DÍA 3 DEMAYO Décimo Aniversario de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, ente rector de los derechos de las personas con discapacidad, a 10 años de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, expresa un cordial saludo a las personas con discapacidad y a sus familias. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un instrumento jurídico novedoso, que integra los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales en un solo instrumento, teniendo a la base el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y por parte del Estado, asignándole la responsabilidad de respetarlos y hacerlos cumplir; con un amplio compromiso con el sistema internacional de derechos humanos. Al igual que los otros países latinoamericanos que la han ratificado, todavía estamos viviendo en nuestras sociedades un período de transición respecto a los enfoques o modelos desde los cuales se reconocen y practican los derechos de las personas con discapacidad. El Señor Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, en el Plan Quinquenal de Desarrollo impulsado, reconoce al colectivo de personas con discapacidad como población prioritaria y el enfoque de inclusión social ha sido parte de la construcción e implementación de las políticas públicas de su Gobierno. Al reconocer el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno de la República, ha relevado la estrategia de una búsqueda permanente de diálogo y de trabajo conjunto con la sociedad civil, formando 1
parte del Pleno, máxima autoridad tomadora de decisiones del CONAIPD, y mediante un trabajo conjunto, servidores públicos y población civil, se ha ido avanzando en propuestas enfocadas en promover y generar mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad y sus familias. El Salvador se puso en el escrutinio del Comité de Expertos de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con el Primer Informe de país que se presentó en el año 2011, y que fue revisado en 2013 y que realizó recomendaciones al Estado Salvadoreño, para el avance gradual de los derechos de las personas con discapacidad; ese compromiso de generar avances concretos ha permitido que El Salvador haya remitido en el pasado mes de abril, su Segundo y Tercer Informe Combinados, atendiendo el mecanismo de informes periódicos correspondiente al período de septiembre de 2013 a diciembre de 2017, cumpliendo de esa forma con lo establecido en el Artículo 35, número 2 de la Convención. Siendo el escenario propicio en este día, poder reflexionar sobre los avances en el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad en El Salvador: Reconocer las necesidades específicas de los diversos grupos poblacionales, mediante el mandato del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, se propuso como meta que todo ciudadano y toda institución debe adoptar para generar de manera transversal, las acciones de inclusión para las personas con discapacidad; en el entendido que cualquier acción positiva que se convierta en la eliminación de las barreras de acceso y uso de los diferentes servicios, permitirá que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones que las demás en el proceso de desarrollo social y económico del país. Lo cual generó ampliar el marco de conocimiento del compromiso de país en la inclusión de las personas con discapacidad en todos los espacios de la vida nacional y de manera progresiva, el Gobierno de El Salvador en su Política Social ha avanzado a grandes pasos en temas de salud, educación y empleo, y va generando cada vez, mejores condiciones que permiten la participación activa de las personas con discapacidad.
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Entre los principales logros, en el año 2014 fue aprobada la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad y su Plan de Acción y ha sido lanzada públicamente por el Presidente de la República en mayo de 2017; la principal apuesta va dirigida a los titulares de Gobierno y de las diferentes instancias del Estado salvadoreño para que se tomen acciones de corto, mediano y largo plazo que deben formar parte de sus planes de trabajo institucionales, a fin de cumplirla progresivamente y generar condiciones que permitan tener un país más justo, equitativo, con mejores oportunidades para sus ciudadanos. En el año 2015, la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC, realizó la Primera Encuesta de Personas con Discapacidad y en el presente año, se lanzará el Análisis y Caracterización de las Personas con Discapacidad en El salvador, sobre la base de dicha encuesta, aportando información relevante que da pie para realizar los estudios requeridos para la inclusión en las políticas públicas a disposición de las diferentes instituciones públicas y privadas y de la sociedad salvadoreña en general. Según el análisis y caracterización de las Personas con discapacidad, a partir de la Encuesta Nacional 2015, el 7.4% de la población salvadoreña tiene algún tipo de discapacidad, equivalente a 463,075 personas, incluye niñez, adolescencia y mayores de 18 años de las cuales, 51% son mujeres, niñas y adolescentes y el 49% son hombres, niños y adolescentes. No obstante, los avances generados por la política social del Gobierno de la República, constituyen un reto, impulsar un marco más amplio de acciones enfocadas a disminuir la brecha de desigualdad que persisten en el goce de derechos de personas con discapacidad en igualdad de condiciones para toda la población. El reto del Gobierno es profundizar los cambios en la política social, para continuar los esfuerzos y erradicar la desigualdad y exclusión en que viven importantes segmentos de la población y sobre todo, sentar las bases para institucionalizar los avances logrados y que en el marco de la política social, sea un eje prioritario de naturaleza permanente el cumplimiento de los 3
derechos de las personas con discapacidad, para lo cual, apoya la iniciativa de la sociedad civil en la aprobación del Proyecto de Ley de Inclusión, que cuenta con el apoyo del Gobierno y que ahora se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa que está tomando el mandato en este nuevo período, cuyas apuestas son, entre otras, la creación de un ente rector de las políticas públicas en materia de discapacidad, independiente y con representación equitativa entre sociedad civil y gobierno; el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es indispensable para el reconocimiento de sus derechos fundamentales, así como la protección social para una vida digna e independiente de este colectivo, entre otros. Hacemos un llamado a las diferentes instituciones del Estado, a generar acciones concretas, siendo urgentes las propuestas de reformas para la armonización de la legislación secundaria del país con la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad; posicionar al CONAIPD, como el referente de consulta en relación a políticas, propuestas y reformas de leyes y reglamentos que aseguren el respeto y garantía de los derechos del colectivo; fortalecer la democracia, generando oportunidades de participación social de las personas con discapacidad y del rol protagónico de las personas con discapacidad en las políticas públicas y en los espacios nacionales e internacionales en la promoción y defensa de sus derechos. Sin dejar atrás, generar mejores condiciones de uso y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para las personas con discapacidad en la educación, empleo y formación, que garanticen su participación efectiva y el derecho a un trabajo digno. Está demostrado que sólo eliminando las barreras actitudinales, físicas, comunicacionales y sociales en general, podremos entonces hablar de desarrollo social y participación activa y productiva de las personas con discapacidad en la vida social; y ese es el país que queremos, donde existan oportunidades para todos y todas, sin discriminación por motivos de discapacidad. El Gobierno de la República cree en estos principios.
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