Contralínea 618 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

Año 17 • Número 618 • $30

CONTENIDO

PORTADA

FUERZAS ARMADAS: FRACASA MODERNIZACIÓN El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se quedó en un listado de carencias y buenos deseos

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 17, número 618, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 23 de noviembre de 2018. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS DEL NARCO Nancy Flores 8

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ZONA CERO PLAN MILITAR, ¿SECRETO DE ESTADO O MANIFIESTO IDEOLÓGICO? Zósimo Camacho

DEFENSOR DEL PERIODISTA QUE LOS FUNCIONARIOS NO INCURSIONEN COMO PERIODISTAS Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

11-11-11: UNA MARCHA FIGURADA Roberto Galindo

NUESTRA AMÉRICA: EL PROGRESO DE AYER A MAÑANA Guillermo Castro Herrera/Prensa Latina

IBEROAMÉRICA: LA BANCARROTA DEMOCRÁTICA Carolina Vásquez Araya/ Telesur

18 Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN MÉXICO: MÁS DE 2 MIL

INCERTIDUMBRES Y VULNERABILIDADES FINANCIERAS EN AMÉRICA LATINA Teyuné Díaz Díaz/Prensa Latina

DEVUELVAN LO ROBADO, RECLAMO SALVADOREÑO AL DERECHISTA PARTIDO ARENA Charly Morales Valido/Prensa Latina

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS

Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Armando Covarrubias

INVESTIGACIÓN

PORTADA Fuerzas Armadas: fracasa modernización José Réyez/Zósimo Camacho

SOCIEDAD Derecho a la información debe prevalecer sobre el secreto de Estado Érika

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Ramírez

ANÁLISIS

SOCIAL La paz social en México, ¿es posible? Jorge Retana Yarto

SOCIAL Tren Maya: ¿cuarta transformación o continuismo estructural? Ezer R May May/

Imagen de portada: Javier Gurrola/123RF

Sergio Prieto Díaz 50

INTERNACIONAL ¿Qué nos dicen las “midterm” sobre el conﬂicto interno estadunidense? Thierry Meyssan/Red Voltaire

INTERNACIONAL Trump beneﬁcia a Rusia con salida de Estados Unidos del Tratado INF Valentin Vasilescu/Red Voltaire

INTERNACIONAL La derrota de la democracia en Brasil Frei Betto/Prensa Latina

INTERNACIONAL Desde 1945, EU ha matado más de 20 millones de personas Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red Voltaire

MISCELÁNEO

66 EX LIBRIS Panamá Papers: expediente mexicano de los paraísos ﬁscales Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9191 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

MÉXICO

MÁS DE 2 MIL ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS DEL NARCO NANCY FLORES

n plena “guerra” contra el narcotráfico, los en 2013, 28 en 2014, 20 en 2015 y 14 en 2016. Por número de veces que pelearon, le siguen los cárteles, sus células y pandillas han protagonizado al menos 2 mil 50 conflictos violen- cárteles de Juárez y de Sinaloa; en total, habrían tos –entre ellos mismos, por la lucha encarnizada chocado violentamente en 94 ocasiones: 54 en del negocio criminal, y con las fuerzas federales–, 2013, 18 en 2014, al siguiente año 14 y ocho en revela el análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en 2016. A esta lista se suman las 64 reyertas entre el México, del Centro de Estudios Sociales y de OpiCártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas: 10 nión Pública (Cesop). De estos enfrentamientos, 1 mil 248 ocurrieron en 2014, 22 en 2015 y 32 en 2016. También, los en el sexenio del expanista Felipe Calderón –prin- 59 conflictos violentos entre Sinaloa y el Cártel de cipal responsable de la crisis humanitaria que vive Tijuana: 55 en 2015 y cuatro en 2016. El aún poderoso cártel del Chapo Guzmán – nuestro país–, y 802 en los primeros 4 años del gobierno de Enrique Peña (2013-2016), por lo que la quien ahora está siendo enjuiciado en una corte de Estados Unidos– tamlista sería mucho más bién se enfrentó 56 vegrande si se suman los Al menos 2 mil 50 conﬂ ictos violences al de Jalisco Nueva 2 últimos años del presidente saliente. tos entre cárteles y facciones, por la lucha Generación. Mismo Esta violencia es- encarnizada del negocio criminal, y con las número –56– de combates entre Sinaloa y pecífica cobró la vida fuerzas federales, entre 2007 y 2016 el Cártel de los Beltrán de 19 mil 58 personas, Leyva. refiere el Uppsala conﬂict En esos 4 primeros data program de la Universidad de Uppsala (Suecia). De éstos, 6 mil 657 años del sexenio peñista también se registraron 53 muertos corresponden a las refriegas registradas en choques armados entre Jalisco Nueva Generación los 4 primeros años del sexenio de Peña, que se ca- y Los Caballeros Templarios; seguido por los 38 del racterizó por la extrema violencia de grupos crimi- cártel del Chapo contra la facción conocida como Fuerzas de Damaso, y los 37 que protagonizaron nales y Fuerzas Armadas. El análisis del Cesop –elaborado por el inves- Guerreros Unidos y Los Rojos. En el análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en tigador parlamentario Rafael López Vega– revela que los peores episodios de violencia entre 2013 y México, la lista de conflictos violentos continúa: 34 2016 los encabezó el Cártel de Sinaloa contra otros de las facciones de Sinaloa conocidas como El Pepillo y Los 28; 33 de Los Zetas con el mismo grupo narcotraficantes. No obstante, el Cártel del Golfo y los diezmados del Chapo Guzmán; 29 de Los Ardillos contra Los Zetas fueron los que se enfrentaron más veces entre Rojos; 21 del Cártel Independiente de Acapulco sí: en total, 130 ocasiones. De éstas, 68 sucedieron contra La Barredora.

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

Además, las Autodefensas Unidas de Michoacán, que no son consideradas un grupo delincuencial sino civiles armados, se habrían enfrentado en 19 ocasiones contra Los Caballeros Templarios. Otros cárteles, células y pandillas chocaron entre 14 y dos veces.

La creciente inseguridad El problema de la violencia en México, sin embargo, no se reduce a estos enfrentamientos violentos. El análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en México señala que la creciente ola de inseguridad ha estado marcada por la continuidad de delitos de casi todo tipo, no obstante los esfuerzos en materia de reformas constitucionales, planeación del

desarrollo, diseño e instrumentación de estrategias, programas sectoriales y acciones en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Por ello, refiere que la seguridad personal se debe reintroducir en el flujo central de una planeación del desarrollo, que busca forjar el bienestar de las personas, las familias y del todo social. Para el investigador López Vega, en la vida cotidiana están presentes la pérdida de patrimonio, lesiones físicas, pérdida de la vida, sensación permanente de vulnerabilidad frente a la criminalidad, así como indolencia y fallas institucionales e interpersonales para forjar sentido de comunidad. Y es que no sólo se trata de la creciente ola de delitos que sufren millones de personas a diario, sino también “el incesante número de conflictos

OPINIÓN

armados entre grupos delincuenciales de distintos tamaños y también contra el gobierno, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, un conteo todavía impreciso de las desapariciones forzadas, una ola de feminicidios que no cesa, entre otras situaciones que trazan aún la ruta conflictiva en el arduo tema de los costos sociales de la inseguridad en México y signo de un proceso de anomía social cuyo significado, alcances y posibilidades de intervención aún son necesarias de encontrar”. Según su análisis, “la aceptabilidad gubernamental del peligro y del riesgo, en consecuencia también de su acción, se ha forjado de cara a una violencia que inició sin un patrón regular, sin mostrar una tendencia, incluso podría decirse atrevidamente ‘conocida’, y ‘tolerada’ socialmente, que de forma abrupta se impuso desde los grupos del narcotráfico (grandes cárteles o pequeñas bandas), desde las bandas de secuestradores, asaltantes y extorsionadores hasta la intervención de las Fuerzas Armadas en sus distintas modalidades de operación (Ejército, Marina, Gendarmería)”. Sobre la operación de las fuerzas federales, agrega que ésta “expresa un hecho político relativamente nuevo en el accionar del Estado mexicano que da lugar a un paradigma de seguridad, de violencia versus violencia, y de criminalización desde el Estado”. Además, advierte que la aceptabilidad se ha generado también desde “un discurso que transmuta la violencia en un hecho que atañe al todo social, volcada a todos los espacios de la vida cotidiana (vivienda, familia, hogar, pareja, trabajo, escuela, transporte, recreación, y que acrecienta el sentimiento de inseguridad pública)”. Así, la ruta de la violencia en nuestro México y el tamaño del reto de la pacificación.

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OPINIÓN ZONA CERO

PLAN MILITAR, ¿SECRETO DE ESTADO O MANIFIESTO IDEOLÓGICO? ZÓSIMO CAMACHO

on la presente edición de Contralínea se pu- con la consulta de otros archivos militares (algunos blica la última parte del reportaje seriado también clasificados como “confidenciales”), civiles basado en el Plan Militar de Defensa Nacional y entrevistas con expertos relacionados con dichos Conjunto. En cinco entregas, dos reporteros (José Ré- contenidos. Como en el caso de la Agenda Nacional de Riesgos yez y quien escribe) nos dimos a la tarea de señalar cuáles son las amenazas, los riesgos y los desafíos que (elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y también publicada por Contralínea enfrenta el país, según los militares mexicanos. También dimos cuenta de cuáles son las capaci- en 2016), en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto dades reales de defensa de la nación y en qué situa- son consideradas “amenazas” y “riesgos” a la nación se encuentran las tres Fuerzas Armadas perma- ción, los grupos antisistémicos. Otra vez, la condena nentes: el Ejército Mexicano, la Armada de México a quienes se organizan y propugnan por un sistema económico y político distinto. De nueva cuenta, la y la Fuerza Aérea Mexicana. El documento, clasificado como “secreto” y fir- disidencia política (la de fondo) es considerada una mado por los actuales titulares de las Secretarías de amenaza… y como tal hay que tratarla. Pero también dicho documento secreto es rela Defensa Nacional (Sedena), general de división levante por lo que no Salvador Cienfuegos contiene. En tal listado Zepeda, y de Marina El Plan Militar hace énfasis en la geode amenazas, riesgos y (Semar), Francisco Vidal Soberón Sáenz, re- política, las amenazas, riesgos y desafíos, desafíos no hay nada vela qué les preocupa a pero los actores a vigilar son movimien- que tenga que ver con el capital o la Iglesia. los altos mandos de las tos sociales, armados, migrantes Nada de vigilar a las Fuerzas Armadas Meximineras extranjeras que canas y desnuda su incapacidad para hacer frente ya no digamos a Ejércitos se asientan en territorio nacional, saquean recursos estratégicos y contaminan. Nada de poner atención centroamericanos sino al narcotráfico doméstico. Fue una sorpresa saber que la principal amenaza a los organismos empresariales y financieros, verdadel país es una intervención militar extranjera, como deros poderes de facto que empobrecen a millones también que en caso de una agresión de este tipo el de personas; nada de tener en cuenta el poder de las Ejército se transformaría en una guerra de guerrillas jerarquías eclesiásticas, ilegítimamente enriquecidas ante su imposibilidad de sostener una confrontación y corruptas. Estamos ante un documento que, en efecto, directa; que la Fuerza Aérea sólo tiene capacidad de fuego para 2 días, o que la Armada no tiene ni el cuenta con partes técnicas y de análisis estratégico; equipo para detectar posibles antagonistas atrave- pero que no puede desprenderse del todo de una visión ideológica propia de la Guerra Fría. sando aguas mexicanas… Es cierto que la versión actual del Plan Militar de Ya en cada una de las entregas se han vertido los contenidos del Plan Militar y se les ha dado contexto Defensa Nacional Conjunto hace énfasis en la geopolítica

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ZONA CERO

y las amenazas, riesgos y desafíos que se desprenden de ella. Pero los actores a vigilar –cuando se trata de personas o grupos humanos– siguen siendo los movimientos sociales, los movimientos armados, los migrantes, las comunidades “alejadas de la infraestructura”. Es decir, los pobres y los que podrían articular demandas identificadas con la izquierda. En contraste, no están las cámaras empresariales, las asociaciones de banqueros, los episcopados. Nada relacionado con los actores tradicionales o nuevos de la derecha. Por ello, podemos advertir, cuando se desata un conflicto en una región de la República por la imposición de una minera, los militares y todo el espectro de agencias de seguridad y defensa nacionales consideran que la “amenaza” es la comunidad indígena que se opone. Desde su óptica, quien pone en riesgo a la nación son esos mexicanos “empobrecidos” que se resisten a que una minera (extranjera) se implante en el territorio nacional para extraer (saquear) recursos naturales (como oro, plata, cobre) y contamine aguas y tierras por cientos de años. Los criminalizados, perseguidos, torturados, desaparecidos, asesinados son los pobres. Quienes cuentan con todas las garantías son los empresarios y los políticos que avalan tal proyecto. Se advierte un documento con una posición ideológica (de derecha) y clasista (protectora de los grandes capitalistas). Como en el caso de la Agenda Nacional de Riesgos, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto no ha sido concebido para defender a la na-

ción sino para garantizar que el grupo en el poder no lo pierda. Y también para apuntalar un sistema y un modelo económico donde lo primordial son los negocios. La prioridad es que el capitalismo no encuentre escollos. Lo que se pretende ocultar con la reserva de estos documentos (ya sean etiquetados como “confidenciales” o “secretos”), defendida a ultranza por casi toda la “comunidad de inteligencia” mexicana, es precisamente este carácter ideológico y clasista con que se usan las instituciones de defensa y seguridad nacional. Con la publicación de la Agenda Nacional de Riesgos y ahora del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto quedaron al descubierto no las “debilidades” de las Fuerzas Armadas Mexicanas y las agencias de seguridad nacional (ellas mismas ya han dado cuenta de todo en distintos documentos oficiales públicos), sino del fracaso para transformarlas en instituciones profesionales realmente de Estado, ajenas a la lucha política y libres de corrupción. El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha prometido una transformación de todo este sistema de defensa y seguridad nacional. Pero es incierto aún hacia dónde dirigirá ese cambio. Que haya entregado la seguridad pública a la Sedena y que menosprecie la consulta indígena por el Tren Maya no son buenas señales. ¿En los nuevos documentos “secretos” y “confidenciales” otra vez las amenazas serán aquellos que se oponen a los grandes desarrollos capitalistas?

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

QUE LOS FUNCIONARIOS NO INCURSIONEN COMO PERIODISTAS ÁLVARO CEPEDA NERI

a alternativa: juez o parte, viene como anillo por los editores (tal vez con la finalidad de obal dedo, ya que ha sido una costumbre, no tener favores, publicidad o dinero por debajo de de ahora pero actualmente con más pre- la mesa; y no para sólo, ¡oh, Armando Manzasencia, que los funcionarios, por sí mismos o casi nero!, acariciarles las rodillas). Y entonces esos siempre por encargo con sus plumíferos, obtengan funcionarios, como muchos que actualmente inde los editores espacios como opinadores en sus cursionan en el periodismo como jueces y parte, artículos y columnas, para defender sus cargos, se dedican a defender sus desempeños o el de sus sus tareas y hacer propaganda para sus partidos jefes o partidos. Pero le hacen un ﬂaco favor a la democracia y gobiernos, asidos al derecho de las libertades de prensa. Los funcionarios deben estar en la representativa, ya de por sí bastante desacremira de los reporteros y demás periodistas para ditada; y, de paso, dedican parte de su tiempo alimentar la información y la crítica; sobre todo, de trabajo para dictar sus opiniones e incluso a los actos y disposiciones de quienes ejercen tienen entre sus empleados a un plumífero (decía Francisco Zarco), para un cargo público. Las redactarles sus colabopáginas editoriales de Se debe acabar con esa costumbre de raciones en los diarios. los periódicos cuentan con más de un funcio- que los medios cedan espacios perio- Incursionan, pues, en nario de cualquiera dísticos a panistas, priístas y perredistas, son de “guerra” contra los profesionales de de los tres poderes, y quizá como pago de favores la prensa, ante todo; hasta de organismos pero, a su vez, para desconcentrados y descentralizados de las administraciones –sobre atacar a otros comunicadores. No hacen uso del todo federal–, que justifican sus acciones o las derecho de réplica ni de las Cartas del Lector ni de de sus jefes inmediatos y mediatos, que no va las entrevistas para aclarar, refutar con pruebas conforme a la división del trabajo de zapatero a y/o fijar sus posturas ante la información sobre sus actuaciones como funcionarios. tus zapatos. Actualmente son varios los lopezobradoristas Se debe acabar con esa costumbre que data, pues, de hace mucho tiempo, como nos cuenta que tienen su espacio periodístico: los que son Humberto Musacchio López, en su libro Historia legisladores y designados para un cargo. Hay crítica del periodismo mexicano, en cuya materia es del PRD y del PRI. Ejercen, sí, su derecho a las un acreditado investigador, como lo prueban sus libertades de expresión; pero, en su calidad de libros ya publicados. Y es que les ha dado a los funcionarios, deberían abstenerse de esa doble panistas, priístas y perredistas –sobre todo– por función, ya que de por sí tienen muchos espacios pedir espacios periodísticos, o les son ofrecidos a su disposición, como las constantes entrevistas,

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

haga el presidencialismo que está por arribar con fuerza hegemónica y todos los funcionarios –como los astros– alineándose para, indebidamente fortalecer lo que ganaron en las urnas, pero que necesita contrapesos en el periodismo sin funcionarios escribiendo como apoyos a ellos mismos y su grupo. Así que es necesario que los funcionarios no penetren en los medios de comunicación, para que haya más contrapesos para la crítica, información veraz enraizada en los hechos, entrevistas y lo que genere el periodismo de

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declaraciones e información que se difunde por todos los medios de comunicación. No son estos los tiempos de cuando funcionarios y políticos –como nos hace saber Humberto Mussachio en el libro citado–, tenían que participar como soldados y periodistas, funcionarios y políticos (José Antonio Aguilar Rivera, compilador: La Espada y la Pluma: libertad y liberalismo en México: 1821-2005, Fondo de Cultura Económica, 2011). Entonces era una necesidad, un deber democrático, para defender los intereses de los bandos republicanos y antirrepublicanos. Ahora los diferentes puntos de vista tienen espacios en la radio, televisión, internet y la prensa escrita, para exponer su pensamiento. Lo único que ya no es ni siquiera indispensable es que los funcionarios tomen la pluma, ocupando espacios de los que, profesionalmente, ejercen el periodismo; o quienes ya sin cargo quieren exponer sus puntos de vista para la discusión de las ideas. Algunos políticos en el desempeño de sus actividades como funcionarios tienen a trasmano sus medios de difusión. Son editores, radiodifusores, accionistas de televisión, e incursionan en las redes para atacar, criticar o elogiar. Y no pocos funcionarios son “periodistas”, estando en un cargo que debería ser impedimento para ejercer esas dos caras, como el dios romano Jano. Así que esos Janos-funcionarios con dos caras y sus ojos mirando al presente, están prestos a dar sus opiniones partidistas en el desempeño de sus funciones administrativas, legislativas y judiciales, para competir periodísticamente. Ahora que se anuncia reducir la publicidad oficial y repartirla selectivamente, no deben otorgar más dinero a los medios de comunicación que tienen a un funcionario en su nómina; o aun sin recibir salario esté escribiendo para defender a cubierto de dizque análisis, lo que

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investigación para sacar a luz pública lo que oculte el ejercicio como funcionario, de quienes tengan un cargo en los gobiernos municipales, estatales y federal, con el resto de las instituciones del sector público. Las libertades como derechos del liberalismo político, exigen simplemente: zapatero a tus zapatos. Así de claro y sencillo. Como acaba de afirmar John Ridding, en el Financial Times: “los lectores quieren fuentes confiables, hechos y que los periódicos estén escritos únicamente por periodistas”. (El País, 4 de octubre de 2018).

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OPINIÓN ARTÍCULO

11-11-11: UNA MARCHA FIGURADA ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓN Y GEOFÍSICA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGIDOS Y BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS

unas semanas de que Enrique Peña Nieto federales pasadas y el modelo socioeconómico que le entregue a Andrés Manuel López Obra- han aplicado éstas por más de 3 décadas. Tras el anuncio de la cancelación los represendor la banda presidencial, el aún no mandatario canceló –con respaldo ciudadano– el que tantes de los empresarios inversores en el NAIM iba a ser el mayor proyecto de infraestructura ori- vociferaron amenazantes, y llamaron al presidente ginado en el sexenio priísta: el Nuevo Aeropuerto electo a tomar la decisión correcta y proseguir con Internacional de México (NAIM). Se ha dicho que, la edificación del aeropuerto texcocano; para que como promesa de campaña, la cancelación de la ellos pudieran continuar, alrededor de la terminal terminal aérea era irrevocable a pesar de que ya era aérea, otros proyectos inmobiliarios e incluso uno emplazada en lo que queda del lago de Texcoco. más que ya tenían proyectado en los terrenos que Los opositores al Movimiento Regeneración Na- dejaría desocupados el actual aeropuerto de la Ciucional (Morena) dicen que, como Pilatos, Obrador dad de México. Negocios diseñados para generar se lavó las manos con la ciudadanía, pero que 747 millonarias ganancias durante décadas. Entonces se convocó en la internet a una mamil personas, (69.95 por ciento) de los consultados, nifestación denomiaunque a favor la cancelación del NAIM, no Las consignas tendieron más hacia la nada “Marcha ciudadana-México por la le limpiaron bien las exanimadversión a las consultas que a favor democracia legítima”, tremidades superiores. Dicen que la consul- del NAIM y se notó la ausencia de em- aunque también se manejó como “Marcha ta fue innecesaria, que presarios e intelectuales de derecha por el NAIM”; pero para finiquitar el NAIM en las redes sociales fue a Obrador le bastaba ejercer la legitimidad que en la elección presiden- bautizada como “Marcha fifí”, en consonancia con cial le confirieron más de 30 millones de votos. De la palabra-adjetivo usado por López Obrador para haber sido así lo hubieran acusado de ser un “jefe definir a un sector de la prensa atado, pendiente y máximo”, un autoritario asesino de la democracia. consecuente con los intereses empresariales de las La verdad es que en la consulta también participa- clases económicas acomodadas y ligadas a los parron personas que apoyan el NAIM, pero sólo fueron tidos políticos de centro y derecha de este país. Los organizadores llamaron a la cita para el 11310 mil 463, (29.1 por ciento), que fueron avasalladas por más de dos a uno por los que palomearon 11-11: la marcha del día 11 a las 11 de la mañana la terminal aérea de Santa Lucía. En total, 1 millón del onceavo mes, sin especificar el año. Y es que 67 mil 859 mexicanos emitieron su opinión. Una pretendían lograr una congregación apoteósica que cantidad que no representa a la sociedad en una no necesitaría de 1 año para ser recordada, querían consulta ilegal, dicen los detractores, quienes pare- forjar un acaudalado rio negro sobre la avenida Recen estar más de acuerdo con las administraciones forma y oscurecer la plancha del Zócalo capitalino;

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igual arengaban contra López Obrador o a favor del NAIM, que contra los migrantes hondureños y los llamados “chairos”, incluso refiriéndose a ambos como personas con hambre: más clasista no pudo ser la consigna. Se debe reconocer que a la marcha asistieron legítimos protestantes, “verdaderos fifís”, y también algunos que podríamos denominar “fifíascos”, clasemedieros aspiracionales que enarbolan que ser “fifí” va más allá del nivel económico y tiene que ver con ideologías; habrá que ver si construir un aeropuerto, desdeñar migrantes y menospreciar gente de izquierda son “líneas de pensamiento” en beneficio de México. Y se me podrá acusar de que usar el término “fifí” genera división y odio entre los mexicanos; incluso que es de mal gusto –como de mal gusto es denominar “amlovers” o “pejezombies” a los morenistas, y “chairos” a los que son de tendencia izquierdista–, pero me exime el que los manifestantes en su “desgarrador luto” se enorgullecían de ser llamados así, muchos usaban playeras o portaban pancartas con leyendas como: “Soy totalmente fifí” o “Call me fifí”. La protesta se asemejó a un mitin priísta, aunque con estilo, pues no faltaron los acarreados con pancartas de diseño, transportados en vehículos blancos y de reciente modelo. En las redes circulan testimonios de algunos trabajadores a los que se les pasó lista de asistencia en la minimarcha. Más que “fifís” por el aeropuerto, los manifestantes fueron sin saberlo, carne de cañón de algunos sectores políticos, pues la del 11-11-11 fue una marcha figurada, cuyas soterradas intenciones iban más allá de defender una terminal aérea; y es que para ese día los empresarios involucrados en el NAIM ya se habían alineado con el próximo presidente, asegurando así su participación en el aeropuerto de Santa Lucía, y por supuesto, cuidando su futuro en otras licitaciones. Es así que la marcha fue más bien para que las cúpulas económicas, religiosas y políticas opositoras al nuevo gobierno ensayaran qué tanta capacidad de convocatoria tendrán a futuro en contra de las consultas ciudadanas que atenten contra el statu quo que hasta ahora detentan. ILSE HUESCA/CUARTOSCURO

los diseñadores de la protesta pidieron que se usara ropa negra, querían demostrar que están de luto por la muerte de la democracia –cuando en el país los asesinados suman centenas de miles, los secuestros y las desapariciones forzadas son cada vez más comunes y hay territorios sin gobierno, además de que las masacres de estudiantes no son cosa del pasado, aunque eso les debe parecer democrático y en toda norma–, pues para ellos Andrés Manuel y los morenistas mataron la democracia con la consulta ciudadana. Y así vestidos de negro marcharon poco más de 5 mil personas que no lograron ocupar ni un 20 por ciento del Zócalo. La denominada “Marcha fifí” puede ser considerada un fracaso si nos quedamos con la idea, que tienen algunos de sus participantes, de que fue en legítima defensa del

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NAIM y de la democracia. Las consignas de los marchistas tendieron más hacia la animadversión a las consultas ciudadanas que a favor del NAIM. Fue notoria la ausencia de los empresarios y de los intelectuales de derecha, esos que ya nos tenían acostumbrados a su presencia en otras protestas de los no proletarios. Hubo, sí, personajes de la medianía panista como Mariana Gómez del Campo, quien hace unos años quería regular las manifestaciones pedestres por las pérdidas económicas y de tiempo que generan. Se vio al ultraderechista Juan Dabdoub, férreo luchador contra las políticas progresistas de género; ellos fueron una muestra del conservadurismo y la tendencia a la derecha de los andantes de luto. Fue más notoria la presencia de fascistas mexicanos que

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NUESTRA AMÉRICA EL PROGRESO DE AYER A MAÑANA GUILLERMO CASTRO H, ENSAYISTA, INVESTIGADOR Y AMBIENTALISTA PANAMEÑO; DOCTOR EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO/PRENSA LATINA

a idea de progreso ingresó a la vida cultural lidad humana.” Hoy, cuando se desintegra el orden liberal triuny política de nuestra América hacia 1850, como expresión de la necesidad de superar fante en la gran guerra imperialista de 1914-1945, los atrasos cultural, educativo y tecnológico, perci- aﬂoran contradicciones en el sistema mundial que, bidos como el obstáculo mayor a nuestro ingreso al a primera vista, ponen en cuestión la posibilidad del entonces llamado “concierto de las naciones”. Esa progreso así entendido. Ante un proceso tal, el desarrollo cultural de la contraposición entre el progreso y el atraso vino a sustituir a la que opuso la civilización a la barba- élite intelectual “se separa resignada y aristocrátirie –entre mediados de los siglos XVIII y XIX– y camente de la realidad hostil y sin ideas”, pues la abrió paso a la que contrapuso el desarrollo al sub- realización de los viejos ideales de un liberalismo agotado solo puede tener lugar en el individuo aisdesarrollo entre mediados y fines del XX. Hoy, los gobiernos que se definieron a sí mis- lado, pero no en la sociedad. De este modo, ademos como progresistas en la primera década del más, “el pesimismo social acaba en una estática histórica”, pues todo lo siglo XXI, se ven sustituidos por otros que se El progreso presupone el descubri- valioso en la historia se encuentra en un estado proponen restaurar en la región su condición miento de tendencias en la sociedad que anterior, “y lo máximo original de barbarie y garantizan un continuo aumento de los que puede alcanzarse es una restitución de lo atraso, para restablecer valores humanos en la realidad misma original”. el orden y depurar a Ese original a restinuestras sociedades de tuir, sin embargo, es una construcción mítica que todo factor que pueda amenazarlo en el futuro. Aquí, vale la pena recordar –con György expresa un profundo temor a las masas en su caLukács– [1] que “el concepto de progreso presupo- pacidad para transformar el mundo, y proclama ne el descubrimiento de tendencias en la sociedad, como hechos naturales el racismo, el patriarcado, y que garantizan un continuo aumento (aunque no la desigualdad social. De aquí emerge una tendensiempre uniforme) de los valores humanos en la cia al pesimismo de la razón, que por un lado lleva realidad misma. Una concepción filosófica seme- a amplios sectores populares y de capas medias a jante puede contener una aproximación a un es- buscar refugio en los fundamentalismos políticos y tado ideal […] que sea cualitativamente diferente religiosos, mientras en las élites intelectuales se trade los anteriores, y que garantice el despliegue de duce “en pesimismo cultural, como negación del las facultades naturales de la humanidad […]. Pero progreso en las cuestiones esenciales de la humasiempre se trata de un desarrollo más alto de la rea- nidad”.

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de fondo en la política de nuestra América, que no es el cambio de forma, sino el de espíritu, como lo reclama José Martí, para hacer de nuestros reveses el camino hacia nuevas victorias.

[1] “La visión del mundo aristocrática y la democrática” (1967), en Testamento

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Aquí, entre nosotros, el pesimista piensa a nuestra América como el objeto de ciclos de eterno retorno, mientras el progresista la entiende como el sujeto de su propio destino, que va siendo construido a lo largo de fases históricas irrepetibles. Los primeros imaginan que vamos de vuelta a la doctrina Monroe y el Estado Liberal Oligárquico. Los otros, que nuestra América ha ingresado a una fase de su historia en que las fuerzas enemigas del progreso -y de su más poderosa herramienta, la razón- han pasado a una ofensiva en la que han obtenido importantes éxitos iniciales. En verdad, la reacción ha pasado al ataque porque debía y podía hacerlo. Debía, porque con todas sus limitaciones y todos sus errores aquellos gobiernos progresistas lograron romper la inercia neoliberal oligárquica anterior a un punto que hacía inevitable ese ataque. Y podía, porque al restringir su propio accionar a los límites y valores del liberalismo progresista, esos gobiernos propiciaron la desmovilización de sus propias bases sociales y abrieron paso a los fundamentalismos políticos, culturales y religiosos cuyas aberraciones han venido a signar nuestra coyuntura política inmediata. Hoy podemos ver que la suma de las victorias tácticas obtenidas en su momento por aquellos gobiernos pudo modificar la perspectiva estratégica regional, pero no generó de por sí la estrategia adecuada para la victoria del progreso sobre el atraso, de la razón sobre el irracionalismo, de la visión democrática del mundo sobre la aristocrática. Esa estrategia hay que construirla desde la gente y con ella. Progreso hoy, entre nosotros, significa gobiernos que tengan por base “la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros”. [2] Nos toca, una vez más, atender al problema

Referencias:

Político y otros escritos sobre política y filosofía. Edición, introducción y notas de Antonino Infranca y Miguel Vedda. El Viejo Topo, España, 2003, pp. 31- 64. [2] “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, VI, 17.

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IBEROAMÉRICA

LA BANCARROTA DEMOCRÁTICA CAROLINA VÁZQUEZ ARAYA/TELESUR

i algo quedó claro durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, es la bancarrota moral del sistema político en la mayoría de países latinoamericanos. Con democracias débiles –algunas a punto de desaparecer bajo los incesantes embates de la corrupción– y escasas perspectivas de recuperación, los gobernantes dejaron patente su incapacidad para cumplir con los objetivos planteados desde hace casi 2 décadas para reducir la desigualdad, la extrema pobreza, el hambre, la desnutrición infantil, la falta de educación y otros parámetros que marcan el profundo subdesarrollo de nuestros países. Los discursos de la Cumbre no se diferenciaron gran cosa de aquellos elaborados para otros encuentros, otras cumbres, otras asambleas; excepto, quizá, por el énfasis en las crisis migratorias. Pero los problemas fundamentales continúan hundiendo a los pueblos mientras sus líderes enfocan sus esfuerzos en librarse de investigaciones de corrupción y blindar sus fortunas mal habidas con los recursos que les ofrece un sistema diseñado para ello, arrasando con marcos jurídicos y buscando escondrijos legales. A la par de la bancarrota moral que todo eso implica, las huestes políticas han creado las condiciones ideales para una bancarrota democrática que les daría el espacio y el poder para actuar a su antojo en las décadas por venir. Los acosos a la prensa independiente son apenas uno de los pasos mediante los cuales buscan cercenar la participación ciudadana y su posible incidencia en decisiones de Estado. Todo indica un intento de crear las condiciones para conseguir el aval ciudadano en la consolidación de regímenes dictatoriales, con el manido argumento de reducir la inseguridad. Los participantes en la Cumbre –en especial

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quienes gobiernan los países menos desarrollados– han gozado de los beneficios del poder para consolidar sus privilegios, pero han abandonado sus promesas de cambios sustanciales para favorecer al resto de la población. Esto, porque esas promesas nunca fueron pronunciadas con otra intención más que apoderarse de espacios privilegiados desde los cuales, y con el entusiasta concurso de sectores de poder económico, es posible amasar fortunas obscenas sin pagar las consecuencias. El tráfico de influencias y la impunidad fueron el sello de identidad de algunos presidentes presentes en la Cumbre. Con un descaro insolente se presentaron como víctimas de oscuras conspiraciones, como líderes contra la corrupción y piadosos ejemplares de pureza espiritual. En la realidad han condenado a sus pueblos a la miseria extrema, a la muerte por falta de atención sanitaria por el colapso de los hospitales públicos, a la ignorancia por el colapso del sistema educativo, a la violencia y la muerte por las debilidades injustificables del sistema de investigación y justicia. Estos magnos eventos sólo sirven, al final de cuentas, para ofender a los pueblos marginados, conscientes de su impotencia frente a los círculos de poder. Las abundantes falsedades derrochadas en discursos sobreelaborados quedarán impresas en los informes finales y, al formar parte de documentos históricos, les restarán toda legitimidad. La verdad es otra: está en los indicadores de desarrollo humano cuyos números indican con meridiana claridad el retroceso en la lucha contra el hambre, en la mortalidad materna, en la asistencia a las escuelas, en el trabajo infantil, en las violaciones sexuales, en las ejecuciones extra judiciales y en los juicios manipulados para cubrir los actos de corrupción. Ese es el verdadero contenido del discurso que jamás se pronuncia.

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INCERTIDUMBRES Y VULNERABILIDADES FINANCIERAS

EN AMÉRICA LATINA TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ/PRENSA LATINA

l financiamiento externo hacia América Lati- Financiamiento regional na y el Caribe es vital para complementar las insuficiencias de ahorro público y privado en De acuerdo con Sala, el financiamiento que rela región, pero depende del comportamiento de los cibe América Latina y el Caribe tiene varios instrupaíses emisores de esos flujos, explica Carola Sala, pro- mentos: unos provenientes de fuentes privadas –básifesora titular del Centro de Investigaciones de Econo- camente las inversiones–, y los otros de fuentes oficiamía Internacional de la Universidad de La Habana. les; estas últimas son más estables pero se encuentran Esa situación coloca a Latinoamérica ante indefi- en niveles de estancamiento y poco desarrollo. niciones que generan incertidumbre y vulnerabilidaLa captación de flujos oficiales está muy comdes, expone a Prensa Latina. prometida en el área. En su mayoría los países Según la investigadora, la inversión extranjera latinoamericanos califican como naciones de renhacia la región proviene fundamentalmente de Esta- ta media. Esta heterogénea definición afecta –en dos Unidos, y con ello, la consiguiente dependencia mayor medida– en dependencia y en función del –en materia de políticas desarrollo de los ingremonetarias y fiscales– de sos per cápita de cada Con el alza de las tasas de interés de la adopción de decisioterritorio, ahonda la esnes de la nación norte- la Reserva Federal de Estados Unidos, los pecialista. ña. Ante este contexto, capitales en Latinoamérica abandonan la Dicha cuestión puela asistencia oficial al región para buscar mejores condiciones de revertir el flujo de desarrollo está muy dedinero y colocarlo desde primida en la región, si América Latina hacia el se considera que solaTesoro estadunidense, apunta. mente son sujetos de recibir ese financiamiento las Sala ejemplifica que, con el alza de las tasas de naciones de renta baja, denominación que elimina interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, los a Latinoamérica de obtener líneas de inversión por capitales situados en Latinoamérica abandonan la tal vía. región en la búsqueda del diferencial de intereses poEn cuanto a las subvenciones privadas, las insitivos que otorga la ubicación de valores dentro del versiones se desarrollan en dos modalidades de carmercado financiero del Norte. tera: a corto plazo, básicamente es un mercado de “Este fenómeno es de carácter mundial, acota, dinero, y directa, caracterizada por ser a más largo porque aquellos fondos diseminados por el orbe se plazo y dirigida hacia el sector productivo. entornan hacia Washington en la búsqueda de maLa experta explica que las dotaciones externas yores niveles de rentabilidad. Eso desestabiliza a las de dinero se consideran como inversión directa, economías en general, pero la mayor afectación la cuando se trata de un proceso continuo en el tiempadece nuestra región.” po. Por tanto, ante un contexto de alzas de las tasas

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Soluciones Las soluciones, estima la experta, dependen en parte del buen diseño de la política económica –lo cual no es tan sencillo–; para ello, las autoridades domésticas tienen que estar interesadas, calificadas y mover su sistema de intereses hacia los problemas macro. Concretar esas medidas es muy difícil dado los diferentes intereses políticos, del diseño de estrategias de los partidos del gobierno y de la oposición, o las diversas agendas económicas. Por ende, la instrumentación de políticas económicas será distinta para cada nación y pueden no estar enfocadas a este problema de descapitalización en particular, reflexiona la profesora titular de Universidad de La Habana. “Es necesario un buen proyecto, el cual tenga claro qué flujos quieres, qué necesitas y hacia dónde dirigirlos, porque si no la política trazada se descoloca.”

Para enfrentar una entrada o salida de capital, es necesario determinar qué se va a realizar con la inversión y direccionarla hacia los sectores estratégicos y básicos, señala. En el caso particular de América Latina, la inversión entra donde y en la cantidad que quiere, lo cual evita que realmente haya un efecto positivo del financiamiento extranjero, como pudiera ser si direccionara hacia la inversión doméstica, formación bruta de capitales, generación empleos o en la adquisición de tecnologías, explica la investigadora. Lamentablemente si el cambio hacia la derecha en Latinoamérica se consolida, comenta, significará un enorme retroceso en término de los objetivos regionales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque los intereses de la clase política en el poder definen las estrategias de desarrollo y los instrumentos para alcanzarla. En un hipotético caso de predominio de la derecha donde no descuellan los intereses sociales, la dirección de la política contribuirá aún más al mal manejo de los flujos, a incrementar las brechas de riqueza, las desproporciones sectoriales y la salida de capitales. Por tanto, habría una tendencia lamentablemente negativa con respecto a la posibilidad real de que América Latina avance económicamente. Unido a las certezas de la corrección de la política monetaria estadunidense –alzas de tipos interés–, las perspectivas son de salidas y malos manejos del capital, entonces los pronósticos para la región no son buenos. 123RF

de interés estadunidenses, este capital también busca la obtención de mayores beneficios. Actualmente, agrega Sala, existen una serie de subterfugios que igualmente afectan los pagos externos; a ello se suma la fuga de las riquezas para la evasión fiscal y su colocación en los llamados paraísos fiscales. Se trata, afirma, de un proceso sostenido de financiamiento externo que sale de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Esa descapitalización exige mecanismos concretos de control de la cuenta capital y de entrada y salida de los movimientos de dinero de nuestras economías.

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DEVUELVAN LO ROBADO,

RECLAMO SALVADOREÑO AL DERECHISTA PARTIDO ARENA CHARLY MORALES VALIDO/PRENSA LATINA

an Salvador. Más que una consigna o una Frente Farabundo Martí para la Liberación Naetiqueta en redes sociales, “Devuelvan lo cional (FMLN). Todo en medio de varios escándalos, como la robado” es el principal reclamo que le hace el pueblo salvadoreño al derechista partido Are- irrisoria condena al expresidente Antonio Saca, quien desfalcó más de 300 millones de dólares na. Mientras la formación oligárquica intenta durante su mandato, o el cierre del juicio para desentenderse de un pasado marcado por la co- recuperar los fondos robados por Francisco Florrupción y la represión, muchos salvadoreños se res. En esta suerte de “Juego de Tronos” cuscatleresisten a caer en la amnesia conveniente y selecco diversas voces de la sociedad acusan al fiscal tiva que promueve la campaña arenera. De hecho, la represión violenta de una ma- general de la República, Douglas Meléndez, de nifestación de vendedores en Santa Tecla, que congraciarse con la cúpula arenera para conseacabó con un muerto y 60 heridos, recordó la guir su reelección. Además, en enero metodología de gopasado murió Salvabierno que propone el Devuelvan lo robado es el principal dor Arias, autor del partido fundado por el pionero de los escua- reclamo que le hace el pueblo salvado- Libro Negro de la Coreño al derechista partido Arena, mar- rrupción en El Salvadrones de la muerte. dor, sin que la Fiscalía La cúpula arenera y cado por la corrupción y la represión tuviera en cuenta sus su candidato presidendenuncias documencial, Carlos Calleja, cerraron filas en torno a Roberto D’Aubuisson, tadas de la corruptela imperante entre funcioalcalde de Santa Tecla, e incluso aplaudieron la narios areneros. Sin embargo, el Pulgarcito de América vive manera en que manejó los reclamos de quienes solo buscan su sustento. Con el poder económico tiempos en que los criterios pesan más que los para acaparar espacios donde hacerse propagan- hechos, la verdad es construida con declaracioda, Arena contrató además al español Antonio nes sin verificar, y la gente no se cuestiona lo que José Sola, quien se hace llamar “creador de pre- escucha, ni profundiza ni pone en contexto. Por ejemplo, el partido que más propuestas sidentes” y es conocido como el “rey de la guerra pragmáticas y realizables ha hecho en esta camsucia”. Así, la campaña de Arena se concentra en paña electoral es el FMLN, con una plataforma atacar a quien considera su mayor amenaza, el construida a partir de diálogos con la sociedad candidato Nayib Bukele (GANA), y en negar civil y un conocimiento de las dinámicas de goo apropiarse de los logros de los gobiernos del bierno.

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Arena, lo dicho, se concentra en atacar a sus rivales, pero titubea cuando es emplazada a abundar en sus propuestas de gobierno, la mayoría de las cuales ya fueron implementadas por las dos administraciones del Frente. Otro ejemplo: Calleja vende el programa AgroAmigo como una idea arenera para los productores, cuando en realidad se trata de la entrega de paquetes agrícolas implementada con éxito por las dos administraciones del FMLN. La formación oligárquica, de esencia latifundista, se autoproclama ahora como amiga del campesino y el pequeño agricultor, cuando sus gobiernos desatendieron el agro, a los caficultores, a los productores y a los ganaderos. Claro, ahora Calleja ofrece mejorar el paquete de fertilizantes y semillas, pero se las comprará a la polémica trasnacional Monsanto, en lugar de

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adquirirlas en las cooperativas agrícolas y con el productor local. Otra “propuesta” arenera: rescatar al turismo y fomentar el desarrollo del sector en el litoral, otro intento de adjudicarse uno de los programas más exitosos del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Según estadísticas oficiales, durante los tres últimos años El Salvador ingresó 300 millones de dólares en concepto de turismo, gracias a estrategias de desarrollo local. como el Plan Pueblos Vivos, y a un programa concentrado en la franja costera. En resumen, nada nuevo hay bajo el picante sol salvadoreño y muchos lo tienen bien claro: Arena, aunque se vista de seda, Arena se queda, y conserva el poder económico, la mayoría de las alcaldías y el control del Parlamento.

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FUERZAS ARMADAS

FRACASA MODERNIZACIÓN 22

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El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se quedó en un listado de carencias y buenos deseos: las Fuerzas Armadas no pudieron cumplir con los lineamientos del documento y se hundieron más en su crisis, incluso, de identidad ZÓSIMO CAMACHO Y JOSÉ RÉYEZ QUINTA Y ÚLTIMA PARTE

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

as Fuerzas Armadas Mexicanas fracasaron en el intento de aplicar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento de carácter secreto al que Contralínea tuvo acceso. Luego de 2 sexenios de “guerra” contra el narcotráfico y de ampliaciones a su presupuesto, pocas glorias pueden contar las milicias de tierra, mar y aire. En cambio, el desgaste al que han sido sometidas ha causado estragos que no pudieron solventarse con la estrategia fechada el 30 de julio de 2013. Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, no se cumplió con uno solo de los propósitos básicos establecidos en el escrito firmado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz, respectivamente. No se alcanzaron los objetivos de integrar y homologar sistemas conjuntos de inteligencia y de logística militar; de comunicaciones de mando y control, y de crear un Estado Mayor de Opera-

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ciones entre las tres Fuerzas Armadas Permanentes, para “mantener el estado de derecho y apoyar a la población en casos de desastre y emergencia”. La coordinación entre el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea que establece el Plan Militar “no funcionó porque la Sedena y la Semar no comparten información de operativos ni del ámbito civil, lo cual demuestra que no sirvió el sistema de inteligencia militar y que se utilizó sólo para sus propias metas e intereses”, advierte Martín Barrón Cruz, experto en seguridad pública, seguridad nacional y Fuerzas Armadas. El doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señala: “Lo ideal sería que ambos

sistemas de inteligencia funcionaran, pero no es así. Quizás en áreas menos visibles y mediáticas estén funcionando, pero en el combate al crimen organizado, por ejemplo, no funciona”, subraya. “La realidad es que no trabajaron de manera conjunta la Sedena ni la Semar”. El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea “articular un Sistema de Inteligencia Militar Conjunto mediante el establecimiento de mecanismos que garanticen el flujo continuo y expedito de información para generar confianza mutua entre los órganos de inteligencia, que permita la determinación conjunta de las amenazas, riesgos y desafíos del país y elaborar una Agenda de Riesgos Miliares, nacionales e internacionales”. Una vez creado el sistema de inteligencia conjunto –señala el documento secreto–, las Fuerzas Armadas se proponen crear una Escuela de Inteligencia Conjunta a mediano plazo, para generar una doctrina homogénea entre ambas instituciones armadas; así como establecer organismos de inteligencia que atiendan aspectos relacionados con los campos del poder nacional (político, económico, social y militar). Barrón Cruz, investigador adscrito al Inacipe, indica que para que el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto funcione tiene que haber condiciones para ello. Por ejemplo, dice, el plan de Peña Nieto establece promulgar la Ley de Seguridad Interior; pero nadie, hasta el segundo semestre de 2017, se propuso impulsarla, y luego fue aprobada abruptamente por el Congreso de la Unión, para finalmente ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 15 de noviembre. En el capítulo sobre “Capacidad Estratégica Conjunta”, el Plan Militar plantea que las Fuerzas Armadas integrarán sus capacidades presentes y potenciales para constituir un solo esfuerzo en operaciones marítimas, terrestres y aéreas, mediante líneas de acción a corto, mediano y largo plazos, pero “sin intervenir en las atribuciones de los Estados Mayores de cada Fuerza Armada”.

HILDA RÍOS/CUARTOSCURO

El Plan indica que las Fuerzas Armadas integrarán sus capacidades para constituir un solo esfuerzo en operaciones de mar, tierra y aire

Fracasó la creación de un Estado Mayor de Operaciones para mantener el estado de derecho

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MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.

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Otro objetivo fallido en este sexenio fue el de generar un sistema de investigación y desarrollo en el ámbito de defensa para proyectos de armas, pertrechos, navegación, propulsión, sensores, construcción naval y aeronáutica

Resalta la creación de un Sistema de Inteligencia Conjunto, “capaz de apoyar operaciones militares para la seguridad interior y defensa exterior; [contar con] tecnología de punta que mejore la búsqueda de información, y una Escuela de Inteligencia Conjunta, que capacite al personal en aspectos propios, así como en asuntos de comunicación social, propaganda, contrapropaganda y asuntos civiles”. Además, un sistema de investigación y desarrollo en el ámbito de defensa para proyectos de armas, pertrechos, navegación, propulsión, sensores, construcción naval y aeronáutica; investigación científica en ciencia militar, oceanografía, hidrografía, meteorología, cartografía y geología, que genere productos especializados para el apoyo a las operaciones militares. También, integrar la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la conectividad confiable, segura y oportuna entre las unidades operativas y

tácticas, mediante la inversión en sistemas de radiocomunicaciones, satelitales, terrestres y sistemas criptográficos. Las aspiraciones de desarrollo del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto para cada Fuerza Armada son vastas. La Armada requiere, por ejemplo, desde consolidar la organización de las Regiones Navales para contar con una zona por estado costero, hasta “consolidar la preparación de las fuerzas navales para escalar su organización en caso de amenaza de intervención militar extranjera”. También, equipo y armamento orgánico y especial de unidades de Inteligencia Militar a nivel de brigada, de batallón y de compañías independientes; sistemas de vigilancia por radar y monitoreo de señales; equipos de inspección no intrusiva para los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar); equipamiento para cuarteles generales, instalaciones logísticas, hospitales y escuelas.

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El objetivo de comprar equipo y modernizar instalaciones para responder al narcotráfico fue parcial

Sin embargo, a más de 1 década de la “guerra” contra el narcotráfico, el Plan Militar propone “realizar estudios para la instalación de sistemas de vigilancia por radar y guerra electrónica en ambos litorales del país”. El documento secreto, aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sugiere adquirir dos aeronaves de ala rotativa, armamento para siete brigadas, 13 batallones, 14 compañías independientes y nueve compañías de seguridad a instalaciones navales de Inteligencia Militar, vehículos blindados de reconocimiento ligero para cinco agrupamientos de seguridad a instalaciones estratégicas, dos fragatas con capacidad antisuperficie, antiaérea y antisubmarina; 25 aeronaves de ala fija y 40 de ala rotativa. Las propuestas contenidas en el Plan militar se cumplieron parcialmente. Fracasó la creación de una escuela de inteligencia conjunta. La compra de equipo y modernización de instalaciones para responder al narcotráfico fue parcial. La generación de una industria naval-militar distó mucho de la reali26

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dad, asegura Martín Barrón, catedrático del Inacipe. “Peña Nieto concedió a las Fuerzas Armadas sólo una pequeña parte de lo que pidieron los militares en el Plan secreto; sin embargo, el mandatario continuó la campaña mediática a favor de las Fuerzas Armadas, iniciada por su antecesor Felipe Calderón, por su heroísmo, capacidad profesional y servicio a la patria.” Condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y citaciones al valor heroico, al mérito militar, el mérito especial, al mérito técnico, y sobre todo “al mérito en la campaña contra el narcotráfico”, perseverancia excepcional, distinción naval y por servicios distinguidos, halagos, premios, promociones, ascensos, aumentos de sueldos, ostentación de equipo en desfiles conmemorativos. Mientras, la sociedad quedó inerme frente a la delincuencia organizada en amplias regiones del país. “La constante y machacosa exaltación propagandística oficial de las Fuerzas Armadas no tuvo su correlato en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, cuyos grupos se multiplicaron en más de 300 que operan en el territorio nacional”, advierte el general y doctor en administración pública José Francisco Gallardo Rodríguez. Quien fuera preso político en cárceles militares entre 1993 y 2002, señala que en esta publicidad y propaganda a favor de las Fuerzas Armadas se incluyeron las acciones de apoyo a la población en casos de desastres. Gallardo Rodríguez dice que no debe perderse de vista que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al ámbito civil del Estado. No se requiere que los militares se involucren más en temas civiles. Por el contrario, de lo que se trata es de desmilitarizar a la sociedad y los espacios públicos usurpados históricamente por el cuerpo militar. “En una democracia, a los militares les está prohibido por ley participar en asuntos que son de exclusiva competencia de autoridades civiles: concebir y operar la política de defensa, deliberar en asuntos públicos, aplicar la ley, perseguir el delito, combatir al narcotráfico y al crimen organizado, entrometerse en la seguridad pública y los procesos electorales”, enfatiza. Al fracaso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada se suma la incertidumbre que les depara en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de convertir gran parte de

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ellas en una Guardia Nacional, sujeta a una nueva regulación de las operaciones armadas que realizan, contenidas en la nueva legislación que discute el Congreso de la Unión.

Pliego petitorio para la guerra El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto proponía al presidente Peña Nieto la necesidad de contar a corto plazo con una Fuerza Armada terrestre, con una Comandancia y tres Cuerpos del Ejército móviles, flexibles y con poder de fuego, que constituyan elementos fundamentales de maniobra para desarrollar la doctrina de defensa, así como unidades especializadas para confrontar una amenaza tradicional (es decir, intervención militar extranjera) y diluir amenazas, riesgos y desafíos. En el ramillete de propuestas, la milicia plantea además constituir una unidad de ciberseguridad y ciberdefensa y una unidad para emergencias químicas biológicas y radiológicas (QBR), y crear tres compañías de aviación del Ejército. Además, adquirir lanzacohetes, ametralladoras y misiles antiaéreos; sistemas de localización de blancos para artillería, y vehículos blindados de reconocimiento de mando y control. “Adquirir obuseros de artillería, cañones y sistemas de misiles antitanque, radares para artillería antiaérea, equipos de guerra electrónica”. En este punto, el documento resalta que debe legislarse para que estos materiales sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En materia de infraestructura, el Plan Militar sugiere construir cuarteles, laboratorios especializados, trenes de transporte, almacenes logísticos y hangares, parques de maquinaria y herramientas; centros de adiestramiento nacional y regionales. Destaca construir sedes alternas de gobierno y mando, con sistemas de comunicaciones y enlace material que permitan la dirección nacional de la defensa del país, “para contar en todo momento con capacidad de toma de decisiones para enfrentar una crisis”. Para la organización de la Fuerza Aérea, el documento requiere de tecnología de punta, recursos humanos técnicamente preparados, con una estructura que conforme la defensa del espacio aéreo con cinco componentes a nivel ala, en un esfuerzo inte-

GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO

Para la Fuerza Aérea se requiere tecnología de punta, recursos humanos técnicamente preparados, con una estructura que conforme la defensa del espacio aéreo con cinco componentes a nivel ala

gral con las fuerzas navales del Golfo y Pacífico y los tres cuerpos del Ejército desplegados en territorio nacional, que constituyan elementos de acción del poder del Estado y contribuyan en el mantenimiento del estado de derecho. Para cumplir con este objetivo, el documento señala que se requieren 85 aeronaves de ala rotativa para misiones de transporte de tropa y de carga, operaciones especiales, escolta, reconocimiento armado, enlace, apoyo por el fuego y en apoyo al Plan DN III; 72 aeronaves de ala fija para operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo, reconocimiento, adiestramiento y ambulancia aérea. A mediano plazo, instalar un Centro de Mando y Control que remplace al actual (denominado SIVA) y adquirir dos centros de mando adicionales; uno para Chihuahua y otro para Santa Lucía, Estado de México. Finalmente, en recursos humanos el Plan para defender la independencia y soberanía del espacio aéreo, requiere incrementar la admisión en planteles militares y reclutamiento en los organismos de la Fuerza Aérea, y contar con 19 mil 555 elemen-

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La creación de una escuela de inteligencia conjunta fracasó. En la imagen, integrantes de la Armada de México

tos para 2030, considerando un mínimo del 97 por ciento en personal y capacidad operativa de pilotos y especialistas, y servicios comunes. El documento concluye: “el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto como instrumento de planeación estratégica orienta los objetivos de defensa con una visión 2030 y propone el desarrollo armónico de las Fuerzas Armadas, acorde con el papel que México juega en la región, persigue el inconfundible propósito de defender la integridad, independencia y soberanía nacionales para el presente y futuro de los mexicanos”. Finalizado el diagnóstico, estampan sus firmas al calce, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda (matrícula 6416991) y por la Secretaría de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (matrícula S-6605839). El doctor Martín Barrón Cruz indica que la agenda militar secreta está vinculada con problemas 28

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de seguridad nacional de temas internos –como la delincuencia organizada– y externos –como la relación con Estados Unidos. Por ello, desde la visión militar, se piensa que un cártel pretende desestabilizar o derrocar al gobierno, lo cual es erróneo. “Lo que pretende el cártel es que los gobernantes lo dejen operar, que haya un gobierno consolidado que opere para sus intereses en función del dinero, no les preocupa la corrupción ni la ideología, ni quien gobierne, sino el dinero”, enfatiza. La visión militarista de cómo se enfoca el narcotráfico y la delincuencia organizada es como si estuvieran ante una narcoguerrilla y narcoterrorismo, “lo cual no es así, porque ambos fenómenos no son los objetivos de los traficantes de drogas, sino temas de contrainteligencia, la cual funciona si se cuenta con información de inteligencia”, acota el catedrático del Inacipe. Indica que la contrainteligencia es también combatir el lavado de dinero. Subraya la paradoja de

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que México cuente con todos los instrumentos legales u técnicos para ello, pero no hay casos concretos de combate. El programa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República está bien armado pero no funciona en la práctica, y si no se ataca la fuente del dinero persistirá el problema. Con respecto de la propuesta de modificar la legislación militar, señala que tal intención viene de administraciones pasadas, y ya hay jurisprudencia. “El problema son los desplantes de López Obrador contra las Fuerzas Armadas: cambiarlos de militares a guardia nacional, eliminar el Estado Mayor Presidencial… así no funciona”, critica el especialista. Explica que, de acuerdo con la Constitución, el Plan DN-III es para apoyar a la población en casos de desastres, la seguridad interna y el orden compete a la guardia nacional; la seguridad externa le toca al Ejército y la seguridad pública a la policía, “pero como no hay guardia nacional se le dio la tarea a las Fuerzas Armadas, “que no han dado resultados”, acota. De acuerdo con el maestro en seguridad nacional Jesús de Miguel Sebastián, coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor de la Armada de México, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de orden público y seguridad ciudadana debe ser considerada como una excepcionalidad, y en consecuencia regularla como tal. “Éstas tienen unos cometidos mucho más amplios relacionados con la defensa nacional y que requieren disponer de unas capacidades y una preparación específicas para ello”, apunta. Aclara que caer en el error de especializar a los ejércitos en un instrumento de seguridad pública no solamente es desnaturalizarlos, sino poner en grave riesgo la seguridad y defensa nacionales. “Si nos referimos al caso de México en el umbral de un nuevo cambio de administración, cabe añadir una nueva reflexión: reducir la lucha contra el fenómeno del crimen organizado al empleo de las

Fuerzas Armadas es una estrategia ineficaz, cuando no negativa”, alerta. Se debe construir a la mayor brevedad un sistema policial que les permita recuperar el espacio de la seguridad pública y de esta manera diferenciar claramente las agendas de las seguridad interior y la pública, considera Jesús de Miguel Sebastián, experto en seguridad y defensa. El también catedrático del Colegio de Defensa Nacional indica que la seguridad nacional desborda hoy el ámbito ofensivo-defensivo y va más allá de su dimensión militar; a la vez, que la seguridad interior se ve afectada por fenómenos y situaciones que superan el ámbito territorial nacional. “El hecho que la seguridad haya estado tradicionalmente asociada a los riesgos le confiere un carácter de incertidumbre por cuanto éstos tienen

TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO

Actualmente la seguridad nacional desborda el ámbito ofensivo-defensivo y va más allá de su dimensión militar

El Plan propone sistemas de vigilancia por radar y guerra electrónica en ambos litorales del país

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una naturaleza y un origen variable y por ende, resulta imposible garantizar la seguridad plena, lo que lleva a determinar el grado de inseguridad permisible y el nivel de vulnerabilidad que se puede aceptar”, señala. “Proteger el Estado ha dejado de ser el único objeto a preservar: la persona ha ido adquiriendo un valor central, por cuanto muchos de los fenómenos que afectan a la seguridad como la migración, el terrorismo, el crimen organizado, los efectos del cambio climático o incluso las nuevas guerras tienen a las personas como sus principales víctimas”, explica el académico. Indica que los riesgos ya no se diferencian de manera clara entre internos o externos, para establecer la diferencia entre la seguridad y la defensa. “Nos tenemos que fundamentar más bien en el gradiente entre probabilidad e impacto, que nos

permita definir el nivel de la amenaza sobre la seguridad y garantizar así la resiliencia”. Al considerar las respuestas y los medios, Jesús de Miguel, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM), precisa que éstos desbordan el tradicional ámbito militar y, en su caso, el policial que ha caracterizado a la seguridad. Se requiere por ello encontrar soluciones mucho más integrales que incluyan a los diferentes elementos del Estado y de la sociedad. Para Humberto González Arroyo, experto en temas de seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, la Policía Federal, la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “están activos a la espera de reorganizarse para enfrentar amenazas asimétricas a la seguridad nacional”. El académico espera que el nuevo gobierno de López Obrador “tenga claro el concepto de seguridad nacional y los servicios de inteligencia para que pueda mejorarlos, pues no se puede concebir un Estado sin ellos”. La perspectiva en el periodo de López Obrador es que, “con asesores y operadores adecuados, se pueda tener un buen aparato de inteligencia de Estado”, subraya. Añade que se tiene que transparentar la Agenda Nacional de Riesgos con reservas, para no vulnerar la seguridad nacional con el crimen organizado o agentes de otros países, pero aclara que hay muchas actividades donde tiene cabida la transparencia y tiene obligación el gobierno de publicarlas. González Arroyo destaca que si bien el equipo de López Obrador está en un periodo de adaptación, de prueba y error y de diseño de las nuevas instituciones, debe tener claro que la seguridad nacional nada tiene que ver con la seguridad pública, y que no se puede concebir un Estado sin servicios de inteligencia, para estar preparados ante riesgos y amenazas.

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La perspectiva con López Obrador es que, con operadores adecuados, se pueda tener un buen aparato de inteligencia de Estado

Para defender el espacio aéreo, México requiere incrementar elementos humanos en esa Fuerza

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“SEGURIDAD NACIONAL”

PRETEXTO PARA RESERVAR INFORMACIÓN 32

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Instancias de seguridad y defensa nacionales abusan del término “seguridad nacional” para ocultar información que debería ser pública. Trabajos periodísticos han demostrado que documentos como la Agenda Nacional de Riesgos no debieron ser reservados, señalan abogados ÉRIKA RAMÍREZ

ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

nformación relacionada con temas de “seguridad nacional” deben ser dilucidados en amplios debates, ya que el Estado mexicano se ha encargado de resguardar temas de interés público bajo este argumento, expresan abogados. El abogado Leonel Rivero Rodríguez, del centro de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, arguye que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala las excepciones y cuándo se considera confidencial cualquier información gubernamental, a lo que se denomina reserva de ley. No obstante, añade, “es a través de diversos juicios en tribunales que se ha logrado desclasificar información que no merecía tal reserva”. Ejemplifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando analizó el caso Radilla -que tenía que ver con acceso a la información de la averiguación previa-, estableció que en caso de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no aplica la reserva de ley; por lo tanto, las víctimas o las personas tienen derecho al acceso a la información.

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El caso Radilla está relacionado con la desaparición del líder social, Rosendo Radilla, el 25 de agosto de 1974, quien fue detenido ilegalmente en un retén militar. “Fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su

Uno de los temas que han pretendido enmarcar en el mismo ámbito de reserva de información es el de las enfermedades epidemiológicas pueblo y quien fungió como presidente municipal. Cuarenta y dos años después, su paradero sigue siendo desconocido”, indica una ficha elaborada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “La situación es que el órgano encargado de dirimir esas controversias, muchas veces resuelve los recursos que pareciera la danza de los cangrejos, y finalmente deja al Poder Judicial como última instancia para que pueda determinar si estamos ante una reserva de ley o el peticionario pueda acceder a la información”, dice Rivero Rodríguez. La Ley, publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación el 11 de junio de 2002 y puesta en vigor al día siguiente de su publicación es una de las herramientas que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. El Artículo 3 especifica que “El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”. En tanto que el Artículo 8 indica que “No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 34

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conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Referente a la reserva de información, indica en su Artículo 112: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: “I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o “II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. “Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.” Hay temas que tienen que ver con la seguridad nacional, dice el abogado Leonel Rivero, pero “hay un lado difuso, que Contralínea ha abordado, el tema tan abstracto de lo que debe entenderse por seguridad nacional. Hay situaciones en que los gobiernos clasifican como de seguridad nacional, cuando en los hechos no tiene tal carácter. Es una situación que hay que estar peleando ante tribunales, como última instancia”. Una de las informaciones que, ejemplifica, han pretendido enmarcar en el mismo ámbito de reserva de información es el de las enfermedades epidemiológicas, comenta. También ha resguardado bajo esa misma argumentación de la seguridad nacional los costos de obras públicas, gastos gubernamentales, que evidencian la falta de transparencia y la rendición de cuentas. “Hay un grave déficit en este sentido”, critica el abogado. Leonel Rivero expone que algunos documentos reservados por el Estado como la Agenda Nacional de Riesgos –“documento confidencial” bajo custodia del Cisen “que revela un escenario de desastre: riesgos emergentes e incapacidad gubernamental de enfrentarlos, y que reveló Contralínea– son de interés público: “Varias partes podrían ser objeto de resguardo, cuando se trata de instalaciones estratégicas, pero [hay] otras que definitivamente no pueden ser clasificadas, [y] tienen que ver con el tema de cómo se está combatiendo la inseguridad, el trabajo que están realizando las policías…”

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“Algunos documentos reservados por el Estado como la Agenda Nacional de Riesgos son de interés público. Varias partes podrían ser objeto de resguardo, pero [hay] otras que definitivamente no pueden ser clasificadas”

La Ley de Seguridad Nacional, dice el abogado, pudiera ser el marco para encausar a alguna persona que hiciera pública la información que el gobierno determine de seguridad nacional. “Esto tendría que ser dilucidado por un juez de control, a partir de que se le consignara a la persona si efectivamente o no a la conducta que le imputan puede ser constitutiva de un delito, pero al no quedar claramente definida sería una cuestión sumamente compleja”. El Código Penal, añade, establece castigos relativamente altos, “pero un tema de esa naturaleza no está bien dilucidado, puede estar sujeto de una interpretación, y un proceso penal de esa naturaleza puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez debe determinar si efectivamente los límites entre el acceso a la seguridad nacional y el acceso a la información, es una cuestión pendiente”.

Para Rivero Rodríguez, los medios de comunicación son los que han empujado a que se determinen esos límites, y han ido marcando un espacio de seguridad jurídica, importante que exista para quienes se dedican al trabajo de investigación. La Carta Magna mexicana indica: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

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En el ensayo “La libertad de expresión en la Constitución mexicana”, del doctor en Derecho Miguel Carbonell, se señala que la libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático; “en otras palabras, es condición necesaria (aunque no suficiente) para que se pueda considerar que en determinado país hay democracia. “La posibilidad de que todas las personas participen en discusiones públicas es uno de los bienes más preciados para una sociedad. Constituye el presupuesto para construcción de una racionalidad discursiva, que permita la generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de diversos grupos sociales, pero que también encause la expresión de los disensos, que en democracia son tan naturales (y necesarios) como los acuerdos”, expone el estudio relacionado

con el análisis de los derechos fundamentales en la Constitución mexicana. Issa Luna Pla, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta que en el caso de los medios de comunicación y los periodistas tienen en el derecho mexicano una cláusula de protección llamada secreto profesional del periodista. La coordinadora del Área en Derecho de la Información del IIJ de la UNAM agrega que cuando los periodistas revelan información que obtienen de manera confidencial, ellos tienen que tomar una decisión y de tomarla, cómo la van a revelar y de qué forma se puede revelar, de manera que si enfrentan denuncias o demandas en contra de esa información, el periodista tendrá que defenderse (Contralínea, 616).

LOS LÍMITES La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica en el Artículo 110, que se entiende como información reservada aquella que: “I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; “II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; “III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; “IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; “V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

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“VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; “VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; “VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; “IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; “X. Afecte los derechos del debido proceso; “XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; “XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y “XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales”.

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LA PAZ SOCIAL EN MÉXICO ¿ES POSIBLE?

El proceso de paz nunca será sencillo ni corto, pero los conflictos sociales tienen solución: nadie apuesta por la violencia generalizada. Por eso, en el caso mexicano se deben evitar las cinco constantes que han frenado otras experiencias internacionales: influencia externa, represión, violación masiva de derechos humanos, incumplimiento de compromisos y mantenimiento inercial de las políticas pacificadoras

DAVID MANRIQUE

JORGE RETANA YARTO, ECONOMISTA Y MAESTRO EN FINANZAS; ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA INTERNACIONAL E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL; MIEMBRO DE LA RED MÉXICO-CHINA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO/SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

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l éxito inicial o de los años inmediatos de las políticas de pacificación no conlleva mantener el proceso en los mismos términos: su administración requiere permanentemente nuevos medidas para mantener vigente, pujante la paz social. En las experiencias internacionales, considerar que la dinámica inercial es suficiente ante los primeros resultados ha sido un error grave. Con atributos y características distintas, esa reversión político-social se produjo en los conflictos del País Vasco, Irlanda del Norte, Colombia y Brasil. En los cuatro casos, el proceso pacificador iniciado quedó en un punto muy crítico, en donde la reversión parcial amenazaba con ser total: un fracaso de los objetivos que le animaron. Los procesos tardaron años en recuperarse de esta crisis del proceso pacificador, lo cual constituye otra constante en las experiencias analizadas. Se requiere un esfuerzo político mayor, más amplio e intenso para reposicionar el objetivo pacificador como viable en el contexto social nacional. A su vez, esto requiere una operación política ágil, eficaz y flexible, con gran conocimiento de las causas que le han hecho entrar en crisis, y con la habilidad y pericia política necesaria. De lo contrario, el proceso puede no levantarse de dónde se encuentra, y presagiar una nueva oleada de violencia agudizada en donde los actores pretendan recuperar las posiciones cedidas o perdidas. El reimpulso de estos procesos para que no desaparezcan de forma definitiva requiere imperativamente que el conjunto de los actores mantenga el mismo interés político, o mayor que al principio, en construir y lograr la paz. Para ello es fundamental que ningún actor haya actuado con deslealtad a los acuerdos preexisten-

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tes: pudieron existir errores, accidentes, malos entendidos o hasta eventos fortuitos, pero sería extremadamente problemático remontar descarrilamiento intencionado de la pacificación, por la enorme desconfianza que produce en los demás actores corresponsables. Todo lo anterior puede conllevar el otorgamiento de nuevas concesiones en la negociación, que refuercen la disposición de mantener y hacer avanzar el proceso, y darle nueva legitimidad ante la sociedad nacional y la comunidad internacional. Ello es indispensable si mantenemos vivo y gravitante uno de los principios teórico-filosóficos que animan este tipo de procesos: transformar un conflicto social en oportunidad para la construcción o recuperación de la paz.

Constantes y negociadores de la paz De las constantes presentes en los procesos pacificadores y de construcción de la paz, es necesario llegar a los atributos que deben tener los mediadores y/o negociadores de la paz. En entrevista con El País [1], Erik Solheim, noruego mediador en la pacificación de Sri Lanka y otros países, enumeró las que considera características fundamentales de este tipo de agentes políticos: “Un mediador debe poseer, primero, un radar político muy sofisticado y sensible, debe de tener un feeling por el ambiente político del país donde opera, pese a que uno nunca comprenderá totalmente los matices de la cultura de un país en el que no ha nacido [se refiere al caso de ser mediador internacional]; debe tener una tremenda dedicación, y paciencia, un espíritu de misionero, aunque esto signifique que su trabajo entre en conflicto con sus obligaciones familiares. Tercero,

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Existen cinco constantes en los procesos de paz en sociedades marcadas por la violencia armada. La primera: un poderoso factor externo de poder

se requiere una personalidad dispuesta a emprender riesgos: a diferencia del diplomático tradicional que rehuye de los riesgos. ¿Puede salir mal algo? Sí. Pero la pregunta debe de ser, ¿puede salir bien?” Continúa: “cuarto, un mediador de esta naturaleza debe poseer el don de la empatía, debe poder conectar realmente con su interlocutor, sea quien sea. A veces uno se encuentra reunido con un individuo que ha matado a muchísimas personas, pero hasta cierto punto hay que lograr una conexión no sólo intelectual sino emocional con esta gente. Y, quinto, es esencial hablar con franqueza, comunicar una sensación de integridad y de entereza, crear confianza en el interlocutor y no dar la impresión de que se está actuando a favor de un bando u otro”. Y agrega: “en muchos lugares, lo que las condiciones exigen es una mezcla entre el diálogo y el uso de la fuerza. Nosotros aportamos diálogo, pero ambos instrumentos son necesarios a veces para llegar a una solución política. Si una banda criminal secuestra a tu hijo no descar-

tarás el uso de la fuerza para salvarle, pero tampoco descartarás la negociación con los secuestradores”. Finalmente afirma: “Si Mandela no hubiera conducido el país por el camino de la reconciliación, si hubiera optado por la venganza todo hubiera sido diferente. Lamentablemente pocos líderes siguen el ejemplo de [Nelson] Mandela, y lo que buscan es la ventaja política inmediata”. Para el experto, “desafortunadamente en la mayoría de los conflictos los líderes políticos tienen como objetivo principal su propio bienestar, sea esto cuestión de extender su poder o de enriquecerse. Por eso un mediador siempre debe preguntarse: ¿qué ventajas sacan los políticos de determinado conflicto? Porque si el conflicto les permite prosperar, va a ser mucho más difícil llegar a un final negociado”. Nunca un proceso de pacificación y construcción de la paz será sencillo ni corto, pero un conflicto social se puede solucionar socialmente. ¿Por qué? Simplemente, porque para todos es mejor la paz que el conflicto armado, la paz que la violencia generalizada. Y esa razón tiene una inmensa fuerza, desconocida y, hasta hoy, minimizada. Despertémosla y que crezca. La paz es un derecho humano.

DAVID MANRIQUE

Constantes en procesos de paz

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Existen cinco constantes en los procesos para construir la paz y la reconciliación en sociedades nacionales marcadas por un tipo de violencia armada regional o nacional –sea por motivaciones ideológicas y políticas o por la acción de grupos criminales trasnacionales, agudizada por los cuerpos armados del Estado–, no obstante las grandes diferencias entre ellos. La primera constante es la presencia de un poderoso factor externo de poder, que en buena medida determina la dinámica interna del conflicto: en forma di-

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recta a través de fuerzas coercitivas (policiales, militares o patrocinando grupos armados de corte paramilitar), con una historia de poder colonizador, como en el caso de la Comunidad Autónoma de Euzkadi (País Vasco) con el actual Estado español, o en Irlanda del Norte, con la corona británica-Reino Unido. O bien, como en el caso de Colombia, dada la enorme influencia geopolítica y de las políticas de seguridad hemisférica de Estados Unidos en materia de drogas, e incluso de cooperación estrecha en materia policial, militar, tecnológica, financiera y de capacitación. En esto, la similitud con el caso de México (sin que haya aún un proceso de pacificación) es abrumadora. No hay un poder colonial, pero sí hegemonía regional y dominio ideológico-cultural en el tema. Y en el caso de Brasil también se observa la influencia por parte de Estados

Unidos con su geopolítica y su política de seguridad hemisférica –en cuanto a las organizaciones trasnacionales del crimen– que ha estado presente, formando también una constante. El factor de sesgo en el manejo del conflicto interno y la violencia con tales organizaciones lo aportó la entrada de un gobierno de izquierda (las dos administraciones presidenciales de Luiz Inacio Lula Da Silva), entre 2003 y 2011. Durante ese periodo surgió la heterodoxia en el manejo regional del conflicto y la violencia armada criminal en las “favelas” brasileñas (Sao Paulo y Río de Janeiro, zonas urbanas marginales). Y es que se optó por la experimentación de un proceso gradual de pacificación, vía el cambio del modelo policial en tales zonas (policía de cercanía), cuya pieza central son las Unidades Policiales de Pacificación.

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En suma, encontramos cuatro constantes y una variable (caso brasileño) en este punto álgido.

la resistencia de sectores radicalizados a pensar en la pacificación, incluso, son fuente de divisiones y escisiones.

Segunda constante

Tercera constante

En los cuatro casos podemos descubrir procesos represivos permanentes contra los retadores del Estado (patriotas-nacionalistas o izquierdistas insurrectos, o bien, criminales organizados con articulaciones transnacionales, que a pesar de ello poseen derechos humanos (sin que la naturaleza social del reto sea el mismo). Ello acompañado de episodios icónicos en cada caso, los cuales se vuelven nuevas banderas en la lucha entre los actores beligerantes, que refuerzan las convicciones de lucha, pero que deben convertirse en factores de refuerzo de la necesidad de entrar al proceso pacificador. Estos episodios represivos icónicos refuerzan siempre

Existe violación masiva de derechos humanos durante episodios de represión álgidos y reiterados, y el recurso desde el poder ante la presión social nacional e internacional por esos hechos, de acudir a “investigaciones judiciales amañadas” que pretenden validar una versión oficial. El “amañamiento” de las investigaciones judiciales conllevaba el encubrimiento de crímenes de Estado y la impunidad para los perpetradores, alrededor de cuyo conflicto se recrudecen las tensiones y acciones de violencia. En algunos casos, se repuso el procedimiento (como en el de la investigación del episodio llamado “Domingo Sangrien-

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to” en Irlanda del Norte, muchos años después); en otros no, como los crímenes cometidos por los GAL en España contra ETA, o los de “paramilitares” en Colombia contra familiares de líderes guerrilleros de las FARC.

Cuarta constante Esta constante la llamaríamos fragmentación de los esfuerzos negociadores y/o el incumplimiento de compromisos alcanzados. Y consiste en la realización de conversaciones, encuentros u otros, directos o mediante representantes poco auténticos, o bien, con intentos de manipular tales acciones mediante exclusiones de actores involucrados en la problemática. De igual manera, se produce el incumplimiento desde el poder del Estado de los acuerdos inicialmente logrados, lo cual sucede por varias razones: ausencia de un liderazgo suficiente, fragmentación de las posturas negociadoras, división entre actores centrales, o bien “negociaciones manipuladas” para concluir la violencia armada. Todo ello, debilita la negoción y el proceso mismo, y le resta credibilidad ante la sociedad expectante. Además, lo expone a los golpes de los enemigos encubiertos del proceso pacificador. A estos fracasos parciales, les siguen, invariablemente, nuevos episodios de recrudecimiento de la violencia afectando mayormente a población civil indefensa.

que la inercia es suficiente ante los primeros resultados, fue y es un error grave. Por ello se requiere de un esfuerzo político mayor, más amplio e intenso, para reposicionar el objetivo pacificador como viable en el contexto social nacional. A su vez, se necesita una operación política ágil, eficaz y flexible, con gran conocimiento de las causas que le han hecho entrar en crisis, y con la habilidad y pericia necesaria para reanimarlo. De lo contrario, el proceso puede no levantarse, y presagiar una nueva oleada de violencia agudizada en donde los actores pretendan recuperar las posiciones cedidas o perdidas, o incluso, ampliarlas. Y, la más importante lección para el caso mexicano: no hay que olvidar que la paz no es patrimonio de alguien, es un derecho humano.

Referencia:

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Entre las constantes que hacen fracasar los procesos de paz está la fragmentación de los esfuerzos negociadores y el incumplimiento de compromisos

[1] John Carlin, “El oficio secreto del pacificador”, El País, 13 de septiembre de 2009.

Quinta constante

DAVID MANRIQUE

La experiencia es evidente: el éxito inicial o de los años inmediatos no conlleva el mantener el proceso en los mismos términos, como se afirmó al inicio de este ensayo. Y es que su administración –para hacerlo llegar a un final exitoso– requiere permanentemente nuevas medidas que lo mantengan vigente. Por eso, considerar

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TREN MAYA:

¿CUARTA TRANSFORMACIÓN O CONTINUISMO ESTRUCTURAL? Construir el Tren Maya parece una decisión tomada. Lo que decidan los pueblos indígenas no importará. ¿Esto también es la “cuarta transformación”? No hubo un debate previo sobre el proyecto y sus implicaciones. La consulta a pueblos originarios debería implicar todo un proceso de diálogo intercultural que permita lograr acuerdos y consensos para ejercer el derecho a la libre autodeterminación

ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO

EZER R MAY MAY, ANTROPÓLOGO SOCIAL E HISTORIADOR/SERGIO PRIETO DÍAZ, POLITÓLOGO Y MIGRATÓLOGO

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SOCIAL

n los últimos días, entre los resquicios que dejan las noticias relacionadas con los éxodos de migrantes centroamericanos y su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, se repiten dos palabras que habrán de resonar con mayor fuerza y por más tiempo en nuestra región sur-sureste: Tren Maya. El presidente electo y su equipo de transición, tras el respaldo popular logrado para su proyecto alternativo al Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se desarrollaba en Texcoco, plantean la realización de una nueva consulta nacional. El proyecto estrella, de los tres de infraestructura a consultar (votar o someter a referendo), es el Tren Maya; en los términos utilizados en los escasos documentos oficiales al respecto, se le considera “el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible” del sexenio venidero (página oficial www.tren-maya.mx). La consulta nacional prevista para el 24 y 25 de noviembre, pretende dar legitimidad en tiempo record y con evidentes lagunas metodológicas y legales, a un megaproyecto que tiene altas posibilidades de impactos significativos en los territorios, pueblos y culturas que habitan en la región del sur-sureste mexicano, cuya configuración étnica es de las más complejas, diversas y representativas de México. Sin embargo, la premura con que se plantea vuelve a evidenciar carencias (¿inocentes o planificadas?) que incitan a reflexionar no sólo sobre el contexto coyuntural, sino también sobre las estructuras en que se asienta, y sus impactos sobre los múltiples procesos de migración transnacional, nacional e inter-municipal que nos atraviesan y caracterizan. Entendemos que un proyecto tan ambicioso y con tan profundas implicaciones, debería venir precedido de un amplio debate, que en la práctica, cuenta con poco tiempo, y

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hasta el momento con muy escasa información. El proyecto en sí, pese a la retórica con que se presenta, no parece desligarse con claridad de viejas lógicas y de procedimientos antagónicos a la idea de la “cuarta transformación” con la que el nuevo gabinete obtuvo el apoyo ciudadano mayoritario. La designación anticipada de rutas, paradas y presupuestos parece indicar que preexiste una especie de acuerdo tácito de que la obra se llevará a cabo, sin considerar la posibilidad de su modificación –en el peor de los casos, su rechazo– derivado de un proceso de diálogos interculturales previos, informados, libres y de buena fe. Presentamos algunas cuestiones y reflexiones preliminares, tanto en lo inmediato como en una visión más a largo plazo, que deberían abonar a un debate previo sobre el proyecto y sus implicaciones.

¿Viejas lógicas con nuevos ropajes? La presentación y construcción sistemática e histórica de la región sur-sureste como “subdesarrollada”, invisibiliza la existencia y pervivencia de distintas nociones de desarrollo que poco tienen que ver con la capitalista y neoextractivista. Esta lógica da continuidad a la constante construcción de los pueblos originarios como objetos de políticas, más que como sujetos de derechos, negando su voz o en el mejor de los casos invisibilizando sus alternativas. En un mensaje suscrito el 16 de septiembre de 2018, diversas organizaciones indígenas de la región han solicitado apoyo para confeccionar un “Plan Regional del Buen Vivir Maya”; no obstante, se ha dado mayor relevancia a las opiniones de los sectores turísticos de la región, para quienes “no es necesaria tanta consulta cuando hay seguridad en lo que se hace”

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Con el discurso de la ciudadanía amparada bajo la idea de nación se relega la subalternidad de los pueblos originarios y se les niegan sus derechos

(Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, La Jornada, 14 de noviembre de 2018). Los diálogos para la construcción del Tren Maya se han reducido, de nuevo, a las cúpulas gubernamentales (gobernadores estatales) y académicas (rectores, excluyendo a profesores-investigadores especialistas) de la región. En el ámbito de la voz ciudadana existe sólo un pequeño espacio para los pueblos originarios; se arguye que los indígenas no serán los únicos interpelados, sino “todos” y por eso la consulta debe ser ciudadana. Una lógica razonable, aunque la deuda histórica permanece. En un artículo reciente, escrito por el brillante politólogo Gibrán Ramírez Reyes intitulado “El país político y el país nacional” (El Sur de Acapulco, 14 de noviembre de 2018) realiza una distinción real. No obstante, con el discurso de la ciudadanía amparada bajo la idea de nación, se relega y minimiza la subalternidad histórica de los pueblos originarios, negándoles un espacio significativo en ambos países, el político y el nacional.

La colonialidad, entendida como la prevalencia de la razón de determinadas visiones (y por ende, la falta de legitimidad de sus alternativas), aún permea en el fondo de los discursos de los intelectuales de izquierda y mayormente en el de los comentócratas de derecha. En el debate público se prefiere hablar de derechos humanos de las minorías “modernas” y “posmodernas”, pero no de los derechos humanos de los indígenas, menos aún de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Tal vez, a los medios periodísticos e intelectuales les parezca una discusión trasnochada; lo cierto es que en la realidad vivida de millones de personas continúa la discriminación racial por origen o aspecto. En definitiva, no existen únicamente dos países, sino (al menos) tres. El problema de la subalternidad de los pueblos originarios podría materializarse al enfrentar las decisiones de unos y otros, en caso de discrepancia. ¿Se continuará hablando en el debate público de los derechos ciudadanos desvinculándolo de los pueblos originarios?

SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

¿Una Bestia no tan Bestia?

El presidente electo López Obrador, principal impulsor del megaproyecto

26 de noviembre de 2018

Los trenes en nuestro país son paradigmáticos en cuanto a los procesos migratorios históricos y contemporáneos que se originan y/o transitan por nuestro país. Basta recordar cómo en los últimos años han sido el medio de transporte por antonomasia de los movimientos migratorios tanto nacionales como regionales hacia el norte: la infame Bestia, que ha transportado a nuestros braceros y a las poblaciones indocumentadas de los países vecinos del sur. Recordemos el rol de los trenes como espacios de atracción de migrantes que se dedicaron a su construcción, y de expulsión de las comunidades donde residían, viéndose alterados sus territorios y sus dinámicas de movilidad y sustento tradicional.

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CUARTOSCURO

SOCIAL

Proyecto del Tren Maya, cobijado por

Sin necesidad de remontarnos a los históricos procesos de movilidad forzada originados tras la herida del descubrimiento de América (o el encubrimiento, en el término acuñado por Enrique Dussel, de quienes ya la habitaban), desde la década de 1950 hasta la actualidad es fácilmente documentable el continuo desangramiento poblacional de la región sur-sureste que ha provocado que miles de personas pertenecientes a los pueblos nahua, huasteco, otomí, popoluca, mixteco y mazahua hayan sido expulsados por la falta de oportunidades en sus territorios de origen y atraídos por las que ofrecían las explotaciones agrícolas o por las maquiladoras exportadoras del Bajío o el Norte del país. Estas migraciones, lejos de redundar en una mejora de sus condiciones de vida, orillan hacia condiciones de (aún más) ex-

trema vulnerabilidad, en espacios periurbanos más precarios, socavando tanto sus derechos humanos como los económicos, sociales y culturales. El caso del desarrollo turístico de Quintana Roo ha demostrado la constitución de “ciudades gemelas” en los espacios urbanos, una más cuidada y otra abandonada, como consecuencia de las migraciones interestatales y municipales. El proyecto del Tren Maya destaca, entre sus previsibles resultados, el hecho de que las comunidades del sur-sureste encontrarán beneficios y alternativas para no migrar de sus territorios, pero nuevamente esta previsión no ha sido debidamente debatida con las comunidades residentes, menos aún en el previsto de que, al mismo tiempo, funcionará como medio de contención de los crecientes flujos de migración centroamericana en tránsito.

gobernadores

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MARTÍN ZETINA/CUARTOSCURO

ANÁLISIS SOCIAL

La consulta a pueblos originarios implica un proceso de diálogo intercultural, intercambio de información, reflexión y deliberación

El proyecto tiene, por tanto, alcances profundos que no han sido considerados en cuanto a su repercusión en los movimientos migratorios actuales y futuros, y en ese sentido se vuelve también un ámbito de interés crítico para la consideración y análisis tanto de los éxodos migratorios actuales, como de sus repercusiones futuras. ¿Qué desplazamientos migratorios se esperan para un proyecto que contempla únicamente 15 estaciones en medio de miles de comunidades y poblaciones? ¿Los nuevos espacios urbanos tendrán sus propias “ciudades gemelas”?

¿Por qué dos consultas? Las figuras de la consulta ciudadana y la consulta a pueblos originarios son absolutamente distintas; hasta ahora, el debate

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público se ha centrado en la primera, simplificando los medios de fortalecimiento de la democracia participativa. La consulta ciudadana se restringe al modelo tradicional, el electoral, el cual trae consigo las limitantes conocidas. La segunda implica todo un proceso de diálogo intercultural, intercambio de información experta desde los académicos y de conocimiento experto local desde la misma población; reflexión y deliberación en la parte consultante y consultada; así como la característica central de esta figura de consulta: el establecimiento de acuerdos y consensos para ejercer el derecho a la libre autodeterminación. La ausencia de la consulta a pueblos originarios (conocida como la consulta indígena) en el marco del proyecto del Tren Maya representaría la vulneración de los derechos consagrados, entre otros, en el

SOCIAL

¿Qué queda? En este momento, más que certezas sobre el Tren Maya nos asaltan infinidad de dudas al respecto. No somos nosotros quienes debamos estar a favor o en contra del proyecto. Como académicos, y ante todo como personas comprometidas con el respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, pedimos que la consulta se apegue estrictamente a los marcos normativos nacionales e internacionales actualmente vigentes. Por otro lado, las tintas caldeadas de derecha e izquierda en la prensa, nos insta a aclarar por prudencia y honestidad que la sospecha al proyecto del Tren Maya no significa estar a favor de las voces pasionales detractoras del gobierno electo o de la idea de que el futuro hubiera sido mejor si algunos de los otros excandidatos hubiera alcanzado la silla presidencial. Indudable-

mente, les sobraba mundo y les faltaba México; ahora, los discursos que proclaman la preeminencia de una consulta ciudadana y lo tangencial de la consulta a pueblos originarios nos dice que nos sobra mucho México y nos falta el “México Profundo” –por usar el término del eminente antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla. Buscamos ser una voz en el desierto que rompa el muro de silencio del país nacional para reconocer la deuda histórica del país colonizado, de esa civilización negada; si bien, el muro del país político parece derrumbarse, no alcemos más alto el muro nacional para negar al otro país invisibilizado. Particularmente, solicitamos que ante este proyecto, como caso emblemático de los megaproyectos que impactan e impactarán en las personas, pueblos y culturas de México, sea el paradigma del giro que todas y todos esperamos de este nuevo gobierno. Éste es, quizás, el momento histórico que se nos ha negado sistemáticamente para construir un país y una sociedad distinta. Ojalá podamos evitar caer de nuevo en los viejos errores del pasado.

El proyecto del Tren Maya busca solucionar el desafío social con una consulta ciudadana, omitiendo el carácter previo de la consulta indígena

MARTÍN ZETINA/CUARTOSCURO

Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con respecto a la obligatoriedad del respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios sobre los proyectos de desarrollo que impacten a sus territorios ancestrales. Gran parte de los señalamientos realizados arriba son cuestiones que una consulta a pueblos originarios debería desenredar. Ciertamente, el proyecto del Tren Maya contempla solucionar el desafío social mediante “un proceso de consulta libre e informado” (www.tren-maya.mx), omitiendo el carácter previo de la consulta indígena. En otro texto publicado en esta misma plataforma (“Tren Maya ¿qué país queremos?”, Contralínea, 31 de agosto de 2018) se destacó la importancia de esta característica. La nueva fecha anunciada de licitaciones, 16 de diciembre, aun deja dudas sobre el acatamiento del carácter previo.

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Este proyecto, que impactará pueblos originarios, debe ser paradigma de buenas prácticas, no de imposición

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¿QUÉ NOS DICEN LAS “MIDTERM”

SOBRE EL CONFLICTO INTERNO ESTADUNIDENSE? Los grandes medios de difusión interpretan los resultados de las elecciones “midterm” en función de la oposición entre republicanos y demócratas. Prosiguiendo su análisis sobre la evolución profunda del tejido social estadunidense, Meyssan ve en esa consulta un claro retroceso de los puritanos ante luteranos y católicos. El realineamiento político impulsado por Trump está teniendo éxito, como en su tiempo lo tuvo el de Nixon

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THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE

26 de noviembre de 2018

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amasco, Siria. Durante las pasadas elecciones en Estados Unidos conocidas como “midterm” [1], los electores debían renovar la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes federal y la tercera parte de los miembros del Senado federal. Además, en los diferentes estados se eligieron 36 gobernadores así como numerosos funcionarios y respondieron a 55 referéndums. Se considera que para las “midterm” los electores se movilizan mucho menos que para la elección presidencial. Los politólogos estadunidenses no prestan atención al índice de participación en las “midterm” ya que, al componerse éstas de varias consultas simultáneas, es posible que los electores participen sólo en algunas y no en todas. Desde el fin de la Guerra Fría, el índice de participación en la elección presidencial estadunidense se sitúa entre 51 y 61 por ciento –exceptuando el voto que dio su segundo mandato presidencial a Bill Clinton, al que acudió sólo una minoría de electores. Pero el índice de participación de los electores en las “midterm” se sitúa entre 36 y 41 por ciento (exceptuando precisamente las de 2018, en las que parece haber participado un 49 por ciento). O sea, aunque las reglas del juego son democráticas, la práctica no lo es. Si existiese un índice mínimo de participación por debajo del cual no fuese posible validar el resultado de las elecciones “midterm”, muy pocos miembros del Congreso resultarían electos. En definitiva, los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado estadunidenses se eligen con los votos de menos de un 20 por ciento de la población. Los que analizan los resultados de estas elecciones para hacer pronósticos sobre las carreras de los candidatos, se concentran en las diferencias entre los partidos. Esta vez habrá una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y una mayoría republicana en el Senado. Saber esto permite prever

el margen de maniobra del presidente en relación con el Congreso. Pero –en mi opinión– no permite entender la evolución de la sociedad estadunidense. Durante la campaña con vista a la elección presidencial de 2016, un exdemócrata –Donald Trump– se presentó para obtener su nominación en el Partido Republicano. Trump representaba una corriente política ausente del panorama estadunidense desde la dimisión de Richard Nixon: los jacksonianos. Aunque no parecía tener ninguna posibilidad de obtener la investidura de parte de los republicanos, el político fue eliminando uno a uno a sus 17 competidores, logró la nominación republicana y ganó la elección derrotando a la candidata que los sondeos daban como ganadora: Hillary Clinton. Los jacksonianos (seguidores de las ideas de Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos de 1829 a 1837) son defensores de la democracia popular y de las libertades individuales, tanto ante el poder político como frente al poder económico. Pero la ideología dominante, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, era la de los puritanos, partidarios del orden moral y del imperialismo. Durante la campaña presidencial de 2016, señalé desde la Red Voltaire que el ascenso de Donald Trump significaba el resurgimiento de un conflicto fundamental entre los sucesores de los “Padres Peregrinos” (los puritanos que fundaron las colonias británicas en las Américas) y los descendientes de los inmigrantes que lucharon por la independencia del país [2]. El primer componente histórico de Estados Unidos (los puritanos) pretendía crear en las colonias un modo de vida “puro” (en el sentido calvinista de la palabra) y continuar la política exterior de Inglaterra. El segundo componente (los anglicanos, luteranos y católicos) llegó a América huyendo de la miseria que sufría en Europa, miseria de la que esperaba salir con su trabajo.

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Una tercera parte de los estadunidenses se ha polarizado en violentamente pro o antiTrump; el resto se mantiene a distancia de ese enfrentamiento

26 de noviembre de 2018

Ambos grupos llegaron a un consenso alrededor de la Constitución. Los grandes terratenientes que redactaron la ley fundamental explicaron a profundidad que quisieron reproducir el sistema político de la monarquía inglesa pero sin crear una aristocracia [3]. El segundo grupo fue el que agregó a la Constitución estadunidense la Bill of Rights (es decir, la Carta de Derechos, que contiene las 10 primeras enmiendas a la Constitución) porque quería perseguir su sueño americano sin exponerse a verse aplastado por algún tipo de “razón de Estado”. Durante los últimos años, tanto el Partido Demócrata como el Republicano se habían convertido en portavoces del pensamiento puritano y defensores de la moral y del imperialismo. Los miembros del clan Bush son descendientes directos de los “Padres Peregrinos”. Barack Obama formó su primer equipo de gobierno apoyándose masivamente en los miembros de la Pilgrim’s Society (el club transatlántico que tiene como presidente a la reina de Inglaterra, Isabel II). Hillary Clinton contó con el respaldo del 73 por ciento de los “judeocristianos” [4], etcétera. Donald Trump, por el contrario, representaba –él solo– al otro componente de la historia política estadunidense y logró en pocos meses hacerse del control del Partido Republicano y atraerlo, al menos aparentemente, hacia sus propias convicciones. En la situación actual, alrededor de una tercera parte de los estadunidenses se ha polarizado convirtiéndose en violentamente pro o anti-Trump, mientras que las otras dos terceras partes de la población –mucho más moderadas– se mantienen a distancia de ese enfrentamiento. Numerosos observadores consideran que Estados Unidos está actualmente tan dividido como lo estuvo en la década de 1850, justo antes de la guerra civil, llamada Guerra de Secesión. A pesar de lo que afirma el mito, aquel conflicto no fue una guerra entre un Sur esclavista y un Norte abolicionista –en rea-

lidad, ambos bandos practicaban el esclavismo. La verdadera causa de la Guerra de Secesión fue la política económica. Fue una guerra entre un Sur agrícola y católico y un Norte industrial y protestante. Durante aquel conflicto, los dos bandos trataron de enrolar esclavos en sus ejércitos. El Norte fue capaz de tomar rápidamente la decisión de liberarlos, mientras que el Sur optó por sellar primero su alianza con Londres. Varios historiadores han mostrado que, desde un punto de vista cultural, ese conflicto fue una prolongación estadunidense de la guerra civil inglesa de las décadas de 1640 y 1650, entre los seguidores de Oliver Cromwell y los del rey Carlos I. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en Inglaterra, donde los puritanos acabaron perdiendo, en Estados Unidos los descendientes de aquellos puritanos ganaron la Guerra de Secesión. Ese conflicto estuvo a punto de resurgir en tiempos del presidente Richard Nixon y hoy reaparece nuevamente. No es casualidad que el mejor libro sobre la historia de esta cuestión [5] sea el de Kevin Phillips, el estratega electoral que ayudó a Nixon a apoderarse de la Casa Blanca. Nixon rehabilitó a los electores del Sur de Estados Unidos, reconoció la República Popular China y puso fin a la guerra de Vietnam, iniciada por los demócratas. Pero entró en conflicto con el establishment de Washington, que acabó obligándolo a dimitir con el escándalo del Watergate. Por supuesto, siempre es posible interpretar los resultados de las “midterm” de 2018 en función de la oposición entre republicanos y demócratas, y concluir así que estamos ante un modesto avance del Partido Demócrata. Pero debemos interpretarlos sobre todo en función de la oposición histórica entre luteranos y calvinistas. En este caso, hay que observar no sólo que el presidente Trump tuvo una intensa participación en la campaña sino que su predecesor, Barack Obama, hizo lo mismo. Se

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trataba de respaldar el realineamiento cultural iniciado por Donald Trump o de obtener la mayoría en el Congreso para destituirlo con cualquier pretexto. El resultado es muy evidente: el impeachment se ha hecho imposible y Donald Trump dispone del apoyo de la mayoría de los gobernadores, lo cual hace posible su reelección. Los nuevos parlamentarios demócratas son jóvenes, partidarios de Bernie Sanders y muy hostiles al establishment del Partido Demócrata, comenzando por Hillary Clinton. Es importante no perder vista que absolutamente todos los candidatos republicanos que contaron la presencia del presidente Trump en los lugares donde se sometían al voto resultaron electos. Los que rechazaron la ayuda de Trump fueron derrotados. Los perdedores de estas elecciones –en primer lugar la prensa y Barack Obama– no fracasaron por ser republicanos o demócratas, sino por puritanos. Al contrario de lo que afirman los medios de difusión dominantes, lo que queda demostrado es que Estados Unidos ya no está desgarrándose sino reformándose. Si ese proceso continúa, los medios de difusión tendrían que renunciar a su retórica sobre el orden moral y el país debería volver de forma duradera a una forma de hegemonía que no sería necesariamente imperialista. A largo plazo, Estados Unidos puede recuperar su consenso constitucional.

[1] Las llamadas “midterm” estadunidenses son elecciones legislativas que se realizan a mediados del mandato presidencial (nota de la Red Voltaire). [2] “Estados Unidos, ¿se reforma o se desgarra?”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 26 de octubre de 2016. [3] “How democratic is the American Constitution?”, Robert A Dahl, Yale University Press, 2002.

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Referencias: Trump cuanta con el apoyo de la

[4] Cuando hablo de “judeocristianos” me refiero a las personas que basan su vida simultáneamente en las escrituras judías (Antiguo Testamento) y en las escrituras cristianas (Nuevo Testamento) sin ver contradicción entre ellas. [5] The cousins’ wars, Kevin Phillips, Basic Books, 1999.

mayoría de los gobernadores, lo cual hace posible su reelección

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TRUMP BENEFICIA A RUSIA CON SALIDA DE ESTADOS UNIDOS DEL TRATADO INF Al anuncio ruso sobre el misil nuclear hipersónico Avanguard, el presidente Trump reaccionó notificando la salida de Estados Unidos del Tratado INF. Ante la imposibilidad de recuperar rápidamente el retraso de esa nación en el desarrollo de misiles hipersónicos, el republicano pretende reconstruir el arsenal estadunidense de misiles nucleares de alcance intermedio. Su país ya no fabrica motores para ese tipo de misiles –incluso utiliza motores rusos para los cohetes Atlas V, sector donde Moscú también tiene ventaja sobre Washington

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VALENTIN VASCILESCU/RED VOLTAIRE

26 de noviembre de 2018

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n aplicación del Tratado INF (Intermediate-Range Nuclear Forces), firmado en 1987, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –luego Rusia– y Estados Unidos destruyeron todos los misiles nucleares terrestres de alcance corto, medio e intermedio (entre 500 y 5 mil 500 kilómetros). Los misiles de alcance superior a los 5 mil 500 kilómetros son considerados misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por su sigla en inglés) y no entran en ese acuerdo. Debido a la firma del Tratado INF, Estados Unidos retiró sus misiles nucleares de Europa. Los principales beneficiarios de ese tratado fueron los países europeos y Rusia. Ahora, la salida unilateral de Estados Unidos del Tratado INF, anunciada por Donald Trump, no modifica la situación para el propis Estados Unidos ya que la distancia entre el territorio continental estadunidense y la Rusia europea es superior a los 5 mil 500 kilómetros. El presidente Trump creyó que podía engañar a Vladimir Putin al menos con los sistemas de lanzamiento VLS MK-41 [1] de los escudos antimisiles estadunidenses instalados en Rumania y Polonia. Derivados de los sistemas existentes a bordo de los cruceros lanzamisiles estadunidenses AEGIS de la clase Ticonderoga, esos sistemas son capaces de lanzar misiles crucero Tomahawk equipados con ojivas nucleares miniaturizadas W80, de 5 a 50 kilotones. Pero la velocidad de los misiles crucero estadunidenses es 20 veces inferior a la de los misiles balísticos rusos, además de que su lanzamiento puede ser detectado por los satélites rusos de observación, capaces de captar la energía térmica que desprenden los misiles en el momento mismo del lanzamiento. Es por eso que el Pentágono está en ebullición: sabe que su debilidad ha salido a la luz y que necesita urgentemente nuevos tipos de misiles balísticos para instalarlos en Europa, cerca de las fronteras de Rusia. El problema es que el presidente Donald Trump no tuvo en cuenta que Estados Uni-

dos ya no tiene los motores de cohetes que necesita para construir esos vectores. En la época en que la NASA recibía fondos importantes, las fuerzas armadas estadunidenses disponían de los motores más poderosos. Pero en los últimos 15 años, la NASA se convirtió en una organización que no es ni la sombra de la entidad que envió los primeros hombres a la Luna. Sin querer, al sacar a Estados Unidos del Tratado INF, Trump le hace un favor a Putin. Para Rusia, se trata incluso de una enorme victoria. Debido a la disminución del presupuesto de la NASA, gran parte de los especialistas de las secciones dependientes de los departamentos especiales de las trasnacionales Lockheed Martin y Boeing se asociaron entre sí en una compañía llamada United Launch Alliance (ULA). Esta empresa compra motores para cohetes, ensambla componentes de cohetes y crea –al mismo tiempo– nuevos vehículos espaciales, asegurando su lanzamiento para el uso del Pentágono y de la NASA. ULA ensambla así el más poderoso de los cohetes estadunidenses actualmente en servicio, el Atlas V, que al mismo tiempo es el único capaz de poner en órbita el transbordador espacial militar automático estadunidense X-37B, y los satélites militares emplazados en órbitas geoestacionarias. El cohete Atlas V utiliza un sistema de lanzamiento de superpropulsores con motores rusos RD-180. La primera etapa de este cohete estadunidense también lleva un motor ruso RD-180. La única cápsula estadunidense que ha demostrado ser capaz de alcanzar la Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés) ha sido la SpaceX Dragon. Fue lanzada con el cohete ligero de dos etapas Falcon 9. La primera etapa se compone de nueve motores Merlin 1C, que proporcionan cada uno un empuje de 56 mil 696 kgf. Y su segunda etapa cuenta con un solo motor Merlin. El cohete ligero estadunidense Falcon 9 no es otra cosa que un reciclaje de reliquias

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La explosión de un cohete estadunidense Antares, 6 segundos después de despegar, fue consecuencia de un defecto del motor AJ-26

de la Guerra Fría. El motor Merlin 1C es una variante del célebre motor RS-27, fabricado por la firma Rocketdyne –desde 1974– para los antiguos cohetes Delta 2000, de McDonnell Douglas, desechados por la NASA. Es posible utilizar varios motores Merlin 1C para construir nuevos misiles nucleares a partir de misiles de alcance medio y corto. Taurus I y Minotaur I son los nuevos cohetes líderes estadunidenses de tres o cuatro etapas que la Orbital Sciences Corp proporciona a la NASA. Esos cohetes pueden poner en órbita un artefacto cósmico de entre 580 y 1 mil 500 kilogramos, utilizando las etapas SR19 y M55A1 provenientes de los misiles balísticos intercontinentales estadunidenses LGM-118A MX-Peacekeeper y LGM-30F Minuteman II, que funcionan con combustible sólido. El Minotaur I se compone de la primera y la segunda etapas del cohete balístico intercontinental Minuteman II, que proporcionan ambas 120 mil 000 kgf de empuje. De 2010 a 2013, Orbital Sciences Corp reemplazó las dos primeras etapas del Minotaur I con el motor NK-33 (140 mil kfg de

MISIL BALÍSTICO Un misil balístico portador de una ojiva nuclear de entre 650 y 1 mil kilogramos (potencia de 1 a 8 kilotones) y capaz de alcanzar un objetivo situado a entre 1 mil 500 y 2 mil 500 kilómetros del punto de lanzamiento tiene las siguientes características: –Peso: entre 18 y 24 toneladas –Largo: de 15 a 20 metros –Diámetro: de 1.5 a 1.8 metros –Es un misil de una o dos etapas –Velocidad: 4.5 km/s –Altitud: de 600 a 900 kilómetros –Sus motores deben garantizar al menos entre 75 mil y 100 mil kgf de empuje. La propulsión de los misiles GBMD, SM-3 (variantes 1b y 2) y THAAD –utilizados en los escudos antimisiles estadunidenses– es demasiado reducida, lo cual quiere decir que esos misiles son inútiles.

26 de noviembre de 2018

empuje), provenientes de la empresa rusa Energomas y superiores a los motores que podía encontrar en Estados Unidos. Pero, a causa de las sanciones que el gobierno estadunidense impulsó contra el ruso, a principios de 2014 se interrumpió la transferencia de tecnología rusa proveniente de Energomas. La compañía [estadunidense] Aerojet, en colaboración con la oficina de diseños de Yuzhnoye, en Dnipropetrovsk (Ucrania), comenzó a producir unos motores llamados AJ-26-58/62, que en realidad son malas copias del motor NK-33 de Energomas. Esos motores utilizan un esquema diferente de turbobomba de alta presión, que se necesita para la alimentación continua en carburante y comburente [2]. Consecuencia de un defecto de concepción del motor AJ-26, es la explosión –6 segundos después de su lanzamiento– de un cohete estadunidense Antares, utilizado como vector del carguero espacial estadunidense Cygnus, que debía garantizar el aprovisionamiento constante de la Estación Espacial Internacional. Un cohete similar, equipado con la etapa estadunidense SR19 –utilizada en los cohetes estadunidenses Taurus I y Minotaur I–, se compone de un sistema fijo GBMD (Ground-Based Midcourse Defense) ensamblado por Orbital Sciences Corp. El GBMD (35 mil kgf) pertenece a la agencia de defensa antibalística del Pentágono, que opera en las bases Fort Greely (Alaska) y Vandenberg (en California). Esto demuestra que la excesiva focalización de los estadunidenses en la creación del escudo antimisiles lleva a que las reducciones de presupuesto tengan un impacto en el financiamiento de la concepción de nuevos motores de cohetes de alto poder, obligando a la NASA a utilizar cohetes pesados. Veamos ahora cuál es la situación de Rusia en materia de motores de cohetes con posibilidades de ser utilizados en la producción

de misiles nucleares de alcance medio e intermedio. La familia de cohetes rusos Angara incluye el cohete ligero Angara 1.1 (capaz de poner en órbita baja satélites de 2 toneladas) y el cohete mediano Angara A3 (capaz de poner en órbita baja hasta 14.6 toneladas). También incluye el cohete superpesado Angara A7 (cuyos motores RD-191 han sido reemplazados por los RD-193, más poderosos, que permiten poner en órbita baja artefactos de 35 toneladas). Y el cohete más poderoso de esta familia es el Angara-100, que puede poner en órbita baja hasta 100 toneladas. La primera etapa del cohete Angara-A5 desarrolla un empuje de hasta 1 millón kgf y se compone de cuatro propulsores equipados con motores RD-191, montados alrededor de un segmento central que a su vez incluye otro motor RD-191. Además, el motor RD191 ofrece la posibilidad de modificar en pleno vuelo el empuje máximo en 200 mil kgf (de 100 a 30 por ciento). La conclusión de todo lo aquí expuesto es que a Rusia le bastaría con utilizar un solo motor RD-191 de su cohete Angara para fabricar y poner en disposición operativa –en un plazo de 6 a 8 meses– un nuevo misil balístico nuclear con un alcance de hasta 5 mil kilómetros, lo cual es catastrófico para Estados Unidos. Pero la situación de Rumania y Polonia es mucho peor, ya que los “escudos antimisiles” estadunidenses están instalados en los territorios de esos dos países europeos. Hasta ahora, el tiempo disponible para remediar un eventual lanzamiento accidental de un misil balístico intercontinental fluctuaba entre 20 y 25 minutos (tiempo que necesitaba un ICBM ruso para completar su trayectoria hacia el territorio estadunidense). Hoy ese lapso se reduce a 4 minutos (entre Rusia y Polonia o entre Rusia y Rumania hay sólo 1 millar de kilómetros). Y tanto Rumania como Polonia han pasado a ser objetivos de las ojivas nucleares de 8 megatones de los misiles balísticos rusos –misiles balísticos que

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los “escudos antimisiles” estadunidenses serán incapaces de neutralizar y cuyo poder de destrucción es enorme para la población y la infraestructura de ambos países.

Referencias: [1] Las siglas VLS significan Vertical Launching System, es decir, “Sistema de Lanzamiento Vertical” (nota de la Red Voltaire). [2] Un “comburente” es una sustancia química que favorece o permite la combustión de determinados combustibles (nota de la Red Voltaire).

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LA DERROTA DE LA DEMOCRACIA EN BRASIL A pesar de los avances sociales promovidos por los gobiernos petistas –como librar de la miseria a 36 millones de brasileños–, el Partido del Trabajo se desgastó políticamente porque fue incapaz de reconocer la importancia de las Comunidades Eclesiales de Base, el segmento de la policía militar y la propia élite brasileña

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FREI BETTO, ESCRITOR Y ASESOR DE MOVIMIENTOS SOCIALES/PRENSA LATINA

26 de noviembre de 2018

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n 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania mediante el voto democrático. En 2018 -85 años después de la victoria electoral del líder nazi- el excapitán del ejército Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil con 57.5 millones de votos de los 147 millones de electores. Su adversario, el profesor Fernando Haddad, exministro de Educación de los gobiernos del Partido de los Trabajadores y exalcalde de Sao Paulo, mereció 47 millones de votos. Hubo 31.3 millones de abstenciones, 8.6 millones de votos nulos y 2.4 millones de votos en blanco. Por tanto, 89.3 millones de brasileños no votaron por Bolsonaro. Muchos se preguntan cómo fue posible que, después de la Constitución Ciudadana de 1988 y los gobiernos democráticos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, los brasileños eligieran presidente a un diputado federal oscuro y manifiestamente favorable a la tortura y a la eliminación sumaria de prisioneros, un defensor intransigente de la dictadura militar que subyugó al país a lo largo de 21 años (1964-1985). Nada es casual. Se suman múltiples factores que explican el meteórico ascenso de Bolsonaro. No tengo la pretensión de abarcarlos todos. Me limitaré a expresar mi punto de vista. La democracia brasileña siempre ha sido frágil. Desde la llegada de los portugueses a nuestras tierras, en 1500, han predominado los gobiernos autocráticos. Fuimos gobernados como colonia por la monarquía lusitana hasta noviembre de 1889, cuando se proclamó la República. Y hasta el año anterior se mantuvo en Brasil el régimen esclavista más prolongado de las tres Américas. Duró 350 años. Los dos primeros periodos de nuestra República fueron dirigidos por militares. El mariscal Deodoro da Fonseca gobernó de 1889 a 1891 y el general Floriano Peixoto de 1891 a 1894. En la década de 1920, el presidente Artur Bernardes gobernó durante cuatro años (1922-1926) mediante el

recurso semi-dictatorial del estado de sitio. Vargas, electo presidente en 1930, se convirtió en dictador siete años después, hasta ser depuesto en 1945. Desde entonces, Brasil ha conocido breves periodos de democracia. El mariscal Dutra sucedió a Vargas, quien, por el voto directo, regresó a la Presidencia de la República en 1950, en la que permaneció hasta que las fuerzas de la derecha lo indujeron al suicidio en 1954. Su vice, Café Filho, y los parlamentarios Carlos Luz y Nereu Ramos, terminaron el mandato, y los sucedió Juscelino Kubitschek, electo en 1955. En 1960, JK invistió a Jânio Quadros, derrocado siete meses después por “fuerzas ocultas”. El poder fue ocupado provisionalmente por una junta militar que lo pasó a Ranieri Mazzilli y posteriormente aceptó la toma de posesión de João Goulart (Jango), vice de Jânio, que gobernó solo 7 meses. En abril de 1964 fue depuesto por el golpe militar que implantó una dictadura que se prolongó hasta 1985. En los últimos 33 años de democracia, un presidente falleció antes de tomar posesión (Tancredo Neves); su vice, José Sarney, asumió la presidencia y llevó al país a la bancarrota; un semidiós, Fernando Collor, fue electo como “cazador de marajás”:[1] dos años y medio después se le sometió a un impeachment por corrupción, y su vice, Itamar Franco, ocupó la presidencia. A este lo sucedieron los dos mandatos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), los dos de Lula (2003-2011) y uno completo de Dilma quien, tras su reelección, fue sometida a un impeachment nítidamente golpista después de un año y 8 meses de gobierno. La sustituyó su vice, Michel Temer, quien le pasará la faja presidencial a Bolsonaro el 1 de enero de 2019.

Aciertos y errores del PT ¿Cómo se explica que, tras 13 años de gobierno del PT, 57 millones de brasileños

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Pese al involucramiento de algunos de sus líderes en casos comprobados de corrupción, la Comisión de Ética del partido no los sancionó

entre 147 millones de electores, de una población de 208 millones de habitantes, elija presidente a un militar de bajo perfil, diputado federal a lo largo de 28 años (siete mandatos), cuya notoriedad no es resultado de su actividad parlamentaria, sino de su cinismo al alabar a torturadores y lamentar que la dictadura no haya eliminado al menos a 30 mil personas? ¿Cómo entender la victoria de un hombre que, en su discurso de campaña en Sao Paulo transmitido vía Internet, proclamó alto y claro que si resultaba electo sus opositores deberían salir del país o irían a prisión? No es hora de “hacer leña del árbol caído”. Pero a pesar de los avances sociales promovidos por los gobiernos petistas, como

librar de la miseria a 36 millones de brasileños, hay que destacar errores que el PT no ha reconocido públicamente hasta ahora y que, sin embargo, explican su desgaste político.

Tres explicaciones 1. El involucramiento de algunos de sus líderes en casos comprobados de corrupción sin que la Comisión de Ética del partido haya sancionado a ninguno de ellos (Palocci se retiró del partido antes de que lo expulsaran). 2. El poco caso prestado a la alfabetización política de la población y a los medios de comunicación favorables al gobierno,

El PT no entendió el mensaje de las urnas: era la hora de asegurar la gobernabilidad fortaleciendo los movimientos sociales

26 de noviembre de 2018

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como radios y televisoras comunitarias y medios alternativos. 3. La no implementación de reforma estructural alguna, a lo largo de sus 13 años de gobierno, excepto la que modificó el régimen de contribución a la seguridad social del funcionariado federal. Hoy, el PT es víctima de la reforma política que no promovió. Las manifestaciones públicas de junio de 2013 fueron un alerta. La población se sentía acéfala. En las calles había protestas, no propuestas. La multitud no se consideraba representada por ningún partido. Al año siguiente, Dilma resultó reelecta con un pequeño margen de votos por encima de su adversario, Aécio Neves. El PT no entendió el mensaje de las urnas. Era la hora de asegurar la gobernabilidad mediante el fortalecimiento de los movimientos sociales. Se optó por la vía contraria. Se adoptó la política económica del programa de gobierno de la oposición. El ajuste fiscal dirigido por un economista ultraliberal, Joaquim Levy, profundizó la

recesión. El gobierno petista se convirtió en un violinista que agarraba el instrumento con la izquierda y tocaba con la derecha… Desacreditado entre sus bases de apoyo, se abrió el ﬂanco que posibilitó el golpe parlamentario que derrocó a Dilma sin que se produjeran protestas significativas en las calles. Temer profundizó la crisis: 14 millones de desempleados, crecimiento mínimo del PIB, reforma laboral contraria a los derechos elementales de los trabajadores; 63 mil asesinatos anuales (10 por ciento del total mundial); intervención militar en Río de Janeiro para tratar de evitar que el narcotráfico controlara la ciudad. Y la corrupción multiplicándose en la política y entre los políticos, sin exceptuar ni siquiera al presidente de la República, de quien se exhibieron fotos y videos incriminatorios por la televisión en horario estelar. Todo eso contribuyó a profundizar el vacío político. De los partidos con una mayor bancada en el Congreso, solo el PT tenía

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un líder representativo: Lula. Incluso preso, llegó a merecer el 39 por ciento de las intenciones de voto al inicio de la contienda electoral. No obstante, el Poder Judicial confirmó lo que era obvio: fue preso sin pruebas para que quedara excluido de la disputa por la presidencia. ¿Quién podía, entonces, aspirar a la presidencia? Fernando Henrique Cardoso advirtió el vacío. Ninguno de los líderes políticos en boga tenía suficiente peso para llenarlo. Por eso propuso a Luciano Huck, un presentador de televisión. Pero Huck declinó la propuesta. Entonces surgió Bolsonaro. ¿Cómo se explica el ascenso meteórico del candidato de un partido minúsculo, insignificante, que, herido durante la campaña, abandona las calles y no participa en los debates televisivos?

26 de noviembre de 2018

Repito, nada ocurre por casualidad. El capitán recibió el apoyo de tres segmentos importantes de la sociedad brasileña: 1. Primero, el único sector que se dedicó obstinadamente en los últimos 20 años a organizar a los pobres e incidir en su manera de pensar: las iglesias evangélicas de perfil conservador. El PT debía haber aprendido que nunca tuvo mayor capilaridad nacional que cuando contó con el apoyo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Pero las CEB experimentaron un reﬂujo bajo los pontificados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y no se realizó ningún trabajo de base para expandir la capilaridad y la formación de los núcleos del partido, los sindicatos y los movimientos sociales, excepto en movimientos como el MST y el MTST. Mientras tanto, las iglesias

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evangélicas pasaron a ocupar el 30 por ciento de la programación de la televisión abierta y a enseñar que “el hermano vota por el hermano”, desplazando los temas sociales y políticos a favor del moralismo individualista. Esas Iglesias han crecido más del 60 por ciento en los últimos años. No es casual que Bolsonaro, que era católico, se dejara bautizar en Israel por el pastor Everaldo. 2. Lo apoyó también el segmento de la policía militar, que siente nostalgia de los tiempos de la dictadura militar, cuando gozaba de grandes privilegios, sus crímenes quedaban ocultos gracias a la censura a los medios, y disfrutaba de inmunidad e impunidad totales. Ahora, según la promesa del electo, tendrá licencia para matar. 3. Y lo apoyaron también sectores de la élite brasileña que se quejan de los límites legales que dificultan sus abusos, como el agronegocio y las mineras que codician las reservas indígenas, así como de la protección del medio ambiente, en especial la Amazonia. Este sector quiere un gobierno dispuesto a ignorar todo lo que tenga que ver con el trabajo esclavo, la protección ambiental, los derechos de los indígenas y quilombolas; y a obtener luz verde para criminalizar a los movimientos sociales que luchan por la tierra y el techo, en defensa de los derechos humanos y contra actitudes discriminatorias como la homofobia. Existe otro factor que favoreció la elección de Bolsonaro: el poderoso lobby de las redes digitales dirigidas desde Estados Unidos. Se remitieron directamente millones de mensajes a 120 millones de brasileños con acceso a Internet, casi todos electores, ya que en Brasil el voto es obligatorio para las personas entre 16 y 70 años de edad. Bolsonaro supo aprovechar ese nuevo recurso que amenaza seriamente la democracia, empleado con éxito en la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, y en el referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Los tri-

bunales electorales de Brasil no saben, hasta el momento, cómo enfrentar esos ataques cibernéticos.

Desafíos de futuro ¿Y qué hacer ahora? Los movimientos progresistas y lo que resta de izquierda en Brasil con seguridad promoverán marchas, manifestaciones, documentos para los que recabarán firmas, en un esfuerzo por evitar un gobierno fascista. Nada de eso me parece suficiente. Hay que retornar a las bases populares. Como enfatizó Mano Brown en el mitin final de la campaña de Haddad en Río, la izquierda ya no habla el lenguaje de las periferias de las ciudades. Los pobres votaron por el proyecto de los ricos. La izquierda se llena la boca con la palabra “pueblo”, pero no se dispone a “perder” fines de semana para ir a las favelas, a las villas, a la zona rural, a los barrios donde viven los pobres. No se arma con el método de Paulo Freire para organizar, politizar y movilizar al pueblo. No intenta conocer y aplicar la metodología de la educación popular. No reconoce la fe popular como un factor, no solo de alienación sino también de liberación, en dependencia de cómo se cultive. He aquí las prioridades de la actual coyuntura brasileña: el PT debe hacer una autocrítica y refundarse; la izquierda debe regresar al trabajo de base; el movimiento progresista debe rediseñar un proyecto de Brasil que dé por resultado un proyecto político viable. En caso contrario, Brasil ingresará por un largo periodo en la edad de las tinieblas.

El PT debe retornar a las bases populares. La izquierda ya no habla el lenguaje de las periferias de las ciudades: los pobres votaron por los ricos

Referencia: [1] Marajas se denomina en Brasil a los servidores públicos con salarios escandalosamente altos, y por extensión a quienes gozan de niveles de vista ostentosos.

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

DESDE 1945

EU HA MATADO MÁS DE 20 MILLONES DE PERSONAS El “orden internacional libre y abierto” que Estados Unidos ha promovido desde 1945 ha costado la vida a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Ningún presidente estadunidense ha frenado la cadencia infernal de esa máquina de matar

123RF

MANLIO DINUCCI/IL MANIFESTO/RED VOLTAIRE

26 de noviembre de 2018

INTERNACIONAL ANÁLISIS

oma, Italia. En el resumen de su más reciente documento estratégico –2018 National Defense Strategy of the U ‎ nited States of America–, cuyo texto íntegro está clasificado como secreto, el Pentágono afirma que “después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados instauraron un orden internacional libre y abierto para salvaguardar la libertad de los pueblos de la agresión y la coerción”. Pero también dice que “ese orden se ve actualmente socavado desde adentro por Rusia y China, que violan los principios y reglas de las relaciones internacionales”. El Pentágono presenta así una imagen totalmente invertida de la realidad histórica. El profesor Michel Chossudovsky, director del Center for Research on Globalization, nos recuerda que, siendo aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, esos dos países, o sea la URSS (‎ antecesora de la actual Rusia) y China, pagaron el más alto precio en vidas humanas por la victoria sobre el Eje nazifascista: 26 millones de soviéticos y 20 millones de chinos murieron, mientras que Estados Unidos perdía algo más de 400 mil vidas. Con esa información preliminar, Chossudovsky hace la presentación en Global Research de un estudio muy bien documentado de James A Lucas, sobre la cantidad de personas que han muerto en la ininterrumpida serie de guerras, golpes de Estado y otras operaciones subversivas que Estados Unidos ha realizado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial –en 1945– hasta hoy. Se estima que esa cifra se sitúa entre 20 millones y 30 millones de muertos [1]. Eso es casi el doble de muertos en la Primera Guerra M ‎ undial, cuyo final, hace 100 años, acaba de conmemorarse en París con un Foro de la Paz. Pero además de los muertos hay que contabilizar los heridos, que a menudo quedaron mutilados y físicamente impedidos por el resto de sus vidas. Algunos expertos calculan que por cada persona muerta en guerra, hay otras

10 heridas. Eso significa que el número de personas heridas en las guerras estadunidenses se cuenta por cientos de millones. El estudio agrega a esos estimados una cantidad indeterminada de muertes, probablemente cientos de miles, provocadas desde 1945 hasta nuestros días por los efectos indirectos de las guerras –hambrunas, epidemias, migraciones forzosas, esclavismo y explotación, daños al medioambiente, sustracción de recursos a las necesidades vitales de las poblaciones para dedicarlos a cubrir los gastos militares. El estudio documenta las guerras y golpes de Estado que Estados Unidos ha realizado en más de 30 países de Asia, África, Europa y Latinoamérica y revela que las fuerzas armadas de ese país norteamericano son directamente responsables de la muerte de 10 millones a 15 millones de personas, muertes provocadas por las guerras más grandes –las de Corea y Vietnam y las dos guerras contra Irak. Entre otros 10 millones y 14 millones de personas han muerto en las guerras que E ‎ stados Unidos ha estimulado y librado a través de fuerzas aliadas, entrenadas y dirigidas por los estadunidenses, en Afganistán, Angola, el Congo, Sudán, Guatemala y tantos otros países. La agresión de Estados Unidos contra Vietnam, guerra que se extendió a Cambodia y Laos, dejó una cantidad de muertes que se estima en 7.8 millones, además de una enorme cantidad de heridos y daños genéticos a varias generaciones debido a la dioxina que Estados Unidos regaba con aviones en esos países. En la década de 1980, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) organizó la guerra por intermediarios en Afganistán, donde entrenó y armó, con la cooperación de Osama bin Laden y de Pakistán, más de 100 mil muyahidines para luchar contra las tropas soviéticas atrapadas en la “trampa afgana” (como dijera posteriormente Zbigniew Brzezinski). Es importante precisar que el entrenamiento de los muyahidines comenzó en julio de 1979, o sea 5 meses antes de la intervención soviética en Afganistán. El más sangriento de los golpes de Estado fue el que la CIA organizó, en 1956, en Indonesia. La Agencia estadunidense entregó a los escuadrones de la muerte indonesios los nombres de los primeros 5 mil comunistas que debían eliminar físicamente. Se estima que el número de personas asesinadas está entre medio millón y 3 millones. Ése es el “orden internacional libre y abierto” que –independientemente de quién esté en la Casa Blanca– Estados Unidos impone para “salvaguardar a los pueblos de la agresión y la c‎ oerción”.

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

PANAMÁ PAPERS EXPEDIENTE MEXICANO DE LOS PARAÍSOS FISCALES Y CORRUPCIÓN ÁLVARO CEPEDA NERI

Cuando tras un exitoso hackeo se Peña desde que era desgobernador del estado de México y luego, en sus publicó la investigación sobre el primeros años, como inquilino de Los aborto del despacho Monssack Pinos. Fonseca con domicilio en Panamá, II. Aquello no pasó a más. Sólo un con el título de: Panama Papers, y el escándalo. Exhibidos con fortuna y periodismo de investigación dio a nombre, los evasores fiscales no regreconocer los nombres de los titulares saron ni un peso ni un dólar, pues si de cuentas millonarias que salieron de varios países –entre ellos el nuestro– se habían “pecado” allá ellos y su alma. Y si habían incurrido en algún delito ratificó que la corrupción política y penal y fiscal, el peñismo los perdonafiscal permite que los evasores de imba, pues estaban en la casa de la copuestos y que escondían los orígenes rrupción; y como en la del jabonero: el de sus fortunas, acumularan depósitos que no cae, resbala… y se le resen varios lugares de la banca bala. Ahora el investigador mundial, por intermedio Wilbert Torre nos ofrece de ese despacho. Ex funAutor: Wilbert Torre “lo que hay detrás de cionarios, empresarios y Título: Panama Papers. un paraíso fiscal” donde políticos en activo están el expediente mexicano guardan fortunas increíen esas listas de MosEditorial: Temas de blemente creíbles pues, si sack-Fonseca. Lo único hoy, 2016 bien de pasada es para no que generó ese descubripagar impuestos, el objetivo miento con pelos y señales, es que central es para esconder los orígenes el SAT declarara que se les daba un de esas fortunas. Indudablemente plazo para regresar su dinero mal o producto del “lavado” de dinero, narbien habido. Que no era delito habercotráfico y negocios al amparo de la lo sacado y que pagando sus impuesrelación empresarios-funcionarios. Así tos, borrón y cuenta nueva. Es la corrupción incluso de los presidentes, pillados que en 236 páginas con cinco capítulos, un apéndice, un apartado sobre desde López Portillo (el del personaje en la obra de teatro: ¡Agarren a López por Peña y las fuentes, Panama Papers: El expediente mexicano. La historia más indigpillo!) a Peña con su “casa blanca”, de nante de estafas, corrupción y evasión fiscal la que se autoperdonó con su pareja, de nuestro país, aborda la corrupción después de haberla recibido de su mexicana. empresario favorito: Hinojosa Cantú, III. Corrupción desglosada con: dueño del Grupo Higa que se ha enri“El perdón, la Gaviota y Peña”; “La quecido con las obras que le adjudicó

26 de noviembre de 2018

corrupción”; “Duarte, Borge, Medina”; “Las perlas de Aristóteles con los 311 evasores mexicanos”; “Los Escandón-Marzam”; “Los mexicanos millonarios”; “Los paraísos fiscales”; “Los últimos años del salinismo”; “Desglose de las empresas de Hinojosa en los Panama Papers”; “Hinojosa: el presidente y yo”; “Los Panama Papers, los fideicomisos”. En la famosa filtración de los hackers a más de 300 periódicos, aparecieran los nombres de los mexicanos evasores con sus millones en dólares. El periodista Wilbert Torre encontró las “fortunas ocultas, corrupción y evasión de impuestos en el que están implicados un club de ricos privilegiados, empresarios de medio pelo y funcionarios públicos. Este dinero vuela a paraísos fiscales por cuatro razones: anonimato que se traduce en seguridad, facilidad para moverlo, pagar menos impuestos y el costo de las transacciones mexicanas, elevadas por las regulaciones antinarco”. Así entra de lleno a las raíces de esa maniobra de millonarios que tienen mucho que esconder. Y que fueron exhibidos sin mayores consecuencias en un régimen presidencial donde el más tullido corre con su botín, para volver a contarnos el cuento de Las mil y una noches: La cueva de Alí Baba y los 40 ladrones; que en esta ocasión parece que son más de 400, y tal vez unos miles.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

Año 17 • Número 618 • $30