Contralínea 627 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 4 al 10 de febrero de 2019

Año 17 • Número 627 • $30

CONTENIDO

PORTADA

CANCELA AMLO 26 EMPRESAS PRIVADAS DE PEMEX EN PARAÍSOS FISCALES Pemex extingue 26 de las 51 empresas privadas que constituyó en paraísos ﬁscales, y que fueron heredadas por el gobierno de Peña Nieto. Todas operan al margen de la ley

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 17, número 627, del 4 al 10 de febrero de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 1 de febrero de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL EL FESTÍN DE MEDIOS CON PUBLICIDAD OFICIAL: 52 MIL MILLONES LES DIO PEÑA Miguel Badillo

ZONA CERO ROMERO DESCHAMPS: ÓRDENES DE APREHENSIÓN FRENADAS EN EL CALDERONISMO Zósimo Camacho

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ¿BARTLETT QUIERE SU PROPIO CENTRO DE ESPIONAJE DENTRO DE LA CFE? Nancy Flores ARTÍCULOS

EL VERDADERO ORIGEN DE LA TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN Martín Esparza

GUAIDÓ Y TRUMP, MÁS AISLADOS QUE MADURO Alessandro Pagani

VENEZUELA: OPTAR POR LA PAZ FRENTE A LA INTERVENCIÓN IMPERIAL Andrés Mora Ramírez/Prensa Latina

18 Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

¿MADURO, ILEGÍTIMO POR QUÉ? 10 DATOS QUE DESMONTAN ESA TEORÍA Pacualina Curcio/Telesur

EL PEOR ROSTRO DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA Rafael Calcines/ Prensa Latina

REFLEXIÓN DE PREGUNTA A LA OEA SOBRE EL ESTATUS JURÍDICO DE GUAIDÓ Luis Manuel Arce/Prensa Latina

4 de febrero de 2019

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS

Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

OPINIÓN

24 CAÍN, ABEL Y LA NOOSFERA Guillermo Castro H/Prensa Latina

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

INVESTIGACIÓN

PORTADA Disuelven empresas privadas de Pemex en paraísos ﬁscales Nancy Flores

ESPECIALES 34

ENTREVISTA Lozada Aguilar: “Podrían cesarme porque no aguanten la presión política”

Ilustración de portada: JAVIER GURROLA

Nancy Flores

ANÁLISIS

SOCIAL Tlahuelilpan: los “daños colaterales” de la reforma energética Francisco Chew Plasencia

INTERNACIONAL La interminable polémica sobre ferrovía ítalo-francesa Frank González/ Prensa Latina

INTERNACIONAL Los problemas argentinos son dos: Macri y el FMI Sergio Ortiz/Prensa Latina

60 64

INTERNACIONAL El uso del terrorismo según John Bolton Thierry Meyssan/Red Voltaire INTERNACIONAL Venezuela, putsch del Estado profundo estadunidense Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red Voltaire

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9191 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

EL FESTÍN DE MEDIOS CON PUBLICIDAD OFICIAL: 52 MIL MILLONES CON PEÑA MIGUEL BADILLO

n el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo un festín con dinero público para los dueños de grandes consorcios de medios de comunicación mexicanos, exclusivamente televisoras, radiodifusoras y periódicos. Con una considerable “ampliación” (sobreejercicio) en el gasto gubernamental para publicidad, autorizado por el presidente de la República en los 6 años de gobierno, en total significó 51 mil 893 millones 753 mil pesos –102 por ciento más de lo autorizado por el Congreso en el Presupuesto de Egresos–, fueron siete los medios de comunicación más beneficiados por Peña: Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Fórmula, El Universal, Organización Editorial Mexicana (OEM, El Sol de México) y Grupo Milenio. Sólo esos siete consorcios empresariales concentraron el 47.6 por ciento del total de dinero público destinado a publicidad en medios (24 mil 729 millones 796 mil pesos de dinero público), prácticamente la mitad de todo el presupuesto para publicidad gubernamental. En los 6 años del gobierno anterior, el Congreso autorizó al Ejecutivo un gasto total de 25 mil 670 millones 414.1 mil pesos; sin embargo, el ahora expresidente decidió elevarlo en 26 mil 223 millones 339 pesos para beneficiar a sus “amigos” los dueños de los medios. En noviembre de 2018 y de acuerdo con cifras oficiales del gasto público –que por cierto ahora es sujeto de investigación por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a fin de determinar si hubo actos de corrupción operados desde las áreas de comunicación social de las dependencias gubernamentales (desvíos de re-

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cursos públicos, sobornos o chantajes)–, incluida la misma Presidencia, la entrega de publicidad oficial está clasificada en cuatro grandes grupos para entender mejor la desorbitante cantidad de dinero de los contribuyentes que fue a parar a los bolsillos de los magnates de los medios. En el primer bloque se ubica a esos siete corporativos beneficiados por el régimen priísta, los cuales recibieron entre 1 mil millones y 10 mil millones de pesos cada uno. Esto explicaría su línea editorial afín al priísmo y de constante golpeteo en contra del eterno opositor López Obrador antes de que alcanzara la Presidencia. Por supuesto que entre estas siete empresas también hay unas más consentidas que otras y, en consecuencia, muestran grandes diferencias del dinero público recibido. Por ejemplo, de acuerdo con las cifras oficiales, la lista de los siete más beneficiados la encabeza el Grupo Televisa, cuyo accionista mayoritario es Emilio Azcárraga, quien recibió 9 mil 70 millones 455 mil 200 pesos, lo que representó el 17.5 por ciento de toda la publicidad y el 36.7 por ciento del monto entregado a los siete medios consentidos del peñismo. Es decir, Televisa recibía en promedio cada año 1 mil 511 millones 425 mil pesos. Con ese monto, no sólo podía pagar su nómina con dinero público, sino que alcanzaba para que todos sus accionistas tuvieran grandes dividendos. Un gran negocio mediático a costa de las arcas públicas. En el desglose de la publicidad recibida, en el primero año (2013), Peña autorizó otorgarle a Televisa 1 mil 199 millones 712.18 mil pesos; el

OFICIO DE PAPEL

segundo año (2014), 1 mil 154 millones; en el tercero (2015) el monto creció a 1 mil 612 millones 76.34 mil pesos; en el cuarto año (2016), la cifra se elevó aún más y alcanzó casi los 2 mil millones, 1 mil 972 millones 409 mil; el quinto (2017), 1 mil 540 millones, 54.27 mil pesos, y el sexto año (2018), 1 mil 591 millones 760.24 mil pesos. El segundo lugar de este bloque de medios fue TV Azteca, con 5 mil 945 millones 82 mil 700 pesos (11.4 por ciento del total de publicidad). En promedio, cada año recibió 990 millones 847.1 mil pesos. En 2013, 661 millones 582.33 mil pesos; 2014, 578 millones 727.43 mil pesos; 2015, 1 mil 157 millones 598.43 mil pesos; 2016, 1 mil 204 millones 900.66 mil pesos; 2017, 1 mil 169 millones 722.07 mil pesos, y 2018, 1 mil 172 millones 552 mil pesos. Le sigue Grupo Imagen, con 3 mil 504 millones 892 mil 500 pesos (6.7 por ciento), que da un promedio anual de 584 millones 148 mil 750 pesos. En 2013, 138 millones 940 mil pesos; 2014, 199 millones 250.53 mil pesos; 2015, 630 millones 739.98 mil pesos; 2016, 628 millones 724 mil pesos; 2017, 1 mil 247 millones 924.95 mil pesos, y 2018, 659 millones 313 mil pesos. Luego Grupo Fórmula, con 1 mil 902 millones 875 mil 600 pesos (3.6 por ciento), lo que promedia anualmente 317 millones 145 mil 930 pesos. En 2013, 215 millones 693.36 mil pesos; 2014, 310 millones, 172.4 mil pesos; 2015, 345 millones 182.88 mil pesos; 2016, 338 millones, 677.47 mil pesos; 2017, 303 millones 886 mil pesos, y 2018, 389 millones 263.5 mil pesos. Quinto lugar, El Universal, con 1 mil 602 millones 483 mil 700 pesos (3 por ciento) y un promedio anual de 267 millones 80 mil 610 pesos. En 2013 recibió 186 millones, 723.66 mil pesos; 2014, 206 millones, 783.24 mil pesos; 2015, 320 millones 43.60 mil pesos; 2016, 264 millones 915 mil pesos; 2017, 290 millones 439.66 mil pesos, y 2018, 333 millones 578.65 mil pesos. Después la OEM, con 1 mil 522 millones 981 mil 400 pesos (2.9 por ciento) y un promedio anual de 253 millones 830 mil 230 pesos. En 2013 recibió 313 millones 850.93 mil pesos; 2014, 265 millones 82.16 mil pesos; 2015, 237 millones 696.66 mil pesos; 2016, 255 millones 259.28 mil pesos; 2017, 200 millones 121.92 mil

OPINIÓN

pesos; 2018, 250 millones 970.58 mil pesos. En el séptimo lugar está Grupo Milenio con 1 mil 181 millones 25.2 mil pesos (2.3 por ciento) y un promedio anual de 196 millones 842 mil pesos. En 2013 recibió 313 millones 850.93 mil pesos; 2014, 265 millones 82.16 mil pesos; 2015, 237 millones 696.66 mil pesos; 2016, 255 millones 259.28 mil pesos; 2017, 200 millones 121.92 mil pesos; 2018, 250 millones 970.58 mil pesos. En conferencia, el presidente López Obrador anunció la semana pasada que el presupuesto destinado a la publicidad del gobierno federal tendría una reducción del 50 por ciento para 2019 con relación a lo ejercido el año pasado. De hacerlo así, pasaría de 8 mil 751 millones 789 mil pesos de dinero público gastado en 2018, a 4 mil 375 millones 894.5 mil para este año. La gran duda que está por despejarse en los próximos días y que prácticamente todos los medios esperan ansiosos, es saber si el gobierno de López Obrador mantendrá los privilegios a esos siete corporativos mediáticos de otorgarles el 50 por ciento del pastel publicitario, ya con sus reducciones, o por primera vez en la historia del país se actuará con honestidad y a muchos medios críticos e independientes marginados por el priismo y el panismo se les proporcionará publicidad en forma justa y equitativa. De otorgarles el mayor monto de presupuesto público a los mismos empresarios de siempre significará que un pequeño sector seguirá siendo privilegiado por el gobierno, mientras que el resto, miles de medios de comunicación, seguirán apenas sobreviviendo, sin importar la relevancia de su periodismo en beneficio de la sociedad. El presidente debe saber que el periodismo no puede ser conceptualizado como un vil negocio, porque no lo es, el único interés del verdadero periodismo es servir a la sociedad y a nadie más, por eso debe frenarse el enriquecimiento de los dueños de comunicación con dinero público. Al margen de darle seguimiento puntual a lo que será el reparto del gasto publicitario gubernamental en la cuarta transformación, dejaremos para la próxima columna el gasto de los siguientes tres bloques de medios de comunicación que, aunque no fueron muy privilegiados, también recibieron cientos de millones de pesos.

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OPINIÓN ZONA CERO

ROMERO DESCHAMPS:

ÓRDENES DE APREHENSIÓN FRENADAS EN EL CALDERONISMO ZÓSIMO CAMACHO

uentes de la Policía Federal aseguran que diente 46/2011 abierto por el delito de fraude, en 2011 y 2012 la entonces dependencia el juez solicita al procurador “se sirva ordenar de la Secretaría de Seguridad Pública reci- elementos de la policía judicial a su digno cargo bió la encomienda de detener a Carlos Romero […] y se aboquen a la localización y aprehensión Deschamps, quien desde 1996 es secretario ge- del inculpado […]”. Incluso, el juez solicita que neral del Sindicato de Trabajadores Petroleros Carlos Romero Deschamps sea internado “[…] en el reclusorio preventivo varonil norte de esta de la República Mexicana. El líder petrolero, hoy en la polémica por el ciudad, quedando a disposición de ese órgano jucombate al robo de combustibles iniciado por risdiccional de mi cargo para estar en posibilidad la administración de Andrés Manuel López de resolverle su situación jurídica […]” (sic). Una nueva evidencia de las órdenes de apreObrador, ha sido denunciado en múltiples ocasiones, principalmente por propios trabajadores hensión contra Romero Deschamps, giradas disidentes del sindicato petrolero. Las denuncias durante las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, es un donunca han prosperado cumento interno de gracias a la protección Romero Deschamps ha sido denunla Policía Federal. Fue oficial de la que ha gociado en múltiples ocasiones, principaldirigido por la Coordizado el político priísta. nación de Inteligencia Las veces que estuvo a mente por propios trabajadores disial entonces inspector punto de ser aprehen- dentes del sindicato petrolero jefe, José Luis Albistegi dido se desarrollaron Canales, el 9 de sepdurante el sexenio del panista Felipe Calderón; pero las acciones se de- tiembre de ese año. En el oficio PF/CFF/DGAO/18902/011 tuvieron abruptamente. De acuerdo con fuentes de la Policía Federal se señala: “Se le comunica a usted que deberá –quienes presentan oficios de la Procuraduría llevar a cabo en conjunto con sus elementos la General de la República (PGR); la Procuraduría localización del SR. CARLOS ROMERO DESde Justicia del Distrito Federal (PGJDF); del Juz- CHAMPS con el fin de presentarlo ante las autogado Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, ridades COMPETENTES […]” (sic). El documento concluye: “Por lo que deberá e internos de la corporación–, los delitos que se le imputaban eran los de “fraude”, en un caso, y informar verbalmente a base cúspide vía telefónica y/o radial a la salida y el retorno de su “peculado electoral y fraude”, en otro. Uno de los documentos está fechado el 13 personal, así como las novedades y los resultados de marzo de 2011. Fue enviado por el juez tri- obtenidos durante su investigación, en la que degésimo sexto de lo penal al entonces titular de berá apegarse en todo momento a los principios la PGJDF. En el oficio 1065, derivado del expe- de legalidad, eficacia, profesionalismo y honra-

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ZONA CERO

de sus colaboradores incondicionales más cercanos. Si durante el panismo Romero Deschamps fue intocable, nada podría esperarse con el regreso de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), al poder en diciembre de 2012. Enrique Peña Nieto nada hizo siquiera por investigar lo que ocurría al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa productiva del Estado mexicano. Hoy el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador. La principal bandera con la que convenció a 30 millones de votantes fue la del combate a la corrupción. Además, ha iniciado una

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

dez, así como el orden jurídico y el respeto a los derechos humanos.” Otros dos documentos internos de la Policía Federal dan cuenta de la participación que tendrían los elementos de la corporación en la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra el líder petrolero. Ambos oficios están fechados el 3 de marzo de 2012 y están firmados por el entonces inspector general Carlos Amaya Sarate. El primero está identificado como ORDEN DE APREHENSION/PF/ FEPADE/02 y se deriva del proceso por los delitos de peculado electoral y fraude, abierto desde mayo de 2003. Se le ordena al inspector Carlos Chávez García, “adscrito al área de investigaciones”: “Ejecútese la orden de aprehensión […] en contra del SR. CARLOS ROMERO DESCHAMPS derivada de la averiguación previa 55/FEPADE/02 por los delitos de PECULADO ELECTORAL Y FRAUDE” (sic). El otro oficio está identificado como ORDEN DE APREHENSION/PF/DFF/ FDA1/04103011. Está dirigido al sargento primero Jesús Vallejo. Se deriva del expediente iniciado en marzo de 2008 en contra del líder del sindicato petrolero por el delito de fraude. Se le instruye al policía federal: “[…] darle cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del SR. CARLOS ROMERO DESCHAMPS por el delito de fraude […]. Comuníquele a sus subordinados que se den a la tarea de la aprehensión del antes mencionado”. (sic). Las fuentes señalan que finalmente, y sin explicación alguna, nunca se concretaron las órdenes de aprehensión. Concluyeron 12 años del Partido Acción Nacional (PAN) en el poder y ni Vicente Fox ni Felipe Calderón decidieron tocar al líder petrolero. Todo a pesar de que el secretario general del Sindicato ventiló en redes sociales la vida de lujo y derroche en la que viven él y toda su familia, además

OPINIÓN

campaña para recuperar Pemex de la delincuencia. ¿Seguirán detenidas las órdenes de aprehensión ya giradas? ¿Se ordenarán nuevas investigaciones? En sus contradicciones, el titular del Poder Ejecutivo prometió no llamar a cuentas a quienes hubieren cometido actos de corrupción antes del 1 de diciembre pasado. Mantener el borrón y cuenta nueva será, en los hechos, sumar el nombre de Andrés Manuel López Obrador al de anteriores presidentes de la República que, por cuestiones políticas, decidieron no actuar contra Carlos Romero Deschamps.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

¿BARTLETT QUIERE SU PROPIO CENTRO DE ESPIONAJE DENTRO DE LA CFE? NANCY FLORES

no de los más oscuros personajes inserta- que ha venido estableciendo la administración de dos en el gobierno federal, el viejo políti- Andrés Manuel López Obrador, en lugar de crear co Manuel Bartlett Díaz, recientemente un centro de este tipo, que por el solo hecho de anunció la creación de un “Área de Inteligencia nombrarse “de inteligencia” le podría permitir adEnergética”. Llama la atención que una de sus pri- quirir malware y otras herramientas espía. Y es que aquí el tema no es si en el pasado esa meras acciones sea precisamente la de organizar su Unidad de Control funcionaba o no, es decir, si las pequeño centro de espionaje. Y es que basta con ver el supuesto objetivo de compras de la empresa se hacían conforme a deesta unidad –ya establecida al interior de la Co- recho o por el contrario había dispendio y corrupmisión Federal de Electricidad (CFE), que él en- ción, como bien sabemos que lo hubo. El punto es cabeza desde el 3 de diciembre de 2018–: “hacer que la CFE no tiene por qué andar inventando esun análisis global de costos y no realizar compras tos términos para ocultar lo que hace. Según Bartlett, la nueva unidad “va de la mano improvisadas, sino estrategias de adquisición de de CFEnergía, CFEincombustibles”. ternacional y empresas Y destaca porque, filiales, que colocarán como secretario de Bartlett, quien conoció a fondo las a México en la lista de Gobernación en la redes más oscuras del espionaje gupaíses que consideran Presidencia de Miguel a los energéticos como de la Madrid Hurtado bernamental, ahora crea su “Área de Inteligencia Energética” en la CFE parte indispensable para (periodo en el que asesiel desarrollo nacional”. nan al destacado perio¿Cómo puede lograrse dista Manuel Buendía), Bartlett tuvo la oportunidad de conocer a fondo ese objetivo con el simple análisis globales de costos las redes más oscuras del espionaje gubernamental para no realizar compras improvisadas, sino estrateen México, por lo que podemos preguntarnos: ¿la gias de adquisición de combustibles? “Estamos convencidos de que con la creación de CFE realmente necesita un “área de inteligencia” para realizar sus adquisiciones? O, ¿cuál es el ver- esta nueva Área de Inteligencia Energética se apoyadadero objetivo de escudar un área operativa en rá y fortalecerá el compromiso social del corporativo el opaco término de “inteligencia” que sirve para de CFE con la Nación mexicana”, dijo el político al reservar información bajo el argumento de ser “es- presentar su propuesta el pasado 24 de enero. La propia Comisión Federal emitió un comunitratégica”? Hasta antes de la llegada de Bartlett, la empresa cado en el que afirma que el propósito de ese centro estatal contaba con su Unidad de Control Presu- de inteligencia es contar “con información, análisis puestal y Seguimiento de Proyectos, que bien po- técnicos y científicos sobre el mercado energético dría haberse ajustado a los criterios anticorrupción internacional. Por un lado, se buscará garantizar

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OPINIÓN

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

insumos estratégicos a las empresas subsidiarias y filiales a los precios más competitivos del mercado de combustibles; y por otro, se obtendrá información relevante sobre la coyuntura económica, social, geopolítica y ambiental para fortalecer la toma de decisiones”. Y de esto último es de donde se desprenden las suspicacias: si es para comprar mejor, ¿qué tiene que ver la coyuntura social y geopolítica? Es obvio que en las labores de inteligencia de un área meramente comercial se evalúen el ámbito económico e incluso el ambiental, pero los otros dos no están del todo justificados. Menos aún cuando en su trayectoria profesional, Bartlett ha sido cercano a las actividades de espionaje. Según su perfil, un año después de la masacre de Tlatelolco, este político y ahora director general de la CFE ocupó el cargo de subdirector general de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Ahí se mantuvo hasta el 30 de noviembre de 1970, bajo las órdenes de Mario Moya Palencia, pero no porque haya renunciado o haya sido relevado de su encargo, sino porque a partir del 1 de

diciembre de ese año fue nombrado director general de Gobierno. Hasta 1976, es decir, todo el sexenio represor de Luis Echeverría Álvarez, Bartlett ocupó ese cargo. Desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y la continuación de Echeverría, México vivió uno de los periodos más tristes y sangrientos de su historia, conocido como la Guerra Sucia, y es en ese contexto en el que Bartlett se involucró con las áreas de espionaje y persecución de opositores al régimen priísta. Su experiencia va más allá: en el gobierno de Miguel de la Madrid –de 1982 a 1988– se desempeñó como secretario de Gobernación, dependencia que ha tenido bajo sus atribuciones las labores de inteligencia, que a lo largo de los gobiernos priístas y panistas no ha sido otra cosa que el instrumento para espiar y reprimir o extorsionar a actores relevantes de la vida nacional: políticos, empresarios, periodistas, activistas, guerrilleros, líderes sociales. Por eso cabe preguntarse si realmente Bartlett está comprometido con el combate a la corrupción y por eso crea su área de inteligencia o está volviendo a sus orígenes, que son precisamente los del trabajo sucio del gobierno en turno.

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OPINIÓN ARTÍCULO

EL VERDADERO ORIGEN DE LA TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

l siniestro que enlutó a Tlahuelilpan no admite juicios de valor prejuiciados ni insensibles críticas lanzadas a la ligera, porque detrás de los índices de pobreza y marginación que afectan al municipio más joven del estado de Hidalgo –fundado el 28 de octubre de 1969—, están los orígenes del porqué una región con vocación y prosperidad agrícola fue absorbida por los proyectos energéticos del pasado siglo que, como en otras tantas regiones del país, no reportaron un equilibrado desarrollo regional ni un mejor nivel de vida a sus habitantes. Con una absoluta falta de sensibilidad humana pero también de objetividad para explicar las causas de la necesidad de su población –el Coneval establece que la mitad de sus 19 mil residentes son pobres--, tanto en medios de comunicación como en redes sociales se criminalizó un hecho que puso en evidencia a las políticas públicas que no respetaron el entorno de las comunidades. En 1935, los hombres que labraban los terrenos de lo que fuera la Hacienda de Tlahuelilpan obtuvieron el respaldo del gobierno de General Lázaro Cárdenas para garantizar una ampliación de sus tierras y consolidar su comunidad. Para reconocer tan trascendente hecho, quisieron rendir un homenaje al ejido, al campesino y al trabajador erigiendo la obra que se conoce como la Torre del Reloj, inaugurada el 5 de mayo de 1937. Este monumento fue ubicado en el centro del municipio y es uno de sus emblemas más representativos y testigo fiel de la historia de la región, pero también es la muestra palpable que esta región hidalguense, hoy lacerada por la tragedia, no es ni re-

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motamente un pueblo de malvivientes sino de gente trabajadora que ahora se enfrenta indefensa ante los embate de hechos delictivos que le hacen pagar un alto precio por el hecho de haber permitido que por sus tierras de labranza se instalaran oleoductos y líneas de transmisión eléctrica. No fue obra de la casualidad que hace más de 400 años los españoles se asentaran aquí y fundaran una hacienda por la calidad de sus tierras y ricos mantos acuíferos, lo que hasta la fecha les hacen ser de las mejores en el Valle del Mezquital. Por décadas, en esta región se desarrolló una agricultura de calidad, en cultivos como la alfalfa, el maíz, la cebada y la producción de hortalizas. Buena parte de esos productos se distribuyen en importantes centros de abasto, pero también proveen de forrajes a ranchos lecheros que entregan su producto a firmas como Alpura. En los años 70s en que se expandieron las industrias petrolera y eléctrica a gran escala por el auge de la refinería de Tula y la Termoeléctrica de la región, las autoridades convencieron a los pobladores de Tlahuelilpan y otros municipios como Tezontepec, Mixquiahuala, Tlaxcoapan y Atitalaquia-Atotonilco, de permitir que por sus zonas de labranza se instalaran ductos, líneas de transmisión y la explotación de sus mantos acuíferos. A cambio, se les prometió, se generarían miles de empleos, pero a la distancia los impactos ambiental y social son considerables, aunado a otro grave problema pues ahora llegan las aguas residuales de la Ciudad de México para ser almacenadas en dos principales presas: Endhó y Tlamaco. Desde hace tiempo los gobiernos federal y estatal han prometido atender

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la situación pero no hay respuesta y sí un completo abandono. La producción agrícola ha comenzado a resentir los efectos de la contaminación y los contantes derrames de hidrocarburos. Otra de las promesas incumplidas fue la Nueva Refinería de Tula, anunciada en el gobierno de Felipe Calderón, proyecto que, supuestamente, detonaría la creación de empleos y el desarrollo en la región. Una más de las tantas mentiras del mal llamado “presidente del empleo”, en la que se gastaron 620 millones de pesos y solo se levantó un muro, dejando una millonaria deuda pública al estado por la adquisición de terrenos. Ahora todos los hidalguenses deben pagar con sus impuestos los altos intereses del empréstito contratado. Los pocos empleos formales los han desaparecido de manera violenta e ilegal gobiernos como el del autoritario Felipe Calderón, quien el 11 de octubre de 2009 emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. De forma repentina, casi 3 mil trabajadores perdieron su empleo en la región; vecinos de Tlahuelilpan, Mixquiahuala, Progreso de Obregón y Tetepango fueron echados a la calle con lujo de violencia y la fuerza de las armas. Vale concitar en este momento de tragedia que a 5 kilómetros de Tlahuelilpan se localiza la Central Hidroeléctrica de Juandhó. Tras el inesperado anuncio del cierre de la empresa pública, la subestación fue tomada en las sombras de la noche por elementos del Ejército vestidos de policías federales. Para los que ahora cuelgan la etiqueta de “huachicoleros” a los agobiados pobladores, es importante comentarles que con fusil en la mano las fuerzas del Estado reprimieron a los electricistas que cumplía su turno. Cuál si se tratara de una dictadura militar, ni siquiera se les informó el por qué se les desalojaba. Los trabajadores que se negaron a salir de su centro de trabajo fueron reprimidos. Muchos comentaristas de los medios que hoy criminalizan a sus habitantes, fueron los mismos que aplaudieron la impositiva medida del entonces mandatario, pero nunca se tomaron la molestia de visitar municipios que sufrieron un devastador impacto social por el cierre de lo que al paso de los años fue su única fuente de empleo. Los costos sociales brotaron con su pobreza y marginación de la mano. Es por demás lamentable que una tragedia como la registrada en Tlahuelilpan tuviera que presentar-

se para que el país volteara a ver las condiciones de abandono y pobreza en que se encuentran miles de mexicanos por la falta de oportunidades. No puede soslayarse, ahora se presenta la oportunidad para evaluar las consecuencias que pueden traer a futuro varias de las concesiones otorgadas en la reforma energética y sus megaproyectos, en comunidades agrarias y pueblos originarios. En la iniciativa aprobada por el Congreso en el pasado sexenio, se autorizó el uso de sistemas de extracción de gas por medio del sistema fracking, que emplea millones de litros de agua y ocasiona una devastadora contaminación del subsuelo y de los mantos acuíferos. En países como Estados Unidos tal sistema ha sido prohibido y de manera insólita e irresponsable los diputados del PAN y PRI le dieron luz verde, razón por la que es alentador el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su cancelación. El nuevo gobierno ya planteó la aplicación de programas sociales en los 91 municipios por donde corren los ductos de Pemex, con el objetivo de que la gente no caiga en prácticas ilegales como el robo de combustible. Y eso es loable, pero debe acompañarse de apoyos para proyectos productivos, pues como lo refiere la emblemática Torre del Reloj, en Tlahuelilpan, la gente trabajadora fue engañada y después despedida por el propio gobierno. El lamentable suceso también debe llevarnos a cuestionar sobre la efectividad en los sistemas de seguridad que implica el manejo de combustibles como el gas y las gasolinas; hace 35 años, el 19 de noviembre de 1984, estallaron la planta almacenadora de gas licuado de Pemex y tanques de almacenamiento de empresas gaseras en el poblado de San Juan Ixhuatepec, conocida como la Tragedia de San Juanico. Más de 500 personas humildes perdieron la vida y su patrimonio y otras 2 mil resultaron severamente heridas, algunas con secuelas de por vida. Se habló que las gaseras saldrían de esa zona densamente poblada, pero ahí siguen. En los hechos del pasado 18 de enero, debemos preguntar a los funcionarios de Pemex el por qué estando las válvulas de rebombeo a un kilómetro de Juandhó, poblado colindante con Tlahuelilpan, no se cerraron a tiempo, pudiendo evitar la tragedia. Reflexionemos, pues es importante que este doloroso hecho no sea un sacrificio en vano y nos lleve a enmendar los errores del pasado. Al final de cuentas, todos somos Tlahuelilpan.

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GUAIDÓ Y TRUMP, MÁS AISLADOS QUE MADURO ALESSANDRO PAGANI, HISTORIADOR Y ESCRITOR; MAESTRO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA; DIPLOMADO EN HISTORIA DE MÉXICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EN GEOPOLÍTICA Y DEFENSA LATINOAMERICANA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ieciséis países del Continente, de 35, no Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, apoyaron el golpe de Estado en Venezue- Paraguay, Perú y República Dominicana– han la. La Organización de Estados America- aceptado firmar una comunicado de apoyo a nos (OEA) dijo no a las peticiones de un “emba- Guaidó y por nuevas elecciones. Y por ende, el jador” de la oposición. Caracas retira sus propios nombramiento por parte del presidente usurpador de su propio embajador ante la OEA, Gustadiplomáticos de territorio estadunidense. En este momento, el presidente golpista –ad vo Tarre, no se ha concretado. El departamento de Estado estadunidense ha interim de facto– Juan Guaidó es como lo definió el intelectual chileno Manuel Cabieses: nada menos ordenado por razones de seguridad el retiro de que un “presidente fantoche”, “un gobernador Venezuela de sus funcionarios “no esenciales”. sin gobierno” que no controla nada, ni el apa- El presidente constitucional Nicolás Maduro, a su vez, ha decretado rato administrativo, ni el cierre de todos los las Fuerzas Armadas, Pese a la presión estadunidense, Maoficios diplomáticos y ni los servicios públicos. Prácticamente un duro busca no aumentar las tensiones y consulares de Venezueholograma que vive alienta el diálogo con la oposición, pese la en Estados Unidos, informando del pronto únicamente del recoa la falta de voluntad de la derecha regreso del personal dinocimiento de Trump plomático en Caracas. y de sus gobiernos sirMaduro, sin emvientes: los del grupo bargo, ha tomado la decisión de no aumentar las de Lima. Pero hasta los decantados reconocimientos tensiones. Ha declarado estar listo para el diálogo internacionales son para nada creíbles, dado que con la oposición –pese a la falta de voluntad de justo el jueves 24 de enero pasado la petición de la derecha–, justo como propusieron México y Washington de reconocerlo como presidente de Uruguay, dos países de la región que desde pronto Venezuela no obtuvo la mayoría entre los países han tomado las distancias de la autoproclamación golpista de Guaidó. Una invitación, lo de México miembros de la OEA. Durante una acalorada sesión del Consejo y Uruguay, a bajar las tensiones y evitar así una permanente de la OEA, frente a la presencia del peligrosa escalada de violencia, a través una nueva secretario de Estado de Estados Unidos, Mike negociación incluyente y creíble, en el respeto del Pompeo, sólo 16 de los 35 países que componen el derecho internacional y los derechos humanos. Un llamado hacia el diálogo fue lanzado tamorganismo –Argentina, Bahamas, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Estados bién por el secretario general de las Naciones

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XINHUA

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Unidas, Antonio Guterres, que ha alertado sobre el riesgo de “un conflicto terrible para el pueblo venezolano y toda la región”. Justamente a las Naciones Unidas había hecho un reclamo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, denunciando la “injerencia permanente” de Estados Unidos y sus países satélites miembros del grupo de Lima para provocar “un cambio de régimen a través vías para nada constitucionales” y que violan el derecho internacional de no injerencia en asuntos internos de otras naciones y de respeto de la autodeterminación de los pueblos. Y en particular, hizo mención del decreto infame con el cual en 2015 el aquel entonces presidente estadunidense Barack Obama declaraba a Venezuela “una amenaza extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos”. Contra la operación del gobierno republicano estadunidense se ha lanzado también Bernie

Sanders, quien se ha pronunciado porque Estados Unidos “debería apoyar el derecho internacional y la autodeterminación del pueblo venezolano”. El demócrata señala que su país debería escribir una página nueva contraria a la “larga historia de intervenciones inapropiadas en América Latina”. Pero esta posición parece aún minoritaria dentro de los grandes lobbies que decretan las políticas exteriores de Estados Unidos: la gran industria tecnológica y militar que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy gobiernan ipso facto y señalan cuándo hacer la guerra contra un pueblo o una nación, como en los casos de la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Somalia y Siria, en la guerra sin límites que nos hacen y que no importa si se llaman Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o Grupo de Lima. Quien está siempre detrás de estas agresiones es el águila fascista del Norte: Estados Unidos.

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OPTAR POR LA PAZ FRENTE A LA INTERVENCIÓN IMPERIAL ANDRÉS MORA RAMÍREZ, DOCENTE E INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL/PRENSA LATINA

lineadas al compás de los dictados que ema- cordarnos que somos dueños de nuestro destino, y nan del Departamento de Estado y las em- no simples títeres en el teatro de marionetas de Wasbajadas de Estados Unidos –que preparan el hington. Una de estas voces es la del expresidente cocamino para la apetecida intervención en Venezuela, primero, y más tarde en Nicaragua, Cuba y Bolivia–, lombiano, y exsecretario general de UNASUR, las cancillerías de los países que integran el Grupo Ernesto Samper, quien expresó en una entrevista de Lima protagonizan por estos días un vergonzoso su preocupación porque “cada día se escuchan espectáculo de sumisión a los planes estratégicos y más voces, y más duras, que están pidiendo una geopolíticos de la Casa Blanca, y de flagrantes vio- salida confrontacional a la situación, una salida laciones del derecho internacional y principios ele- que incluye las posibilidades de un golpe militar”. mentales de la convivencia entre las naciones, como “Particularmente, creo –añadió– que debemos la no intervención en asuntos internos y el respeto a insistir hasta el final en que la única salida que garantiza una solución incruenta es la salida del la autodeterminación de los pueblos. diálogo institucional Con la Organización de Estados Cada día se escuchan voces más du- entre los actores políticos venezolanos”. Americanos como esceras que están pidiendo una salida conUn diálogo necenario predilecto de sus sario en Venezuela, así representaciones, con las frontacional en Venezuela, que incluye como en otros conflicusinas mediáticas repro- la posibilidad de un golpe militar tos regionales, que en duciendo a todo vapor opinión del expresidenrelatos y corrientes de opinión prefabricadas –y con el nuevo consenso de te debería desarrollarse en el marco político de la derechas que se articula en la región como contex- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carito–, la diplomacia latinoamericana, con sus honrosas beños (Celac), tomando distancia de la influencia excepciones, vive una de sus horas más oscuras, sólo de Estados Unidos, al que considera un “socio no comparable con el clima vivido a inicios de la década confiable” por el carácter esencialmente anti-latide 1960, cuando las fuerzas imperiales orquestaron noamericano de su agenda hemisférica. Otra de esas voces necesarias a las que aludimos su conjura contra la Revolución Cubana. En situaciones como éstas –de crisis y grave pe- es la de Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario ligro– en las que un desenlace fatal irradiaría con- para América Latina de la Secretaría de Relaciosecuencias sociales, políticas, económicas y militares nes Exteriores de México, quien defendió ante una hacia toda la región, se impone la prudencia, la sen- comisión del Senado el nuevo enfoque de polítisatez y la razón. Y afortunadamente, todavía quedan ca exterior del gobierno de Andrés Manuel López voces en nuestra América que se levantan para re- Obrador: “La diplomacia mexicana tendrá un pa-

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pel decisivo en América Latina y el Caribe. México debe ser un líder en la región y estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad. Es el momento en que México vuelva a mirar al Sur”. Además, anunció ante ese foro la disposición de su país para actuar como mediador en Nicaragua y Venezuela. En el caso nicaragüense, Reyes aseguró que “México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y autodeterminación”. Mientras, en el caso venezolano, sostuvo que el gobierno no quiere “caer en el extremo antagonista en el que pensamos que se encuentran todas las partes involucradas en el conflicto venezolano. Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de generar puentes de diálogo”. México, en la figura de su presidente y su equipo diplomático, se perfila como un actor clave en la promoción del diálogo y la búsqueda de la paz y la

unidad nuestroamericana en esta hora de tensiones que vivimos. Una posición consecuente con la letra y el espíritu con el que se firmó en La Habana, hace apenas un lustro, la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz: documento histórico en el que todos los países miembros de la Celac asumieron el “compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región”. Si renunciamos a esta alternativa, es decir, a la posibilidad de defender nuestras opciones y emprender la construcción pacífica de caminos propios, nos perderemos dolorosamente en el camino de vasallaje al que ahora nos conduce la mentalidad colonial que todavía pervive en las élites de muchas de nuestras repúblicas: esa que profundiza nuestra fragmentación y nos acerca, cada vez más, a la vorágine de la guerra imperialista que tantos apetitos despierta en la Casa Blanca y en Wall Street.

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¿MADURO, ILEGÍTIMO POR QUÉ? 10 DATOS QUE DESMONTAN ESA TEORÍA PACUALINA CURCIO/TELESUR

¿S

e habrán hecho esta pregunta quienes afirman que Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador y que el periodo 20192025 carece de legitimidad? ¿O sólo repiten lo que escuchan? Comenzaron a posicionar esta matriz de opinión los 12 países reunidos en Lima. Se lee en su comunicado: “…el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.” Los dirigentes de la oposición venezolana, nos referimos a la no democrática, repiten sin descanso, y por supuesto sin argumentación, que Nicolás Maduro es un usurpador. En un acto de desesperación, el propio vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al verse obligado a convocar personalmente a la marcha opositora para el 23 de enero, debido a la incompetencia de la dirigencia de la oposición, insistió y repitió que el presidente Maduro es un dictador, usurpador e ilegítimo. La estrategia es clara, repetir mil veces la mentira para convertirla en verdad. Desmontemos la mentira: 1. Hubo elecciones presidenciales. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, momento en el que de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución se vence el período presidencial 2013-2019. Se estuviese violando la Constitución si las elecciones se hubiesen realizado después del 10 de enero de 2019 o, peor aún, que no se hubiesen realizado.

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2. Fue la oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las elecciones. Se realizaron en mayo y no en diciembre, como tradicionalmente se hacía, porque fue la oposición la que solicitó, en el marco del diálogo en República Dominicana, que se efectuasen el primer trimestre del 2018. 3. En Venezuela el voto es un derecho, no es un deber. Quienes de manera libre, aunque influenciados por algunas organizaciones políticas no democráticas que llamaron a la abstención, decidieron no asistir a votar, están en su pleno derecho, pero en lo absoluto ilegitima el proceso electoral, más aún cuando eso implicaría desconocer e irrespetar a los 9 millones 389 mil 56 venezolanos que si decidieron votar y ejercieron democráticamente su derecho al sufragio. 4. Participaron 16 partidos políticos en la contienda electoral: PSUV, MSV, Tupamaro, UPV, Podemos, PPT, ORA, MPAC, MEP, PCV, AP, MAS, Copei, Esperanza por el Cambio y UPP89. En Venezuela no es obligatorio que todos los partidos políticos participen en los procesos electorales. Están en su pleno derecho de decidir si participan o no, justamente porque nuestro sistema es democrático. El hecho de que 3 partidos (AD, VP y PJ) decidieron libremente no participar, no ilegitima el proceso electoral. 5. Se postularon 6 candidatos: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Alejandro Ratti (los dos últimos decidieron retirarse). 6. Maduro ganó con un amplio margen, obtuvo 6 millones 248 mil 864 votos (67.84 por ciento); Henri Falcón, 1 millón 927 mil 958 (20.93 por ciento); Javier Bertucci, 1 millón 15 mil 895 (10.82 por ciento), y Reinaldo Quijada, 36 mil 246 votos (0.39

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ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

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por ciento). La diferencia entre Maduro y Falcón fue 46.91 puntos porcentuales. 7. Acompañaron el proceso electoral unas 150 personas, entre ellas 14 comisiones electorales de 8 países; 2 misiones técnicas electorales; 18 periodistas de distintas partes del mundo; 1 Europarlamentario y 1 delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia. 8. Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. Sistema que es automatizado y sometido a auditorías antes, durante y después de los comicios. Sistema que garantiza los principios de “un elector, un voto”, porque sólo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de votación y garantiza el “secreto del voto”. 9. Se realizaron 18 auditorías al sistema automatizado. Los representantes del candidato Henri Falcón participaron en las 18 y suscribieron las actas en las que manifiestan su conformidad con el sistema electoral. Las auditorías son públicas y televisadas en vivo por el canal del Consejo Nacional Electoral. Una vez realizadas las auditorías, el sistema se bloquea y la única manera de acceder nuevamente es con la introducción simultánea de los códigos secretos que tiene cada organización política.

10. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados. No hay pruebas de fraude, no presentaron ninguna evidencia o denuncia concreta de fraude. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron libres, transparentes, confiables, seguras y ajustadas a la Constitución y a las leyes a pesar del llamado antidemocrático a la abstención por parte de un sector de la oposición. Son otros los que pretenden usurpar el cargo de presidente de la República con el argumento de un supuesto vacío de poder, figura que no está contemplada en nuestra Constitución y la instauración de un “gobierno de transición”, figura tampoco prevista en la Carta Magna. Por si fuera poco, pretenden ejercer el poder fuera de nuestras fronteras violando el artículo 18 de la Constitución que establece que es Caracas la sede de los poderes públicos. Así las cosas, son otros los usurpadores, ilegítimos y antidemocráticos. Es ilegítimo y constituye un intento de usurpación el que algunos sectores de la oposición pretendan sostenerse en el apoyo de sectores extranjeros provenientes de gobiernos imperialistas para ejercer una autoridad que ni el pueblo ni la Constitución les da. Repitamos mil veces estas verdades.

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EL PEOR ROSTRO DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA RAFAEL CALCINES/PRENSA LATINA

antiago de Chile. La imagen de una mujer munitarios, salud, educación, protección del medio campesina, joven e indígena parece ser el ambiente y seguridad social, entre otros. El estudio de la Cepal, para definir los niveles de peor rostro de la pobreza en América Latina, donde en 2018 el 29.2 por ciento de sus habitantes pobreza y extrema pobreza, se basó en los ingresos vivían en esa condición y el 10.2 subsistían en la de la población, y en ese sentido sacó a la luz también serios problemas en el comportamiento del miseria extrema. Esos porcentajes equivalen a 182 millones de mercado laboral y los salarios. Ello obedece a que entre quienes tienen trabajo pobres y 63 millones en condiciones de máxima penuria, según las previsiones de la Comisión Eco- remunerado, la tercera parte se desenvuelve en actinómica para América Latina y el Caribe (Cepal) vidades informales y por tanto carece de beneficios publicadas recientemente por esa entidad de las sociales. También a que más de la mitad de la poNaciones Unidas, como parte del informe sobre el blación no cotiza en los sistemas de pensiones, por lo cual su situación se tornará extraordinariamente panorama social en la región. Las cifras de la Cepal evidencian que también precaria cuando lleguen a la vejez En tanto, según los dentro de los millones datos de los 18 países de personas que engroEn América Latina hay 182 millones contemplados en el insan las filas de los menos forme de la Cepal, el 42 favorecidos existen pro- de pobres y 63 millones en condiciones por ciento de los trabafundas brechas: en las de máxima penuria. La mayoría sobrejadores percibe ingrezonas rurales la pobreza vive en zonas rurales, según la Cepal sos inferiores al salario es 20 puntos porcenmínimo vigente en esas tuales mayor que en las naciones, y una vez más ciudades, y la pobreza extrema afecta al 20.4 por ciento de la población los más afectados son las mujeres y los jóvenes. Entre ellas, 49 de cada 100 están en esa condique habita en el campo. Los indígenas, que constituyen en algunas socie- ción, y peor aún lo llevan los jóvenes pues el 56 por dades latinoamericanas un sector poblacional signi- ciento gana menos del mínimo establecido, pero si ficativo, son los más golpeados por la pobreza, en la se es mujer y joven al mismo tiempo, más del 60 por ciento se desempeñan en empleos de baja calidad y cual sobrevive el 51 por ciento. Según Alicia Bárcena, directora general de la con ingresos insuficientes. Y el problema no es coyuntural sino raigal, pues Cepal, entre 2011 y 2016 en América Latina se apreció un crecimiento del gasto social en las es- en sociedades tradicionalmente machistas como trategias nacionales de varios países, pero ello no las latinoamericanas la mujer permanece relegada ha sido suficiente para una disminución efectiva de a pesar de los avances logrados por los movimienla pobreza y la extrema pobreza, cuya tendencia es tos feministas en las últimas décadas y el empodea crecer, y en cambio, se tiende al estancamiento ramiento que le han brindado los gobiernos más en esos gastos, que incluyen vivienda y servicios co- progresistas de la región.

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Precisamente, el estudio dedica un capítulo a la autonomía económica de la masa femenina ante los retos que implican los cambios en el mercado del trabajo como resultado del desarrollo tecnológico. Ellas tienen menos posibilidades de participar en el mercado laboral por la enorme carga que implican las labores domésticas no remuneradas, su tasa de actividad es 24.2 por ciento menor a la de los hombres, al tiempo que se les hace más difícil encontrar empleo. Todo ello con el agravante de lo que la Cepal califica como segregación ocupacional de género, pues más de la mitad de las latinoamericanas y caribeñas están empleadas en puestos de baja calificación, además de que en prácticamente todas las ramas perciben menores salarios que los hombres por igual trabajo. Y el futuro no parece ser muy halagüeño para la gran mayoría ante los profundos cambios tecnológicos que están ocurriendo en la economía de muchas naciones. Al respecto, Alicia Bárcena señaló que los cuidados hogareños, comercio e industria manufacturera

concentran poco más del 61 por ciento de la fuerza laboral femenina, pero los dos últimos reúnen actividades que demandan pocos conocimientos y con gran concentración de tareas rutinarias, por lo que son proclives a la introducción de procesos automatizados, con los consiguientes riesgos de desempleo. No ocurre así con las ocupadas en actividades hogareñas y del cuidado de personas de la tercera edad, que con los cambios demográficos marcados por el envejecimiento poblacional posiblemente demanden más fuerza de trabajo, y dada su naturaleza resulta casi imposible que irrumpa allí la automatización. Pero esa potencial fuente de trabajo no demanda gran calificación y se caracteriza por bajos salarios, carencia de garantías y de seguridad social, por lo que ellas parecen estar condenadas a seguir relegadas y siendo mayoría entre los sectores más pobres. Un panorama nada esperanzador para un continente donde parecen avanzar fuerzas políticas para las cuales cambiar la situación actual de la mujer, los jóvenes, los campesinos y los indígenas no figura entre las prioridades.

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REFLEXIÓN DE PREGUNTA A LA OEA

SOBRE EL ESTATUS JURÍDICO DE GUAIDÓ LUIS MANUEL ARCE/PRENSA LATINA

l secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quedó fuera de balance -aunque casi siempre lo está- con la intempestiva solicitud del delegado de México en la OEA, Jorge Lomónaco, de que presente una aclaración sobre el estatus jurídico del venezolano Juan Guaidó. Si un señor sin antecedentes políticos ni vida pública, sin lustre ni esencia, surge de la nada y de improviso se autotitula “presidente” interino de un país que no está en una guerra de posiciones ni dividido en cuartones y es gobernado por un mandatario en ejercicio, electo en las urnas en votación libre, resulta lógico que alguien indague su estatus jurídico. Públicamente, al menos, lo único que se sabe es que Guaidó no existía en las redes ni en los periódicos, incluidos los de la oposición, hasta el 5 de enero de 2019, cuando por una rotación de partidos pasó a ser presidente de una Asamblea Nacional que ni se reúne ni legisla, porque es una entelequia por voluntad propia de una parte de sus integrantes y está declarada en desacato. A los pocos días de saberse “líder” legislativo, se le vio organizando manifestaciones desfasadas contra el gobierno, reviviendo turbulencias de las guarimbas que en su última etapa en 2017 dejaron 43 muertos, incluidos algunos quemados vivos, y el 23 de enero, efemérides gloriosa nacional, se encaramó en una tarima y se proclamó “presidente” interino, ya con ocho fallecidos a sus espaldas. La OEA actuó veloz -aunque no tanto como Donald Trump y su carnal Mike Pompeo querrían- y proclamó su apoyo al “nuevo presidente” y en eficiente magisterio convocó a una reunión urgente de la organización para pedir el reconocimiento al

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desconocido personaje, tal como había solicitado de forma abierta el Departamento de Estado norteamericano. Por supuesto se sabía de antemano quiénes lo secundarían, primero los 11 del Grupo de Lima con Jair Bolsonaro de Brasil a la cabeza y Lenín Moreno de Ecuador en la cola, y ese número fue suficiente para que Trump amenazara desde Washington con cualquier tipo de acción (se entiende que militar) contra el gobierno de Nicolás Maduro. Todo, según el guion preestablecido, estaba consumado, incluidos espacios para la improvisación cuando Maduro, en enérgica reacción, acusó a Estados Unidos de organizar un golpe de Estado de nuevo tipo y rompió relaciones con el gobierno de Trump. Fue un momento donde la impericia diplomática del secretario Pompeo fue subrayada por sus antecedentes trogloditas y, haciendo trizas el Derecho Internacional y todo lo que se ha construido durante años en favor de la independencia y soberanía de los pueblos, desconoció el mandato de Maduro y desafió su autoridad y la dignidad de la nación al rechazar su orden de retirar a los diplomáticos estadounidenses destacados en Venezuela. En un acto intolerable y arrogante colocaba al desconocido Guaidó por encima del presidente constitucional y acusaba a Maduro del desorden que exprofeso habían organizado con grupos delincuenciales mientras el propio Trump, en persona, ni siquiera por encargo, designaba a aquel señor como “presidente encargado” de Venezuela, como la antigua monarquía española con los virreinatos. Acción injerencista y agresiva de las tantas que han perpetrado gobiernos de Estados Unidos desde tiempos inmemoriales.

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La razón de política interna que mueve a Trump a hacer esa barbaridad con Venezuela es un acto desesperado para tratar de salir de la trampa en la que él mismo se ha metido al crear su propia crisis política provocada por múltiples investigaciones por corrupción, colusión con intereses extranjeros y obstrucción de justicia que podría poner en duda su legitimidad. Son estas razones, al margen de la permanente ambición geoestratégica de apoderarse de un país clave económica y geográficamente en Suramérica, en especial por el petróleo, el oro y otros minerales, las que en estos momentos marcan la intervención de la Casa Blanca y el Departamento de Estado en la crisis artificial reavivada en Venezuela mediante un apresurado plan desarrollado durante las últimas semanas con gobiernos aliados y la oposición interna coordinada por un viejo lobo hartamente conocido desde Vietnam y Nicaragua con el escándalo Irán-Contras, Elliot Abrams. La comparsa mediática acompañó las voces de Trump y Pompeo, aunque sin hacer tanto énfasis en la OEA por su archiconocido desprestigio, y acuñaron frases indecorosas e insustentables en referencia a Maduro, como dictador, ilegítimo y otras más que a quien les vienen a medida exacta es al tal Guaidó. Y he allí la lógica de la solicitud mexicana a Almagro para que le presente al mundo el estatus jurídico que debe derivarse de una designación de esa naturaleza, y su currículum político que debe ser muy infeliz. Más preguntas deben surgir al respecto. ¿Por qué es ilegítima la presidencia de una persona que la ganó en las urnas? ¿Por qué es un usurpador si su presidencia salió de la voluntad popular que lo eligió entre seis candidatos de 16 partidos políticos y los tres que no participaron fue por voluntad propia? ¿Por qué ilegítimo y usurpador si puso a escrutinio público su puesto y lo retuvo por el 67.84 por ciento de los votos, sin fraudes, con el mismo sistema y máquinas con las que la oposición ganó en los comicios parlamentarios la Asamblea Nacional, en un proceso verificado por decenas de observadores internacionales y 14 comisiones electorales de ocho

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países? ¿Quién es el usurpador? ¿El presidente electo en sufragio universal o el desconocido designado por Trump “presidente encargado”? Es claro que el gobierno de Donald Trump impulsa a un criminal y un injusto golpe de Estado, pues resulta evidente que de la única manera que pueden intentar instalar a un régimen fantoche en Venezuela es mediante la violencia, y va a ser algo muy costoso porque, además, constituye un reto a la dignidad de las fuerzas armadas bolivarianas que apoyan a Maduro, y una provocación demasiado peligrosa que el mundo no puede dejar pasar. Unos pocos gobiernos satélites aliados a Estados Unidos no podrán irse por encima del resto del mundo que mantiene relaciones con Venezuela y su reconocimiento a Maduro.

La flagrante violación del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de numerosos tratados generalmente aceptados que consagran la no intervención, ni la injerencia en los asuntos internos de otros estados, y preservan la paz por encima de cualquier consideración, no se puede permitir sobre todo en esta época de angustias y de tantas amenazas a la supervivencia misma del ser humano como especie. Esa es la gran reflexión a la que incita la solicitud de México a la OEA, de que presente el estatus jurídico de un provocador que está jugando con el fuego de una manera irreverente, irrespetuosa y muy peligrosa, con el aliento de quienes se creen procónsules del universo.

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CAÍN, ABEL Y LA NOOSFERA GUILLERMO CASTRO H, ENSAYISTA, INVESTIGADORY AMBIENTALISTA PANAMEÑO/PRENSA LATINA

l vínculo entre la ciencia y el humanismo es de ese conflicto en nuestro desarrollo como especie. Pero hay más. Como lo dijera alguna vez el hismucho más amplio y rico de lo que podría parecer a primera vista. La lectura del “Gé- toriador ambiental Donald Worster, las ciencias nanesis desde las Humanidades, por ejemplo, nos per- turales pueden demostrar, más allá de toda duda, mite ver, en el episodio terrible del asesinato de Abel que estamos inmersos en una crisis ambiental que ya por su hermano Caín, el dilema moral en torno al amenaza la continuidad del desarrollo de nuestra escual se organiza lo fundamental de nuestra eticidad: pecie. Sin embargo, no pueden explicar cómo y por qué hemos contribuido a crear esa crisis, y cuáles son ¿acaso soy yo el guardián de mi propio hermano? La ciencia, por su parte, nos ayuda a entender nuestras opciones de destino a partir de tal origen. Esta observación de Worster expresa la neceque ese conflicto entre hermanos tiene un componente ambiental, que enfrenta entre sí a dos formas sidad de contribuir al proceso de formación de un diferentes de relación con la naturaleza. Caín, en saber ambiental en el que convergen y se trascienden efecto, era un agricultor sedentario, mientras Abel las Humanidades y las ciencias naturales. Ese proceso ya está en curso en todas las grandes comunidades era un pastor nómada. El Viejo testamento, como sabemos, fue escrito humanas de nuestro tiempo –incluyendo de manera destacada la iberoameripor descendientes de cana–, con los matices y un pueblo de pastores La noosfera representa la esfera funda- perspectivas propias de nómadas, dirigido por hombres como Abra- mental del conocimiento científico, aun- la cultura de cada una ham, dueño de grandes que apenas hayamos llegado al punto de de estas. Lo hace posible el hecho de que toda rebaños. Allí también, distinguirla de su realidad circundante ciencia es natural, pues en el libro del “Éxodo”, todas construyen su obaquellos israelitas pasan jeto de estudio dentro de la condición de esclavos, en el Egipto agrícola, a la de nómadas que via- de la naturaleza y, al propio tiempo, toda ciencia es jan por el desierto en busca de una tierra prometida social, pues ese proceso de construcción ocurre siempoblada por pueblos de comerciantes y agricultores, pre desde la sociedad. Esta convergencia es una necesidad de nuestro constructores de ciudades, a los que harán una guetiempo, en el que formas cada vez más complejas de rra incesante. Disciplinas científicas como la ecología, la clima- actividad productiva material crean la necesidad de tología, la biología evolutiva, la paleontología y la formas de complejidad equivalente –o mayor– en la geografía aportan elementos sin los cuales no podría- organización de los procesos de producción de comos comprender este conflicto en sus implicaciones nocimiento. Toca ahora trascender los límites impara nuestro desarrollo como especie. Las Humani- puestos por la organización original de ese trabajo de dades –a través de disciplinas como la arqueología, producción de conocimientos, ideas e innovaciones la historia y la filosofía, entre otras– nos permiten no que han venido a desembocar en nuestro presente. En su mundo de origen, el desarrollo del conocer solo entender sino y, sobre todo, comprender el papel

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fue organizado por áreas de especialización. Eso permitió avanzar con tal rapidez que, entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, ocurrió una auténtica revolución tanto en los métodos de producción del conocimiento como en la amplitud de sus resultados y de sus aplicaciones a la producción de bienes materiales y servicios sociales. De ese proceso da cuenta, por ejemplo, lo que va de la teoría de la evolución de las especies por selección natural –presentada por Darwin en 1857–; la del desarrollo social elaborada por Marx entre 1857 y 1867, a la del vínculo entre la biosfera y la noosfera, planteado por Vladimir Vernadsky en 1938. El planteamiento de Vernadsky, en particular, ofreció una estructura tangible a la idea expresada y reiterada por Marx y Engels desde 1846 sobre la existencia de una sola historia, la de la naturaleza, en cuyo seno –y en constante interacción con su entorno natural mediante procesos de trabajo socialmente organizados– se inscribía la de las sociedades humanas. Al planteamiento de Vernadsky le faltó incorporar el papel del trabajo como forma específicamente humana de relación con la naturaleza. Al propio

tiempo, su propuesta de integrar el conocer y la naturaleza en el proceso de la creación y desarrollo de la noosfera no fue bien comprendida en una cultura aún comprometida con la ilusión positivista del progreso incesante mediante la especialización constante. Hoy, las cosas han evolucionado hasta ponerse a la altura del legado de Marx, como lo planteara alguna vez Rosa Luxemburgo. En nuestra circunstancia, la noosfera toma conciencia de sí, desde nosotros y para nosotros, de un modo que confirma lo dicho por Vladimir Vernadsky en 1938: “La creación de la noosfera, iniciada con intensidad […] hace algunas decenas de miles de años, fue un hecho de extrema importancia en la historia de nuestro planeta, conectado sobre todo con el crecimiento de la ciencia de la biósfera, y definitivamente no fue un hecho casual. Podemos, por tanto, afirmar que la noosfera representa la esfera fundamental del conocimiento científico, aunque sea apenas ahora que hayamos llegado al punto de distinguirla de su realidad circundante.” Eso somos, eso hacemos, eso nos distingue dentro del devenir general de nuestra historia, y traza nuestra ruta hacia un mundo mejor.

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DISUELVEN EMPRESAS

PRIVADAS DE PEMEX EN PARAÍSOS FISCALES

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Petróleos Mexicanos extingue 26 de las 51 empresas privadas que constituyó en paraísos fiscales. Todas operan al margen de la ley. El Grupo PMI –“brazo comercial” de la petrolera–, en la mira por presuntos actos de corrupción NANCY FLORES

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

a nueva administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por el ingeniero Octavio Romero Oropeza, busca desmantelar la red de empresas offshore que constituyeron sus antecesores y que llegó a sumar más de 60 compañías de papel, sin oficinas ni empleados pero con múltiples gastos suntuosos y presuntos actos de corrupción. Veintiséis ya fueron extintas entre diciembre de 2018 y los primeros días de enero, revelan a Contralínea funcionarios de la petrolera mexicana. No obstante, indican que el esquema es tan complejo que no será fácil desaparecer el resto: otras 25 compañías de portafolios. En total, el gobierno de Enrique Peña heredó 51. La ruta crítica para atender este tema será cerrar otras 15 en los próximos meses, pero las otras 10 empresas no se podrán desmantelar en el corto plazo: están ligadas a proyectos productivos de Pemex y sus subsidiarias, así como a contrataciones de deuda en mercados internacionales que aún se están pagando, detallan los funcionarios.

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En el caso de PMI Comercio Internacional, el plan es volverla nuevamente una empresa del Estado, pues desde diciembre de 2014 –bajo el amparo de la reforma energética– el Consejo de Administración de Pemex la transformó de paraestatal a filial. Ese cambio permitió la extinción del Órgano Interno de Control, la imposibilidad legal de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizara al llamado “brazo comercial” de la petrolera y la volvió sujeto no obligado a la Ley General de Transparencia. En 3 años, ni esa filial ni sus empresas satélite (el Grupo PMI) han rendido cuentas a pesar de que manejan todas las exportaciones e importaciones de Pemex. Más aún, según los funcionarios consultados, al Grupo PMI ya se le investiga por presuntos actos de corrupción y fraudes contra la hacienda petrolera. Al respecto, el propio Andrés Manuel López Obrador indicó el pasado 24 de enero que “Pemex Internacional requiere una revisión a fondo, porque incluso llegó a ser independiente del Estado mexicano, funcionaba como una empresa privada sin control, sin que tuviese que rendir cuentas”. Agregó que del Grupo PMI no sólo le preocupa la refinería que se tiene en sociedad con la trasnacional Shell en Estados Unidos (Deer Park): “es que la compra del combustible no se transparentaba, y eso lo vamos a hacer. Vamos poco a poco”.

Y es que pareciera una telaraña de compañías offshore diseminadas en cinco territorios fiscalmente laxos (Delawere, Estados Unidos; Irlanda; Países Bajos; Suiza, y España), un conocido paraíso fiscal –Islas Caimán– y México. La mayoría de empresas se derivan de sus tres holdings (tenedoras de acciones), de tal forma que Pemex y sus subsidiarias figuran como propietarias indirectas del resto. Sus operaciones incluyen triangulaciones de capital, cuentas bancarias privadas abiertas en paraísos fiscales y una tesorería en Holanda, donde se retienen supuestas ganancias de carácter “privado”, a pesar de que todas las transacciones se derivan de los recursos públicos de Pemex: su petróleo y derivados o su capital. Los funcionarios explican que entre los hallazgos destaca que, a través de estas empresas offshore, Pemex ha participado en negocios totalmente adversos a sus finanzas. Particularmente sobresalen inversiones del Grupo PMI en sociedades que registran pérdidas multimillonarias, como las sostenidas con las españolas Hijos de J Barreras y Repsol; con la estadunidense Deer Park (propiedad 50-50 con Shell); y en México, las fraudulentas adquisiciones de Agronitrogenados y Fertinal, por ejemplificar con los peores casos. En todos éstos, las decisiones fueron tomadas de forma unilateral por ejecutivos del Grupo PMI, con la venia de los altos directivos de la petrolera mexicana: jamás se consultó al Congreso para estas inversiones con capital público, tanto en el extranjero como en México. Aunado a ello, los operadores de las sociedades y compras accionarias no pueden ser imputados por los daños patrimoniales causados al erario, porque no son considerados servidores públicos, sino ejecutivos de empresas privadas. No obstante, el quipo que revisa estos temas continúa analizando la legalidad de cada caso. Con este nivel de opacidad, Pemex también empleó estas compañías para triangular compras

Pemex Internacional requiere una revisión a fondo: llegó a ser independiente del Estado, funcionaba como una empresa privada

Esquema maﬁoso Al analizar la compleja estructura empresarial que Pemex creó desde 1988 –cuando el gobierno de Carlos Salinas desapareció las oficinas de representación de Pemex en el extranjero y las transformó en empresas privadas extraterritoriales–, la nueva administración encontró que se trata de un esquema similar al que emplean organizaciones mafiosas o empresas y personas evasoras de impuestos. 28

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En la revisión interna sobresalen inversiones del Grupo PMI en sociedades que registran pérdidas multimillonarias. Hijos de J Barreras, Repsol, Deer Park, Agronitrogenados y Fertinal, los peores casos

y contratar servicios, sin garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que exige la ley. De esta manera, en muchos casos no había licitaciones sino sólo contratos directos.

Gastos suntuosos Como si se tratara de jeques petroleros, al frente de todas esas negociaciones, los “ejecutivos” del Grupo PMI viajaban a “visitar” a sus “socios”. Cada semana se programaba al menos un viaje al extranjero, muy frecuentemente a Europa (particularmente a Oslo, Noruega), “pero ahí no hay

socios, hay contratistas”, afirman los funcionarios consultados. Y así es: en Oslo reside la trasnacional Bergesen, a la que Pemex le arrenda el barco Señor de los Mares, tipo FPSO. En su momento, se documentó un sobrecosto en dicho contrato, que involucró como coyotes a las empresas Subtec, Blue Marine, Arrendadora Ocean y Oceanografía. El dispendio ha sorprendido al nuevo equipo en Pemex, pues, sin ninguna justificación, los viáticos y el hospedaje de lujo corrían a cuenta de las finanzas “privadas” de Pemex. Por ello, estos gastos ya se revisan con lupa, al igual que los sueldos, porque se fijaban discrecionalmente.

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ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO

Y es que fue una de esas 51 empresas privadas la que asignó el contrato y después perdió el litigio: Pemex Procurement International, Inc –radicada en Houston, Estados Unidos–, eligió a Ethan Gas Oil, por medio de una licitación pública. No obstante, la compañía se quedó con un anticipo de 400 millones de pesos y nunca entregó los carrotanques. Pemex Procurement es una de las 25 empresas que difícilmente podrá extinguir el gobierno de López Obrador: ha desarrollado más de 200 acuerdos comerciales de largo plazo desde su creación, y actualmente tiene en pie el concurso de licitación PETIL-CAT-B-GCPCYCE00-49591-0010179374-18-3, para Pemex Etileno. Antes denominada Integrated Trade Systems, Inc, ésta fue constituida el 18 de febrero de 1994 en Delaware, y su única propietaria es Petróleos Mexicanos. Según los datos oficiales, desde 1998 cuenta con un sistema de adquisiciones para Pemex, que va desde la licitación o contratación directa hasta el pago de la factura, pasando por la logística de entrega. La compañía ha sostenido relaciones contractuales con más de 1 mil 700 proveedores de equipos de manufactura y serviLa sociedad Pemex-Shell, en Deer Park, entre los casos de presunta corrupción que se auditan en la petrolera cios de la industria del petróleo y otras relacionadas, todos para la Fraude de 700 pipas petrolera del Estado mexicano.

pasó por Grupo PMI

Una operación que también ha llamado la atención no sólo al interior de Pemex sino en el gabinete es el presunto fraude que denunció el presidente López Obrador, relacionado con una frustrada compra de 700 carrotanques para transportar hidrocarburos. 32

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La herencia de Peña Nieto Al cierre del sexenio de Peña Nieto, el 4 de noviembre de 2018, Pemex consolidó 53 empresas privadas ante la estadunidense Securities and Exchange Commission (SEC); la lista incluye a PMI

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(astillero); PMI Servicios Portuarios Transoceánico, que construye, desarrolla, administra y opera puertos marítimos, muelles, escolleras, almacenes, tanques de gas natural y de gas licuado de petróleo o cualquier otro petrolífero o hidrocarburo. Con similares propósitos pero en el tema de hidrocarburos, en especial los denominados “limpios”, está PMI Midstream del Centro; También, PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, especializa en transportación de etano; PMI Transoceánico Gas LP, para el transporte de propano; PMI Ducto Juárez, para petrolíferos por medio de ductos a terceros; y Administración Portuaria Integral, que administra las zonas petroleras del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Al referirse a PMI Comercio Internacional, López Obrador se comprometió el pasado 24 de enero a “limpiar a Pemex de corrupción. […] Vamos poco a poco. Algunos dicen que con mucha prisa; pues no, es que tenemos mucho trabajo qué hacer en esa materia”.

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Comercio Internacional y a Hijos de J Barreras (de la que posee el 51 por ciento). Ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó menos compañías de este tipo: en su más reciente reporte, del tercer trimestre del año pasado, aseguró que eran 31. Entre éstas hacía referencia a Pemex Finance, el vehículo financiero que la petrolera estatal opera en el famoso paraíso fiscal Islas Caimán. Del cruce de datos se desprende que Pemex cerró su ciclo peñanietista con 51 empresas offshore. Según PMI Comercio Internacional, las sociedades del Grupo PMI ligadas a proyectos e infraestructura son: PMI Campos Maduros SANMA, vehículo de propósitos específicos para las alianzas estratégicas del proyecto de inversión denominado Campos Maduros; PMI Azufre Industrial, encargada del desarrollo de diversos proyectos relacionados con el azufre; Hijos de J Barreras, dedicada a la construcción y mantenimiento de embarcaciones

La administración del ingeniero Octavio Romero ya desapareció 26 de las 51 empresas privadas que heredó el gobierno de Peña Nieto

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LOZADA AGUILAR: “podrían cesarme de pemex porque no aguante presión la política

El director de Pemex Exploración y Producción asegura estar tranquilo: “Podrían cesarme porque no se aguante la presión política, pero no porque haya corrupción de mi parte”. Miguel Ángel Lozada Aguilar podría ser el primer alto funcionario en caer por la política anticorrupción de López Obrador

NANCY FLORES

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“T

abasco es un pueblo chico y todos nos conocemos. Aquí está toda mi historia, cómo vivo.Yo no tengo dinero y la gente lo sabe. Siempre he luchado: yo soy mi tarjeta [de presentación]”, asegura en entrevista el ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), la principal subsidiaria de Petróleos Mexicanos con 50 mil trabajadores bajo su mando. De la noche a la mañana, su vida dio un vuelco: su nombre figuró en la prensa nacional como uno de los tres funcionarios que habrían participado en el supuesto desvío de recursos públicos para universidades desde la petrolera. Luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó:“Si están involucrados en la ‘estafa maestra’, no tienen por qué trabajar en este gobierno”. –Usted podría ser el primer alto funcionario que López Obrador corra. ¿Está preocupado?

“Los convenios son una excepción a la licitación y se estableció así para fortalecer a las universidades e institutos educativos y de investigación” –Podrían cesarme porque no se aguante la presión política, pero no porque haya corrupción de mi parte. No obstante, el ingeniero Lozada Aguilar sabe que es cuestión de horas para que se determine su situación y el panorama para él no es halagüeño. Tras el escándalo mediático, el ingeniero Octavio Romero Oropeza –director de Pemex– lo mandó llamar y le solicitó una tarjeta informativa donde puntualmente explicara su participación en los contratos con universidades cuando se desempeñó como administrador del Activo Integral Cantarell. De inmediato, la Secretaría de la Función Pública abrió –por segunda ocasión, pero esta vez con carácter de urgente– una investigación sobre este asunto. “Los convenios son una excepción a la licitación y se estableció así [este mecanismo] para fortalecer a las universidades e institutos educativos y de investigación.Todas las instituciones participaban en estos

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convenios que instituyó el gobierno de Vicente Fox, y Pemex no fue la excepción.” De acuerdo con el semanario Proceso, en 2012 Lozada Aguilar autorizó uno –el 422082806– de nueve convenios con la Universidad Popular de la Chontalpa (Upch), en Cárdenas, Tabasco, presuntamente irregulares porque se hicieron subcontrataciones y eso estaba prohibido en el contrato. Con el objetivo de brindar el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos, el convenio fue revisado 2 años después por la Auditoría Superior de la Federación e involucrado en “un entramado ilegal [de convenios] en el que la empresa [Pemex] eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron” (Neldy San Martín, “Nuevos funcionarios de Pemex implicados en la Estafa Maestra y Odebrecht”, 21 de enero). –¿Usted no observó nada: alguna irregularidad? –No. Yo firmé el contrato porque eran mis atribuciones. Había un supervisor para ese convenio que hacía todas las órdenes y daba seguimiento, pero no era yo. Además, en Pemex hay miles de contratos y éste solo es uno –cuyo costo, admite, fue de 143 millones de pesos. –¿Habría alguna omisión de su parte? –Mi caso lo pueden revisar: no hay nada. Esto viene de una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación. El auditor observó que la Universidad había subcontratado gente. Pero eso fue de la Universidad y nosotros no tenemos nada que ver con su administración. Nosotros cumplimos, Pemex tiene todo el soporte: cada convenio tenía un supervisor de contrato y, en este caso, el trabajo sí se entregó. Sólo fue el tema de las subcontrataciones. –¿Pemex tenía que supervisar que el contrato se cumpliera como se acordó y no lo hizo? –No. La Universidad fue la que cometió esa falta, ellos sabían que no podían subcontratar y lo hicieron, por eso la Universidad fue auditada y a mí ni siquiera me citaron. Aparentemente tranquilo, el ingeniero Lozada explica que en Cantarell había 150 contratos de este

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Lozada Aguilar (segundo a la izquierda): “Esto sale porque estamos tocando muchos intereses”

tipo, mínimo: el presupuesto era de 40 mil millones de pesos para contratos y servicios, que incluyen los de perforación. Por ello, insiste:“No hay nada: la Auditoría Superior le mandó al Órgano Interno de Control que revisara y no encontró nada. Normalmente cuando el Área de Responsabilidades del OIC encuentra algo llama a los servidores públicos; pero a mí no me llamaron. Además, nosotros tenemos todo, el Libro blanco, y no hay nada. Pueden buscar miles de cosas pero en Pemex no hay nada. Nosotros sí recibimos los estudios de cada convenio”. Lozada Aguilar desliza la sospecha del origen de este escándalo mediático: “esto sale porque estamos tocando muchos intereses”. Agrega: “Las presiones son muy fuertes. Soy responsable de muchas cosas: a mí me tocó correr a todos los altos funcionarios que estaban aquí antes [en el gobierno de Enrique Peña]. Estamos tocando muchos intereses: todo el presupuesto se ha recortado, se fusionaron áreas, se bajaron los sueldos en 40

por ciento. Los directivos y gerentes ya no tenemos vehículos”. Y es que con el cambio de gobierno y la ascensión del ingeniero Lozada, de PEP salieron José Luis Fong Aguilar, quien fuera subdirector de la Región Sur; Rodrigo Hernández Gómez, subdirector de Servicios a Proyectos; Eduardo Zavala Nácer, gerente de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Regiones Marina; José Antonio Escalera Alcocer, director de Exploración; Octavio Barrera Torres, subdirector de Mantenimiento y Confiabilidad. “Estos cargos [las direcciones en Pemex] tienen una connotación política. No estoy preocupado porque no tengo nada. Lo único que me preocupa es que todo se desvirtúe, todo lo que he hecho, todo mi trabajo de estos 36 años.” En entrevista con Contralínea, el ingeniero cuenta cómo supo del escándalo:“Me enteré de esto porque mi esposa compra siempre la revista Proceso. Entonces el domingo que fue a misa leyó la noticia y de inmediato me llamó. Mi hija que no vive aquí tam-

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Pemex Exploración y Producción es la principal subsidiaria de Petróleos Mexicanos: cuenta con más de 50 mil trabajadores

bién me habló, me dijo:‘no puede ser que por esto se manche toda tu carrera’”. –¿Qué le dijo el director de Pemex? –Me dio toda la confianza pero también me dijo que si hay algo, si encuentran algo, me voy. Estoy tranquilo porque no se va a probar nada. Pero si no puedo tener la autoridad moral ya no le entro, así no juego. Vivo al día: mis dos hijas tienen que trabajar, mi madre fue esposa de un petrolero y depende de la pensión que le da Pemex. –¿Hizo pública su declaración patrimonial? –Hace años sí pero, por lo difícil que está la situación de seguridad, en Pemex nos recomendaron no hacerla pública. Pero este año sí lo pienso hacer. Vivo al día: debo a la tarjeta [de crédito] 350 mil pesos por un tema familiar: uno de mis hermanos tuvo una urgencia y le presté ese dinero. No tengo mucho: una casita en la colonia Deportiva que me costó 350 mil pesos y para comprarla saqué un crédito en Pemex; tengo otro departamento en Mérida del cual sólo he pagado el 35 por ciento de su valor; y una casita pe-

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queñita en Puebla. Además, mis padres me heredaron un terreno de 1 hectárea.Y mis vehículos los compré con créditos de Pemex. –¿Cuentas en Suiza, en paraísos fiscales? El ingeniero ríe y, al mismo tiempo, niega con la cabeza. Luego responde: ”No. Si tuviera eso ya no estaría viviendo aquí. No estaría luchando, trabajando”. Nacido en 1961, durante su carrera en la petrolera, Lozada Aguilar ha sido subdirector de Aseguramiento Tecnológico; subdirector interino de Desarrollo de Campos; gerente de la Unidad de Negocios de Cantarell; coordinador de Diseño de la Unidad de Negocios de Cantarell y líder del Grupo Estratégico de la Unidad de Negocios de Cantarell. Cuatro meses antes de las elecciones presidenciales empezó a trabajar intensamente con el equipo de López Obrador:“Desde marzo [de 2018] empecé a reunirme con el ingeniero Oropeza”. Poco a poco, Lozada ganó la confianza de quienes asumirían el control del país. Ahora, su futuro profesional depende de una auditoría.

ANÁLISIS SOCIAL

TLAHUELILPAN: LOS “DAÑOS COLATERALES” DE LA REFORMA ENERGÉTICA La masificación del robo de combustible es una consecuencia directa de la reforma energética y del empobrecimiento de la población. La cifra negra de muertos y heridos por accidentes y enfrentamientos entre las bandas es incalculable. Lo ocurrido en Tlahuelilpan tiene todas las características de atentado y no de un simple robo. Recuperar Pemex y revertir la reforma energética, ineludible

CUARTOSCURO

FRANCISCO CHEW PLASENCIA, DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO SOCIAL POR LA TIERRA (MST)

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SOCIAL

a tragedia de Tlahuelilpan del pasado 18 de enero ha enlutado al estado de Hidalgo. Por sus dimensiones, es una de las mayores de las que se tenga registro en dicha entidad. Esta ocurre en el marco de estrategia de lucha contra el robo de combustible que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El horror de las cifras habla por sí mismo: 117 muertos hasta el momento, más de 70 personas heridas debatiéndose entre la vida y la muerte y alrededor de 50 desaparecidos. La secuencia de los hechos es relativamente simple: alrededor de las 14 horas se reportó una fuga de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Primitivo, en la vía a Teltipán, cercana a la carretera Tlahuelilpan-Tlaxcoapan. La ruptura del ducto fue obra de un reducido grupo delincuencial, el cual también incitó a la población a acudir al lugar del siniestro. Se presume que los autores del atentado contra el ducto forman parte de las bandas de huachicoleo (robo de combustible) que operan en la región. Entre 600 y 800 personas que acudieron con cubetas y bidones a tratar de recoger la gasolina que se estaba derramando de la fuga. Casi de inmediato personal militar y policías federales se apersonaron. Advirtieron a la población del peligro, pero se retiraron a distancia pertinente ante el gran número de personas. Las autoridades estatales y municipales brillaron por su ausencia a pesar de su responsabilidad en materia de protección civil y orden público que tenían en dicho evento. La composición que se observa de la gente que participaba en la recolección del combustible era de transportistas, jornaleros, jóvenes, campesinos, mujeres y niños que, durante horas, iban y venían acarreando gasolina. A las 19:00 horas ocurrió la tragedia con la explosión e incendio del ducto.

ANÁLISIS

En los últimos días, a través de redes sociales y de páginas que se caracterizan por difundir noticias falsas (fake news) y hacer guerra sucia, se ha emprendido una campaña para criminalizar a las víctimas y hacer escarnio de la tragedia de forma ruin y cobarde.

Privatización y corrupción: dos caras de la misma moneda La puesta en marcha de la estrategia de combate al robo de combustible desarrollada por el gobierno de López Obrador, desde finales de diciembre, se basó en un diagnóstico con cuatro elementos principales: 1) Las pérdidas por robo de combustible en Pemex tuvieron un valor superior a los 66 mil 300 millones de pesos sólo en 2018; 2) el 80 por ciento del robo de combustible se producía dentro de las instalaciones de Pemex, refinerías y centros de distribución: esto se hacia abajo la dirección de altos funcionarios de la empresa productiva del Estado; 3) existía una red de gasolineras y empresas del sector privado que comercializaban y/o utilizaban dicho producto a nivel nacional, incurriendo, además, en lavado de dinero, producto de esta actividad; 4) la ordeña de ductos mediante tomas clandestinas sólo representa alrededor del 20 por ciento del total del robo y, entre otras cosas, ayudaba a ocultar la sustracción mayor desde dentro del sector público. Habría que agregar que esta situación es efecto de la reforma energética realizada durante el sexenio pasado y diseñada para desmantelar Pemex y entregar la riqueza petrolera al sector privado, esencialmente a las empresas trasnacionales. Y también, de la reforma fiscal, diseñada para llenar el agujero que dejó en las finanzas publicas la reforma energética a partir de la creación y aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, y que generó un alza constante a partir de 2017 www.contralinea.com.mx

ANÁLISIS SOCIAL

luego de la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel. La estrategia del nuevo gobierno ha logrado frenar el robo de combustible de manera importante, combatiendo centralmente la red de corrupción al interior de Pemex; pero en el caso de la ordeña de ductos la situación se ha tornado más compleja.

La ordeña de ductos no es Huachicoleo y comunidad: nueva en la una relación de explotación región, pero capitalista desde 2017 La ordeña de ductos no es nueva; sin embargo, desde 2017 pasó de ser una actise expandió vidad relativamente marginal en la región a de forma expandirse de forma importante, impulsada importante, por el gasolinazo que, entre otras cosas, implicó la liberalización del precio y la venta de impulsada por el los combustibles. De entonces a la fecha los gasolinazo precios aumentaron en 70 por ciento. Lo an-

terior propició el establecimiento de un mercado negro que abastecía no sólo pequeños expendios clandestinos, sino principalmente gasolineras y empresas medianas y grandes. Las bandas dedicadas al robo de combustible requieren de capacidad técnica y logística sólo posibles con la colaboración de personal de Pemex. No es para nada sencillo perforar ductos, establecer tomas y conocer la programación del flujo de diferentes productos energéticos. Además, en esta actividad no sólo estarían implicados trabajadores petroleros. Parecería imprescindible la complicidad abierta o encubierta, a cambio de pago de cuotas y financiamiento de campañas políticas, de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de fuerzas policiacas y militares que permitieran el desarrollo de dichas actividades de manera masiva. Las bandas, por su parte, han reclutado personas de la región como “empleados” o “comisionistas” de los llamados “dueños de tomas”. Estos “dueños” instalaron las tomas al apropiarse de las tierras por las que pasan los ductos. Ante la expansión de la actividad

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que hizo necesaria la instalación de infraestructura, comenzaron a requerir mano de obra. Estos “dueños de tomas” con sus empleados fueron integrados a las estructuras del crimen organizado que opera en connivencia con la red de corrupción en el sector público, las empresas y grupos políticos. El contexto que propició este reclutamiento, esencialmente laboral, fue el estancamiento económico, las pérdida de empleos productos, la pauperización de los empleos subsistentes, la descapitalización del campo y un regreso importante de migrantes de Estados Unidos (desplazados hacia México por la política xenófoba del gobierno de Donald Trump). Todo lo anterior generó un grave aumento de la pobreza y dejo sin alternativas de subsistencia a una parte importante de las comunidades, particularmente a los jóvenes. Es de señalarse que la alta volatilidad del combustible y las condiciones inseguras propias de esta actividad ilegal ocasiona constantes accidentes en su manejo, lo que ha dejado una cifra negra (no contabilizada) de personas muertas o quemadas de gravedad en estos años, que se suman a las victimas producto de las pugnas y ajustes de cuentas entre facciones de estas bandas, que tan sólo en 2018 dejo más de 100 muertos.

Política contra el robo de combustible en la región Tula-Tepeji El combate al robo de combustible ha dejado saldos positivos para las finanzas públicas y para Pemex: se recuperaron alrededor de 5 mil millones de pesos sólo durante enero de 2019, al evitar la sustracción de hidrocarburo que se hacía desde dentro de la paraestatal, donde se realiza el mayor quebranto. En el caso de Tula, el personal militar tomó control de la refinería los últimos días de diciembre de 2018, casi a la par de la de Salamanca Guanajuato.

ANÁLISIS

ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO

SOCIAL

La estrategia de parar el flujo en la

Sin embargo en lo que respecta al combate a la ordeña en los ductos, la estrategia de parar el flujo en la red de distribución al detectarse baja de presión ha ocasionado escasez de combustible en el bajío (Guanajuato y Querétaro), el occidente ( Jalisco y Michoacán) y el centro del país (Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo), regiones donde se han detectado la mayor cantidad de tomas clandestinas. En el caso de Hidalgo, particular incidencia de ordeña de ductos ocurre en los municipios de Tula, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Mixquiahuala, entre otros, por su cercanía con la Refinería Miguel Hidalgo, pero que se extiende a otras regiones como Ixmiquilpan o Tulancingo por el paso de la red de ductos como el Tuxpan-Azcapozalco. La escasez es principalmente de gasolina,

y en menor medida de diésel. Este último por lo general lo ocupa la maquinaria industrial y agrícola y el transporte pesado de carga y pasajeros. Es de señalarse que la escasez también se debió en cierta media a causa de la falta de combustible robado que se vendía a través de gasolineras, o que ocupaban empresas y expendios clandestinos. El abasto mediante tanques-cisterna (pipas) ha ayudado a mitigar y a restablecer el abasto, como en el caso de la Ciudad de México y algunos otros estados. Pero en el caso del estado de Hidalgo y la región de Tula, la escasez era grave en la semana del 14 al 20 de enero. En promedio, en la ciudad de Tula había combustible sólo en tres o cuatro gasolinerías de las 14 con las que cuenta el municipio. Y en los municipios más pequeños, como Tlahuelilpan, la escasez era más severa aún.

red de distribución al detectarse baja de presión ha ocasionado escasez de combustible en el bajío

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ANÁLISIS SOCIAL

Santa Ana: los riesgos de la militarización

En Tlahuelilpan hubo un acto de sabotaje del crimen organizado, que rompió el ducto donde antes existía una toma de un grupo rival

4 de febrero de 2019

La actuación de las fuerzas federales no ha estado exenta de conflictos. El más grave, antes de la explosión en Tlahuelilpan, había ocurrido el pasado 13 de enero: al perseguir camionetas con contenedores utilizados para transporte de huachicol sobre la carretera Tula-Tepetitlán, éstas ingresaron a la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan y detrás de ellos, los militares. La población civil salió a la calle por el rumor esparcido de que los militares habían atropellado a una persona. Y al reunirse un gran número de vecinos en torno a una patrulla militar, algunos elementos dispararon al piso para intentar alejarlos. Por el rebote de una bala mataron a una persona delante de su familia, lo que ocasionó la retención de tres soldados, entre ellos el responsable de la muerte del joven dedicado a la venta de comida. La crisis se resolvió mediante el diálogo, con mediación del Movimiento Social por la Tierra (MST), entre las autoridades del pueblo y el coordinador de programas de desarrollo federal. Se atendió la demanda de la comunidad y los deudos de la víctima, que demandaban la puesta a disposición del elemento responsable de los disparos ante el ministerio público. Cabe señalar que las autoridades estatales y municipales de concertación política y de seguridad pública brillaron por su ausencia y omisión, y no sólo en este incidente sino desde el inicio del operativo contra el robo de combustible. Después de este incidente, los militares salieron de los poblados donde se habían instalado, pero reforzaron su presencia sobre el ducto y en las vías de comunicación. El incidente mostró las limitaciones y los riesgos de la inclusión de los militares en tareas policiacas, sobre todo en las que implican contacto e interacción con la población civil, dado que la formación militar por

La tragedia de Tlahuelilpan ha suscitado muchas reacciones, desde la solidaridad humana las víctimas

naturaleza es para la utilización de la fuerza letal y no para la contención, conminación o detención de personas. Lo anterior también muestra los riesgos de la Guardia Nacional que está en proceso de conformación legal y operacional bajo mando militar.

Tlahuelilpan: ¿huachicoleo o sabotaje? La tragedia de Tlahuelilpan ha suscitado muchas reacciones, desde la solidaridad humana ante el horror y el dolor, hasta la criminalización, la burla y el odio contra las víctimas (esto último sobre todo en redes sociales y páginas que en buena medida difunden y articulan noticias falsas con intensiones aún no claras). ¿Pero qué fue lo que pasó?

JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO

SOCIAL

daridad humana ante el horror y el dolor, hasta la criminalización, la burla y el odio contra

Quien conoce la actividad de la ordeña de ductos y su logística sabe que su modus operandi es más o menos el siguiente: Existe un área donde están establecidas las tomas clandestinas. La toma consiste en una o varias conexiones con válvula en el ducto y un sistema de mangueras con las que, a la hora que tienen el aviso desde la red de corrupción dentro de Pemex del transito y las características del combustible, cargan contenedores y/o pipas. Para ello, llega un conjunto de individuos que abre la válvula y controla el flujo hacia los vehículos para llenar los tanques y contenedores que están ahí para tal efecto. Previamente, otro grupo de personas armadas y vigilantes (halcones) establece un perímetro alrededor de la toma y la ruta de trasiego para evitar que la población o los

cuerpos de seguridad se acerquen mientras se realiza la sustracción, hasta que esta es llevada a su destino, sean centros de almacenamiento, empresas, gasolinerías o expendios clandestinos. En este proceso no hay fugas o derramas, salvo que se presente algún accidente o enfrentamiento con grupos antagónicos o cuerpos de seguridad. En Tlahuelilpan lo que ocurrió fue una cuestión diferente, un acto de sabotaje. Una célula del crimen organizado rompió el ducto donde antes existía una toma presumiblemente de un grupo rival, ocasionando una derrama de gasolina, e incitó a la población de San Primitivo y a la que transitaba sobre la carretera a Teltipan y Tlaxcoapan a que recolectaran la gasolina que se derramaba en una zanja sobre la ruptura del ducto. Esto también lo promovieron en redes sociales. Este tipo de acciones no son nuevas y las hemos visto en circunstancias similares en la zona de Palmar de Bravo o Texmelucan, Puebla, y recientemente en Acambay, Estado de México. La gente llegó en su mayoría motivada por la escasez de combustible luego de 2 semanas, en una región donde estaban impactadas las actividades económicas locales. Y ante la posibilidad aliviar la falta de gasolina, o de venderla para tener un ingreso adicional por su alto costo y escasez, y dada la pobreza de una parte importante de la población, acudieron al lugar. La cantidad de personas osciló entre las 600 y 800 personas. Las bandas de huachicoleo con esta acción perseguían dos cosas: 1) Cubrir la apertura de sus tomas evitando la detección de éstas por el mecanismo de detección de la baja de presión en el ducto, para atribuirla a la derrama de Tlahuelilpan, y 2) distraer y propiciar el retiro del Ejército del cuidado del ducto en otras áreas de ordeña, buscando que la situación generará confrontación con la población civil.

ANÁLISIS

Detrás de la tragedia estaría el crimen organizado, que habría alentado a la población a que recolectara la gasolina que se derramaba en una zanja

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ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

ANÁLISIS SOCIAL

El presidente López Obrador

La actuación de las fuerzas federales consistió en hacer acto de presencia en número reducido para conminar a la población a retirarse dado el riesgo, pero no hicieron más ante la posibilidad de un enfrentamiento con alto costo social, y tampoco desplazaron las unidades que cuidaban el ducto más adelante, por lo que la intención de quienes lo sabotearon fracasó. Esto a pesar de que ampliaron el boquete para aumentar la derrama que duró más de 5 horas. Es temeraria la afirmación de que las víctimas de la explosión eran huachicoleros, y peor aún, que se merecían lo que les ocurrió. Y en el colmo de la insensibilidad, negar la tragedia. Las personas afectadas casi en su totalidad no se dedican a la actividad de robo de combustible, no forman parte de esas bandas, ni se benefician de este ilícito; sólo era población civil motivada por las razones que señalamos con anterioridad. 46

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Decir que de todos modos estaban robando y por eso eran delincuentes, también es una afirmación inexacta si consideramos que la gasolina estaba derramándose, contaminando el suelo y que era irrecuperable y, sobre todo, tal derrama no había sido ocasionada por quienes estaban recolectando. El propio código penal contempla esta circunstancia, o el estado de necesidad, como una atenuante o causa excluyente del delito (si lo queremos ver técnicamente); por lo que es ridícula la petición de castigar a los sobrevivientes con cárcel. Lo que es una realidad es que es un acto imprudente e indebido de quienes acudieron y expusieron su vida. Se trata de hombres, jóvenes, mujeres y niños pobres en su mayoría. Es falso que los familiares le soliciten al gobierno indemnizaciones, como se ha difundido. Esto no exime de responsabilidad a las autoridades estatales y municipales y en parte también a las federales, en materia de protección civil y cuidado del orden público, cuyas acciones hubiesen ayudado a evitar la tragedia o, por lo menos, a limitar el alcance de la misma. Las derramas y accidentes en ductos han generado graves daños ambientales al suelo y a la atmósfera en los últimos años y este caso no es excepción, cuestión de la que Pemex ha tratado de evadir su responsabilidad legal y social mediante argucias administrativas y legales desde hace tiempo. Esta tragedia ha puesto de relieve algunos hechos importantes: la dificultad y complejidad de la lucha contra el robo de combustible; la necesidad de normalizar el abasto para el éxito de la estrategia; la responsabilidad del crimen organizado que busca poner en medio a la población para amortiguar o neutralizar las acciones en su contra; la limitación de las fuerzas militares en tareas policiales; la omisión y complicidad de ciertas autoridades locales (estatales y municipales) en materia de protección civil

y seguridad pública; ciertas limitaciones de Pemex y las fuerzas federales para la prevención, y la necesidad de la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a las comunidades y municipios de la región y que están en el olvido. El linchamiento en redes sociales busca criminalizar y minimizar la tragedia; se vale de imágenes, videos y argumentos falsos, sesgados o fuera de contexto, muy parecidos a los usados para criminalizar a la caravana migrante, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a las organizaciones campesinas que cercaron el Congreso (a las que se les quiso vincular con Antorcha Campesina y el Partido Revolucionario Institucional, PRI). Quienes participan en estos linchamientos esgrimen valores neoliberales. Buscan romper los lazos de solidaridad natural del pueblo de México con las víctimas. En mucho parecen un experimento de agencias especializadas de contrainformación con fines no claros, similares en su acción a la campaña impulsada por Bolsonaro contra la izquierda en las pasadas elecciones en Brasil o la campaña contra la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Acciones necesarias para la el desarrollo y la soberanía nacional El combate al robo del combustible como parte de la erradicación de la corrupción es importante para la recuperación de la capacidad productiva de Pemex, que ha sido desmantelada por los gobiernos neoliberales para entregar la riqueza petrolera a empresas extranjeras. Su desmantelamiento incluyó el beneficio, vía el robo, para la red de corrupción de alto nivel de la burocracia de la empresa productiva del Estado, una parte del sector empresarial, camarillas políticas y el crimen organizado. Sólo con una empresa energética sana, y operando a toda su capacidad, es posible

ANÁLISIS

CRISOSTOMO SOTELO /CUARTOSCURO

SOCIAL

La crisis del desabasto por el combate

fortalecer las finanzas públicas e impulsar el relanzamiento de las actividades productivas de país, por lo que la estrategia de combate anunciada por López Obrador es necesaria y ha contado con amplio apoyo popular a pesar los problemas de desabasto. Sin embargo, no es suficiente esta medida. También es necesario en el mediano plazo revertir la reforma energética para recuperar la soberanía nacional, es decir, la parte del patrimonio público cedido a las empresas petroleras trasnacionales mediante licitaciones y asignación de concesiones estos años, y recuperar la rectoría del Estado para frenar no sólo el despojo en sector publico sino también en el sector social, sobre todo en el campo. Para ello se tiene que derogar la reforma constitucional entreguista, la ley de hidrocarburos y otras que emanaron de esta reforma impuestas mediante el acuerdo antinacional llamado Pacto por México, que

al robo de combustibles habría motivado a muchas víctimas a acudir a la toma clandestina

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HILDA RÍOS/CUARTOSCURO

ANÁLISIS SOCIAL

Los conflictos sociales no necesitan un componente militar

4 de febrero de 2019

impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto con la complicidad de toda la clase política. También es necesario relanzar la inversión y expansión de Pemex y, dentro de los planes, contemplar la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, que tendrá un impacto económico positivo para el país y desde luego para la región y el estado. Es importante destacar que cuando se puso en marcha la última ofensiva para privatizar Pemex, mediante la reforma energética en 2013, nuestra región, este pueblo noble que hoy algunos criminalizan, y particularmente las comunidades que hoy conforman el MST, fueron la vanguardia de uno de los principales focos de lucha y resistencia en regiones petroleras del país en aquel momento. La jornada desarrollada implicó un fuerte proceso asambleario y organizacional

regional para la resistencia: la movilización de aproximadamente 10 mil personas el 3 de Septiembre de 2013 de Tula a la refinería Miguel Hidalgo; la participación en dos movilizaciones nacionales en el Zócalo con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador; el cerco al senado y a la cámara de diputados; la concentración masiva de rechazo en Tula el 12 de diciembre; el cerco el día 13 de ese mismo mes al Congreso del Estado de Hidalgo, y una amplia campaña de recolección de firmas durante el primer semestre de 2014 para, mediante la consulta popular, intentar revertirla. Desde luego, también debemos mencionar la jornada de lucha impulsada contra el gasolinazo en enero y febrero de 2017, donde miles de personas salimos de manera pacífica a demandar el fin de esta medida producto de la reforma energética y fiscal.

ANÁLISIS INTERNACIONAL

LA INTERMINABLE POLÉMICA SOBRE FERROVÍA ÍTALO-FRANCESA En breve se decidirá el futuro de la construcción de la nueva línea ferroviaria transfronteriza entre Italia y Francia. Frenarla costará hasta 4 mil millones de euros, dicen quienes apoyan el proyecto. Los opositores la califican de innecesaria, muy costosa y perjudicial para el medio ambiente

123RF

FRANK GONZÁLEZ/PRENSA LATINA

4 de febrero de 2019

INTERNACIONAL ANÁLISIS

oma, Italia. A la espera de la decisión gubernamental sobre el futuro de la construcción de la nueva línea ferroviaria transfronteriza entre Italia y Francia, prosigue aquí la polémica sobre la utilidad y pertinencia del proyecto. Ninguna iniciativa entre las dos naciones fue, y todavía es, tan controvertida como la Nueva Línea Turín-Lyon (NLTL), concebida en la década de 1990 como alternativa más veloz y eficiente respecto a la vía actual de un centenar de kilómetros, construida a mediados del siglo XIX para el transporte de pasajeros y mercancías. Fuertemente criticado desde su concepción por quienes lo creen innecesario, demasiado costoso y perjudicial para el medio ambiente, el proyecto es apoyado por otros que lo consideran un factor importante para el desarrollo económico y social del país. A pesar de las crecientes protestas y reajustes del proyecto, antes y después del primer acuerdo intergubernamental suscrito en enero de 2001, los sucesivos gobiernos y parlamentos de las dos naciones respaldaron la realización de la obra, la cual se encuentra actualmente en alrededor del 15 por ciento de ejecución. Sin embargo, la situación cambió a partir del 1 de junio último con el arribo al gobierno italiano del Movimiento 5 Estrellas (M5E), una de cuyas banderas principales es la oposición a grandes obras como la NLTL, en contraste con la posición de su aliado coyuntural en el Ejecutivo, la Liga. Abiertamente enfrentados sobre un tema que divide a sus bases y dirigentes, ambas agrupaciones lo incluyeron en el contrato suscrito como programa del actual Ejecutivo encabezado por el primer ministro Giuseppe Conte. El documento plantea que “con relación a la línea de Alta Velocidad Turín-Lyon, en la aplicación del acuerdo entre Italia y Francia, nos comprometemos a

suspender las labores ejecutivas y rediscutir integralmente el proyecto”, para lo cual se creó una comisión de expertos que evaluó la relación costo-beneficio de la obra. Tanto el primer ministro Conte como el titular de Infraestructuras y Transporte, Danilo Toninelli, evitaron comentar el informe y aseguraron que una vez concluido el análisis se informarán los resultados, los cuales serán conciliados con Francia y la Unión Europea. Aunque se desconoce el contenido del texto, el diario Corriere della Sera entrevistó a Marco Ponti, presidente de la comisión, quien expresó: “no creemos que la decisión deba seguir forzosamente el análisis costo-beneficio, que es sólo un instrumento de comprensión” y subrayó que “la decisión es política”. Lo expresado por el profesor de Economía y Planificación del Transporte del Politécnico de Milán, refuerza las versiones difundidas por varios medios según las cuales el grupo consideró que el costo no justifica los eventuales beneficios de la obra. A la intensificación del debate contribuyeron acciones y declaraciones en Turín, escenario de tres multitudinarias manifestaciones, una de partidarios y dos de opositores de la obra, además del acuerdo contra la continuación de los trabajos adoptado por el Concejo Municipal controlado por el M5E. La decisión aprobada el 29 de octubre último prevé publicar, con posibilidad de verificación, los procedimientos y modalidades para un riguroso análisis de la relación costo-beneficio de la obra, al tiempo que suspender cualquier acción constructiva hasta concluir la evaluación y rediscusión del proyecto con la contraparte francesa. A raíz de ese pronunciamiento surgió el comité ciudadano “Sí, Turín va adelante”, promovido por siete mujeres residentes

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en la zona como iniciativa aparentemente desligada de tendencias políticas, aunque sus dos movilizaciones contaron con el apoyo de exponentes de los principales partidos, excepto el M5E. Integran también el frente a favor de la obra grandes centrales sindicales como Cgil, Cisl y Uil, junto a las organizaciones empresariales, lideradas por Confindustria, con una resonancia particular en Piamonte y otras regiones aledañas del norte de la península como Liguria y Lombardía. Convencidos de que cuentan con el respaldo mayoritario del electorado, figuras representativas del bloque favorable al proyecto invocan la necesidad de un referendo.

El proyecto es un caso ejemplar de obra inútil porque pretende sustituir a la línea existente, a pesar de que está cumple con Argumentos a favor las demandas y en contra actuales

A pesar de su descripción en el ambiente mediático como el Tren de Alta Velocidad (Tav), la obra es en realidad una línea mixta con especificaciones técnicas de interoperabilidad respecto a la red central europea de la cual forma parte, como la definió el comisario designado por el gobierno, Paolo Foietta. En una audiencia parlamentaria realizada en diciembre de 2016, Foietta precisó que el objetivo es permitir el tránsito de trenes de pasajeros a una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y de carga hasta 120. En tal sentido, añadió que para competir con el transporte por carretera, el tráfico ferroviario de mercancías no requiere velocidades superiores a las ordinarias, sino una mayor capacidad de transportación con trenes de más de 750 metros de largo o al menos dos mil toneladas de peso. El funcionario se mostró partidario de seguir adelante con la construcción del trayecto de 270 kilómetros de extensión, 189

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en territorio francés y 81 en Italia, con una sección transfronteriza de 65 kilómetros, el 89 por ciento de los cuales corresponde al túnel de base transalpino. Ese trayecto de 57,5 kilómetros soterrados, de los cuales 45 pertenecen a Francia y 12,5 a Italia, con dos tubos para vías férreas unidireccionales y un radio de entre 4,20 y 4,35 metros, es el núcleo de la fase acordada por ambas partes en 2012 y en el cual se centra la discusión actualmente. El acuerdo previó también una sección de unos 33 kilómetros de túneles de dos tubos a través del macizo montañoso francés de Belledonne y otras dos en territorio italiano, una a cielo abierto de tres kilómetros hasta Susa y otra soterrada de 19.5 kilómetros entre Susa y Chiusa San Michele. Entre los argumentos a favor de la continuación de la obra, el comisario mencionó la importancia estratégica del eje binacional, para el trasiego de más de 40 millones de toneladas de mercancías anualmente y la incapacidad de la línea histórica para adecuarse al transporte ferroviario moderno, aunque no llegue al punto de saturación. En ese sentido, un estudio publicado por la agencia de noticias Agi indicó que “según los datos más recientes y completos” a finales de 2016 el flujo de mercancías a través de ese eje ascendió a 42.3 millones de toneladas, de las cuales sólo el 7.7 por ciento fue a través del ferrocarril. Al mismo tiempo, ese análisis reveló que entre los primeros años de la década del 2000 y 2016 se produjo un descenso de unos ocho millones de toneladas en el trasiego anual de mercancías a través de la frontera binacional. Para los críticos de la NLTL, el proyecto es un caso ejemplar de obra inútil porque pretende sustituir a la línea existente a pesar de que ésta cumple con las demandas actuales de tráfico ferroviario, con especificaciones técnicas compatibles con las exigencias

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Aunque el proyecto sigue en discusión,

de la Unión Europea para redes centrales. Así lo considera la edición actualizada en marzo de 2018 del volumen “150 razones contra la Turín-Lyon”, el cual se refiere también a falencias de la nueva línea respecto a la capacidad de transferencia modal y la interoperabilidad con el resto de las redes italianas y francesas. Con datos de fuentes confiables y argumentos lógicos, el documento cuestiona el “enorme costo” de las obras, su “efecto pesante” sobre el ambiente y el desvío de recursos necesarios para enfrentar “la criticidad del resto de las redes nacionales y las necesidades reales de los ciudadanos”. La contribución del proyecto al desarrollo del corredor Transeuropeo 3, de Algeciras hasta la frontera con Ucrania, su sostenibilidad en armonía con el medio ambiente y la justificación de la inversión respecto al beneficio que reportará, fueron

otras razones expuestas por Foietta. En el mismo sentido se manifestaron en diciembre último 12 organizaciones empresariales lideradas por Confindustria, quienes consideraron inconcebible detener la construcción de grandes obras y reabrir la discusión sobre inversiones discutidas, aprobadas, financiadas y en ejecución. Entre otras razones para respaldar el proyecto, las organizaciones empresariales expresaron que la cuota de financiamiento más relevante para cubrir el costo de la sección transfronteriza será cubierta por la UE, “dispuesta a aumentar su contribución actual de 40 a 50 por ciento”. Apuntaron, además, que la parte correspondiente a Italia ya fue comprometida en el presupuesto, sin consecuencias para el equilibrio de las finanzas públicas y subrayaron que completar la línea ferroviaria costaría menos que detenerla por la resti-

“la parte correspondiente a Italia ya fue comprometida en el presupuesto”

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ASSOCIAZIONE GEOGRAFICAMENTE

ANÁLISIS INTERNACIONAL

“Mientras seguidores de la obra indican que tendría que pagar una penalización de entre 2 mil millones y 4 mil millones de euros, opositores rechazan esos cálculos”

tución del financiamiento recibido y otros gastos adicionales.

El costo de la obra Aunque el costo de la obra es uno de los aspectos más debatidos, junto a su utilidad e impacto sobre el medio ambiente, nadie está en condiciones de precisar el monto total de la inversión. En el libro “Tav sí” publicado en 2012 por Foietta y el diputado del Partido Democrático Stefano Espósito, ambos estimaron el costo del proyecto, construido como un todo y no por partes, en unos 24.7 miles de millones de euros, cifra que la Corte de Cuentas de Francia calculó en 26.1 en el mismo año. Sin embargo, opositores del proyecto consideran que la inversión total puede llegar a los 40 mil millones de euros, tomando en cuenta diferentes factores como la fluctuación monetaria y el incremento de precio de los insumos, entre otros. Esa variación se observa en el costo de la sección transfronteriza estimado en 2012

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en un máximo de 8.6 miles de millones de euros y en 9.6 apenas cinco años después, de los cuales Italia debe pagar el 57.9 por ciento y Francia el 42.1, sin incluir el 40 por ciento que debe asumir la UE si ambos países cumplen lo pactado. Algo parecido sucede con la discusión sobre las implicaciones económicas que tendría para Italia una retirada del proyecto cuando ya las partes involucradas invirtieron una cierta cantidad de recursos. Mientras seguidores de la obra indican que tendría que pagar una penalización de entre 2 mil millones y 4 mil millones de euros, voces autorizadas entre los opositores rechazan esos cálculos. Finalmente, si hay un aspecto en el cual ambas partes coinciden es en la necesidad de cuidar el medio ambiente, aunque desde perspectivas diferentes, porque si para unos la NLTL contribuirá a mejorar la calidad de vida y el cuidado del entorno, para otros tendrá un efecto desestabilizador y contaminante.

ANÁLISIS INTERNACIONAL

LOS PROBLEMAS ARGENTINOS SON DOS: MACRI Y EL FMI El principal problema político que afecta a Argentina es el gobierno neoliberal de Macri: su sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional profundizan aún más la crisis

FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO

SERGIO ORTIZ, COMENTARISTA POLÍTICO ARGENTINO/PRENSA LATINA

4 de febrero de 2019

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uenos Aires. El reduccionismo de la oposición en Argentina plantea que todo mejorará tras las elecciones de 2019 con sólo derrotar al presidente Mauricio Macri. Error. Los problemas son al menos dos: aparte del nombrado, está el Fondo Monetario Internacional. El principal problema político que afecta a la Argentina es el gobierno neoliberal presidido por Macri que llegó al poder en diciembre de 2015, aupado por la alianza Cambiemos. Eso explica la caída en picada de la economía y sus principales indicadores, que completaron un 2018 para el olvido. No lo dicen sindicatos clasistas, que no existen desde los ardorosos años de 1970. Lo afirma la Unión Industrial “Argentina”, que apoyó este trienio macrista. Su centro de estudios informó que en noviembre pasado la actividad cayó 9.4 por ciento en cotejo con igual mes de 2017; los resultados en rojo afectaron a 11 de los 12 sectores, con textil como el peor de todos. Si se consideran los 11 meses de 2018, la caída es del 2.7 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior. El drama no lo tienen tanto los dueños de esas empresas, sobre todo las grandes, de espaldas encogidas, pero aún anchas, sino los trabajadores. Según el ministerio de Producción y Trabajo, en octubre del año pasado la industria manufacturera tenía 49 mil 465 trabajadores formales menos que mismo mes de 2017. Que una parte de estos empleos de mejores salarios haya sido reemplazada por el empleo precarizado y más monotributistas (trabajadores por cuenta propia), no quita gravedad al problema. Eso es parte de la reforma laboral de hecho que viene practicando el gobierno en su conjunto mientras prepara leyes para formalizar aquella reforma. La crisis del mundo laboral venía de antes que Macri redujera el ministerio de

Trabajo a Secretaría. Eso ilustró la poca importancia que para el gobierno de los CEOs tiene ese rubro. El ministerio de Salud también tenía graves problemas presupuestarios a lo largo del trienio y fue degradado a Secretaría, con el criterio macri-fondomonetarista de suprimir estructuras del Estado. Esa medida gubernamental quedó en alevoso offside, porque coincidió con el hantavirus, enfermedad contagiada por ratas y que ha causado 14 muertos, sobre todo en Chubut, pero también en Salta y Entre Ríos. Las cepas no son las mismas y se contagian de modo diferente. El responsable de la Secretaría, Adolfo Rubinstein, trató de poner paños fríos para que no cunda el pánico. Sin embargo, se podría haber prevenido mejor el contagio si no se hubieran cerrado programas y despedidos investigadores y especialistas en el tema. El humorista Jericles García dibujó a un hombre y mujer que caminan y hablan del tema. El hombre dice: “En este asunto del hantavirus hay una gran responsabilidad de los ratones... de los ratones que para ahorrar unos mangos cerraron el ministerio de Salud”. Un ratón llamado Mauricio...

Un problema es Macri Cuando se dice Macri, en rigor se está simplificando, porque el presidente no gobierna solo sino con el peor equipo de los últimos 50 años y defiende intereses de clase monopolistas, de su clan familiar y el resto de los banqueros y empresarios que sostienen al PRO-Cambiemos. Y vaya si hay sintonía fina en esa maraña de intereses. Los trabajadores y otros sectores populares pierden ingresos frente a la inflación y tarifas dolarizadas. Por otro lado, los exportadores, los prestadores de servicios públicos y banqueros tienen ganancias extraordinarias.

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El FMI aconsejó a Argentina elevar la edad jubilatoria, reducir los haberes iniciales y endurecer las condiciones para acceder a este beneficio

4 de febrero de 2019

El Centro de Estudios Cifra, de la CTA, aseguró que el salario real promedio del sector privado tuvo en octubre una caída interanual del 10.6 por ciento. Al terminar el año sería mayor, con la inflación de noviembre (3.2) y la maquillada de diciembre (2.6). Para el empleo precarizado, jubilados y pensionados, la pérdida será mayor. En mayor o menor medida, todos los sectores con ingresos fijos tendrán números deficitarios frente a la inflación anual del 47.6 por ciento, según la midió con benevolencia el INDEC. En cambio, en el segmento más enriquecido, los números han sido espectaculares, según se desprende de las ganancias de las gasíferas y eléctricas, tras los tarifazos que ya llevan varias jornadas de protestas, la última fuerte en Rosario. Otro tanto con las entidades financieras, que en los primeros 11 meses del año llevaban ganados 153.978 millones de pesos (unos 4.104 millones de dólares), 99 por ciento más que en 2017, según informe de bancos del Banco Central. Esos banqueros no hacen la plata trabajando. Toman dinero de los ahorristas y la prestan al Estado mediante la compra de bonos llamados Leliq, con intereses anuales de entre el 60 y 70 por ciento. Así hacen una diferencia de 20 o 30 puntos respecto a lo que pagan a sus depositantes. El ministro Nicolás Dujovne, al alardear que disminuye la emisión y contiene parcialmente la inflación y la subida del dólar. La verdad es que está endeudándose en exceso y eso es emisión a futuro, más un enorme costo social del ajuste. La toma de deuda llevó a que en 2019 haya que pagar por los intereses 596 mil millones de pesos (15 mil 889 millones de dólares), tres puntos del producto interno bruto. Mucho ajuste para todos y todas; el ahorro va a pagar intereses de la deuda, para pocos y pocas.

Segundo problema, el Fondo Hasta 2015, de encuestas nacionales e internacionales surgía que los argentinos tenían una pésima opinión del FMI, por la nefasta experiencia que llevó al desastre de 2001. A contramano de esa historia, el gobierno actual se endeudó por 57.500 millones de dólares. Esas cadenas de dependencia no sólo significan pagos enormes de intereses y parte del capital, sino también condicionamientos que afectan al bienestar de las mayorías. Pruebas al canto. El pago de 596 mil millones de pesos de intereses en el año recién comenzado; en 2020 se estima que los vencimientos ascenderán a 25 mil 900 millones de dólares. El yugo de la deuda externa ya llevó a la quiebra del país en 2001 y puede provocarlo otra vez, con o sin blindajes y megacanjes. Hay otra consecuencia nefasta de la sujeción al buró de Christine Lagarde, y son las políticas que dictan para la recolonización de Argentina. Por ejemplo, en la última reunión del FMI, su vicepresidente David Lipton presentó un trabajo de sus especialistas aconsejando elevar la edad jubilatoria, reducir los haberes iniciales y endurecer las condiciones para acceder al beneficio previsional. Dijo Lipton: “hay países cuyos generosos sistemas públicos de pensiones pueden llevar a las finanzas públicas a una difícil situación. Deben considerar pasos como limitar las jubilaciones tempranas que reduciría las vulnerabilidades de largo plazo”. Una parte de ese ajuste, acatado por el gobierno macrista, se convirtió en ley en diciembre de 2017, en medio de una brutal represión, palos y gases en el Congreso. El FMI recomienda (es un decir, exige) más, y gobiernos como los de Macri y Jair Bolso-nazi están dispuestos a complacerlo.

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FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO

Los dos presidentes tuvieron su primera reunión en Brasilia y se dijeron elogios recíprocos como dos viejos conocidos de toda la vida. Si el argentino entregó la cartera económica a exbanqueros y funcionarios fondomonetaristas y del Banco Mundial, el brasileño hizo lo propio con Paulo Guedes, un Chicago boy. En este caso, para jugar con la expresión borgeana, los une el espanto a Venezuela, pero también el amor por el neoliberalismo y Donald Trump.

Dudas de la oposición En la oposición al macrismo siguen deshojando la margarita sobre el candidato o candidata que pueda ganar la elección. Es bilardismo o resultadismo elevado a la enésima potencia. Es lógico que se quiera ganar una elección, pero no a costa de cualquier cosa; mejor ir dejando claro cuál es el arco de fuerzas aliadas, los objetivos principales y los programas más importantes a realizar en caso de llegar al gobierno. Todos esos últimos tópicos están en veremos, bajo siete llaves, o lo que es peor, no abordados, por indecisión u oportunismo. Lo que más se discute son los nombres. Qué si Cristina Fernández ganaría o no, o si su candidatura sería funcional al macrismo necesitado de un enemigo bien identificado y con un techo de mucha imagen negativa, etcétera. De la mano de Miguel Pichetto y Sergio Massa, resucitaron la posible candidatura del entrado en años Roberto Lavagna, con una aureola de estadista que no se ganó cuando estuvo en funciones. Otros opinan que sería mejor Massa para romper la antinomia macrismo-kirchnerismo. La expresidenta, que mejor mide, guarda un silencio atronador. La idea predominante, si se puede lla-

El presidente de Argentina. Mauricio

mar idea, es amontonar a todos los referentes del peronismo en una sola lista, PASO mediante si fuera necesaria. Uno de los que lo expresó más claramente fue Aníbal Fernández en reportaje a Infobae: “Solá, Capitanich, Rossi, que están caminando. Alberto Rodríguez Saá y Miguel Ángel Pichetto, también. Todos tienen derecho a serlo. Cristina, por supuesto”. Añadió: “hay que tragarse los sapos que vengan. Seguramente un sapo seré yo. Y yo deberé tragarme los míos, pero unidad hasta que duela”. Tanto ejercicio de ampliar las tráqueas para poder tragar sapos y culebras de todos los tamaños y ninguna propuesta sobre cómo derrotar a Macri, pero también al FMI y la deuda externa. Es que los grandes problemas argentinos a resolver para llegar a un mejor diciembre de 2019 son dos, no uno solo.

Macri

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EL USO DEL TERRORISMO SEGÚN JOHN BOLTON Después de haber privado al Emirato Islámico del territorio que le había asignado en tierras de Irak y Siria, Estados Unidos pretende reciclar una parte de sus mercenarios para utilizarlos de otra manera. El consejero estadunidense para la seguridad nacional, John Bolton, ha definido nuevos objetivos, nuevos socios y nuevos métodos. El dispositivo es secreto, así que lo conocemos sólo a través de lo que ya ha comenzado a hacerse

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4 de febrero de 2019

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amasco, Siria. En 1978, Zbignew Brzezinski, consejero de seguridad nacional de James Carter, el entonces presidente de Estados Unidos, decidió utilizar la Hermandad Musulmana contra los soviéticos y envió árabes a luchar junto a la oposición contra el régimen comunista afgano. Este último solicitó la ayuda de la Unión Soviética y el Ejército Rojo acabó empantanado en un conflicto del cual n ‎ o podía salir victorioso. En Afganistán, la Hermandad Musulmana no recibió armamento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) porque ésta no logró que el Congreso le otorgara la autorización que necesitaba para una operación de aquella envergadura, así que fue Israel quien puso las armas. Ante el éxito de aquella operación, árabes y afganos fueron utilizados después en numerosos teatros de operaciones. También resultó que la H ‎ ermandad Musulmana, utilizando armas proporcionadas por Israel e Irak, decidió probar suerte contra Siria, en 1978 y 1982. Un representante de la Hermandad Musulmana fue incorporado al estado mayor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante la agresión contra Yugoslavia en Kosovo. Aunque el estatus de la Hermandad Musulmana como tropa auxiliar de la OTAN se interrumpió a finales del paso de Bill Clinton por la Casa Blanca, la colaboración entre la cofradía y la CIA siempre se mantuvo. Luego se incrementó con la agresión contra Libia, bajo la administración de Barack Obama, donde la Hermandad Musulmana proporcionó prácticamente todas las tropas terrestres utilizadas por la OTAN. Un miembro de la Hermandad Musulmana fue incluso incorporado al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Posteriormente, durante la agresión contra Siria, el LandCom de la OTAN, con sede en la ciudad turca de Izmir (Esmirna) coordinó el u‎ so de las fuerzas yihadistas.

La administración de Donald Trump se opuso, como cuestión de principio, a que las fuerzas armadas estadunidenses recurran al uso de grupos terroristas. Llegó entonces para la Casa Blanca el momento de redefinir el papel de la Hermandad Musulmana. Aunque no se conoce aún la nueva estrategia trazada por el consejero de seguridad nacional, John Bolton, numerosos indicios ya permiten percibir sus contornos.

Daesh A principios de 2018, las fuerzas especiales estadunidenses ilegalmente presentes en Siria exfiltraron a miles de miembros del Emirato Islámico (Daesh) y los enviaron al extranjero. En mayo de 2018, el general iraní Rahim Safavi, consejero del ayatola Khamenei para los temas militares, acusó a Estados Unidos de organizar el traslado de los combatientes de Daesh hacia Afganistán. Unos 7 mil hombres de Daesh se encuentran actualmente en Afganistán, pero ya no apoyan a los talibanes. Estos últimos son ahora contrarios a cualquier presencia extranjera en Afganistán. Por consiguiente, los hombres de Daesh luchan ahora contra los talibanes afganos. Según Qari Muhammad Yussuf Ahmadi, vocero del Emirato Islámico de Afganistán –o sea, de los talibanes–, “los invasores americanos y sus lacayos realizaron anoche [el 12 de enero de 2019] un ataque contra un campamento de los muyahidines, donde estaban detenidos miembros de Daesh, en Pani Bus, distrito de Jwand, provincia de Bagdis. Las fuerzas conjuntas enemigas mataron a dosguardias y se llevaron a 40 detenidos miembros de Daesh. Parece que los invasores americanos y sus comparsas de la administración de Kabul realizaron ese ataque para ayudar a los miembros de Daesh allí detenidos. Cada vez que los muyahidines del Emirato Islámico [los talibanes] han librado combates contra Daesh, los invaso-

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La Hermandad Musulmana acogió no sólo a los talibanes sino a todos los muyahidines afganos, hasta que asesinaron a Ahmed Chah Massud

4 de febrero de 2019

res americanos han ayudado a Daesh y han bombardeado las posiciones de los muyahidines. Exactamente como cuando los muyahidines de Darzab, distrito de Jowzjan, vencieron a Daesh y estuvieron a punto de erradicarlo [en agosto pasado], los invasores americanos y la administración de Kabul vinieron juntos a ayudar a 2‎ 00 miembros de Daesh sacándolos de allí en helicópteros”. Es entonces cuando el Centro de Lucha contra el Terrorismo de la academia militar estadunidense de West Point publica un estudio histórico sobre las divergencias entre los muyahidines durante la guerra contra los soviéticos en Afganistán. Ese documento recuerda que en 1989, durante la retirada del Ejército Rojo y cuando Osama ben Laden regresó a Arabia Saudita, jóvenes miembros de la Hermandad Musulmana cuestionaron la falta de rigor religioso de sus jefes. Aquellos jóvenes crearon la Escuela de Jalalabad, mucho más estricta, que comenzó a acusar a estos y aquellos de “falta de religiosidad” y a excluirlos de la religión (takfir), fue ese – según dicen– el conflicto que resurgió en 2014, provocando la ruptura entre al-Qaeda y Daesh. Esta mirada al pasado no debe hacernos olvidar que la Hermandad Musulmana siguió acogiendo no sólo a los talibanes sino a todos los muyahidines afganos, hasta que fue asesinado Ahmed Chah Massud (quien también había sido miembro de la Hermandad Musulmana), el 9 de septiembre de 2001, justo 2 días antes de los atentados de Nueva York y el Pentágono. Durante 2 décadas, Afganistán se convirtió en el lugar donde se formaban combatientes provenientes del Cáucaso ruso. Hoy en día, los talibanes son mucho más cuidadosos en la selección de sus aliados y amigos. Actualmente controlan el 60 por ciento del territorio afgano y ya no se basan en criterios religiosos sino nacionalistas. Durante la guerra contra los soviéticos, la Hermandad Musulmana estuvo vincu-

lada principalmente al exprimer ministro Gulbuddin Hekmatyar, quien la representaba en Afganistán. El 22 de septiembre de 2016, con el respaldo de la administración de Obama, Gulbuddin Hekmatyar obtuvo el perdón del nuevo Estado afgano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retiró su nombre de las listas de terroristas. La llegada de Daesh a Afganistán se produce en momentos en que, desde julio de 2018, la administración de Trump trata de negociar con los talibanes. Contactos preliminares tuvieron lugar en Catar entre estos y la embajadora estadunidense Alice Wells, asistente de Mike Pompeo para el Asia Central. Las negociaciones se desarrollaron bajo la dirección del embajador estadunidense Zalmay Khalilzad, en septiembre y octubre, a pesar de la inquietud del gobierno afgano, que envió un representante sin que este fuese admitido en el diálogo. Antes de convertirse en estadunidense, Khalilzad luchó contra los soviéticos junto a los talibanes, pashtunes como él. Después de hacerse estadunidense, Khalilzad se convirtió en neoconservador y fue nombrado embajador en la ONU. Eso fue en 2007, cuando el Senado rechazó la nominación de John Bolton.

Los Muyahidines del Pueblo La semana pasada, la jefa de los Muyahidines del Pueblo (MEK), Maryam Radjavi, residente en Tirana, la capital albanesa, llegó a Kabul en visita oficial. Allí se reunió con el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y ex embajador afgano en Estados Unidos, Hamdullah Mohib. La señora Radjavi debe viajar próximamente a Herat, en el distrito de Shindans, para establecer allí una base militar de MEK. Según el diario pakistaní Ummat, el Pentágono entrenó allí 2 mil Muyahidines del Pueblo en octubre de 2012. A pesar de que tienen denominaciones similares, los muyahidines de la Herman-

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Estados Unidos, detrás del

dad Musulmana, que son árabes sunnitas, no tienen nada que ver con los Muyahidines del Pueblo (MEK), que son persas chiítas. Lo único que estos dos grupos tienen en común es el hecho de haber sido manipulados por Estados Unidos y la práctica del terrorismo. Desde el año 2013, los Muyahidines del Pueblo que estaban en Irak se trasladaron a Albania con ayuda de Estados Unidos. Varias empresas israelíes construyeron para ellos una pequeña ciudad en suelo albanés. Pero el 23 de junio de 2014, ante 80 mil miembros de MEK y 600 personalidades occidentales, Maryam Radjavi pronunció un largo discurso donde se regocijaba ante la conquista de Irak por parte de Daesh. Es importante recordar que la progresión de Daesh en Irak había sido organizada con ayuda del general irakí Ezzat Ibrahim al-Douri, antiguo brazo derecho de Saddam

Hussein y, bajo ese estatus, protector de los Muyahidines del Pueblo. El estadunidense John Bolton mantiene vínculos con los Muyahidines del Pueblo desde la época de la administración de Bush. Y esos vínculos se fortalecieron con la participación de Bolton –específicamente en 2010 y en 2017– en las concentraciones que los Muyahidines del Pueblo realizan anualmente en la localidad francesa de Villepinte, participación que le valió ser remunerado con 40 mil dólares. Hoy convertido en consejero de seguridad nacional, Bolton está reuniendo a los yihadistas de Daesh con los Muyahidines del Pueblo encabezados por Maryam Radjavi para luchar contra un objetivo común. El blanco más inmediato de esa alianza debería ser Irán, que tiene una larga frontera con Afganistán, frontera que por demás muy difícil de defender.

financiamiento a los Muyahidines del Pueblo

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PUTSCH DEL ESTADO PROFUNDO ESTADUNIDENSE El presidente Trump se sometió a las ambiciones del Estado profundo estadunidense que pretende destruir los Estados en los países de la Cuenca del Caribe y apoya al vicepresidente Mike Pence y al senador Marco Rubio en la operación de desestabilización contra Venezuela. Y puede que acabe apoyándolos también en su proyecto a favor de Israel y contra Siria

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426dedefebrero noviembre de 2019 de 2018

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l anuncio del presidente Donald Trump reconociendo a Juan Guaidó como “presidente legítimo” de Venezuela se preparó en una cabina subterránea de televisión, en el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca. Eso es lo que describe detalladamente The New York Times [1]. Operador principal: el senador republicano de La Florida, Marco Rubio, “virtual secretario de Estado para América Latina, quien conduce y articula la estrategia de la administración en esa región”, en coordinación con el vicepresidente Mike Pence y el consejero para la seguridad nacional, John Bolton. El 22 de enero, los tres presentaron su plan al presidente en la Casa Blanca, plan que el presidente aceptó. Inmediatamente después – reporta The New York Times– “Mr Pence llamó a Guaidó y le dijo que Estados Unidos lo apoyaría si reclamaba la presidencia”. El vicepresidente Pence difundió luego hacia Venezuela un video donde llamaba los manifestantes a “levantar su voz mañana” y aseguraba “en nombre del presidente Trump y del pueblo americano, “estamos con ustedes” hasta que se restaure la democracia”, definiendo además a Maduro como “un dictador que nunca obtuvo la presidencia en elecciones libres”. Al día siguiente, Trump coronó oficialmente a Guaidó como “presidente de Venezuela”, a pesar de que este personaje no participó en las elecciones presidenciales realizadas en mayo de 2018, elecciones que la oposición boicoteó –porque sabía que iba a perderlas– y donde la victoria correspondió a Maduro, al cabo de un escrutinio realizado bajo la supervisión de numerosos observadores internacionales. Todos estos manejos entre bambalinas muestran que en Washington las decisiones políticas vienen, ante todo, del “Estado profundo”, centro subterráneo del poder real en manos de las oligarquías económicas, financieras y militares. Esos grupos son los que han decidido derrocar el Estado venezolano. Venezuela posee, además de grandes reservas de minerales

preciosos, las reservas petrolíferas más grandes del mundo, evaluadas en más de 300 mil millones de barriles, seis veces más que las reservas estadunidenses. Para escapar a la presión de las sanciones, que impiden a Venezuela percibir los dólares provenientes de sus ventas de petróleo a Estados Unidos, Caracas había decidido establecer los precios de venta no en dólares estadunidenses sino en yuanes chinos, poniendo así en peligro el exorbitante poder de los petrodólares. De ahí la decisión de las oligarquías estadunidenses de acelerar los plazos para el derrocar el Estado venezolano y apoderarse de su riqueza petrolera, ahora necesaria no como fuente de energía para Estados Unidos sino como instrumento estratégico de control sobre el mercado energético mundial, utilizable contra Rusia y China. Con ese fin, recurriendo a sanciones y sabotajes, se provocó en Venezuela la escasez de bienes de primera necesidad para alimentar el descontento popular, mientras se intensificaba la penetración de “organizaciones no gubernamentales” estadunidenses. Por ejemplo, en un solo año, la National Endowment for Democracy (NED) financió en Venezuela más de 40 proyectos sobre la “defensa de los derechos humanos y la democracia”, invirtiendo en cada uno decenas o incluso cientos de miles de dólares. Como el gobierno de Venezuela sigue teniendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos, seguramente debe estar preparándose algún tipo de provocación de gran envergadura para desatar en el país una guerra civil y abrir el camino a una intervención externa. Eso se hará con la complicidad de la Unión Europea, que después de haber bloqueado en Bélgica fondos públicos venezolanos por valor de 1 mil 200 millones de dólares, ahora lanza a Caracas –con la complacencia del gobierno italiano– un ultimátum para que convoque nuevas elecciones, por supuesto bajo el control de Federica Mogherini, quién se negó el año pasado a viajar a Venezuela para supervisar las elecciones presidenciales.

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 4 al 10 de febrero de 2019

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