (UNR)

Indizado en:

DISEÑO GRÁFICO Eugenia Reboiro (eugenia.reboiro@yahoo.com.ar) Enviar correspondencia a: Gabriela Benetti Universidad Nacional de Rosario CIESAL (Facultad de Ciencia Política y RR. II.) Riobamba y Berutti / Monoblock 1 / Ciudad universitaria 2000 Rosario E-mail: ciesalunr@gmail.com

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DOSSIER A modo de presentación: Elecciones presidenciales en Chile 2013: coyuntura electoral y desafíos para el sistema político

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María Lourdes Lodi La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político

Marcelo Cavarozzi Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013

Gabriela Benetti – Cintia Pinillos “La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución

María Lourdes Lodi – Elisa Caballero Rossi - María Laura Sartor Schiavoni Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011

Florencia Paz – Lucía Vinuesa De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno

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A modo de presentación: Elecciones presidenciales en Chile 2013: coyuntura electoral y desafíos para el sistema político María Lourdes Lodi

Introducción La presente publicación sobre las elecciones presidenciales en Chile se inscribe en un programa de investigación más amplio que aborda el estudio del ciclo electoral 2013-2015 en cuatro países del Cono Sur: Chile (2013), Brasil y Uruguay (2014) y Argentina (2015). Esencialmente, el objetivo del programa es comparar los procesos de configuración de los itinerarios de las democracias del Cono Sur en el siglo XXI, a partir de las interacciones entre los principales actores socio-políticos y los marcos institucionales en que éstas tienen lugar.

En particular, esta iniciativa busca describir las continuidades y transformaciones institucionales en los casos seleccionados, analizando las dinámicas entre gobierno, partidos, sindicatos y movimientos sociales y elaborando explicaciones comparativas que permitan dar cuenta de las similitudes y diferencias entre las configuraciones democráticas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay de los últimos años.

Para abordar estos objetivos hemos escogido a los procesos electorales como vía de entrada a nuestro objeto de estudio, entendiendo a las elecciones y a los eventos que acontecen en los meses que las preceden como escenarios propicios y especialmente ricos para observar tanto el juego de los actores políticos como los temas que ordenan la competencia política. Esto se debe los períodos preelectorales se caracterizan por ser tiempos de apertura de la agenda para la introducción de nuevos temas o para la redefinición de problemas ya existentes, son el momento de la búsqueda de apoyos y de la elaboración de consensos, la etapa de la promesa y el convencimiento, la fase inicial en la construcción del liderazgo y la legitimación del poder.

Entendemos por agenda al conjunto de problemas, temas y demandas que requieren la atención del gobierno y que, de algún modo, buscan o pretenden ser objeto de política pública. Para que un asunto tenga acceso a la agenda necesita cumplir tres requisitos: que sea objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público, que una buena parte del público considere que se

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requiere algún tipo de acción, y que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental1.

Esta definición del concepto de agenda nos obliga a aclarar que, metodológicamente, suelen distinguirse tres niveles de agenda. En primer lugar encontramos a la agenda sistémica (también llamada pública o no gubernamental) que refleja los problemas, prioridades y preocupaciones de la sociedad en general, y que usualmente se manifiesta en movilizaciones o hechos que logran sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública. En segundo lugar se ubica la agenda gubernamental, (también denominada institucional o formal) que es el conjunto de problemas y demandas percibidos, definidos y considerados por parte de los agentes del gobierno. Por último, está la agenda decisoria compuesta por el conjunto de temas y problemáticas que finalmente son objeto de decisión y acción (o decisión de no acción) del gobierno.

Dentro de esta clásica tipología de las agendas, es posible anexar un cuarto tipo, que bien podría ubicarse entre la sistémica y la gubernamental, pero que tiene una naturaleza y dinámica propia: la agenda electoral. Esta está conformada por aquellos temas, problemas, propuestas y proyectos a los que los distintos candidatos hacen referencia durante la campaña electoral y que, de algún modo, preanuncian cuales serían sus acciones de gobierno en caso de obtener el cargo al que aspiran. Así, la agenda electoral se define como aquella que, para ser en el futuro agenda de gobierno, mira en el presente a la agenda sistémica e intenta sensibilizarse ante ella. Justamente por esto es que la agenda electoral se constituye en un valioso termómetro y reflejo del estado de las democracias y de los gobiernos en disputa, poniendo en evidencia las metas alcanzadas y las deudas pendientes. Paralelamente, la forma en que se debate y construye la agenda electoral también da cuenta del estado de alineamientos, fracturas sociales y distancias ideológicas entre los distintos actores, quienes movilizan sus recursos políticos, económicos y simbólicos y dejan en evidencia que este proceso está signado por múltiples intereses y no es en modo alguno neutral ni aséptico.

Partiendo de las anteriores premisas, este dossier de los Cuadernos del Ciesal se concentrará en el análisis de las las elecciones del 17 de noviembre de 2013 en Chile, las cuales presentaron ciertas particularidades que la diferenciaron de las elecciones del proceso abierto en 1990, con el fin de la dictadura de Pinochet. En primer lugar, se pasó de un voto obligatorio a un voto voluntario, lo que significó el pasaje de un padrón voluntario a uno automático. En segundo lugar, se inauguró la elección de Consejeros Regionales (COREs) en el nivel subnacional, por consiguiente, se votaron cuatro categorías de forma simultánea: presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. En tercer lugar, por primera vez desde la conformación de la Concertación en el proceso de transición a la democracia, el PC se sumó a la coalición de centroizquierda (ahora Nueva Mayoría). Finalmente, constituyó una novedad el número de candidatos a presidente que ascendió a 9, si bien la mayor proporción de votos la recibieron las dos principales coaliciones electorales, cuyas candidatas, Michelle Bachelet (Nueva Mayoría) y Evelyn Matthei (Alianza por Chile), llegaron al ballotage en condiciones

1. AGUILAR VILLANUEVA, L.: “Estudio introductorio. Problemas públicos y agenda de gobierno”. Ed Porrúa. México, 1993. pág.

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muy diferentes. Bachelet fue elegida presidenta por más del 60% de los votos en la segunda vuelta y la derecha sufrió su derrota más importante desde el retorno a la democracia.

Asimismo, la presente edición describirá cómo la agenda electoral de cara a los comicios del año 2013 puso de relieve numerosos temas, entre los cuales se destacan distintas reformas que configuran los grandes desafíos del actual gobierno de Michelle Bachelet: la reforma educativa, la reforma del sistema electoral y la reforma constitucional. Las reformas pendientes, abren el debate sobre la representación política, la relación del sistema político con una ciudadanía que ha mostrado un modesto entusiasmo por la contienda electoral, manifestado en un abstencionismo cercano al 50% en la primera vuelta, y un repertorio de manifestaciones de la sociedad civil –encabezado claramente por el movimiento estudiantil, pero donde también se incluyen movimientos que canalizan diversos intereses sociales y otorgan visibilidad a actores y temáticas postergadas durante más de dos décadas por la agenda democrática: los pueblos originarios, el uso de los recursos naturales y los inquilinos, entre otros.

En síntesis, los artículos de este número abordarán distintos aspectos de la coyuntura electoral de 2013, del sistema político chileno en la actualidad y los desafíos que enfrenta el gobierno de Bachelet y el sistema de partidos en su conjunto de cara a las reformas identificadas.

Para la elaboración de los mismos se trabajó con entrevistas a actores claves del proceso: políticos, militantes estudiantiles y sociales, autoridades electorales, entre otros, realizadas por los miembros del equipo en el mes de noviembre de 2013; reuniones mantenidas en el mismo período con politólogos y sociólogos de distintas instituciones académicas de dicho país; la observación electoral de la primera vuelta en un centro de votación de la ciudad de Santiago; y el relevamiento de los principales medios gráficos nacionales chilenos: “El Mercurio”, “La Tercera” y “El Mostrador”, durante el período septiembre-diciembre de 2013.

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La construcción política de las Privatizaciones.

Rol del sindicalismo sociedades latinoamericanas y su talón Caso analizado: Foetra político de Aquiles: el régimen Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Marcelo FacultadCavarozzi de Ciencia Política y RR.II. (CONICET - UNSAM) U.N.R. cavarozzi@gmail.com

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Marcelo Cavarozzi

Resumen

Democracia y no democracia fueron desde el período de entreguerras partes constitutivas de la modernización política en América Latina.. Las nuevas democracias en la región potencian esa ambivalencia en un contexto marcado por la dislocación de los Estados y el avance de un capitalismo generador de desorden y desigualdad.

Palabras claves: Modernidad - Estado - Democracias en el siglo XXI

Abstract

Beginning in the interwar period, democracy and non-democracy grew simultaneously in modernizing Latin America. Contemporary democracies retain that ambivalence wtithi a capitalist model defined by the growth of inequality and disorder.

Keywords: Modernity - State - Democracies in the 21st century

Marcelo Cavarozzi, “La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político”. Cuadernos del Ciesal. Año 11, número 13, enerodiciembre 2014, pp. 8-47.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político Primera parte: El siglo XX largo En su sugerente volumen sobre la Europa contemporánea Göran Therborn postula que a partir de la llegada de los europeos en el siglo XVI, las sociedades americanas, tanto las del Sur como las del Norte, transitaron una ruta a la modernidad, o a través de ella como propone el sociólogo sueco, que él denomina de los “Nuevos Mundos”.1 La pista que me sugiere esta metáfora --relacionándola con los argumentos sobre la dinámica de la Matriz Estado-Céntrica en América Latina que expuse en un par de textos previos—me lleva a compartir un conjunto de reflexiones en torno al proceso de construcción de las sociedades latinoamericanas.2 Originariamente, la idea que desarrollé en aquellos textos fue que a partir del período de entreguerras del siglo XX se expandieron en América Latina tanto los mecanismos de regulación política de la economía capitalista –entre ellos el control del comercio exterior y de cambios, el otorgamiento de subsidios a las firmas que sustituían importaciones y la intervención en las relaciones obrero-patronales— como así también el diseño e implementación de una profusa red de mecanismos de movilización y control político de la ciudadanía, especialmente de los sectores medios y populares. 3 En resumen, la propuesta de mis textos anteriores era que la economía y los mecanismos de ejercicio de la dominación, que abarcaron también los legados que perduraban de las relaciones serviles y esclavistas previas, fueron articulados desde el Estado, al mismo tiempo que éste construía sus organizaciones, sus prácticas y sus domains. Ahora bien, como prefacio a estas notas quiero formular dos puntualizaciones adicionales. La primera es que la expansión efectiva de la regulación estatal comenzó en varias de las sociedades de América Latina antes de la crisis abierta por la Primera Guerra Mundial: el proceso, de hecho, se inició durante la segunda mitad del siglo XIX cuando dichas sociedades --me refiero a los casos de México, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina-- se integraron plenamente al sistema mundial.

La segunda puntualización es que el diseño y la implementación de los mecanismos de dirigismo estatal y de ciudadanización regulada, en realidad, fueron partes de un proceso más inclusivo y global de “creación de un nuevo mundo”, para retornar a la imagen de Therborn.4 En otras palabras, nuevas 1. Therborn describe a la ruta de los Nuevos Mundos como una en que las cuestiones centrales tuvieron que ver con 1) la aplicación o no del discurso moderno de los derechos y 2) la determinación de quienes pertenecían al Pueblo (the people). Agrega que los clivajes políticos en esta ruta tendieron a ser ideológicamente pragmáticos o sincretistas y socioeconómicamente sub-determinadas (under-determined) y que la cuestión racial tornó a ser decisiva.

2. Me refiero a “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina” originalmente publicado en el Journal of Latin American Studies en 1991; “La Política: clave del largo plazo latinoamericano” publicado en Marcelo Cavarozzi, El Capitalismo político tardío y su crisis en América Latina. (1996) y “Acción presidencial en la América Latina: antecedentes históricos y una tipología del siglo XXI” en Sergio Fausto (comp.), Difícil Democracia; 2010. No hace falta aclarar que utilizo el término "construcción" en un sentido metafórico. Las viejas sociedades coloniales dejaron legados, o escombros, que constituyeron, en buena medida, el material sobre el cual se construyeron las "nuevas sociedades".

3. Wanderley Gilherme dos Santos capta con agudeza este fenómeno al definir a la “ciudadanía regulada” como el “… concepto de ciudadanía cuyas raíces no se encuentra en un código de valores políticos, … sino en un sistema de estratificación ocupacional definido por norma legal”. (Cidadanía e Justiça; 1979; pg. 75) 4. En algunos casos estos “nuevos mundos” incluyeron un dramático cambio poblacional. En el medio siglo que precedió a 1914 en Argentina, Uruguay y el Centro Sur de Brasil se produjo una verdadera revolución demográfica debido al influjo masivo de la inmigración trasatlántica; también llegaron numerosos inmigrantes a otros países de la región, como Chile, Cuba y Venezuela, pero en una proporción menor que en los primeros casos. Este aluvión –como lo denominó

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sociedades emergieron en estos países como resultado de proyectos de naturaleza eminentemente política en los cuales los respectivos Estados jugaron un papel decisivo. No resulta descabellado, por ende, sostener que en América Latina aquellas sociedades que se integraron al sistema mundial tempranamente, “fueron construidas desde la política”. Se puede agregar, retomando nuevamente las pistas que proporciona Therborn, que en la ruta a la modernidad de “los Nuevos Mundos” latinoamericanos se generaron clivajes sociales económicamente “sub-determinados” que tuvieron un carácter híbrido y pragmático; resultaron, por lo tanto, ser políticamente sobre-determinados.

Partiendo, entonces, de la coyuntura de mediados del siglo XIX, cuando América Latina ingresó a (o comenzó a trasponer) la modernidad, se sucedieron tres etapas en este “itinerario”: 1) la de la segunda mitad del siglo XIX --que se extendió hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial—que estuvo centrada en la construcción del Estado-nación; 2) la de incorporación de las masas a la política que se inauguró con la Revolución Mexicana y la experiencia batllista uruguaya y que tuvo su último hito con la experiencia de la Unidad Popular en Chile --estas dos etapas conformaron lo que podríamos bautizar como “el siglo XX largo” en la región y 3) la de la estabilización de regímenes democráticos inaugurada con las transiciones de la década de 1980; estabilización que en sus primeras dos décadas fue, como veremos, más una etapa de cierre que de apertura de algo nuevo. Es decir, la estabilización democrática puso fin a los autoritarismos fundacionales de la década de 1970, además de clausurar el ciclo de procesos revolucionarios iniciados con la experiencia cubana, pero durante el resto del siglo XX no generó mecanismos alternativos a los heredados de la etapa estado-céntrica. En la primera parte de este artículo repaso algunos rasgos del par inicial de etapas con un doble propósito: el de revisar argumentos previos sobre el período 1870-1970 y el de analizar cómo se conformaron los legados recibidos por la etapa contemporánea. En la segunda parte reviso, primero, los fracasos de las panaceas democratistas y neoliberales de las dos décadas finales del Siglo XX, para luego concentrarme en el análisis de los rasgos preliminares de las "democracias del siglo XXI", refiriéndome a la etapa más reciente abierta en los turbulentos años de lo que José Antonio Ocampo designó como la "media década perdida", es decir 1998-2002. La hipótesis que exploro, en ese sentido, es la de que en el siglo actual, después del paso de las "tormentas perfectas" de dicho lustro, parecen comenzar a desplegarse los rasgos de una nueva matriz económico-política, es decir de una modalidad diferente de imbricación entre la economía, el Estado y el régimen político. En esa vena, resulta pertinente replantearse la cuestión del régimen político para lo cual conviene ampliar el conjunto de casos a tener en cuenta revisando también los cambios que han experimentado Venezuela y las naciones andinas -- es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Sección I. La construcción de Estados y de clases dominantes.

Desde los albores del siglo XIX, el problema con el que se enfrentaron las elites de los territorios latinoamericanos --especialmente en aquellos casos que analizo acá y que se expandieron al ritmo del crecimiento de la minería y la agricultura de exportación-- no fue sólo el de erigir las instituciones críticamente un aristócrata chileno-- produjo un cambio drástico de esas sociedades al generar nuevos actores y nuevas costumbres.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político vinculadas a un modelo de organización político-administrativa que llenara el vacío dejado por el derrumbe del imperio colonial español (o el progresivo desvanecimiento del imperio portugués en el caso de Brasil), sino también el de construir comunidades que se basaran, aunque fuera imaginariamente como apunta Fernando Escalante Gonzalbo para el caso mexicano, en la idea de ciudadanos, reemplazando a la de súbditos (y fieles) sobre la que se habían sostenido las monarquías ibéricas.5 Inspirándonos nuevamente en Therborn, se podría argüir que esta pretensión, de por sí compleja, se tornó aún más ilusoria en aquellos territorios o espacios en los cuales era considerable la presencia de etnias que eran consideradas inferiores por los europeos y los criollos, es decir las originarias y las afroamericanas. Como es sabido, esas etnias constituyeron la mayoría de la población en buena parte de la zona andina, en el sur de Mesoamérica, en la cuenca caribeña donde se implantaron plantaciones y en varias regiones del litoral brasileño.

Las nuevas clases dominantes que emergieron en el siglo 19 no tuvieron fácil tarea, porque, más allá de definir y sostener verosímilmente un heterogéneo conjunto de relaciones jerárquicas que sometieran a trabajadores, campesinos, esclavos y comunidades indígenas, tuvieron que construirse a sí mismas.

En la Europa post-feudal, del viejo orden sobrevivieron, por una parte, aristócratas que liquidaron o redefinieron los patrones de relación servil –si nos atenemos a la bifurcación que Perry Anderson y Barrington Moore subrayaron al distinguir los caminos alternativos seguidos en Europa Occidental y Oriental-- y, por la otra, burgueses que fueron imbricando el poder del dinero con el poder estatal. En América Latina, en cambio, la formación de comunidades que trascendieran los vínculos de carácter local fue más o menos simultánea a la formación de las clases nacionales que dirigieron el proceso; exagerando el contraste, porque ciertamente hubo elementos del pasado colonial que sobrevivieron la “larga espera” a la que se refiere Halperín Donghi, se puede sostener que en la región no hubo un “viejo orden” que fuera la antítesis del nuevo, pero que al mismo tiempo le diera un soporte, como sugieren --entre otros Karl Polanyi y Gregory Luebbert— que ocurrió en el caso europeo. Un argumento similar al que sostengo lo propone Mario Góngora cuando apunta que el Estado portaliano en Chile “carecía de un fundamento ético-religioso como lo tenía la monarquía hispánica del siglo XVI”.6 Esta afirmación no significa negar, en modo alguno, que aparte de la iglesia, también sobrevivieron otras instituciones y prácticas del mundo colonial, como la esclavitud, las diferentes modalidades de servidumbre y el espíritu barroco que impregnaba el derecho, la educación y la cultura. En otras palabras, las instituciones y prácticas coloniales, cuyo arraigo en algunos casos era precario, fueron parcialmente arrasadas por los procesos independentistas; por ende, los legados carecieron de la densidad requerida para eventualmente sostener dialécticamente al nuevo orden.

El rasgo fundacional de las sociedades latinoamericanas al que aludo es sugerido por varios autores; como ejemplos se pueden citar dos textos que analizan el desarrollo de Brasil y Chile durante el siglo XIX. EL primero es de Maria de Fátima Silva Gouvêa en su O Império das Províncias, quien al explorar 5. Me refiero a Ciudadanos Imaginarios. El utilizar estos conceptos no implica desconocer que tanto antes como después de las guerras civiles asociadas a los procesos independentistas, las sociedades de la región desbordaron esta dicotomía esquemática.

6. En su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago: Editorial Universitaria, 2011; pag.

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la creación y construcción institucional del imperio esclavócrata brasileño bajo los herederos de los Bragança subraya que dicho proceso implicó la formación simultánea de un estado –con intenciones centralizadoras pero en la práctica regionalizado-- y de las clases dirigentes especialmente en las provincias más dinámicas del Centro Sur y el Sur, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Sâo Paulo.7 El segundo es de mi autoría en el que me refiero al Chile del ochocientos, y en él señalo que la construcción del estado nacional chileno a partir de la década de 1830 fue paralela a la constitución de la oligarquía terrateniente del Valle Central como una clase-en-el-Estado hegemónica.8 Claro está que este proceso se aceleró a partir de la expansión territorial que se produjo al incorporarse al Chile original las regiones anteriormente controladas por bolivianos, peruanos y mapuches.

Los dos casos mencionados sugieren uno de los rasgos centrales de los procesos de construcción de la semi-periferia latinoamericana, --conjunto que incluye también a México, Argentina y Uruguay. En los cinco casos mencionados el desarrollo primario exportador inaugurado en la segunda mitad del siglo XIX estuvo asociado a la formación de un Estado nacional dotado de un grado relativamente significativo de soberanía.9 Es por ello que en el análisis de esta etapa no incluyo casos como a) el colombiano, cuya temprana inserción en el emergente mercado mundial de capitales colapsó rápidamente socavando hasta tal punto las bases materiales del Estado nacional que un presidente promovió la anexión a los Estados Unidos en 1859 y algunas décadas más tarde no tuvo ninguna capacidad para oponerse a la secesión de Panamá; b) el paraguayo, ya que entre 1865 y 1870 la destrucción producida por la guerra de la Triple Alianza --que a partir de 1866 se desarrolló de manera exclusiva en territorio del Paraguay-- no sólo implicó en los hechos la desaparición del Estado nacional, sino también el exterminio de alrededor de la mitad de la población; c) el peruano, donde la construcción de Estado prácticamente abortó a finales del siglo XIX con la derrota frente a Chile en la guerra del Pacífico y las repercusiones que tuvieron la pérdida de territorio y la bancarrota fiscal sobre el crédito externo y d) el cubano, país que a pesar del dinamismo de la economía generado por el boom azucarero (o quizás precisamente por ello), se mantuvo en un status colonial de jure durante todo el siglo XIX y de facto incluso después de producida la tardía independencia de España en 1902, ya que Estados Unidos continuó interviniendo desembozadamente en la política interna hasta 1959.

Las clases dirigentes se enfrentaron con un triple desafío en los cinco casos que analizo. En primer lugar, tuvieron que generar las condiciones materiales y de gestión para dinamizar la extracción, cultivo, procesamiento y exportación de los commodities agrícolas y mineros cuya demanda estaba creciendo en el mundo –como se sabe, la canasta de exportables abarcó desde el oro y la plata y algunos metales no preciosos como el cobre, el zinc, el hierro y el estaño y los fertilizantes (guano y salitre) hasta la lana, la carne vacuna, las maderas, el henequén, el azúcar, los cereales, el caucho, el tabaco, el café, el lino, la quina, las bananas, el cacao y ya hacia fines del período, el petróleo y el carbón. Para ello, las elites latinoamericanas, muy especialmente las de los cinco países arriba mencionados, se 7. En las páginas 73 y 74 la autora repara en el hecho que “… a Coroa foi capaz de manipular eventos em favor do interesse daquele duplo processo de construçâo: o Estado e seu principal grupo dirigente”.

8. Marcelo Cavarozzi. “El orden oligárquico en Chile” en Desarrollo Económico, 18:70 (1978) 9. Por diversas razones, que sólo menciono al pasar a continuación, en los otros casos el desarrollo estatal fue más tardío y menos potente.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político convirtieron en los socios menores, pero ciertamente no irrelevantes, de los operadores que controlaban el comercio internacional y el mercado de capitales con base en la haute finance de Londres, Paris y Nueva York. Estas tareas las desarrollaron tanto en los casos en que el respectivo sector productivo quedó en su poder, como en aquellos otros en que la propiedad y el management pasó a manos de firmas extranjeras.

En segundo lugar, las elites que dirigieron el proceso de plena integración al mercado mundial debieron también promover la construcción de Estado, es decir la creación de los mecanismos burocráticos, jurídicos, hacendarios, militares y de reproducción cultural que les permitieran ejercer un cierto control, más o menos efectivo, sobre la población y el territorio. Este segundo proceso también tuvo mayores avances en los cinco casos aludidos que en el resto de la región.

Finalmente, las nuevas clases dirigentes se enfrentaron con el desafío de articular un régimen político. ¿Qué significaba esto? Implicaba por una parte, definir las características de la comunidad a la cual se gobernaba y representaba, partiendo de una situación en la cual la existencia de lazos sociales previos era precaria, como sostuve al postular la debilidad relativa del “viejo orden”. Emergía, por ende, un doble desafío: el de dibujar el contorno de la comunidad en construcción, es decir de quienes la integraban y quienes no, y cómo esos “ciudadanos” eran “representados” por the ruling elite, tanto a través del control de las instituciones del Estado, como de la influencia que ejercía en esferas de poder formalmente ubicadas fuera del Estado, es decir las redes clientelísticas, la iglesia católica, la prensa, las universidades y el ámbito productivo, espacio este último en el cual la discrecionalidad de la cual dicha elite disfrutaba era prácticamente absoluta, especialmente en el mundo rural. Más complicado aún, ¿cómo seleccionar dentro de los miembros de la elite a los “más destacados”, es decir a los ocupantes de los cargos superiores del gobierno y la administración? Este fue el talón de Aquiles en la ecuación oligárquica. Los conflictos generados por la competencia entre “ins” y “outs”, como los denomina Timothy Scully en su trabajo sobre Chile, entre presidentes y parlamentos, y entre las diferentes maquinarias regionales --unas veces entre ellas mismas y otras con el poder ejecutivo nacional-- en ningún caso se resolvieron legítimamente de modo estable. Se diseñaron, ciertamente, algunos mecanismos que aliviaron temporariamente las presiones y los estallidos – los ejemplos más destacados fueron la república parlamentaria en Chile (1891-1925), la dictadura personalista en México (1876-1910) y la conservación del poder en manos de las oligarquías regionales en la República Velha brasilera (1889-1930). Pero todos esos mecanismos acabaron desgastándose en algunos casos, o saltando por los aires en otros, siendo la revolución mexicana el ejemplo más dramático del segundo tipo de desenlace. ¿Cuál era el meollo de la conflictividad irresuelta de los regímenes oligárquicos? Las diferentes facciones que competían por el control de los cargos de la cúpula del Estado, y de sus adyacencias relevantes, nunca se pusieron plenamente de acuerdo en torno a reglas que dirimieran las modalidades de acceso a dichos cargos y la permanencia en ellos. Y esa falta de acuerdos se refería, centralmente, a la determinación de quienes eran “ciudadanos”, cómo votaban, y cómo y quiénes contaban los votos; el corolario de este desacuerdo era, claro está, la utilización sistemática del fraude y el cohecho en algunos casos y la exclusión de vastas franjas de la población en otros. De esto se derivaba inevitablemente una cuestión que tenía efectos aún más serios en cuanto a la gravedad y la violencia de los conflictos:

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las limitaciones al sufragio, el fraude, y los otros ardides y enredos que las elites, sus leguleyos y sus policías bravas inventaban y ejecutaban, a menudo con consecuencias letales, no sólo tenían como consecuencia excluir del sufragio, formalmente o de hecho, a la mayoría de los potenciales ciudadanos, es decir a las clases medias y populares. El fraude, así como otros mecanismos antidemocráticos, era también utilizado por las diferentes facciones de las elites para dirimir los conflictos entre ellas ... haciéndose trampa, claro está. Por ende, los dos procesos –la ampliación de la ciudadanía política y la dilucidación de los conflictos intra-elitarios—quedaron irremisiblemente ligados. Y no resueltos.

En el mismo núcleo del régimen oligárquico, por lo tanto, se plantó la simiente de su irreductible ilegitimidad. Las disputas centrales no se refirieron solamente al control del Estado y al diseño y alcance de sus funciones --incluyendo aquí que prerrogativas y bienes materiales debía ceder la iglesia católica, ni sobre los rumbos a seguir en materia de economía-- sino también a la arquitectura del régimen político. Y en esa decisiva instancia fundacional la falta de acuerdo en torno a cómo se ampliaría efectivamente el sufragio, y los caminos que se siguieron para intentar aperturas controladas, abrieron, por el contrario, una caja de Pandora que no se cerraría por más de un siglo.

La referencia a la iglesia del párrafo precedente me suscita una reflexión sobre un tema más amplio vinculado a la imagen de los “Nuevos Mundos”. En América Latina, el liberalismo no se topó con legados absolutistas del porte y la densidad de los que enfrentaron los liberales europeos, con la excepción precisamente de las prerrogativas asociadas a los fueros eclesiásticos que sobrevivieron a las turbulencias del primer cuarto del siglo XIX. Por cierto que estas prerrogativas no eran una cuestión menor, teniendo en cuenta que la iglesia católica disfrutó en los territorios controlados por las monarquías ibéricas y las nuevas repúblicas del siglo XIX de un cuasi-monopolio cultural del que no gozaba en Europa.

De todos modos, se podría concluir que los liberalismos latinoamericanos no tuvieron la necesidad de defender demasiado vigorosamente la retórica y la práctica de las libertades individuales, en la medida en que muchos de los privilegios estamentales y corporativos todavía en pie, ya habían sido severamente erosionados durante los procesos independentistas y las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. También se podría arriesgar la opinión que, en una suerte de simetría inversa, otro de los ingredientes del liberalismo europeo --esto es, su visión de que el Estado debía limitarse a cumplir funciones de defensa del orden y la propiedad— “quedó patas para arriba”, si se me perdona la expresión. Esto fue así porque la destrucción que arrasó los aparatos administrativos y políticos coloniales requería, por el contrario, que los emergentes Estados nacionales se enfrentaran con tareas de reconstrucción institucional de una magnitud descomunal. No sólo debían hacerse cargo de diseñarse y organizarse a sí mismos, sino también de intervenir en la construcción de las "nuevas" sociedades y reentretejer los vínculos de estas sociedades con la economía global, rigiéndose ya por nuevos códigos: las leyes de mercado, el respeto de las constituciones y la adhesión a la Pax Britannica (en este último caso, claro está, emergieron excepciones plenamente justificadas por las jerarquías financieras y comerciales del mundo; por ejemplo cuando se redefinió bajo que Estado latinoamericano se encontraría el control de una materia prima esencial como el salitre de la costa pacífica) .

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político Sección II. La incorporación de clases medias y populares y la política de masas. La conflictividad en torno al régimen político, y al peso que tendría el "sufragio efectivo" dentro de él, no disminuyó durante la coyuntura de derrumbe los sistemas oligárquicos, que abarcó el cuarto de siglo comprendido entre la guerra civil de 1904 en Uruguay y el fin de la Republica Velha en 1930 Brasil.10 Por el contrario, los conflictos se agudizaron y un indicador de ese fenómeno fue que la intervención de las fuerzas armadas en la política se tornó más sistemática y desembozada. Incluso en el caso uruguayo, donde ciertamente los militares estuvieron lejos de controlar en el siglo XX los recursos materiales y simbólicos de los que dispusieron en los otros cuatro casos, un golpe blando ejecutado por un presidente en ejercicio, Gabriel Terra, por el que se dispuso el cierre del congreso y proscripciones de políticos opositores, contó con el disimulado aval de las fuerzas armadas. 11 Y precisamente, excepto en el caso uruguayo, la inclusión de las clases medias y de algunos sectores de las clases populares en el juego electoral no se tradujo en la consolidación de regímenes democráticos. Al contrario, y especialmente en Brasil y Argentina, el sistema político se tornó más inestable, o dicho con mayor precisión, más provisorio. Los dos países sudamericanos más grandes ingresaron, coincidentemente en 1930, en un extenso medio siglo de permanente intervencionismo militar, que se clausuró casi de manera simultánea en 1985 y 1983. También en Chile, los militares permanecieron como guardianes vigilantes dentro de un sistema pre-democrático y excluyente hasta 1958; en ese año la modificación de las leyes que regulaban el sufragio y el fin de la larga proscripción sufrida por los comunistas abrió las compuertas de la ampliación plena de la ciudadanía, la emergencia de dos consistentes propuestas reformistas (la social cristiana de 1964 y la socialista de 1970), y el consiguiente, y sangriento, fin del breve interregno democrático. ¿Cuáles fueron los principales rasgos de estos regímenes políticos en los que, si bien de manera despareja, la participación política de las masas se expandió pero sin que las modalidades de esta participación terminaran de integrarse en un juego con reglas aceptadas uniformemente? La expansión de la participación se canalizó por diferentes carriles, incluido el electoral; empero, ninguno de los carriles consiguió llegar a establecerse como el “recurso de última instancia” del sistema excepto en Uruguay. Solamente en la antigua Banda Oriental la política competitiva de partidos se transformó en una arena predominante y relativamente estable, si se deja de lado el traspié del episodio de la “dictablanda” de Gabriel Terra. Al carecer de ese ancla, es decir al no descansar el sistema en una regla superior a la cual las otras hubieran debido subordinarse en caso de generarse tensión entre ellas --o para decirlo de otro modo, en el supuesto que emergieran áreas grises en sus lindes-- el régimen político no dejó de estar impregnado de cierta provisoriedad. A partir de la década del 30, entonces, el régimen contuvo múltiples códigos de reglas, en parte contradictorios entre sí, y en parte complementarios. Cada uno de estos códigos estuvo asociado a un script ideológico, es decir a un guion que lo legitimaba y lo vinculaba a patrones de conducta práctica. La plasticidad de estos scripts permitía que cada uno de los actores políticos y sociales “se desplazara” de un código a otro según le con10. Como se sabe, "la no re-elección y el sufragio efectivo" fueron los lemas que levantó Madero cuando cuestionó la legitimidad del régimen porfirista en 1910.

11. Esta circunstancia llevó a José Nun a proponer la categoría de “golpe militar de clase media” en su pionero artículo de la década de 1960. “América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar” en Desarrollo Económico; Nº 22-23 (1966).

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viniera, aunque, por supuesto, las respectivas capacidades para hacerlo dependían de los dispares recursos de los que cada uno de ellos disponía.

Los actores políticos recurrían a los códigos para interpelar a los sujetos de variadas maneras. Como se sabe, en la práctica lo hacían dirigiéndose básicamente a los hombres porque las mujeres recién recibieron el derecho al voto en torno a mediados del siglo XX –las fechas que marcaron los límite fueron 1938 en Uruguay y 1953 en México. Los distintos miembros de la ruling class, es decir los políticos, los funcionarios, los militares, los caudillos, los curas, los patrones de base clientelar, así como los propietarios de los medios de prensa escrita y oral de carácter masivo --la radio se transformó en una herramienta política decisiva en esta etapa-- se dirigían a "las masas", aludiendo a ellas alternativamente como clientes, como ciudadanos, como trabajadores, como fieles, como pueblo identificado con un líder, o como "soldados de la nación católica en armas" marchando en contra de enemigos externos e internos. El ingreso en la política de masas en América Latina, entonces, se canalizó simultáneamente a través de diversos carriles; algunos de ellos fueron heredados de etapas previas, mientras que otros surgieron en el clima iliberal prevaleciente en la entreguerras. Me parece útil, en ese sentido, extender la metáfora del Estado de Compromiso utilizada por Francisco Weffort y Edson Nunes a la esfera del régimen político. En ese sentido, entonces, se puede definir a los regímenes surgidos durante la etapa del ingreso de las masas a la política como "regímenes de compromiso", en la medida que en ellos ningún código de reglas "detentaba una supremacía clara sobre los otros".12 Repasando lo anotado hasta aquí, se pueden destacar los rasgos en los que nuestros cinco casos difirieron de la experiencia europea del siglo XX. Como se desprende del sugerente texto de Luebbert --lamentablemente poco utilizado en la academia latinoamericana-- a partir de la firma del tratado de Versailles en cada uno de los tipos de regímenes políticos discutidos por dicho autor --esto es, las democracias liberales, los fascismos, las social democracias escandinavas y las dictaduras tradicionales-- se combinaron múltiples códigos de selección de los elencos estatales y de legitimación de sus pretensiones de representación. Pero hubo una diferencia muy significativa entre ambos conjuntos de casos, los latinoamericanos y los europeos. Mientras que en Europa, con la excepción de algunas dictaduras tradicionales, una o dos reglas proveyeron el núcleo del recurso en última instancia del régimen, en América Latina la debilidad de las anclas sociales de la política y el predominio de la heterogeneidad político-cultural le confirieron un carácter provisorio a la fórmula; la mayoría de las instancias de predominio de una regla sobre otras resultaron ser precarias, y por lo tanto reversibles.

Este fenómeno se presentó con claridad en la Argentina del primer peronismo, como apuntó con su proverbial agudeza Halperín Donghi, porque en ese caso el propio eje del régimen político, el mismo Perón, era quien promovía la precariedad de las reglas. Vale la pena, por ende, citar extensamente al notable historiador argentino: (La) concepción de la política (de Perón), que la reducía a una técnica para suscitar la obediencia, privaba al veredicto del sufragio universal --a sus ojos tanto como a los de su adversarios- de buena parte de su poder legitimante. Este hombre que supo como nadie obtener del electorado las respuestas que de él deseaba, había perdido hasta tal punto la fe política en el veredicto de la ciudadanía que le hubiera permitido reconocer, como si lo hizo Yrigoyen, un signo seguro de su derecho a gobernar.

12. Cfr. Edson Nunes; A Gramática Política do Brasil. Clientelismo e Insulamento Burocrático; página 26.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político Nunca advirtió a cuanto renunciaba al ver en sus victorias electorales tan sólo una confirmación de su innato genio de conductor, que era a su juicio el que le confería ese derecho. A más de socavar la única justificación irrefutable para su consolidación de gobernante legítimo, esa visión de la política estaba muy lejos de corresponder a la práctica de Perón como conductor: lejos de imponer a movimiento, Estado y sociedad la firmeza estructural y las claras líneas de autoridad propias de una organización militar, éste se esforzó con éxito en mantenerlos en una permanente provisionalidad e indefinición, que hacía que la única autoridad segura fuera la suya propia. (Cfr. La Larga agonía de la Argentina peronista; Buenos Aires: Ariel, 2006; páginas 25-26) El desenlace de 1955 sugiere que la autoridad de Perón no era segura, ni siquiera para algunos de sus seguidores, es decir aquellos que no lo defendieron cuando un sector de las fuerzas armadas, apoyado por la iglesia católica y los partidos de oposición, logró derribarlo. Pero, se puede dar un paso más. Más precisamente, proyectar hacia adelante la fascinante disección que hizo Halperin Donghi del Perón de la primera presidencia, abarcando las décadas que siguieron hasta el retorno del peronismo al gobierno en 1973. El "tirano prófugo", como lo bautizaron ingenuamente los militares que lo echaron en 1955, llevó al pináculo de eficacia su arte del manejo de los permanentes movimientos tácticos y la indefinición de las reglas con las que jugaba precisamente después de ser desalojado del gobierno. Su genio político no se apagó cuando fue depuesto en 1955; por el contrario, en los siguientes dieciocho años sus diestras maniobras --es decir, las de privilegiar alternativamente el diálogo, la resistencia o la "guerra popular", entronizar a "delegados" de diferentes signos ideológicos para hacerlos "tronar" cuando le convenía, promover la formación de una nueva dirigencia sindical, enviar supuestos aviones negros a surcar los cielos argentinos preanunciando su próxima llegada, ordenar el voto en blanco o disponer el apoyo circunstancial a políticos no peronistas, (entre las numerosas movidas que maquinó desde el exilio)-- le permitieron a Perón contribuir a que en las elecciones de 1958, 1963 y 1973 vencieran los candidatos no favorecidos por los sucesivos gobernantes militares, desestabilizar cuando a él le pareció a los respectivos triunfadores --es decir, Frondizi, Íllia y Cámpora, este último designado por él mismo-- y forzar a las tres dictaduras militares instaladas entre 1955 y 1966 a abandonar el gobierno --derrotadas y plagadas de disensiones internas-- al fracasar en sus intentos de sacarlo para siempre de la escena.13 La Argentina del período 1930-1983, entonces, constituyó el ejemplo extremo de la provisoriedad que caracterizó a los regímenes del período de ingreso de las masas a la política. También Brasil estuvo marcado por el mismo síndrome, especialmente en las etapas que respectivamente abrieron y cerraron dicho período, es decir la primera administración de Getulio Vargas entre 1930 y 1945 y la dictadura militar de 1964-1985. Getulio desplegó variadas fórmulas de régimen en aquellos años, pero en ese plano sus logros fueron efímeros ya que no consiguió que se consolidara ninguna de las fórmulas semi-democráticas o semi-autoritarias que propuso. Este fracaso contrastó con los indudables logros en la construcción de instituciones burocráticas, tanto civiles como militares. Por su parte, 13. Estudié el surgimiento de una nueva dirigencia sindical argentina partir de 1955, también peronista pero con nuevos personajes y reglas de funcionamiento. El Vandorismo, en competencia con Perón hasta su muerte en 1974 y de manera casi indisputada hasta 1985, fue el actor predominante del peronismo sobreviviendo incluso el asesinato de Vandor, creador y líder del renovado sindicalismo, a manos de la guerrilla peronista en 1969. (Cfr. Sindicatos y política en Argentina; Buenos Aires: Ediciones CEDES, 1985).

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cuarenta años más tarde las prácticas de los gobiernos de las fuerzas armadas entre 1964 y 1985 incluso terminaron recurriendo a una práctica que capturó con justeza la esencia misma de la provisoriedad: la del casuismo. Como es conocido, la práctica del caso por caso fue aplicada por el gobierno militar especialmente cuando quería favorecer a sus partidarios en las elecciones, o perjudicar a sus adversarios. Sin embargo, el régimen brasilero contuvo algunos ingredientes que se mantuvieron relativamente inalterados durante el medio siglo abierto con el golpe de 1930 y que le confirieron un grado de continuidad ausente en el caso argentino: 1) la legislación sindical implementada a partir de 1933 y que sobrevivió hasta la reforma constitucional de 1988; 2) el rol "moderador" que, a la manera de Pedro II, asumieron las fuerzas armadas a través de su poder de veto; 3) la vitalidad del elenco de políticos partidarios surgido en 1945, elenco que atravesó con una alta tasa de sobrevida las siguientes cuatro décadas gracias a la bajísima lealtad que en la mayoría de los casos le demostraron a las etiquetas de los partidos a los que eventualmente adhirieron sus miembros y 4) la estabilidad de las burocracias públicas, tanto en la administración federal como en las empresas del Estado y los organismos descentralizados. Citar a Maria D’Alva Gil Kinzo Radiografia do quadro político brasileiro Chile fue, seguramente, el caso más paradojal de nuestro grupo. Por una parte, se distinguió por la continuidad de una hegemonía capitalista oligárquica que perduró por más de dos siglos y que fue bastante más sólida que en los cuatro casos restantes. La notable capacidad adaptativa de la aristocracia terrateniente constituida durante el siglo XVIII a partir de alrededor de doscientas familias del "vecindario noble" del Valle Central --como señala Arnold Bauer, le permitió resistir los cambios en el campo y, como resultado de ello, defender exitosamente sus prerrogativas políticas y económicas hasta el aggiornamento de la legislación electoral en 1958 y las reformas agrarias del período 19671972. Por otra parte, Chile fue el único país en América del Sur en el cual la fortaleza de una coalición social y partidaria que se mantuvo unida durante casi dos décadas, le permitió a la izquierda llegar al gobierno; estuvo a punto de triunfar en las elecciones de 1958 y, ya como Unidad Popular, venció en 1970 y propuso una vía de desarrollo no capitalista dentro del marco democrático. La existencia de un partido Comunista con sólida implantación en la clase obrera, nuevamente el único ejemplo de América Latina, fue uno de los factores en que se apoyó dicha fortaleza. Esta combinación de “derecha” fuerte e “izquierda” también fuerte –si bien con muchos menos recursos que sus adversarios-alimentó la construcción de un Estado muy eficaz para disciplinar a los trabajadores del campo y la ciudad, pero que, a la vez, reveló una pertinaz incapacidad para desarmar las herramientas rentísticas de los terratenientes, quienes prestamente encontraron aventajados discípulos en las prácticas de apropiación de recursos públicos en la "burguesía" industrial. El resultado del despliegue de estos clivajes sociales y políticos fue, en primer lugar, la formación de un Estado despótico pero débil; esta debilidad no resultó ajena a la vigencia de una inflación que durante más de un siglo sometió a las instituciones públicas a un sostenido proceso de corrosión. En ese sentido, resulta pertinente rescatar la imagen de Albert Hirschman, quien, en un notable texto escrito en 1965 definió a Chile como el locus classicus de la inflación del continente. (Cfr. Journeys toward Progress; pag. 217).14 Los proyectos desarrollistas que emergieron entre 1927 y 1967 abortaron o fueron bloqueados a través de la colo14. El largo siglo de inflación chilena fue minimizado por las corrientes de izquierda cuando triunfaron en 1970, mientras que su interpretación fue deformada por la derecha al atribuir su origen a las inconsistencias de las políticas implementadas por demócratas cristianos y socialistas en el período 1964-1973.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político nización del Estado por parte de los grandes empresarios y la eficacia de las argucias parlamentarias de los políticos de derecha. En segundo lugar, el régimen político afianzó sus atributos republicanos y liberales a partir de 1920, pero, al mismo tiempo, negó de manera drástica el principio de soberanía popular a través de la legislación electoral, la administración de los comicios --controlada por los caciques y socios de la oligarquía en los ámbitos rurales-- el congelamiento de la ciudadanía política, y la proscripción del comunismo. No quedaron resquicios, entonces, para que se filtraran las demandas de ampliación de la ciudadanía: el corolario fue una democracia truncada. El principal acierto político de la oligarquía chilena no fue, de todas maneras, bloquear la democracia, sino velar la verdadera naturaleza de este desenlace no democrático. La vigencia del modelo restrictivo fue eficazmente enmascarado por un guión, seguido ad lítteram por actores y analistas, en el que los trazos destacados fueron el pluripartidismo y el estricto cumplimiento de los plazos electorales.

Uruguay y México, en cambio, no compartieron el síndrome de provisoriedad y tutela militar de la política que prevaleció en Chile, Argentina y Brasil, o al menos no estuvieron afectados por muchos de sus rasgos. En Uruguay, el "muro" reformista del batllismo mostró serias "grietas" como, hace ya medio siglo, señaló Carlos Real de Azúa en el lúcido ensayo citado más abajo. Pero el "impulso" republicano y democrático, sobre todo a partir de la sanción de la constitución de 1917, hizo de Uruguay el único caso de democracia masculina en la América Latina de la primera mitad del siglo XX. La proporcionalidad, el respeto por las minorías, el voto secreto, la elección presidencial directa, los registros electorales confiables, la implantación del plebiscito, la autonomía departamental y el despliegue de mecanismos consociativos aseguraron, como el mismo autor subrayó, el funcionamiento de un régimen político en el que se respetó el principio de la soberanía popular (limitado a los hombres), y que tuvo escasos paralelos en un mundo que hasta 1943 estuvo dominado por el avance de diversos modelos autoritarios.15 El proyecto batllista también incluyó la implementación de un amplio sistema de seguridad social y la reordenación de la asistencia médica pública que, como señaló Real de Azúa, configuraron junto a otros programas, la creación de un verdadero welfare state, de hecho uno de los primeros en el mundo. (Cfr. El Impulso y su freno; páginas 38-39) En México, el proceso fue mucho más turbulento y prolongado que en el caso uruguayo, pero el resultado fue más duradero. El régimen de partido/estado demoró más de un cuarto de siglo en revertir la militarización de la política desatada por el comienzo de la revolución en 1910. Porque como se desprende de los monumentales trabajos de Katz, Womack, Garciadiego y Knight, la revolución no fue una, sino varias revoluciones que se sucedieron a partir de la contrarrevolución de 1913. Derrotada la reacción encabezada por el general Huerta, se desató la guerra entre las dos facciones revolucionarias, sin que la Constitución de 1917 y la derrota de los Convencionalistas de Villa y Zapata pusiera fin a la violencia política. A partir de 1920 cada sucesión presidencial involucró rebeliones y asesinatos de personajes centrales, amén de disputas dentro de la “familia revolucionaria" en numerosos estados en torno al control de las gobernaciones, amén de la sangrienta guerra cristera desarrollada entre 15. De todos modos, la “consociatividad” del régimen uruguayo le reservó espacios institucionales significativos al nacionalismo opositor, a pesar de que fue derrotado en todas las contiendas presidenciales hasta 1958. Este particular arreglo constituyó ciertamente uno de los reaseguros de la dominación social, al oponer “frenos” a posibles avances democráticos de mayor magnitud.

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1926 y 1929 que se cobró casi 100.000 víctimas. Empero, precisamente a partir de 1929, el vencedor de los cristeros, Plutarco Elías Calles, mostró la capacidad de encauzar políticamente los conflictos.

Lo hizo a través de la creación del Partido Nacional Revolucionario, movida que le permitió inducir o forzar a los caudillos regionales a dirimir las disputas internas en el marco de un mecanismo en el que la última palabra la tenía el "Jefe Máximo", o sea él mismo, y convertirse en el árbitro de las sucesiones presidenciales a partir del asesinato de Obregón. Precisamente la última sucesión que digitó, la de 1934, en la cual seleccionó a un general a quien presumía dócil como presidente, el michoacano Lázaro Cárdenas, permitió que se diera la penúltima vuelta de tuerca al régimen político mexicano.

Claro que eso implicó el fin del Maximato, pues Cárdenas mandó al exilio a Calles cuando éste pretendió continuar ejerciendo su influencia; así se generó el espacio para reformar el partido y refundar el régimen de la revolución. El ahora llamado Partido de la Revolución Mexicana se transformó en un aparato corporativo de control ciertamente más efectivo, no sólo de las elites políticas y militares sino también de las masas populares, al crearse los sectores Obrero, Campesino, Popular y Militar; como es bien conocido, su promotor devino en el último gran caudillo militar de la revolución.

Cárdenas, por cierto, no se privó de ejercer las prerrogativas previstas por Calles; sin embargo, a la par que promovió la progresiva purga de los militares del juego político --proceso que tuvo bastante de auto-purga y que se materializó en definitiva en la década del 40-- dispuso otras medidas estratégicas como la nacionalización del petróleo y el cumplimiento de las promesas de reforma agraria. El viraje inducido por Cárdenas permitió superar dos riesgos polares: la militarización de la política, en un extremo, y la consolidación de una dictadura personalista, en el otro. Así se dio origen al régimen político más legítimo y estable de la etapa de incorporación de las masas a la política en América Latina que, claro está, fue autoritario y civilista. Perduraría por más de medio siglo y por esa razón se convirtió en el único caso en que, a pesar de atravesar varias metamorfosis entre 1970 y 1994, un régimen generado en la etapa de incorporación de las masas a la política sobrevivió hasta el fin del Siglo XX. En los otros casos se fue armando un juego cuyas dos principales cartas eran, sólo aparentemente, contradictorias: una, la amenaza, explícita o no, de intervención militar, y la otra, los bluffs a los que recurrían los políticos y las elites --es decir los parceiros reais—utilizando como baraja al parceiro fantasma, esto es el pueblo, recurriendo a la sugerente dicotomía que Weffort acuñó en 1963.16 Como resultado de ello, la efectividad de la participación electoral de las masas estuvo fundamentalmente vinculada a su potencial disruptivo –a través de paradójicas contribuciones a la ingobernabilidad—y no a alimentar la legitimidad de los procesos de toma de decisiones, o a la promoción de la accountability de los funcionarios públicos electos. En un trabajo anterior, he destacado como esta modalidad de funcionamiento de la política en la cual se “sedimentaban geológicamente” los conflictos evitando resolverlos y generando sucesivas fugas hacia adelante. Una parecida observación en relación al modelo de “industrialización dirigida por el Estado” que caracterizó a la Matriz Estado-Céntrica la realizó Ocampo cuando señalaba que … en lugar de modificar la estructura de protección para promover nuevas industrias, se superpusieron capas de protección nuevas a las antiguas, lo que generó el patrón “geológico” de protección que 16. El artículo original de Francisco Weffort es citado por el mismo autor en O Populismo na política brasileira; 1978.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político se convertiría en una característica esencial del modelo ... Esto se debió obviamente a la economía política que caracterizaba al proceso, en la que la protección de un sector específico se consideraba una “conquista” permanente del sector que se beneficiaba con ella.17

Los dilemas y conflictos de los regímenes de participación de masas quedaron temporariamente sepultados, no sólo en un sentido metafórico, por los regímenes militares fundacionales de la década de 1970 surgidos en Uruguay, Chile y Argentina. No fue accidental que las respuestas más drásticas a los cuellos de botella de la América Latina, que aspiraron a eliminar la política de cuajo, surgieran en los tres países del extremo sur latinoamericano. En este "otro polo", al decir de Camôes, se manifestaron de modo más agudo las estrecheces del cul-de-sac al que había arribado la fórmula mercado-internista e intervencionista de la Matriz Estado-Céntrica, fenómeno que, a su vez, se asoció a la desarticulación de los "pactos fiscales" de carácter implícito que habían sido uno de los mecanismos centrales de la fórmula. Como señalé en un trabajo previo ... se produjo una exacerbación del conflicto distributivo, cuyas manifestaciones más notorias fueron el pasaje de un régimen de inflación moderada a otro de alta inflación y la agudización del déficit fiscal. (Cfr. Cavarozzi: "La Política: clave del largo plazo latinoamericano; página 135).

Además, los tres regímenes del sur que habían canalizado la inclusión y participación de las masas, a menudo con el propósito de controlarlas, carecieron de los engranajes que amortiguaran las tensiones y permitieran, por ende, posponer el derrumbe. En cambio, en los casos de México y Brasil la salida de la Matriz Estado-Céntrica no estuvo asociada a quiebres políticos; esta salida no fue ajena a la circunstancia de que el oxígeno distributivo suministrado por el último envión desarrollista de la década 1970 complementó la capacidad de los Estados de las dos economías más grandes de la región para poder ejercitar la represión sin tener que recurrir a mecanismos de excepción. De todos modos, también en Brasil, el régimen de la última etapa de incorporación de las masas sucumbiría durante la década del 80 en un proceso menos dramático en lo político, pero igualmente penoso en lo económico.

Esa década se abrió con la crisis de la deuda que afectó a toda la región, declarada inicialmente por no otro que el secretario de Hacienda y Crédito Público de México en 1982, Jesús Silva Herzog, y se cerró con las derrotas políticas que los militares brasileros y los políticos priístas experimentaron, respectivamente, en 1985 y 1988. En México, de todos modos, Carlos Salinas, gracias a las habilidades como alquimistas de los cómputos oficiales de colegas como Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett, "ganó" las elecciones.18 Como examino detenidamente en la próxima sección, Salinas fracasó en su intento de aggiornare al PRI sin tener que pagar el precio de una perestroika --el fantasma de 17. Ocampo; Op.cit. página 18.

18. Ciertamente pareció ser un acto de “injusticia poética” que el funcionario de la Comisión Electoral Nacional que leyó los resultados definitivos en Julio de 1988 fuera Fernando Elías Calles, es decir el nieto del Jefe Máximo que implementó el primer fraude programado centralizadamente en elecciones presidenciales del siglo XX revolucionario en 1929. De todos modos, los avances tecnológicos permitieron que los mecanismos de la trampa de 1988 fueran algo más sutiles que aquellos a los que recurrió el abuelo, Plutarco Elías Calles.

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Mikhail Gorbachev era el personaje principal de las pesadillas que cotidianamente perseguían al político mexicano, quien fue indudablemente el último gran politics-maker de su país. De todos modos, sus maniobras pospusieron el desenlace por más de una docena de años ya que el PRI recién perdería la presidencia en el 2000.

Segunda parte: El cambio de siglo Como adelanto en la introducción, en las próximas secciones examino la etapa contemporánea; en primer lugar, el final del Siglo XX y a continuación, el comienzo del actual. Las últimas dos décadas del siglo pasado fueron más bien de cierre que de apertura; en ellas se produjo un verdadero ocaso: el de la matriz construida desde la política. Este desenlace, en buena medida fue resultado de las contradicciones y cuellos de botella que aquejaban a la matriz y se materializó en el marco del despliegue de dos panaceas fallidas --la democrática y la neoliberal. La impotencia de los demócratas de la década de 1980 y los desatinos de los neoliberales de la década siguiente no hicieron más que profundizar la debacle preanunciada por la instauración de las dictaduras fundacionales de la década de 1970 que fue coronada por la crisis de la deuda de 1981-1982. Durante las dos décadas finales del Siglo XX, las vicisitudes de los regímenes políticos fueron poco más que un ornato del arrasamiento de la “sociedad industrial construida desde el Estado” durante el siglo previo.

En cambio, a partir de principios del Siglo XXI la política pareció recuperar algo de iniciativa. No sólo aparecieron nuevos liderazgos con la capacidad de promover transformaciones significativas en las prácticas políticas y encarnar verosímilmente la representación del “pueblo”, como Chávez, Álvaro Uribe, Evo Morales, los Kirchner, Lula y Correa. Además, la mayoría de dichos líderes –apoyándose en el descrédito en que estaban sumidas las reformas neoliberales a raíz de la crisis de fines de siglo-promovieron el cuestionamiento del curso que habían seguido las sociedades latinoamericanas al someterse a los espasmos de los mercados y a las orientaciones de las altas finanzas del capitalismo mundial. En la última sección, precisamente, intento analizar estos fenómenos apartándome de un par de modas teóricas que han tenido vigencia en los últimos años: la idea de un giro a la izquierda, por un lado; la preocupación por medir la calidad de la democracia, por el otro.

Analizo las transformaciones recientes, en cambio, a través de otros ejes. El primer eje se organiza en torno a la descripción de los rasgos de cinco rutas económico-políticas alternativas que se perfilan a partir del cambio de siglo en la región. Tres de dichas rutas, las de mayor continuidad relativa, están asociadas a casos en que las opciones prefiguran transformaciones relativamente globales de las respectivas sociedades e implicaron estrategias bastante definidas con respecto a la nueva configuración del capitalismo mundial: estos son los casos de Chile, Brasil y México. La cuarta, adoptada decididamente por Venezuela y Argentina y con matices por Bolivia y Ecuador, la defino como la ruta de la “doble negación”; entendiendo como tal la articulación de un camino político apoyado en la negación de la economía de mercado y de la democracia de partidos. Y finalmente, una quinta ruta --la de la heteronomía de la política-- agrupa a aquellos países, entre los cuales se cuentan Colombia y Perú, en los cuales el curso adoptado refleja respuestas meramente adaptativas con respecto a los vaivenes del capitalismo mundial, si bien en el caso colombiano las alternativas del conflicto con los

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político grupos guerrilleros, especialmente las FARC, ha generado una lógica muy particular que ha impregnado la política a partir de la década de 1980. En estos países, ese curso ha quedado en buena medida atado a los intereses de los “poderes fácticos” nacionales y extranjeros, tanto de los que operan dentro de los marcos legales, como de los que lo hacen al margen de ellos.

El segundo eje parte del análisis de los mecanismos del régimen político que se perfilan en las sociedades analizadas durante la primera década y media del Siglo XXI. Para ello recurro al mismo procedimiento que utilicé en la Sección II al examinar los rasgos de dichos regímenes en la etapa de incorporación de las masas a la política. Señalaba en aquella sección que el derrumbe de los regímenes oligárquicos había abierto una Caja de Pandora al producirse el surgimiento de carriles de representación y legitimación que eran, a la vez, competitivos y complementarios, fenómeno que contribuyó decisivamente a que los regímenes de esa etapa tuvieran un carácter provisorio. A partir de las transiciones de la década de 1980, el sentido de la democracia representativa ha variado; en este caso me refiero a que los miembros de la ruling class que habitualmente habían recurrido a carriles alternativos de representación para promover y defender sus intereses y sus orientaciones valorativas, tornaron de modo más sistemático a utilizar los carriles democráticos, sin ocluir o interrumpir los procesos electorales, ni proscribir a los partidos políticos, ni asociarse a planteos militares.19 Esta verdadera metamorfosis del régimen tiene dos caras; por un lado, los carriles no democráticos del régimen político experimentaron profundas transformaciones que no fueron del todo ajenas a la nueva fisonomía del capitalismo y, en particular, a los diseños de los "domicilios arcanos" donde los dueños del dinero se encuentran con los dueños del poder político, parafraseando nuevamente a Arrighi. Por el otro lado, el carril de la democracia de partidos “perdió peligrosidad” al reducirse, aún más, la ya escasa importancia que tenían "los programas" y acentuarse la dependencia de los partidos y de sus miembros con respecto a la financiación de la dedicación a la política y de las campañas electorales; también influyó la transformación de los políticos en meros cultores de imágenes, en desmedro de la palabra, tal como Oscar Landi anotara sagazmente hace ya tiempo. Esta metamorfosis facilitó que los titulares del poder económico lo ejercieran sin necesidad de ir en contra de la democracia de partidos.

Sección III. El fin de siglo y las panaceas fallidas (1980-2000).

El caracterizar al período 1980-2000 como el de un ocaso no significa negar que en esos años se produjeran cambios significativos en las sociedades de América Latina; sin embargo, estos cambios estuvieron fundamentalmente vinculados a la desarticulación del modelo prevaleciente hasta la década de 1970 y fueron, por ende, de índole destructiva. Inicialmente la naturaleza de este fenómeno de destrucción no fue cabalmente percibida. Esto tuvo que ver, en parte, con el optimismo de los diagnósticos contemporáneos. A medida que se desplegaban las décadas del 80 y el 90, éstas fueron concebidas tanto por sus protagonistas, como por la mayoría de los analistas, como etapas fundacionales primero, de democracias más estables y, más tarde, de economías de mercado libradas del 19. El tema del sentido lo desarrollo en "El sentido de la democracia en la América Latina contemporánea" en Perfiles Latinoamericanos; N° 2 (Junio 1993).

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"artificio" del Estado. Pero la ilusión de la primavera democrática y la promesa del paraíso del mercado se disiparon al poco tiempo. La ilusión democrático sucumbió en el fragor de las hiperinflaciones que entre 1985 y 1990 azotaron a Bolivia, Argentina, Brasil y Perú --aunque el síndrome afectó también, más suavemente, a México, Uruguay y Venezuela; el paraíso del mercado, por su parte, probó ser un espejismo arrasado por el efecto Tequila de fines de 1994 y por la crisis mundial desatada en 1997.

Quiero subrayar, por lo tanto, que debajo de las "democracias de libro de texto" de una década y de las "reformas de manual" de los profesores de Chicago y sus discípulos de la siguiente, que cautivaron por igual a políticos de viejo y nuevo cuño y a las ciudadanías latinoamericanas, se desplegó un sostenido proceso de destrucción. En la década de 1980 se produjo un proceso que fue caracterizado acertadamente por Frenkel y Fanelli como de ajuste caótico, designando como tal a la serie de brutales ajustes que achicaron el Estado, desorganizaron la economía y dispararon el índice de Gini hacia arriba como corolario del derrumbe de sucesivos intentos de ajustes heterodoxos; la coyuntura abierta por el lanzamiento de los planes Austral en la Argentina (1985) y Cruzado en Brasil (1986) representaron los ejemplos más notorios de estos ajustes que fueron el resultado paradójico del fracaso de los planes económicos y no de su éxito. Pero no fueron Argentina y Brasil los únicos casos de ajuste caótico pues también Bolivia, Perú, Venezuela y México enfrentaron travesías parecidas bajo Siles Suazo, Alan García (1985-1990), Jaime Lusinchi y Miguel de la Madrid. Los secretarios del tesoro norteamericanos, James Baker y Nicholas Brady no hicieron más que agregar leña al fuego en esos sombríos años de la segunda mitad de la década de 1980; sus recomendaciones de ajuste y reforma estructural fueron una suerte de reedición, acuñada en el lenguaje y las prácticas de los economistas del siglo XX, de las letales curaciones de los matasanos de la Europa antigua.

El primer tratamiento fue el plan Baker de 1985, basado en una hipótesis bastante extravagante: el entonces secretario del tesoro de Estados Unidos postulaba que los países endeudados no necesitaban una reducción de créditos, sino, por el contrario, el aporte de nuevos créditos. Baker sostenía que si los créditos se asociaban a reformas radicales, les permitirían a los países latinoamericanos salir de la encrucijada y encontrar el camino para crecer y rembolsar todas sus deudas, antiguas y nuevas. Ya entonces asomaba la píldora más dura del tratamiento: las "reformas estructurales". Los países endeudados no sólo debían recomponer su liquidez, para lo cual se recomendaban los habituales planes de ajuste presupuestario y correcciones de la moneda y de la tasa de cambio, sino que además de acuerdo al diagnóstico de economistas como Milton Friedman, Arnold Haberger, los conocidos profesores de la Universidad de Chicago20, los países de la región debían recuperar la solvencia que, era socavada supuestamente por el "artificial" sobredimensionamiento del Estado. Para ello se requería que al ajuste, que de hecho el Fondo Monetario Internacional venía recomendando tozudamente desde la década de 1950, se sumaran las reformas estructurales. Luego siguió el Plan Brady, es decir el programa que el sucesor de Baker en el cargo de secretario del Tesoro, Nicholas Brady, implementaría al fracasar el de su antecesor. La versión académica de las reformas --esto es, los programas de desre20. Haberger y Friedman generaron numerosos discípulos y seguidores en América Latina. Algunos de los más prominentes fueron Carlos Rodríguez y Adolfo Diz (Argentina), Alejandro Vegh Villegas (Uruguay), Sergio de Castro y Rolf Lüders (Chile), Roberto Campos (Brasil), Miguel Gil Díaz y Jesús Reyes Heroles (México), Gonzalo Sánchez de Losada (Bolivia) y Moisés Naim (Venezuela).

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político gulación, privatizaciones y apertura comercial, al poco tiempo fue resumida, como es archiconocido, en el célebre Consenso de Washington redactado por el economista John Williamson.

Ya a comienzos década de 1990 el ingreso de capitales de corto plazo permitió ocultar temporariamente que las brechas que se habían abierto veinte años atrás no estaban cerradas.21 La destrucción de la Matriz Estado-Céntrica siguió su curso durante la década del 90, sin que nada demasiado sólido emergiera en su reemplazo.22 En la base misma del proceso de destrucción de la antigua matriz se encontraba la radical redefinición del papel del Estado. Juan Antonio Ocampo dio en el blanco al subrayar que la devastación que produjo en la región el reingreso en los mercados de capitales se prolongó durante todo el último cuarto del siglo XX, y que, por lo tanto, no abarcó únicamente la llamada "década perdida" de los 80. Ocampo subrayó, asimismo, un contraste fundamental: durante el período abarcado entre 1930 y fines de la década de 1970, los Estados latinoamericanos, directa o indirectamente, habían redistribuido recursos "hacia adentro" --entre el 2 y 3 % del PBI total de la región. En cambio, a partir de la crisis de la deuda de 1980-1982, los Estados de la región se convirtieron en "cobradores" por cuenta de los actores externos --es decir, le extrajeron a sus sociedades alrededor del 4 ó 5% del PBI para afrontar los pagos de los intereses y servicios de una deuda externa que se había multiplicado por cinco en menos de un lustro. Sólo Chile, Costa Rica y Colombia pudieron escapar de esa lógica de trituración; los dos primeros porque recibieron cuantiosos préstamos externos oficiales --una excepcionalidad acordada entre el director del Fondo Monetario Internacional, Jacques de Larosière, y el chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, con el blessing de los funcionarios de Ronald Reagan-- y en el caso de Colombia porque fue el único país que había manejado prudentemente la expansión de la deuda externa en la década anterior y "se benefició" con el aporte de los ingresos provenientes del narcotráfico.

A esta altura, se debe subrayar que, de hecho, fue en la década del 80 donde se comienza a perfilar la excepcionalidad de la ruta chilena. Si bien, el apoyo político y económico que Pinochet recibió del gobierno de los Estados Unidos fue un ingrediente imprescindible para el éxito de su empresa, no puede ignorarse que los militares chilenos y sus ideólogos –apoyados consistentemente por casi la mitad de la población chilena-- alcanzaron objetivos en los que fracasaron tanto las dictaduras militares de los países vecinos, como los gobiernos democráticos de las dos últimas décadas del Siglo XX, es decir instaurar un modelo capitalista dinámico apoyado en la apertura de los mercados y en el 21. En realidad, el primer ajuste que incluyó las reformas ortodoxas preconizadas por el Consenso había sido encarado cinco años antes por un régimen democráticamente electo; sus ejecutores, preanunciando el viraje que después protagonizaría en Argentina el peronismo menemista, fueron los viejos políticos nacionalistas del MNR boliviano todavía comandado por Víctor Paz Estenssoro.

22. En cierto sentido, resultó paradójico que el modelo mercado-internista y de "crecimiento hacia adentro" predominante desde entreguerras resultara tan vulnerable a los embates que sufrió desde el sistema económico mundial como el modelo anterior de "crecimiento hacia afuera" que había perecido en los años que siguieron a la primera guerra mundial. ¿Porqué me parece una paradoja? Porque dos modelos orientados en direcciones bastante opuestas sufrieron por igual la dependencia con respecto a la economía mundial. Mientras que el modelo de la belle epoque había proclamado como su virtud principal la integración plena a los mercados comerciales y de capitales del mundo, en cambio, el surgido en el período de entreguerras exhibió como rasgos centrales el proteccionismo, la autarquía, y en algunos casos un nacionalismo económico extremo. A pesar de sus diferencias, ambos modelos sucumbieron cuando las condiciones externas cambiaron.

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surgimiento de una nueva clase de capitalistas que se benefició tanto con una dura legislación antisindical sancionada bajo la dictadura militar, como por la demolición de las conquistas que las clases populares chilenas habían logrado en materia de servicios sociales.

Pero retomando el hilo del argumento, no fue de extrañar, entonces, que a partir de fines de la década del 80 los pobres de América Latina pidieran "menos Estado" uniéndose al coro que hacía décadas integraban los ricos y sus ideólogos. La década del 90, con los pobres votando por Menem, Fujimori, Collor de Mello, y por la alianza que encabezaban Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada, líderes del MNR boliviano, cerraba la parábola de crecimiento, estancamiento y achicamiento del Estado que había comenzado setenta años antes.23 Otro de los casos de la década de 1990 en que efectivamente la votación de los pobres fue recapturada por antiguos defensores de las políticas nacionalistas, pero ahora reconvertidos a la panacea neoliberal, fue el de los políticos del Partido Revolucionario Institucional. El gobierno del PRI, presidido por Carlos Salinas de Gortari después de su dudosa victoria en las elecciones presidenciales de 1988, logró en las siguientes elecciones, las parlamentarias de 1991 y las presidenciales de 1994, retornar al tope de las preferencias de los votantes mexicanos con relativa comodidad y con una reducida dosis de manipulación electoral.

El caso mexicano, sin embargo, no llegaría a destacarse, sin embargo, por la habilidad política de Salinas, sino porque expondría de manera dramática las falacias de la panacea neoliberal. El corolario fue que en pocos años el régimen político más sólido de América Latina se transformaría en una armazón frágil e incapaz de mantener el orden público. Los cuellos de botella de la Matriz Estado-Céntrica, especialmente su crónica recaída en los déficits de balanza de pagos, no fueron resueltos por las políticas adoptadas durante el período 1982-1994; por el contrario, terminaron siendo agravados. La llamada crisis del Tequila lo demostró concluyentemente. El episodio mismo que la desencadenó --es decir el anuncio formulado en Diciembre de 1994 por Jaime Serra Puche, el secretario de Hacienda y Crédito Público del recién asumido presidente Ernesto Zedillo, de que México evitaría una maxidevaluación produjo inmediatamente ese resultado. El país fue inmediatamente arrastrado por la caída incontrolada del peso culminando un annus horribilis que contagió a prácticamente toda la región.

La cronología de los sucesos de 1994 brinda una vívida imagen de como se imbricaron los procesos económicos y políticos en la crisis de la antigua matriz en la que había sido, sin duda, la versión nacio23. Como es sabido, las transiciones a la democracia se sucedieron entre 1978 (Ecuador) y 1990 (Chile), incluyendo a Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En la siguiente década, en cambio, las transformaciones tuvieron otro contenido; se generalizó la adopción de programas económicos de corte neoliberal por parte de un conjunto de gobiernos constitucionales de la región, conjunto que abarcó asimismo a México y Venezuela. Las transiciones y los programas neoliberales velaron, sin embargo, el fenómeno de destrucción de la antigua matriz de dirección estatal, sustitución de importaciones, integración social y participación controlada de las masas que describí en la sección anterior. Los líderes de la década del 80 --tipificados por Hernán Siles Suazo en Bolivia (1982-1985), Raúl Alfonsín en Argentina (1983-1989), y el primer Alan García en Perú (1985-1990)-- nos deslumbraron inicialmente con su ethos democratizante, y que los hiper-presidentes del 90 --algunos de cuyos ejemplos notorios fueron Paz Estenssoro, Menem y Salinas-- se convirtieron en personajes de resonancia mundial al abrazar las ideologías del libre mercado a pesar de provenir de partidos con una tradición nacionalista y dirigista; sin embargo, unos y otros no hicieron más que presidir un cuarto de siglo de estancamiento económico y creciente desigualdad. Fue más bien, lo subrayo nuevamente, un fin de época que el comienzo de una nueva. Los países de la región fueron transformados, en realidad, por la desarticulación de los pilares de la matriz anterior más que por la erección de nuevos mecanismos que organizaran pautas de conducta alternativas de los individuos y las empresas privadas.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político nal más perdurable. En sólo once meses se vino abajo un régimen que había sido edificado laboriosamente durante décadas sobre la base de uno de los mitos más potentes del siglo XX latinoamericano: la de una epopeya revolucionaria revitalizada en la década del 30 por Lázaro Cárdenas con la reforma agraria y la nacionalización del petróleo y cimentada en el diseño y la implementación efectiva de un conjunto de mecanismos de control, represión y cooptación armados desde la cúpula del poder político que impregnaron completamente a la sociedad mexicana. Desde Calles hasta López Portillo, cuyo mandato culminó precisamente cuando estalló la crisis anterior, es decir la de la deuda en 1982, los sucesivos presidentes habían aceitado y ampliado aquellos mecanismos. Sin embargo con el fin del sexenio de López Portillo, a la magnitud de la crisis externa se sumó la evidencia del agotamiento de los políticos tradicionales del PRI --a quienes la calificación de "dinosaurios" se aplicó a partir de esos años con total justeza. Este agotamiento se manifestó en la incapacidad política del sucesor de López Portillo, Miguel de la Madrid, quien no atinó a reactivar las herramientas de cooptación y represión ni a intentar seriamente promover una apertura democrática. La enorme repercusión de los desaciertos de de la Madrid --ampliados aún más por el lente de aumento de la ineficacia del Estado mexicano para reaccionar frente al sismo de 1985-- revelaron que no se trataba únicamente de ejecutar tecnocráticamente medidas de ajuste, sino que se requería de audacia, y también de una dosis no menor de inteligencia, para reconstruir la menoscabada autoridad presidencial sobre la base de una renovación del régimen político. De la Madrid y la cúpula dirigencial del PRI carecieron manifiestamente de dichas virtudes.

La impotencia del Estado federal para lidiar con el terremoto en la misma capital del país profundizó aún más la grieta en la hegemonía del partido/Estado. Estas carencias y el manto de opacidad con que se intentó ocultarlas, llevaron a que el PRI se dividiera en 1987-88. El candidato disidente a la presidencia, Cuahtémoc Cárdenas, prestigiado por añadidura por ser el hijo de Lázaro, obtuvo al menos un tercio de los votos en 1988, según reconocieron los cómputos oficiales, que fueron ostensiblemente manipulados. La trampa que benefició al ganador, Carlos Salinas de Gortari, aparentemente un tecnopol con escasa prosapia partidaria, destapó, sin embargo, a un político de inusitada habilidad táctica y con una clara estrategia acerca de cómo superar el bache. El nuevo presidente maniobró para aislar, por una parte, a la oposición de "izquierda" representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fundado por Cárdenas y otros disidentes del PRI y, por la otra, para abrir espacios a nivel sub-nacional a los opositores de "derecha" de la antigua agrupación católica, anti revolucionaria y liberal, el Partido Autonomista Nacional (PAN), reconociendo por primera vez el triunfo electoral de un candidato a gobernador no priista --en Baja California en 1989, al que se sumaron un par más de gobernadores opositores, siempre del PAN, en los siguientes años.

Salinas indujo, entonces, una verdadera revulsión en el sistema partidario mexicano que inicialmente lo favoreció, pero que a la larga produjo resultados que, seguramente, él no deseaba. Todo ello lo llevó adelante, por supuesto, sin abandonar las acendradas tradiciones priístas de manejo absolutamente discrecional de las reglas, incluidas las electorales. Salinas llegó a promover "interinatos" de gobernadores en la mitad de los estados cuando los resultados no se ajustaban a sus previsiones o cuando el candidato priista "triunfante" resultaba un fiasco -- y reiteró la confusión total de lo público y lo privado, especial aunque no únicamente, cuando se trataba de alimentar los peculios de los jerarcas.

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Paralelamente, empero, promovió la creación de una suerte de ministerio electoral, como lo llamó Alberto Aziz: el Instituto Federal Electoral (IFE), inspirado por un intelectual prestigioso que hizo gala de profesionalismo e imparcialidad. Este politólogo --primero fungiendo como Consejero Ciudadano y más adelante ocupando la presidencia del instituto-- logró que la celebración de elecciones federales dejara atrás muchas de las trampas del pasado.24 Salinas borró a los partidos satélites --partidos subalternos no competitivos, como barrocamente los calificó el ya mencionado Woldenberg-- que el PRI había manejado durante décadas para alimentar la ficción de un sistema pluripartidario; logró que el PAN se transformara en una oposición más verosímil y propensa al acuerdo, pero que no tenía a esa altura grandes chances para ganar la presidencia y, de paso, relegó al PRD al tercer lugar tanto en las elecciones de 1991, como en las de 1994. El PRD se mantendría en un lejano tercer puesto también en las siguientes elecciones presidenciales, las del 2000, pero la coda de ese último año ya no sería mérito de Salinas, sino responsabilidad de los propios dirigentes perredistas y sus desaciertos.

El logro más destacado de Salinas, de todos modos, fue en el campo de la economía: la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que el senado norteamericano votó finalmente en Noviembre de 1993, después de varios años de arduas negociaciones. Y ese mismo mes Salinas, refirmando las más puras tradiciones autoritarias e hiper-presidencialistas mexicanas, destapó a su candidato, y seguro ganador, de las elecciones presidenciales de 1994, Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social, un verdadero superministro que manejaba lo que, en la práctica, se había convertido en un partido de gobierno bis, el Pronasol. Así culminaba un año en el que la refundación salinista del priísmo parecía haber cerrado la larga década de infortunios económicos y políticos inaugurada con el default de 1982.

No resultó así. Como bien se sabe, 1994 probó desde el minuto inicial que tanto la salida de la crisis de la deuda, como la reconstrucción de la autoridad política de la presidencia mexicana, habían sido un espejismo. Sin embargo, lo más sorprendente no fue el derrumbe del peso en Diciembre de 1994 --que constituyó el episodio que cerró una “crónica del desastre anunciado” por numerosos analistas y consejeros extranjeros desde Lloyd Bentsen, secretario del Tesoro de Bill Clinton, hasta Rudiger Dornbusch, economista del MIT, ante la evidencia que los inversores de capitales de corto plazo huirían de la moneda mexicana más temprano que tarde dado que el mantenimiento del abultado déficit externo, producido por la sobrevaluación del peso, resultaba a todas vistas insostenible.

Lo más inesperado del final de la presidencia de Salinas y del traspaso del mando a su sucesor, fue la serie de reveses políticos que sufrió el gobierno priísta durante todo el año de 1994, comenzando por la rebelión zapatista iniciada la noche misma de año nuevo. Ese 1 de Enero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un grupo armado compuesto por cientos de indígenas de etnias 24. José Woldenberg es a quien me refiero. Cfr. Alberto Aziz Nassif, "El rompecabezas salinista: recuento político de un gobierno" en Marcelo Cavarozzi (coordinador), México en el Desfiladero: los años de Salinas; México, FLACSO/Juan Pablos Editor, 1997; página 74. Woldenberg, un politólogo graduado en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), jugó un papel decisivo en la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en un organismo con la capacidad de controlar, en buena medida, la limpieza de las elecciones a nivel federal. No sucedió lo mismo en las elecciones estaduales, donde en muchos casos los parecidos organismos que operaban en la órbita subnacional continuaron manipulando los resultados.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político mayas de Chiapas y dirigido por el Subcomandante Marcos, un graduado de la UNAM en filosofía, tomó violentamente siete municipios de los altos de ese estado, en los cuales ya hacía tiempo que estaban operando, incluso detectados por los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas. De todos modos, en un par de días los zapatistas fueron desalojados por el ejército. Excepto en uno de los pueblos, Ocosingo, donde fueron exterminados por los militares, en el resto de las poblaciones los rebeldes optaron por retirarse ante la superioridad de sus adversarios. La reacción inicial de Salinas fue declarar que se "buscarían las soluciones en el marco de la ley" y, consiguientemente, dispuso la ejecución sumaria de los prisioneros y el bombardeo de poblaciones indígenas. Una semana más tarde, sin embargo, y con la rebelión militarmente acorralada, el presidente dispuso un alto al fuego, despidió a su secretario de Gobernación --casualmente un ex gobernador chiapaneco-- y nombró como comisionado para la paz a uno de los precandidatos que había desechado en el "dedazo" de los meses previos. La derrota política del gobierno se tornó más evidente al mes siguiente, cuando comenzó el diálogo con los zapatistas incluyendo como mediador al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, un conocido defensor de los indígenas y frecuente crítico de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios, civiles y militares, y las llamadas "guardias blancas" --esto es, los grupos parapoliciales sostenidos por los terratenientes chiapanecos para perseguir a las etnias originarias y a otros campesinos pobres. Por primera vez en la larga historia de los gobiernos del PRI, el Estado mexicano se abstuvo de liquidar a sangre y fuego una rebelión armada, que, para peor, proclamaba abiertamente su adhesión a una ideología anticapitalista y denunciaba el racismo de un partido que siempre se había reivindicado como el legítimo, y exclusivo, representante de los sectores populares, incluidas las etnias indígenas. El episodio de la rebelión zapatista no reveló la fuerza política o militar del EZLN, ya que su objetivo de "marchar hasta la Ciudad de México" no tenía el menor sentido; más bien puso al desnudo la inesperada fragilidad del régimen del PRI. Durante los meses siguientes, la situación no hizo más que empeorar para el gobierno y los episodios de violencia política se multiplicaron: los rumores de un conflicto entre Salinas y Colosio crecieron, culminando con el asesinato, nunca aclarado, del candidato en Tijuana, al que pocos meses después se agregó el del secretario general del PRI y cuñado del presidente, Juan Francisco Ruiz Massieu. El hecho de que se tornara verosímil el rumor que el crimen de Ruiz Massieu había sido ordenado, a su vez, por el hermano del presidente, el todopoderoso Raúl Salinas, no hizo más que confirmar la magnitud del proceso de desarticulación del régimen político mexicano.

Si bien el reemplazante de Colosio en la candidatura, Ernesto Zedillo, ganó cómodamente las elecciones de Agosto, su llegada a la presidencia en Diciembre no hizo más que precipitar el descalabro final.

Ante la negativa de Salinas y de su secretario de Hacienda de disponer la devaluación de la moneda nacional antes del cambio de gobierno, las presiones se acumularon y la corrida en contra del peso pulverizó en pocas semanas los principales logros macroeconómicos del sexenio –ciertamente no la tasa de crecimiento, que había sido muy reducida, sino la estabilidad en el valor de la moneda y la baja inflación. La crisis barrió con lo que quedaba de autoridad del nuevo presidente quien, ya desde su encumbramiento como candidato, había quedado cubierto bajo un manto de provisoriedad e incertidumbre. La intensidad de la crisis pareció disminuir entre 1995 y 1997. No fue ajena a esa circunstancia la concesión a México de un excepcional paquete de rescate en el cual Estados Unidos jugó un

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rol central. Fueron en total 53.000 millones de dólares con los cuales se creó un fondo de estabilización que se usaría en caso que México no dispusiera de recursos propios para hacer frente a los pagos de su deuda externa, lo cual no era para nada descartable, dada la fuerza de la corrida contra el peso.

El presidente Clinton utilizó 20.000 millones del Exchange Stabilization Fund (ESF), al cual el ejecutivo norteamericano podía recurrir sin requerir autorización del congreso para apuntalar la creación del fondo de emergencia; la medida no dejó de tener algo de arbitrario, pues Clinton escogió la vía de ESF sólo después que el congreso de su país demorara la concesión de ayuda a través de una ley. México, como consecuencia de la ayuda norteamericana, evitó el default y retomó la senda de la baja inflación ... al precio de descender a tasas aún más bajas de crecimiento. Lo que Clinton no pudo evitar, obviamente, fue el continuado deterioro de la figura presidencial --que se había iniciado a las dos semanas de inaugurado el período-- y todavía mucho más significativamente, que este deterioro arrastrara de modo inexorable al PRI. Zedillo se desentendió de la suerte de su partido, incluyendo el steering del proceso sucesorio, que había sido una de las tareas centrales de todo presidente mexicano desde Calles en adelante. Se inició así un proceso de cambio profundo que comenzó por el mismo núcleo político mexicano, el régimen presidencialista autoritario asentado en el PRI, y que, no sorprendentemente, abarcó a la sociedad en su conjunto. En realidad, a pesar que tanto los pensadores liberales del estilo de Enrique Krause, como quienes querían construir una social democracia a la mexicana, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo y otros ex disidentes del PRI, se ilusionaron con la posibilidad de México ingresara en la ruta de construcción de una poliarquía de libro de texto con tres partidos ordenadamente ubicados en la izquierda, el centro y la derecha, en realidad el país comenzaba a internarse por un sendero que era exactamente lo contrario: la destrucción del México revolucionario sin que nada ocupara el vacío. Sergio Zermeño captó agudamente este proceso en sus albores acuñando la imagen de la "sociedad derrotada": en 1996 ya se refirió a un "México roto", que según el sociólogo mexicano incluía al menos a la mitad de la población, tanto a los "que nunca fueron integrados por la modernidad del modelo anterior (es decir el Estado-céntrico, MC)" y aquellos otros que agregó "la pedacería dejada por la 'década perdida' y el shock neoliberal".25 La conclusión del primer acto de la saga fue, ciertamente, la inobjetable y concluyente derrota del candidato priísta, Francisco Labastida, en las elecciones presidenciales de 2000. ¿Porqué me he detenido para describir detalladamente los rasgos del proceso político mexicano durante el período 1988-2000? Porque México constituye una metáfora elocuente de la peculiar confluencia que se produjo a fines del siglo XX en toda la región. No fue, como resulta obvio, el final feliz que había predicho Fukuyama en su renombrado ensayo --es decir la conjunción virtuosa de democracia y mercado-- sino la confluencia de dos fracasos, es decir la suma de los fracasos de la democracia y el mercado para materializar los milagros que el profeta académico había prometido al anunciar el fin de la historia. Es decir, hubo (y hay) "más democracia" y "más mercado", pero los avances de una y otro no contribuyeron a resolver los dilemas económicos y políticos enfrentados por América Latina en el ocaso del siglo XX. En México la confluencia fue, además, particularmente tortuosa. El temor de Salinas de convertirse en un Gorbachev tropical y protagonizar la versión latinoamericana de la perestroika determinó que, en contraste con los casos sudamericanos de salida de dictaduras militares, 25. Cfr. Sergio Zermeño, 1996. La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo. México: Siglo XXI; página 170.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político el mercado llegara en México antes que la democracia. La democracia, o mejor dicho una promesa verosímil de su materialización, recién advino una década y media más tarde, en 2000. Empero, la reversión de la secuencia sudamericana no le sirvió de mucho a México: sufrió, al igual que los países del sur, las tribulaciones de la "media década perdida". Más aún, durante la siguiente década la democracia electoral --ciertamente empañada por un nuevo resultado dudoso, el de 2006-- no consiguió consolidar el sistema tripartidario emergente --de hecho tanto el PAN y el PRD van camino de convertirse en una nueva versión de los partidos "subalternos no competitivos" a los que se refería Woldenberg, y el Estado mexicano quedó aún más arrinconado ante el colapso del orden público que se profundizó durante la segunda presidencia panista, la de Felipe Calderón (2006-2012). Como señalo en la próxima sección, el segundo acto de la saga inaugurada en la década de 1990, completando la ominosa imagen de Zermeño, podría llegar a ser un "Estado derrotado".

Resumiendo el argumento; cuando me refiero al "doble fracaso" no estoy afirmando que los procesos de democratización y de remercantilización no hayan avanzado en las tres décadas recientes. Por el contrario, si se compara la América Latina de 2014 con la de 1980, ciertamente hay más mercado y hay más democracia, o quizás con más propiedad, hay menos Estado y menos autoritarismo. Lo que pretendo enfatizar, a riesgo de repetirme, es que, por lo menos hasta principios del siglo XXI, con la excepción parcial de Chile, la combinación de democracia y mercado no se articuló como una fórmula alternativa a la destruida Matriz Estado-Céntrica. El mercado, en todo caso, no se impuso porque sus ideólogos convencieran, sino porque la fuerza arrasadora de la globalización que comenzó en el segundo lustro de la década de 1970 derrumbó las fronteras comerciales, financieras y culturales que las sociedades latinoamericanas habían erigido durante el medio siglo anterior. Por su parte, la democracia venció sus contrincantes por walk over, si se me permite una metáfora deportiva; los adversarios, anteriormente temibles, estaban replegándose cuando sobrevinieron las transiciones. En esa lista de adversarios, por supuesto, figuraban prominentemente las dictaduras militares, tanto las burocrático-autoritarias o´donnellianas como las fundacionales que, al decir de Garretón, se implantaron en la siguiente década. Empero el elenco de regímenes autoritarios en retirada también incluyó a la fórmula del partido único mexicano y a los regímenes sultanísticos sobrevivientes hasta casi fines de siglo, como el de Stroessner en Paraguay y el más benigno, pero igualmente anti-democrático, de Joaquín Balaguer en la República Dominicana.26 A pesar que algunos presidentes de la década de 1980, como Hernán Siles Suazo, Raúl Alfonsín y Alan García, despertaron inicialmente la ilusión de una democracia que refundara la política de sus países, ellos protagonizaron, por el contrario, un verdadero eclipse de la política. El corolario del período 1980-2000 fue, por ende, la conformación de democracias by default.

26. Realmente, el caso de la República Dominicana, no incluido en este texto, merece un comentario. A pesar de promover una suerte de distençao a la Geisel, Balaguer, un ex ministro del tirano Trujillo, tuvo la habilidad de mantener algunos de los rasgos centrales de la dictadura trujillista --es decir el patrimonialismo a ultranza, la cooptación de los posibles opositores, el microcontrol de las redes de poder social y el ejercicio selectivo de la represión; sobre esas bases dominó la escena política dominicana hasta fines del siglo XX.

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Sección IV. Rutas del capitalismo latinoamericano y regímenes políticos.

1. Modalidades de integración a la economía mundial. Como ya han señalado varios analistas, las transformaciones que se operaron en el capitalismo a partir del último cuarto del Siglo XX tuvieron un impacto especialmente fuerte en los países de América Latina que habían avanzado más en el proceso industrialización dirigida por el Estado; sin embargo el impacto también alcanzó al resto de la región. Como apuntó certeramente Ocampo en el texto ya citado las tendencias negativas –bajo o nulo crecimiento, incremento de las desigualdades en el mercado de trabajo, volatilidad financiera y monetaria-- tuvieron mayor intensidad en los “períodos perdidos”, o sea la década de 1980 y el lustro 1998-2002. Sin embargo, el “trecho ganado”, o sea 1990-1997, no lo fue en verdad. Las debilidades estructurales más profundas –entre ellas, como señala Ocampo, la baja productividad, la sensibilidad a los flujos de capital extranjero y la mediocridad de los sistemas nacionales de innovación—no se revirtieron, sino que se agravaron.27 En esta sección, empero, recojo otra propuesta de Ocampo para avanzar un par de pasos en la caracterización de los modelos económico-políticos que se están perfilando en América latina a partir de la clausura de la que describió como “la media década perdida”. Me refiero al punto en el cual el economista colombiano contrasta un patrón del “norte” que comparten México, varios países centroamericanos y algunos caribeños que, según anota, se caracteriza por “las exportaciones de manufacturas con alto contenido de insumos importados (en su modalidad extrema, maquiladoras) dirigidas principalmente hacia el mercado estadounidense” y un patrón del “sur” típico de los países sudamericanos que, apunta Ocampo, se define por “una combinación de exportaciones extrarregionales de productos primarios y manufacturas intensivas en recursos naturales y por un activo comercio intrarregional dominado por las manufacturas”. ¿Cuáles son los pasos adicionales que propongo? Uno, el tener en cuenta el dato de la expansión de las exportaciones de commodities que favoreció especialmente a América del Sur a partir de 2002, fenómeno que, de todos modos, parece estar encontrando un techo a esta altura; el otro, el incorporar variables políticas al esquema, lo que me permite distinguir, como adelanto en la introducción a esta segunda parte del texto, cinco rutas.

Tres de las aludidas rutas corresponden a casos individuales que tienen gran relevancia, si bien por diferentes razones. Brasil y México la tienen por el peso de ambos países dentro de la región y porque efectivamente representan reacciones a la crisis de la Matriz Estado-Céntrica en las cuales persisten algunos de los rasgos de la antigua matriz en el marco de dos sociedades extremadamente complejas; como veremos, empero, en ambos casos se enfrentan cuellos de botella económicos y políticos de magnitud que arrojan dudas acerca de la sustentabilidad a mediano plazo de las respectivas rutas, especialmente en el caso mexicano. Chile, en cambio, la tiene porque es el único caso donde operó una verdadera “revolución capitalista desde arriba” como resultado de la cual se está configurando una nueva matriz societal.

A pesar de que los tres países mencionados han seguido, como veremos, itinerarios completamente disímiles, presentan dos rasgos comunes. Por una parte, se caracterizan por una relativa continuidad de sus políticas públicas, más allá de las alternancias partidarias que se han producido en sus 27. Ocampo; op.cit. páginas 37-39.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político gobiernos durante el Siglo XXI.28 Por otra parte, los rasgos principales de las tres rutas comenzaron a perfilarse hacia fines de la década de 1980, cuando coincidieron hitos que marcaron una divisoria de aguas. La dictadura pinochetista perdió el plebiscito de 1988 abriendo el cauce para la instalación de gobiernos popularmente electos por primera vez desde 1970. A su vez, este evento prácticamente coincidió tanto con la celebración de la primera elección presidencial popular en Brasil después del fin de la dictadura militar , como con el lanzamiento de la estrategia de Carlos Salinas de integración económica de México con los otros países de América del Norte dentro del NAFTA (North American Free Trade Association).

La excepcionalidad de Chile se remontaba más temprano, sin embargo: hasta principios de la década. El país comenzó a ser excepcional a partir de 1980-1982, y especialmente desde 1985, cuando logró salir del pozo en que había caído como resultado de las políticas económicas que la dictadura pinochetista había implementado durante el período 1973-1980. La excepcionalidad tuvo mucho que ver con la circunstancia que Chile no sufrió la “década perdida”, lo que favoreció que la transición del autoritarismo tuviera un curso diferente al resto de los países de América del Sur. Como ya anoté más arriba, el apoyo económico de Estados Unidos y del FMI que recibió el gobierno de Pinochet a principios de la década de 1980 no sólo le permitió al dictador superar la encrucijada en que se encontraba Chile en esa coyuntura –el nivel de desempleo en 1982 había superado el 20 por ciento como resultado de una caída del PBI para el trienio 1980-1982 de alrededor del 15 por ciento.29 El efecto más importante de la ayuda, que cobró tanto una dimensión simbólica como material, fue que el Estado en Chile escapó de la morsa que apretó al resto de sus contrapartes de la región que se convirtieron en penosos agentes del pago de una deuda externa que se elevaba a proporciones mucho más elevadas del PBI que lo que había sido históricamente.30 Como bien se sabe, el corolario de este fenómeno no fue que países como Bolivia, Perú, Brasil o Argentina pudieran pagar la deuda, sino que en el intento fallido de hacerlo, Estados que ya prestaban sus servicios de manera precaria y desigual lo hicieran todavía de manera más insatisfactoria, especialmente en el caso de los sectores de la población que sufrían más carencias. La paradójica consecuencia de este contraste fue que el Estado que promovía su propio achicamiento en aras del predominio del mercado apareció reforzado en su rol, mientras que los Estados que defendieron hasta fines de la década de 1980 enfoques estatistas y dirigistas –incluidos los planes heterodoxos para combatir la inflación como el Austral argentino y el Cruzado brasileño—se desprestigiaron y perdieron la capacidad de prestar las más básicas funciones estatales. De esa manera, se abonó el terreno para la prédica de los defensores del neoliberalismo en la siguiente década en casos como Argentina, Perú y Brasil, quienes ya no necesitaron, como si fue el 28. De todos modos, resulta obvio que en Chile y Brasil es mayor la afinidad del gran empresariado con las coaliciones opuestas a la Nueva Mayoría (la Concertación hasta 2013) y al PT. Tanto la Alianza (es decir, la coalición de la UDI y RN) en Chile, como el conglomerado partidario liderado por los candidatos presidenciales del PSDB en Brasil han tendido a recibir el apoyo político de los empresarios nacionales de mayor peso.

29. La exitosa superación por parte del dictador chileno de la encrucijada en que se encontraba a principios de la década de 1980 también se debió a la habilidad con la que Pinochet maniobró frente a las protestas populares, que fueron duramente reprimidas, y frente a los cuestionamientos surgidos en su propio frente interno.

30. En varios casos, como en Brasil y Argentina, el Estado asumió también la deuda contraída por empresas privadas, que era aproximadamente igual a la original del sector público.

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caso de Pinochet, de la mano dura para imponer proyectos de reforma estructural. De todos modos, a medida que avanzaba la década de 1980 el sustento de legitimación de la dictadura chilena fue variando gradualmente: de un gobierno que basaba su legitimación en su eficacia para “poner en su lugar a los marxistas”, a otro que la basaba en el éxito de sus programas económicos.

La diferente trayectoria que siguió Chile durante la década de 1980 dejó, claro está, su legado. El contraste con el resto de América del Sur se fue tornando cada vez más marcado. A fines de esa década los presidentes de la primera etapa democrática habían atravesado, y no resuelto, las crisis económicas de 1988-1990 y tuvieron que pagar el costo político por ello. Sarney en Brasil, Alan García en Perú y Alfonsín en Argentina –como así también sus partidos-- y Lusinchi en Venezuela, fueron repudiados por la ciudadanía que votaron a líderes y partidos que se presentaron como lo opuesto a aquellos a quienes reemplazaron; las políticas estatistas aparecieron como los responsables de las crisis.31 No resultó sorprendente, entonces que los sucesores, Collor de Mello, Fujimori, Menem e incluso Carlos Andrés Pérez, propusieran soluciones que implicaban dar un giro de 180 grados y adoptaran políticas bautizadas como neoliberales. En cambio, en Chile la coyuntura tuvo un sentido totalmente diferente; el frente opositor que triunfó en las elecciones presidenciales de 1989 claramente basó su campaña en el rechazo del carácter autoritario del gobierno militar, y no en una crítica al enfoque de sus políticas económicas. Chile se instaló, entonces, en una ruta en la que, imaginaria y materialmente, se “alejaba” de un continente atrapado por el cepo de la deuda y sumido en la alta inflación; la crítica explícita, y a veces implícita, al pasado no se limitó a la dictadura pinochetista sino también alcanzó a la memoria de la Unidad Popular. En otras palabras, se confirmaba el abandono tout court de la Matriz Estado-Céntrica --es decir, de la idea de construcción política de una sociedad industrial. Esa condena se centró en los rasgos negativos que enmarcaban el derrumbe de la MEC, pero también abarcó la etapa previa de construcción de Estados enfocados en la incorporación social y política de sectores excluidos. Resultó apropiado para la confirmación de la imagen de una “isla que se alejaba del caos” el iceberg que el país envió como símbolo a su pabellón en la feria mundial de Sevilla de 1992, ya con Patricio Aylwin en la presidencia.

El rasgo distintivo que caracterizó a la ruta chilena a partir del último cuarto del siglo XX fue, entonces, la de una sociedad que mayoritariamente dejó atrás la idea y las prácticas de la construcción colectiva de una matriz societal definida por la tutela estatal de las diferentes clases sociales, incluidos los trabajadores organizados y los empleados públicos. Es cierto que el Chile del siglo XX había generado y reforzado vínculos jerárquicos y también había consolidado una distribución extremadamente desigual de la riqueza. Pero era igualmente cierto, al mismo tiempo, que la política chilena a partir de la década de 1920 había contribuido contradictoria, pero decisivamente, a articular mecanismos institucionales e informales que habían provisto los canales para implementar entre 1964 y 1970 una reforma agraria efectiva que había erosionado seriamente el poder oligárquico en el campo y pos31. En realidad Bolivia resultó el caso precursor, pues la condena ciudadana al estatismo del primer presidente democrático, Hernán Siles Suazo, se dio tempranamente en 1985 y llevó al triunfo de Víctor Paz Estenssoro, del otrora nacionalista y estatista Movimiento Nacionalista Revolucionario, quien encaró una dura política de ajuste y reestructuración de signo neoliberal a partir de aquel año. Carlos Andrés Pérez en Venezuela representó otro ejemplo de la nueva tendencia, aunque en su caso él llegó a la presidencia sucediendo a otro político de su propio partido en 1989, el también Adeco Jaime Lusinchi.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político teriormente, durante el gobierno de la Unidad Popular, habían abierto una grieta en la dominación social por la cual se filtró una verosímil propuesta de “vía no capitalista de desarrollo” apoyada por los partidos de izquierda y los sectores progresistas de la democracia cristiana y que promovió la incorporación de los sectores excluidos hasta entonces, es decir los campesinos y los pobres urbanos.

Durante los cuatro gobiernos que encabezó entre 1990 y 2010, la Concertación triunfante en 1989 no se apartó significativamente de los lineamientos heredados del gobierno militar. Esa orientación la reconoció más tarde el ministro de Hacienda de Patricio Aylwin, el político demócrata cristiano elegido presidente en 1990. Alejandro Foxley, que de él se trata, elogió los programas de Pinochet como “una contribución histórica que terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien, no para mal”.32 Las políticas sociales implementadas por los gobiernos de Aylwyn, Frei, Lagos y Bachelet (2006-2010), en conjunción con el sostenido crecimiento económico apoyado en el boom del cobre, redujeron drásticamente la pobreza partir de 1990. Sin embargo, la coalición gobernante de centro-izquierda no modificó el sesgo privatista del modelo heredado; incluso en algunas áreas lo acentuó. Por una parte, la extrema disparidad de ingresos y de acceso a los servicios que predominó Chile hacia finales de la dictadura, convirtiéndolo en uno de los países más desiguales del mundo, no fue revertida en las siguientes dos décadas. Los servicios de educación, salud y seguridad social continuaron estando mayoritariamente a cargo de prestadores privados con una alta correlación entre calidad y precio y el correlativo foco en el lucro; los hospitales y las escuelas públicas no recibieron un financiamiento que permitiera su funcionamiento adecuado.

Por otra parte, la expansión de producción de cobre que convirtió a Chile en el primer productor mundial del mineral –era el tercero en 1990— trajo consigo el consiguiente alza del monto de las exportaciones, que se multiplicaron por ocho entre 1990 y 2010 medidas en precios a dólares corrientes. Ahora bien, prácticamente todo ese aumento fue generado por empresas privadas, mientras que hasta 1990 la participación del sector privado en la producción de cobre había sido muy reducida.

En conclusión, como titula Garretón en uno de sus libros más recientes, la experiencia de la Concertación fue una de neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Chile representa el caso más claro de una ruta centrada en la total apertura de la economía, las privatizaciones y la desregulación en donde el fenómeno de una revolución capitalista promovida por un gobierno despótico ha generado un escenario político plenamente renovado a pesar de la subsistencia de actores del pasado, como los socialistas, los comunistas y los demócrata cristianos. Es cierto que la arquitectura partidaria ha recuperado su posición como eje de la escena política después que el ex-dictador Pinochet perdiera la influencia institucional e informal que mantuvo hasta ser puesto en prisión en Londres en 1998. Sin embargo, la circunstancia que fuera una acción exógena al sistema político chileno la que marcara el eclipse de Pinochet --esto es la detención promovida por el juez español Baltasar Garzón en Inglaterra que lo mantuvo recluido durante más de un año-- constituyó un indicador de la "levedad" de la democracia chilena hasta fines del siglo XX.33 Ese, y otros "enclaves autoritarios" --como los denominó 32. Citado por Carlos Huneeus, La Democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Santiago: Taurus, 2014; página 521.

33. Pinochet continuó ejerciendo la comandancia en jefe del ejército chileno hasta marzo de 1998, es decir hasta ocho años después de haber transferido la presidencia al opositor Patricio Aylwin. Precisamente en su discurso de despedi-

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acertadamente Manuel Antonio Garretón-- perduran todavía en cierta medida y son uno de los factores que explican porque Chile continuó transitando un sendero aparte.

El contraste de Chile con Brasil no puede ser más evidente: en el primer caso se produjo una revolución capitalista autoritaria promovida por la dictadura que cambió de raíz la matriz social sin que los gobiernos democráticos posteriores modificaran sustancialmente ese curso. En el segundo, en cambio, los gobiernos de la transición a la democracia se enfrentaron con una situación económica muy seria en 1985 que se agravó aún más a fines de esa década cuando los cuellos de botella del estatismo desarrollista se intensificaron a raíz de la crisis de la deuda. El curso seguido a partir de 1990 no se apartó en demasía de los trazos esenciales de la MEC latinoamericana precisamente a partir de reiterar el acendrado estilo propio de cambio –es decir, abriendo nuevos etapas sin cerrar las anteriores. La ruta brasileña continuó caracterizándose, entonces, por la acumulación de sucesivas etapas de desarrollo; a partir de 1930 este proceso “sedimentario” había promovido la imbricación del sector privado y el Estado descansando en el cierre de la economía, la creación de empresas públicas y la regulación de las relaciones de clase. El sesgo estatista se atenuó considerablemente a partir de la llegada de Fernando Henrique Cardoso al ministerio de hacienda en 1993 y su posterior acceso a la presidencia dos años más tarde. El éxito de las medidas antiinflacionarias conocidas como el Plano Real no sólo corrigió las distorsiones macroeconómicas más graves; le permitieron a Cardoso, asimismo, triunfar en dos elecciones presidenciales consecutivas; las de 1994 y 1998. También se encaró la privatización de empresas públicas marcando la reversión del largo ciclo estatista iniciado sesenta años antes; una de las privatizaciones más importantes fue la de Vale do Rio Doce, la productora de hierro y níquel más grande del mundo, en 1997. De todos modos, tanto la desregulación de la economía, como la apertura comercial avanzaron más tibiamente que el proceso de privatización.34 La crisis de la “media década perdida” afectó fuertemente a Brasil; las medidas que Cardoso se vio obligado a tomar a partir de 1999 si bien impidieron que el país sufriera una debacle catastrófica como Argentina –que también había recurrido a la apreciación cambiaria y la entrada de capitales de corto plazo en la década de 1990, deterioraron seriamente la popularidad del gobierno y del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) integrado por disidentes del PMDB a partir de 1988. En la siguiente elección presidencial de fines de 2002, el candidato del PSDB y antiguo colega de FHC, Jose Serra, fue clarada del cargo militar, el ex dictador se enorgullecía del "mantenimiento del modelo económico y las reformas sociales emprendidas" durante su gobierno. Pocos meses después, Pinochet fue encarcelado en Londres; su desmoronamiento político culminó seis años más tarde cuando el senado norteamericano reveló los pormenores de una investigación que puso en descubierto que el militar tenía cuentas secretas en el Banco Riggs de aquel país, así como en otras instituciones extranjeras, bajo nombres falsos. Esas irregularidades le permitieron acumular al menos 27.000.000 de dólares en cuentas que también incluían a otros miembros de su familia, algunos de los cuales terminarían presos después de la muerte de Pinochet. Quizás fue una casualidad, pero al poco tiempo el Riggs Bank cambió de nombre y pasó a denominarse PNC Bank.

34. También en 1995 se lanzó el Mercosur, convirtiendo así a la Argentina en un socio comercial importante en la siguiente década y media, especialmente sobre la base de la integración parcial de las industrias automotrices de ambos países.

De todos modos, el sector primario no sólo mantuvo su elevada participación en el paquete exportador, sino que la incrementó. Y esta circunstancia no fue ajena al relativo estancamiento de las exportaciones brasileras en la década actual, después de haber demostrado un gran dinamismo en la anterior. Históricamente los productos primarios han estado sujetos a mayores fluctuaciones en sus precios en el mercado mundial que los industriales, y la tendencia de recaída en sus niveles en el bienio actual están afectando significativamente a toda Sudamérica, y en particular a Brasil.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político mente derrotado por Lula, el ex dirigente sindical que había fundado el Partido de los Trabalhadores (PT) en 1979.

La llegada al poder de Lula en 2003, después de haber sido derrotado en las tres elecciones presidenciales previas no marcó una simple alternancia en el gobierno; el hecho constituyó, un profundo quiebre con el pasado, aunque también implicó un retorno a tradiciones políticas brasileras seculares. ¿Cómo es posible sostener una afirmación aparentemente tan contradictoria? El componente de ruptura se vinculó a que el acceso a la presidencia de un migrante interno nordestino proveniente de los estratos más pobres implicó ciertamente un cuestionamiento a la estructura jerárquica de la sociedad brasilera. Medio siglo atrás Getulio Vargas había sido conocido como “el pai dos pobres”; Lula también tuvo una relación especial con los sectores subordinados; sin embargo, habiendo sido pobre él mismo, les proveyó un polo de identificación identitaria más cercano e igualitario que en el caso de Getulio. Que Lula lo hiciera al comando de un partido que reivindicó su origen en la sociedad civil, y situándose inicialmente más allá del espectro político tradicional, no hizo más que agregar un elemento adicional de ruptura con el pasado. La circunstancia que Lula ocupara la posición de mayor poder político durante ocho años, y que se mantuviera luego como una figura decisiva en la presidencia de Dilma Rousseff, lo situó simbólicamente en un espacio político diferente que no reemplazó, pero si se sumó al plano propiamente partidario.

Pero, como planteo más arriba, Lula y las presidencias del PT representaron también una continuidad en relación al pasado de Brasil. En primer lugar, porque las políticas de los tres períodos del PT en el gobierno inaugurados en 2003, sin revertir totalmente la orientación ortodoxa de la estrategia macroeconómica de los años previos, implicaron un retorno al curso seguido desde 1930, es decir retomaron, en buena medida, el estatismo y la regulación socio-económica. En ese sentido, entonces, la década de Cardoso puede ser vista como una especie de paréntesis. Las medidas antiinflacionarias dispuestas en la década de 1990 continuaron siendo aplicadas, pero el viraje que le había impuesto Cardoso al curso del modelo económico, en la dirección de un mayor peso de la lógica de mercado, comenzó a revertirse cuando asumió la presidencia Lula; entre otros cambios, suavizando la dureza de los ajustes y retornando a políticas de protección industrial a través de instrumentos arancelarios y no arancelarios. En segundo lugar, la llegada de Lula al centro del escenario político y social de Brasil –lugar que ha continuado ocupando incluso durante la presidencia de Dilma Rousseff—marcó una continuidad en un sentido adicional, quizás más profundo: la continuada existencia de carriles de representación alternativos en el espacio del régimen político, o sea el fenómeno que he caracterizado como regímenes de compromiso. El ascenso de Lula se tradujo en la coexistencia de una escena partidaria gobernada por la lógica de una persona, un voto, por un lado, y la vigencia de carriles de representación y legitimación del régimen político vinculados a otros códigos: principalmente, los asociados a la relación entre un líder carismático con el pueblo y los anelhos burocrático-empresariales informales teorizados precisamente por el mismo Cardoso, por el otro lado.

En el cambio de siglo, la política brasilera retornó a una versión, si bien aggiornada, de los regímenes de compromiso del pasado.35 Hasta 1985 el sistema de partidos había funcionado con un “modera35. A los ya citados trabajos de Nunes y Weffort se debe agregar la Radiografia del Quadro Partidario de Maria D´Alva Gil

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dor” externo, los militares, que intervinieron sistemáticamente --primero como árbitros y “correctores de excesos populistas”, y a partir del golpe de 1964 como encargados del poder ejecutivo federal, pero adjudicando un rol subsidiario a los partidos en el parlamento, y luego también en los gobiernos estaduales. Como es obvio, el hecho que los militares fueran el poder moderador, le imprimió inestabilidad al régimen.

El fin de la dictadura militar en 1985 abrió, como es sabido, lo que tornó a ser una transición caótica: es decir, los años de las presidencias de Sarney y Collor de Melo. Paradojalmente, empero, y a pesar de la crisis económica y política que culminó con el impeachment de Collor de Melo y la hiperinflación, el sistema de partidos pareció convertirse en la arena dominante de la política, generando incluso una salida institucional a la doble crisis a través del Plano Real y el ascenso de Fernando Henrique.

Más aún, si concentramos la mirada en las elecciones presidenciales a partir de 1994, la dominancia partidaria dio como un resultado un juego que tendió a estabilizarse como una partida bi-coalicional.

Entre 1994 y 2014 en ese plano han competido excluyentemente dos constelaciones partidarias, una encabezada por el PSDB y otra por el PT, que se enfrentaron periódicamente a nivel federal sin que aparecieran otros candidatos con posibilidades reales de vencer en la elección. Incluso cuando una tercera candidata se perfiló inicialmente como capaz de quebrar el duopolio, como Marina Silva en 2014, ello en definitiva no se materializó.

De todos modos, la primera elección presidencial dilucidada por el voto popular en treinta años, la de 1989, ya estaba sugiriendo que la estabilización de la arquitectura partidaria a nivel federal no era la única novedad; la otra fue la recreación de la instancia del poder moderador, esta vez encarnado en un personaje individual, esto es Lula. El sorpresivo ascenso del Lula, que le permitió en 1989 ingresar al ballotage postergando al político trabalhista Leonel Brizzola, marcó la aparición de una figura que comenzó a trascender la escena partidaria al mismo tiempo que se transformaba en uno de sus actores centrales. La capacidad de moverse en el tablero de los partidos, y al mismo tiempo de jugar por fuera de él, le permitió a Lula el ir desarrollando gradualmente un poder de arbitraje dentro de la política nacional . En este sentido, se puede establecer un paralelo entre Lula y etapas anteriores de la historia política brasilera caracterizadas por la vigencia de un poder moderador con capacidad de jugar por encima --o por debajo, según se prefiera-de los partidos. Obviamente, la principal diferencia con el período 1930-1985 es el hecho que este poder moderador se ejerce en un contexto de un electorado plenamente incorporado --lo que no era el caso en aquel período-- y que no descansa en la amenaza de ruptura del juego institucional.

A partir de 2012, sin embargo, se ha generado un impasse cuyas manifestaciones más claras son el estancamiento de la economía y la pérdida relativa de popularidad del PT; este síndrome culminó con el dificultoso triunfo de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2014.

Estas circunstancias sugieren que Brasil están enfrentando dos obstáculos extremadamente serios al estrecharse los márgenes para mantener los difíciles equilibrios que descansan en Lula y que le han permitido al PT triunfar en cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Estos son equilibrios Kinzo que brinda un completo análisis de los partidos después del fin del régimen militar. Sao Paulo: Centro de Estudios, Fundación Konrad Adenauer; 1993.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político políticos y económicos: le han permitido a la fuerza gobernante, por una parte, retener una proporción abrumadora de los votos de los más pobres y atraer, paralelamente, el apoyo electoral de un segmento significativo de las nuevas clases medias generadas por el crecimiento del país durante el siglo XXI; y por otra parte, expandir la base industrial del país al mismo tiempo que ha aumentado la dependencia de Brasil de la exportación de commodities agrícolas y minerales. El interrogante que se plantea a mediados de la década de 2010 es claro: ¿es posible para Brasil mantenerse en la ruta de un neodesarrollismo de base regional limitada, en un mundo globalizado como el actual, generando, simultáneamente, los recursos que permitan continuar avanzando en la dirección de reducir la todavía altísima desigualdad a través de la incorporación de los sectores excluídos?

México es, en contraste con Brasil y Chile, un caso más dramático de transformación fallida ante la crisis de la MEC que estalló ya hace más de tres décadas. Lo retrató con un título, ya hace tiempo, Isabelle Rousseau, quien al realizar un balance de la gestión de Carlos Salinas (1988-1994) se refería a ella con la imagen de Modernidad con pies de barro.36 Obviamente la autora no podía imaginar que tres sexenios más tarde, es decir en 2012, el PRI recuperaría la presidencia después de haberla perdido en 2000; lo hizo con una plataforma en la que sus dos mensajes centrales --uno explícito y otro implícito-- fueron, por un lado, el retorno a la implementación de las "reformas estructurales" que había prometido Salinas en 1988 y, por el otro, la reversión de la situación de evaporación del poder político presidencial producida a partir de la asunción de Zedillo en 1994 y agudizada durante los dos sexenios del PAN.37 Menos aún podía Rousseau intuir que su imagen no sólo retrataba adecuadamente las limitaciones del proyecto salinista, sino que también resultaría ser una premonición del derrumbe que protagonizaría dos décadas más tarde el otrora discípulo de Salinas de Gortari, es decir Enrique Peña Nieto. No lo podía intuir porque sólo hace dos años, cuando Peña Nieto triunfaba en las elecciones presidenciales de 2012 superando al político de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, también referido como AMLO, parecía que el retorno del PRI a la cima del poder político en México marcaba el cierre del largo hiato de la política mexicana que se había abierto en 1994. Se llenaban varios requisitos. En principio, al vencer claramente al candidato de izquierdas en 2012, se dejaba atrás la "amenaza" que representaba AMLO, quien no sólo había encarnado por años la resistencia política más consistente al proyecto salinista, sino también había probablemente despojado del triunfo en las elecciones presidenciales de 2006, cuando el IFE (Instituto Federal Electoral) y el TRIFE (Tribunal Federal Electoral) se habían negado a efectuar un recuento de las innumerables casetas impugnadas como reclamaban sus partidarios. Pero, además, el PRI retornaba a la presidencia habiendo aparentemente dejado atrás sus largas décadas de partido autoritario --con lo cual se completaba la transición incompleta a una "democracia tripartidaria de libro de texto" iniciada en 2000-- pero abriendo al mismo tiempo la posibilidad de restaurar los mecanismos de control social gravemente erosionados 36. Isabelle Rousseau; México: 1995, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

37. Efectivamente, después de ocupar durante ocho décadas el gobierno mexicano, el partido creado en 1929 por la Dinastía de Sonora que había emergido en 1920 como el grupo triunfante de las luchas entre las facciones revolucionarias, esto es el PRI, perdió por primera vez una elección presidencial en 2000. Más allá de que el candidato triunfante, Vicente Fox del PAN, tuvo la habilidad de presentarse como el abanderado de la democracia articulando una coalición que incluyó a muchos disidentes del PRD, como ya señalé, el PRI estaba derrotado desde hacía seis años atrás, cuando Ernesto Zedillo se había convertido en un presidente lame duck a los quince días de asumir.

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durante las presidencias panistas de Fox y Calderón. Las promesas sonaban verosímiles, y de paso acariciaban los oídos de las calificadoras de riesgo y de los organismos económicos internacionales; el apuesto ex gobernador del estado de México anunciaba que completaría las reformas estructurales iniciadas por Salinas --que, dicho sea de paso, el PRI había bloqueado durante los doce años panistas en nombre de las banderas de la Revolución. De lo que se trataba, principalmente, era de abrir plenamente al capital privado el sector energético y la explotación del petróleo, propuesta que terminó de aprobarse en Agosto de 2014. Los inversores, entusiasmados con la perspectiva de grandes negocios, no percibían que los cambios prometidos no contribuirían a revertir la tendencia al engrosamiento de las filas del "México roto" aludido por Zermeño veinte años atrás, sino que más bien la reforzarían.

Pero el flanco más débil de las reformas de Peña Nieto era otro: precisamente lo que el PRI había garantizado durante décadas; el control del orden social a través de una maquinaria que había combinado represión, cooptación, ascenso social y una inteligencia que llegaba a los estratos más bajos de la sociedad. Ya desde las crisis de las décadas de 1980 y 1990, la ecuación de trabajo informal, narcotráfico y corrupción de policías, políticos y funcionarios venía corroyendo la trama social mexicana.

Los tres elementos estaban presentes en México desde antes de las crisis, pero el estancamiento del mercado de trabajo formal (sumado a la alta tasa de natalidad) y el crecimiento del consumo en Estados Unidos se combinaron para expandir dramáticamente el negocio de la droga a partir de 1980-82.

Y el modelo de desarrollo seguido a partir del gobierno de Salinas, del que sus sucesores, Zedillo, Fox y Calderón, no se apartaron, profundizó la distancia entre el México moderno trasnacional y el "México roto". La creciente integración de la industria nacional al mercado norteamericano y la crisis de buena parte de la agricultura tradicional no hicieron más que aumentar el número de mexicanos desintegrados de la sociedad edificada a partir del período de entreguerras bajo el paradigma de la Revolución. Y en esa sociedad, una vez producido el eclipse político de Carlos Salinas, desapareció rápidamente la figura disciplinadora del presidente que ponía límites a las arbitrariedades más groseras, y consiguientemente más indignantes, de funcionarios y políticos y fijaba ciertos parámetros a partir de los cuales los abusos a los derechos humanos cometidos por policías, militares y sicarios eran relativamente ocasionales o resultaban cuidadosamente ocultados.

Ahora, a fines de 2014, se percibe que, en realidad, el retorno del PRI a la presidencia no sirvió para revertir el derrumbe del Estado mexicano. Los episodios de asesinatos de pobres dedicados al menudeo de la droga, de periodistas, de mujeres sometidas a la violencia pública y privada, de estudiantes sobre todo en el campo pero también en las ciudades, de integrantes de bandas del narcotráfico, de jóvenes en discoteques y antros, de oficiales y soldados del ejército y de la marina mexicanos, de centroamericanos transitando por territorio mexicano hacia Estados Unidos y de otros que se encontraban en el "lugar equivocado" han continuado multiplicándose; los números han seguido creciendo, registrándose al mismo tiempo una creciente involucración de miembros de las fuerzas armadas en masacres y operaciones ilegales. Y no se trata solamente de los "estados pobres del sur", Guerrero, Chiapas, Oaxaca, como cierta prensa apunta. Es en todo el país --desde Tamaulipas y Baja California en el norte hasta la frontera guatemalteca, pasando por Michoacán, donde denominadas "autodefensas" operan en vastas regiones, el Distrito Federal y el mismo estado de México, siempre gobernado por el partido de la Revolución desde 1925-- donde los nombres de localidades grandes y pequeñas

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político continúan engrosando a la lista de muertes y violaciones groseras a los derechos humanos: Uruapán, Cuernavaca, Degollado, Tlatlaya, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Yurécuaro, la Barca, Jitlotlán, Ciudad Victoria y cientos más.

Durante dos años --los que han transcurrido del período de Peña Nieto-- y con la colaboración sistemática de Televisa (la principal estación de televisión) que difundía las "buenas noticias" --por ejemplo capturas o muertes de jefes del narcotrático-- pero censuraba las malas, se impuso el simulacro.

Pero el asesinato/desaparición/presunta calcinación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de Setiembre de 2014, que expuso la involucración de funcionarios municipales y estaduales con sicarios, la inacción del ejército nacional, y el desconcierto de Peña Nieto y sus ministros, parecen haber colmado el vaso. Y el interrogante que asoma en México es de relevancia política, ética y teórica: ¿por cuánto tiempo podrá mantenerse la aparente compatibilidad entre, por un lado, una sociedad que se deshace y un capitalismo que, por el otro, desarrolla nuevas oportunidades de negocios "no apartándose de la ruta trazada" tal como lo anunció ominosamente el presidente Peña Nieto al Consejo Coordinador Empresarial más de dos meses después de la tragedia de Guerrero? (Excelsior; 6-12-2014) En Argentina, Bolivia y Ecuador el síndrome del doble fracaso --que se extendió asimismo a otro país sudamericano en el cual, como se sabe, no hubo transición en la década de 1980, es decir Venezuela-- explica, en buena medida, lo que sucedió a partir de comienzos del nuevo siglo.38 No fue casual que en aquellos casos en los cuales el doble fracaso se manifestó de manera más rotunda --inicialmente a fines de la década de 1980, pero sobre todo durante la media década perdida-- varios regímenes, comenzando en 1999 por Venezuela precisamente, y siguiendo más tarde por Argentina, Bolivia y Ecuador, comenzaran a transitar un sendero de redefinición radical del discurso político. Esta redefinición se produjo a partir de la articulación progresiva de una vertiente de radical negación, sobre todo retórica pero también práctica, del par de ingredientes de la ruta que se había insinuado durante el período 1980-2000, esto es de la ruta alla Fukuyama que predicaba la combinación de la democracia de partidos con la economía de mercado.39 El fenómeno de redefinición al que me refiero se apoyó, por una parte, en el aumento de la capacidad fiscal del estado --fruto a su vez de la expansión inédita y sostenida de los ingresos producidos por las exportaciones de commodities mineras y agrícolas que se registró a partir de 2002-- y, por la otra, en la reconstrucción significativa de la autoridad política disuelta en las dos décadas postreras del siglo XX. En Venezuela y Ecuador la evaporación de la autoridad política se extendió durante toda la década de 1990 mientras que en Argentina y Bolivia se desencadenó más tardíamente, ya que los respectivos gobiernos de aquella década, es decir los de Carlos Menem y los hegemonizados por el MNR y Gonzalo Sánchez de Losada, protagonizaron fugas hacia adelante que parecieron inicialmente exitosas pero que se derrumbarían en los fragores de la crisis asiático-mundial iniciada en 1997.

38. En esta última sección incorporo los países andinos al análisis ya que a partir de 1999 en prácticamente todos ellos se registraron fenómenos políticos de relevancia que enriquecen la mirada comparativa.

39. Como las rutas seguidas en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina implicaron una crítica de las soluciones de "derecha", fueron calificadas como "giros a la izquierda". Creo que debemos reflexionar un tanto más cuidadosamente acerca de esta última calificación.

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La reconstrucción de autoridad en el siglo XXI se encarnó de manera excluyente en los titulares del poder ejecutivo; los respectivos presidentes se convirtieron en los ejes del sistema político postulándose creíblemente como la contracara de los presidentes débiles que los precedieron. En esos cuatro países, entonces, se desplegó una verdadera reorganización de la economía política, que como ya señalé, se basó en la negación de la fórmula sostenida por el Consenso de Washington, es decir de la fórmula que recomendaba la implementación de reformas de mercado radicales en el marco de gobiernos democráticos pluripartidarios. Se produjo, entonces, en Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador un retorno de la política, retorno, sin embargo, que estuvo cargado de negatividad. Este fenómeno tuvo mucho que ver con el glamour de los discursos que le achacaron a la "primavera democrática" (y a las salidas de mercado) la responsabilidad de los tropiezos y fracasos que culminaron en las crisis de fines de las décadas de 1980 y 1990. Desde de esta perspectiva, los políticos de partido llenaron a la perfección el casillero de plena culpabilidad en la que los ubicaron líderes como Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Correa, por supuesto con la "complicidad" reiterada de las mayorías de los electorados. Los partidos políticos y sus dirigentes --incluidos en el caso de Kirchner los miembros de su propio partido que representaban el pasado oprobioso, expresado por Carlos Menem-- fueron pintados como la encarnación de todos los defectos que, supuestamente o no, habían llevado a las crisis económicas de fines de siglo y desencadenado los procesos de evaporación de la autoridad asociados a dichas crisis. Los políticos tradicionales, entonces, quedaron ubicados en el peor espacio posible: aquel caracterizado por la pasividad, --la "torpe inacción", como la tituló Gargarella-- la corruptela generalizada, y la complicidad con los organismos internacionales, los grupos empresariales trasnacionales, los grandes bancos y los fondos de inversión. De todos modos, cabe aclarar algo relativamente obvio: el tinte antiimperialista que se le dio a los proyectos enunciados por los presidentes de los cuatro países incluidos en este subgrupo --que en algún caso recibieron títulos como el de socialismo bolivariano o socialismo del Siglo XXI-- quiso recubrir, en realidad, la ausencia de una arquitectura clara de la economía política que fuera más allá de la previsible adaptación a los vaivenes de los precios de los commodities de exportación.

No resultó accidental que en los cuatro casos del síndrome de la doble negación, el cesarismo presidencial resultara un componente fundamental de las respectivas fórmulas políticas que se armaron a partir de fines de siglo. Por ende, los rasgos que definen al cesarismo se acentuaron: la provisoriedad de las reglas, la subordinación de los poderes legislativos y judiciales a los presidentes, la recurrencia a medidas típicas de las situaciones de emergencia permanente como los decretos de necesidad y urgencia, la pérdida de importancia de los organismos de control y el personalismo decisionista en el que las normas se subordinan sin restricciones al que detenta el poder. Tampoco debe sorprender que en los dos casos en que los personajes centrales, Chávez y Néstor Kirchner, murieron tempranamente, el problema típico de los hiperpresidencialismos latinoamericanos desde Perón en adelante, el de la sucesión, reapareciera con toda crudeza. Esta situación no sólo responde a la circunstancia obvia que en estos casos la vigencia de partidos dominantes del estilo del MAS, del socialismo unido venezolano o del peronismo torna extremadamente improbable la alternancia partidaria; lo que es más grave aún es que las mismas fuerzas gobernantes --dada la carencia o la irrelevancia de sus normas internas-- por lo general no cuentan con mecanismos, formales o informales, que permitan reemplazar al "líder" con una figura de peso. La única salida, entonces, es la reelección indefinida, lo cual

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político inevitablemente agrava la provisoriedad de la fórmula. En Argentina se había eludido el problema, aparentemente, con la conformación de un liderazgo bicéfalo ejercido por el matrimonio Kirchner, lo que tenía, entre otras ventajas, la posibilidad de escaparle a la restricción constitucional que sólo permite una reelección consecutiva. Sin embargo, la muerte de Néstor eliminó ese prometedor desvío y condenó al peronismo kirchnerista a la imposible tarea de hallar un sucesor que reuniera todos los atributos necesarios, sobre todo el de compatibilizar el estar dotado de cierta talla política mínima y de garantizar la lealtad a los creadores del proyecto y conductores natos del mismo, es decir a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Por último, un par de casos configuraron un patrón alternativo de imbricación economía/política; esta ruta a la que defino como de heteronomía de la política está asociada a la debilidad intrínseca del proceso de construcción de un Estado nacional que predominó durante el siglo XX, rasgo que no se ha modificado durante el siglo actual. Me refiero a Perú y Colombia; en ambos casos la continuidad de las políticas neoliberales a ultranza adoptadas a partir de la presidencia de César Gaviria (1990-1994) y del decenio fujimorista no ha hecho más que rubricar la incapacidad del Estado para influir sobre el curso de procesos económicos en los cuales el poder del gran capital, por un lado, y el del heterogéneo universo de mafias asociadas a la economía ilegal, desde las drogas y la trata de personas hasta la minería, por el otro, no es contestado sino mínimamente. Tanto en Perú como en Colombia los partidos, tal como los entendemos tradicionalmente, son prácticamente irrelevantes y han desaparecido como actores que jueguen con eficacia en la escena electoral, más allá de etiquetas que en el mejor de los casos representan la supervivencia de algunas camarillas de influencia local o regional en el caso de Colombia. En Perú, los partidos en buena medida se extinguieron luego del ocaso de la primera presidencia de Alan García en 1990, mientras que en Colombia el ascenso de Uribe en 2002 expresó un fenómeno similar. Sin embargo, en este último caso, es obvio que el tema de la violencia política ha mantenido centralidad vinculada a los sucesivos fracasos de los "diálogos de paz" --es decir de los intentos de acuerdos negociados con los principales grupos guerrilleros, las FARC y el ELN-- que se sucedieron desde la década de 1980. El ocaso definitivo de uno de los sistemas partidarios más longevos de América Latina que conllevó el triunfo de Uribe en 2002 estuvo estrechamente vinculado al colapso del último intento de negociación del siglo XX que se prolongó prácticamente durante toda la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002). El corolario de dicho fracaso, como se sabe, fue que Uribe se impusiera en las elecciones de ese último año prometiendo el endurecimiento de las políticas en relación a los grupos guerrilleros. El político antioqueño pudo modificar la constitución y lograr la reelección en 2006 precisamente a partir de la percepción por parte de la mayoría de los colombianos que él había avanzado en el cumplimiento de aquella promesa. Los "diálogos de paz", o sea los intentos del Estado colombiano de acceder al "monopolio legítimo de la violencia" del cual ha estado permanentemente alejado desde sus orígenes, se han mantenido como una cuestión política fundamental durante el período de su sucesor y ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos. Tanto las negociaciones que se desarrollan con las FARC desde 2012 en La Habana, como la disputa de Santos con Uribe que culminó con la presentación de un candidato uribista en las elecciones de 2014 --Zuluaga estuvo cerca de batir al presidente ya que incluso triunfó en la primera vuelta-- se inscriben en ese fenómeno. Si recordamos la definición que propuso Jean-Yves Calvez de la política como "un reconocimiento entre libertades arrancado de la violencia, aunque siempre (se)

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mantenga (esta última) como amenaza", en Colombia ese sustrato último aparece permanentemente en suspenso, por lo tanto otorgándole sustancia a la política. 40 En ese sentido, y para utilizar un término algo desgastado, se puede sostener que la política sobredetermina los procesos sociales y económicos en Colombia.

En cambio en Perú, la política no ha retornado del doble vaciamiento que experimentó a principios y a fines de la década de 1990. Entre 1988 y 1990 el ocaso del APRA fue acompañado, en ambos extremos del arco ideológico, por las implosiones de la "izquierda" y la "derecha" que les impidieron suceder a Alan García; en 2000 la escabrosa destitución de Fujimori marcó, a su vez, el declive de la última fuerza política a la cual se la podía asociar con un cierto ideario, si bien de esencia autoritaria.41 Se han sucedido en la presidencia Paniagua, Toledo, Alan García (en su segunda presidencia) y Ollanta Humala; los cuatro han coronado la conversión de Perú en "estrella del continente" según refieren numerosos informes de bancos de la región; efectivamente de acuerdo a la CEPAL es, por lejos, el país que más crecido en América Latina después de Panamá. La principal "virtud" de los presidentes de este siglo ha residido en que no han entorpecido el despliegue de grandes corporaciones mineras que convirtieron a Perú a en el primer productor latinoamericano de plata --mineral del cual es también primer productor mundial-- plomo, estaño, oro, zinc y el segundo en cobre y en que no han podido detener la exportación ilegal de minerales preciosos --solamente la de oro ya superó a las exportaciones de drogas a partir de 2011. Puesto crudamente, la política tiene escasa influencia sobre lo que ocurre en la sociedad y la economía peruanas; a la apertura comercial se agrega la incapacidad para regular la economía formal y controlar la ilegal. No debe sorprender, entonces, lo que revela un reciente trabajo de la Universidad Católica de Perú: en el periodo 2000-2010, el PBI per cápita en términos reales se elevó en aproximadamente 50%. Sin embargo, el desempeño de las series de ingresos de los trabajadores resultó menos alentador. Durante ese periodo, el salario real del sector privado cayó en 5,3% y los sueldos en el sector público se redujeron en aproximadamente un punto porcentual.42

V. Retornando al tema del régimen político: el lado oscuro de la democracia.

Al clausurarse las dictaduras en la década de 1980, llevó algún tiempo aprender que la democracia no alcanzaba, por si misma, para resolver los graves problemas económicos y sociales que enfrentaban los países de América Latina. Una vez que se dejó atrás el estudio de las transiciones viramos hacia el 40. La definición de Calvez se encuentra en Política. Una introducción. (Buenos Aires: Editorial Docencia, 1999; p.21).

41. El desenlace retrató la fragilidad del régimen fujimorista; se trató del fin de una "dictablanda" que había gozado de un efímero lustro de popularidad a raíz de sus éxitos en la supresión de la inflación y la liquidación de la guerrilla de Sendero Luminoso. Sin embargo, Fujimori no resistió la revelación de los manejos corruptos del número dos de su régimen y jefe del poderoso Servicio de Inteligencia Nacional, el "asesor" Vladimiro Montesinos, un ex militar vinculado a la CIA. El escándalo estalló cuando se hicieron públicos videos en los cuales Montesinos aparecía personalmente comprando el voto de parlamentarios para que aprobaran la posibilidad de que el presidente optara por una segunda reelección en 2000. Fujimori, quien de todos modos había ganado esa reelección al retirarse de la segunda vuelta el candidato opositor, Alejandro Toledo, fue destituido por el congreso a fines de ese mismo año por "incapacidad moral".

42. Waldo Mendoza, Janneth Leyva y José Luis Flor."La distribución del ingreso en el Perú" en Janina León Castillo y Javier Iguíñez Echeverría; Desigualdad distributiva en Perú: dimensiones. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2011.

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La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político tema del Estado orientándonos en la dirección del análisis de como sus debilidades históricas y las insuficiencias de las políticas públicas se habían acentuado a partir de la crisis de la deuda de 1982, agravando por ende las desigualdades sociales y expandiendo las "zonas marrones" a las que se refirió O´Donnell. Esa búsqueda era necesaria y resultó fructífera y, sin duda, quedan aún muchos interrogantes por responder. En este trabajo, empero, apunto en otra dirección, la del régimen político. Los cambios políticos que se sucedieron a partir de 1998-1999, es decir cuando la crisis mundial de fines de siglo llegó a América Latina, nos enfrentan, nuevamente, a un rasgo que caracterizó a los regímenes de la región ya desde fines del siglo XIX: en el pasado los avances de la democracia no se produjeron en contra de la no-democracia, o la antidemocracia; en el presente tampoco. Tanto en la etapa de construcción del Estado, como en la de incorporación de las masas a la política, la democracia y la no democracia se desarrollaron en paralelo; en otras palabras, la expansión de la ciudadanía política liberal y del principio de una persona, un voto, se produjo en simultáneo con la ampliación del clientelismo, el desarrollo de mecanismos de regulación de la ciudadanía, el ingreso de los militares a las arenas de la política de masas y el crecimiento del personalismo cesarista. Es cierto que a partir de las transiciones de hace tres décadas, el autoritarismo militar está en franco retroceso y no parece probable que se produzcan regresiones graves en ese área; sin embargo, otras modalidades no democráticas de selección de dirigentes --es decir de integración de la ruling class-- y de articulación de comunidad están lejos de haberse eclipsado y algunas de ellas están creciendo rozagantemente en la mayoría de las democracias inauguradas en la década de 1980, como así también en otros casos.

Reconociendo desde ya la falta de sistematicidad de los comentarios que siguen, me propongo identificar algunas de las modalidades no democráticas de representación que florecen en los regímenes políticos del siglo XXI, adelantando el propósito de desarrollar el tema en un futuro trabajo. En primer lugar, se han fortalecido algunos dispositivos de lo que podría definirse como un corporativismo societalista de mercado de carácter informal. Si bien es cierto que algunos de dichos dispositivos ya existían previamente, lo significativo es que han ganado en preponderancia después de la desarticulación de los canales relativamente formalizados de implementación de políticas públicas del pasado estado-céntrico. En particular, las herramientas tradicionales de política económica se tornaron anticuadas ante el avance de la globalización y el efecto de los ajustes caóticos de la década de 1980 y el desmantelamiento deliberado de lo quedaba de la maquinaria estado-céntrica implementado por gobiernos como los de Argentina, Brasil, Perú y México --para citar algunos casos-- en la década siguiente. Lo que quiero subrayar no tiene que ver con los contenidos sustantivos de políticas específicas --la represión financiera y el otorgamiento de subsidios a empresas que sustituían importaciones, por ejemplo-- sino que el ocaso de la fórmula estado-céntrica le hizo perder la centralidad a mecanismos establecidos de vinculación entre los dueños del dinero y los dueños del poder político.

En su reemplazo se generaron nuevos mecanismos de regulación del capital y de eslabonamiento de las firmas privadas al sector público (incluidas las empresas públicas) a través de los cuales se produce un fenómeno de dos caras: por un lado, el gran capital, favorecido por los cambios en la economía mundial, ha avanzado en la colonización del Estado maximizando su capacidad para socializar pérdidas y privatizar ganancias a través de mecanismos legales y extra-legales y, por el otro, el Estado incrementó sus capacidades para adjudicar "favores" --es decir premiar y extorsionar a los capitalistas-- descansando tanto en la disposición de una mayor masa de recursos a partir del fin de

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la media década perdida, como en la implementación de nuevas herramientas de policy making que le otorgan mayores grados de discrecionalidad. Este fenómeno ha adquirido especial relevancia en ciertos sectores como la construcción de obras públicas, la prestación de servicios públicos, la minería y la banca.

En segundo lugar, especialmente en los países federales como Argentina, Brasil y México se ha extendido y reforzado el clientelismo orientado a los pobres, es decir un conjunto de prácticas que abarca a los sectores populares que han quedado fuera de los mercados formales de trabajo o nunca han ingresado a ellos. De todos modos, este fenómeno del neoclientelismo mantiene las características del clientelismo tradicional que prosperó en las etapas de construcción de Estado y de ingreso de las masas a la política, tanto en los ámbitos rurales como urbanos. Se trata entonces de una estructura de redes informales basadas en relaciones personales y asimétricas de intercambio generalizado de carácter desigual; como se sabe, la compulsión a integrarse como clientes en estas redes es generada en muchos casos por el imperio de las necesidades más mínimas. La dependencia clientelar en general, no está sancionado legalmente, sino que a menudo es implementada en tramas que incluyen policías, políticos y funcionarios vinculados a redes criminales. Es bien conocido que el fenómeno de los "punteros" partidarios que transan drogas está tan extendido en las grandes áreas metropolitanas argentinas que terminan produciendo un "crowding out" en relación a los que no cuentan con ese recurso. La expansión de este fenómeno del neoclientelismo a menudo ha estado vinculada a la implementación de programas de transferencias condicionadas de ingresos que surgieron en la década de 1990 y se expandieron especialmente en la siguiente. Me refiero a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC) como los de México "Progresa" (1997 - 2002) y Oportunidades (2002 - 2007); Brasil con su programa "Bolsa Familia" (2004 - presente); y Argentina: Programa Familias por la Inclusión Social (2004 -2010).

Last but not least, El cesarismo presidencial ha reaparecido con renovado vigor en el siglo XXI. Señalé que este fenómeno adquirió especial relevancia en los países caracterizados por el síndrome de la doble negación, es decir Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, Álvaro Uribe compartió muchos de los atributos del cesarismo durante su presidencia entre 2002 y 2010. Y una variante ciertamente morigerada fue la de Lula en el mismo período; el político brasilero mantuvo una relación de negociación permanente con el congreso, no de sujeción, a la vez que en 2010 evitó la tentación de buscar una segunda reelección, salida que hubiera demandado una reforma constitucional.

Recibido 02/11/14 -- Aceptado 20/12/14

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Chile en su laberinto.

Privatizaciones. del sindicalismo Partidos políticosRol y representación Caso analizado: Foetra de 2013* a la luz de las elecciones Gabriela Benetti Raúl (UNRIrigaray - UNER)

Cátedra de Administración Pública gbenetti62@hotmail.com Facultad de Ciencia Política y RR.II. U.N.R. Cintia Pinillos (UNR - UNER)

cintiapinillos@gmail.com * Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias realizados por Juan Bautista Lucca a la primera versión de este trabajo.

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Gabriela Benetti - Cintia Pinillos

Resumen

Los procesos electorales constituyen escenarios propicios para observar tanto el juego interpartidario, como la relación de más largo plazo que se establece entre política y sociedad.

En el presente trabajo, se analizará el escenario de las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas de 2013, con el objetivo de abordar los déficits y temas pendientes de la democracia que emergieron en la agenda electoral, dos décadas y media después de las elecciones fundacionales que cerraron el ciclo autoritario. En este sentido, se pondrá énfasis en los aspectos político-institucionales, interpretando que los mismos pueden brindar claves para abordar el estudio del debilitamiento de los vínculos entre los ciudadanos y la política.

Palabras claves: Partidos políticos – representación – Chile – elecciones 2013

Abstract

Electoral processes are an ideal setting for the arise of tensions between political parties. They also provide us with evidence to study the development of the long term relation between politics and society.

The object of this paper is to analyze Chile’s presidential and parliamentary elections in 2013, in order to discover the faults and pending matters that may be found in the democratic system, as elections draw renewed attention to them. More than two decades have passed since the very first elections that signaled the authoritarian government’s end.

The main focus of this work will be placed in the political and institutional phenomena, and the goal will be to try and find out the keys to study the decline of the bond between politics and the citizenship.

Keywords: Political parties – Representation – Chile – 2013 elections

Gabriela Benetti - Cintia Pinillos, “Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013”. Cuadernos del Ciesal. Año 11, número 13, enerodiciembre 2014, pp. 48-61.

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Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013 1.

Introducción

Los trabajos comparativos que estudian a los partidos y sistemas de partidos en América del Sur a partir de los procesos de democratización de la década de 1980, coinciden en caracterizar a Chile como un país que cuenta con uno de los sistemas de partidos más institucionalizado y estable de la región, integrado por organizaciones partidarias sólidas y establecidas, y con un significativo nivel de competitividad (Mainwaring y Scully, 1996; Coopedge, 2000; Cavarozzi y Casullo, 2002; Mainwaring y Torcal, 2005).

La transición chilena, abierta a partir del plebiscito de 1988, puso a los partidos en el centro de la escena. En el marco de un proceso constreñido por la Constitución autoritaria, los partidos fueron los protagonistas de una transición vía transacción (Mainwaring y Share, 1986) De la misma, emergió un régimen democrático fuertemente condicionado por el poder que conservaban los actores autoritarios, pero con un sistema de partidos fortalecido, ordenado en torno a dos grandes coaliciones: la Concertación y la Alianza de derecha.

El sistema de partidos emergente inauguró un nuevo clivaje que se había manifestado en la contienda del plebiscito: autoritarismo – democracia (Valenzuela, 1995; Moulian, 2002). La derecha se ordenó en torno a dos partidos: la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), que encarnaron distintas visiones en relación con el pasado autoritario. La Concertación de los Partidos por el NO -que luego del plebiscito pasó a denominarse Concentración de los Partidos por la Democracia-, se estructuró en torno a dos partidos que habían sido opositores en la época de la Unidad Popular de Allende, y que habían ocupado roles históricos contrapuestos en el golpe de estado de 1973: la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS) Así, el sistema de partidos, organizó espacialmente la competencia en el eje izquierda – derecha, a partir de un juego de bloques estables que se orientaron hacia el centro del espectro político pero que recogía las contradicciones que persistían en relación con el pasado autoritario. Este segundo juego ordenaba la relación entre las dos coaliciones de cara al electorado pero, a la vez, persistían diferencias al interior de las mismas. Este rasgo era más evidente en el caso de la Alianza de derecha, en donde Renovación Nacional, desde su fundación, había señalado sus distancias con respecto al pasado pinochetista y al futuro del régimen democrático1.

Por su parte, el presidencialismo chileno disfrutó de altos niveles de estabilidad, en el marco de una región que fundamentalmente a partir de la década de 1990 enfrentó crisis presidenciales, que terminaron, en algunos casos, con la destitución o la renuncia de los presidentes.(Pérez-Liñán, 2009) El presidencialismo chileno se considera un caso exitoso de coalición (Lanzaro, 2001; Chasquetti, 2006), que salió airoso de las experiencias de la alternancia intra bloque entre los socios de la Concertación –los dos primeros gobiernos, de Aylwin y Frei fueron de la Democracia Cristiana (DC) y luego, con Lagos y Bachelet, llegó el Partido por la Democracia y el Partido Socialista (PS). También sorteó el desafío 1. Para Moulian y Torres Dujisin, el análisis del proceso de reorganización de la derecha chilena entre 1983 y 1988 muestra que, más allá de la exigencia de ambos de expresarse a favor del gobierno militar, no surge una organización unificada, sino una derecha bipartidista, semejante a lo que ocurrió en los tiempos de conservadores y liberales (2011:275).

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de la alternancia entre bloques, cuando en 2009 Piñera, de Renovación Nacional (RN), encabezó la coalición de derecha que venció al candidato de la Concertación en segunda vuelta.

Este panorama lleva a que buena parte de los análisis comparados presenten a Chile como una democracia representativa robusta, en un contexto regional de regímenes democráticos que han sido calificados con diversos adjetivos para significar en alguna medida déficits en el componente representativo de sus regímenes: delegativas, hiperpresidenciales, fragmentadas, con sistemas de partidos rudimentarios, con partidos débiles y líderes personalistas que intentan resumir en su persona el vínculo con la sociedad a través de estrategias plebiscitarias.

Sin embargo, en el debe y el haber del sistema político chileno desde el retorno a la democracia, es necesario considerar algunos elementos claves que, si bien no anulan los logros en términos de estabilidad del sistema político, plantean fuertes desafíos para el gobierno de Michelle Bachelet que a finales de 2013 consiguió una nueva alternancia entre bloques, esta vez a favor de la Concertación, advenida en Nueva Mayoría, con la incorporación por primera vez en su seno del Partido Comunista (PCCH). La candidata de la coalición de centro izquierda, fue elegida por un amplio margen en segunda vuelta. Sin embargo, su triunfo se dio en un contexto de profunda desafección y apatía ciudadana, en donde uno de los datos más destacados fue el escaso nivel de participación electoral.

En el presente trabajo, se analizará el escenario de las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas de 2013, con el objetivo de abordar los déficits y temas pendientes de la democracia chilena, que emergieron en la agenda electoral, dos décadas y media después de las elecciones fundacionales.

En este sentido, se pondrá énfasis en los aspectos políticos institucionales, interpretando que los mismos pueden contribuir a explicar el debilitamiento de los vínculos de los ciudadanos y la política.

2.

La desafección electoral y las distancias entre sociedad y política

Los datos principales en la noche del 17 de noviembre de 2013, al conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, eran dos: que habría ballotage, porque más allá de la diferencia de más de 20 puntos de Michelle Bachelet (Nueva Mayoría) sobre Evelyn Matthei (Alianza por Chile), no se había llegado a la mitad más uno necesaria para un triunfo en primera vuelta; y que el nivel de abstencionismo, con el estrenado sistema de padrón automático y voto voluntario, había sido cercano al 50%.

En estas elecciones, se estrenaba a nivel nacional el nuevo sistema de votación por medio del cual se abandonaba el voto obligatorio con un padrón construido a partir de la inscripción voluntaria. En el sistema anterior, el voto era obligatorio para todos aquellos que se inscribían en el padrón electoral y una vez inscriptos, la permanencia en el padrón era definitiva. Este sistema llevó a un progresivo “envejecimiento” del padrón electoral, por el escaso nivel de incorporaciones de nuevos electores a lo largo del ciclo democrático. El nuevo sistema estableció la inscripción automática en el padrón de todos los hombres y mujeres mayores de 18 años y el voto pasó a ser voluntario.

La desafección política no es un dato totalmente nuevo en Chile. Marcelo Mella plantea que creció de un 14% en 1990 a un 53% para finales del 2011, y que el crecimiento sostenido expresa la gran pérdi-

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Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013 da de centralidad de la política institucional en este país (Mella, 2013:308). Las elecciones de 2009, si bien introdujeron la novedad de la alternancia intra bloques, confirmaron un panorama de desafección política y planteó un desafío al sistema político para corregir los bajos niveles de partición (Ruiz Rodríguez, 2013) Así, el nuevo sistema de votación, sancionado durante el gobierno de Sebastián Piñera, intentó, sin éxito, promover la participación de ciudadanos que no estaban incluidos en el juego electoral, sobre todo del sector más joven del electorado. Sin embargo, en los hechos, el cambio terminó profundizando el problema en valores absolutos, arrojando un resultado adverso en cuanto a la participación ciudadana.

Para Manuel Antonio Garretón, los magros resultados de la última elección plantean que Chile se encuentra en la “línea de flotación de la legitimidad democrática”. El voto voluntario consolidó la elección de más baja participación desde la recuperación democrática, lo que debela, para el sociólogo y politólogo chileno, un momento fundacional por la deslegitimación del sistema político. A buena parte de la sociedad chilena parecen no importarle las elecciones, y este parece ser un problema que se vuelve más patente en los sectores más jóvenes de la población.

En un estudio de 2009 sobre la incidencia que podría tener la implementación del voto voluntario en Chile de acuerdo con la edad, el nivel socioeconómico y la identificación política, Morales, Cantillana y González bridan algunas pistas para comprender el alto nivel de abstencionismo en las elecciones pasadas. En relación con los jóvenes, las encuestas realizadas plantean que tienen menor predisposición a votar en un contexto de elecciones voluntarias que la población de mayor edad. Esto resulta correspondiente con el porcentaje de jóvenes inscriptos en el sistema anterior, cercano al 18 % (2009:45) El cambio hacia el voto voluntario no logró interpelar a la población que se resistía a la inscripción en el padrón electoral. En este sentido, para Garretón, a partir de los últimos años se viene produciendo una ruptura entre los actores sociales y los partidos políticos. Este es un dato relativamente reciente en un país en el cual históricamente actores sociales se constituyeron a través de la matriz política de organización social, siendo los partidos la columna vertebral del sistema político (Garretón, 1983).

Otros autores han matizado la fortaleza histórica de los partidos chilenos. En esta línea, Mainwaring, Montes y Ortega (2001) han discutido el alcance de algunas ortodoxias en torno al sistema de partidos en este país, y en este sentido han planteado la relativa fluidez del sistema de partidos, tanto en el período anterior al autoritarismo como en el que se abre con la redemocratización a finales de los ’80.

Así, si bien el sistema de partidos ha sido más estable que otros de la región, puede estar sufriendo un proceso de calcificación, que profundice las distancias entre partidos y sociedad (Moulian, 2002) Un elemento institucional que aparece como telón de fondo de la desafección electoral, y que constituye parte de la agenda de reformas que se pusieron en juego en la elección de 2013, es el sistema electoral binominal. Este enclave institucional (Garretón, 1991), que fue pensado para garantizar la presencia de la derecha como actor clave del sistema político, alienta a la estrategia de bloques y desalienta la construcción de nuevas opciones políticas, tiende a favorecer a los actores partidarios instituidos y garantiza un relativo equilibrio entre las dos opciones principales, limitando de esta for-

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ma la agenda de reformas políticas en el Parlamento. En el marco de las reglas establecidas por el binominal, es difícil que se generen grandes cambios en términos de representación.

La principal beneficiaria de la forma de asignación de escaños parlamentarios del sistema binominal han sido los partidos de derecha, y es uno de los legados institucionales más perdurables de la dictadura pinochetista. El sistema binominal que define la asignación de escaños en el Congreso, sólo permite que los candidatos de los dos grandes bloques tengan efectiva representación en el Parlamento, dejando por fuera a amplios sectores y expresiones.

El malestar en relación con el sistema binominal no es sólo una cuestión de especialistas y políticos, sino que en Chile existe un consenso social bastante extendido en cuanto a que el sistema electoral vigente cristaliza el estado de cosas y favorece la continuidad de los actores tradicionales, desalentando la aparición de nuevas opciones políticas.

La desafección política, es síntoma del descreimiento ciudadano en que es a través de las urnas que se lograrán las transformaciones que se reclaman en la arena social. Más allá de las interpretaciones, por su propia mecánica, el binominal tiende a compensar el peso de dos grandes fuerzas en el nivel parlamentario, reservando una representación equivalente para la segunda fuerza más votada –excepto en aquellos casos en los que se produzca un doblaje- y desalentando la emergencia de terceras fuerzas.

Además de la falta de representatividad que produce el sistema binominal, el juego interno de los partidos presenta en general rasgos jerárquicos, excluyentes y poco competitivos, incrementando la distancia con los ciudadanos. La centralidad de las cúpulas partidarias para definir candidaturas es otro elemento que parece contribuir a explicar los incrementos en la desconfianza hacia los partidos y el abstencionismo (Ruiz Rodríguez, 2013:18) Los partidos políticos, a falta de instancia de articulación mejor, siguen siendo el espacio de constitución de actores y movimientos, y la forma más legitimada de representación, pero no generan niveles de confianza importantes en la ciudadanía. Han perdido centralidad y densidad, y en general los políticos ya no convocan. Por su parte, los movimientos sociales canalizan la participación pero no logran institucionalizar demandas, de tal suerte que lo social no encuentra expresión política.

Desde hace un tiempo, el mundo social está distanciado del mundo político. A partir de 2006 y más claramente en 2011, la explosión del movimiento estudiantil constituye un contundente indicador del resquebrajamiento de la relación entre política y sociedad, entre los partidos y los movimientos sociales. El movimiento estudiantil no es el único que desde la arena social cuestiona el sistema político vigente. Se le han sumado también el movimiento regionalista, el medioambiental, movimientos de pueblos originarios, por la diversidad cultural, de inquilinos y de consumidores.

El rasgo común de estos movimientos es que no son contenidos por el sistema de partidos, a pesar de los intentos de la política por representarlos. En este sentido, los principales líderes del movimiento estudiantil fueron candidatos para cargos legislativos2. Cuatro de ellos fueron electos y han conforma2. Algunos lo hicieron dentro de la estructura del PCCH, integrando en esta elección la alianza de centro izquierda, otros a

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Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013 do un bloque parlamentario. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles están siendo conducidas por fuerzas distintas, desplazando a aquellas que, como el PCCH, optaron por la estrategia partidario electoral3.

Los movimientos de protestas en Chile constituyen un fenómeno que parecen resultar esquivos para los partidos políticos, sin embargo, según una encuesta realizada por la Universidad Diego Portales en el primer semestre de 2013, el 56,4% de los entrevistados estaba persuadido de que las mismas eran impulsadas por los partidos políticos. Este mismo informe relevó la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones y los partidos políticos concitaron sólo el 5,2 –ocupando el último lugar en una escala decreciente que incluyó a Carabineros, Fuerzas Armadas, Municipalidad, Iglesia Católica, Gobierno, Tribunales de Justicia y Partidos Políticos.4 En este contexto de desafección política, las elecciones de 2013 presentaron un número inédito de opciones para el cargo de presidente de la república. Este dato permite inferir que la amplitud de la oferta se debe a la imposibilidad de encausar las opciones políticas en el abanico ordenador del sistema de partidos. Sin embargo las candidaturas alternativas no lograron interpelar a los electores. Con excepción de los candidatos que ocuparon el 3° y 4° lugar, Marco Enriquez Ominami por el Partido Progresista y Franco Parisi como candidato independiente, el resto de los contrincantes tuvieron un rol marginal, ya que sumados los cinco no alcanzaron el 7% de los votos.

El Partido Progresista (PRO) de Enriquez Ominami presenta una propuesta de más largo aliento en el sistema de partidos. Sin embargo, en las elecciones de 2013, obtuvo la mitad de los votos que en las elecciones de 2009. Por su parte, el outsider Parisi, con su candidatura independiente, sólo tuvo un impacto coyuntural y mediático, que no parece impactar en el mediano plazo en el sistema de partidos. Anunciando sus candidaturas por fuera de la Nueva Mayoría pero autoreferenciándose a la izquierda de la misma, además de Enriquez Ominami se presentaron distintos candidatos: Marcel Claude (Partido Humanista) –quien se había ido en 1995 de la Concertación luego de participar en la misma en el marco del PPD-; Alfredo Sfeir, por el Partido Ecologista Verde; y Roxana Miranda, del Partido Igualdad, militante social, con una participación destacada en la Asociación de Deudores Habitacionales, entre otros.

Así, aunque varias de las múltiples candidaturas minoritarias recogían posiciones innovadoras en relación con las dos alianzas que concentraron la vida político-partidaria desde la democratización, e incluso apelaban a demandas expresadas en la arena social –como el movimiento de los inquilinos, ambientales y regionalistas- la mitad de los ciudadanos chilenos habilitados para hacerlo, eligieron no ir a votar en la primera vuelta.

través de candidaturas independientes.

3. Para un desarrollo en profundidad consultar los trabajos de Florencia Paz y Lucía Vinuesa “Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011” y de Florencia Paz, “De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno” que integran este dossier.

4. Encuesta Nacional UDP. 2013-Primer Semestre. http://encuesta.udp.cl/descargas/publicaciones/2013_Primer Semestre.

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Por otro lado, la explosión de candidatos no implicó la dispersión electoral, sino que se mantuvieron con un fuerte caudal de votos las dos fuerzas mayoritarias, y los dos candidatos más cercanos a ellas se repartieron el 20% de los votos, aumentando levemente el porcentaje de votos recibidos por terceras fuerzas en relación con las elecciones de 2009.

En la segunda vuelta, Bachelet superó el 62% de los votos contra el algo más del 37% de la candidata de la derecha. Así, la nueva presidente sumó algo más de 3.200.000 de votos, frente a los 13 millones de ciudadanos del padrón electoral. Puestos en perspectiva, estos resultados superan ampliamente los que obtuvo en la segunda vuelta de 2009 Piñera, al inaugurar el ciclo de alternancia entre bloques.

En las elecciones pasadas, el candidato de la alianza de derecha triunfó con el 51,61% de los votos, frente al candidato de la Concertación (el ex presidente Frei) que obtuvo 48, 39 %.

Bachelet triunfó por más de 10 puntos porcentuales que su antecesor, y es sin dudas la figura política más relevante del espectro chileno. Sin embargo, la legitimidad que le otorgaron los resultados electorales, tienen como telón de fondo el alto nivel de abstencionismo electoral y el debilitamiento del vínculo entre ciudadanía y partidos.

3.

Cambios y continuidades en los principales actores políticos

Una de las novedades político-partidarias de las elecciones de 2013, fue la incorporación del Partido Comunista a la Concertación. Así, la Nueva Mayoría presentó una composición más compleja que la coalición anterior, y anunciaba una agenda de transformaciones más osada que las versiones anteriores. La incorporación PCCH podrá impactar en la convivencia interna del nuevo gobierno, fundamentalmente en relación con las modalidades y los ritmos del programa de reformas impulsado por el gobierno.

La convivencia entre las distintas fuerzas que integran el oficialismo, sobre todo en la arena parlamentaria se jugará en función de las posibilidades de consensuar el tenor de la agenda legislativa en las distintas líneas políticas abiertas. El ritmo, el formato y el contenido de los cambios propuestos, sobre todo en algunos temas donde se vislumbran menos consensos –como el formato de reforma constitucional-, pero también de cara a la agenda de gobierno que se está llevando a cabo en términos de reforma tributaria, educativa y del sistema electoral, condicionará la relación al interior de una coalición crecientemente heterogénea, y que necesitará de todos los partidos que la componen para implementar el programa de gobierno. El consolidado liderazgo de Bachelet, que quedó evidenciado en el proceso electoral, parece ser en los primeros meses de gobierno la garantía para la convivencia interna de la coalición.

Por su parte, Unión por Chile, recibió un revés histórico por sus magros resultados electorales. Evelyn Matthei de la UDI, demostró ser una mala candidata para la Alianza a la que representaba, sino también para el propio presidente Piñera. Su candidatura fue confirmada pocos meses antes de las elecciones, ante la renuncia del candidato que había surgido de las primarias de la coalición, Longueira.

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Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013 El candidato fallido, un histórico de la UDI, había participado de su fundación en la década de 1980, y renunció en el tramo final de la campaña aduciendo que padecía problemas de salud.

En este marco, la Alianza festejó como si fuera un triunfo el ingreso en la segunda vuelta electoral, ya que se especulaba con que Bachelet ganara en la primera instancia, y además, en algunos momentos, los sondeos la ubicaban en tercer lugar por el crecimiento intermitente de los candidatos Enriquez Ominami y Parisi.

La convivencia al interior de la Alianza de derecha en la arena parlamentaria tampoco se vislumbra sencilla, sobre todo de cara a la agenda de reformas, ya que la RN se considera favorable a acompañar algunas transformaciones, como por ejemplo el cambio del sistema binominal, mientras que la UDI, fiel a sus posturas históricas, representa el ala más conservadora de la coalición de centro derecha.

En cuanto a la composición del nuevo parlamento, los candidatos de la derecha superaron en alrededor de 10% los resultados obtenidos por Matthei para la presidencia. En la reconfiguración de la correlación de fuerzas en el campo de la derecha en el mediano plazo, los resultados diferenciales para la categoría de presidente y de diputados y senadores, constituyen un dato significativo, ya que más allá del magro rendimiento para el cargo de presidente de la república, el balance de fuerzas en el legislativo no se ha modificado de manera sustantiva.

Finalmente, cabe reflexionar acerca de las posibilidades que presenta el escenario poselectoral para la consolidación de una tercera fuerza que modifique el esquema predominantemente bipolar que definió al período democrático desde las elecciones e 1989.

En las elecciones de 2009, la aparición de la figura de Marco Enriquez Ominami, parecía augurar un escenario más competitivo hacia el futuro. Sin embargo, luego de las elecciones de 2013, al menos en el mediano plazo, las perspectivas son menos favorables a una transformación de la dinámica interpartidaria.

En la primera vuelta de 2013, el PRO quedó en tercer lugar, luego de haber superado al candidato independiente Parisi, pero habiendo perdido cerca del 50% del caudal electoral en relación con los resultados del 2009. Sin embargo, su persistencia en el escenario partidario permite vislumbrar una gravitación mucho más estable que la del resto de los candidatos minoritarios que compitieron en las elecciones pasadas.

Antes de las elecciones de 2009, en las que la Concertación fue derrotada por primera vez desde el retorno a la democracia, Enriquez Ominami se había alejado del Partido Socialista porque la dirigencia de su partido acordó apoyar la candidatura de Frei para las elecciones de 2009, impidiéndole competir en elecciones internas. Este hecho –ejemplo de la falta de la competencia interna en los partidos y de acuerdos entre cúpulas- motivó que se presentara como candidato a la presidencia por fuera de la Concertación, obteniendo el 20,13% de los votos.

Enríquez Ominami, aspira a presentarse como una opción política a la izquierda de la Concertación –ahora Nueva Mayoría (NM)-, con intención de romper con el “duopolio”, como él ha denominado a la predominancia que las dos coaliciones principales han mantenido desde la recuperación de la demo-

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cracia, sin embargo también puede fortalecerse como opción política de recambio, retornando en el próximo ciclo electoral al seno de la alianza de centro izquierda pero con una fuerza política propia.

Así, la mayor fragmentación del tercer lugar en las pasadas elecciones, puede anunciar un reforzamiento de la lógica bipolar, en el marco de las reglas electorales vigentes, o anunciar una mayor diferenciación de las opciones en el juego interpartidario. En este sentido, el destino de una tercera fuerza, depende en buena medida del avance en términos de mayor proporcionalidad del sistema electoral, para aumentar los incentivos y las chances de crecimiento. La posibilidad de que el PRO se constituya en un partido desafiante (López, 2005) con capacidad de éxito está también atada al desarrollo de su estructura interna, que aún parece ser muy débil, y fuertemente dependiente del liderazgo de Enriquez Ominami.

Uno de los escenarios prioritarios para observar el juego de los actores políticos principales lo constituye el Parlamento. Como se anunciaba en el marco del proceso electoral y como lo han demostrado los primeros meses del nuevo gobierno, es el ámbito central donde se juega la agenda de reformas –el laberinto que enfrenta Bachelet y en buena medida, toda la clase política chilena.

En la Cámara de Senadores, sobre un total de 38 bancas, la NM cuenta con 21 (6 de la DC, 6 del PPD, 6 del PS, 1 del MAS y 2 de Independientes Nueva Mayoría) y la Alianza por Chile 16 (8 RN, 8 UDI y 1 de Independientes Alianza). Por su parte, la composición de la Cámara de Diputados luego de las elecciones presenta el siguiente escenario: sobre un total de 120 diputados, 67 corresponden a la NM (21 de la DC, 15 del PPD, 15 del PS, 6 del PRSD, 6 del PC, 1 del PL y 4 independientes de NM) y 49 a la Alianza. El PC, ahora integrado a la NM, duplicó el número de diputados con los que contaba5.

Los datos revelan que la NM consiguió mayoría en ambas cámaras, al alcanzar diez doblajes en diputados y dos en senadores. Con el sistema binominal, resulta un gran logro poder alcanzar una mayoría de este tipo, ya que para obtener las dos bancas en juego, la primera minoría tiene que duplicar los votos obtenidos por la segunda, quedándose así con los dos cargos. Sin embargo, estos resultados no son suficientes para aprobar las reformas estructurales que requieren mayorías especiales. Además, la disciplina partidaria será un elemento clave para analizar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el mediano plazo.

La NM ha iniciado su agenda de reformas al poco tiempo de comenzado el mandato de Bachelet. Sin embargo, una de las principales cuestiones en discusión en la agenda electoral, la nueva Constitución, parece que va a resolverse en el recinto parlamentario, como el resto de las reformas que sufrió la carta magna de la dictadura.

Para comprender este punto es necesario retomar las deudas pendientes en términos constitucionales. Como señala Claudio Fuentes Saavedra, el debate constitucional reciente en Chile se orientó hacia la falta de legitimidad de la Constitución de 1980, y esta falta de legitimidad no sólo está dada por su origen autoritario, sino también por el proceso que enmarcó el ciclo de reformas constitucionales 5. Cabe recordar que a lo largo del ciclo democrático iniciado en 1990 el PC obtuvo un apoyo electoral superior al 5%, recién logró presencia parlamentaria en 2010, con la incorporación de 3 diputados, a partir de un acuerdo en algunas circunscripciones en las que la Concertación accedió a no presentar candidato propio.

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Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013 en el período democrático. El ciclo de reformas constitucionales entre 1989 y 2005 –año en el que se aprobaron el conjunto de reformas más sustantivas durante la presidencia de Ricardo Lagos-, estuvo liderado por una elite compuesta por en su mayoría por abogados, hombres, militantes de partidos, expertos en temas constitucionales, sin abrir un debate más amplio hacia la sociedad (Fuentes Saavedra, 2012) La centralidad de la nueva constitución en la agenda electoral de 2013, evidenció el agotamiento de un modelo de reforma realizado a partir de negociaciones de cúpulas, conducido por expertos y de espaldas a la sociedad, en definitiva de una forma de hacer política. “Lo que funcionaba muy bien para un contexto de transición en el que reinaba la incertidumbre se tornó un problema cuando se eliminaron los principales enclaves autoritarios (Fuentes Saavedra, 2012:222).

En este proceso de reforma, Chile se fue librando de los enclaves autoritarios, pero queda pendiente un proceso constituyente que incluya de manera más amplia a los actores políticos pero sobre todo sociales, y donde se discuta una agenda de temas constitucionales que fueron tratados –con resultados distintos- en otros procesos constitucionales de la región. En este sentido, el mecanismo mediante el cual se construya y sancione la nueva constitución, así como los temas de una agenda político-democrática, ya no exclusivamente anti autoritaria, puede contribuir a fortalecer los debilitados vínculos entre la sociedad y el sistema político. Sin embargo, las primeras señales del nuevo gobierno y el nuevo parlamento, parecen orientadas a eludir la asamblea constituyente como proceso legitimador de una nueva constitución6.

4.

El desafío institucional de la apertura del juego político

En el presente trabajo, se planteó que el escenario político y social abierto en las elecciones chilenas de 2013 puso en cuestión algunas afirmaciones del saber politológico sobre el caso de estudio.

Una mirada sobre la representación política en Chile no puede centrase exclusivamente en los partidos como interlocutores en el marco de un sistema competitivo que giran en torno a un eje autónomo de los temas importantes para la sociedad a la que dice representar. En este sentido, quedaron en evidencia los límites institucionales que impone el sistema político para aquellas transformaciones: políticas, sociales, educativas, que se plantean en la arena social, y que desafían las agendas de gobierno y legislativa de los partidos políticos.

La crisis de representación que tuvo sus características propias en nuestra región a lo largo de los distintos países, muestra en el caso chileno una cara particular, consecuente con la historia de este país. Probablemente no desencadene la salida anticipada de un presidente, ni implique la fundación, desde los escombros de un sistema de partidos anquilosado, de nuevos actores partidarios que se reconozcan sin herencia. Pero sin dudas, la democracia chilena deberá encontrar la forma de que la 6. En este mismo Dossier se analiza en profundidad el tema de la reforma constitucional en: Lodi, Caballero Rossi y Schiavo Sartor, “La madre de todas las batallas. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución”.

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política vuelva a ser el ámbito principal de canalización de los conflictos y demandas sociales, y en ese camino, los partidos y las instituciones representativas, deberán resolver un conjunto de demandas institucionales, políticas y sociales para revertir la apatía ciudadana.

En principio, las elecciones de 2013 no muestran con claridad nuevos actores políticos partidarios. En este sentido, el impulso de transformación se dará en el marco de los actores instalados o podrá expresarse en fracturas y nuevos realineamientos. La modificación del sistema electoral, con el cambio del binominal hacia un sistema más proporcional, será un elemento clave que condicionará al sistema de partidos en el futuro.

Chile es un país que siempre fue presentado como fuertemente institucionalizado, con un sistema de partidos competitivo, y con una estructura más parecida a los clivajes de derecha, centro e izquierda propios de la política europea, que a los cánones latinoamericanos. El sistema presidencial en un contexto multipartidista, ensayó tempranamente las fórmulas coalicionales para la construcción de gobiernos mayoritarios. La Unidad Popular inventó la vía chilena al socialismo, y llegó al gobierno a través de las urnas, respetando las instituciones de la democracia representativa en el marco de un proceso de radicalización política en la región. El golpe de estado de Pinochet de 1973, que inaugura una de las más prolongadas y sangrientas dictaduras latinoamericanas, constituyó un hito en el marco de la continuidad constitucionalidad del país. Incluso el régimen autoritario pareció haber aprendido la lección de la institucionalidad, y se ocupó de armar una estructura legal autoritaria que se coronó con la Constitución de 1980 y que condicionó tanto la transición como la nueva democracia, a partir del legado de enclaves autoritarios institucionales, que tuvieron su correlato en los enclaves actorales y culturales. El sistema de partidos emergente de la transición campeó la inestabilidad, practicó la moderación ideológica y la convivencia pacífica, y promovió las reformas a través de estrategias de consenso.

Hoy, el laberinto que se abre ante el gobierno de la Nueva Mayoría, encabezado por Bachelet, y toda la clase política chilena, lo constituyen cambios institucionales profundos, que favorezcan una apertura del juego a la sociedad, asumiendo los riesgos que deparen estas modificaciones de las reglas para los actores políticos principales.

A diferencia de otros países latinoamericanos, Chile no ha incorporado mecanismos de democracia directa. No posee ni plebiscitos ni referendos revocatorios; tampoco tiene iniciativas ciudadanas ni consejos comunales, y fueron escasas y discontinuadas las experiencias de presupuestos participativos en el nivel local (Cameron y Sharpe, 2012:352). El resultado es un sistema político con fuertes rasgos representativos, pero que no ha incluido, como buena parte de los países de la región, mecanismos de democracia directa ni participativa.

A este rasgo del sistema político chileno, se suma un sistema electoral que presenta pocos incentivos para la emergencia e incorporación de nuevas fuerzas partidarias al juego político y que premia a los que “están en el plato”, más que a los que intentan ingresar a él.

La derecha, el centro y la izquierda, moldearon hasta 1973 la competencia en el nivel del sistema político. Del proceso de transición emergió un nuevo clivaje: autoritarismo – democracia, que se asoció

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Chile en su laberinto. Partidos políticos y representación a la luz de las elecciones de 2013 al primero, delimitando nuevos vínculos políticos y ordenando el mapa de partidos en dos bloques relativamente estables. Pero esta configuración del sistema de partidos está mostrando su ineficacia a la hora de encontrar opciones significativas para buena parte de la ciudadanía chilena. El nivel de abstencionismo es un indicador que revela las distancias entre las demandas sociales y las propuestas que compiten en el marco del sistema de partidos. En un sentido semejante, el creciente porcentaje de votos que se distribuyen por fuera de las coaliciones tradicionales, como lo ilustran los resultados de las dos últimas elecciones, revela cambios tanto al interior de la elite política chilena como en cuanto a las preferencias ciudadanas.

El Minotauro que aparece como amenaza entre las paredes del laberinto que tiene enfrente suyo Bachelet y la dirigencia política chilena es –en palabras de Cavarozzi y Casullo (2002)- la calcificación de un sistema de partidos hiperinstitucionalizado, que tiende a separarse cada vez más de la sociedad, profundizando el hiato representativo.

En algún sentido, para la clase política chilena la agenda de la transición no concluyó con las reformas de 2005, sino que terminó de materializarse en las elecciones de 2013, en el marco de una crisis de representación muy importante, y en el marco del agotamiento del clivaje autoritarismo-democracia que sirvió para ordenar el vínculo entre el sistema de partidos y la sociedad desde el retorno a la democracia.

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Otoño.

Recibido 30/10/14 -- Aceptado 15/12/14

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“La madre de todas las batallas”1.

Un análisis de la reforma del sistema Privatizaciones. Rol del sindicalismo binominal chileno a partir de la Caso analizado: Foetra demanda por una nueva Constitución Raúl MaríaIrigaray Lourdes Lodi (UNR) de Administración Pública Cátedra

Facultad de Ciencia Política y RR.II. lourdeslodi@yahoo.com U.N.R.

Elisa Caballero Rossi (UNR) eli.caballeror@hotmail.com María Laura Sartor Schiavoni (UNR) lau_sartor@hotmail.com

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni Resumen

El sistema binominal vigente en Chile, constituye uno de los cerrojos que impiden la modificación sustantiva de la Constitución Nacional de 1980 heredada del gobierno de facto de Augusto Pinochet. El escenario preelectoral 2013 presentó una fuerte demanda por una Nueva Constitución y constituyó una de las promesas de campaña de la recientemente electa presidente de Chile, Michelle Bachelet. La mandataria presentó en 2014 un proyecto de reforma electoral, que pretende modificar el sistema binominal, junto a otras reformas, abriendo la puerta a la posibilidad de sentar las bases para una futura reforma Constitucional. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el sistema binominal y sus implicancias en vistas al debate en torno a la Reforma Constitucional en Chile.

Palabras claves: Chile – reforma electoral – sistema binominal – Constitución

Abstract

Chile´s Constitution is considered to be one of the most significant inheritances of the dictatorship of Augusto Pinochet. The electoral agenda of 2013 election had under the spotlight the demand of a Constitutional reform. As a result of that, one of the main campaign promises of the elected president Michel Bachelet was a New Constitution.

In 2014, president Bachelet presented an electoral reform project of the binomial system which is considered to be a historical opportunity to lay the foundations for a future reform of the Constitution. Therefore, this article is aimed to analyse the executive proposal in regard to the effects on the institutional system and the possibility of a future new legitimate Constitution.

Keywords: Chile – electoral reform – binominal system - Constitution

María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi - María Laura Sartor Schiavoni, “‘La madre de todas las batallas’. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución”. Cuadernos del Ciesal. Año 11, número 13, enerodiciembre 2014, pp. 62-80.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución Introducción1 El escenario electoral chileno de 2013 planteó un conjunto de desafíos en materia de reformas institucionales y electorales. La agenda electoral es un momento clave de definición de la agenda de gobierno y potencialmente fecundo para que la ciudadanía pueda expresar sus reclamos e intereses.

Así, el debate en torno a una reforma constitucional fue uno de los principales temas que marcó las campañas presidenciales y movilizó a la ciudadanía.

La demanda ciudadana y de una parte de la esfera política de la necesidad una reforma institucional, se vio reflejada tanto en el alto nivel de abstención en las urnas, como en las manifestaciones y conquista de la calle como espacio de disputa política, así como la inclusión del tema en los programas de gobierno de los distintos candidatos. Los resultados quedaron plasmados en la incorporación de la demanda en la agenda de gobierno. En sus primeros meses de mandato, Michelle Bachelet ya presentó una propuesta de reforma que tiene como objetivo el cambio del sistema electoral binominal por uno de tipo proporcional y que incluye también una reforma en la definición de las circunscripciones, en el número de diputados y senadores y la incorporación del cupo femenino.

Se debe considerar que la Constitución de 1980 es heredada del gobierno de Pinochet. La misma, no obstante numerosas reformas llevadas a cabo, mantiene su núcleo de origen, lo cual explica las continuas demandas por una reforma sustantiva. El proyecto pinochetista buscó, a través de mecanismos institucionales, instaurar un presidencialismo fiscalizado, despartidización e inmovilismo institucional, en el marco de un modelo neoliberal. Si bien numerosas reformas constitucionales han resquebrajado este proyecto originario, aun persisten resabios del mismo que explica por qué se considera que en Chile existe una Constitución pendiente.

Una clave para comprender su vigencia es acercarse a los obstáculos que frenan su modificación. En este marco se inscribe el tema de la reforma del sistema binominal, considerado por algunos autores2 como un cerrojo que dificulta e incluso impide la modificación de las instituciones electorales vigentes.

La importancia de una reforma constitucional en Chile condujo a poner el acento en un conjunto de propuestas de modificación del sistema electoral que vienen de larga data, pero han cobrado renovada vigencia en la actualidad y que simbolizan un avance significativo para la consecución de la anhelada reforma.

Frente a este escenario surgen algunas preguntas que guían el análisis: ¿Cómo funciona el sistema binominal?, ¿cuáles son sus implicancias sobre el sistema político?, ¿qué proyectos se están debatiendo en este sentido?, ¿qué influencia ejerce en vistas a la posibilidad de una Nueva Constitución?

A partir de estas preguntas, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el sistema binominal y sus implicancias en vistas al debate en torno a la reforma constitucional en Chile.

1. La frase es tomada de Claudio Fuentes Saavedra en su libro “El Pacto” (2012).

2. Ver ATRIA, Fernando; La Constitución tramposa, Chile, LOM Ediciones, 2013 y FUENTES SAAVEDRA, Claudio, El Pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012.

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni El trabajo parte del análisis del concepto de Constitución pendiente y el debate alrededor de este tema en las elecciones 2013. A continuación, se describe el sistema binominal y sus efectos para dar paso al análisis del proyecto de reforma del sistema electoral presentado por el Ejecutivo en el año 2014, con vistas a conocer sus posibles efectos sobre las instituciones chilenas, principalmente la Constitución.

¿Por qué una Constitución pendiente?

La actual Constitución chilena tuvo sus orígenes en 1980, bajo el gobierno de facto de Augusto Pinochet y tuvo como objetivo determinar el futuro de la política del país. Esto lo hizo a través de una Carta Magna que pudiera instalar un presidencialismo fiscalizado, despartidización e inmovilismo institucional, como así también sentar las bases institucionales para la consolidación de un modelo neoliberal.

Si bien dicha Constitución ha sufrido una multiplicidad de reformas desde su entrada en vigencia, carece de legitimidad de origen. Que la Constitución deje de ser una Constitución pendiente significa que se avance sustancialmente en el proceso de democratización comenzado desde el regreso a la democracia, proceso que se creyó concluido en 2005 y que sin embargo fue desmentido.

Claudio Fuentes Saavedra, explica que la salida de la dictadura en Chile se ha caracterizado por un gradualismo en la eliminación de los enclaves autoritarios, donde nunca se apostó a un nuevo pacto constitucional. La tesis gradualista sobre la que se ha fundado la transición se basaba en tres premisas: que una vez restablecida la democracia no era posible salirse de las normas que establecía la Constitución de 1980; que las condiciones políticas hacían imposible plantear una revisión sustantiva de las cláusulas constitucionales; y que el proceso de reformas implicaba una actuación por etapas, que debía centrarse en la supresión de los enclaves autoritarios para luego avanzar en áreas más sustantivas. Adicionalmente, era necesario un Ejecutivo con capacidad de liderazgo sobre la agenda política y en sintonía con los partidos políticos de oposición, que se tradujera en disciplina partidaria, y una sociedad civil que aceptase esta forma gradualista de transición. Según Fuentes Saavedra “estas tres condiciones se cumplieron: el Ejecutivo ejerció un liderazgo impresionante en el control de la agenda política; los partidos políticos se alinearon detrás del Ejecutivo de forma sorprendente entre 1990 y 2005, y la sociedad civil organizada no participó en el debate”3. Esto explica que el eje de la problemática en relación a la Constitución desde fines de la década del ´80 haya girado en torno a derribar los enclaves autoritarios que estaban encarnados dentro de la Carta Magna y no los contenidos o la sustancia de la misma. Se consideró que esto era una condición necesariamente anterior a la concreción de nuevos contenidos que impliquen cambios sustantivos en la misma.

No obstante, señala el autor que a partir de 2005 y fundamentalmente desde 2010, se comienza a observar un cambio es esta forma gradualista de llevar a cabo la política:

3. FUENTES SAAVEDRA, Claudio, El Pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pág. 56.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución La centralización de las decisiones y su secretismo han sido cuestionados; la lealtad de los partidos hacia la figura del Presidente y sus colaboradores se debilitó, y emergieron actores sociales que demandaron participación y atención a los temas del régimen político. (…) podría por lo tanto argumentar que el renacer del movimiento social y ciudadano post 2010 es una respuesta a la particular forma de hacer política después de recuperada la democracia. El pacto ha comenzado a ser cuestionado4.

Para comprender por qué la actual Constitución constituye un enclave autoritario, Fernando Atria argumenta que la Carta Magna, carece de legitimidad al ser un producto estratégicamente elaborado por el gobierno de Augusto Pinochet para regular la continuidad de la política chilena. Es por esto que, según el autor, las numerosas reformas que se llevaron a cabo desde el regreso a la democracia sobre la Constitución, al haber sido llevadas a cabo bajo las reglas impuestas por la misma, carecieron de profundidad, por lo que la demanda que se manifiesta en agenda por una nueva Constitución sigue siendo una demanda plenamente vigente. Según Atria, la actual Constitución conjuga tres cerrojos y un metacerrojo que dificultan una modificación sustancial de la misma y determinan las reglas de juego institucionales5: 1. Las leyes orgánicas constitucionales y sus quórums de aprobación; 2. El sistema binominal; 3. El control preventivo del Tribunal Constitucional; 4. El metacerrojo, compuesto por los quórums de reforma constitucional.

Los altos quórums de aprobación de ciertas leyes denominadas orgánicas constitucionales (4/7 de los votos de los diputados y senadores en ejercicio) hacen que para modificar estas leyes sea necesario contar con el apoyo de los sectores de la derecha chilena, otorgándoles, según el autor, capacidad de veto. Paralelamente, los representantes que conforman ambas cámaras legislativas llegan a las mismas a partir del sistema binominal, lo cual dificulta aún más superar el primer cerrojo. El sistema binominal es el que determina la conversión de votos en escaños para la conformación de las cámaras de diputados y de senadores y su nombre se debe a que para cada categoría cada circunscripción elige dos representantes.

El sistema binominal tiene efectos restrictivos sobre los partidos más pequeños, pero al mismo tiempo produce consecuencias en detrimento del partido mayor, favoreciendo en última instancia a la segunda mayoría. En el caso chileno ésta está formada por partidos conservadores que forman parte de la Alianza, donde se encuentran algunos sectores herederos del pinochetismo -principalmente el partido Unión Demócrata Independiente, (en adelante UDI)- que gracias al conjunto de engranajes 4. FUENTES SAAVEDRA, Claudio, El Pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pág. 18 5. Es menester aclarar que las distintas reformas constitucionales realizadas avanzaron en la supresión de los distintos cerrojos y mecanismos de control institucional presentes en la Constitución de 1980, como ser los senadores vitalicios y designados.

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni institucionales no sólo mantienen una significativa representación, sino también un importante poder de veto en las Cámaras.

Por su parte, el Tribunal Constitucional es una institución con “potestad para declarar contraria a Constitución la aplicación de decisiones legislativas a casos particulares”6. Por último, el metacerrojo son los quórums de reforma constitucional, que son de 60 o 66% de los diputados y senadores en ejercicio.

Es debido a la fuerza de estos mecanismos que el debate actual sobre la Nueva Constitución gira principalmente en torno a la forma en que se llegue a la misma, es decir, a través de reformas constitucionales definidas por la Constitución o la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Debates en torno a la reforma constitucional en el escenario electoral 2013 En lo que respecta a los debates en torno a una nueva Constitución en Chile, un aspecto central es el referido a la forma en que se lleve a cabo la reforma constitucional. De hecho, este aspecto tuvo mayor relevancia en la agenda electoral de 2013 que la sustancia y posibles contenidos de una futura Carta Magna.

Esto se debe principalmente a los orígenes de la Constitución actual y a los mecanismos que estructuran actualmente las instituciones chilenas. Como se describió anteriormente, la actual Constitución contiene una serie de cerrojos pensados estratégicamente para moldear la política. En términos generales se puede afirmar que a lo largo de los años que transcurrieron desde la finalización del gobierno militar, los sucesivos gobiernos democráticos se centraron, principalmente, en modificar y reducir los distintos cerrojos que hicieron del documento de 1980 una camisa de hierro. Se priorizó esto por sobre la realización cambios sustantivos en lo que respecta a los contenidos del mismo, que no se consideraban factibles de llevar a cabo en el escenario de dichos años, con el objetivo de generar las condiciones que permitieran cambios sustantivos futuros en la Constitución.

Los procedimientos a partir de los cuales se aborde una reforma constitucional inciden en el producto que se obtenga. Es por esto que es fundamental hablar de la forma de la reforma. La forma en que se llevó a cabo en 1980 el diseño y aprobación de la Constitución que reemplazaría a la de 1925 tuvo un claro reflejo en los contenidos y objetivos de la misma. Incluso, el plebiscito llevado a cabo ese mismo año para legitimar su promulgación fue hecho sin brindar las garantías objetivas necesarias para oponerse a ella. El resultado fue una Constitución impuesta que estratégicamente incluía enormes muros para nada improvisados pensados para limitar y brindar garantías de control a la derecha y a las Fuerzas Armadas en caso de que la entonces oposición pretendiera generar cambios en la misma.

Si bien no se puede negar que la actual Constitución no es la misma a la de aquellos años, no se puede negar tampoco que sobreviven en Chile hoy en día elementos, -como ser el sistema binominal-, que son herencia de aquella. Podría afirmarse, por lo tanto, que al menos en términos institucionales la transición a la democracia comenzada en 1989 todavía no ha sido concluida.

6. ATRIA, Fernando; La Constitución tramposa, Chile, LOM Ediciones, 2013, pág.54.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución Durante el período previo a las elecciones, el debate sobre la reforma de la Constitución giró en torno a la forma de la reforma: ¿Reforma Constitucional o Asamblea Constituyente? Tiempo atrás se debatía sobre qué asuntos modificar. Hacia las elecciones 2013 se manifestó un debate sobre quiénes están y quienes deben o deberían estar sentados en la mesa de redacción de la Constitución. La sociedad y actores sociales demandan formar parte de la discusión sobre la misma y que no sea algo exclusivo de la élite política.

El procedimiento previsto por el actual texto constitucional establece en el artículo 127 que el quórum necesario para la aprobación de una reforma constitucional son las ⅗ partes de los representantes de ambas cámaras en ejercicio y ⅔ en los capítulos I. Bases de la Institucionalidad, III. De los derechos y deberes constitucionales, VII. Ministerio público, XI. Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública, XII. Consejo de Seguridad Nacional, y XV. Reforma de la Constitución. La iniciativa de reforma puede surgir tanto del Presidente como de las Cámaras.

No obstante para muchos los mecanismos previstos por la Constitución no permiten la realización de cambios sustantivos, debido a que los altos quórums son aún más difíciles de alcanzar con el sistema binominal, e incluso en caso de que esas barreras fueran sorteadas, el Tribunal Constitucional podría ejercer poder de veto sobre la reforma. Que las Cartas Fundamentales sean de difícil modificación no es algo exclusivo de Chile, otros países también se caracterizan por eso. No obstante, la intencionalidad política con la que son interpretadas dichas barreras desde su fundación hace que la metodología de reforma prevista por la Constitución no sea considerada adecuada por varios sectores.

La demanda por una nueva Constitución que no esté determinada por las reglas no saldadas impuestas por la de 1980, interpretada como ilegítima, derivó en una fuerte demanda por parte de vastos sectores por una Asamblea Constituyente7.

Una Asamblea Constituyente implica un procedimiento de reforma de la Constitución a donde la participación ciudadana en las propuestas para la misma es central y se realiza a través de la elección de representantes para la asamblea elegidos democráticamente. Se desprende de esto que para los defensores de la Asamblea Constituyente, los representantes que conforman las cámaras de Senadores y Diputados no son completamente competentes para esta tarea. Se está pensando en una representación más de tipo social que partidaria, donde actores sociales de distintas áreas se desempeñen como auténticos representantes del pueblo.

Quienes se oponen a una Asamblea Constituyente defienden férreamente lo que denominan “vía institucional”: una reforma a través del Congreso. Éste es el órgano reconocido constitucionalmente como representante del pueblo y de la soberanía de la Nación, junto al plebiscito y a las demás autoridades que la Constitución establece. Quienes defienden esta vía institucional consideran que lo mejor es la realización de reformas parciales y graduales sobre temáticas específicas, principalmente teniendo en cuenta que la actual Carta Magna le dio a Chile una gran estabilidad institucional y le permitió un gran crecimiento tanto económico como político y social, sobre todo si se lo compara con los demás países de la región. Argumentan que no hay razón para empezar todo de cero, desconociendo 7. En el pedido por una Asamblea Constituyente se destaca la campaña Marca Tu Voto. Ver: http://marcatuvoto.cl/

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni todo lo que se ha logrado gracias a la actual Constitución. Afirman, además, que no se puede llevar a cabo una Asamblea Constituyente ya que ésta no está prevista en la Constitución vigente. Algunos incluso consideran que este mecanismo es una falta de respeto a la autoridad reconocida del Congreso en tanto representantes legales del pueblo, entendiendo que se pasaría sobre sus atribuciones al interpretar que una consulta popular podría ser vinculante para el Congreso. Se puede nombrar entre quienes sostienen esta postura al abogado Francisco García, miembro del centro de estudios e investigación Libertad y Desarrollo8.

Por su parte, los defensores de la Asamblea Constituyente afirman que la misma no es anticonstitucional y retoman la potestad que tiene el Presidente de llamar a un plebiscito para consultar si se está a favor de la realización de una Asamblea Constituyente. La Constitución le otorga la potestad al Presidente de llamar a plebiscito, por lo que esta consulta no sería opuesta a la ley. En caso de que el pueblo chileno ratificase la vía de reforma en cuestión, se procedería a la designación de representantes que compongan una asamblea que redacte una propuesta de nueva Constitución que posteriormente sería sometida a plebiscito. Se entiende que de esta manera el procedimiento no se estaría determinado por los cerrojos de la Constitución vigente.

Si bien la figura del plebiscito está prevista en la actual Constitución, para muchos de aquellos que se oponen a la Asamblea Constituyente éste es entendido como una herramienta peligrosa en tanto aumenta el poder del Presidente, por lo cual consideran necesario que los mismos sean regulados.

En respuesta a esto, los especialistas en derecho, Fernando Atria9 y Constanza Delgado, realizan una clara defensa del mecanismo y consideran que las críticas al mismo esconden una intencionalidad política: El plebiscito constitucional al que podría llamar el Presidente requiere del apoyo de ambas cámaras del Congreso Nacional. En efecto, el artículo 93 inciso 8° del texto constitucional permite al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una convocatoria a plebiscito, pero sólo si es requerido para ello por alguna de las cámaras del Congreso Nacional. Eso implica que la Constitución reconoce dos circunstancias en las que es posible un plebiscito: la primera es explícitamente reconocida (está regulada en el artículo 128), y en ese caso el Presidente de la República puede convocar a plebiscito incluso con la oposición del Congreso.

La segunda está implícita en la regla del inciso 8° del artículo 93: el Presidente puede convocar a plebiscito cuando lo crea necesario, si el Congreso Nacional (es decir, las dos cámaras) está de acuerdo con la necesidad y oportunidad de la convocatoria. La exigencia del inciso 8° del artículo 93 no es una exigencia ni arbitraria ni irracional: busca razonable8. Libertad y Desarrollo es un centro de estudios e investigación chileno de orientación liberal, vinculado a la derecha chilena. Para más información, visitar http://www.lyd.org/.

9. Fernando Atria es profesor de Derecho en la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. En 1999 obtuvo su doctorado en la Universidad de Edimburgo (Escocia). Durante los últimos años ha participado activamente en el debate ciudadano sobre las reformas educacional y constitucional. Durante la campaña electoral de 2013 colaboró con la comisión de constitución de la candidatura de Michelle Bachelet.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución mente proteger al Congreso del cesarismo presidencial, y tiene la consecuencia obvia de que si el Congreso Nacional concurre con el Presidente en la necesidad de un plebiscito no hay argumento democrático alguno que justifique declarar ilícito ese plebiscito. La razón por la que el Tribunal Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de un plebiscito si no se lo pide cualquiera de las cámaras es que una Constitución democrática no pretende neutralizar o bloquear la manifestación del pueblo, sino darle una forma compatible con las instituciones representativas.

Como se ve, la primera objeción jurídico-constitucional contra el plebiscito era completamente infundada. Nada hay en la interpretación defendida aquí que justifique decir que el plebiscito permite al Presidente avasallar al Congreso. Las reglas de la Constitución (estas reglas vienen de la Constitución de 1925) son más sabias de lo que los críticos creen10.

Por otro lado, otros como Pablo Ruiz-Tagle, miembro al igual que Atria de la Comisión Constitucional de Bachelet, sostienen que una opción intermedia sería viable, en la que se encare la reforma a través del Congreso y se resuelvan las desavenencias y conflictos a través de un referéndum. Esta postura considera que sería necesario realizar cambios parciales a la actual Constitución para poder realizar una Asamblea Constituyente. A diferencia de quienes se oponen al referéndum por considerarlo peligroso para la democracia, quienes proponen esta opción intermedia consideran que es un elemento válido para la revisión constitucional que incluso fue utilizado en la reforma constitucional de 1989.

Uno de los grandes compromisos asumidos por la actual presidenta Bachelet durante su campaña fue una Nueva Constitución. Sin reparar en la forma de llegar a la misma, planteaba que sería democrática, donde se escuchen todas las voces, institucional, donde la presidenta y el Congreso Nacional den cauce constitucional y legal al proceso de cambio y se permita la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios, y participativa, ya que la ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución.

En este marco, queremos centrar la atención en uno de los principales ejes de debate que ha tomado principal relevancia durante el periodo estudiado que es la reforma del sistema binominal, para ello queremos comenzar por profundizar en las características de este sistema y su influencia en el sistema electoral y para la democracia chilena, de lo cual ya se han esbozado algunas líneas.

Abriendo un cerrojo: la reforma del sistema binominal El sistema binominal, como se afirmó anteriormente, define la forma en que se determina la conversión de votos en escaños para la conformación de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Su nombre se debe a que para cada categoría, cada circunscripción elige dos representantes. Nohlen, en un artículo sobre el sistema electoral chileno, afirma que el mismo constituye un sistema sui generis ya

10. ATRIA, Fernando y DELGADO, Constanza “El plebiscito por una nueva Constitución y su interpretación antidemocrática” Diario El Mostrador, 13 diciembre de 2013.

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni que su funcionamiento y efectos no pueden ser entendidos dentro de los márgenes de la dicotomía entre sistemas mayoritarios y proporcionales.

Su funcionamiento consiste en que el candidato más votado de la lista más votada es quien recibe un escaño. El segundo candidato elegido se define según los siguientes escenarios (ver tabla 1). En el caso 1, ninguna de las listas logra doblar a la otra. Entonces, se escogen los candidatos de las listas más votadas (candidatos A y C). En el caso 2, la lista 1 obtuvo 50% de los votos y además los dos candidatos de esa lista recibieron las mayores votaciones. Sin embargo, siguiendo la regla, los candidatos seleccionados son A y C. Finalmente, en el caso 3, la lista 1 logra doblar a la segunda lista más votada.

En este caso los dos diputados de la primera lista obtienen el cargo (A y B) Tabla 1. Resultados según sistema binominal caso 1

caso 2

caso 3

Lista 1 Candidato A Candidato B

40% 30 10

50% 30 20

60% 55 5

Lista 2 Candidato C Candidato D

35% 25 10

30% 16 14

30% 16 14

Lista 3 Candidato E Candidato F

25% 20 5

20% 12 8

10% 7 3

Candidatos electos

AyC

AyC

AyB

Fuente: Fuentes Saavedra, 2012 página 189 A la forma que se seleccionan los representantes electos se suma la cuestión de la delimitación de los distritos para diputados y circunscripciones para senadores. “La división que se estableció durante el régimen militar generó una grave distorsión entre distritos y circunscripciones con un alto número de electores y otros con pocos electores”11.

Resulta claro entonces que el conjunto de regulaciones técnicas que se desarrollan en la legislación electoral tienen implicancias políticas concretas. Mediante su conocimiento, es posible descubrir los mecanismos de conversión de preferencias políticas en escaños, que muchas veces no son transparentes, así como tampoco lo son los efectos que resultan de éstos. Entender los procedimientos técnicos que los sistemas electorales expresan, es decir, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños permite esclarecer el proceso de formación de voluntad política y para la transferencia de poder (típicamente mediante escaños parlamentarios) y cómo los sistemas electorales orientan las actitudes y resultados electorales.

11. FUENTES SAAVEDRA, Claudio, El Pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pág. 189.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución En este sentido, la consecuencia del sistema binominal es que favorece prácticas bipartidistas dificultando el ingreso de terceros actores en la arena parlamentaria.

Fuentes Saavedra afirma que el sistema binominal fue tempranamente para la Concertación un enclave que tenía que ser eliminado, pues desvirtúa el principio de inclusión propio de la Democracia, ya que las fuerzas políticas no se ven reflejadas proporcionalmente en el Congreso, por lo cual, el sistema se fue transformando imperiosamente para el centro y la izquierda. La coalición de derecha por su parte siempre mantuvo que la estabilidad del sistema se sostiene en la vigencia del binominal La representabilidad versus la gobernabilidad han sido entonces los dos principales argumentos de la disputa durante los últimos 20 años.

“Entre marzo de 1990 y junio de 2012, el Congreso recibió veinticinco propuesta de reforma a la Constitución y a la ley de votaciones que de algún modo afectan al sistema de representación”12. De su análisis se desprenden algunas observaciones interesantes. De ellas, doce proponen la modificación del sistema binominal por uno proporcional; otras cuatro sugieren avanzar en un sistema que, sin modificar los distritos, aumente el número fijo de 120 diputados, otras cuatro también contemplan que se amplíe el número de senadores; otras tres aluden a cuestiones de representación relacionadas con mecanismos de cuotas (femenina e indígena).

En cuanto a las tendencias y juego entre actores, todos los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2010, enviaron al menos un proyecto de reforma del sistema binominal. Ninguno obtuvo el apoyo de la oposición. Hasta el 2010, afirma Fuentes Saavedra fueron propuestas de tipo “simbólicas” de la Concertación, dado que nunca la Alianza mostró interés en aceptarla. Sólo en 2011, por primera vez, parlamentarios de la Renovación Nacional (en adelante RN) -partido del ex presidente Sebastián Piñera- RN se interesaron y presentaron una propuesta específica. ¿Qué cambió en el escenario? Es posible advertir que a lo largo de los años cambiaron los intereses de los partidos políticos en torno al sistema como tal. El cambio más notable fue que de beneficiar claramente a la RN y perjudicar más gravemente a la UDI al comienzo de la transición, hoy, veinte años más tarde, la UDI es la principal beneficiaria y RN la principal perjudicada. Tal vez esto explique el mayor interés de la RN por buscar fórmulas para resolver las distorsiones en la traducción de votos en escaños13.

Asimismo, se debe tener en cuenta, que si bien siempre se ha afirmado que favorece a la derecha, en el caso de las últimas elecciones nacionales (2013) ha favorecido principalmente a la Nueva Mayoría, la cual según los analistas hubiera obtenido 53 bancas y no 68 como obtuvo.

Concluyendo, consideramos esencial entender, como afirma Nohlen, que no se puede realizar un análisis de los sistemas electorales sin tomar en cuenta su contexto y desarrollo histórico.

No cabe duda que ha tenido efectos, precisamente por su tan criticada génesis, por el hecho de haber sido impuesto por el régimen militar (en términos analíticos como factor 12. FUENTES SAAVEDRA, Claudio, El Pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pág. 191.

13. FUENTES SAAVEDRA, Claudio, El Pacto. Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pág. 205.

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni externo). De esta manera, el sistema electoral no se generó por acuerdo de los actores que posteriormente tenían que entenderse con él. De este modo, el sistema binominal (como factor independiente) no reflejaba los intereses y estructuras del sistema de partidos renaciente en la fase inaugurativa de la democracia a finales de los años ochenta, sino que los partidos (como factores dependientes) tenían que adaptarse a sus condiciones de éxito.

Sería ingenuo negar el efecto bipolar y centripetal que ha ejercido el sistema binominal sobre la estructura del sistema de partidos chileno. Y por su parte, este efecto ha contribuido a la gobernabilidad del país14.

Es por ello que no podemos entender este debate separado del contexto de transición, así como su rol como eslabón para lograr la reforma constitucional. Según Atria, “el sistema binominal existe para asegurar a la derecha los cincuenta y un diputados que necesita para vetar la modificación o derogación de una ley orgánica constitucional”15. Como afirma Saavedra luego del pacto de 2005 que reformó en numerosos puntos la Constitución chilena, la reforma al binominal para resolver los problemas de crisis de representación pasó a convertirse, en opinión de muchos, en la madre de todas las batallas.

La madre de todas las batallas El proyecto de reforma del sistema electoral presentado por el Ejecutivo en el año 201416 busca pasar de un sistema mayoritario, -el sistema binominal-, a uno proporcional moderado. Para alcanzar este objetivo sus principales ejes son el redistritaje, el aumento de representantes en cada cámara y la cuota femenina. A partir de las modificaciones propuestas, se evalúan los posibles impactos sobre el sistema político chileno. Lo que se busca en la propuesta enviada por el Ejecutivo es mayor proporcionalidad, tender lo más fielmente al principio “una persona, un voto” y avanzar hacia una cuota de género.

En relación al redistritaje, la propuesta es pasar de 60 a 28 distritos. Es decir, tener distritos electorales más grandes -excepto los dos distritos del extremo norte y sur- que van de 3 a 8 escaños. En el Senado, cada región sería una circunscripción en sí misma, donde se elijan entre 2 y 7 senadores. Paralelamente, el proyecto plantea un aumento en el número de representantes en cada cámara, se pasaría de 38 a 50 senadores y de 120 a 155 diputados17.

14. NOHLEN, Dieter, “La reforma del sistema binominal desde una perspectiva comparada”, Rev. Cienc. Polít. (Santiago) v.26 n.1 Santiago, 2006, pág 3.

15. ATRIA, Fernando; La Constitución tramposa, Chile, LOM Ediciones, 2013, pág. 51.

16. El proyecto de reforma del sistema electoral fue enviado por el Ejecutivo a través del Mensaje Presidencial 976-362.

Actualmente (noviembre de 2014) se está se tratando la legislación del proyecto en la Cámara de Senadores tras haber sido aprobado el proyecto con algunos cambios en la Cámara de Diputados en el mes de agosto.

17. Cabe destacar que para que se haya podido proponer el aumento del número de diputados fue fundamental la aprobación en enero de 2014 de la eliminación del guarismo 120 de la Constitución que fijaba el número de diputados en 120 y que por lo tanto abrió la puerta a reformar el sistema electoral binominal. Se sustituyó el inciso primero del artículo 47 de la Constitución, y se estableció que “la Cámara estará constituida por miembros elegidos en votación directa por distritos

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución La existencia de distritos electorales de mayor tamaño, como el aumento de cargos a cubrir por distrito y la posibilidad de que las coaliciones presenten hasta el doble de candidatos por distrito, tiene implicancias en los diseños de las campañas. Si se considera que en Chile rige un sistema de listas abiertas, uno de los temores es la sobre oferta electoral. El aumento de la cantidad de contendientes puede producir desinformación y confusión en el electorado, especialmente en las categorías de Diputados y Consejeros Regionales (CORE)18. Esto a su vez podría resultar en un aumento de votos nulos y blancos, e incluso desalentar a que los ciudadanos asistan a votar, en un sistema que es de voto voluntario con empadronamiento automático.

Con respecto a la relación “una persona, un voto” y a la sobre y sub-representación distrital, el Informe del Observatorio Político-Electoral (OBPE) de la Universidad Diego Portales hace una comparación del fenómeno malapportionment -diferencia entre el porcentaje de población que representa cada distrito y el porcentaje de escaños que se les asigna- con el sistema binominal y con la propuesta del gobierno de Bachelet que arroja los siguientes resultados: Tabla 2 Sobre y sub-representación distrital

electorales”. En segundo lugar, la propuesta reforma el inciso segundo de la disposición decimotercera transitoria de la Carta Fundamental, para establecer que “las modificaciones que se hagan a la Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios relacionadas con el número de diputados y senadores, los distritos y circunscripciones existentes y el sistema electoral, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.”

18. El Consejo Regional junto al Intendente componen los gobiernos regionales. Los Consejeros Regionales (CORE) fueron electos por primera vez en elecciones directas en las elecciones del 17 de noviembre de 2013.

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Fuente: Informe OBPE Universidad Diego Portales (2014)

Gráfico1 Malapportionment con binominal (120 diputado) y con propuesta de gobierno (155 diputados)

Fuente: Informe OBPE Universidad Diego Portales (2014)

Lo que se observa es que el malapportionment disminuye aunque sigue existiendo, sobre todo en algunas regiones donde de por sí anteriormente había una mayor brecha, como el distrito de Atacama.

Según el informe, de los 28 distritos, 22 mejoran su situación en relación a este fenómeno En lo que respecta a la cuota de género, el proyecto establece que los partidos políticos no podrán tener más de un 60% de candidatos del mismo sexo, sean hombres o mujeres. Es decir, esto se aplica a las candidaturas y no a la composición de las cámaras. También prevé un bono de 500 unidades de fomento (UF)19, que cada partido recibiría por cada mujer electa (no se aplica a candidatas que van por la reelección), para incentivar las candidaturas con posibilidades efectivas de acceder a cargos.

Cabe destacar que en el sistema de listas abiertas chilena tanto las sanciones como los beneficios de los bonos son hacia el partido y no hacia los candidatos.

19. Unidad de Fomento (UF): unidad de cuenta reajustable por la inflación, creada bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1967.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución A modo de ejemplificación para tomar noción de los impactos concretos de los distintos aspectos señalados de la reforma, el informe del Observatorio Político-Electoral al que hicimos referencia, elabora una simulación de como quedaría compuesta la Cámara de Diputados si se aplicara la reforma en comparación a la composición actual bajo el sistema binominal. Para esto toma los resultados de la elección de diputados en 2013 y muestra la distribución actual de bancas por coalición y por partido comparándolos con los que se hubiera obtenido con los mismos resultados electorales bajo el proyecto propuesto por el Ejecutivo. El resultado se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 3 Composición de la Cámara de Diputados simulado con datos de diputados 2013

Fuente: Informe OBPE Universidad Diego Portales (2014)

Si bien en la simulación presentada no se observan cambios significativos en las correlaciones de fuerza -la Nueva Mayoría vería deprimido su desempeño electoral en un 0,3% y la Alianza lo mejoraría en 0,5%-, esto en parte se explica por las limitaciones que el ejercicio de comparación tiene en el caso de elecciones nacionales. Un factor a tener en cuenta en la composición de las Cámaras por partidos es que el sistema binominal obliga a presentar un máximo de dos candidatos por coalición. Por lo tanto, la simulación de resultados se ve limitada al hacerse bajo los resultados impuestos por esta regla del sistema vigente, que no contempla la competencia partidaria que se daría dentro de cada

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni coalición con un sistema de listas abiertas donde se disputen entre 3 y 8 escaños con la posibilidad de cada coalición de presentar hasta el doble de candidatos contemplando los suplentes. Por otro lado, no permite ver correctamente la correlación de fuerzas partidarias en todo el territorio.

Para suplir estas limitaciones, los autores proponen el mismo ejercicio pero tomando los resultados de las elecciones de concejales 201220, ya que en estas elecciones compiten todos los partidos y los electores tienen mayor oferta de candidatos mientras que en las de diputados los partidos no participan en todos los distritos. En esta simulación, los efectos de la reforma son más evidentes.

Tabla Composición de la Cámara de Diputados simulando con datos de concejales 2012

Fuente: Informe OBPE Universidad Diego Portales (2014)

Según este esquema, la Nueva Mayoría obtendría 6,1 puntos porcentuales más, mientras la Alianza retrocedería 4,7 puntos porcentuales, quedando tres escaños para otros partidos o independientes.

20. En las elecciones de concejales del año 2012, la Nueva Mayoría obtuvo el 49,32% de los votos y la Alianza el 32,87% mientras que en las elecciones de diputados del año 2013 la Nueva Mayoría alcanzó el 45,44% y la Alianza el 36,23%.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución Además del impacto que podría tener en el desempeño electoral de las distintas fuerzas, hay otros factores que generan hoy en día debate en torno al proyecto de reforma del sistema binominal.

El tema de principal controversia es aquel referido a los costos que la modificación del sistema electoral acarrearía tanto en relación a la dieta como al financiamiento de las campañas. Claramente los cambios que se introducirían aumentarían los costos generales: por el aumento del número de representantes en ambas cámaras, por la dieta de los mismos, por el aumento de los costos en el diseño de las campañas con un mayor número de candidatos en un sistema de listas abiertas y por los gastos propios del operativo electoral del Estado, entre otros.

Tampoco hay acuerdo en relación a la medida de incentivo a la elección de candidatas mujeres a través de la retribución de 500UF. Hay posiciones encontradas sobre el carácter de esta medida, sobre si es justa o no y si en verdad tendría tanto esto como la cuota femenina impactos reales sobre el sistema. De la misma forma que no hay acuerdo sobre si corresponde o no el pago del incentivo, hay opiniones encontradas sobre si el mismo debería ser 100% al partido o una parte al partido y otra a la candidata.

No obstante estas preocupaciones, la cuestión de fondo es otra. El temor en relación a la implementación de un sistema proporcional moderado es el efecto que puede tener en las coaliciones, ya que las mismas pueden volverse más flexibles e incluso algunos partidos podrían disputar por fuera de las mismas. El sistema binominal hace altamente dificultoso disputar en la arena electoral por fuera de las coaliciones. El nuevo sistema eliminaría ese efecto, por lo que restaría ver cómo juegan los actores bajo las nuevas reglas. Por otro lado debe destacarse que el que las coaliciones se vuelvan más flexibles no redundaría necesariamente en mayor fragmentación del sistema de partidos, que de por sí tiene un nivel de fragmentación significativo que ha sabido canalizar a través del sistema de coaliciones.

A su vez, es menester destacar que el proyecto que está en discusión fue centro de marcadas críticas debido a que se considera que las reformas moderadas que introduce desaprovechan la posibilidad histórica que está atravesando Chile de introducir reformas sustantivas en materia de reforma electoral. Uno de los principales exponentes de esta crítica, David Altman, sostiene una postura pesimista, caracterizando como: (...) una propuesta antojadiza (no se esgrimen razones de peso que justifiquen los cambios, algunos de los cuales no se sostienen de forma evidente), inercial (replica lo que se tuvo por el mero hecho de haberlo tenido), conservadora (ya que no toma en consideración cómo gran parte del electorado chileno contemporáneo está estructurando su identidad política), y clasista (ya que se aventaja a los distritos ricos a costa de los pobres)21.

Por lo tanto, para el autor el proyecto de un sistema proporcional moderado no modifica necesariamente el esquema institucional vigente.

21. ALTMAN, David, “Mensaje Presidencial 076-362 sobre la Reforma Electoral: Algunas anotaciones breves sobre externalidades poco discutidas”. En https://www.academia.edu/6958301/Mensaje_Presidencial_076- 62_sobre_la_Reforma_Electoral_Algunas_anotaciones_breves_sobre_externalidades_poco_discutidas , 2014, pág. 1.

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María Lourdes Lodi - Elisa Caballero Rossi María Laura Sartor Schiavoni A modo de cierre de este apartado, esbozamos el posicionamiento de los actores partidarios en relación al proyecto de reforma.

Dentro de la Nueva Mayoría hay un apoyo generalizado al proyecto del gobierno. La principal divergencia la ha planteado la DC, la cual se opone a la posibilidad de que existan subpactos entre partidos.

Dentro de la Alianza, la UDI -partido actualmente más sobre-representado por el sistema binominal- está claramente en contra de la modificación, aludiendo que estimularía un multipartidismo polarizado, destacando los grandes costos que acarrearía y proponiendo en contraparte un sistema uninominal de 120 distritos. La RN, preferiría un sistema más proporcional aunque no acuerda con una Cámara de diputados de 155 miembros. También proponen que los distritos repartan hasta 6 escaños. Por su parte, el movimiento de centro-derecha liberal, Amplitud, apunta a la necesitad de revisar el redistritaje para corregir la sobre-representación en las zonas extremas.

Reflexiones finales El escenario preelectoral del año 2013 puso en agenda la demanda de amplios sectores por una reforma institucional. Esto se vio expresado en la incorporación de la misma en las agendas de campaña, en los altos niveles de abstención en las urnas y, fundamentalmente, en la calle como principal escenario de contienda política.

Luego de ser electa presidenta, Michelle Bachelet presentó un proyecto de reforma electoral, cuya meta es el cambio del sistema electoral binominal por uno de tipo proporcional, que abarca la redefinición de las circunscripciones, amplía el número de diputados y senadores e incorpora el cupo femenino.

El debate por el sistema binominal y, más ampliamente, por la modificación del sistema electoral, viene de larga data en Chile. Si bien han sido presentadas numerosas reformas, mayormente provenientes de partidos que conformaban la Concertación, -hoy Nueva Mayoría-, es recién a partir de 2011 que la propuesta es acompañada por algunos partidos de la Alianza, principalmente RN, que había sido desfavorecido en los últimos años por los efectos del vigente sistema. Por su parte, la UDI, se presenta como su principal beneficiaria, y por lo tanto la mayor opositora a la reforma.

Los tecnicismos comprendidos en el debate no deben hacernos perder de vista la discusión de fondo. Esta comprende una reforma sustantiva de las instituciones electorales en vistas a un objetivo de ampliación de la democracia, enmarcada en un proceso de transición de tipo gradualista que, para algunos actores sociales y políticos, aún no está cerrado. Sólo a partir de comprender éste punto se entiende la importancia histórica del momento que está viviendo Chile. La relevancia de la propuesta del Ejecutivo de reforma del sistema electoral radica en la influencia que pueda ejercer para combatir y poner fin a un sistema donde las minorías tienen capacidad de veto y avanzar, finalmente, hacia una reforma sustantiva de la Constitución Nacional.

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“La madre de todas las batallas”. Un análisis de la reforma del sistema binominal chileno a partir de la demanda por una nueva Constitución El pasaje a un sistema proporcional moderado pone en duda si realmente habrá un cambio paradigmático de sistema electoral o, si lo medido de la propuesta, dejará abierta la puerta para que las élites chilenas reproduzcan prácticas previas escondidas bajo un velo normativo de mayor representación.

Ante el escenario actual se abren las siguientes preguntas: ¿la reforma del sistema binominal constituye una reforma sustantiva? La misma, ¿permitirá avanzar hacia una reforma constitucional? y finalmente, en caso de que ésta se presente, ¿significará realmente una ruptura con la Constitución de 1980?, ¿logrará constituirse como Nueva Constitución o se sumará a las ya numerosas reformas realizadas?

Pese a los interrogantes planteados, el escenario actual instaura el desafío de afrontar la posibilidad de comenzar una nueva etapa plenamente democrática, donde se abran las puertas al pueblo chileno para que se dé una Nueva Constitución que de forma legítima lo represente.

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Recibido 25/09/14 -- Aceptado 22/11/14

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Análisis de la cuestión de la reforma Privatizaciones. del sindicalismo educativa chilenaRol a partir de las Caso analizado:sociales Foetra del año 2011 movilizaciones Florencia Paz Raúl (UNR)Irigaray Cátedra de Administración Pública florencia_paz@hotmail.com Facultad de Ciencia Política y RR.II. U.N.R. Lucía Vinuesa (UNR) luciavinuesa@gmail.com

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Resumen

En este artículo nos proponemos abordar la incorporación de la reforma educativa a la agenda política en Chile en un contexto electoral particular, las elecciones nacionales del año 2013, a partir de la aparición en el escenario político del movimiento estudiantil en 2011. En este marco, resulta ineludible analizar las características distintivas del sistema educativo chileno, así como las modalidades de manifestación social de la ciudadanía.

Palabras claves: agenda electoral, reforma educativa, movimiento estudiantil, Chile

Abstract

After the forceful emergence on the political scene of the Chilean student’s movement in 2011, we propose to undertake the incorporation of the educational reform to the political agenda in particular electoral context, the national elections of the year 2013. Within this framework, it is unavoidable to analyze the distinctive features of the Chilean education system, as well as the modalities of social manifestation of its citizens.

Keywords: electoral agenda; educational reform; student’s movement, Chile

Florencia Paz - Lucía Vinuesa, “Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011”. Cuadernos del Ciesal. Año 11, número 13, enero-diciembre 2014, pp. 81-100.

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 I.

Introducción

Las coyunturas electorales suelen constituir interesantes objetos de análisis político, en tanto permiten vislumbrar cuáles son las cuestiones socialmente problematizadas que adquieren primacía en un momento dado y logran ingresar a la agenda de gobierno. Por nuestra parte, hemos trabajado con el caso chileno, particularmente el período de mediano plazo en torno a las elecciones nacionales del año 2013. A partir de nuestra aproximación al tema, reconocimos ciertos elementos peculiares que caracterizaron la campaña electoral, desde la conformación de la agenda hasta el número de candidatos presidenciables y el contenido de los programas de gobierno de los mismos. En este marco, una cuestión adquiere cierta supremacía junto a otras dos propuestas. Hacemos referencia a la política de reforma educativa, que junto a la reforma constitucional y tributaria, lograron una presencia abrumadora en los programas políticos de los candidatos principales e ingresaron, sin duda, en la agenda de gobierno.

A partir de este reconocimiento, consideramos pertinente indagar las causas que coadyuvaron a transformar la cuestión de la reforma del sistema educativo en un problema de carácter público y político que demandaba intervención estatal. En la búsqueda de respuestas a nuestra pregunta de investigación, nos encontramos con una serie de movilizaciones que durante el año 2011 mantuvieron en vilo a la clase política chilena en más de una ocasión. Las mismas, si bien incluyeron a sectores sociales heterogéneos, fueron lideradas por el movimiento estudiantil y lograron aglutinar en torno suyo, la demanda por una reforma del sistema educativo chileno, especialmente reclamaron la gratuidad de la misma en todos sus niveles. Por otro lado, la confluencia multitudinaria en las movilizaciones de dicho año, se entienden, en gran medida, a partir de las características peculiares del sistema educativo chileno, particularmente, a partir de la reforma constitucional del año 1980. En este sentido, diremos que, en parte, el repudio ante el sistema vigente se relaciona con que se presenta como una clara herencia del gobierno dictatorial, con Pinochet a la cabeza.

En miras a comprender nuestro objeto de investigación, nos proponemos como objetivo analizar y describir la cuestión de la reforma educativa a la luz de las movilizaciones del año 2011. Nuestro trabajo se estructura del modo siguiente. En principio delineamos un pequeño apartado teórico en el cual abordamos las categorías y conceptos recuperados a los fines de estudiar nuestro objeto de investigación. A continuación, desarrollamos una descripción de las configuraciones legislativas del sistema de educación chileno desde la década de 1970 hasta el primer gobierno de Bachelet. Posteriormente, elaboramos una breve reseña de las movilizaciones que protagonizaron los estudiantes en el 2011, las cuales resultan esenciales a la hora de estudiar la agenda electoral de las últimas elecciones nacionales en general, y la política de reforma electoral, en particular. Por último, dedicamos unas palabras finales que se estructuran a modo de nuevos interrogantes, antes que conclusiones definitivas. Entre estas reflexiones, los desafíos del actual gobierno chileno resultan sumamente sugerentes.

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II. Herramientas conceptuales y marcos teóricos para el análisis del problema de investigación En referencia a las perspectivas teóricas desde las que nos posicionamos para realizar este trabajo, concebimos imprescindible un repaso por los conceptos centrales de este escrito entre los cuales incluimos a la política pública, como puntapié inicial de un análisis de agendas; en segundo lugar, abordamos el concepto de agenda(s), momento en el cual ahondamos en la descripción de los tipos distintos de agendas que se presentan; por último nos abocamos a la descripción de lo que entendemos por movimientos sociales.

En principio, comprendemos a las políticas como procesos, secuencia de hechos y decisiones que implican un cierto avance o modificación de la realidad. El proceso de elaboración de una política pública implica una serie de decisiones e interacciones entre individuos, grupos e instituciones, influenciadas por las conductas y disposiciones del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas. (Subirats, 1989: 41).

En segundo lugar, entendemos por agenda al conjunto de problemas, temas y demandas que requieren la atención del gobierno y que, de algún modo, buscan o pretenden ser objeto de política pública. Al hablar de agenda, consideramos imprescindible plasmar ciertas nociones que permiten comprender su proceso de formación. En principio, como sostiene Gastón Mutti, consideramos que las relaciones que se establecen entre la sociedad civil, el gobierno y el Estado se caracterizan siempre por su complejidad y por no ser de carácter unidireccional. De esta manera, los miembros de la sociedad civil, tienen intereses que buscan cumplir; lo mismo pasa con los agentes del Estado. Sin embargo, no todos estos intereses llegan a formar parte de la agenda pública. Algunos problemas son rápidamente aceptados por los ciudadanos, otros generan profundas divisiones. En algunos casos el Estado está obligado a actuar, en otros se ve impotente aunque la sociedad le exija su accionar (Mutti, 2003: 141-142). En la misma sintonía, Aguilar Villanueva afirma que, “frente a un asunto, aún si multitudinario y candente, el gobierno encara el dilema de elegir si es de interés o no, pero a fin de cuentas encara el dilema de si debe actuar o no, de si interviene, se repliega o se da tiempo” (Aguila Villanueva, 1993: 28).

Acerca del marco analítico que recuperamos para pensar las cuestiones que ingresan en la agenda y son objeto de política pública, podemos decir que si bien, a nuestro modo de ver, presenta cierta rigidez en la concepción del Estado y la sociedad, de todas maneras y a los fines de nuestro objeto de investigación, el conjunto de herramientas conceptuales que nos brinda, resultan sumamente esclarecedoras. En este sentido, Elder y Cobb (1993) nos informan que para que un asunto tenga acceso a la agenda necesita cumplir tres requisitos: que sea objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público, que una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción, y que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental. A su vez, las valoraciones que se tienen de la composición y causa del problema, el peso numérico o político de los afectados por el mismo, y la viabilidad de su resolución, son otros factores determinantes a la hora de decidir si prestarles atención o no.

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 Esta definición del concepto de agenda nos obliga a aclarar, a los fines analíticos, que existen distintos tipos de agendas, o mejor dicho, que metodológicamente suelen distinguirse tres niveles de agenda.

En primer lugar encontramos a la agenda sistémica (también llamada pública o no gubernamental) que es aquella que refleja los problemas, prioridades y preocupaciones de la sociedad en general, y que usualmente se manifiesta en movilizaciones o hechos que logran sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública. En segundo lugar se ubica la agenda gubernamental (también denominada institucional o formal), que es el conjunto de problemas y demandas percibidos, definidos y considerados por parte de los agentes del gobierno, en otros términos, son aquellas temáticas objeto de discusión en el ámbito del Estado.

Ahora bien, así como no todo problema de la agenda sistémica logra ingresar en la agenda gubernamental, tampoco todo asunto de gobierno llega a ser objeto de decisión política. Es aquí que aparece, por último, la llamada agenda decisoria compuesta por el conjunto de temas y problemáticas que finalmente son objeto de decisión y acción (o decisión de no acción) del gobierno. Es esta la clásica trilogía en la categorización de agendas, sin embargo nosotras deseamos analizar un cuarto tipo de agenda, que bien podría ubicarse entre la sistémica y la gubernamental, pero que tiene una naturaleza y dinámica propia: la agenda electoral.

La agenda electoral está constituida por aquellos temas, problemas, propuestas y proyectos a los que los distintos candidatos hacen referencia durante la campaña electoral y que, de algún modo, preanuncian cuáles serían sus acciones de gobierno en caso de obtener el cargo al que aspiran. En otras palabras, podría decirse que la agenda electoral está conformada por la diversa mercancía política que se ofrece a los ciudadanos con el fin de ganar sus votos en la competencia electoral, y que esta oferta busca responder, especialmente, a las demandas relegadas por el gobierno saliente y a aquellos problemas públicos que preocupan a la mayor parte de la población.

Como adujimos anteriormente, en relación a los otros tipos de agenda, la electoral es aquella que para ser en el futuro agenda de gobierno mira en el presente a la agenda sistémica e intenta sensibilizarse ante ella. Es decir, la agenda electoral pretende ser receptiva de la agenda sistémica en toda su diversidad y amplitud, busca acercarse a los problemas de la sociedad pero no para quedarse en el diagnóstico, sino para proporcionar soluciones y respuestas. La agenda electoral tiene, en este sentido, la facultad de representar el “deber ser”, de proclamar buenos augurios, de ser idealista y optimista, de ser generosa y bondadosa, y, en muchas ocasiones, todopoderosa. Libertades estas que la agenda gubernamental por limitaciones presupuestarias, sociales, o restricciones inherentes al propio sistema político, casi nunca puede darse.

Los períodos preelectorales son, además, tiempos de apertura de la agenda para la introducción de nuevos temas o para la redefinición de problemas ya existentes. Son el momento de la búsqueda de apoyos y de la elaboración de consensos, la etapa de la promesa y el convencimiento, la fase inicial en la construcción del liderazgo y la legitimación del poder.

En cuanto a las perspectivas sobre la acción colectiva, las ciencias sociales en la actualidad ofrecen, en rasgos generales, dos formas de interpretar la acción colectiva; por un lado, el enfoque de la movilización de recursos y, por otro lado, la perspectiva de los movimientos sociales. Estas perspectivas

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se constituyeron en los años sesenta y setenta del siglo XX, en un contexto histórico de pleno auge de los Estados de Bienestar, donde la cuestión de la integración social no constituía un problema ni amenazaba al orden social, tal como se observó en las décadas posteriores.

Si bien reconocemos que ambas perspectivas otorgan aportes valiosos para el análisis de los movimientos sociales, para los fines de esta investigación, anclaremos el análisis en el enfoque de la movilización de recursos para comprender la interacción entre el movimiento estudiantil y la arena institucional. Nos basaremos en autores como Charles Tilly y Sidney Tarrow, para revisar una dimensión central de la emergencia de los movimientos sociales: la construcción de un marco de acción colectiva. Creemos que este concepto permite entender los momentos que el movimiento estudiantil vislumbró la oportunidad política de emerger y condicionar la agenda pública y luego la agenda de gobierno.

III.

Reseña histórica de mediano plazo por el sistema educativo chileno

1. La constitución de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Previamente al análisis y descripción de los cambios suscitados en el sistema educativo por el gobierno de facto de Augusto Pinochet, mencionaremos brevemente las características que presentó el mismo hasta 1970. De este modo, los gobiernos de Frei y Salvador Allende, pusieron especial atención en el sistema educativo y realizaron “reformas que establecieron un mandato para garantizar acceso universal a la educación básica y secundaria, con independencia del estatus socio-económico” (Cornejo, 2012). Particularmente, el gobierno central de Salvador Allende construyó 3.000 escuelas básicas y secundarias concentradas en zonas rurales y de menores recursos, matriculó a nuevos profesores para acomodar la nueva demanda educativa y extendió la educación básica obligatoria de 6 a 8 años (Arellano Martín, 2012). Entre 1960 y 1970 el porcentaje de estudiantes en enseñanza básica subió desde 80% a 93% y el porcentaje de estudiantes en enseñanza media 14% a 50%. Según Manuel Antonio Garretón, “entre 1970 y 1973 había un 75% de niños, niñas, jóvenes, en todos los niveles de educación, en toda la educación pública chilena”. Sin embargo, luego del golpe de Estado que realizó Augusto Pinochet se diseñó un sistema educativo con el objetivo de adecuarlo al modelo de sociedad que planteó la dictadura, autoritario en lo político-cultural y organizado en torno al individualismo y el mercado en lo económico-social. A esta visión de sociedad, cuya máxima manifestación podemos observarla en la Constitución impuesta en 1980, correspondió una visión de la educación que se anunció en las Directivas Educacionales de 1979 y en la legislación universitaria. Estas medidas se cristalizaron con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. (Garretón, 2007) Como es posible observar, la Constitución de 1980 señala, en el Capítulo III De los Derechos y Deberes Constitucionales, el derecho a la educación, asegurado por la Constitución para todas las personas.

Interpela a los padres aduciendo que estos tienen el “derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”. A su vez, afirma que la educación básica y media son obligatorias, y en este caso, el Estado debe financiar “un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la pobla-

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 ción”. Por otro lado, la Constitución aboga por la libertad de enseñanza que implica la posibilidad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Al mismo tiempo, y acorde a la “mística” neoliberal en pleno auge por la década de los ochenta, “la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

En 1990 la Junta de Gobierno –que en ese entonces ejercía la función legislativa, dictó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza1 (Número 18.962), la cual fue promulgada por Augusto Pinochet el 7 de marzo de 1990 y publicada tres días más tarde, a sólo 24 horas de asumir Patricio Aylwin como nuevo presidente de Chile. La ley tuvo por objetivos fijar los requisitos mínimos que se deberán cumplir en los niveles de enseñanza básica y media, regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Asimismo, el “Título III”, que reúne a los artículos del 33 al 47, especifica la normativa para la Educación Superior. Dicha ley tiene carácter de orgánica y su eventual modificación o derogación requiere de un quórum de 4/7 en ambas cámaras. La normativa se conformó reuniendo diferentes decretos dictados durante la década del ‘80 que reflejaban el esfuerzo de la dictadura por transformar el campo educativo, “favoreciendo el ingreso de privados, transformando el rol del Estado de docente a subsidiario, y asegurando constitucionalmente la libertad de enseñanza entendida, básicamente como libertad de propiedad respecto de establecimientos educativos” (Santa Cruz Grau, 2006).

Los ejes que orientaron las medidas del régimen pinochetista fueron esencialmente dos, por un lado, la descentralización de la ejecución de los servicios educativos y, por el otro, el desprendimiento de los establecimientos fiscales para achicar el Estado. Muchas de las funciones del Ministerio de Educación pasaron a ser responsabilidad de las 345 municipalidades a lo largo del país, reservándose para la instancia nacional el rol financiero y supervisor.

Este cambio de la gestión de las escuelas fue acompañado de una modificación del sistema de financiamiento (instauración del pago de una subvención por alumno atendido) y el estímulo a la prestación privada de servicios educacionales públicos, a través de la homologación del sistema de financiamiento de escuelas particulares subvencionadas y municipales. Estas medidas fueron cristalizadas en la ley de subvenciones.

La ley, vigente en la actualidad, establece un pago por alumno tanto para las escuelas públicas como para las particulares subvencionadas2, es decir, uniformiza la subvención por alumno sin importar que el establecimiento fuera municipal o privado subvencionado, para que la municipalidad (si es público) o el dueño del colegio (si es particular subvencionado) recibiera la misma subvención. Sin embargo, mientras los particulares subvencionados pueden cobrar a los padres, además de lo que les entrega el Estado, a las públicas sólo les corresponde la subvención estatal.

Este beneficio para las instituciones educativas privadas resultó en el aumento de la matrícula de alumnos y una disminución en la matrícula de las escuelas públicas. El número de estudiantes matri1. En adelante la denominaremos por sus siglas: LOCE. 2. También se denomina voucher educacional.

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culados en las escuelas privadas subvencionadas subió de 402.000 alumnos en 1980 a 960.000 alumnos en 1990 mientras la matriculación en las escuelas municipales bajó de 2.260.000 a 1.700.000 en el mismo período (Arellano Martín, 2012). Esto ocurrió ya que “el monto de subvención per capita no alcanza para los gastos de funcionamiento y operacional de una escuela o liceo” (Pascual, 2012).

Con el pretexto de la expansión de la cobertura en educación, se incorporó el libre mercado en educación. En 1979 había 1.846 escuelas primarias y en 1982 - solo unos años después de la reforma- había 2.285 y la mayor parte de las nuevas escuelas tenían fines de lucro (Caballín, 2012). Sin embargo, este acceso masivo no significa mejores oportunidades para la mayoría de los estudiantes chilenos, ya que las políticas neoliberales han aumentado la cantidad de estudiantes, pero no la calidad de la educación, intensificado las desigualdades en todos los niveles (pre-escolar, primaria, secundaria y superior). Chile tiene el sistema educativo más segregado de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hacia el año 2011 (Donoso, 2011).

En conjunto, la herencia institucional y la introducción de un sistema de co-pago resultaron en un sistema educacional con las siguientes categorías administrativas: (1) Escuelas municipales, administradas por los municipios que reciben el voucher individual. Aproximadamente el 53% de los estudiantes asiste a este tipo de colegios. (2) Escuelas particulares-subvencionadas, que reciben el voucher por parte del Estado pero administradas por particulares y/o personas jurídicas determinadas. Tienen posibilidades de ser instituciones con fines de lucro. Entre las que no son instituciones con fines de lucro están colegios administrados por la Iglesia o fundaciones privadas. En su conjunto, el 38% de los estudiantes, asiste a estos establecimientos. (3) Escuelas privadas, que no reciben financiamiento estatal y son financiadas por los padres y apoderados. El porcentaje de los estudiantes que asisten a este tipo de colegios ronda el 9%.

2. Características de la Educación Superior Como hemos podido observar, no existe en Chile una ley exclusiva sobre educación superior. La norma de mayor jerarquía en esta materia es, también, la LOCE. Al mismo tiempo, un Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) N° 1 del año 1980, cuyo encabezado reza Normas sobre Universidades, plantea, a grandes rasgos, las bases del actual sistema de educación superior, que, como veremos, asumirá un perfil manifiestamente privatista, del mismo modo que ocurrió en la educación básica y media, “Artículo 15 – Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho sin fines de lucro”. El Ministerio de Educación es quien lleva a cabo el examen y posterior proceso de aceptación.

Volvamos sobre la LOCE que, en general, mantuvo el esquema de universidades estatales pero reguló a través de un órgano técnico y autónomo la apertura y acreditación de universidades nuevas, este fue el Consejo Superior de Educación. En el título III de la LOCE encontramos el reconocimiento del Estado a las Instituciones de Educación Superior. En el segundo párrafo nos encontramos con la referencia al Consejo Superior de Educación y del Sistema de Acreditación. Si bien no contiene una definición del Consejo Superior de Educación (CSE), se menciona que es un organismo autónomo

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 con personalidad jurídica y patrimonio que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. En el tercer párrafo establece: “Artículo 48 – Las universidades que no sean creadas por ley, deberán constituirse por escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública, la que debe contener el acta de constitución de la entidad y los estatutos por los cuales ha de regirse”. En concordancia con lo establecido anteriormente, se entiende que son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro.

El título IV de la ley, “Normas Finales”, es quizás el más controversial ya que hace referencia a la autonomía, libertad académica y libertad económica de las universidades. “Artículo 75 – Se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa”. Y continúa en el artículo 76, “La libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia”.

Como vemos, la LOCE no deja ni un instante de revelar su identidad fiel a los ideales positivistas, por un lado, y neoliberales, por el otro. El perfil de la educación superior que intenta regir la LOCE responde a las demandas del modelo societario neoliberal que la dictadura militar logró imponer con éxito.

A pesar de la libertad que otorga el artículo 76 a los establecimientos universitarios, los artículos que se extienden entre el 77 y el 79 apuntan a limitar esa autonomía. Especialmente en lo que concierne a posibles disturbios o actos contra el orden jurídico, o bien, frente al desarrollo de actividades políticas, partidarias o no, que tanto recelo ocasionaban a quienes diseñaron la ley. Veamos cómo se deslizan estas limitaciones en dos artículos.

Artículo 77 – La autonomía y la libertad académica no autoriza a las entidades de educación superior para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico ni permite actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente tendencia político partidista alguna.

Estas prerrogativas, por su esencia misma, excluyen el adoctrinamiento ideológico político, entiendo por tal la enseñanza y difusión que excedan los comunes términos de la información objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y las objeciones más conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista.

Artículo 78 – Los recintos y lugares que ocupen las entidades de educación superior en la realización de sus funciones no podrán ser destinados ni utilizados por actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras para sus labores.

En cuanto al financiamiento de las universidades, el artículo 85 hace referencia al mismo, y establece que “Las instituciones de enseñanza superior que reciban aporte fiscal deberán enviar, anualmente, al Ministerio de Educación la memoria explicativa de sus actividades y balances. Las instituciones de educación superior de carácter privado que cuenten con aporte fiscal deberán rendir cuentas al Ministerio de Educación sólo respecto de los fondos fiscales que hubieren recibido”. Es decir, las instituciones privadas pueden recibir eventualmente aporte fiscal y rendirán cuenta al Estado por dicha suma específica. Las entidades “públicas”, en cambio, remiten al Ministerio el balance y la memoria

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de las actividades. Sin embargo, no debe pensarse que todo el presupuesto de la institución pública es aportado por el Estado, sino que sólo una parte de él. Por ejemplo, la entidad estatal puede desarrollar actividades lucrativas y cobrar aranceles por servicios prestados, en procura de su autofinanciamiento, pero esto no afecta su carácter público, con las altas responsabilidades que conlleva.

(Gonzáles, 2005) La norma capital sobre el financiamiento universitario es el Decreto con Fuerza3 de Ley n° 4 de 1981 que establece las modalidades de Aporte Fiscal Directo e Indirecto. El artículo 1 aclara que “El estado contribuirá al financiamiento de las universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y de las instituciones que de ellas se derivaren, mediante el aportes fiscales cuyo monto anual y distribución se determinarán conforme a las normas del presente título”. Por otro lado, en el artículo 3 se aclara que sin perjuicio del aporte referido en el artículo 1, “el Estado otorgará a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, reconocidos por aquel como instituciones de educación superior, anualmente un aporte fiscal indirecto”.

La suma que le corresponde a cada Universidad por el Aporte Fiscal Indirecto se define a partir de los 27.500 mejores puntajes obtenidos por los alumnos matriculados en una evaluación que se les realiza al momento de finalizar sus estudios en educación media y comenzar los universitarios, que se denomina “Prueba de Aptitud Académica”. Este aporte fue pensado como un incentivo a la calidad educativa bajo el supuesto de que este puntaje representa a los “mejores alumnos”.

Si bien Chile no cuenta con ninguna regulación legal directa sobre el acceso a la educación universitaria, éstas pueden aplicar cualquier método de selección para sus alumnos. Históricamente, para obtener el Aporte Fiscal, las universidades nucleadas en el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (entidades estatales y privadas tradicionales que fueron creadas antes de 1980) realizaban la Prueba de Aptitud Académica. En el año 2003 se decidieron ciertas modificaciones de los contenidos a evaluar y se reemplazó las existentes por un conjunto de pruebas que conforman la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Como el artículo 3, del DFL 4 no establece un núcleo de universidades a las que estará destinado este aporte, como sí lo determina el aporte fiscal directo, todas las universidades decidieron utilizar la prueba nacional de selección como antecedentes y criterios de admisión.

Otro elemento a destacar en cuanto al financiamiento fue la creación, en este mismo DFL, del “Fondo de Crédito Universitario”, destinado a las instituciones de Educación Superior para que se lo asignen a sus estudiantes. A partir de este crédito los alumnos pueden costear de forma total o parcial los aranceles de las carreras. Este modo de financiamiento se mantuvo hasta 1986 y pasó a llamarse “Crédito Universitario”, con similares característica en su interés y reajuste. En 1994 se volvió a modificar la ley creando esta vez el actual y vigente “Fondo Solidario”, pensado para aquellos alumnos matriculados en la educación superior que no pueden financiar sus estudios y que debido a sus resultados en la Prueba de Selección Universitaria, ameritan la obtención del beneficio.

Muchos analistas del sistema educativo chileno, sostienen que a pesar de que las universidades son legalmente corporaciones sin fines de lucro, los dueños de las universidades privadas retiran cuantio3. En adelante referiremos a los Decretos con Fuerza de Ley con las siglas DFL.

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 sos dividendos gracias una serie de subterfugios. Las políticas neoliberales han permitido que algunas universidades sean un negocio multimillonario, donde los estudiantes son vistos como clientes que pagan caros aranceles y asumen créditos casi impagables (Caballín, 2012).

Siguiendo con lo planteada al inicio de este apartado y luego de haber analizado las herencias autoritarias en el sistema educativo podemos afirmar, junto a Garretón, que “el sistema educacional chileno sigue siendo un enclave autoritario”4 ya que, como veremos a continuación, si bien los gobiernos de la Concertación han realizado reformas en el plano educativo, ha habido una resistencia de algunos sectores políticos a reformar un sistema que fue heredado.

3. La nueva Ley General de Educación Como un primer antecedente, encontramos que a partir de las presiones del movimiento estudiantil en 2007, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decide modificar la Ley de educación heredada de la dictadura por otra promulgada por un gobierno electo legítimamente, con todo el valor simbólico que este acto implica. La nueva ley pone el acento en la calidad de la educación y, por ello, enfatiza en una institucionalidad pública más sólida que permita dotar a la educación de un sistema de aseguramiento de la calidad5. Por otro lado, crea la Superintendencia de Educación, una Agencia de la Calidad y un nuevo Consejo Nacional de Educación que reemplazó al Consejo Superior de Educación, a fin de velar por la calidad educativa del sistema escolar.

Asimismo, se propone “garantizar la eficiencia y la transparencia de todo el sistema educacional” (Ibíd.), conviniendo en un exigente sistema de selección de los administradores educativos, de fiscalización del cumplimiento de la normativa y de transparencia en el uso de los recursos públicos involucrados en el proceso educativo. La calidad de sostenedor será intransferible a quienes no cumplan con los requisitos de la ley, debiendo estos acreditar solvencia económica. En este punto, si bien se intenta limitar el accionar del mercado, no se establecen acciones disímiles para establecimientos públicos o privados y esto deriva en consecuencias complejas para la educación pública ya que está sometida a una competencia desigual por menores recursos invertidos. La naturaleza sustancialmente diferente de ambos proveedores, demanda acciones de parte del Estado que sean desiguales. Para Luis Eduardo Santa Cruz Grau, “el Estado, por un lado, responsabiliza a quienes lo hacen mal, y por otro, disminuye las plazas escolares del sector público, pues al ser el subsistema más frágil frente a la nueva política y tener una débil capacidad para ampliar su oferta, los estudiantes deben dirigirse a establecimientos particulares subvencionados en busca de ellas” (Ibíd., 2007).

En cuanto a la selección de los alumnos por partes de los establecimiento educativos, se establecen normas de no discriminación arbitraria y selección6, en donde ciertas reglas aseguran que los pro4. Entrevista a Manuel Antonio Garretón. Disponible en: http://www.manuelantoniogarreton.cl/documentos/Protestaestudiantil.pdf.

5. Documento oficial: Acuerdo por la Calidad de la Educación. Disponible en: http://www.revistadocencia.cl/ pdf/20100731214521.pdf.

6. Documento oficial: Acuerdo por la Calidad de la Educación. Disponible en: http://www.revistadocencia.cl/

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cesos de admisión de cada establecimiento escolar sean transparentes, objetivos y no discriminen arbitrariamente. Asimismo, cada establecimiento debe tener que informar su proyecto educativo. Las instituciones educativas subvencionadas entre pre-kinder7 y sexto año básico no podrán considerar los méritos académicos de los alumnos como un criterio para la admisión de los mismos.

Es necesario recordar que los criterios de “transparencia” y “objetividad” ya estaban presentes en la LOCE. Asimismo, si bien se impide la selección académica, se la autoriza en base a los proyectos educativos del establecimiento, sin indicar límites precisos al respecto. Así, los establecimiento podrán escoger sólo a aquellos estudiantes que se “adecuan” a los objetivos del establecimiento, pues no estarán obligados a recibir a todos los estudiantes. Por otro lado, si bien este punto señala que en pre-kinder no podrán considerarse los méritos académicos para la selección de alumnos, sí podrán hacerlo a partir del séptimo año y continúa siendo una edad temprana para los niños. Cabe destacar que muchos analistas sostienen que suele existir correspondencia entre selección temprana y altos niveles de segregación socioeconómica (Santa Cruz Grau, 2007).

En lo que respecta al financiamiento, el proyecto de ley de subvención preferencial contempla nuevos recursos para los establecimientos y el incremento parejo a la subvención escolar de un 15%. Por último, se proyecta mantener y desarrollar un sistema educacional de provisión mixta, en donde “es responsabilidad del Estado mantener y desarrollar un sistema de educación gratuito y de excelencia, y velar por la eficaz realización de la libertad de enseñanza y del derecho a una educación de calidad a través del apoyo a todas las escuelas, sean públicas o privadas, aumentando así, la diversidad de los proyectos educativos” (Santa Cruz Grau, 2007). La presencia de nuevas regulaciones estatales no implica la incorporación de objetivos redistributivos, ni se modifica la lógica estructural del cuasi mercado y se continúa subvencionando la iniciativa privada.

En términos generales, la nueva Ley General de Educación recoge la exigencia planteada por universitarios, profesores, padres y apoderados, y sobre todo por el movimiento secundario, de derogar la LOCE impuesta por la dictadura y no se limita a dejar a la educación a la merced del mercado sino que refiere a temas educativos. Asimismo, explicita de manera más completa el rol del Estado en la educación pero si este cambio no es acompañado por una reforma de la Constitución política en donde el Estado asuma el rol garante del derecho a una educación de calidad, gratuita y pública, los avances son insuficientes. En base a lo que hemos visto acerca del desenvolvimiento del sistema educativo chilenos de la década de 1980, comprendemos la confluencia de grandes sectores sociales en busca de una reforma educativa sustantiva, que cuestiona no sólo el carácter propio de dicho sistema, sino que se perfila como una impugnación de mayor trascendencia al modelo político, económico y social neoliberal, y con rasgos manifiestamente autoritarios, herencia del gobierno de facto.

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7. Pre-escolar.

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 IV.

Las movilizaciones estudiantiles del año 2011i

El año 2011 será recordado en Chile como el año en que el descontento y la movilización social estallaron. La calle se convirtió en el escenario político por excelencia en tanto constituyó el marco de ebullición de las contiendas sociales y de las disputas por el sentido. Es decir, lo social tomó la calle y logró, sin duda, determinar la agenda electoral y la agenda gubernamental. De acuerdo a las cifras oficiales, sólo en la Región Metropolitana se autorizaron 240 marchas, lo que corresponde a un promedio de 20 marchas mensuales. Las cifras a nivel nacional, por su parte, estiman alrededor de 6.000 manifestaciones públicas y 2.000.000 de participantes durante el año. Estos son los niveles de movilización social más altos desde 1990 y los que definieron la agenda política del gobierno de Piñera.

Si bien, es habitual que, tanto a nivel de enseñanza secundaria como universitaria, el año académico empiece con movilizaciones, generalmente motivadas por demandas específicas. En 2011, según la Cronología del Conflicto Social del Observatorio Social, elaboradas por OSAL-CLACSO, entre abril y diciembre, se registraron 244 acciones de protesta social protagonizadas por el movimiento estudiantil durante al menos 124 días. Las mismas, tuvieron una expresión territorial diversa en Chile, sumando 52 días de marchas simultáneas en Santiago y regiones. En dichas movilizaciones se combinaron las demandas nacionales con las locales, por cuanto una de las consecuencias de la municipalización de la educación obligatoria fue la disparidad entre las comunas respecto de cobertura y calidad, debido, principalmente, a las diferencias de recursos y capacidad de gestión existente en cada municipio y a las diferencias socio-demográficas de las comunas8.

En cuanto al poder de convocatoria de las movilizaciones, el mismo fue variable, incluyendo desde protestas con 200 personas, hasta la mayor concentración, que reunió cerca de un millón de personas en el Parque O´Higgins, en el denominado “Domingo familiar por la educación”, celebrado el 21 de agosto de 2011. En general, las grandes marchas convocaban entorno a las 100.000 personas en Santiago de Chile y entre 25.000 y 50.000 en otras ciudades. Su centralidad es característica de un período de movilización social, donde la visibilidad en el espacio público es requisito esencial para fortalecer al colectivo, tanto en su dinámica interna como en la búsqueda de apoyo social más amplio (Fernández Labbe, 2013).

La ocupación o tomas fueron el segundo tipo de acción que tuvo más presencia. Se registraron al menos 47 días de asistencia en colegios, liceos o universidades. Asimismo, hay que mencionar acciones que pese a su visibilidad, eran minoritarias en el marco general: las barricadas. Compuestas por humaredas de neumáticos y otros objetos, se produjeron en el marco de marchas o simplemente de manera aislada. Por otro lado, hay que añadir un conjunto de actuaciones definidas como lúdicas o artísticas, en las que se destacaron: “el suicidio masivo por la educación”, “la besatón por la educación”, “la playa itinerante” en el centro de Santiago, “el funeral simbólico de la educación pública”, “el thriller i. Para profundizar esta temática ver el artículo “De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno” de este dossier.

8. OSAL, (2011) “Chile. Cronología del Conflicto Social. Abril a Diciembre de 2011”, Chile, OSAL, CLACSO, Santiago de Chile.

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en la Plaza de la Ciudadanía”, “la maratón por la educación”, “la velatón por la educación”, y la “caminata silenciosa”.

Al respecto, un estudiante que participó de las movilizaciones, señala que “el elemento novedoso en el movimiento fueron una serie de movilizaciones mucho más espontáneas, descentralizadas, no comandadas por las federaciones ni siquiera por los centros de estudiantes, espontáneamente organizadas al calor de las movilizaciones, y también mucho acto simbólico, toma de instituciones, de canales de tv para desplegar mensajes, plataformas más creativas que lograron romper con opinión común que miraba al movimiento como algo negativo y violenta, y lo empezaron a ver como algo más agradable”.

La consolidada masividad de las llamadas “marchas por la educación”, constituía, en sí misma, una derrota política para el gobierno de Sebastián Piñera, el cual aparecía públicamente ensimismado y sin iniciativa política, perdiendo la conducción de la agenda y limitándose a responder o esquivar los golpes que el movimiento y los actores políticos propinaban. El gobierno optaba por objetar el carácter particularista e ideologizado de las demandas estudiantiles, por una parte, y por responder con ofertas económicas. Utilizó dos estrategias para destrabar el conflicto. Por un lado, anunció por cadena nacional el Gran Acuerdo Nacional Por la Educación cuyos objetivos eran mejorar el acceso, calidad y el financiamiento de la educación. Por otro lado, la segunda estrategia del gobierno fue la salida del ministro de Educación Joaquín Lavín. Cuestionado por su participación como propietario de una universidad privada e impugnado como interlocutor válido por los estudiantes, debió ceder a un cambio de gabinete que lo ubicó en un Ministerio social, siendo reemplazado por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, conocido en la escena política chilena como un hábil negociador (Durán Migliardi, 2012).

Sin embargo, se realizaron otros cambios en el gabinete de Piñera dentro de los cuales se encontró el ingreso de dos figuras de la UDI, Andrés Chadwick y Pablo Longueira, lo cual denotó con plena claridad el impacto de la crisis y sepultó con ello la pretensión inicial de conformar gabinetes con un perfil técnico y alejado de los partidos. Desde luego, el reemplazo de varios de los ministros, repercutió aún más en la baja evaluación del gobierno y en la imagen negativa que se fue arraigando sobre la propia imagen del Presidente.

El movimiento, por su parte, rechazó la propuesta ya que si bien planteaba una gran inversión, no resolvía los cambios estructurales que se estaban demandando. Las jornadas siguientes de movilización se caracterizaron por un aumento de la represión en contra de los manifestantes y, en repudio a esta situación, la ciudadanía mostró su rechazo también en las calles, mediante un “cacerolazo” por la educación que provocó más manifestaciones. En una jornada muy violenta (la del 4 de agosto) perdió la vida por una bala “perdida” de Carabineros, el joven Manuel Gutiérrez, quién había salido a la calle a pasear con su hermano en sillas de rueda, sin que tuviera nada que ver con los acontecimientos que sucedían en ese momento. El gobierno había vuelto a cambiar de estrategia y, esta vez, apuntaban a la represión del movimiento. Esto expresó el fracaso del lugar negociador del nuevo ministro Bulnes.

Si bien las movilizaciones continuaron siendo masivas, comenzaron a perder, poco a poco, el peso político que llegaron a tener. Se redujo la convocatoria y perdieron apoyo ciudadano debido a las

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 expresiones de violencia, en su mayoría injustificadas, con las que terminaba cada marcha. La última acción fuerte que realizó el movimiento y con gran apoyo ciudadano fue el Plebiscito Nacional por la Educación, en el cual votó más de un millón de chilenos, con urnas repartidas por todo el país, expresando su opinión respecto de las temáticas centrales planteadas por el movimiento9. En esta oportunidad, el actor más determinante fue el Colegio de Profesores, junto con los dirigentes más visibles de la CONFECH, además de los secundarios. El valor político del Plebiscito Nacional por la Educación radicó en que instaló la crítica hacia el sistema político vigente en el país.

A modo de cierre, podemos concluir que el principal logro del movimiento por una educación de “calidad y gratuita”, logró instalar una temática que no estaba en la agenda ni del oficialismo de derecha ni de la Concertación. Asimismo, Urra Rossi (2012) apunta que “al interior del movimiento, las fuerzas moderadas, que encabezaron gran parte del proceso, pagaron el costo político de no obtener una mayor cantidad de logros palpables. Los sectores “ultras”, con base en un discurso radical y crítico a las negociaciones, capitalizaron parte del desencanto generado al finalizar el movimiento”. Como en todo movimiento, gran parte de su poder radicó en la capacidad de movilización, en su visibilidad en el espacio público como un colectivo unido y comprometido, y su habilidad para concitar el apoyo ciudadano a través de la construcción de una identidad que se construyó más allá de las demandas, elaborando un discurso coherente que incluía un nuevo proyecto social, que buscó interpelar una sociedad que durante varias décadas se encontró sumida en el escenario de desmovilización política que impuso el despliegue neoliberal.

V.

Características de la propuesta de reforma educativa vigente

La propuesta de reforma educativa se encontró presente en casi la totalidad de los programas de gobierno de los candidatos presidenciables durante las elecciones del año 2013. Sin duda, las movilizaciones del año 2011, sus acciones y demandas, tornaron la cuestión de la reforma educativa como un problema que el Estado no podía continuar eludiendo. De todas maneras, no consideramos pertinente, a esta altura, relevar cada uno de los aspectos destacables de las diferentes propuestas programáticas. Por el contrario, pretendemos aproximarnos a la propuesta de reforma que presentó Michelle Bachelet ya que es, efectivamente, el que se llevará a cabo. En vistas a describir y analizar el contenido de la propuesta de reforma del sistema educativo, recuperamos el programa oficial disponible en la web de la entonces candidata. En primer lugar, repasaremos los aspectos y lineamientos 9. Las preguntas a responder, por sí o por no, fueron: 1) ¿Está usted de acuerdo que exista una Educación Pública gratuita y de calidad en todos los niveles, garantizada por el Estado?; 2) ¿Está usted de acuerdo con que las escuelas y liceos sean desmunicipalizados, volviendo a depender del Ministerio de Educación de forma descentralizada, participativa y autónoma?; 3) ¿Está usted de acuerdo que el lucro con fondos públicos debe ser prohibido en todos los niveles de la educación chilena?; 4) ¿ Está usted de acuerdo con la necesidad de incorporar el plebiscito vinculante, convocado por los ciudadanos, para resolver los problemas fundamentales de carácter nacional? Los resultados fueron: Pregunta 1, Sí 95,4% - No 4,2%; Pregunta 2, Sí 92, 7% - No 6,4%; Pregunta 3, Sí 89,7% - No 9,4%; Pregunta 4, Sí 95, 5% - No 3,7%. Encuesta disponible en: http://plebiscitoporlaeducacion.blogspot.com.ar/p/que-se-vota.html .

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generales que caracterizan la propuesta mencionada, para luego abordar en detalle las medidas concretas a las que apunta.

Entre los aspectos principales que caracterizan la propuesta de reforma, debemos destacar en primer lugar el hecho de que se entiende a la educación como un derecho social. Así es descripto en el plan de gobierno: “El Estado asegurará que, independientemente del origen, condición, historia o lugar donde se habite, toda niña y niño tendrá el derecho de integrarse a un proceso educativo donde será reconocido, y accederá a experiencias de aprendizaje que le permita desplegar talentos y lograr las competencias requeridas por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo ciudadano a escala humana y basado en el bien común”. A su vez, se resalta la “gran deuda” en la calidad de la educación, entendida integralmente, así como reposicionar a la Educación Pública en todos los niveles. Esto implica que: (1) Deben otorgarse garantías explícitas para los ciudadanos en materia educativa, respecto de acceso, calidad y financiamiento. (2) La reforma se orienta a su vez a fortalecer el Estado como actor activo tanto en la entrega directa de servicios educativos, como en una estricta fiscalización del sistema. (3) El fortalecimiento de la educación pública como motor y sello del proceso de la Reforma Estructural. La Educación Pública debe fijar los estándares de calidad y tener presencia relevante en todo el territorio. Esta es la base y herramienta más potente sobre la que se construirá el proyecto educativo, la cohesión y la integración social. (4) Se piensa al sistema educativo como el promotor de la integración y la inclusión social en todos los niveles. (5) La generación de igualdad de oportunidades desde la cuna, con acciones compensatorias para estudiantes que, producto de las desigualdades pasadas, hoy estén en desventaja. (6) La reforma posee un carácter global, incluye los niveles Parvulario, General y Superior, de manera de integrar y cubrir a todo el ciclo de la Educación.

Los pilares de la reforma que se delinea en el programa de gobierno están compuestos por los siguientes puntos: 1) calidad educativa; 2) segregación e inclusión; 3) gratuidad universal; 4) fin al lucro en todo el sistema educativo. A los fines de este trabajo, nos interesa destacar las implicancias del eje que reza por la Gratuidad Universal. Esta propuesta, tal como se argumenta desde las filas bacheletistas, plantea un cambio de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social. Por otro lado, en cuanto al fin al lucro en todo el sistema educativo, el programa de gobierno promete garantizar a los padres la posibilidad de elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos. El Estado seguirá respetando la existencia de un sistema mixto pero debe hacer valer el derecho a una educación de calidad a cada niña y niño. Por ello, “todos los recursos que el Estado destine a la educación deben traducirse en un mejoramiento de la calidad”. Se dirigirá el financiamiento público únicamente a instituciones sin fines de lucro, que tengan como único fin la entrega de educación de calidad en el marco de un derecho social.

Entre las medidas de acción concreta que propuso Bachelet en su programa de gobierno, podemos encontrar la propuesta de modernización de la institucionalidad de la educación parvularia, separando el rol de diseño de política, creando una Subsecretaría de Educación Parvularia en el Ministerio de Educación (MINEDUC), del rol fiscalizador, ejercido por una Intendencia de Educación Parvularia en

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 la Superintendencia de Educación, y del rol de provisión del servicio, a cargo de JUNJI, Integra y otros prestadores debidamente acreditados.

Fin al lucro en la educación, considerando los plazos y mecanismos que permitan a los establecimientos particulares subvencionados, que lo requieran, realizar los ajustes necesarios y adaptarse a las nuevas normas. Al mismo tiempo que la desarticulación gradual del financiamiento compartido. Para ello evaluaran de manera rigurosa y periódica, el monto real del costo de una educación de calidad.

Sobre el resultado de este análisis, la subvención estatal irá gradualmente aumentando y el pago por parte de los apoderados disminuyendo hasta ser completamente eliminado. Mientras dure el proceso de transición no se producirán nuevos incrementos a los límites de financiamiento compartido y los establecimientos no podrán elevar este cobro. El fin del financiamiento compartido, junto con otros mecanismos de selección permitirá terminar con la segregación social en la educación financiada con recursos públicos.

Fin a toda forma de selección a nivel de la escuela, tanto económica, social, académica y conductual.

Adicionalmente, los establecimientos deberán considerar en su proyecto educativo la inclusión de niños con necesidades educativas especiales, y la habilitación para que ello ocurra de manera adecuada. Por otro lado, se requerirán mayores exigencias en la formación docente y se impulsará el financiamiento en investigación de docentes y en instancias de posgrado.

Avance gradual en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media. Esta gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con: estar acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el MINEDUC. Recientemente, el 5 de mayo del corriente, Bachelet firmó el primer proyecto de ley de su gobierno en materia de educación. En la misma, se crea la figura de un administrador provisional de universidades en crisis para garantizar la continuidad de clases para sus alumnos. Se trata de una ley corta, que precisa y aumenta facultades de un interventor en casos como el ocurrido con la Universidad del Mar, en que miles de estudiantes quedaron a la deriva por una mala gestión de la institución. El administrador podrá actuar cuando una investigación del Ministerio de Educación o un fallo judicial determinen la incapacidad de la universidad de asegurar la continuidad de los estudios tal y como se habían ofrecido.

El proyecto de ley otorga amplias atribuciones al administrador, quien asumirá el control académico, administrativo y financiero de la universidad durante su intervención, a diferencia de la normativa actual, en la que rectores y dueños mantenían la gestión. El proyecto, que se podrá aplicar a universidades y centros de formación técnica de educación superior, obliga al interventor en un plazo limitado a diseñar un plan que reconstruya la gestión del centro, o en caso de imposibilidad, determinar su cierre.

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Como podemos observar, la cuestión de la reforma educativa no sólo adquirió eco en momentos de la campaña electoral, sino que la candidata electa fue aquella cuya propuesta de reforma del sistema educativo respondía con mayor fidelidad a los reclamos de los estudiantes movilizados durante el 2011. No es casual ni azaroso, que algunos líderes del movimiento estudiantil, entre otros, Camila Vallejo Dowling, hayan decidido integrar la Nueva Mayoría, presentándose como candidata a diputada.

De todas maneras, no debemos ser ingenuos y tomar consciencia de las dificultades que el mismo sistema político y económico chileno interponen a una transformación significativa, especialmente si tenemos en cuenta que la reforma constitucional constituye un prerrequisito ineludible de la reforma educativa en los términos en que aparece en la propuesta de Bachelet.

VI.

Conclusiones

El trabajo de investigación que hemos emprendido, nos ha arrojado una descripción detallada de las características del sistema educativo chileno y de las movilizaciones que hicieron posible la conversión de la cuestión de su reforma en una cuestión socialmente problematizada que demanda, ineludiblemente, la intervención del Estado. En este sentido, a partir de nuestro recorrido podemos afirmar que nos encontramos con una serie de interrogantes nuevos que no hemos logrado resolver, consideramos que los mismos encontrarán posibles respuestas en un futuro cercano. Sin embargo, quisiéramos destacar algunas cuestiones.

En primer lugar, resulta ineludible a los fines de este escrito valorar el aporte sustancial del movimiento estudiantil en el proceso de agendación de la política de reforma educativa. Tal como pudimos observar, el movimiento estudiantil desempeñó un rol central en las movilizaciones multisectoriales del año 2011. Al respecto, podemos concluir que ponen de manifiesto un amplio espectro de reivindicaciones y demandas sociales que trascienden al sistema educativo, sin embargo están vinculadas entre sí en una crítica marcada a las consecuencias perniciosas del sistema neoliberal, vigente desde la dictadura pinochetista. Creemos firmemente que las movilizaciones del 2011 expresan una ciudadanía revitalizada, en términos más amplios vemos el empoderamiento de la sociedad civil que ha decidido expresar sus demandas al sistema político de modo directo, utilizando la calle como espacio apropiado.

Por otro lado, en este apartado de conclusiones quisiéramos acentuar el carácter radical que pretende alcanzar la propuesta programática de reforma educativa que presenta la actual presidenta chilena durante la campaña electoral del 2013. Entre los principios que rigen dicha reforma se encuentra el postulado de la educación como un derecho social, lo cual, como argumentamos, implica un cambio ideológico y político enorme. De este modo, nos preguntamos en primer lugar si la reforma descripta logrará alcanzar niveles de radicalidad como los que se ha propuesto y cuáles serían esas consecuencias. ¿Podrá reducirse la brecha entre los incluidos y los excluidos? ¿Podrán alcanzarse niveles mayores de integración social? ¿Es el sistema educativo el principal responsable de los niveles de desigualdad social de la sociedad chilena?

Asimismo, la presidente electa enfrenta el desafío de implementar sus promesas de campaña dando batalla a todos los obstáculos que el sistema político-institucional chileno, y otros actores corpora-

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Análisis de la cuestión de la reforma educativa chilena a partir de las movilizaciones sociales del año 2011 tivos, le impongan a una reforma “de fondo” como la incluida en su Programa de Gobierno. En esta coyuntura cuenta con mayoría en el Parlamento y, además, la novedad son los nuevos aliados en esta temática que surgieron de las movilizaciones estudiantiles y decidieron formar parte de la arena político-institucional integrando el Congreso. El desafío por izquierda lo presenta el actual movimiento estudiantil, liderado por el ala más radical del anarquismo, quienes rechazan la participación de los ex dirigentes estudiantiles en el Parlamento, así como también al Programa de Gobierno de Bachelet, y apuestan a sostener la lucha en las calles10.

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10. En este punto, quisiéramos dedicar unas palabras a la política educativa más importante que ha implementado el gobierno de Bachelet desde que asumió en marzo de 2014. En este sentido, durante los primeros días del mes de diciembre de 2014, la presidente anunció que en base al proyecto de reforma educativa presentado en el Parlamento en octubre 2014, que postula devolver a la enseñanza el carácter gratuito y público, a partir de marzo del 2016, la educación superior sería gratuita. En este contexto, preciso es que señalemos la importancia de la reforma tributaria –aprobada en el Congreso en septiembre de 2014- en vistas a tornar viable la gratuidad de le educación. Desde el gobierno, se afirmó que el financiamiento será suficiente en base al aumento de las subvenciones, es decir, de los recursos públicos que el Estado destina a la educación. El proyecto de ley de educación ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y resta esperar qué sucede en la de Senadores. En el mismo, figuran otros puntos fundamentales como ser el fin del lucro en las escuelas, del copago que aportan los padres y de la selección o evaluación. Como podemos observar, de lograrse implementar esta medida, la promesa de reforma educativa realizada por Bachelet durante la campaña electoral del año 2013, resultaría tangible en uno de sus ejes esenciales.

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Recibido 10/09/14 -- Aceptado 01/11/14

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De la arena social a la arena política.

Privatizaciones. sindicalismo Un análisis sobreRol el del movimiento Caso analizado: Foetra estudiantil chileno Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. Florencia U.N.R. Paz (UNR) florencia_paz@hotmail.com

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Resumen

A diferencia de otras realidades latinoamericanas, donde los movimientos sociales encarnan los clivajes del vínculo entre lo político y lo social, dándole voz a las demandas de género, religiosas, étnicas, ambientales, sectoriales, en Chile, desde los años ´30, la forma en que se expresó ese vínculo fue casi exclusivamente a través del sistema partidario. En la etapa democratizadora, a partir de las movilizaciones lideradas por los estudiantes en 2006, y fundamentalmente en 2011, se observa una crisis en la forma tradicional de construcción de identidades políticas. En este contexto, este artículo indagará sobre las movilizaciones protagonizadas por los estudiantes con el objetivo de analizar el complejo campo de interacciones establecidos entre este actor social y el gobierno nacional durante el período 2006-2013. El análisis de esta etapa presentará cortes temporales ya que se examinarán los momentos en que el movimiento estudiantil se posicionó en el escenario político. Por ello, se analizará el período 2006-2007, correspondiente al primer mandato de Michelle Bachelet, y el período 2011-2013, correspondiente a la presidencia de Sebastián Piñera. Asimismo, se abrirán interrogantes de cara al futuro de la política chilena, ya que un movimiento de este alcance da cuenta de la necesidad de repensar la relación con el Estado, su institucionalidad y los partidos políticos.

Palabras claves: movimiento estudiantil, Chile, acción colectiva, partidos políticos

Abstract

Unlike other Latin American realities, in which social movements represent the division between society and politics and give voice to religious, gender, ethnic and environmental demands, in Chile, since the 1930s, that relation -between society and politics- was almost exclusively expressed by the party system. In the democratizing period, from the start of the students’ demonstrations of 2006 and mainly in 2011, a crisis in the traditional way of constructing political identities is observed.

In this context, this article looks into the students’ demonstrations in order to analyze the interactions between the students and the government between 2006 and 2013. The analysis of this period will present temporal cuts according to the moments in which the students’ movement appear in the political situation. For this reason, both the Michelle Bachelet and Sebastian Piñera’s terms of office will be analyzed.

Moreover, several questions regarding the future of the Chilean politics will arise, because such a movement show the need to re-think the State as an institution and the political parties.

Keywords: student movement, Chile, collective action, political parties

Florencia Paz, “De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno”. Cuadernos del Ciesal. Año 11, número 13, enero-diciembre 2014, pp. 101-124.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno I. Introducción A fines de abril de 2006 se iniciaron, en Chile, una serie de movilizaciones protagonizadas por estudiantes secundarios que expresaron profundos cuestionamientos al sistema educativo. Cinco años después, en 2011, este proceso de movilización continuó con fuerza y fueron los estudiantes universitarios los que marcharon por las calles exigiendo cambios en el sistema educacional. Ambas movilizaciones se presentaron en la sociedad chilena como inéditas, en un contexto en el que la política no parecía cumplir el rol aglutinante de la acción colectiva que tuvo tradicionalmente.

El objetivo de esta investigación es analizar el complejo campo de interacciones establecidos entre el movimiento estudiantil chileno y el gobierno nacional durante el período 2006-2013. El análisis de esta etapa presentará cortes temporales ya que se indagará sobre los momentos en que el movimiento estudiantil se posicionó en el escenario político. Por ello, se examinará el período 2006-2007, correspondiente al primer mandato de Michelle Bachelet, y el período 2011-2013, correspondiente a la presidencia de Sebastián Piñera.

Al momento de pensar la génesis de las movilizaciones estudiantiles, Chile presenta ciertas particularidades que deben ser tenidas en cuenta. A diferencia de otras realidades latinoamericanas, donde los movimientos sociales encarnaron las fisuras del vínculo entre lo político y lo social, en este país, históricamente, la forma en que se expresó esa relación fue casi exclusivamente a través del sistema partidario. Siguiendo esta línea, M. A. Garretón, sostiene que “no hay sociedad civil desde los años treinta para adelante del siglo pasado (…) independiente del sistema político partidario. No hay movimientos sociales estrictamente autónomos. La acción colectiva es siempre el resultado de la imbricación entre estructuras partidarias y organización social”1.

Las movilizaciones estudiantiles, fundamentalmente en 2011, hicieron evidente una crisis en el vínculo partidos políticos-movimiento estudiantil que clausuró los espacios donde operaron tradicionalmente los mecanismos de formación de identidad política por los cuales los sujetos se posicionaron ante la realidad social y construyeron solidaridades estables en el tiempo. En este nuevo escenario, es indispensable una nueva reformulación de la relación.

En 2013, a partir de nuevos posicionamientos y configuraciones que adoptaron los actores sociales en el escenario político, se abren interrogantes de cara al futuro de la política chilena ya que, por un lado, algunos ex dirigentes estudiantiles de 2011 tomaron la decisión de formar parte del juego político y dar su lucha en la arena política, mientras que, por otro lado, las movilizaciones se mantuvieron en el espacio público con niveles importantes de participación y continuaron levantando las mismas banderas.

1. Garretón, M.A. “Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena”, en La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Cap 6, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp 111-112.

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II. Marco teórico y aspectos metodológicos En lo que respecta a la literatura sobre la acción colectiva se han considerado dos enfoques teóricos, por un lado el de la movilización de recursos, y por otro lado, el de los movimientos sociales.

Melucci, reflexiona a cerca de la importancia de considerar ambos enfoques teóricos al momento de analizar el accionar de los movimientos sociales. El autor sostiene que “los dos puntos de vista no son irreconciliables. (…)Los participantes en una acción colectiva no son motivados sólo por lo que llamaríamos una orientación “económica, calculando costos y beneficios. Ellos también están buscando solidaridad e identidad que, a diferencia de otros bienes, no son mensurables y no pueden calcularse. (…) Aunque la relación entre sistemas políticos y movimientos sociales sea una perspectiva analítica difícil de evitar en sociedades complejas, es una perspectiva limitada. Los conflictos sociales contemporáneos no son sólo políticos, ya que ellos afectan al sistema como un todo. La acción colectiva no se realiza sólo con el fin de intercambiar bienes en un mercado político, y tampoco todo objetivo puede calcularse. Los movimientos contemporáneos también poseen una orientación antagónica que surge y altera la lógica de las sociedades complejas”2. Siguiendo esta línea de

análisis, dicha investigación no sólo contemplará la dimensión política del conflicto social sino que, asimismo, indagará sobre los aspectos identitarios de los movimientos.

Desde la teoría de la movilización de recursos la categoría de estructura de oportunidades políticas es de utilidad para estudiar el surgimiento de la movilización estudiantil de 2011 a la luz, de las movilizaciones en 2006. Por otro lado, en la búsqueda de comprender la génesis del movimiento estudiantil de 2006 y 2011, se complementará el análisis con una exploración sobre cómo los estudiantes forjaron su identidad como movimiento y la de sus opositores, en un marco de disputa política, con el fin de construir una visión de mayor complejidad sobre ellos. Se analizará desde una corriente que entiende que los procesos identificatorios que atraviesan determinados grupos sociales no preceden ni son mero resultado del accionar político3. Como señala Touraine, un movimiento social es una conducta colectiva orientada hacia la puesta en juego de los conflictos enmarcada en el sistema de acción histórica4. La decisión de inclinarse por esta corriente para desarrollar el análisis relacionado a la identidad del colectivo social radica en que el movimiento estudiantil de 2011 no limita su accionar a manifestaciones relacionadas a demandas sectoriales o estructurales, sino que traspasa esa línea y centra el debate en el modelo de desarrollo económico y social que sostiene al sistema educativo y la institucionalidad que lo ampara.

En cuanto a las teorías que indagan el vínculo entre partidos políticos y movimientos sociales, se han encontrado distintas perspectivas que brindan el espacio necesario para pensar la mutua incidencia que establecen las categorías a analizar. Particularmente, se ha han considerados autores que sostie2. Melucci, A. “Teoría de la acción colectiva”, en Acción colectiva, vida cotidiana y democracia,, Cap 1, México, El Colegio de México, 1999, pp 35-36.

3. Iglesias, E. “De la Colonización de la sociedad civil a las tensiones entre partidos en el gobierno y movimientos sociales”, en Revista Lua Nova, n° 87, Sao Paulo, 2012.

4. Touraine, A. “La producción de la sociedad”, México, Universidad Nacional de México, 1999.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno nen que esta relación no sólo se define como de cooptación y colonización, sino que existen distintas formas por las que pueden optar los movimientos sociales y los partidos políticos para vincularse.

En esta dirección, E. Iglesias señala una problemática a tener en cuenta que, a los fines de esta investigación, será contemplada para el análisis, y es la importancia de pensar que los principales riesgos que acechan a los movimientos sociales no radican tanto en el carácter de su vínculo con el Estado, sino, más bien, con el tipo de relación que entablan con el partido que asumió el gobierno5.

A partir de esta reflexión, se ha decidido analizar cuáles fueron las formas que adoptó el vínculo entre el movimiento estudiantil y los partidos políticos en el gobierno. Las categorías de diálogo crítico y crítica frontal ayudarán a explicar los diferentes tipos de relaciones adoptadas en el período estudiado a partir de indagar, previamente, las estrategias esbozadas tanto por el movimiento estudiantil como por el partido político en el gobierno.

En cuanto a los aspectos metodológicos, por un lado, en lo que respecta a las técnicas cuantitativas, se realizó una observación y relevamiento de artículos periodísticos de destacados medios gráficos chilenos durante el período que se extiende entre los meses de septiembre y diciembre de 2013.

Dicho material se trabajó en una matriz de datos, diseñada previamente, en la que se volcó la información recuperada de los periódicos. Los medios consultados fueron: El Mercurio, La Tercera y El Mostrador. El criterio de selección de los mismos se basó en que son los tres principales diarios de alcance nacional. El Mercurio y La Tercera son los periódicos con edición impresa más importantes del país y El Mostrador es el principal portal web consultado. Por otro lado, se realizó en Santiago de Chile, el 17 de noviembre de 2013, una observación participante de los comicios correspondientes a las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados y Consejeros Regionales de Chile, con el propósito de recoger información sobre la dinámica misma del acto electoral. De este modo, se ha podido indagar sobre los materiales involucrados en el proceso, la relación entre los actores y la dinámica electoral. Dichas técnicas de recolección de información ha permitido acercar al investigador a la cultura política chilena, posibilitando el conocimiento in situ de las prácticas políticas llevadas a cabo por la ciudadanía y por los partidos políticos.

En cuanto a los métodos cualitativos, este trabajo se centra en la interpretación y análisis de la información que ha sido recogida en las entrevistas en profundidad. Las mismas tuvieron un carácter no estructurado con el objeto de identificar diferentes etapas y temporalidades por las que atravesó el vínculo entre el movimiento estudiantil y los gobierno nacionales. Los criterios de selección de los entrevistados han sido diversos: se identificó a las federaciones estudiantiles más importante en cuanto a representatividad para contactar a los líderes estudiantiles que gestaron y organizaron las movilizaciones de 2006 y 2011. Los encuentros con los entrevistados que formaron parte del movimiento estudiantil se realizaron durante el mes de noviembre de 2013 en la ciudad de Santiago de Chile.

El análisis de la información obtenida en las entrevistas tuvo como principal objetivo reconstruir la naturaleza cambiante del vínculo entre el movimiento estudiantil y los partidos políticos. En este 5. Iglesias, E. “De la Colonización de la sociedad civil a las tensiones entre partidos en el gobierno y movimientos sociales”, en Revista Lua Nova, n° 87, Sao Paulo, 2012, pp113-114.

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sentido, el análisis estuvo orientado por los siguientes ejes: respecto al movimiento estudiantil se cuestionó sobre la emergencia del mismo en 2006 y 2011, principios identitarios, los modos de relacionarse entre tantas organizaciones y federaciones en un mismo movimiento, sobre las afinidades y diferencias existentes, y las formas que adoptó el vinculo con los partidos políticos; en cuanto a la relación con la esfera gubernamental se identificaron las políticas públicas implementadas en el plano educativo y su incidencia en la acción colectiva del movimiento estudiantil, así como las estrategias políticas llevadas a cabo desde los gobiernos con el movimiento.

III. Los movimientos sociales en Chile en perspectiva histórica A diferencia de otras realidades latinoamericanas, donde los movimientos sociales encarnan las fisuras del vínculo entre lo político y lo social, dándole voz a las demandas de género, estudiantiles, religiosas, étnicas, ambientales, sectoriales, en Chile, desde los años treinta, la forma en que se expresó ese vínculo fue casi exclusivamente a través del sistema partidario. Manuel A. Garretón, sostiene que no hay sociedad civil desde los años treinta para adelante del siglo pasado independiente del sistema político partidario. No hay movimientos sociales estrictamente autónomos. La acción colectiva es siempre el resultado de la imbricación entre estructuras partidarias y organización social6.

Un ejemplo de cómo los movimientos sociales se constituyeron “dentro” del sistema político partidario y no “frente” o al margen de él, puede verse entre los años 1967 y 1973 ya que en ese período se incorporaron a la vida social, política y económica hasta 300.000 campesinos que se sindicalizaron, pero no crearon un partido agrario o un partido campesino, como en otros casos históricos, sino federaciones de cada partido en las que se incorporaron los sectores recientemente sindicalizados. Y algo semejante ocurrió con los movimientos obreros, estudiantiles, entre otros.

Durante el régimen militar, los sectores sociales y políticos que apoyaron al Gobierno socialista de Salvador Allende fueron perseguidos y, posteriormente, se hostigó a toda acción política que se consideraba opositora al régimen aunque hubiera apoyado o sido neutral frente al golpe. De esta manera, las antiguas organizaciones sociales pasaron a la clandestinidad.

En 1988, cuando se realizó el plebiscito que puso fin a la etapa del gobierno militar, la oposición, claramente vinculada al movimiento social, señala M.A. Garretón, no contaba con estrategia de cambio de régimen. El problema fundamental era cómo transformar la mayoría social en mayoría política. En esta oportunidad, la dirección de la relación entre los partidos y el movimiento social, la tomaron los partidos, gestándose el momento partidario.

A partir de la instalación del régimen democrático, el movimiento social o los movimientos sociales se encuentran por primera vez con que su instrumento de constitución, es decir, el sistema partidario de centro-izquierda (con la excepción del Partido Comunista), está en el Gobierno. Y entonces, se encuentra un movimiento sin 6. Garretón, M.A. “Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena”, en La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Cap 6, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp 111-112.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno su instrumento. Por lo tanto, este es el inicio del debilitamiento de esta imbricación entre sistema partidario y actores sociales. Es decir, la etapa de la transición puede caracterizarse como el momento partidario de la acción colectiva, y la fase de la democratización por el paso de los partidos a la administración del gobierno, y la separación consiguiente de la lógica partidaria-gubernamental de la lógica movimientista7.

IV. El 1er gobierno de Michelle Bachelet y la problemática estudiantil En marzo de 2006 asumió, por primera vez en la historia chilena, una mujer como presidenta del país. Se trata de Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista, quien llegó como candidata de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Según Manuel A. Garretón, la elección de Bachelet estuvo rodeada del mito de que se trataba de un fenómeno ciudadano ajeno a los partidos, un cambio cultural de la sociedad y de la política chilena8. Efectivamente, en

su campaña de gobierno, anunció la conformación de un “gobierno ciudadano” integrado paritariamente por hombres y mujeres. Para el sociólogo chileno, su gestión de gobierno puede ser dividida en dos períodos marcados por la diferencia en la claridad de las políticas de gobierno y en el nivel de aprobación y adhesión de la opinión pública. Los dos primeros años, que culminaron con niveles muy bajos de aprobación y con cambios en el gabinete, se caracterizaron porque el gobierno no logró imponer una agenda clara que cristalice su idea de sistema o Estado de protección y fue sorprendido por una serie de movilizaciones que plantearon temas o problemas que no estaban considerados en el programa y pasaron a ser los puntos principales de una acción gubernamental más bien reactiva. La estrategia que utilizó el gobierno fue la de retomar la demanda social o protesta, atenuar el conflicto y buscar nuevas modalidades para enfrentar problemas de gran sensibilidad respecto de la ciudadanía o movimiento en cuestión. Creo instancias de expresión de la sociedad civil para resolver conflictos y consensuar políticas públicas.

La segunda etapa estuvo marcada por dos procesos: por un lado, la conformación de un equipo político más conservador, terminando con la paridad de género en el gabinete, y por otro lado, la consolidación de un conjunto de políticas públicas y de reformas estatales que permitieron darle cohesión y contenido a la idea de un gobierno orientado a un Estado de protección social9 -que buscó garantizar derechos sociales-, por un manejo relativamente satisfactorio de los efectos de la crisis financiera internacional y por un aumento extraordinario del nivel de aprobación y popularidad del Gobierno.

7. Íbidem, pp115-116.

8. Garretón, M.A. “Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobierno de la concertación en Chile 1990-2010”, Arctis-CLACSO, Santiago de Chile, 2011, pp 143-144.

9. Las medidas sociales, en el marco de la crisis económica, consistieron en un conjunto de bonos de apoyo a las familias más vulnerables, incluyendo a las familias de clase media. También se reformó el sistema previsional, heredado del gobierno de facto del Gral. A. Pinochet.

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IV. i. El recibimiento estudiantil al nuevo gobierno: marchas y contramarchas de una relación compleja En lo que respecta al movimiento estudiantil, una ola de protestas convocadas por estudiantes secundarios le dio la bienvenida al nuevo gobierno a menos dos meses de asumir la gestión. En un inicio, el petitorio del movimiento incluía demandas específicas como la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el pase escolar, sin embargo, a medida que lograron el apoyo de la opinión pública, incorporaron, gradualmente, otras demandas, como, la igualdad del acceso a una educación de calidad, derogación de la LOCE (Ley orgánica constitucional de educación), que definía los pilares institucionales y regulativos del sector, la revisión de la Jornada Escolar Completa y de la municipalización de los establecimientos. Las movilizaciones constituyeron una excelente oportunidad para revisar cómo el discurso sobre el “gobierno ciudadano” se traducía en la práctica.

En su primer discurso como Presidenta de la República en el Congreso, Bachelet omitió hacer referencia a las demandas de los estudiantes secundarios lo que alimentó el descontento de éstos. A ello se sumó el malestar generador por el llamado del ministro de Educación de la Nación, Martín Zilic, a los estudiantes que no estaban participando en las manifestaciones unos días más tarde. Posteriormente, Zilic decidió convocar a una nueva reunión, esta vez con todos los estudiantes, independientemente de si estaban movilizados o no. Sin embargo, desde el gobierno decidieron que las negociaciones las lideraría la sub-secretaria de Educación, Pilar Romaguera, y no el ministro, lo que provocó un rechazo inmediato del movimiento. Desde su punto de vista, esto fue interpretado como un intento de transferir la discusión a un dominio más técnico y la gran movilización en respuesta a esta acción no se hizo esperar. Ante el gran impacto mediático y el generalizado apoyo de la ciudadanía al movimiento, Bachelet anunció, al día siguiente, por cadena nacional que las demandas de corto plazo como la duración del pase escolar y el costo de la PSU, entre otras, serían aceptadas en su totalidad.

En lo que respecta a las demandas de largo plazo, prometió crear un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación10 con el fin de discutir el funcionamiento del sistema educacional en su conjunto, compuesto por los principales expertos y actores del sistema educacional, a los que se sumaron representantes del movimiento estudiantil. De esta manera, el gobierno abrió una nueva vía de comunicación en la que participaron representantes de diversos sectores sociales involucrados en la cuestión educacional. Manuel A. Garretón, considera que el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación fue una nueva forma de hacer política porque si bien no se desliga plenamente del plano político, se conformó como una entidad representativa del un gobierno ciudadano apelando al concepto acuñado durante la campaña presidencial y es creado por la Presidenta, es decir, el Estado como una instancia de participación que nace frente a la política sin una institucionalidad previa11. Desde el punto de vista del gobierno, esta acción fue pensada como un mecanismo institucional 10. Las comisiones asesoras presidenciales fue un mecanismo de participación a la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas públicas que creo el gobierno de Bachelet. Se crearon seis comisiones para trabajar en asuntos públicos específicos: para la Reforma Previsional, para la Reforma de las Políticas de Infancia, para la Calidad de la Educación, la Comisión Pro Transparencia y Probidad, para la Educación Superior, y de Trabajo y Equidad. Para más información ver: Aguilera, C. “Un análisis de las comisiones asesoras presidenciales del gobierno de Michelle Bachelet”, FLACSO, Santiago de Chile, 2009.

11. Garretón, M.A. “Liderazgo de género y fin de un ciclo político en Chile. El gobierno de Michelle Bachelet”, Prometeo, Buenos

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno para canalizar el malestar de los estudiantes y un medio no sólo para procesar las demandas, sino, también, para evitar el retorno de las protestas. Efectivamente, sumando al cansancio acumulado luego de varias semanas de movilización y las crecientes tensiones dentro del movimiento, la propuesta del gobierno generó diferentes posiciones. Por un lado, para algunos estudiantes la oferta del ejecutivo representaba un punto final para las movilizaciones, ya que se pensaba que no se lograría llegar más lejos con las demandas. Por otro lado, otro sector buscaba continuar con las tomas de colegios y seguir presionando al gobierno. La oferta del gobierno dividió profundamente al movimiento y el proceso de desmovilización fue iniciado12.

En lo que respecta al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y los debates que se dieron al interior entre los distintos representantes, hubo un consenso mayoritario con respecto a que la LOCE debía modificarse ya que carecía de legitimidad social. De esta manera, hubo acuerdo en que era necesario crear un nuevo marco regulatorio y una nueva ley que pusiera énfasis tanto en el derecho a la educación como en la calidad de ésta. Uno de los mayores disensos se dio en torno al rol del Estado ya que, por un lado, estaban quienes adherían a la mayor regulación por parte del Estado, siendo los más radicales en este sentido los estudiantes, y, por otro, los más liberales como los representantes de los think tanks de derecha, de la educación particular o algunos expertos economistas13.

El Informe Final del Consejo, que se presentó en Diciembre de 2006, incluyó todas las posiciones planteadas pero sin definición ni pronunciamiento sobre la reforma a la estructura de gestión del sistema escolar público, el efectivo papel rector del Estado o el lucro en la educación privada financiada por el Estado, por lo que la definición de políticas y reformas legales quedaba a entregada a negociaciones posteriores. La oposición del movimiento estudiantil al Informe Final fue total. En Noviembre de 2007 se firmó el “Acuerdo por la calidad de la educación” entre el gobierno, los sectores de oposición y la Concertación, con el rechazo de los actores estudiantiles y docentes, lo que cristalizó en la promulgación de la Ley General de Educación en Septiembre de 2009 que reemplazaba la LOCE, pero que dejaba sin resolver el problema de la educación pública.

En esta línea, el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación puede ser entendido como una estrategia política del gobierno de Bachelet en donde, retomando una demanda de la sociedad civil, y a fin de canalizar el malestar, buscó otorgar una respuesta. No se trata de una reforma institucional, es decir, la alusión al “gobierno ciudadano” de la Presidenta Bachelet no se transformó en un canal institucional para el diálogo entre la ciudadanía y la política, sino que este Consejo fue una instancia ad hoc y de duración acotada, que no generó un hilo conductor de las políticas públicas de modo que ellas tuvieran continuidad y se enmarcaran en un proyecto de largo plazo14.

Aires, 2011.

12. Donoso, S. “Auge y Caída del Movimiento Pingüino del año 2006”, en Estudios de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Internacional, Universidad de Oxford, 2011, p. 24.

13. Garretón, M.A, Cruz, M.A, Aguirre F, Bro N, Farías E, Ferreti P y Ramos T, “Movimiento social, nuevas formas de hacer política y enclaves autoritarios”, Revista Polis, n° 30, 2012.

14. Íbidem.

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V. El gobierno de Sebastián Piñera y la disputa por la reforma educativa El 17 de enero de 2010 fue electo como presidente, por primera vez en la historia democrática de Chile, un candidato que representó al sector ideológico de derecha del país. Sebastián Piñera, de la Colación para el Cambio, compuesta por Renovación Nacional (RN) y la Unión Democrática Independiente (UDI), ganó en balotaje con el 51,6% de los votos emitidos.

En su campaña de gobierno, el discurso de Piñera estuvo fuertemente marcado por las promesas de introducir un alto grado de eficiencia en la gestión del aparato público, la renovación del personal político con la entrada de "nuevas caras" a la administración del Estado (que serían "los mejores"), enfrentar con decisión los principales problemas de política pública, particularmente el de la delincuencia, y que el país retomaría altos niveles de crecimiento económico15.

En un contexto sociopolítico marcado por una clase política que en lo fundamental obviaba la discusión respecto al modelo de sociedad y con una ciudadanía que “padecía” o “disfrutaba” su condición de vida atribuyendo sus éxitos y fracasos a la fortaleza de la iniciativa individual, resultaba natural que el clivaje dictadura/democracia, propio de la política de los años noventa, se diluyera en un clivaje eficiencia/ineficiencia a todas luces favorable a una derecha hábil en desentenderse eficazmente de si lastre dictatorial16.

En cuanto a la gestión de gobierno, inicialmente, se propusieron una serie de reformas que tenían como propósito mejorar la calidad de la democracia y avanzar hacia su mayor profundización, haciendo hincapié en el aumento de la participación y revertir así las críticas hacia las instituciones representativas. Dichas reformas formaron parte del Programa de Gobierno de la Coalición para el Cambio y fueron reiteradas en el Primer Mensaje a la Nación de Sebastián Piñera como presidente.

Los ejes prioritarios establecidos inicialmente por el gobierno fueron: a) recuperar el crecimiento económico; b) aumentar el número de empleos; c) combatir la delincuencia y el narcotráfico; d) mejorar la calidad de la salud; e) mejorar la calidad de la educación; f ) erradicar la extrema pobreza y superar definitivamente la pobreza; y g) mejorar la calidad de la democracia. El diagnóstico inicial que permitió elaborar las propuestas de reformas mostró una necesidad de profundizar la democracia y reconocer cuáles son los problemas y situaciones deficitarias. En el mismo, se destacó, por un lado, la baja confianza existente en las instituciones representativas, como el Congreso Nacional y los partidos políticos (en este diagnóstico no se incluyó la baja confianza existente a otras instancias representativas como pueden ser los sindicatos o colegios profesionales). Por otro lado, se hizo hincapié en el problema de la participación electoral, especialmente en la caída de la inscripción. A juicio del gobierno, esto podría revertirse con la aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario, e impulsando las iniciativas ciudadanas de ley, los plebiscitos y las consultas comunales. Desde esta 15. Castiglioni, R. “Chile y el giro electoral: La vergüenza de haber sido y el dolor de Ya no ser”, Revista de Ciencia Política, n° 30, 2010, pp. 231-248.

16. Durán Migliardi, C. “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico chileno”, en Revista OSAL, año 13 n°31, CLACSO, Buenos Aires, 2012.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno perspectiva, el déficit democrático y la baja confianza en las instituciones se superan impulsando una mayor participación17.

Entre 2011 y 2013, se aprobaron sólo tres de las reformas políticas comprometidas en campaña: Inscripción automática y voto voluntario, primarias voluntarias en los partidos, y, cambio de fecha de elección presidenciales, lo que demostró la lentitud en la presentación de proyectos y la aprobación de las reformas planteadas. Igualmente, ninguna de las mismas incluyó una modificación del régimen político, principalmente en lo que refiere al sistema binominal.

Desde el punto de vista de los partidos políticos, y de las relaciones al interior de la coalición gobernante, mostraron problemas constantes de coordinación y, más importante todavía, desacuerdos frente a las tareas que el gobierno debe priorizar. Y esta situación se agudizó a partir de las movilizaciones sociales en 2011.

V. i. 2011: El inicio de un ciclo de movilizaciones El año 2011 será recordado en Chile como el año en que el descontento y la movilización social estallaron, tomando la calle y la agenda política del país. De acuerdo a las cifras oficiales, sólo en la Región Metropolitana18 se autorizaron 240 marchas, lo que corresponde a un promedio de 20 marchas mensuales. Las cifras a nivel nacional, por su parte, estiman en alrededor de 6.000 manifestaciones públicas y 2.000.000 de participantes durante el año. Estos son los niveles de movilización social más altos desde 1990 y los que definieron la agenda política del gobierno de Piñera.

Los primeros indicios se anunciaron con el conflicto del gas en la Región de Magallanes y la masiva movilización regional que dicho conflicto desató, la cual tuvo por varios días prácticamente paralizada a dicha zona. La tensión se produjo a partir del anunció de la empresa petrolera estatal, ENAP, de un alza en el precio del combustible para la región, de hasta un 16,8%, producto principalmente de la decisión de terminar con los subsidios al consumo que beneficiaban a los habitantes de la región.

Esto generó un fuerte conflicto entre el gobierno y la empresa, por una parte, y los ciudadanos y representantes políticos y sociales de la zona, por otra. El gobierno sostuvo que el alza del precio era inevitable debido a un problema de escasez del recurso, y que este aumento evitaría enfrentar problemas de abastecimiento a futuro. Para los habitantes de la zona, sin embargo, quienes requieren del gas para calefacción durante prácticamente todo el año, esta alza era insostenible, argumentándose la necesidad de generar políticas específicas para zonas extremas. Por su parte, el gobierno se mostró desde un principio muy dubitativo respecto a qué hacer para destrabar el problema, lo cual sólo se

17. Avedaño Pavez, O.A. “Las reformas políticas en el gobierno de Sebastián Piñera Chile, 201-2013”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, n° 218, Distrito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

18. Está compuesta por las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, siendo la capital regional la ciudad de Santiago de Chile. Concentra casi al 40% de la población total del país y es donde están ubicadas las universidades más destacadas: la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Santiago de Chile.

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logró luego del establecimiento de una mesa de diálogo que incluyó a dirigentes sociales de la zona, al gobierno y al Obispo Bastres, quien medió en el conflicto.

Luego, la ciudadanía salió masivamente a las calles a propósito de la aprobación del proyecto de HydroAysén, un megaproyecto energético larvado por años y cuya autorización finalmente llegó. El mismo pretendía construir cinco represas en dos ríos chilenos, afectando al medio ambiente. El proyecto fue aprobado por la comisión de evaluación ambiental en Coyhaique, ocasionando múltiples marchas y actos públicos contra el proyecto en distintas ciudades del país, las que se mantuvieron con fuerza. El gobierno defendió el proyecto y señalaba que éste había sido aprobado conforme a los canales institucionales de la toma de decisión.

Otra movilización que se encuadra en este momento se produjo en Calama, Región de Antofagasta, que se destaca por ser la región de la producción de cobre. El conflicto fue desatado por los trabajadores de las minas que iniciaron jornadas de paralización bajo la consigna “producimos cobre, seguimos pobres”, en donde demandaron dejar el 5% de las utilidades del cobre en la ciudad. En la segunda jornada de paro de la ciudad, los organizadores cifraron en 18.000 personas los asistentes al acto, el cual dejó como saldo un carabinero herido y al alcalde de la comuna, detenido.

En este contexto, la movilización que logró articular las diferentes expresiones de descontento social fueron las movilizaciones estudiantiles, lideradas en esta oportunidad por los universitarios, a principios de 2011. Las protestas por la educación y las que rechazaban a HidroAysén alcanzaron a coexistir y compartir agenda por unas cuantas semanas19. Durante ese período, Santiago de Chile se estremecía por la alta convocatoria de las marchas alcanzadas por ambos movimientos. Si embargo, en la medida en que fueron transcurriendo las semanas, el movimiento de origen medioambiental fue perdiendo fuerza, mientras que las movilizaciones en torno a las demandas educacionales se profundizaron20.

V. ii. El movimiento estudiantil movilizado Movilizados por el objetivo de “Construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho social universal en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública democrática, pluralista gratuita y de calidad, orientado a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y la satisfacción de las necesidades de Chile y su pueblo”21, el petitorio de los estudiantes universitarios incorporó demandas tales como el aumento del aporte estatal a la educación pública, la creación de una red educación estatal técnica, la revitalización del sistema de becas estudiantiles, la democratización de las universidades y una serie de demandas sectoriales. El impacto po19. Si bien esta movilización se produjo durante los meses de julio y agosto, y no coexiste con las movilizaciones por el mega proyecto HidroAysén y las movilizaciones estudiantiles, se enmarca en un contexto de conflictividad entre la ciudadanía y el gobierno.

20. Urra Rossi, J. “La movilización estudiantil chilena de 2011: una cronología”, en Revista OSAL, año 13 n°31, CLACSO, Buenos Aires, 2012.

21. CONFECH (2011) “Petitorio final CONFECH”. Disponible en: http://confech.wordpress.com/2011/05/03/convocatoria12-mayo-por-la-recuperacion-de-la-educacion-publica/.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno lítico de las movilizaciones no se dejó esperar. Luego del inicio de las mismas la imagen del presidente Piñera descendió más del 5%, ubicándose en un magro 36% de apoyo, condición que meses después se agudizó aún más logrando 27% de aprobación y un histórico 68% de rechazo. El politólogo chileno Durán Migliardi, sostiene que está caída es atribuible a la incapacidad del gobierno para leer adecuadamente a las movilizaciones estudiantiles como un elemento activador de un malestar mayor, que involucraba e interpelaba a sectores significativos de la ciudadanía. La objeción a los mecanismos de financiamiento universitario, el reclamo por la calidad de la educación de la educación y la demanda por el fin del lucro en la educación secundaria y superior se convirtieron rápidamente en una metáfora de un país configurado en torno a la primacía de las leyes del mercado, la presencia deficitaria del Estado y la recurrente presencia de abusos de los poderosos no sólo en el ámbito de la educación, sino en todos los planos de la vida nacional22.

V. iii. Las estrategias del gobierno frente a la movilización estudiantil: de la revolución educativa a la criminalización de la protesta Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera utilizó dos estrategias para destrabar el conflicto. Por un lado, anunció por cadena nacional el Gran Acuerdo Nacional Por la Educación (GANE) cuyos objetivos eran mejorar el acceso, calidad y el financiamiento de la educación. Para lograrlo, Piñera mencionó una serie de medidas, fundamentalmente económicas, tales como: la creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares que complementa los recursos del presupuesto fiscal y financiado con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del GANE. Para mejorar el acceso, calidad y financiamiento de los estudiantes, propuso aumentar el número de becas y otorgar créditos más económicos, aumentando de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incrementar en un 20% su monto. Asimismo, garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de educación superior acreditada que ellos elijan. También adelantó reducir la tasa de interés del crédito con aval del Estado a cifras cercanas al 4%, en un año normal de crecimiento, y a suspensión de las cuotas de pago en casos de desempleo. Estas series de medidas fueron anunciadas como la Gran Revolución Educativa. Adicionalmente, en su discurso Piñera fue claro al rechazar tajantemente las opiniones de dirigentes estudiantiles y de la oposición que han planteado estatizar la educación, señalando que ello constituye un grave error que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Por otro lado, la segunda estrategia del gobierno fue la salida del ministro de Educación, Joaquín Lavín. Cuestionado por su participación como propietario de una universidad privada e impugnado como interlocutor válido por los estudiantes, debió ceder a un cambio de gabinete que lo ubicó en un Ministerio social, siendo reemplazado por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, conocido en la escena política chilena como un hábil negociador23. Sin embargo, se realizaron otros cambios en el gabinete de Piñera dentro de 22. Durán Migliardi, C. “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico chileno”, en Revista OSAL, año 13 n°31, CLACSO, Buenos Aires, 2012.

23. Íbidem.

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los cuales se encontró el ingreso de dos figuras de la UDI, Andrés Chadwick y Pablo Longueira, lo cual denotó con plena claridad el impacto de la crisis y sepultó con ello la pretensión inicial de conformar gabinetes con un perfil técnico y alejado de los partidos. Desde luego, el reemplazo de varios de los ministros, repercutió aún más en la baja evaluación del gobierno y en la imagen negativa que se fue arraigando sobre la propia imagen del Presidente. Desde la perspectiva del gobierno, los cambios en el gabinete suponían la posibilidad de asumir una mayor capacidad de maniobra, con nuevas ofertas hacia los estudiantes que, sin embargo, no tuvieron el efecto esperado y la estrategia del gobierno, luego de meses de movilización, volvió a modificarse. Desde mediados de 2011 en adelante la nueva herramienta de confrontación se estableció a partir de la criminalización y represión del movimiento.

En Agosto, decidieron no autorizar nuevas marchas estudiantiles, pero el movimiento continuó saliendo a la calle, multiplicando la protesta. El gobierno insistió en un discurso del orden que incluyó una iniciativa legal para penalizar la toma de instituciones educativas. Sin embargo, con el transcurrir de las movilizaciones, perdieron la adhesión de un “electorado duro”, el que percibía la reacción gubernamental frente a la protesta social como blanda, débil e irresoluta. En relación al movimiento, la idea del gobierno era empujarlo a una posición de extrema radicalidad y con ello salir a disputar en mejores condiciones el “centro” y constituir, si bien no una mayoría, por lo menos mejores condiciones para la disputa. El gobierno entendía que endurecer su postura le permitiría recuperar gran parte de su sector, que tampoco estaba aprobando su gestión política, precisamente porque eran partidarios de una posición más dura. Así, la nueva posición del gobierno intentaba “matar varios pájaros de un tiro”: radicalizar al movimiento, recuperar la confianza de sus partidarios y empujar al movimiento hacia un extremo de espectro, alejándolo del centro político y de la “no politización”.

Todas las evaluaciones públicas siguieron mostrando un rechazo a la forma en que el gobierno de Piñera manejó el conflicto estudiantil, y su popularidad distó mucho de las expectativas iniciales.

Cada una de las movilizaciones que prosiguieron implicó un enorme costo político para el gobierno y no cedió en las demandas manifestadas desde la sociedad civil que solicitaban modificar aspectos sustantivos del actual ordenamiento educativo, tributario y constitucional.

En esta sintonía, el gobierno de Piñera dejó, como consecuencia, una exacerbación del malestar y desconfianza hacia las instituciones, acompañado por una evidente crisis de representación que implica un distanciamiento entre el sistema político y las demandas ciudadanas.

VI. Los desencuentros de un vínculo resquebrajado: Emergencia del movimiento estudiantil en 2011 a la luz de las movilizaciones de 2006 En el intento de encontrar explicaciones acerca de las condiciones de emergencia del movimiento estudiantil en 2006 y en 2011, se han esgrimido diferentes argumentos. Una explicación alude a que las molestias y el descontento son contra un sistema educativo que no prepara a los jóvenes en forma óptima para ser parte de una sociedad neoliberal avanzada. Sostiene que los manifestantes forman parte de una “nueva clase media”, más educada y empoderada que busca hacerse un sitio en la es-

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno tructura social de la mano de la consecución de derechos sociales24. Otro argumento, sostiene que las movilizaciones son consecuencia de la crisis del modelo neoliberal imperante en el país, a causa de la desigualdad social que provoca y la necesidad de plantear un proyecto alternativo cuyo centro no sea el mercado. Otra explicación, apunta que las movilizaciones son un síntoma de la escasa representatividad y legitimidad del sistema político vigente. Los dos últimos argumentos están estrechamente ligados, por cuanto el modelo político y económico vigente fue diseñado e implementado bajo la dictadura militar, sin ser modificado posteriormente25. El análisis en este apartado comienza, centrándose y apoyando, estos dos últimos argumentos.

En lo que respecta al año 2006, como se mencionó anteriormente, Bachelet accedió al poder intentando fijar una nueva impronta política y desarrollando un discurso más cercano a la ciudadanía.

Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FECh en el período 2011-2012, sostiene que: “El gobierno de Bachelet llegó con muchas promesas, llegó prometiendo un gobierno ciudadano, así lo llamaba ella, y en la Concertación el análisis que hacían es que estaban bajando los niveles de participación política, de identificación política y había que darle un nuevo aire a eso”26. Es posible presumir que esta nueva impronta política de Bachelet pudo haber sido tomado por el movimiento estudiantil como la posibilidad real para entrar en acción.

Sin embargo, en 2011, la irrupción del movimiento estudiantil se produce en un contexto político diferente: aparece en escena a un año de asumir la presidencia el primer gobierno democrático que representa la ideología del centro-derecha, comandado por Sebastián Piñera, considerado por el movimiento, como el gobierno que expresa a los sectores civiles que estuvieron en el poder durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, e idearon sus políticas de corte neoliberal. Este punto es un argumento significativo que contribuye a comprender por qué, el movimiento estudiantil aparece en escena en 2011 con tanta radicalidad.

VI. i. “NOSOTROS”: La generación que nació sin miedo En lo que respecta al movimiento estudiantil chileno, su origen se relaciona con el movimiento por la Reforma Universitaria de 1918 que marcaría el inicio de una irregular ola de movimientos estudiantiles, que tendría su segundo gran acontecimiento en 1967, cuando se realiza la reforma anhelada27.

La importancia de la juventud para los partidos políticos les dio una fuerza inusitada en la escena política nacional. Sin embargo, la represión política y las reformas estructurales de los año ’70 y ’80 cambiaron esta situación, erosionando los lazos establecidos entre el sistema político-partidario y la 24. Gómez Leyton, J.C “La rebelión de las y los estudiantes secundarios en Chile. Protesta social y política en una sociedad neoliberal triunfante”, en Revista OSAL, año VIII, n° 20, CLACSO, Santiago de Chile, 2006.

25. Fernández Labbe, J. “Movimiento estudiantil en Chile (2011): Repertorios de acción, marcos de acción colectiva, impactos y desafíos para la política pública”, Revista Circunstancia, año XI, n° 31, 2013.

26. Entrevista a Francisco Figueroa.

27. “Garretón, M.A, Martínez, J., “El movimiento estudiantil: Conceptos e Historia”, Santiago de Chile, Ediciones Sur, 1989.

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sociedad civil. Los sucesos del 2006 son la primera expresión social que da cuenta de este desgaste, pero se considera que son las movilizaciones de 2011 las que hacen evidente la crisis del vínculo partidos políticos-movimiento social y hace necesaria una nueva reformulación de la relación ya que esta nueva condición estructural clausuró los espacios donde operaron tradicionalmente los mecanismos de formación de identidades políticas.

Como punta pié inicial para analizar la construcción identitaria del movimiento mencionaré la característica generacional de los estudiantes que participaron en ambas manifestaciones.

Los protagonistas de las movilizaciones en 2011, son la misma generación que, en 2006, movilizó a la ciudadanía chilena logrando marchas con niveles de participación similares a los de la época final de dictadura. Esta generación no tiene como base de significación la experiencia de la dictadura, ni el terror de Estado ni la persecución. Son estudiantes que nacieron y se convirtieron en actores durante la época de transición a la democracia. “Somos la generación que perdió el miedo”, afirma Camila Vallejo. Partiendo de estas premisas, se analizará la construcción identitaria de ambos movimientos.

VI. ii. La identidad en 2011 Las descripciones del movimiento estudiantil de 2006 se juzgaron necesarias ya que se sostiene que el colectivo social de 2011 encuentra su semilla de gestión en las aquellos sucesos. Es la misma generación que se presenta ante un nuevo escenario político, pero con experiencia tanto en la organización al interior del movimiento como en las formas de relacionarse con el poder político. Como señala Camila Vallejo, “la experiencia de 2006 nos ha ayudado mucho a no ceder tan rápidamente, y a generar el espacio suficiente para concitar el apoyo ciudadano y la articulación de fuerzas dentro del movimiento social”28. La construcción de la experiencia del 2006, significada como traición y derrota por parte de la clase política gobernante, será clave en la constitución del movimiento de 2011.

Tanto el movimiento de 2011 como el de 2006, construyeron su identidad común a partir de ser estudiantes, pero lograron extenderla hacia el ser ciudadano. Esta clave de extensión de su identidad, les ha permitido sumas otros actores sociales, alcanzando altos niveles de adhesión ciudadana a sus demandas.

En lo que respecta a la organización interna, cabe recordar que el movimiento universitario está compuesto por federaciones estudiantiles nucleadas en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Se diferencian de las organizaciones de los estudiantes secundarios, ya que éstas son más horizontales, siendo, las de los universitarios, prácticas políticas más jerárquicas. Si bien los dirigentes universitarios electos cuentan con cierta autonomía para poder tomar decisiones, lo hacen siempre con un mínimo de deliberación y existe la capacidad de impugnación de la base estudiantil sobre los dirigentes. En 2011, la presidencia de la CONFECH estaba a cargo de las juventudes comunistas, mientras que la vicepresidencia le correspondió a Izquierda Autónoma, una agrupación de izquierda que no se sienten representados por el PC. La mayoría de los entrevistados coincidieron en afirmar que en 28. Entrevista a Camila Vallejo, en Ouviña, H. (2012) “Somos la generación que perdió el miedo”, en Revista OSAL, Buenos Aires, CLACSO, año 13, n°31, mayo.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno 2011, las diferencias entre las organizaciones y federaciones que componían el movimiento, en una primera instancia, fueron dejadas de lado y priorizaron la identidad del movimiento. Sin embargo, a medida que transcurrieron las movilizaciones las diferencias se hicieron cada vez más notorias en cuanto a cómo conducir y hacia dónde llevar el movimiento. Se consolidó un discurso de izquierda que sostenía que los principales dirigentes universitarios estaban vinculados al Partido Comunista.

Además este último partido fue señalado por gran parte de los estudiantes movilizados de abandonar ciertas banderas de mayor radicalidad y vincularse al juego político de un partido tradicional, el de la Concertación, a través de alianzas, por lo que las críticas fueron creciendo lentamente.

La arista nodal a destacar que le otorga su particularidad al movimiento de 2011, y lo distancia de las movilizaciones de 2006, radica en sus consignas y en la presencia en el espacio político. Si bien se presentó como una respuesta ante el proceso de mercantilización de la educación, estableciendo como demandas fundamentales el fortalecimiento y gratuidad de la educación pública, el fin al lucro en la educación, y la democratización de las entidades educativas, sus líderes lograron cuestionar a propósito de la educación, no sólo el sistema educativo, sino que el modelo de desarrollo económicosocial que lo funda y la institucionalidad que lo sostiene. “La crisis de la educación es parte de la crisis de un modelo general, neoliberal, que repercute en la educación pero que en general reproduce la desigualdad, no solamente a través de la educación sino también del sistema económico y el sistema político”29, señala Camila Vallejo. En esta sintonía, Francisco Figueroa complementa el análisis, sosteniendo que “las demandas, actores y contenidos de 2011 son de transformación porque apunta a la base del tipo de Estado que tenemos, al Estado subsidiario. En el fondo lo que se estaba reclamando, era un nuevo tipo de Estado, garante de los derechos universales”30. Las demandas planteadas por los estudiantes universitarios son transversales pero consecuentes con lo que se plantea en educación, tiene un carácter propositivo con intenciones claras. De una educación de calidad pasaron a cuestionar el lucro, la administración del sistema y a través de el, han visibilizados las contradicciones de un sistema neoliberal de mercado con enclaves autoritarios.

El movimiento estudiantil de 2011 es el primero que sostuvo propuestas que trascendieron lo sectorial y abarcaron, transversalmente, el campo de lo político-económico y lo social. 97 Como explica M.A. Garretón: “Lo novedoso del movimiento de 2011 es que plantea una triple refundación: volver a una educación pública, gratuita y sin fines de lucro, lo que tiene que llevar aparejado una reforma tributaria, reforma constitucional y una nueva forma de vinculación entre los partidos políticos y el movimiento social”31.

En cuanto al oponente del movimiento estudiantil, otra de las características que construye la identidad del mismo definida por la negación, en este caso podemos detectar que se trata de aquellos gobiernos que en el período democrático, han otorgado continuidad a las políticas neoliberales impuestas en la dictadura de Pinochet. Es decir, se incluye tanto al gobierno de Sebastián Piñera, como 29. Íbidem.

30. Entrevista a Francisco Figueroa.

31. Entrevista a M.A Garretón.

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al partido de la Concertación ya que, como se mencionó anteriormente, luego de la fallida experiencia de los estudiantes secundarios, los universitarios sostuvieron que la Concertación no representaba las banderas social-demócratas sino las ideas neoliberales.

VI. iii. “Ellos” y “Nosotros”: El diálogo crítico En 2006, la presidencia de Bachelet fue sorprendido por una serie de movilizaciones que plantearon temas o problemas que no estaban considerados en el programa y que pasaron a ser los puntos principales de una acción gubernamental más bien reactiva, pero que a su vez, generaron nuevas iniciativas y marcaron el estilo de resolución de los problemas32.

En el corto plazo Bachelet halló mecanismos institucionales para canalizar las protestas. Así, anunció, por cadena nacional, la creación del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la Educación con el fin de discutir el funcionamiento del sistema educacional en su conjunto. Compuesto por los principales expertos y actores del sistema educacional, el Consejo serviría para proponer reformas estructurales a la LOCE, la Jornada Escolar Completa y la administración municipal de los establecimientos, entre otros. Siguiendo lo recopilado en las entrevistas, la oferta del gobierno dividió profundamente a los estudiantes, y ese momento fue considerado, por muchos, el final del conflicto. Como señala uno de los entrevistados, “en 2006 lo que pasó al final fue que Bachelet ofreció generar una comisión presidencial que iba a invitar a actores del mundo social, a expertos en políticas públicas, gente de las universidades, a toda la sociedad civil para discutir la reforma educacional que se requería. Fue el fin del conflicto”33.

Desde el punto de vista del gobierno, el Consejo Asesor Presidencial fue un intento de crear un mecanismo para canalizar el malestar de los estudiantes que constituyera un medio no sólo para procesar las demandas, sino que también para evitar el retorno de las protestas. En esta intención de institucionalizar el diálogo político por parte del gobierno, es posible distinguir un tipo de vínculo de “diálogo crítico” entre el movimiento estudiantil y la gestión de Bachelet. Esta política se presentó como singular en el período estudiado ya que no se registran experiencias gubernamentales en Chile que hayan intentado poner en marcha estos mecanismos.

La explicación sobre el patrón de relación existente se sostiene en distintas consideraciones. Por un lado, los voceros del movimiento estudiantil de 2006 pertenecían a las juventudes del partido que en ese momento se encontraba en el gobierno, es decir, al Partido Socialista, por lo que, a partir de dicha afinidad política el vínculo puede suponerse más predispuesta al diálogo. Sin embargo, se puede afirmar que el mismo no fue de “cooptación” ya que el movimiento estudiantil, en su totalidad, rechazó las políticas públicas educativas que el gobierno de Bachelet, y los anteriores gobiernos de la Concertación, implementaron. No obstante, la decisión de aceptar formar parte de la mesa de diá32. Garretón, M.A. “Liderazgo de género y fin de un ciclo político en Chile. El gobierno de Michelle Bachelet”, Prometeo, Buenos Aires, 2011.

33. Entrevista a Nicolás Grau Veloso.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno logo y la desmovilización que conllevó dicha acción puede estar influenciada por la presencia en el movimiento de las juventudes del partido.

El resultado del Consejo Asesor Presidencial fue la presentación de una propuesta de reforma educativa que, posteriormente, se presentó en el Congreso para su aprobación. M. A. Garretón, sostuvo que el gobierno se encontró arrinconado por la derecha opositora, las Iglesias y lo agentes privados de educación y forzó a los partidos de la Concertación a aprobar una ley que cedía frente a la oposición en cuestiones emblemáticas, relativas al lucro en la educación, al papel de la educación pública y la estructura misma del sistema educacional. Este desenlace fue percibido en el movimiento estudiantil como un fracaso34. En palabras de Francisco Figueroa, “hay dos etapas del movimiento estudiantil con Bachelet: la primera, de mucha expectativa y presión, pensando que esa presión va a conducir en un cambio significativo, y después, de frustración por el pacto al que llega con la derecha”35.

En conclusión, se puede reconocer desde la perspectiva del gobierno que si bien se lograron los objetivos propuestos de desmovilización a través de la creación del Consejo Asesor, en el afán de solucionar los conflictos sociales y sostener la estabilidad política de su gobierno, Bachelet se encontró entrampada en fórmulas que relegitimaron las posiciones conservadoras del gobierno. Por otro lado, las propuestas de diálogo, la desaceleración de las movilizaciones y las escisiones, repercutieron fuertemente en la unidad del movimiento y condujeron a la pérdida de la disputa en el terreno político y al posterior fracaso de las movilizaciones.

VI. iv. El desencuentro buscado Las formas que adoptó el vínculo entre el movimiento estudiantil de 2006 y el gobierno de Bachelet, fueron el punta pié necesario para que los estudiantes en 2011 repensaran nuevas estrategias en la relación con el partido político en el gobierno. Es así que, la experiencia de 2006 dejó enseñanzas para los estudiantes universitarios. Camila Vallejo, en una entrevista en la que reflexiona sobre dicho antecedente, señala que “el aprendizaje que nos dejó el 2006 fue reafirmar la desconfianza hacia la clase política. No diría que se cometió el error de entrar a un proceso de negociación o de mesa de trabajo, porque en sí mismo como forma no es malo, el problema está en que no se generaron las condiciones necesarias, dentro de ese espacio, de la correlación de fuerzas de preparación para poder disputar en el fondo la batalla de las ideas. Y además, se bajaron las movilizaciones cuando se tuvo que negociar, entonces cuando uno no está movilizado deja de ser un negociador con capacidad de movilizar”36.

En el gobierno de Sebastián Piñera, los estudiantes avistaban en él la profundización del sistema neoliberal en la educación, y en opinión de muchos, quienes ahora se encontraban con cargos en el poder eran los artífices intelectuales del actual modelo. En esta sintonía, Giorgio Jackson, ex presidente 34. Garretón, M.A. “Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobierno de la concertación en Chile 1990-2010”, Arctis-CLACSO, Santiago de Chile, 2011.

35. Entrevista a Francisco Figueroa.

36. Entrevista a Camila Vallejo, en Ouviña, H. “Somos la generación que perdió el miedo”, en Revista OSAL, Buenos Aires, CLACSO, año 13, n°31, mayo, 2012.

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de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile en el período 2011-2012, sostiene que “es un gobierno que se muestra orgulloso de lo que piensa y es duro en esa postura ideológica, lo cual es lógico ya que son los creadores intelectuales del actual modelo”37. Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera instó en varias ocasiones a participar en mesas de diálogo a los estudiantes universitarios, siendo las mismas abandonas por estos últimos al considerar que el gobierno tenía nula voluntad de responder a las demandas sociales. La primera gran respuesta que otorgó el ejecutivo chileno fue la presentación del Gran Acuerdo Nacional por la Educación, compuesto por una batería de medidas que intentaron dar solución a las demandas específicas. Sin embargo, ninguna representó un cambio significativo por lo que los estudiantes continuaron con las movilizaciones. La estrategia de Piñera y sus asesores en materia educativa, se caracterizó por dar respuestas a medidas específicas que buscaron mitigar algunas de las demandas. No obstante, no fueron capaces de reconocer que la complejidad de los reclamos sostenidos por el movimiento no encontraba su final en una batería de medidas que buscaban paliar los efectos del sistema en el corto plazo, sino que las mismas eran un cuestionamiento al modelo económico y político vigente en Chile desde 1990.

La relación entre ambos actores puede ser definida como tensa y dificultosa. Desde el poder ejecutivo fueron incapaces de encontrar una salida por las vías de la negociación al conflicto. La estrategia de represión policial, que implicó llevar adelante jornadas de reprimendas inéditas en los últimos 20 años en Chile, y de criminalización de la protesta social, acabó socavando cualquier intento posible de diálogo político. “Hemos llegado al meollo de las contradicciones porque hay un gobierno que no tiene sintonía ni frecuencia para dialogar con el movimiento”38, sostuvo un estudiante. El fracaso en las negociaciones puede ser entiendo a partir de la estrategia política de minimizar el componente de transformación social a demandas sectorizadas. Esta táctica encontró frente a ella a un movimiento que no estaba dispuesto a negociar sus demandas transversales.

VII. De la arena social a la política por la vía partidaria en un contexto electoral En Chile, los estudiantes irrumpieron en el espacio público demostrando que son una generación que actúa sin miedo, sin amarras, sin falsos compromisos. No tiene como base de significación la experiencia de la dictadura, ni el terror de Estado ni la persecución.

En 2006, la emergencia de las movilizaciones de los estudiantes secundarios y la sorpresa que generó entre las autoridades políticas reflejaron los crecientes problemas de los partidos tradicionales para mantener su vinculación con la ciudadanía, expresando la existencia de transformaciones políticoculturales. Es decir, la irrupción de los estudiantes dio cuenta de la necesidad de establecer nuevos mecanismos que incluya la participación y la decisión de la ciudadanía en la definición de la agenda de políticas públicas.

37. Jackson, G. “La democracia está más viva que nunca”, Ed. Aún Creemos En Los Sueños, Santiago de Chile. Publicado en la edición chilena de Le Monde diplomatique, Santiago de Chile, 2012.

38. Íbidem.

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De la arena social a la arena política. Un análisis sobre el movimiento estudiantil chileno Los movimientos sociales no son sólo expresión de protesta. Es evidente que existe en ellos una evidente dimensión de descontento, pero el movimiento estudiantil, fundamentalmente en 2011, y como consecuencia de lo que fue el 2006, es una expresión de proyecto social, de transformación de la sociedad heredada y del modelo político y económico vigente. Es decir, no se estuvo sólo en presencia de un cuestionamiento a la segregación que genera el sistema educativo, sino que se enjuició el carácter del sistema político heredado de la dictadura y su sustento jurídico, que es la misma Constitución de 1980.

Un movimiento de este alcance abrió ciertos interrogantes. Sus integrantes se interpelaron respecto a su disputa con el poder político, es decir, a su forma de relacionarse con el Estado, su institucionalidad y los partidos políticos. Y las respuestas que se exhibieron mostraron diversos caminos.

El año 2013 presentó la posibilidad de dar el gran paso de la arena social a la arena política por la vía partidaria, en un contexto electoral. Se debía elegir el próximo presidente que gobernara por cuatro años y se renovaban 140 bancas del Parlamento.

Por su parte, las movilizaciones no se exhibieron con tanta intensidad como en 2011, pero mantuvieron niveles importantes de participación, y al interior del movimiento estudiantil, se presentaron nuevos posicionamientos, que evidenciaron las diferentes rutas. En 2012, se produjo un cambio en la dirección política e ideológica del movimiento ya que las juventudes comunistas fueros desplazadas en los comicios internos de la Federación de Estudiantes de Chile, obteniendo el cargo de la presidencia los representantes de Izquierda Autónoma. Sin embargo, en el 2013, la Federación volvió a dar un giro más a la izquierda y en las elecciones obtuvo la victoria el sector de los estudiantes libertarios, el ala anarquista del movimiento los cuales presentaron una estrategia de confrontación constante al sistema político-institucional.

En este marco, ex dirigentes estudiantiles de 2011 tomaron la decisión de presentarse a las elecciones parlamentarias nacionales como candidatos de sus respectivos distritos. En total fueron siete postulaciones, y cada una de ella tuvo sus particularidades. Como rasgo general, lo que deja entrever esta estrategia política de los ex dirigentes estudiantiles es la imposibilidad de articular con los actores sociales del movimiento de 2011 una alternativa política unificada. Cada uno de ellos tuvo que recurrir a un partido político tradicional, en algunos casos, o promoviendo estrategias alternativas por fuera de la política institucional partidaria, en otros. Cuando los entrevistados fueron consultados sobre los motivos por los cuales ex dirigentes estudiantiles tomaron alternativas política diferentes, respondieron que intentaron hacer una gran articulación con todos los actores del movimiento estudiantil de 2011 pero fracasó porque la Concertación fue capaz de neutralizarlo. En las elecciones de 2013, la Concertación decidió postular como candidata a presidente, nuevamente, a Michelle Bachelet. Muy cuestionada en el ámbito estudiantil por otorgarle continuidad a las políticas educativas de corte neoliberal implementadas en el gobierno de facto de Pinochet y en los siguientes gobiernos de la Concertación, Bachelet afloró en el escenario político. Asimismo, su partido pertrechó una significativa jugada política y decidió sumar a sus filas al Partido Comunista. Con su incorporación y ampliación de la coalición, la Concertación cambió de nombre y pasó a llamarse Nueva Mayoría. El dato revelador

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radica en que en el movimiento estudiantil de 2011, según lo recopilado en las entrevistas, este agrupamiento ya era percibido por los estudiantes.

En esta línea podemos reconocer dos grandes estrategias políticas del Partido de la Concertación, de cara a las elecciones. Por un lado, como se mencionó anteriormente, el año 2011 dejó en evidencia la crisis en el patrón tradicional de vinculación entre los partidos políticos y el movimiento social. Es así como, los actores presentes en el escenario socio-político debieron repensar nuevos modos de relación. En este contexto, quien demostró haber realizado un último intento en sumar a las filas de lo político, a los representes de la arena social, es el Partido de la Concertación. En el movimiento estudiantil las juventudes políticas que se mostraron presentes, e identificadas, en 2011, fueron las del Partido Comunista. Por lo que la estrategia política del Partido de la Concertación radicó en sumar a su coalición al partido que aún contaba con representantes en la arena social. Muchos estudiantes sostienen que la unidad a partir de la autonomía que conformaron en 2011, era la mejor garantía de la fuerza de cambio, sin embargo, fueron fragmentados por la Concertación.

En este contexto, el movimiento estudiantil actual, liderado por los libertarios manifestó no sentirse identificados por estos ex dirigentes estudiantiles que decidieron formar parte del juego político institucional. Incluso, en 2013, hicieron un llamado público para no votarlos en las elecciones. La ex presidenta de la FECh, Melisa Sepúlveda, ha afirmado que entendió la apuesta política de los ex dirigentes estudiantiles, pero no la comparte ya que la lucha del movimiento estudiantil debe ser en la arena social, en la calle, presionando a través de las movilizaciones.

Las elecciones dejaron como resultado a Bachelet obteniendo la presidencia por el período 20142018 y a cuatro ex dirigentes estudiantiles como nuevos diputados en Chile. Los nuevos parlamentarios tienen por delante un gran desafío. Por un lado, se interroga si en el transcurso de los próximos años se darán la estrategia política de formar una “bancada estudiantil” en el Congreso, en donde prime el proyecto que postularon en las movilizaciones estudiantiles de 2011 frente a los intereses partidarios. Por otro lado, la inquietud que prevalece es si serán capaces de entablar algún tipo de relación con el movimiento estudiantil actual, teniendo en cuenta el perfil político de las nuevas conducciones. No se sienten incluidos en la política de partidos y continuarán impulsando demandas desde la arena social.

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Recibido 12/10/14 -- Aceptado 02/12/14

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CUADERNOS del Ciesal es una publicaci贸n anual del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos (CIESAL) de la Universidad Nacional de Rosario.