Año II
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CONGRESO
LA VOZ DEL
VIERNES 10 DE JUNIO DE 2011
SEMANARIO VIRTUAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD
Pleno del Congreso aprobó dictamen que declara moratoria de diez años e impide ingreso al territorio nacional de Organismos Vivos Modificados con fines de cultivo, crianza o de cualquier índole de productos transgénicos ante peligro que ello pueda significar (Pág. Central) CASO BAGUA:
INFORME PRECISA RESPONSABILIDADES POLÍTICAS (Pág. 3)
REGULAN TRABAJO PORTUARIO DE ESTIBA (Pág. 5)
CONGRESO
EDITORIAL Una semana crucial es la que se vislumbra desde este lunes para el Congreso de la República, abocado al tratamiento y eventual aprobación de importantes propuestas de ley que el país requiere. Son temas que deben ser zanjados definitivamente a más tardar el jueves 16, fecha a la que se ha ampliado el actual periodo de sesiones públicas que, reglamentariamente, termina el 15 de junio. No hay representante alguno, por encima de discrepancias de grupo o credos doctrinarios, opuesto al tratamiento de los temas que la Nación demanda. De ahí las coordinaciones y reuniones con vistas a acuerdos concertados y consensuados con el fin de allanar el camino para la sanción, en el Pleno congresal, de esas reclamadas normas legales.
10 DE JUNIO DE 2011
ACTIVIDADES PRESIDENCIALES
FRANCISCO DE ZELA
El presidente del Congreso, César Zumaeta Flores, inauguró el pasado lunes 6 el coloquio “Francisco Antonio de Zela y la primera insurrección autonomista en el Virreinato del Perú”. También condecoró al historiador David Brading por su aporte a la historia peruana.
El evento fue organizado por la Comisión Nacional del Bicentenario del grito de libertad dado por Francisco de Zela en Tacna, presidida por el congresista Guido Lombardi Elías (UN), y se desarrolló en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. En su intervención, Zumaeta hizo una remembranza del prócer de la independencia, y subrayó el heroísmo de
FIDELIDAD A BANDERA
Efectivamente, se ha avanzado mucho en ese terreno. Pero, como quiera que siempre surge un cierto sabor a insatisfacción en la obra realizada, los parlamentarios de los diferentes sectores, con el presidente César Zumaeta Flores al frente, han coincidido en la conveniencia de sumar esfuerzos para llegar al mejor final de los trabajos, a favor del país, en este Parlamento Nacional a lo largo de cinco años. Quedan pendientes aún algunos temas como la eliminación del voto preferencial, el retorno al sistema bicameral del Poder Legislativo, además de la designación del nuevo Defensor del Pueblo. Este último tema no pudo ser definido en la semana que termina, pero es de esperar que en los próximos días pueda ser resuelto, lo que sería muy beneficioso para el país y el Estado de Derecho imperante. Suele decirse que querer es poder. En este caso ello se condice, asimismo, con una necesidad impostergable de satisfacer las aspiraciones nacionales mediante la aprobación de temas que de ninguna manera pueden quedar sin solución al término de las funciones parlamentarias. Confiamos en que ello se consiga definitivamente, por el bien del país y de los peruanos en general. Es una publicación del Congreso de la República
Edición : Oficina de Comunicaciones Jefe : Jorge Arboleda Meneses
Editor Responsable : Jorge Torres Rodrigo Diseño y Diagramación : Éver Alfonso Mamani Paja Fotos : Ivette Fashé, L. Mariscal, C. Cox Oficina : Plaza Bolívar s/n - Lima Teléfono : 311 - 7541, anexos 2882 ó 2883 Fax : 311 - 7537
Consulte en internet: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ Prensa/heraldo.nsf/centro_noticias
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ilustres ciudadanos criollos en el proceso libertario iniciado en Tacna el 20 de junio de 1811 por Francisco de Zela. Asimismo, entregó la Medalla de Honor del Congreso al historiador británico David Brading, quien luego de agradecer la
distinción disertó sobre el “patriotismo criollo” durante el proceso independentista en nuestro país. Brading fue distinguido por su importante aporte a la historia peruana y por la próxima publicación de su libro “Profecía y patria en la historia del Perú”, editado por el Fondo Editorial del Congreso. Por su parte, el congresista Lombardi hizo un recuento de la labor que viene cumpliendo la comisión, dentro de lo cual se encuentra el coloquio sobre el primer grito de libertad. En el evento participaron historiadores, pensadores y académicos, entre ellos del Instituto Riva Agüero de la Universidad Católica.
Asimismo, el titular del Poder Legislativo participó en la ceremonia central por el 131° aniversario de la Batalla de Arica y Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, la cual fue encabezada por el presidente de la República, Alan García Pérez. La Plaza Bolognesi fue el escenario para desarrollar ese importante acto patriótico en que el titular del Poder Legislativo depositó una ofrenda floral
ante el monumento al héroe de la Batalla de Arica. Estuvo acompañado por los congresistas Luis Giampietri Rojas (PAP), primer vicepresidente de la República; y Wilder Calderón Castro (PAP), presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Participaron en el acto altas autoridades políticas, diplomáticas, militares y civiles, así como descendientes y familiares del héroe de Arica.
VALOR DE LA DEMOCRACIA Asimismo, Zumaeta Flores afirmó que la democracia ha regresado al país con el fin de quedarse para siempre, y cualquier tipo de reforma que se quiera realizar tiene que ser bajo las reglas democráticas. “El país no puede permitir el cambio de las reglas democráticas y la existencia de la más amplia libertad de prensa”, expresó, luego de concurrir a votar en el Colegio Alfonso Ugarte, donde señaló que al presidente electo le conviene que el país siga creciendo a un ritmo de 8 y 9 por ciento y que la política social sea tan sólida como la política económica, y además que continúe la intensa obra pública grande o pequeña.
Dijo que a nivel del nuevo Congreso se deberá continuar una política de concertación, como se ha realizado en el Parlamento actual, gracias a lo cual se ha logrado acuerdos por consenso en consulta con todas las bancadas. El titular del Congreso acudió a votar en la reciente segunda vuelta electoral, para elegir al nuevo Presidente de la República, al Colegio Alfonso Ugarte. Estuvo acompañado de su esposa, Yary Valencia de Zumaeta, presidenta del Comité de Damas del Congreso.
DISTINCIÓN AL CANCILLER El Congreso de la República condecoró con su máxima distinción al ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaunde, por su destacada y fructífera labor cumplida durante los cincos años que ocupa el cargo y su permanente entrega a favor de la paz en
nuestro país y en el plano internacional. La entrega de la Medalla de Honor, en el grado de Gran Cruz, y el respectivo Diploma de Honor que acredita la distinción, estuvo a cargo del presidente César Zumaeta, en una ceremonia que se desarrolló en la ‘Sala Grau’ del Palacio Legislativo, con la presencia de miembros de la Mesa Directiva del Congreso, legisladores de diversas bancadas, ministros de Estado, familiares del homenajeado, directores de varios medios de comunicación y numerosos invitados especiales. El discurso de orden estuvo a cargo del congresista Hildebrando Tapia (UN), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, promotora de la distinción,
10 DE JUNIO DE 2011 Tras un debate de cerca de siete horas sobre los lamentables sucesos de Bagua, ocurridos el 5 de junio del 2009, el Pleno del Congreso aprobó el informe en mayoría correspondiente por 44 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones. La discusión del tema comenzó a las 4 y 18 de la tarde y concluyó a las 10 y 19 de la noche. El informe fue sustentado por la congresista Martha Moyano (GPF), quien pidió al Ministerio Público individualizar las responsabilidades de los nativos que dieron muerte a varios policías. Se determina responsabilidad en los mandos policiales por no haber previsto las consecuencias, y también se encuentra responsabilidades políticas. Después de las sustentaciones de los informes, el congresista José Vargas (PAP) abrió el debate con una cerrada defensa de la política del gobierno a favor de los nativos de la selva. Lamentó que se quisiera responsabilizar del asesinato de los policías a las autoridades y no a los verdaderos responsables de esas muertes. El legislador Rafael Vásquez (GPN) hizo pasar un video en el que los nativos, según dijo, meses antes de los sucesos de Bagua habían pedido paz y respeto a sus derechos. Señaló que aún “no se ha aprendido a defender los intereses y cultura del pueblo indígena”. Antes de la intervención del congresista Mauricio Mulder (PAP), su colega Wilder Calderón (PAP) pidió pasar otro vídeo en que la legisladora Yaneth Cajahuanca (GPN) denuncia ante los nativos que el Estado “quiere quitarles sus tierras y el agua”. Al respecto, Mulder lamentó que se siga repitiendo los mismos argumentos ya debatidos, y anotó que lo real es que se asesinó a 24 policías porque alguien dijo que se les iba a quitar la tierra y el agua y hasta el momento no hay ningún detenido por esos asesinatos. “Evidentemente ha habido manipulación”, expresó. Washington Zeballos (BPCD) señaló que, efectivamente, los frutos del crecimiento no llegan a las comunidades, y dijo que para evitar ese tipo de hechos se debe poner en vigencia la Ley de la Consulta Previa.
CONTAMINACIÓN
Hilaria Supa (GPN) expresó que las compañías petroleras están envenenando y contaminando las aguas y los bosques de las comunidades. Manifestó que hay explotación de recursos naturales, pero ningún beneficio para el pueblo como ocurre en la zona de donde se extrae el gas de Camisea. Por ello pidió debatir y aprobar la Ley de Consulta Previa.
Lourdes Alcorta (UN) dijo que se ha utilizado a la gente en los sucesos de junio del 2009, mientras que Cajahuanca señaló que se pretendería limpiar las manos diciendo que alguien ha conducido a los nativos. Dijo estar de acuerdo con la inversión privada, pero con beneficio del pueblo. El congresista Álvaro Gutiérrez (AN) pidió tener en cuenta el sacrificio policial. Expresó su esperanza de que en los próximos cinco años no ocurran estos hechos lamentables. La legisladora Gloria Ramos (BPCD) sostuvo que todo el problema se genera por las facultades dadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para facilitar la inversión, y que esos decretos legislativos para concesiones mineras produjeron los conflictos sociales en la selva.
APRUEBAN INFORME DE CASO BAGUA A decir del legislador Isaac Serna (UPP), se debate los efectos y no las causas del problema que es el modelo neoliberal que se está aplicando, porque el Estado no asume su responsabilidad. Su colega María Sumire (GPN) señaló que ese hecho lamentable quedará en la conciencia de los responsables. Dijo que todo ello ocurre porque las autoridades no escuchan los reclamos de las comunidades.
CONSULTA PREVIA
El legislador Alejandro Rebaza (PAP), quien señaló que no puede haber responsabilidad en las autoridades sino en los autores reales de los asesinatos, también se pronunció a favor de la Ley de Consulta Previa. Su colega Aldo Estrada (UPP) dijo que ya se estaba debatiendo cerca de siete horas con informes contradictorios. Calificó de muy clara la exposición de la congresista Mercedes Cabanillas (PAP),
ex ministra del Interior, y pidió no generar mayores enfrentamientos en momentos que se prepara una cambio de gobierno. El congresista Luis Giampietri (PAP) señaló que falta rigor científico en los informes de las comisiones investigadoras. No se conoce quién financió las movilizaciones, las difusiones radiales y otros, por lo cual dijo que no hay un estudio completo. Indicó que “no se señala a Pisango, que es el principal instigador, y a quien no le ha pasado nada”. Finalmente, la parlamentaria Cajahuanca dijo que pidió la derogatoria del decreto legislativo que afectaba las tierras de los nativos. Se les ha derogado con la lucha de las comunidades. Indicó que los responsables políticos de esos hechos son las autoridades y no los policías. Añadió que no se cumple los convenios internacionales de la consulta previa y que “no hay que seguir en ese mismo error”.
INFORMES En la sesión plenaria, efectuada la tarde del jueves 9, se dio lectura a las conclusiones de cuatro informes finales presentados por los integrantes del grupo de trabajo que investigó los hechos de Bagua. El documento en mayoría fue presentado por los congresistas Martha Moyano Delgado (GPF), Eduardo Espinoza Ramos (UPP) y Juan Perry Cruz (AN); de minoría, sustentado por los congresistas Humberto Falla Lamadrid (PAP) y Wilder Calderón Castro (PAP). Asimismo, figuraron los informes presentados por separado de los congresistas Víctor Isla Rojas (GPN) y Guido Lombardi Elías (UN). La congresista Moyano fue la primera en sustentar su informe. Relató los hechos de violencia ocurridos en la llamada Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú, lo que trajo como consecuencia 33 muertos y un desaparecido, el mayor de la PNP Felipe Bazán, en el marco de un operativo de desalojo de indígenas que tomaron por la fuerza la carretera Fernando Belaunde el 5 de junio del 2009, en protesta por la vigencia del Decreto Legislativo N° 1090. Entre las conclusiones, se señala que algunos organismos no gubernamentales azuzaron a la población, sin medir las consecuencias, con información falsa y exagerada. Se precisa que la participación de las fuerzas del orden en el conflicto de Bagua mostraron desaciertos y descoordinaciones en la ejecución de los operativos. Al respecto, se determina responsabilidades en los mandos policiales por no haber previsto las consecuencias del operativo, entre ellos del general PNP Luis Muruguza Delgado. Asimismo, se determina responsabilidad política en los ex ministros Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz y Yehude Simon. También se pide al Ministerio Público y al Poder Judicial individualizar las responsabilidades de los nativos que mataron a 12 desarmados policías en la Estación 6 de Petroperú. Entre las recomendaciones, pide al Congreso aprobar proyectos referidos a la consulta previa.
constitucional contra los ex ministros Mercedes Cabanillas y Yehude Simon por supuesto incumplimiento de sus deberes y responsabilidad en las muertes. A la ex ministra Mercedes Aráoz la señala por presunto delito de falsedad genérica por sus declaraciones en el sentido de que la derogatoria de los decretos legislativos afectaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. el ex ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, velaron que el restablecimiento del orden público en la zona de conflicto se diese en el marco del respeto a los derechos humanos. Señaló que la ex ministra coordinó la adopción de medidas necesarias que asegurasen un resultado eficaz sin costos sociales. Prueba de ello, detalla el informe, es la dación de dos resoluciones supremas del 16 de mayo. Precisa que la responsabilidad política de Mercedes Cabanillas fue asumida con su renuncia al cargo de ministra. También precisa que Alberto Pizango, ex presidente de AIDESEP, fue utilizado y sirvió como una plataforma de diálogo cuyo fin fue socavar la democracia en el país. El informe pide determinar las responsabilidades penales de los indígenas que mataron a 12 indefensos policías en la Estación 6.
TERCER INFORME
El congresista Víctor Isla fue más lejos en su informe, al plantear una acusación
CUARTO INFORME
Guido Lombardi sustentó el último
informe, que determina una supuesta responsabilidad política de Cabanillas Bustamante por incumplimiento de sus deberes, al presuntamente trasladar todas las responsabilidades a los mandos policiales. De igual modo encuentra responsabilidad política en Aráoz y Simon, éste último porque, al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, no actuó para solucionar los reclamos de los pueblos indígenas.
En su defensa, Mercedes Cabanillas calificó de sesgados los informes que la acusan de tener responsabilidad en las muertes de nativos y policías en Bagua, al señalar que, antes de los hechos del 5 de junio, grupos radicales azuzaron a la población en vez de buscar el diálogo. Lamentó que en los informes no se responsabilice al ex dirigente indígena Alberto Pizango por impulsar un paro amazónico.
SEGUNDO INFORME
El congresista Falla Lamadrid, al sustentar su informe en minoría, señaló que la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y
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CONGRESO El Pleno del Congreso aprobó, en su sesión vespertina del martes 7, el dictamen del proyecto de ley que declara una moratoria de diez años e impide el ingreso al territorio nacional de Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines de cultivo, crianza o de cualquier índole de productos transgénicos. El texto fue sustentado por el presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta Díaz (PAP), quien manifestó que ante el peligro que pueda significar el uso de la biotecnología se debe aprobar una moratoria para cuidar nuestra biodiversidad.
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PROHÍBEN POR DIEZ AÑO
INGRESO DE TRANSGÉ
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a iniciativa recibió el respaldo de los congresistas Elizabeth León (BPCD), Franklin Sánchez (PAP), Mauricio Mulder (PAP), Oswaldo Luízar (BPCD), Jorge del Castillo (PAP), Oswaldo de la Cruz (GPF), Luis Wilson (PAP), Yonhy Lescano (AP), Aldo Estrada (UPP), Hilda Guevara (PAP), Gloria Ramos (BPDC) y María Sumire (GPN). Ellos, desde diferentes ópticas, coincidieron en la defensa de la biodiversidad nacional por nuestra mayor diversidad climática, pero discreparon en el plazo de la moratoria. El congresista Alejandro Rebaza (PAP) hizo algunas precisiones al dictamen y, al igual que sus colegas Sánchez y Estrada, propuso una comisión técnica de prevención e investigación que en dos años emita un informe. En contra de la moratoria se expresaron los legisladores Raúl Castro (UN) y Juan Carlos Eguren (UN), por considerar que ya consumimos productos transgénicos y no se podía cerrar las puertas a la biotecnología porque la producción transgénica, que busca cubrir la necesidad alimentaria, es un 70% más barata que la producción orgánica. El parlamentario José Saldaña (AN) recordó que los biólogos habían pedido archivar el proyecto en debate porque ya existe una ley al respecto, en tanto que la legisladora Yaneth Cajahuanca (GPN) sugirió dejar el proyecto para la próxima gestión parlamentaria. Los congresistas Luis Giampietri (PAP) y Édgard Núñez (PAP) dijeron que no se puede cerrar las puertas a la ciencia y que se puede optar por una moratoria prudencial de cinco años. Finalmente, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Washington Zeballos (BPCD), informó sobre las modificaciones al dictamen, y reiteró que el plazo de la moratoria debería ser de diez años. La propuesta fue aprobada por 56 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Fue exonerada de segunda votación por 50 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. La norma aprobada establece una
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PROMOCIÓN TURÍSTICA De otro lado, fue sancionado el dictamen del proyecto de ley que amplía los beneficios tributarios de la Ley 29285, Ley de Promoción Turística, otorgados mediante esa norma a las empresas de transporte aéreo de pasajeros y carga. La ley incluye los vuelos desde y hacia la provincia de Tambopata en la Región Madre de Dios; la provincia de Purús y el distrito de
Breo y Urúa, de la Región Ucayali. El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, congresista Jorge Foinquinos (AP). Tuvo el respaldo de su colega José Macedo (PAP), quien pidió ampliar ese beneficio a la provincia de Purús y al distrito de Breo y Urúa. Fue aprobado por 49 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones.
También se lo exoneró de segunda votación por 48 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención. Previamente, se realizó la segunda votación del dictamen del proyecto de ley que exige el grado académico de doctor para el ejercicio del cargo de rector de una universidad. Tuvo 49 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones.
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Con Lui Cuc Tor
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ÉNICOS
moratoria de diez años, fija como autoridad competente del tema al Ministerio del Ambiente y crea una Comisión Técnica de Evaluación y Prevención de Riesgos de uso de OVM, la que en dos años deberá emitir un informe sobre el tema.
ACUERDO AÉREO
Fue aprobada, por unanimidad, una resolución legislativa que aprueba el Acuerdo sobre
Transporte Aéreo entre Panamá y Perú y su enmienda correspondiente. El texto consta de 19 artículos y dos anexos y propone el otorgamiento de derechos entre ambos países a efectos de operar, a través de líneas aéreas designadas por cada uno de ellos, servicio de transporte aéreo regular, no regular y servicios exclusivos de carga, entre sus respectivos territorios y en las rutas especificadas en el acuerdo internacional.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Hildebrando Tapia Samaniego (UN), sustentó el dictamen y precisó que el acuerdo entre Panamá y Perú otorga el derecho a volar sin aterrizar en el país de la otra parte. También, el derecho a
realizar escalas con fines no comerciales en el territorio del otro país, entre otros. Dijo que el dictamen contó con la opinión favorable de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y de la SUNAT. El texto obtuvo 62 votos a favor. Asimismo, la Representación Nacional aprobó, por unanimidad, el dictamen que modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, referido a la salud mental, y regula los procedimientos de internamiento de personas con trastornos mentales.
Congresista Luis Wilson Ugarte (PAP)
Congresista Rolando Sousa Guamanbal (GPF)
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ngresista isa culiza rre (GPF)
ADN
El Proyecto de Ley N° 2969, de autoría de la congresista Luisa Cuculiza Torre (GPF), quedó listo para ser promulgado por la Presidencia del Parlamento. Fue presentado a raíz de los casos que ocurren en diferentes provincias del país, donde los jueces de paz letrados que tramitan procesos de filiación extramatrimonial han adoptado la mala práctica de citar a una segunda audiencia para que los peritos expliquen y ratifiquen la prueba del ADN, a pesar de que esta prueba garantiza un 99.99 % de certeza en sus conclusiones. Cuculiza opinó que citar a una nueva audiencia significa encarecer más el trámite, porque aquellas mujeres que claman por el reconocimiento de la paternidad de sus hijos tienen que pagar los pasajes y viáticos de los peritos para que puedan viajar, fuera del pago de la prueba del ADN, cuyo precio no baja de 1500 soles. “Esto, lamentablemente, trae como consecuencia el abandono del proceso por falta de dinero, condenando a sus hijos a vivir sin apellido y, por consiguiente, sin los alimentos que les corresponde. El proyecto es sabio porque plantea que sea el demandado quien pague la prueba del ADN, pero de salir negativo el pago lo asumirá la demandante”, agregó.
El presidente de la Comisión de Salud, Luis Wilson Ugarte (PAP), sustentó la propuesta que recibió aportes de los congresistas Aldo Estrada Choque (UPP), Elizabeth León Minaya (BPCD) e Hilda Guevara Gómez (PAP). A pedido de los congresistas Javier Bedoya de Vivanco (UN) y Washington Zeballos Gámez (BPCD) se retiró de la propuesta la exoneración del pago de tributos a la importación de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades mentales. El texto aprobado señala que toda persona tiene derecho a la recuperación y rehabilitación, prevención y promoción de su salud mental. Indica que el alcoholismo, la fármacodependencia, los trastornos psiquiátricos y los de violencia familiar, social y política, son considerados problemas de salud mental que necesitan atención del Estado. La propuesta contó con 57 votos a favor y fue exonerada de la segunda votación. De otro lado, quedó al voto la insistencia del proyecto de ley aprobado en la Comisión de la Mujer que propone la modificación de la ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, observada por el Poder Ejecutivo.
DATOS PERSONALES
El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que garantiza
el derecho fundamental a la protección
de los datos personales, previsto en la Constitución Política del Estado, a través de su adecuado tratamiento en un marco de respeto a los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. En consecuencia, se prohíbe determinantemente el uso los datos privados de la persona.
La propuesta, formulada por el Poder Ejecutivo, quedó expedita para su promulgación después de ser apoyada, en primera votación, por 76 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones; y exonerada de la segunda votación por 45 votos a favor, 23 en contra y una abstención. El proyecto de ley, sancionado en sesión matinal por el Pleno, que se desarrolló el martes 7 a partir de las 10 y 33 de la mañana, precisa que los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita; y su tratamiento no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización. Pasa ala página 6
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CONGRESO Viene de la página 5
Indica que todo titular de datos personales debe contar con las vías administrativas necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos cuando éstos sean vulnerados por el tratamiento de sus datos personales. Señala que el titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rolando Sousa Huanambal (GPF), al sustentar el proyecto, subrayó que la norma tiende a garantizar los derechos de la persona a la privacidad. Dijo que se sanciona a terceras personas que utilizan los datos personales con otros propósitos, como el de la comercialización y otros fines que colindan con lo delincuencial. Señaló que dentro de las diferentes novedades que condensa el proyecto está el que se refiere al flujo transfronterizo de datos personales, en el que se precisa que el titular y el encargado del banco de datos personales debe realizar el flujo transfronterizo de datos personales sólo si el país destinatario mantiene niveles de protección adecuados. En caso el país destinatario, dijo, no cuente con un nivel de protección adecuado, el emisor del flujo transfronterizo de datos personales debe garantizar que el tratamiento de los datos personales se efectuará de acuerdo a ley. Sousa aseveró que el titular de datos personales tiene derecho a impedir que estos sean suministrados especialmente cuando ello afecte sus derechos fundamentales. Subrayó que a través del Ministerio de Justicia se crea una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, para cuyo adecuado desempeño de funciones puede crear oficinas en todo el país. Explicó que corresponde a la autoridad realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones establecidas en la ley. Agregó que, para el cumplimiento de sus funciones, la autoridad contará con el apoyo y asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros. Congresista Víctor Mayorga Miranda (GPN)
El congresista Víctor Mayorga Miranda (GPN) discrepó con que la Autoridad Nacional de Datos Personales dependa del Ministerio de Justicia, y sugirió que fuera un organismo autónomo o dependiente del Registro Nacional de Identificación y
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10 DE JUNIO DE 2011 Estado Civil (RENIEC), pero su propuesta no prosperó.
SANEAMIENTO
El Pleno también sancionó, por mayoría, el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone optimizar la gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
(EPSS). Fue respaldado por 72 votos a favor, cero en contra y una abstención. Quedó exonerado de segunda votación por 72 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Congresista Olga Cribilleros Shigihara (PAP)
La presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, Olga Cribilleros Shigihara (PAP), manifestó que el proyecto tiene por objeto subsanar determinadas omisiones y vacíos legales que han impedido la reglamentación del artículo 1º de la Ley Nº 28870 y, por ende, su adecuada implementación. Señaló que tipifica la deuda a la que será aplicable la capitalización, o en su caso, la reestructuración o refinanciación, establece el mecanismo para la
determinación (valorización) de las contribuciones reembolsables a cargo de las EPSS. Asimismo, dijo, establece el organismo encargado de la determinación de las deudas en aplicación del artículo 1º de la Ley Nº28870, así como las condiciones de pago en que serán reembolsadas las deudas directas refinanciadas, regula la situación de las EPS que se encuentran en proceso judicial por demanda de pago de la obligación por concepto de deudas directas o contribuciones reembolsables, e incluye dentro de los alcances de la Ley 28870 a los gobiernos locales que mantienen deudas directas con el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). La Representación Nacional también aprobó, por unanimidad, una aclaración presentada por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rafael Yamashiro Oré (UN), a la Ley que da impulso a la formalización en el rubro de Ensamblaje de Computadoras y a la brecha digital en el Perú.
OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS En sesión efectuada el miércoles 8, la Representación Nacional aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el proyecto de ley que dispone la ley marco para la aprobación y fiscalización del Plan de Obras de Servicios Públicos. La sanción fue por unanimidad (92 votos a favor).
Fue exonerada de segunda votación por 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
También fue aprobado, por 81 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el dictamen recaído en las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica el artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, modificado por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Ley de Protección de Aportes en el Sistema Nacional de Pensiones. Igualmente, el Pleno desestimó las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo y aprobó la insistencia en su proyecto original que sugiere la solidaridad entre los gobiernos regionales y locales
afectados por desastres naturales. Fue respaldado, por unanimidad (94 votos). Asimismo, la Asamblea sancionó el proyecto de ley que propugna diferentes modificaciones a la Ley General de Salud, especialmente en lo referente a las funciones y competencias de la autoridad de ese sector. La votación a favor de la insistencia fue de 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Es decir, por unanimidad. Se dio también luz verde al dictamen recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que establece una norma para el procedimiento temporal y excepcional a fin de subsanar la omisión de utilizar los medios de pagos señalados en la ley .para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. Fue por 83 votos a favor, cero en contra y una abstención. Se sancionó por 83 votos a favor, tres en contra y una abstención la insistencia en el proyecto que modifica la ley sobre filiación
extramatrimonial. Igualmente se aprobó, por unanimidad, la reconsideración al proyecto de ley que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados y la labor de control de la administración tributaria, así como también se sancionó la reconsideración al dictamen de modificación de la ley de la carrera judicial. La Representación Nacional aprobó, asimismo, una aclaración al proyecto de ley 4506, que facilita el acceso de los trabajadores y pensionistas pesqueros a la seguridad social y dispone medidas extraordinarias para los servidores de ese sector comprendidos en la declaración y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. El apoyo fue por unanimidad. Las cuatro insistencias a dictámenes de proyecto de ley aprobadas serán promulgadas por el presidente del Congreso de la República, César Zumaeta Flores, en el momento que señala la ley.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO La candidatura de Walter Gutiérrez Camacho a la Defensoría del Pueblo sigue vigente, después de que el Pleno aprobara, por mayoría, una reconsideración a la votación que le fue adversa en la sesión plenaria matinal que se realizó el jueves 9 en la Sala Raúl Porras Barrenechea. El postulante fue respaldado con 77 votos a favor, cero en contra y 27 abstenciones, estas últimas del grupo parlamentario nacionalista. Tenía que recibir el respaldo de 80 votos para acceder a ese alto cargo de gran importancia para el sistema democrático. Consumada la votación de la Representación Nacional, el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, Luis Gonzales Posada (PAP), apeló al artículo 58 del Reglamento planteó una reconsideración para que el titular de la Defensoría del Pueblo fuese elegido en la próxima sesión. El congresista de Unidad Nacional (UN), Raúl Castro Stagnaro, fue más preciso y planteó la reconsideración a la votación que había concluido. Dijo que era “incomprensible” la actitud de los congresistas nacionalistas al no respaldar la decisión de sus representantes Víctor Mayorga Miranda y Cayo Galindo Sandoval, quienes suscribieron el informe que, entre otras cosas, condensaba el respaldo a la candidatura de Gutiérrez. Anheló que el comportamiento del nacionalismo no vaya a ser un ejemplo del sectarismo y soberbia que llevaría a la práctica en el futuro. “Es inaceptable que sus representantes hayan firmado un informe por unanimidad y ustedes los ningunean. Esta es una muestra de sectarismo, intolerancia y de poco respeto a la función legislativa”, expresó. Interrumpiendo, Daniel Abugattás (GPN) señaló que la votación realizada se hizo dentro del marco democrático y tratar de desconocerla es un acto antidemocrático. Consideró que, por el
contrario, Castro Stagnaro pretendía ningunear al próximo Congreso, a lo cual no tiene derecho. Castro retrucó precisando que él fue de la idea, y lo hizo saber, de que el Defensor del Pueblo fuese elegido antes de los comicios del 5 de junio, para evitar estos actos de soberbia que parece que caracterizarán a la bancada nacionalista. Anotó que Mayorga y Cayo estuvieron en el hemiciclo, pero que por motivos que se desconocen no estaban
Congresista Luis Gonzales Posada (PAP)
TRABAJO PORTUARIO
en sus curules en esos momentos. Pedro Santos (GPN), por su parte, subrayó que el Pleno es la instancia soberana, y dijo que ellos son respetuosos de las votaciones que se concretan. Sometida al voto, la reconsideración fue aprobada por 74 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones. En consecuencia, sigue en pie la candidatura de Walter Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo.
Congresista Daniel Abugattás Majluf (GPN)
Momentos antes, la Representación Nacional dejó expedito para ser promulgado por el Poder Ejecutivo el proyecto de ley que propone la regulación del trabajo portuario de estiba y restituye el régimen legal especial del trabajo portuario marítimo, lacustre y fluvial. Esta norma, que fue aprobada por 80 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones, en primera votación, y exonerada de segunda votación por 77 votos a favor , 23 votos en contra y una abstención, beneficia a más de 10 mil trabajadores del litoral, lagos y ríos del país.
Luis Negreiros Criado (PAP), autor de la propuesta, subrayó que la norma establece un régimen especial de jubilación anticipada para los trabajadores portuarios de estiba que cuenten como mínimo con 50 años de edad y 15 años de aportaciones anuales. En este último caso, dijo, el pago de las aportaciones saltantes para alcanzar las 20 requeridas por el Decreto Ley 25967 se efectúan mediante la deducción de un 10% de la pensión que le corresponde, por el período que se requiera para la cancelación del faltante. Añadió que también están considerados dentro de esa norma los trabajadores que fueron cesados por el Decreto Supremo 054. Negreiros indicó que el proyecto hace justicia a miles de estibadores de nuestro litoral, lagos y ríos, que son los peores pagados en el país, no obstante cumplir una labor sacrificada. Dijo que la norma está de acuerdo con el proceso de modernidad que experimentan los puertos. “Este es un derecho de equidad para con los trabajadores portuarios. Con este proyecto se acaban todas las irregularidades
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES En su última sesión de la presente legislatura la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera decidió archivar el proyecto de “Ley de fortalecimiento del marco de competencia del Sistema Privado de Pensiones”, cuyo objetivo era alcanzar mejores estándares de competencia en dicho sistema y opciones de política previsional que se ofrecía a los afiliados. La sesión del miércoles 8 fue presidida por su titular, Rafael Yamashiro (UN), y contó con la asistencia del viceministro de Economía, Fernando Toledo, quien estuvo durante el debate anterior. Fue la propuesta del Poder Ejecutivo la que sufrió cambios durante la discusión, por lo que se presentó un texto sustitutorio. El nuevo documento proponía un sistema de licitación del servicio de las comisiones, que consistía en asignar a la AFP que ofreciera el menor precio a todos los nuevos afiliados que se incorporasen al SPP; que la licitación del seguro de invalidez
y sobrevivencia fuese en forma conjunta y por bloque y no por AFP (como es en la actualidad); y la creación de un nuevo tipo de pensión (“Fondo cero”, ultraconservador). Puesto al voto, el texto fue rechazado, pero el congresista Isaac Mekler (AN) pidió luego una reconsideración de la votación. No alcanzó los votos necesarios para que esta procediera. Inmediatamente se puso al voto los proyectos de ley que figuraban en la agenda. Así, se aprobó la iniciativa que propone la modificación de la Ley 29200 y establece disposiciones para las
donaciones efectuadas en casos de estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales. Por unanimidad, se aprobó el proyecto que propone una “ley de promoción de la calidad y autenticidad de los productos industriales”; por mayoría, el proyecto que propone una ley que autoriza un recargo al consumo en restaurantes, bares, hospedajes y establecimientos análogos. Por último, se aprobó el proyecto que propone insistir en la autógrafa que fuera observada por el Poder Ejecutivo, que plantea facultar a las empresas a elegir entre cuatro periodos anuales para el cierre de sus periodos contables. La propuesta permitirá mejorar la labor de fiscalización de la Sunat, lograr una mejor recaudación y mejorar la calidad de la situación financiera de las empresas. La norma, se dijo en la comisión, no crea impuestos.
Congresista Luis Negreiros Criado (PAP)
pasadas. Los trabajadores de estiba también son seres humanos y se les debe tratar como tales. La disposición está acorde con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pido que sea respaldado por las diferentes bancadas”, remarcó. El proyecto de regulación del trabajo portuario fue respaldado abrumadoramente, no obstante la oposición de los congresistas Santiago Fujimori (GPF), Rafael Yamachiro (UN) y Luis Giampietri (PAP), a quienes la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, María Sumire de Conde (GPN), responsabilizó de no querer legislar a favor de los trabajadores.
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Breves...
10 DE JUNIO DE 2011
CAPACITACIÓN
DISTINCIÓN
Un programa de inducción a los nuevos congresistas de la República electos para el Período Parlamentario 2011-2016 se realizará entre los días 5 y 7 de julio próximo. Será en las instalaciones del hotel El Pueblo. El programa tiene otros dos componentes, como son los talleres dirigidos a los grupos parlamentarios, y también talleres a asesores tanto de grupos parlamentarios como de despachos congresales. Este evento será desarrollado con recursos aportados, para tan importante efecto, por entidades como el Instituto Republicano Internacional (IR); USAID, Idea Internacional, Asociación Civil Transparencia, Acuerdo Nacional y el Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES).
En mérito a su preocupación por las personas más necesitadas, su labor como líder y trabajo con el grupo etáreo de jóvenes del país, Jorge Márquez Chahú fue distinguido con un diploma de honor que le fue conferido por el Congreso de la República. La entrega de la distinción estuvo a cargo de la legisladora y segunda visepresidenta Alda Mirta Lazo Ríos de Hornung (AN), quien destacó la gestión de Márquez Chahú como director de la Escuela de Carácter y Ciudadanía mediante la cual apoya a más de dos mil jóvenes para su preparación y educación universitaria.
FÓRUM
CURSO ON LINE
El Oficial Mayor del Congreso, José Abanto, inauguró el curso on line “Control Parlamentario”, que organiza el primer poder del Estado y la Fundación Ceddet. El evento se realizó en la Sala Quiñones del Palacio Legislativo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Karina Beteta Rubín (UPP), organizó el fórum “Pasado, Presente y Perspectivas de la Inmunidad Parlamentaria”, con la presencia de reconocidos y destacados especialistas en la materia y se efectuó en la sala Grau del Palacio Legislativo. Entre los expositores invitados figuraron Rosario Fernández Figueroa, presidenta del Consejo de Ministros; Carlos Mesía Ramírez, presidente del Tribunal Constitucional; Walter Albán Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica; Aníbal Quiroga León y el congresista Javier Valle Riestra (PAP).
DIA DE LA MIASTENIA
El congresista Michael Urtecho (AN), presidente de la Comisión Especial de Personas con Discapacidad, participó en los actos conmemorativos por el “Día de la Miastenia en el Perú”, mediante los cuales se busca crear opinión sobre la lucha contra esa enfermedad que afecta debilitando los músculos de la persona.
TRANSGÉNICOS
La parlamentaria ayacuchana, Elizabeth León Minaya (BPCD), autora de la ley de moratoria al ingreso de organismos vivos modificados (transgénicos), manifestó que ha sido un gran avance que se aprobara en el Pleno del Congreso el proyecto mencionado que plantea la moratoria por un lapso de diez años con fines de cultivo y crianza. “Este proyecto nos permite reconocer y valorar el potencial de la biodiversidad con que cuenta nuestro país, y le da tiempo al Poder Ejecutivo de identificar las zonas de origen y declararlas como zonas protegidas al cultivo de transgénicos. A la vez, permite la realización de nuevas investigaciones que determinen si los OVMs son dañinos a la biodiversidad y a la salud de los seres humanos”, comentó la parlamentaria.
TRABAJADORES
El tercer vicepresidente del Congreso, Eduardo Espinoza Ramos (UPP), recibió a una delegación del sindicato de trabajadores del Parlamento y a un grupo de servidores recientemente repuestos en sus cargos en el Primer Poder del Estado.En la oportunidad, los visitantes agradecieron al parlamentario por el permanente apoyo brindado en favor de sus reclamaciones. También le entregaron un presente recordatorio.
TÍTULOS
PROMULGACIÓN
CORRUPCIÓN
Con mucha satisfacción la congresista Margarita Sucari Cari (NoA) informó que ha sido publicada en el diario oficial la Ley Nº 29696, que modifica el artículo 99º de la Ley Universitaria (Ley Nº 23733) y permitirá que las escuelas superiores de formación artística pública de Juliaca y Puno puedan otorgar el grado académico de bachiller y los títulos profesionales respectivos, equivalentes a los otorgados por las Universidades del país. La norma surge como consecuencia de los proyectos de ley Nº 2229 y 2230/2007-CR, de autoría de Sucari. Ella indicó que actualmente los alumnos de estas escuelas superiores no pueden inscribirse en el Colegio de Profesores que exigen, entre sus requisitos para incorporarse a esa institución, poseer el título profesional correspondiente otorgado por una universidad del país.
Después de una serie de reclamos y denuncias de padres de familia, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nro. 29694, que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares. Mediante esa norma los libros bajarán de precio, mejorarán su calidad educativa y podrán ser usados por otros alumnos en los próximos dos o tres años. Por su parte, los profesores y directivos de los colegios que infrinjan esa ley serán sancionados con multas, suspensión o separación de la carrera, mientras que los colegios serán multados y/o clausurados, según destacó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, José Luna Gálvez.
Habiéndose difundido los resultados oficiales por la ONPE, en los que el candidato presidencial Ollanta Humala Tasso es el ganador de la segunda vuelta, la congresista Helvezia Balta Salazar (PAP) manifestó: “El pueblo peruano dio una muestra de civismo al acudir masivamente a cumplir con el deber ciudadano para elegir al presidente constitucional que desde el próximo 28 de julio debe asumir la conducción del país, habiendo optado en esta oportunidad por el ciudadano Ollanta Humala de Gana Perú”. Al preguntársele qué espera del próximo gobernante, la legisladora respondió: “El cumplimiento del compromiso electoral para la fiscalización de la gestión pública, especialmente en los gobiernos regionales y locales; la lucha frontal y sin contemplaciones para combatir la corrupción en las entidades públicas del departamento de Ancash, que en los últimos años se ha intensificado”.