Contralínea 628 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 11 al 17 de febrero de 2019

Año 17 • Número 628 • $30

CONTENIDO

PORTADA

GRUPO PMI ESPECULABA CON MILES DE MILLONES DE PEMEX Y SUS PENSIONADOS El brazo comercial de Pemex especulaba con 27 mil millones de pesos de los excedentes de efectivo de exportaciones e importaciones de hidrocarburos y sus derivados y las pensiones de los petroleros

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 17, número 628, del 11 al 17 de febrero de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 8 de febrero de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL NERVIOSISMO EN MEDIOS POR ASIGNACIÓN PUBLICITARIA Miguel Badillo

ZONA CERO INTELIGENCIA GRINGA 2019: RUSIA, CHINA, LOS MIGRANTES… SON LOS ENEMIGOS Zósimo Camacho

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN LAS FALLAS DE SANTIAGO NIETO Y LA UIF EN EL CASO HIDROSINA-KARAM KASSAB Nancy Flores ARTÍCULOS

LA OPOSICIÓN “DEMOCRÁTICA” QUE NO ACEPTA EL DIÁLOGO Y PROMUEVE LA INTERVENCIÓN Alessandro Pagani

WASHINGTON, LA RAZÓN DE LA FUERZA Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red Voltaire

VENEZUELA ES LIBRE Y SOBERANA Marcelo Colussi/Prensa Latina

VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA EN PELIGRO Juan J Paz y Miño Cepeda/ Prensa Latina

GUERRA CIVIL DE INTERVENCIÓN Felipe Cuevas Méndez/Telesur

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

PORTADA Grupo PMI especulaba con miles de millones de Pemex y sus pensionados

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Nancy Flores 26

SOCIEDAD La guerrilla, acorralada pero vigente Zósimo Camacho

ANÁLISIS

JURÍCO Guerrero: el drama de los desplazados por el narcotráﬁcoa María Elena Hernández Márquez

Ilustración de portada: 123RF

INTERNACIONAL Venezuela: “laboratorio” estadunidense “fabricó” a Guaidó para liderar golpe Dan Cohen/Max Blumenthal/Grayzone-Telesur

INTERNACIONAL América Latina, la “zona de inﬂuencia” del gobierno de Trump Rodrigo Bernardo Ortega/Telesur

INTERNACIONAL ¿Obligaron a Trump a renunciar a cambiar la política de EU? Thierry Meyssan/Red Voltaire REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9191 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

NERVIOSISMO EN MEDIOS

POR ASIGNACIÓN PUBLICITARIA MIGUEL BADILLO

n el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no acuerdan cómo y cuánto dinero público se asignará para la publicidad, ni a qué medios de comunicación. Por lo pronto, hay mucho nerviosismo en el sector por el anuncio que hizo el presidente del recorte del 50 por ciento del presupuesto destinado a las campañas publicitarias con relación a lo entregado en 2018. El año pasado fue de 8 mil 751 millones 789 mil pesos, de tal manera que para este 2019 el monto bajaría a 4 mil 375 millones 894.5 mil pesos. Hay varias propuestas sobre la mesa en esta repartición del pastel publicitario. Una de ellas plantea seguir beneficiando con el mayor porcentaje a los “grandes” medios, bajo el argumento de que son masivos y generan miles de empleos, y que, sin el apoyo del gobierno, podrían despedir a decenas de periodistas y trabajadores. Pero varios de esos medios ya han empezado los despidos desde el año pasado. Esa propuesta ignora la calidad del trabajo periodístico, la independencia editorial, la investigación, responsabilidad, veracidad y contrastación de la información. Tampoco toma en cuenta las pésimas condiciones laborales: bajos salarios, cero prestaciones sociales, ausencia de seguros, falta de equipo y nulo apoyo legal. Lo anterior contrasta con las grandes sumas de dinero público que gobiernos priístas y panistas entregaron a los dueños de esos “grandes” medios. Tan sólo en los 6 años de Enrique Peña Nieto se entregaron 26 mil 325 millones 552 mil pesos (que representan el 50.7 por ciento del total de publicidad) a Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Fórmula, El Universal, Organización Editorial Mexicana, Grupo Milenio, Radio Centro y Grupo MVS. Aclaro que esos miles de millones de pesos sólo

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corresponden a lo asignado por el gobierno federal, pues la prensa también recibe dinero público por las campañas de gobiernos estatales y municipales, así como de órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso de universidades como la UNAM. Con estos datos en poder de la Secretaría de Gobernación, y acorde con la promesa de López Obrador de transparentar el gasto, sería muy sano que den a conocer puntualmente cómo quedará el reparto de publicidad para cada medio, y se compare con lo asignado por Peña Nieto para saber si hay cambio en los criterio para volverlo equitativo y justo o se vuelve a privilegiar al mismo sector Con la información oficial del presupuesto total asignado en los 6 años del gobierno anterior –cuyos documentos están en poder de Oficio de Papel–, escribimos en la columna pasada que Peña distribuyó arbitrariamente la publicidad oficial: sólo privilegió a un pequeño grupo de dueños de medios. Algunos medios tuvieron incrementos de un año a otro de entre ciento por ciento y 1 mil por ciento sin justificación alguna, lo que confirma que todo dependía del tratamiento informativo: si se “portaban bien” y dejaban de criticar a Peña, con seguridad la publicidad aumentaba, pero si ejercían la investigación y la crítica, como es su obligación, eran castigados y la publicidad se les reducía por instrucciones de Los Pinos. En el segundo grupo de medios de comunicación privilegiados por el gobierno priísta aparecen 14 empresas que recibieron entre 100 millones y 1 mil millones de pesos en los 6 años anteriores. La lista la encabeza Radio Centro, al recibir 827 millones 402 mil 720 pesos, que significa un promedio anual de 137 millones 900 mil 450 pesos. Del to-

OFICIO DE PAPEL

tal de la publicidad pagada por el gobierno federal, a esta empresa le tocó el 1.6 por ciento. Representada por Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro recibió en 2013, 126 millones 934 mil 990 pesos; en 2014, aumentó a 131 millones 210 mil 50 pesos; en 2015 volvió a incrementarse, esta vez a 180 millones 596 mil 420 pesos; para 2016, la cifra ascendió a 178 millones 752 mil 930 pesos; en 2017, 112 millones 852 mil 860 pesos; en 2018, 97 millones 55 mil 470 pesos. Le siguió el Grupo MVS, representado por Joaquín Vargas, con 768 millones 353 mil 410 pesos, un promedio anual de 128 millones de pesos, que representa el 1.5 por ciento del total. MVS recibió en 2013, 63 millones 904 mil 440 pesos; en 2014, 63 millones 422 mil pesos; en 2015, se elevó considerablemente a 149 millones 41 mil pesos; 2016 siguió creciendo, 150 millones 17 mil pesos; 2017, 139 millones 263 mil 770 pesos; 2018 fue el mejor año para MVS, al recibir 202 millones 703 mil 930 pesos. Le sigue el Grupo Radiorama, representada por Javier Pérez de Anda, al que le asignaron en los seis años 598 millones 70 mil 890 pesos, lo que representó el 1.15 por ciento del total. A Radiorama le tocó en 2013, 94 millones 652 mil 870 pesos; en 2014, 88 millones 303 mil 360 pesos; 2015, 106 millones 876 mil 220 pesos; en 2016, 116 millones 567 mil 680 pesos; 2017, 100 millones 916 mil pesos; 2018, 90 millones 754 mil 750 pesos. El periódico La Jornada, representado por su directora Carmen Lira, está en el número 11 de la lista de los medios más beneficiados por el gobierno federal en el sexenio pasado, con un monto total de 529 millones 102 mil 890 pesos, que representa el 1.01 por ciento del total de publicidad otorgado. Ese diario recibió en 2013, 68 millones 649 mil 870 pesos; en 2014, 64 millones 405 mil pesos; en 2015 aumentó, 88 millones 77 mil 560 pesos; 2016, 84 millones 506 mil 600 pesos; 2017 rebaso se elevó, 111 millones 229 mil 420 pesos; 2018 fue el mejor año en publicidad para La Jornada, 112 millones 234 mil 420 pesos. El lugar 12 de la lista lo ocupa Grupo Acir, representado por Antonio Ibarra, con 402 millones 422 mil pesos, lo que representa el 0.77 por ciento del total de la publicidad otorgada en el gobierno anterior. En 2013, Acir recibió 57 millones 757 mil 960 pesos; 2014, 67 millones 237 mil 300 pesos; 2015 se ele-

OPINIÓN

vó, 80 millones 931 mil pesos; 2016, 68 millones 339 mil 630 pesos; 2017, 68 millones 612 mil 960 pesos; 2018, 59 millones 543 mil 160 pesos. En el lugar 13 está el periódico El Financiero, representado por Manuel Arroyo, con 373 millones 696 mil 530 pesos, que equivalen al 0.72 por ciento del total de la publicidad. En 2013, El Financiero recibió 17 millones 945 mil 580 pesos; 2014 se elevó, 30 millones 52 mil 500 pesos; 2015 subió aún más, 79 millones 877 mil 330 pesos; 2016, 69 millones 734 mil 870 pesos; 2017, 82 millones 545 mil 510 pesos; 2018 también fue el mejor año para este diario, 93 millones 540 mil 740 pesos. En el lugar 14 aparece el periódico Reforma, representado por Alejandro Junco, con 297 millones 311 mil 640 pesos, que representó el 0.57 por ciento. El lugar 15 de los más beneficiados es para el periódico El Economista, con 277 millones 720 mil 820 pesos, que significa el 0.53 por ciento del total. En el 16 está el periódico La Razón, con 267 millones 997 mil 910 pesos. Grupo Expansión está en el lugar 17, con 191 millones 189 mil 330 pesos. En el lugar 18 aparece el primer portal informativo, SDP noticias, representado por Federico Arreola, con publicidad asignada por el gobierno priista de Peña Nieto por un monto de 155 millones 612 mil 260 millones de pesos. El lugar 19 es para el periódico de distribución gratuita 24 Horas, representado por Antonio Torrado, con un monto de 151 millones 945 mil 360 pesos. El lugar 20 es para Publimetro, también de distribución gratuita y representado por Octavio Rivas, con 119 millones 121 mil 420 pesos. El lugar 21 es para El Heraldo de México, representado por Franco Carreño y una asignación de 94 millones 907 mil 980 pesos. Aquí hay que aclarar que este periódico empezó operaciones en 2017, por lo que esa asignación corresponde a sólo dos ejercicios fiscales del gobierno anterior, de tal manera que recibió cada año más de 47 millones de pesos. En la siguiente entrega mencionaremos a los medios que están clasificados en dos grupos por los montos sexenales recibidos, el primero entre 50.1 millones y 100 millones, y el segundo entre 1 millón y 50 millones. Además, la lista de los 13 periodistas beneficiados con dinero público por el gobierno de Peña Nieto.

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OPINIÓN ZONA CERO

INTELIGENCIA GRINGA 2019:

RUSIA, CHINA, LOS MIGRANTES… SON LOS ENEMIGOS ZÓSIMO CAMACHO

os servicios de seguridad nacional y de continuar y promover la divulgación y la coopeespionaje de Estados Unidos han señala- ración de la comunidad de inteligencia [estadunido con claridad cuáles serán sus objetivos dense] con socios y aliados internacionales”. Observa que durante el presente año los desaprioritarios en este año. En la National Intelligence Strategy 2019 (que podría traducirse como la fíos de tipo tradicional continuarán creciendo en Estrategia Nacional de Inteligencia 2019) se iden- el mundo. Señala que continuará el debilitamientifican, entre otros, cinco antagonismos: Rusia, to del orden internacional erigido luego de la Segunda Guerra Mundial. También continuará China, Irán, migrantes y ataques cibernéticos. Donald Trump logró hacer pasar sus fobias la amenaza al predominio de los “ideales democomo asuntos de seguridad nacional y objetivos cráticos occidentales” y se aguzarán las disputas prioritarios de los servicios de inteligencia de su económicas. Los “adversarios” reconocidos por Estados país. Bueno, no es que sean sólo suyos. En realidad, son de la clase y sector social que representa Unidos –según el documento– significan para la potencia “desafíos deny que ocupa la mayoría tro de las esferas militade los centros de poder En la Estrategia Nacional de Intelires, económicas y políen esa nación. gencia, Trump logró que sus fobias sean ticas tradicionales, no El documento señatradicionales, híbridas la que el entorno estra- asuntos de seguridad nacional y objetiy asimétricas”. tégico está cambiando vos prioritarios para sus agencias De Rusia, señala rápidamente. Advierte que los esfuerzos para que Estados Unidos se “enfrenta” a un mundo cada vez más complejo e “aumentar su influencia y autoridad” continuaincierto, en el que las amenazas, por muy diferen- rán en 2019. Lo anterior podría implicar que tes que sean, están interconectadas. El riesgo que rusos y estadunidenses entren conflicto “en múlse observa en la Estrategia es que la “comunidad tiples regiones”. Con respecto de China, el documento destade inteligencia” de ese país permanece enfocada en una serie de “desafíos convencionales”, como ca que la modernización militar de este país y su “permanente búsqueda del dominio económico y el narcotráfico y el terrorismo tradicional. Reconoce que la política de seguridad nacio- territorial en la región del Pacífico” son las razonal estadunidense está determinada por quienes nes de que represente una amenaza. El otro país “adversario” es Irán. De esta naconsidera sus “adversarios” y por los avances tecnológicos en diferentes campos, como el ci- ción menosprecia su compromiso con un prograbernético y el militar. “El carácter cada vez más ma de desarrollo nuclear pacífico en 2015. Lo complejo, interconectado y transnacional de es- acusa de albergar a grupos terroristas y militantes tas amenazas también subraya la importancia de contrarios a los intereses de Estados Unidos.

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ZONA CERO

la estabilidad estadunidenses. “Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la automatización y la computación de alto rendimiento son capacidades cibernéticas avanzadas que pueden ser económicamente beneficiosas, pero estos avances también permiten capacidades militares y de inteligencia nuevas y mejoradas para nuestros adversarios.” Explica que la “democratización” de estos avances tecnológicos, aplicados en las comunicaciones, “han empoderado a actores no estatales y continuarán expandiendo exponencialmente el potencial para influir en las personas y los eventos, tanto a nivel nacional como mundial”. El peligro de esto, según la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, es que se mine la autoridad y control de las instituciones tradicionales. “Este empoderamiento de grupos e individuos está incrementando la influencia de las fuentes de identidad étnicas, religiosas y otras, cambiando la naturaleza del conflicto y desafiando la capacidad de los gobiernos tradicionales para satisfacer las crecientes demandas de sus poblaciones, aumentando el potencial de mayor inestabilidad”. Finalmente, el aumento de la migración y la urbanización está restringiendo, a decir del documento de la inteligencia estadunidense, las capacidades de los gobiernos de todo el mundo. Lo anterior probablemente devendrá en una mayor fractura de las sociedades, lo que podría crear un caldo de cultivo para la “radicalización”. “Los puntos de presión incluyen la creciente afluencia de migrantes, refugiados y desplazados internos que huyen de las zonas de conflicto; áreas de intensa escasez económica o de otros recursos; y áreas amenazadas por cambios climáticos, brotes de enfermedades infecciosas u organizaciones criminales transnacionales.” 123RF

Señala que “varios de estos enemigos continúan buscando capacidades para infligir daños potencialmente catastróficos en Estados Unidos”, a través de la adquisición de armas de destrucción masiva: biológicas, químicas y nucleares. Los tres países –señala la Estrategia– han aprovechado cada vez más los rápidos avances en tecnología para plantear amenazas nuevas y en evolución. Los estadunidenses se han visto sorprendidos particularmente en los ámbitos del espacio, el ciberespacio, la informática y otras

OPINIÓN

tecnologías emergentes y disruptivas. El documento advierte que los avances tecnológicos permitirán a una gama más amplia de actores adquirir capacidades sofisticadas que antes sólo estaban disponibles para los Estados ricos. Las amenazas cibernéticas ya hacen sentir inseguros al público “en nuestras instituciones globales, gobierno y normas, e imponen altos costos económicos a nivel nacional y mundial”. Los ataques cibernéticos son un verdadero desafío para la infraestructura crítica, la salud, la seguridad pública, la prosperidad económica y

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

LAS FALLAS DE SANTIAGO NIETO Y LA UIF EN EL CASO HIDROSINA-KARAM KASSAB NANCY FLORES

a actuación del abogado Santiago Nieto Castillo en el caso más relevante que ha investigado hasta ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el expediente Hidrosina-Karam Kassab, vuelve a poner en duda sus capacidades profesionales para estar al frente de esa área estratégica. Y es que en la nueva visión de seguridad del gobierno federal, la UIF juega un papel central: es la institución encargada de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero– y el terrorismo y su financiamiento. Es decir, es el área de inteligencia que permitirá desmantelar las finanzas de criminales –sean capos del narcotráfico o delincuentes de cuello blanco de los ámbitos empresarial y político– sin necesidad de emplear la violencia. Por ello, al ser la UIF un órgano técnico altamente especializado, se espera que cada expediente que entera a otras autoridades –en particular, las denuncias que presenta ante la Procuraduría Fiscal de la Federación y la nueva Fiscalía General de la República– documente plenamente, con claros y precisos criterios jurídicos, los delitos que se presumen. Y esto es así porque tiene tecnología de punta que le permite acceder directamente a todo el sistema financiero; es decir, los especialistas de esa Unidad pueden ver en tiempo real no sólo el manejo de cuentas bancarias sino todas las operaciones financieras tanto en el sector privado como público. Sus oficinas están equipadas con un sistema de control de gestión con el uso y generación de etiquetas con códigos QR, scanners e impresoras de alta capacidad de procesamiento y equipamiento de hardware y software para evidencia digital; así como un esquema de recepción de información para notarios

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y corrección de vulnerabilidades en el portal “Declaranot”. Sus operaciones son estrictamente discrecionales: su propio edificio carece de identificación externa (no hay logotipo ni siglas) para no ser identificado; además, el acceso es muy vigilado y restringido: sus trabajadores pasan por un sistema de control basado en tres barreras por usuario: un lector biométrico, un lector de tarjetas y una contraseña personalizada. No está permitido ingresar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos ni de almacenamiento digital, y los externos sólo acceden por invitación del titular. Y es que para el gobierno, su trabajo de inteligencia requiere total hermetismo y confidencialidad. Para la UIF no hay secretos bancario, fiduciario ni fiscal: si sus técnicos piden la cooperación de alguna institución bancaria, casa de cambio, casa de bolsa, aseguradora y demás operadores financieros, éstas tienen la obligación de brindar la información inmediatamente o son multadas. Lo mismo ocurre con las instituciones vinculantes, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria: la cooperación entre éstas debe ser prioritaria. Y no sólo eso, la UIF tiene el apoyo internacional, es decir, si alguien tiene cuentas abiertas en el extranjero, hay unidades contra el lavado de dinero en casi todo el mundo y se han firmado acuerdos de cooperación que permiten a México tener acceso a esa información. Así, la UIF tiene todo para armar expedientes pulcros no sólo en el tema de combate al blanqueo de capitales sino incluso en la lucha contra la corrupción, pues en sus detalladas revisiones puede detectar enriquecimiento ilícito y diseminación ilegal de activos. Entonces, ¿qué pasó en el caso Hidrosina-Karam Kassab? La pregunta es pertinente porque re-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

OPINIÓN

sulta que cuando la Unidad de Inteligencia Finan- para esclarecer la estrecha vinculación de Hidrosiciera solicita bloquear, suspender y/o inmovilizar na con el huachicoleo, y advirtieron que en archivos cuentas bancarias es porque ya realizó un diagnós- del régimen priísta hay expedientes pendientes contico general del expediente, ya revisó a detalle las tra esa empresa gasolinera y sus socios principales, cuentas, ya conoce la ruta del dinero y tiene certeza supuestamente vinculados a otras actividades ilícitas que ya son investigadas por la Fiscalía General de que se ha cometido un crimen. Las fallas en este caso revelan por lo menos un y la propia UIF. La revisión del trabajo de Santiago Nieto debedesaseo en la investigación, si no es que en el futuro se comprueba negligencia de parte del abogado ría ir más allá de este asunto, e incluir la falta de Santiago Nieto. En este escenario, ya se podrían transparencia que ya instauró; pues, contrario a lo configurar responsabilidades en su contra depen- que ha venido declarando López Obrador de que diendo de si las fallas fueron intencionales o por ni siquiera la seguridad nacional será pretexto para reservar la información pública, una de las primedesconocimiento técnico. Y es que apenas habían transcurrido 4 días des- ras acciones de este abogado fue cerrar los datos de que el abogado lanzó el “golpe” contra Hidro- que eran abiertos en el gobierno de Enrique Peña sina –el grupo empresarial más importantes en el Nieto. Bajo el argumento de que “no existe obligasector gasolinero– cuando un juez ya le corregía la plana. Al parecer a Nieto Castillo nadie le informó ción de elaborar documentos ad hoc para atender que la UIF no tiene autoridad para bloquear cuen- las solicitudes de información”, la UIF oculta los tas bancarias en el ámbito nacional, lo que determi- montos involucrados en las denuncias que presentó en el sexenio pasado nó desde el año pasado ante la entonces PGR, la Suprema Corte de Al parecer nadie le informó a Nieto consta en dos respuesJusticia de la Nación. tas que dio a Agenda de En febrero de 2018, Castillo que la UIF no tiene autoridad para bloquear cuentas bancarias. Esa la Corrupción (solicitula Segunda Sala de la des 0000600029019 y Corte estableció que facultad es del Ministerio Público 0000600029119). esas atribuciones son Ojalá las autoridadel Ministerio Público, y que sólo éste a partir de la información recabada des hacendarias acaten las disposiciones del prepor la UIF o alguna otra autoridad puede ordenar sidente López Obrador y promuevan la transparencia y la rendición de cuentas y no la opacidad, el congelamiento de activos. Según ese criterio jurídico, la Unidad de Inte- pues esos datos ayudan a dimensionar cómo está el ligencia Financiera sólo puede bloquear cuentas delito de lavado de dinero en el sistema financiero y, al cuando lo haya ordenado algún organismo mul- menos en el sexenio pasado, fueron públicos. La Unidad de Inteligencia Financiera se creó el tilateral, como la Organización de las Naciones Unidas, o lo haya solicitado alguna autoridad ex- 7 de mayo de 2004, mediante decreto publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación. Desde entonces opera tranjera. Por eso es muy importante que se abra una con una enorme discrecionalidad que ahora Saninvestigación en torno a las responsabilidades del tiago Nieto pretende aumentar. Sus expertos atienden las consultas de quienes funcionario, no sólo por el alto perfil del caso Hidrosina-Karam Kassab, sino porque la UIF es una realizan actividades vulnerables; analizan reportes institución nodal en el proceso de pacificación que de operaciones del sector financiero y avisos del ha planteado el gobierno de Andrés Manuel López sector no financiero; generan informes de retroObrador; y sobre todo porque este expediente po- alimentación para los órganos supervisores y los dría quedar impune por los vacíos jurídicos que sujetos obligados del sector financiero, e integran denuncias que presentan ante la Fiscalía. Todo este dejó la propia Unidad de Inteligencia. En el caso Karam Kassab, desde la Dirección esfuerzo no se debe perder por la inexperiencia de General de Petróleos Mexicanos se urgió a la UIF su titular.

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OPINIÓN ARTÍCULO

LA OPOSICIÓN “DEMOCRÁTICA” QUE NO ACEPTA EL DIÁLOGO Y PROMUEVE LA INTERVENCIÓN ALESSANDRO PAGANI, HISTORIADOR Y ESCRITOR; MAESTRO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA; DIPLOMADO EN HISTORIA DE MÉXICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EN GEOPOLÍTICA Y DEFENSA LATINOAMERICANA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

n 2018 la política imperial de Estados Unidos bloqueó las negociaciones que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el papa Francisco habían desarrollado. Sólo una parte de la oposición había participado en la votación anticipada. Y el sistema de votaciones utilizado, hoy en día declarado “ilegal”, fue el mismo del 2015 cuando ganó la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Un presidente ilegal, un usurpador, hasta dictador, así viene presentando a Maduro el gobierno estadounidense y sus sirvientes, el Grupo de Lima. Y por ende, por parte de sus vanguardias de fuego, lo medios de comunicaciones internacionales. Un coro general que describe el segundo periodo de Maduro como producto de la farsa de un proceso electoral impuesto por el chavismo y no en línea con los “estándares internacionales de libertad, equidad y transparencia”. La oposición fue la que solicitó aquella vez las elecciones anticipadas, en el marco de las negociaciones con el gobierno constitucional llevadas adelante al comienzo de 2018 en la Republica Dominicana. Pero luego terminó abandonando al último minuto aquel acuerdo logrado fatigosamente, con la fecha de las elecciones presidenciales para el 22 de abril (entre las incomprensiones de los mediadores –el español Rodríguez Zapatero, el dominicano Fernández, el panameño Torrijos y el mismo papa Francisco–, que había dado la culpa del todo a las divisiones internas en la oposición). Desde aquella vez la oposición había cifrado sus esperanzas en tomar el poder gracias a la intervención militar estadunidense. La oposición rompió el diálogo de manera unilateral porque fue la orden

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directa que recibió desde Colombia, cuando visitaba ese país el entonces secretario de Estado Rex Tillerson. El plan era que la crisis económica y política interna debida a las siempre más fuertes sanciones internacionales derivara en un descontento popular que facilitara la entrada de los militares extranjeros. Frente la marcha atrás de la MUD, el Consejo Nacional Electoral cambió el 22 de abril por el 20 de mayo como fecha para las elecciones presidenciales, con el intento de llegar a un compromiso con algunas peticiones de la oposición –la facción menos violenta– que no quería boicotear la fecha electoral y representada por tres candidatos presidenciales: Henry Falcon, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada. El 20 de mayo, sobre 9.1 de votos expresados (el 46 por ciento de todos los ciudadanos que pueden votar, un porcentaje normal en muchos países del mundo), Nicolás Maduro fue votado por casi 6.2 millones, el 68 por ciento de las preferencias, destacando así una enorme diferencia porcentual con su más grande adversario político, el exchavista Falcon, con un 21 por ciento. Un proceso donde los 150 observadores internacionales presentes declaraban la regularidad y transparencia, debido a la muy buena calidad técnica del sistema de votación electrónico venezolano, cuya confianza fue evaluada anteriormente por medio de 18 revisiones y aceptada por todos los partidos políticos. Se trata, por cierto, del mismo sistema electoral empleado en las elecciones parlamentarias en el 2015 donde ganó la oposición, cuando nadie se atrevió a no aceptar la legalidad del proceso electoral que ahora no aceptan. ¿Por qué? ¿Será que la oposición tiene memoria corta?

ARTÍCULO

OPINIÓN

WASHINGTON, LA RAZÓN DE LA FUERZA MANLIO DINUCCI/IL MANIFESTO-RED VOLTAIRE

ace dos semanas, Washington coronó presidente de Venezuela a Juan Guaidó, un individuo que ni siquiera participó en la última elección presidencial venezolana, y declaró ilegítimo al presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente electo, anunciando incluso la posibilidad de apresarlo y enviarlo a Guantánamo. La semana pasada, Washington anunció la suspensión del Tratado INF, culpando a Rusia, y abrió así una fase todavía más peligrosa de la carrera armamentista nuclear. Además, el 6 de febrero, la OTAN, bajo las órdenes de Estados Unidos, sigue ampliándose con la firma del protocolo de adhesión de Macedonia del Norte como miembro número 30. No sabemos qué otro paso va a dar Washington la semana próxima, pero sí sabemos en cuál dirección. Se trata de una rápida sucesión de actos de fuerza con los cuales Estados Unidos y las demás potencias de Occidente tratan de mantener el predominio unipolar en un mundo que está haciéndose multipolar. Esa estrategia –que en vez de ser un síntoma de fuerza es una muestra de debilidad, aunque no por ello menos peligrosa– pisotea las reglas más elementales del derecho internacional. El caso emblemático es la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela, con el “congelamiento” de bienes por 7 mil millones de dólares pertenecientes a la compañía petrolera del Estado, sanciones cuyo objetivo declarado es impedir que Venezuela –con las reservas de petróleo más grandes del mundo– pueda exportar su petróleo. Además de ser uno de los siete países que cuentan con reservas de coltán, Venezuela es también un país rico en oro, con reservas estimadas en más 15 mil toneladas, oro que el Estado utiliza para obtener divisas fuertes y comprar medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad. Es por eso que el Departamento de Estado estadounidense, en coordinación con los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de

los países miembros de la Unión Europea y de Japón, ha realizado una operación secreta de “expropiación internacional”, documentada por el diario italiano Il Sole 24 Ore. Estados Unidos secuestró 31 toneladas de lingotes de oro pertenecientes a Venezuela (14 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra, más otras 17 toneladas transferidas a ese mismo banco por el Deutsche Bank, que las había obtenido como garantía de un préstamo ya completamente amortizado por Venezuela en divisas fuertes). Se trata, de hecho, de un verdadero acto de rapiña, al estilo de lo que sucedió en 2011 con el “congelamiento” de 150 mil millones de dólares de los fondos soberanos libios –fondos libios cuya mayor parte se consideran hoy “desaparecidos”. La diferencia es que el robo del oro de Venezuela ha sido perpetrado en secreto. Pero el objetivo es el mismo: ahogar en el plano económico, al Estado víctima para acelerar su colapso, fomentando la oposición interna y, si no bastara con eso, atacarlo militarmente desde el exterior. Con el mismo desprecio por las reglas más elementales de conducta en materia de relaciones internacionales, Estados Unidos y sus aliados acusan a Rusia de violar el Tratado INF, sin aportar la menor prueba, mientras que ignoran las imágenes satelitales presentadas por Moscú. Esas imágenes prueban que Estados Unidos había comenzado a preparar la fabricación de misiles nucleares prohibidos por el Tratado INF 2 años antes de que acusara a Rusia de violar el Tratado. En cuanto a la próxima ampliación de la OTAN, no está de más recordar que en 1990, cuando se preparaba la disolución del Pacto de Varsovia, el secretario de Estado James Baker aseguraba al presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, que “la OTAN no se extenderá ni una pulgada hacia el este”. En 20 años, después de haber destruido Yugoslavia mediante la guerra, la OTAN se ha ampliado de 16 a 30 Estados, extendiéndose cada vez más hacia el Este, hasta las puertas de Rusia.

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VENEZUELA ES LIBRE Y SOBERANA MARCELO COLUSSI, CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO, POLITÓLOGOY ARTICULISTA ARGENTINO/ PRENSA LATINA

a República Bolivariana de Venezuela cursa un proceso de transformación político-social de envergadura desde 1998 cuando, a través del voto popular, Hugo Chávez llegó al poder. A partir de ahí, con su liderazgo y una enorme movilización de las grandes mayorías venezolanas que lo apoyaron, empezaron a gestarse en el país profundas modificaciones. Por primera vez en la historia, la renta petrolera, principal recurso histórico de Venezuela, comenzó a repartirse equitativamente. La población de a pie, la clase trabajadora, los excluidos de siempre, fueron considerados personas. El país comenzó a cambiar. Los indicadores socioeconómicos se dispararon hacia arriba. Salud, educación, vivienda, seguridad social, cultura, participación popular pasaron a ser prioridad en la agenda nacional. Por primera vez en la historia, la renta petrolera tenía un verdadero destino social. En medio de estos cambios, y quizá cuando nadie lo esperaba, se comenzó a hablar de un nuevo socialismo –superador de los errores del viejo estalinismo del pasado–, el socialismo del siglo XXI. Avanzaba entonces la construcción de la Revolución Bolivariana, un proceso atípico en sí mismo: llegó al poder por vía pacífica, democrática, mediante elecciones transparentes. Las transformaciones que comenzaron a operarse en el país inquietaron a la burguesía nacional, al imperialismo estadunidense y, en general, a la derecha global. En primer lugar porque el poder popular de base que comenzó a gestarse, el control obrero de numerosas empresas y el ideario socialista que se abrió paso y comenzó a crecer, demostraron que los trabajadores, “los de abajo”, los siem-

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pre olvidados y marginados, existen, son mayoría, y también pueden manejar un país. En segundo lugar, inquietaron al gobierno de Estados Unidos –representante de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales de poder global– porque un recurso vital para la economía del imperio, el petróleo, quedó en manos del Estado venezolano. El oro negro sigue siendo fundamental en el desarrollo capitalista y las reservas que ofrece Venezuela –las mayores del mundo– favorecen su explotación, al ritmo del consumo actual, por no menos de 200 años más. El botín, evidentemente, es muy grande y demasiado apetecible. Y quienes manejan ese negocio, a nivel mundial, con Estados Unidos a la cabeza, no quieren perdérselo. En otros términos: el poder popular socialista y la soberanía nacional sobre los recursos petrolíferos dispararon la reacción de la derecha, tanto la venezolana como la de quienes siguen pensando que Latinoamérica es su patio trasero: la clase dominante de Estados Unidos. Pero la República Bolivariana de Venezuela es un país libre y soberano, y construye el modelo social que sus grandes mayorías quieren. Que no quepa ninguna duda: el pueblo venezolano votó por esa revolución, votó por Hugo Chávez en 1998, y siguió votando por él en innumerables ocasiones: es lo que quiere, lo que eligió y defiende. Muerto Chávez de una extraña manera –un cáncer que siempre hizo pensar en la intervención estadunidense en tan lamentable hecho–, el pueblo siguió apoyando el proceso bolivariano. Ahora, ya desde hace algunos años, con Nicolás Maduro en la Presidencia. En todos estos años, la oposición de derecha (la venezolana, títere más bien de Washington, y de la

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so una vez más: el presidente obrero, Nicolás Maduro, volvió a contar con el mayoritario apoyo de los votantes. Ahora, una vez más, la derecha arrecia su intento de detener ese proceso. La propaganda con que inunda el mundo pretende demostrar que en Venezuela hay una narco-dictadura antipopular, sanguinaria y corrupta. Para decirlo muy claramente, lo que hay, en realidad, en el país es una inconmensurable reserva de petróleo, y las empresas petroleras yanquis, y algunas más de otras potencias capitalistas, no quieren perderse ese botín. En Venezuela no hay una narco-dictadura sino mucho petróleo y mucha dignidad nacional. La actual maniobra del imperialismo – secundado por sus títeres locales y el coro de los gobiernos a sus órdenes en varios países– consiste en desconocer la Presidencia de Maduro y reconocer como presidente al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, un ilustre desconocido en la política venezolana autonombrado primer mandatario en una acción claramente provocadora. Con ello se pretende desautorizar y descalificar un gobierno democráticamente elegido en elecciones transparentes, llamando a todos los países del mundo a seguir esta conducta. Por lo pronto, varios gobiernos de algunos países, alineados al imperialismo desconocen al gobierno legítimo de Caracas y saludan al nuevo “gobierno” del títere autoproclamado. En virtud de ello se crean condiciones totalmente desestabilizadoras en lo interno, buscando agudizar la división entre pueblo chavista y antichavista y, mediante provocaciones callejeras inducidas –que ocasionen caos– promover una intervención externa, quizá militar, amparándose en la Carta Democrática de ese “Ministerio de Colonias” que es la humillante Organización de Estados Americanos. La situación es peligrosa. Se impone condenar enérgicamente esta nueva intromisión del gobierno de Washington y, desde cada trinchera, desde cada lugar donde actuemos, denunciar la maniobra desestabilizadora en marcha. Que quede más que claro: ¡en Venezuela no hay dictadura! ¡Hay mucho petróleo, y mucha dignidad! ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

clase dominante en Estados Unidos, que maneja los hilos de sus títeres) intentó por todos los medios detener el proceso en marcha en ese país suramericano. Intento de golpe de Estado, look out patronal, paro petrolero, guarimbas, ataques despiadados en todos los frentes posibles, mercado negro, guerra económica y bloqueo, atentados, vandalismo contrarrevolucionario y conato de sublevaciones militares, entre otros hechos, se prodigaron. Empero ninguna maniobra logró torcer el curso de la Revolución Bolivariana. Pueblo y gobierno socialista supieron defender siempre la soberanía nacional y la construcción socialista. Las fuerzas armadas –a diferencia de lo que ocurre en la mayoría

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de países latinoamericanos– son fieles defensoras del orden constitucional. La Casa Blanca, en todos los casos, siempre ha estado detrás de cada acción desestabilizadora. Sin duda, la vida cotidiana de cada venezolana y venezolano se tornó complicada, a causa de tan despiadado ataque; el desabastecimiento y el mercado negro hicieron mella. Pero pese a ello, y la monumental campaña internacional de desprestigio del proceso bolivariano y la figura del presidente democráticamente electo (Nicolás Maduro), la revolución se mantuvo y siguió contando con el fervoroso apoyo popular. En las últimas elecciones, boicoteadas por la oposición, el chavismo se impu-

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VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA EN PELIGRO JUAN J PAZ Y MIÑO CEPEDA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA; DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL; COORDINADOR ACADÉMICO, EN ECUADOR, DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE; MIEMBRO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA.

“Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come al ganao, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán pío pío gavilán tao tao…” (Canción popular venezolana, de Ignacio Figueredo)

uito, Ecuador. Este año se conmemora el bicentenario del Congreso de Angostura, inaugurado el 15 de febrero de 1819. Se vivía un momento crucial del proceso independentista de América Latina frente al coloniaje europeo y específicamente el español. Venezuela se convertía en el referente suramericano. Y Simón Bolívar, el Libertador, pronunciaba, en ese Congreso, un magistral discurso en el que esbozaba la naturaleza del nuevo poder republicano por construirse. El Discurso de Angostura refleja la complejidad de la coyuntura. Venezuela se había liberado de las cadenas coloniales, era necesario construir las instituciones del nuevo Estado pero, al mismo tiempo, era evidente que se contaba con un pueblo sin experiencia alguna para la nueva vida. Bolívar lo entendió claramente: declinó su mando como “Jefe Supremo de la República” y saludó al Congreso ante el cual hizo entrega de su poder y encomendó el futuro de la nación; señaló que la nueva república debía contar con un Estado centralizado y no federal; que el Ejecutivo

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tenía que ser fuerte y con autoridad; el Congreso bicameral con un senado hereditario; la Función Judicial con jueces probos; además, se contaba con una fuerza armada consolidada en las batallas por la independencia. Bolívar admiraba el sistema británico, tanto como el francés y el norteamericano; pero, aunque sugería tomarlos como ejemplo y hasta sostuvo que el congreso venezolano podía seguir la eficacia del parlamento inglés -pero no el federalismo estadounidense-, fue preciso en indicar, tomando a la historia como fundamento, que las instituciones y las leyes debían responder a la específica realidad de los pueblos; y, por tanto, Venezuela tenía que ser sabia en establecer su propio camino. Era el momento de la construcción de la democracia y de la libertad; pero Bolívar, que advertía la necesidad del imperio absoluto de la ley, argumentó, igualmente, contra la democracia absoluta y contra la libertad absoluta, en pueblos todavía nacientes a la vida republicana. En ese marco también se entiende su rechazo a la continuidad indefinida de cualquier gobernante, que con ese poder solo consagraba la tiranía. Angostura marcó, entonces, el momento de los grandes pensamientos e ideales sobre los nacientes países latinoamericanos. Por sobre la multiplicidad de países que ya se dibujaban (en su discurso comparaba nuestra situación con la antigua desintegración del imperio romano), el Libertador era consciente de que la unidad aseguraba el mejor futuro, y también clamaba por ella. El Congreso aprobó

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la formación de la Gran Colombia, con Venezuela Moreno en Ecuador– que bien merece, como lo ya liberada, y con la mira de la futura y segura li- ha solicitado México, la firme aclaración de su beración de Nueva Granada (Colombia), a la que estatus jurídico, al haberse autoproclamado como “legítimo” representante del Ejecutivo, cuando estaba integrada la Audiencia de Quito (Ecuador). Ya no solo en Angostura, sino en discursos y es- nunca ha sido electo para esa función. El respaldo en la historia de la lucha por la licritos posteriores, quedó fijado el ideal de la unión como eje de la vida de Bolívar. Siempre consideró bertad y la soberanía de hace 200 años, las dereque la Gran Colombia era el primer eslabón para chas económicas y políticas aclaman la injerencia la construcción de la unidad de toda la América externa y hasta abogan por la intervención directa. antes española, de la que debía excluirse a Esta- Ni siquiera en la OEA, ni en la ONU, consiguiedos Unidos, país al que admiraba seriamente, al ron el apoyo mayoritario a su “causa”, subordinamismo tiempo que lo entendía como una potencia da ahora a la visión de Estados Unidos. Incluso el peligrosa, a tal punto que llegó a expresar, en carta papa Francisco se ubica en la línea de la sensatez al coronel Patrick Campbell (1829): “Los Estados al pronunciarse por el respeto y el diálogo en VeUnidos parecen destinados por la providencia para nezuela. Y, además, a despecho de las posiciones plagar la América de miseria en nombre de la li- de las fuerzas capaces de lanzar la violencia y afirmarse en el golpe de Estado, felizmente Améribertad”. Ninguna potencia externa podía intervenir en ca Latina ha podido contar con gobiernos como la marcha de los pueblos liberados, dispuestos a los de Bolivia, Cuba, México y Uruguay, que han salido por los fueros de la dignidad de la región enfrentar cualquier injerencia neocolonial. para pedir la solución Sin embargo, de pacífica, el diálogo y Angostura al presente, El respeto a la independencia y la soel consenso interno en no median solo 200 años, sino una serie beranía ha dejado de ser el principio rec- Venezuela, porque solo de diferencias con- tor para las potencias que claman hoy su pueblo puede resolver su futuro. ceptuales. La unidad contra el gobierno de Venezuela A diferencia de Ande América Latina, el gostura hace 200 años, ideal bolivariano por excelencia, ha dejado de ser la preocupación de en nuestra América Latina, de la mano de las delos gobiernos de derecha y las burguesías inter- rechas económicas y políticas, y de los gobiernos nas. Les interesan los tratados de libre comercio, que las representan, el posicionamiento frente a la Alianza Asia-Pacífico, los convenios bilaterales Venezuela ha marcado un momento de destrucde inversión, los acuerdos con el FMI. No se trata ción y no de construcción; uno de división y no de asegurar países, sino negocios. No interesa la de unidad, en el que el sueño de la Patria Grande, felicidad de los pueblos, que era lo que remarcaba con pueblos hermanados, cede el paso a los requerimientos por buenos negocios, subordinación al Bolívar, sino los simples beneficios particulares. En manos de esas mismas derechas políticas poder transnacional y la diplomacia imperialista. De modo que, tal como ocurriera hace 200 y económicas, la democracia y las libertades ya conquistadas, no sirven para construir países con años, en Venezuela se juega el futuro de nuestra equidad, justicia social, progreso, diversidad y feli- América Latina, una región que vuelve a ser amecidad, sino sociedades al servicio del capital priva- nazada por la intervención y la arbitrariedad. En el bicentenario de Angostura, nuestra América do, las transnacionales y el imperialismo. El respeto a la independencia y la soberanía ha Latina tiene que revalorizar los principios de sus dejado de ser el principio rector para las mismas luchas históricas y, bajo ese manto, reconocer que fuerzas antes señaladas. Sin medir las consecuen- Venezuela, cuna de los ideales por una patria nuecias históricas, ellas claman hoy contra el gobierno va, tiene en su pueblo la única fuerza capaz de bolivariano de Venezuela y reconocen como pre- construir su propia dignidad por sobre todas las sidente a un personaje –como lo ha hecho Lenín tormentas.

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GUERRA CIVIL DE INTERVENCIÓN FELIPE CUEVAS MÉNDEZ/TELESUR

egún las definiciones, las guerras civiles son les, la burguesía, sus políticos y adeptos hacía tiemenfrentamientos armados entre dos o más po hablaban de situaciones inexistentes (¡masacres!, ejes políticos contrarios; sin embargo, este ¡ésta situación!, “nos tienen pasando hambre”, “no concepto comenzó a sufrir alteraciones a raíz del podemos llevar los hijos a Mc Donald”) porque ese uso de la guerra civil como instrumento de agre- era su modo tradicional de operar, así que también sión de terceros implicados. En los antecedentes con esta finalidad sus amos yanquis se empeñaron clásicos se mantenía el perfil de enfrentamiento en fomentar una regresión económica que, eninterno entre dos bandos en un país, aunque siem- tre otras cosas, hiciese creíble y sostenible el viejo pre aparecía la sombra de una o varias potencias modo de pensar burgués duramente vapuleado por las batallas políticas, sociales y culturales del pueblo extranjeras. La versión moderna se acoge al modo de fo- chavista en su visibilización histórica. Por otro lado, ¿cómo puede venir una ayuda mentar desde el exterior de nuestros países conflictos potenciales, direccionándolos a la agresión imperialista de un agresor que ha quebrantado armada de grupos terroristas o segmentos de fuer- una economía nacional?, ¿qué ayuda es esa que te promete 20 millones zas armadas en la prede dólares cuando te tensión de desmantelar ¿Cómo puede ayudar un agresor que saqueó más de 20 mil estados, gobiernos o tendencias opuestas a ha quebrantado una economía nacional?, millones? ¿Humanitalos designios imperia- ¿qué ayuda es esa que promete quien ha ria? ¿Y por eso amenazan con la intervención listas, para crear prosaqueado miles de millones? y aplauden la guerra tectorados con estados civil? Para luego hablar fantoches. de liquidar poblaciones De tal suerte que la fórmula de guerra civil hoy día es un asunto de o pretender llevar a Guantánamo al chavismo, una geopolítica imperial. Esta es una política particu- cárcel ilegal del imperialismo, centro comprobado larmente emprendida por el imperialismo europeo de violación de derechos humanos, un territorio y en especial del hegemón yanqui para avanzar ofensi- ocupado y arrebatado al pueblo cubano. Es sólo un cuento malo, una cuestión de empovas que encubran su asedio general e intervención militar contra nuestros pueblos, en su doctrina de deramiento de posiciones pitiyanquis, maniobras guerras de cuarta generación por los recursos y el políticas, chantajes para la rendición y, ciertamencorrimiento a la ultraderecha de los estados. Se tra- te, amenaza seria de pasar al terreno si no se les ta de intervenciones con el refuerzo instrumentado entrega lo que los yanquis creen es de su propiedad exclusiva, la llave energética y el referente político de guerra civil. En Venezuela primero se creó artificialmente de lucha de la patria grande. Como se sabe, las guerras modernas han camun malestar económico y social a fin de que la derecha hiciera sostenible su viejo embuste del “ya viene biado de fisonomía, atravesamos momentos de la ayuda”. Porque el hecho es que las transnaciona- tensión global. En estos momentos ocurren gue-

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La voz del imperialismo consiste en callar a los pueblos, todo cuanto dicen Trump y comparsa es un discurso de supresión de los otros. Cada una de sus palabras están cargadas de odio y agresión a los pueblos, sea cual sea el país a que se dirija, en su arrogancia suelta sus malas vibras azuzando a guerras civiles y confrontaciones de todo tipo para hacerse con territorios, recursos, estados y mercados. De acuerdo con la norma popular, siempre hay que dudar de sus palabras o de sus gobiernos satélites. La confrontación históricamente necesaria es contra el capitalismo e imperialismo.

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rras de distinto plano, una guerra por la hegemonía global que acusa procesos industriales, económicos, diplomáticos, de carrera armamentística, reediciones de bolsillo de la guerra fría, y de enfrentamientos calientes en escalas “controladas” entre las distintas potencias. Una gran guerra psicológica se despliega contra nuestros pueblos en la cobertura de tentativa de guerra civil e intervención. Esta guerra atiende cada frente por donde la conciencia tenga posibilidades de avanzar, a lo que los imperialistas yanquis reconocen como “conquista de las mentes” o guerra de quinta generación. Dicha batalla se centra no sólo en dividir, sino en adherir a las posiciones del capitalismo y anular nuestras capacidades de acción. Lo que se busca es colocar nuevas palancas del colonialismo en el plano del adoctrinamiento para rehacer el pensamiento popular a las voluntades del imperialismo. Estas guerras se sostienen asimilando a las clases burguesas y clases medias acomodadas, para inmediatamente canalizar sus esfuerzos al control mental de los pueblos en la anulación de toda resistencia de criterio, la obtención de obediencia por terror o coacción dentro de relaciones de dominación y la acción opuesta a sus intereses. Para aceptar entonces toda la carga de la necropolítica demencial imperialista y mediática sin parar en consecuencias, practicando por otros medios y a gran escala el experimento de 1963 con electroshock de Milgram para la obediencia a la autoridad imperial. Es la ideología burguesa en acción por la urgente necesidad del capital de corroer y corromper toda conciencia posible. Los desastres del neoliberalismo son aberrantes de acuerdo con la razón de los pueblos, aunque ahora ésta resulta que la razón de los pueblos es considerada una patología digna de atender “humanitariamente a fuerzas” con la intención de hacer buenos ciudadanos serviles.

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Los imperialistas buscan comprar adeptos, y seguro seguirán consiguiéndolos, nunca faltan los traidores a los pueblos, sean cuales sean sus motivos. Más la resistencia de un pueblo dispuesto a defenderse va con todo, desde estos terrenos de conciencia hasta la máxima extensión de su capacidad de acción y su voluntad de poder popular frente al compromiso ante esta amenaza. Los pueblos del mundo serán afectados de una u otra forma porque el imperialismo intenta reescribir en Venezuela un nuevo código de política internacional injerencista.

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INVESTIGACIÃ&#x201C;N PORTADA

GRUPO PMI ESPECULABA

CON MILES DE MILLONES DE PEMEX Y SUS PENSIONADOS

11 de febrero de 2019

PORTADA INVESTIGACIÓN

El brazo comercial de Pemex especulaba con 25 mil millones de pesos de los excedentes de efectivo de las exportaciones e importaciones. El Grupo PMI también destinaba a inversiones de alto riesgo unos 2 mil millones de pesos de las pensiones NANCY FLORES/SEGUNDA DE TRES PARTES

1223RF

nombre de Petróleos Mexicanos (Pemex), el llamado Grupo PMI tenía permitido especular en mercados internacionales de dinero y renta variable con un monto de entre 500 millones y 1 mil 300 millones de dólares (es decir, entre 9 mil 500 millones y 25 mil millones de pesos), correspondientes a los excedentes de efectivo del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados. El Grupo PMI está integrado por la filial PMI Comercio Internacional y otras 19 compañías “privadas”, sin oficinas ni empleados, que Pemex constituyó en México y el extranjero a partir de 1988. Al conglomerado –conocido como el brazo comercial de la petrolera del Estado porque opera sus exportaciones e importaciones de crudo y productos petrolíferos y petroquímicos– también se le permitía especular con recursos del Fondo Laboral Pemex hasta por 2 mil millones de pesos. Esa cifra comprometida en compra-venta de títulos y divisas a muy corto plazo representa una

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tercera parte de la disponibilidad del fideicomiso para las pensiones de los trabajadores petroleros, cuyo saldo ascendió a 6 mil 48 millones 328 mil 565 pesos al cierre de 2018, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lejos de beneficiar a los trabajadores o reducir la carga que representan las pensiones para Pemex, los rendimientos generados por esas especulaciones financieras se enviaban a las cuentas privadas del Grupo PMI, que se manejan en total opacidad. Hasta el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Corporativo de Pemex participaba en estas especulaciones financieras al diseñar o aprobar las “estrategias de inversión de sus portafolios”. Consideradas como operaciones de alto riesgo financiero, éstas ya fueron canceladas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras descubrir que se hacían desde la llamada “tesorería centralizada” del Grupo PMI, radicada en los Países Bajos. Y es que en la exhaustiva revisión que hace la nueva administración respecto de la red empresarial paralela de Pemex –y que de 51 compañías oﬀshore radicadas en México y el extranjero, incluidos paraísos fiscales, ha pasado ya a 25 tras un programa emergente de extinción llevado a cabo entre diciembre y enero pasados–, uno de los temas más preocupantes es precisamente el del Grupo PMI. Por ello, el presidente López Obrador ha pedido al equipo que encabeza el ingeniero Octavio Romero Oropeza que se legalicen todas las funciones vinculadas a las compañías PMI, coordinadas por la filial Comercio Internacional. Y es que, por años, el Grupo PMI se ha encargado de realizar todas las operaciones comerciales de Pemex en los mercados internacionales: exportaciones e importaciones de hidrocarburos y sus derivados.

Además, esas 20 compañías realizan servicios administrativos, financieros, legales, de administración de riesgos, fletamento de buques, contratación a terceros, inteligencia de mercado, participación accionaria en sociedades minoritarias y, sobre todo, de contratación de deuda. No obstante, por su carácter privado y extraterritorial, sus movimientos no se reflejan en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos ni en la Cuenta Pública.

Al Grupo PMI se le permitía especular con 2 mil millones de pesos del Fondo Laboral Pemex; es decir, con las pensiones de los trabajadores

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La tesorería paralela

La especulación de capitales –tanto de las pensiones como de los excedentes de efectivo– es uno de los varios negocios paralelos que Pemex orquestaba a través del Grupo. En la actual investigación interna que se sigue a las empresas “privadas” de Pemex se incluye un análisis detallado de las finanzas del Grupo PMI, en particular respecto de su tesorería centralizada y el papel que juega en ésta la compañía PMI Holdings, BV. Constituida y operada por Petróleos Mexicanos en los Países Bajos, esta tenedora de acciones (holding) posibilita que el Grupo “privatice” varios millones de pesos al “transformarlos” en rendimientos particulares. Y es que PMI Holdings administra directamente en JPMorgan Chase Bank la tesorería centralizada. En sus cuentas bancarias extraterritoriales –es decir que no están reguladas por las leyes mexicanas– se captan los más de 500 mil millones de pesos anuales de las ventas internacionales de Pemex, así como los recursos de sus cuentas por cobrar. Además, se manejan el efectivo, los préstamos y los rendimientos de las 20 empresas PMI. La tesorería holandesa opera en forma paralela a la verdadera tesorería de Pemex: sus ingresos y egresos son totalmente independientes al presupuesto autorizado por la Cámara de Di-

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Actualmente, al Grupo PMI se le investiga por el presunto uso indebido de recursos públicos, gastos suntuosos e inversiones fracasadas en Fertinal, Agro Nitrogenados, Hijos de J Barreras, Repsol y Deer Park

putados y, por lo tanto, no se registran en la Ley de Ingresos de la Federación ni se reflejan en la Cuenta Pública, ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación. En 2010, antes de constituir la tesorería centralizada, Pemex evaluaba la posibilidad de que PMI Comercio Internacional –cabeza del Grupo y entonces filial de Pemex obligada a rendir cuentas– fuera la tesorera del proyecto, pero la petrolera eligió el camino de la opacidad. En Pemex “concluyeron que la indicada sería PMI Holdings, por tener el carácter de empresa privada extranjera, a la que no le resultarían aplicables las disposiciones legales mexicanas en virtud del principio de extraterritorialidad de las leyes y, por lo tanto, gozaría de una mayor ‘flexibilidad’ para desempeñar las funciones y los propósitos que perseguía la tesorería centralizada; por el contrario, en el caso de que se hubiera decidido que fuera PMI Comercio Internacio-

nal, ésta estaría sujeta a los preceptos normativos que regulan la actuación de cualquier entidad paraestatal”, reveló en 2013 el máximo órgano de fiscalización. Según Pemex, el riesgo de liquidez del Grupo PMI se mitiga a través de dicha tesorería centralizada o “in house bank”. Adicionalmente, las empresas del Grupo cuentan con acceso a líneas de crédito bilaterales con instituciones financieras; monitorean sus flujos de efectivo en forma diaria, y cuidan su imagen crediticia en los mercados financieros.

PMI Holdings PMI Holdings, BV, se constituyó en marzo de 1988 en Ámsterdam, Holanda, con un capital social equivalente a 18.2 mil euros: 40 acciones ordinarias con valor nominal de 453.8 euros cada una.

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Esta tenedora de acciones fue creada como una empresa instrumental privada y desde entonces no se considera entidad paraestatal, además de que está sujeta únicamente a sus estatutos y a la legislación privada de Holanda. Esto es que no se rige por la Constitución Mexicana, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley General de Deuda Pública, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normas nacionales. De esta manera, Pemex ha argumentado por años que todas las decisiones son unilaterales: el pago de dividendos, la contratación de deuda, el otorgamiento de préstamos a otras empresas del Grupo PMI, las inversiones en el capital social de empresas extranjeras (como fue el caso de Repsol). En ese contexto, hasta el cierre del sexenio peñista se argumentó que “el capital de trabajo o flujo de efectivo que maneja PMI Holdings, BV, como recursos propios, producto de la operación internacional que se realiza por medio de las empresas del Grupo PMI, son independientes del presupuesto aprobado por la Cámara de

Diputados a Pemex y, por lo tanto, no existe la obligación de rendir cuentas en la Cuenta Pública”. Según esta lógica, ni el Consejo de Administración de Pemex ni el Comité de Inversiones y Estrategia eran competentes para analizar y aprobar previamente las decisiones que tomaba la Junta de Directores de PMI Holdings, BV. No obstante, las investigaciones internas que se llevan actualmente en Pemex rastrean las responsabilidades de los servidores públicos ligados a estas operaciones. Y es que muchas decisiones se tomaron en la Torre Ejecutiva ubicada en la avenida Marina Nacional, y no en Ámsterdam, Países Bajos. Además, la administración del ingeniero Romero Oropeza busca la forma de legalizar esa compañía y a todo el Grupo PMI, empezando por la cabeza del sector: PMI Comercio Internacional, desregulada a partir de la reforma energética de 2013. Al Grupo PMI también se le investiga por el presunto uso indebido de recursos públicos, gastos suntuosos e inversiones fracasadas en empresas como Fertinal, Agro Nitrogenados, Hijos de J Barreras, Repsol y Deer Park.

“El flujo de efectivo que maneja PMI Holdings como recursos propios, producto de la operación internacional del Grupo PMI, son independientes del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados”, según Pemex

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LA GUERRILLA

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Siete movimientos armados sobrevivieron a la Guerra Sucia, el embate del “narcoestado” y las políticas de contrainsurgencia. Fragmentados y disminuidos –en su mayoría– hoy enfrentan la “Cuarta Transformación”, que va por ellos ZÓSIMO CAMACHO

PEDRO VALTIERRA ANZA/CUARTOSCURO

ocumentos de los órganos de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano –elaborados hasta finales del sexenio pasado– admiten la existencia de siete “grupos armados” con reivindicaciones políticas y sociales. Con el cuidado de no reconocerlos como “guerrillas”, los agentes de seguridad y defensa nacionales sólo se refieren a estos grupos como “transgresores de la ley” distintos a los ejércitos privados de los cárteles del narcotráfico, las autodefensas y las policías comunitarias. La Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional (inteligencia militar), la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –hoy Centro Nacional de Inteligencia– enlistan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Comité Clandestino Revo-

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lucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28J) y a una nueva formación de la que no se conoce el nombre, pero de la que se advierte: está formada por “cuadros históricos y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”. Con matices, académicos especialistas en movimientos armados señalan que la lucha guerrillera si-

Los movimientos guerrilleros siempre han buscado fortalecer la legitimidad del uso de la violencia que realizan, ante la sociedad gue latente, está vigente y tiene legitimidad. Todo, a pesar de la fragmentación de los grupos, las disputas intestinas, la infiltración de los órganos de inteligencia, el parcial éxito de las políticas de contrainsurgencia y la deserción de “columnas” y células que pasaron a formar grupos de delincuentes sin propósitos de reivindicación política y social o, de plano, se pusieron al servicio de cárteles del narcotráfico. Y a pesar también de la pretendida “Cuarta Transformación”: la llegada al poder de una contradictoria izquierda electoral que crea una Guardia Nacional de corte militar para hacer funciones de seguridad pública y también llama a las víctimas a que perdonen a sus verdugos bajo el eslogan: “Abrazos; no balazos”. El actual grupo gobernante se asume como la culminación de las luchas de reivindicación política y de justicia social desde la Revolución Mexicana de 1910. En su discurso, por lo tanto, ya no hay motivo alguno para reclamar justicia social, mucho menos de manera armada. Gustavo Ogarrio Badillo, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que no se debe generalizar cuando se habla de los movimientos guerrilleros. Explica que existen profundas diferencias entre todos ellos: el EZLN, el EPR, el ERPI, la 28

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TDR-EP y las otras formaciones. Cada caso debe analizarse en su contexto y desde los lugares en que se encuentran. Pero de entrada, señala, “no podemos condenar a quienes siguen en armas. Hay condiciones de legitimidad en México para los movimientos que reivindican el uso de las armas”. María Elena Hernández Márquez, secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), explica que los movimientos armados no pueden deponer su lucha sólo porque se les diga que ahora sí se van a resolver los problemas políticos y sociales. “Saben que una cosa es el dicho y otra el hecho. Cada gobierno ha iniciado diciendo que sí va a haber solución para las comunidades violentadas, marginadas, despojadas. Pero termina el sexenio y vemos que, lejos de disminuir, el problema se acrecentó.” Libertad Argüello Cabrera, doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México, advierte que los grupos guerrilleros “no son delincuentes. En absoluto. Son movimientos sociales armados”, enfatiza.

La legitimidad de la violencia El doctor Ogarrio Badillo, catedrático de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que los movimientos guerrilleros pasados y presentes han buscado siempre fortalecer la legitimidad del uso de la violencia que realizan. Siempre han buscado “elaborar ideas, conceptos y prácticas para justificar una violencia legítima”. Señala que generalmente quienes deciden levantarse en armas lo hacen cuando han recibido previamente agravios injustos e injustificados de quien ostenta formalmente el monopolio de la violencia: el Estado. Y esta decisión no es solamente a causa de la violencia social que significa la pobreza. “Tenemos que ver las regiones en las cuales surgen [los movimientos armados]. Cada región tiene su complejidad y hay comunidades que se levantan en armas no sólo por la pobreza sino por el castigo permanente que padecen de parte de los gobiernos.” Explica que en muchas de esas regiones la situación no ha cambiado desde hace más de 40 años,

MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

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Guerrilla, en busca del apoyo de la base social

cuando el surgimiento de numerosos grupos armados y la Guerra Sucia emprendida contra ellos desde el Estado mexicano. Por ello debe valorarse la persistencia de los movimientos armados. “La gente que se metió a la guerrilla puso su vida ahí. Es cierto, hay que verlos sin idealismo, pero se debe reconocer el contexto particular en que se desarrollan para entender que sí hay una fundamentación de la violencia legítima. Poca o mucha, todas las guerrillas han tenido legitimidad.” Libertad Argüello Cabrera (autora de Violencia selectiva e impunidad. Continuismo de prácticas sociales y políticas: el caso de familiares de desaparecidos en México) señala que la guerrilla no tiene, incluso, como principal razón de ser la cuestión socioeconómica. Explica que quienes se levantan en armas vienen de todo un proceso en el que son tratados como ciudadanos de cuarta o quinta categoría. Mientras

tal nivel de desigualdad y desprecio subsista, no podrán desactivarse las razones potenciales de la guerrilla. “Es una cuestión de dignidad ante el agravio moral. Por ello lo que se requiere es el reconocimiento político del ‘otro’. Y en sociedades coloniales y poscoloniales el ‘otro’ son campesinos despojados, incluso desclasados, desinidianizados.”

Trascienden la estructura militar Los movimientos armados que subsisten hoy en día en México están “en otra etapa”. Han trascendido su mera estructura militar y han alcanzado expresiones políticas y sociales. Ogarrio Badillo, autor de Breve historia de la transición y el olvido. Una lectura de la democratización en América Latina, dice que deben diferenciarse cada uno de los movimientos

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“El EZLN es un componente militar de un movimiento que tiene, incluso, un carácter jurídico, de autonomía, siempre interesado en contar con el respaldo de sus comunidades y la legitimidad también hacia a fuera”

armados. No tienen la misma legitimidad ni imbricación social. Sobre todo el zapatismo: “Es un movimiento armado, con estructura militar, pero que también siempre ha sido un movimiento político y social que, además, se ha ido fortaleciendo. Ha tenido todo el tiempo, con altas y con bajas, el respaldo de comunidades organizadas”. En las últimas semanas, el EZLN –junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI)– se ha convertido, desde la izquierda, en el escollo más importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El EPR también se ha pronunciado en contra de las políticas de la nueva administración. Pero el EZLN, además de pronunciarse en contra de ellas, ha anunciado que las resistirá y que está dispuesto a responder ante una agresión contra sus bases de apoyo. 30

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En específico, los zapatistas han advertido que el Tren Maya y la plantación de árboles frutales son proyectos que no permitirán en los territorios de sus comunidades de base. Y tienen las capacidades para oponerse efectivamente. Precisamente ese fue el mensaje de la parada militar del EZLN el pasado 31 de diciembre en La Realidad, Chiapas, cuando desplegó a su 21 División de Infantería y con miles de milicianos, a paso de maniobra, colmó la plaza del Caracol Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños. El EZLN no pidió limosna, sino que dio una demostración de fuerza y del respaldo de las comunidades. Gustavo Ogarrio explica que si bien el EZLN hacia dentro tiene una jerarquía militar, hacia afuera ha construido una defensa legítima para el uso de las armas. “No sólo es un movimiento armado.

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Tiene estructuras comunitarias y es parte de un movimiento social, que se ha dado sus propias estructuras civiles, como las Juntas de Buen Gobierno. Tienen, incluso, un sistema de justicia, que es de tipo restitutiva. Por supuesto que ya no es solamente un movimiento armado”. Explica que el EZLN es un componente militar de un movimiento que tiene, incluso, un carácter jurídico, de autonomía, siempre interesado en contar con el respaldo de sus comunidades y la legitimidad también hacia a fuera. De los otros movimientos armados, Gustavo Ogarrio señala que se debe analizar caso por caso. Reconoce que la mayoría no tuvo la misma coyuntura del EZLN, aunque sí cuenta con el apoyo de algunas comunidades. “Las guerrillas más aisladas, con menor respaldo comunitario, tienen una débil capacidad de respuesta de legítima defensa militar”. Agrega que “habría que ver caso por caso, porque nunca son buenas las generalizaciones simplificadoras; sobre todo en el aspecto tan delicado como el acto de tomar las armas y conformar un ejército irregular. Cada movimiento armado en cada región, en cada zona, tiene su particularidad”.

Guerrillas acorraladas Las políticas de contrainsurgencia del Estado mexicano se agudizaron durante los dos últimos sexenios. La Guerra Sucia nunca se fue de lugares como la Sierra y la Montaña de Guerrero, la huasteca hidalguense o la sierra de Zongolica, en Veracruz. Para la abogada María Elena Hernández, el movimiento armado en estados con presencia permanente, como Guerrero, está pulverizado, “muy fragmentado”. Explica que el Estado logró cooptar algunas piezas y aniquilar a otras. Señala que, a diferencia de la década de 1970, hoy la contrainsurgencia y la Guerra Sucia se llevan a cabo no sólo con las Fuerzas Armadas; también con los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada. “La lucha de las comunidades por su emancipación se ha visto opacada por toda esta ola de crímenes y de criminalidad”. La secretaria ejecutiva de la AMAP explica que en Guerrero han proliferado los grupos armados de distinto corte: guardias blancas, paramilitares,

autodefensas, policías comunitarias… y los propios movimientos armados que ya existían previamente. Señala que algunas expresiones de los movimientos armados han sido fragmentadas y sometidas a un proceso de corrupción. Incluso aquellas que tenían “un trabajo de cara a la comunidad”. “La infiltración en los movimientos guerrilleros es muy grande. Ya no sólo lo están infiltrando para

Las políticas de contrainsurgencia del Estado mexicano se agudizaron durante los dos últimos sexenios. La Guerra Sucia no ha terminado acabarlos y apagarlos. Ahora están infiltrando todos los espacios, con todas las siglas, utilizando todos los nombres para ensuciarlos y desprestigiarlos. El clima es cada vez más opaco, más triste, más empantanado.”

La “Cuarta Transformación” Para Gustavo Ogarrio, México está viviendo un periodo excepcional. La llegada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al poder sí representa un cambio sustancial. “Todavía no se ve si para bien o para mal”, acota. “Este gobierno nuevo está sentado en un polvorín. Y sí tiene conciencia de que debe desactivarlo. De lo contrario, perderá toda la legitimidad con la que cuenta y agudizará la crisis que ya vive el país.” Señala que la lucha armada sigue viva. Explica que el EZLN tiene razón en oponerse tajantemente al gobierno federal, esté quien esté al frente, porque precisamente el gobierno es el que representa al Estado. “Y el Estado que tenemos hoy se transformó en un Estado desaparecedor de personas. Mientras este gobierno no transforme al Estado, el movimiento armado tiene que seguir oponiéndose a ese Estado.”

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GUERRERO: EL DRAMA DE LOS DESPLAZADOS

POR EL NARCOTRÁFICO

El desplazamiento forzado en Guerrero tiene proporciones de crimen de lesa humanidad. Lo hace posible un cúmulo de delitos cometidos de manera permanente por autoridades y cárteles. En el estado se vive, más que un vacío de poder, un desvío de poder. Cientos de comunidades, inermes ante un “narcoestado político militar”

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MARÍA ELENA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, JURISTA; SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ABOGADOS DEL PUEBLO

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uerrero ha vivido durante años el debilitamiento del estado de derecho. Esta situación fue aprovechada por la “delincuencia organizada”, que actuó de forma desenfrenada e impune, por la incapacidad del gobierno estatal y los gobiernos municipales de garantizar la seguridad pública y el acceso a la justicia. La violencia ha llegado a su máxima expresión al grado de tener confrontada a la población. ¿Cómo recomponer el tejido social tan fragmentado? Ese estado de cosas devino en la comisión de delitos: homicidios, extorsiones, desapariciones, robo de propiedades… y también propició el desplazamiento forzado interno. Al no ser sancionados estos delitos, aumentaron las violaciones a diversos derechos humanos de la población: protección a la vida, la libertad, la integridad personal y familiar, el trabajo, la propiedad y posesiones, el acceso a la justicia y a la seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había destacado –en su Informe Especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero, de 2013– que la seguridad pública es una función estatal indelegable, ya que únicamente las autoridades de los tres órdenes de gobierno son quienes están obligadas a garantizar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas, así como a preservar la libertad, el orden y la paz públicos. Esto debe interpretarse en conjunto con el Artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la justicia por propia mano y el ejercicio de la violencia para reclamar los derechos. Con el inicio de la lucha contra el narcotráfico en México, la reacción de los grupos criminales fue la violencia contra la ciudadanía, cobrando “cuotas”, secuestrando, extorsionando, desapareciendo

personas, asesinando. Como reacción social ante la omisión del Estado en materia de seguridad pública, se conformaron grupos de civiles que se autodenominaron “autodefensas”, para efecto de protegerse a sí mismos, sus familias, sus propiedades y posesiones del ataque contra estos bienes jurídicos de parte de grupos de la delincuencia organizada. Llama la atención que las autoridades han estado al tanto de la situación que se ha venido generando en el estado, ya que en muchas ocasiones son las mismas autoridades las que ayudan a las comunidades –ante los hechos de violencia– a abandonar sus tierras. Son escasas las referencias a acciones efectivas de la autoridad para detener esa violencia y evitar que la gente se vea forzada a desplazarse. Es notable la incapacidad para enfrentar y combatir de manera efectiva a los grupos delincuenciales que generan la violencia que resulta en el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Tan es así, que tienden a ser las autoridades mismas quienes apoyan a las personas para trasladarse y huir de sus casas. Esto genera lo que llamamos “vacío de poder”. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha referido a la “desviación y el exceso de poder” como un uso distorsionado de atribuciones discrecionales, uso que, por ello, se convierte en arbitrariedad. Esta célebre figura es reconocida legal y jurisprudencialmente en Latinoamérica y Europa, pero en México es un término que, a pesar de la práctica, en la teoría apenas se está colocando. La primera vez que se utilizó este concepto para el caso de México fue cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 43/96, sobre el caso del general Gallardo, a propósito de la actuación del Estado mexicano, se refirió a la desviación

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resultante, parece no haberse cometido y por ello, sus responsables parecen no serlo. La desviación tiene que ver con el ejercicio de atribuciones en principio previstas en las propias normas, pero cuyo fin particular, general, institucional y constitucional, durante el proceso en que son producidas, interpretadas y aplicadas las normas, transmuta en un fin distinto, autónomo y que responde a una lógica propia y a unos intereses independientes del derecho y la justicia.” Lo que se distorsiona con la desviación de poder como un crimen es no sólo el objetivo de la norma, o de la institución, sino el del derecho mismo. Y como el derecho responde a las necesidades y libertades de

BERNANDINO HERNAÁNDEZ/CUARTOSCURO

de poder como una actitud anómala de éste, cuyos órganos y autoridades utilizaron sus atribuciones legales para fines distintos a lo establecido en el ordenamiento jurídico mexicano, recurriendo a actuaciones aparentemente legales. Más tarde este concepto es reconocido y aplicado para la situación en que vivimos por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), quien en su sentencia de 2014 para México refiere: “La desviación de poder en México se ha convertido en un crimen que avanza invisible y silencioso. Pues no sólo se trata de que sus resultados sean difuminados y acallados, sino que por su propia naturaleza y mecanismo de comisión se trata de un crimen que, pese a la evidencia empírica

En Guerrero, la violencia ha llegado a su máxima expresión al grado de confrontar a la población.

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Para la ciudadanía y el gobierno, el

las comunidades que rige, entonces la desviación de poder es un crimen que implica la distorsión del derecho y la ignorancia de tales necesidades y libertades. Por lo tanto, la desviación de poder es el crimen básico en contra de los derechos de los pueblos. Se trata de un crimen cuya comisión es dolosa, pues se realiza en el contexto de implantación y desarrollo de un proyecto de nación distinto y contradictorio al que podría desprenderse de la Constitución mexicana. Este vacío y desvío de poder ha generado que vivamos en la actualidad un “narcoestado-politicomilitar” y este es el gran reto para este nuevo gobierno: cómo frenar y terminar con este estado tan alejado del derecho y de la justicia. Entendemos que este desvío del poder político del Estado mexicano está integrado por un conjunto de actitudes anómalas

(que como se ha analizado comprenden desde el abuso de mandato hasta la instrumentalización de las leyes e instituciones) desplegadas por los políticos gobernantes y poderes en turno, que mediante actos de corrupción, manipulación de instituciones, uso abusivo de derechos, omisión legislativa, legalización de la injusticia y la barbarie, o aplicando una falsa ciudadanización del Estado, emplean las atribuciones y poderes de la institución para encausar sesgadamente la libertad de acción de la misma y para favorecer unilateralmente la libertad de actuación de poderosos grupos caciquiles, delincuenciales, o bien para dotar de una mayor libertad al propio Estado. Además, se trata de un crimen con grados de autoría y participación, pues hay autores intelectuales (Estados Unidos y los organismos financieros internacionales),

reto es recomponer el tejido social tan fragmentado

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autores directos (el Estado mexicano en tanto persona jurídica colectiva), autores mediatos (los caciques, los empresarios locales y trasnacionales y grupos delincuenciales que se han beneficiado), los cómplices (como los intelectuales orgánicos que han construido la ideología del periodo) e instigadores (el conjunto de otros Estados y otras instancias internacionales que presionaron para que el Estado mexicano actuara de la manera en que lo hizo). El desvío de poder político sostenido desde el Estado tiene un componente central: la necesidad de fragmentar exhaustivamente a los sujetos sociales, lo que implica el desmantelamiento sistemático de todas las formas de organización colectiva, sean las formas ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas o sean las formas más modernas de resocialización anticapitalista propias de los obreros, los habitantes de las ciudades, los jóvenes, las mujeres, etcétera, o de los mismos campesinos. Con esto autoridades y delincuentes han logrado apropiarse del territorio sin que las comunidades puedan defenderse, sin la resistencia de los pueblos. En esta desviación de poder, las restricciones a las libertades no responden a la necesidad de resolver ningún interés público, ni ninguna emergencia histórica real, pues se trata de restricciones de derechos fundamentales, de dinámicas de exclusión extrema e incluso de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, como son las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, la tortura, el exterminio y el desplazamiento forzado. Aquí lo más importante es reconocer el estado de cosas en que nos encontramos y entender esta desviación de poder como un crimen de Estado, a la altura de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Podemos demostrar lo anterior con unos breves ejemplos. Veamos el primero de ellos. Desde 1999 las organizaciones de derechos humanos, han venido denun-

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Con el inicio de la lucha contra el narcotráfico en México, la reacción de los grupos

ciando la situación de Guerrero en cuanto a la tala de árboles en la Sierra de Petatlán, motivo que llevo a la represión a las comunidades y la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, (OCESP) y a la detención de los ecologistas Rodolfo y Teodoro por defender los bosques y tratar de frenar esta tala inmoderada. Desde esas fechas y hasta 2009 se cometieron atrocidades e incursiones contra las comunidades. Se han documentado cientos de ejecuciones extrajudiciales, lo que provoco la salida de las mujeres y niños de las comunidades. Las primeras desplazadas eran de las comunidades de Coyuca de Catalán y Petatlán (caso de la Laguna). En 2010 se llevó el caso ante la CIDH. Se solicitaron medidas cautelares, las cua-

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de los grupos criminales fue la violencia contra la ciudadanía

les fueron negadas al valorar que el número de desplazados que en ese tiempo se reportaba en alrededor de 3 mil, no era comparado con los desplazados de Colombia que llegaban a 30 mil, y sobre todo si el gobierno mexicano negaba la existencia de éstos. El gobierno de México se negó a reconocer la existencia de desplazados en esa ocasión no obstante que desde 2003, mediante la respuesta al informe que del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, oficialmente el país reconoció la existencia de los Desplazados Forzosos Internos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, situación que desde entonces ha prevalecido y que por no atenderse ha aumentado desde entonces.

Segundo caso. El gobierno federal reconoció en las propias bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Instalación de la Comisión Intersecretarial 2013, que entre los factores que más han influido en el incremento de la violencia en nuestro país destacan las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Tal aseveración se aceptó desde 2010 con información del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Al respecto, en el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, publicado en 2013, así como en el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa del Estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos Relacionadas con el Conflicto, publicado en 2015 por la CNDH, se reiteró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a garantizar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas y a preservar la libertad, el orden y la paz públicos. La seguridad pública es un derecho humano que se brinda a las personas a través de medidas preventivas o de seguridad que deben ser oportuna y eficazmente aplicadas. Además, este derecho constituye un factor fundamental para la consolidación del sistema de libertades y la garantía del respeto irrestricto en el ejercicio, protección y promoción de los derechos humanos, lo que conlleva la exigencia de protección del orden público. Sin embargo, en la información remitida por la entonces Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (oficio UDDH/911/ DGAEI/920/2015) se concluyó que en México “no se acredita la existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento”, agregando que “si bien existe movilidad por causa de la violencia, ésta no es de carácter generalizado”.

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Un gran problema de carácter nacional es el de las disputas entre grupos criminales

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Tercero. De acuerdo con el Diagnóstico: Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica, elaborado por el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, realizado a solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2012, el desplazamiento forzado de personas se da por nuevas formas de violencia y criminalidad, entre las que se encuentra el crimen organizado. Un gran problema de carácter nacional es el de las disputas entre grupos criminales. Estos conflictos repercuten en comunidades enteras que, ante la amenaza de agresiones o ante el reclutamiento forzado de adolescentes, jóvenes y adultos, estas personas optan por abandonar sus lugares de origen o residencia y trasladarse a espacios donde puedan

sobrevivir en paz. Entre esos grupos criminales se encuentran aquellos dedicados al tráfico de drogas, mismos que están provocando el desplazamiento forzado interno. Por tanto, no sólo es necesario desarrollar acciones contra el consumo de las drogas y el tratamiento de las personas con adicciones, sino también volver la mirada a las víctimas de la violencia sistémica a causa de los grupos que manejan drogas ilegales. De acuerdo con lo documentado, los desplazamientos por violencia se presentan en un contexto de lucha entre los cárteles por las vías de transporte de droga y los campos de producción, pues la presencia de grupos de la delincuencia organizada en disputa por el dominio de la plaza origina enfrentamientos que afectan a toda la població́n y, en algunos casos, sólo se presentan a la pobla-

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de violencia en la región, respondió que en ese municipio todo lo relacionado con la seguridad pública y violencia está siendo atendido directamente por mandos del Operativo Tierra Caliente que coordinan la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal. Reafirman que no cuentan en el municipio con protocolos de actuación para la atención de víctimas de desplazamiento forzado interno y que a las víctimas se les ha atendido con base en programas propios del DIF Municipal: asistencia médica y despensa y entrega de láminas. Cuarto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) informó que en 2011 tuvo conocimiento de un caso de desplazamiento colectivo en La Laguna, municipio de Coyuca de Ca-

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ción dos opciones: colaborar en los actos ilícitos o abandonar su lugar de residencia. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en 2013 que no había participado en acciones específicas de ayuda humanitaria y protección de desplazados en el país. Sin embargo en diversos testimonios recabados en una visita in loco, se mencionó la participación del Ejército en diversas acciones de seguridad y traslado de desplazados. Lo anterior se constató con un requerimiento de información realizado al gobierno municipal de Teloloapan, Guerrero, quien informó que sí se tiene conocimiento de algunos casos de desplazamiento forzado interno (sin especificar número de personas). Y ante el cuestionamiento de qué tipo de acciones se han llevado a cabo para atender el problema

Los conflictos repercuten en comunidades enteras: ante la amenaza de agresiones, las personas optan por abandonar sus lugares de origen o residencia

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talán, en el que resultaron afectadas 164 personas, amenazadas por grupos armados de comunidades del mismo municipio. En 2012 tuvo conocimiento de otro caso en la misma zona en la que se afecta a 180 personas, derivado del cual se emitió la Recomendación 35/2012, en la que se analizó la vulneración del derecho de residencia y recomendó a los integrantes del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Trujano, Guerrero, respetar el derecho del quejoso a la residencia, se le reintegre a su residencia y se le garantice su estancia pacífica. En 2013, la misma Coddehum documentó el desplazamiento de 542 personas, de alrededor de 20 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan (las comunidades de Rancho Viejo, Buena Vista de los Hurtado, Tetela de Río, El Caracol, Ixtayotla, El Capire, El Órgano, La Laguna de Comunitlali, Las Shascuitas, Las Mesas II del Ejido de San Juan Tetehuetla) Todos los casos de desplazamientos derivaron de las amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada. Y a pesar de que se solicitaron medidas cautelares en cuatro ocasiones a diversas autoridades estatales, a fin de garantizar que las familias desplazadas tuvieran acceso a vivienda, educación, salud, empleo, proyectos productivos y seguridad, de manera que mejoraran sus condiciones de vida, no se atendió prácticamente el problema. Todo esto reportado quedó asentado en el expediente de queja CODDEHUM-CRZN/092/2011-II, por el que se emitió la Recomendación 035/2012. Dicha Recomendación fue aceptada y cumplida parcialmente por la autoridad a la que fue dirigida. En 2014 estos reportes, tanto nacionales como internacionales, así como las constantes demandas de las organizaciones sociales y de derechos humanos lograron que se expidiera la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el

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El reclutamiento forzado de adolescentes, jóvenes y adultos también origina desplaz

Estado de Guerrero (publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el martes 22 de julio de 2014). Por su parte el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, aprobado por el pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas del cual forma parte la Secretaría de Gobernación, incluye en su cuarto objetivo la estrategia de “promover una atención adecuada a víctimas de desplazamiento interno forzado”, la cual debe desarrollarse mediante varias líneas de acción. El gobierno de Guerrero, al ser cuestionado en relación con presuntos actos de desplazamiento en durante 2015 e inicios de 2016, dados a conocer por los medios de comunicación, informó en ambas ocasiones desconocer los hechos de desplaza-

JOSÉ I HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

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origina desplazamiento forzado

miento que le señalan. Además manifestó que las dependencias del gobierno estatal avocadas a la atención de personas desplazadas ya están actuando de acuerdo con la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado de Guerrero. Quinto. La CNDH señala, en su más reciente informe especial sobre desplazamiento forzado interno, que desde 2017 alrededor de 35 mil 433 personas han abandonado el lugar donde vivían. En nueve de cada 10 casos el origen del desplazamiento fue la violencia desatada en las zonas. El organismo destaca que hay una incapacidad del gobierno para enfrentar y combatir de manera efectiva a los grupos delincuenciales que generan inseguridad. Advierte violaciones a los derechos humanos por omisión de las autoridades de

los tres ámbitos de gobierno, al no realizar acciones de prevención y control de las causas que generan movilidad forzada de los grupos sociales. Aunado a ello, la atención a las necesidades que se provee a las víctimas de desplazamiento es escasa o nula en la mayoría de las veces. Respalda lo anterior el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México que publicó la CIDH en 2015, en el cual se insiste en la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en nuestro país, por la ausencia de cifras oficiales y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la existencia de este problema, lo que provoca su invisibilidad. El documento advierte que el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno. Esta omisión ha violentado los derechos humanos y, más que eso, la continua impunidad está provocando que estos graves delitos alcancen proporciones de delitos de lesa humanidad. Ante el arribo de grupos criminales a una comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad social. Los desplazamientos han estado ocurriendo por la ausencia de autoridad y ante la negativa de acudir a ciertas zonas por el riesgo que ello representa. Al dejar desprotegida a la población en riesgo, las autoridades de Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a las comunidades. Reiteramos que en México, y principalmente en Guerrero, vivimos un vacío y desvío de poder. Es urgente atender esta situación para acabar con este narcoestado politicomilitar que ha generado tantas víctimas por violencia de Estado.

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VENEZUELA: “LABORATORIO” ESTADUNIDENSE “FABRICÓ” A GUAIDÓ PARA LIDERAR GOLPE

Juan Guaidó sería el “producto” de una especie de laboratorio para promover un golpe de Estado en Venezuela: financiado por tres gobiernos estadunidenses, el político ha estado al frente de una violenta campaña de desestabilización, no de lucha democrática

123RF

DAN COHEN/MAX BLUMENTHAL/GRAYZONE-TELESUR

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ntes del fatídico 22 de enero, menos de uno de cada cinco venezolanos había oído hablar de Juan Guaidó. Hace sólo unos meses atrás, este hombre de 35 años era un personaje oscuro en un grupo de extrema derecha políticamente marginal, estrechamente asociado con actos espantosos de violencia callejera. Incluso en su propio partido, Guaidó había sido una figura de nivel medio en la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, que ahora se encuentra bajo desacato según la Constitución de Venezuela. Pero después de una sola llamada telefónica del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, Guaidó se proclamó a sí mismo como presidente de Venezuela. Ungido como el líder de su país por Washington, un político previamente desconocido fue trasladado al escenario internacional como el líder seleccionado por Estados Unidos para la nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Haciendo eco del Consenso de Washington, el comité editorial de The New York Times calificó a Guaidó como un “rival creíble” para Nicolás Maduro con un “estilo refrescante y una visión para hacer avanzar al país”. El comité editorial de Bloomberg News lo aplaudió por buscar la “restauración de la democracia” y The Wall Street Journal lo declaró “un nuevo líder democrático”. Mientras tanto, Canadá, numerosas naciones europeas, Israel y el bloque de gobiernos latinoamericanos de derecha conocido como Grupo de Lima reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Si bien Guaidó parecía haberse materializado de la nada, él era, de hecho, el producto de más de 1 década de asidua preparación por parte de las fábricas de élite dedicadas a cambiar regímenes del gobierno de Estados Unidos. Junto a un

grupo de activistas estudiantiles de derecha, Guaidó fue entrenado para socavar el gobierno de orientación socialista de Venezuela, para desestabilizar el país y, algún día, para tomar el poder. Aunque ha sido una figura menor en la política venezolana, él había pasado años demostrando en silencio su valía en los pasillos del poder de Washington. “Juan Guaidó es un personaje que se ha creado para esta circunstancia”, dijo a Grayzone, Marco Teruggi, sociólogo argentino y cronista principal de la política venezolana. “Es la lógica de un laboratorio: Guaidó es como una mezcla de varios elementos que crean un personaje que, con toda honestidad, provoca entre risa y preocupación”. Diego Sequera, periodista y escritor venezolano de la agencia de investigación Misión Verdad estuvo de acuerdo: “Guaidó es más popular fuera de Venezuela que en el interior, especialmente en los círculos elitistas de la Ivy League y de Washington”. Sequera comentó a Grayzone: “Es un personaje conocido allí, es previsiblemente de derecha y se considera leal al programa”. Aunque Guaidó se vende hoy como la cara de la restauración democrática, pasó su carrera en la facción más violenta del partido opositor más radical de Venezuela, posicionándose a la vanguardia de una campaña de desestabilización tras otra. Su partido ha sido ampliamente desacreditado dentro de Venezuela y es, en parte responsable, de fragmentar una oposición muy debilitada. “Estos líderes radicales no tienen más del 20 por ciento en las encuestas de opinión”, escribió Luis Vicente León, el principal encuestador de Venezuela. Según León, el partido de Guaidó permanece aislado porque la mayoría de la población “no quiere la guerra”. “Lo que quieren es una solución”.

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Pero ésta es precisamente la razón por la que Guaidó fue seleccionado por Washington: no se espera que él guíe a Venezuela hacia la democracia, sino que derrumbe a un país que durante las últimas 2 décadas ha sido un bastión de resistencia a la hegemonía estadunidense. Su improbable ascenso señala la culminación de un proyecto de 2 décadas para destruir un robusto experimento socialista.

capturar a Maduro en el palacio presidencial de Miraﬂores, y otro llamado “Operación Armagedón” para asesinarlo en el desfile militar de julio de 2017. Poco más de 1 año después, los líderes de la oposición exiliados intentaron matar a Maduro con bombas de aviones no tripulados durante un desfile militar en Caracas. Más de 1 década antes de estas intrigas, un grupo de estudiantes de la oposición derechista fue seleccionado y preparado personalmente por una academia para capacitar a las élites en el cambio de regímenes financiada por Estados Unidos para derrocar al gobierno de Venezuela y restaurar el orden neoliberal.

de la pobreza, pero también le colocaron a él un objetivo en la espalda. En 2002, la oposición de derecha de Venezuela lo derrocó brevemente con el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos antes de que el Ejército restableciera su Presidencia luego de una movilización popular masiva. A lo largo de las administraciones de los presidentes de Estados Unidos George W Bush y Barack Obama, Chávez sobrevivió a numerosos planes de asesinato antes de sucumbir al cáncer en 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, sobrevivió tres atentados contra su vida. El gobierno de Trump elevó inmediatamente a Venezuela a la cima de la lista de objetivos de cambio de régimen de Washington, calificándolo de líder de una “troika de tiranía”. El año pasado, el equipo de seguridad nacional de Trump intentó reclutar miembros del ejército para montar una junta militar, pero fracasó. Según el gobierno venezolano, Estados Unidos también participó en un complot con el nombre en código “Operación Constitución” para

ridad de Chávez en su apogeo y su gobierno planeando programas socialistas, cinco “líderes estudiantiles” venezolanos llegaron a Belgrado, Serbia, para comenzar a entrenarse para una insurrección. Los estudiantes habían llegado de Venezuela por cortesía del Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas (Canvas). Este grupo se financia en gran parte a través de National Endowment for Democracy (NED), un apéndice de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) que funciona como el brazo principal del gobierno de los Estados Unidos para promover cambios de gobiernos; y por filiales como el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. De acuerdo con los correos electrónicos internos filtrados de Stratfor, una firma de inteligencia conocida como “la CIA en la sombra”, “[Canvas] también puede haber recibido financiamiento y capacitación de la CIA durante la lucha en contra de Milosevic durante 1999/2000”.

El gobierno de Trump elevó a Venezuela a la cima de la lista Apuntando a la “troika de la tiranía” de objetivos Desde la elección de Hugo Chávez en de cambio 1998, Estados Unidos ha luchado para de régimen, restablecer el control sobre Venezuela y calificándolo sus vastas reservas de petróleo. Los pro- El grupo “exportar una gramas socialistas de Chávez pueden de líder de una haber redistribuido la riqueza del país y revolución” El 5 de octubre de 2005, con la populatroika de tiranía ayudado a sacar a millones de personas

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“Para el 11 de enero, la página de

Canvas es una escisión de Otpor, un grupo opositor serbio fundado por Srdja Popovic en 1998 en la Universidad de Belgrado. Otpor, que significa “resistencia” en serbio, fue el grupo estudiantil que ganó fama internacional y promoción a nivel de Hollywood, al propiciar las protestas que eventualmente derrocaron a Slobodan Milosevic. Esta pequeña célula de especialistas en cambio de regímenes operaba de acuerdo con las teorías del difunto Gene Sharp, el llamado “Clausewitz de la lucha no violenta”. Sharp había trabajado con el coronel Robert Helvey, un exanalista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, para concebir el plan estratégico para una forma de guerra híbrida, le confirió armas a la protesta y que apuntó a los Estados que resistieron la dominación unipolar de Washington. Otpor recibió el apoyo del National Endowment for Democracy, USAID y el

Instituto Albert Einstein de Sharp. Sinisa Sikman, una de las principales capacitadoras de Otpor, dijo una vez que el grupo incluso recibió financiamiento directo de la CIA. Según un correo electrónico filtrado de un empleado de Stratfor, después de sacar a Milosevic del poder, “los niños que dirigían Otpor crecieron, adquirieron trajes y diseñaron Canvas... o, en otras palabras, un grupo “exportar una revolución” “que sembró las semillas para varias revoluciones de color. Todavía están dependen del financiamiento de Estados Unidos y, básicamente, recorren el mundo tratando de derrocar a dictadores y gobiernos autocráticos (a aquellos que no les gusta a Estados Unidos).” Stratfor reveló que Canvas “dirigió su atención a Venezuela” en 2005, luego de entrenar a movimientos de oposición que lideraron las operaciones de cambio de regímenes a favor de la Organización del

Wikipedia de Guaidó había sido editada 37 veces, destacando la lucha por dar forma a la imagen de una figura anónima que ahora era un cuadro para las ambiciones de Washington relacionadas con un cambio de gobierno”

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Tratado del Atlántico Norte en Europa del Este. Al monitorear el programa de capacitación Canvas, Stratfor describió su agenda insurrecta en un lenguaje sorprendentemente contundente: “El éxito no está garantizado, y los movimientos estudiantiles son sólo el comienzo de lo que podría ser un esfuerzo de varios años para desencadenar una revolución en Venezuela, pero los propios entrenadores son las personas que se burlan del ‘Carnicero de los Balcanes’. Tienen habilidades demenciales. Cuando veas a estudiantes en cinco universidades venezolanas realizar demostraciones simultáneas, sabrás que la capacitación ha terminado y que el trabajo real ha comenzado.”

Tras graduarse en 2007, Guaidó se mudó a Estados Unidos para cursar un Programa de Gobernabilidad en la UniverEl nacimiento de los cuadros sidad George “Generación 2007” Washington

El “trabajo real” comenzó 2 años después, en 2007, cuando Guaidó se graduó de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Se mudó a Washington DC para inscribirse en el Programa de Gobernabilidad y Gestión Política en la Universidad George Washington, bajo la tutela del economista venezolano Luis Enrique Berrizbeitia, uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Berrizbeitia es exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y pasó más de 1 década trabajando en el sector energético venezolano en la época del antiguo régimen oligárquico que Chávez eliminó. Ese año, Guaidó ayudó a liderar mítines antigubernamentales después de que el gobierno venezolano se negara a renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV). Esta estación privada jugó un papel importante en el golpe de 2002 contra Hugo Chávez: ayudó a movilizar a manifestantes antigubernamentales, falsificó información que culpaba a simpatizantes del gobierno por actos de violencia

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Guaidó ha sido apoyado por el Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicad Democracy (apéndice de la CIA)

llevados a cabo por miembros de la oposición, y prohibió los informes a favor del gobierno en medio del golpe. El papel de RCTV y otras estaciones de propiedad de los oligarcas en la conducción del fallido intento de golpe de Estado, se describió en el aclamado documental, “La revolución no será televisada”. Ese mismo año, los estudiantes reclamaron el crédito por obstaculizar el referéndum constitucional de Chávez por un “socialismo del siglo XXI” que prometía “establecer el marco legal para la reorganización política y social del país, otorgando poder directo a las comunidades organizadas como un requisito previo para el desarrollo de un nuevo sistema económico.” De las protestas en torno a RCTV y el referéndum nació un cuadro especializado de activistas para cambio de regímenes res-

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olentas Aplicadas, grupo financiado en gran parte por la National Endowment for

paldados por Estados Unidos. Se llamaban a sí mismos “Generación 2007.” Los capacitadores de Stratfor y Canvas de esta célula identificaron al aliado de Guaidó, un organizador de la calle llamado Yon Goicoechea, como un “factor clave” para derrotar al referéndum constitucional. Al año siguiente, Goicochea fue recompensado por sus esfuerzos con el Premio Milton Friedman por Promover la Libertad del Instituto Cato, junto con un premio de 500 mil dólares, que invirtió rápidamente en el impulso de su propia red política “Primero Justicia”. Friedman, por supuesto, fue el padrino de los notorios neoliberales Chicago boys que fueron importados a Chile por el líder de la junta dictatorial Augusto Pinochet para implementar políticas radicales de austeridad fiscal tipo “doctrina de choque”. Y el Instituto Cato es el grupo de expertos libertarios

con sede en Washington, DC, fundado por los hermanos Koch, dos de los principales donantes del Partido Republicano que se han convertido en defensores agresivos de la derecha en toda América Latina. Wikileaks publicó un correo electrónico de 2007 del embajador estadunidense en Venezuela, William Brownfield, enviado al Departamento de Estado, al Consejo de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa del Comando Sur, alabando a la “Generación de 2007” por haber “forzado al presidente venezolano, acostumbrado a establecer la agenda política, a (sobre) reaccionar”. Entre los “líderes emergentes” que Brownfield identificó estaban Freddy Guevara y Yon Goicoechea, figura esta última que fue aplaudida como “uno de los defensores más articulados de las libertades civiles entre los estudiantes”. Con una gran cantidad de dinero de los oligarcas libertarios y de los equipos de poder blando del gobierno de Estados Unidos, el cuadro venezolano radical llevó las tácticas de Otpor a las calles, junto con una versión del logotipo del grupo, como se ve a continuación.

Con dinero de oligarcas libertarios y de los equipos de poder blando de Estados Unidos, llevaron las tácticas de Otpor a las calles venezolanas

Galvanizando el malestar público... contra Chávez En 2009, los jóvenes activistas de la Generación 2007 organizaron su manifestación más provocativa hasta el momento, se quitaron los pantalones en las vías públicas y utilizaron las escandalosas tácticas guerrilleras de teatro descritas por Gene Sharp en los manuales de cambio de régimen. Los manifestantes se habían movilizado contra el arresto de un aliado de otro grupo juvenil llamado JAVU. Este grupo de extrema derecha “reunió fondos de diversas fuentes del gobierno de Estados Unidos, lo cual le permitió ganar notoriedad rápidamente como el ala de línea dura de los movimientos de la calle de la oposición”, según el

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libro Construyendo la comuna, del académico George Ciccariello-Maher. Si bien el video de la protesta no está disponible, muchos venezolanos han identificado a Guaidó como uno de sus participantes clave. Si bien la acusación no está confirmada, es ciertamente plausible: los manifestantes de glúteos desnudos eran miembros del núcleo interno de la Generación 2007 a la que pertenecía Guaidó, ¡y estaban vestidos con su marca registrada, las camisetas de Venezuela Resistencia! Ese año, Guaidó se expuso al público de otra manera, fundando un partido político para capturar la energía anti-Chávez que su Generación 2007 había cultivado. La llamada “Voluntad Popular” fue liderada por Leopoldo López, un derechista educado en Princeton que participó activamente en los programas del National Endowment for Democracy, que fue elegido alcalde de un distrito en Caracas y que era uno de los

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más ricos del país. López fue un retrato de la aristocracia venezolana, directamente descendiente del primer presidente de su país. También es primo hermano de Thor Halvorssen, fundador de Human Rights Foundation, con sede en Estados Unidos, que funciona como una tienda de publicidad de facto para activistas antigubernamentales respaldados por Estados Unidos en países seleccionados por Washington para el cambio de gobierno. Si bien los intereses de López se alinearon perfectamente con los de Washington, los cables diplomáticos de Estados Unidos publicados por Wikileaks destacaron las tendencias fanáticas de Voluntad Popular que la conducirían en última instancia a su marginación. Un cable identificó a López como “una figura divisiva dentro de la oposición... a menudo descrita como arrogante, vengativa y hambrienta de poder”. Otros destacaron su obsesión con las confronta-

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ciones callejeras y su “enfoque inﬂexible” como una fuente de tensión con otros líderes opositores que dieron prioridad a la unidad y la participación en las instituciones democráticas del país. Para 2010, Voluntad Popular y sus partidarios extranjeros se movieron para explotar la peor sequía que azotó a Venezuela en décadas. La gran escasez de electricidad había golpeado al país debido a la escasez de agua, que era necesaria para alimentar las centrales hidroeléctricas. Una recesión económica mundial y la disminución de los precios del petróleo agravaron la crisis, lo que provocó el descontento público. Stratfor y Canvas, asesores clave de Guaidó y su equipo antigubernamental, idearon un plan sorprendentemente cínico para introducir una daga a través del corazón de la revolución bolivariana. El esquema dependía de un colapso del 70 por ciento del sistema eléctrico del país en abril de 2010. “Este podría ser el evento decisivo, ya que Chávez no puede hacer mucho para proteger a los pobres del fallo de ese sistema”, declaró el memorando interno de Stratfor. “Esto probablemente tendría el impacto de galvanizar la inestabilidad pública de una manera que ningún grupo de la oposición podría generar. En ese momento, un grupo de oposición sería el mejor para aprovechar la situación según sus necesidades y voltearla contra Chávez.” Para este punto, la oposición venezolana recibía de 40 millones a 50 millones de dólares al año de organizaciones gubernamentales como la USAID y el National Endowment for Democracy, según un informe del tanque de pensamiento español, el Instituto FRIDE. También tenía una cuantiosa riqueza en sus propias cuentas, que en su mayoría estaban fuera del país. Si bien el escenario previsto por Stratfor no llegó a buen término, los activistas del Partido Voluntad Popular y sus aliados

descartaron cualquier pretensión de no violencia y se unieron a un plan radical para desestabilizar el país.

Hacia la desestabilización violenta En noviembre de 2010, según correos electrónicos obtenidos por los servicios de seguridad venezolanos y presentados por el exministro de Justicia Miguel Rodríguez Torres, Guaidó, Goicoechea y varios otros activistas estudiantiles asistieron a una capacitación secreta de cinco días en el hotel Fiesta Mexicana en la Ciudad de México. Las sesiones fueron dirigidas por Otpor, los capacitadores para cambios de gobiernos con sede en Belgrado respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Según se informa, la reunión recibió la bendición de Otto Reich, un exiliado fanático anticastrista que trabaja en el Departamento de Estado de George W Bush, y del expresidente colombiano de derecha, Álvaro Uribe. En el hotel Fiesta Mexicana, según los correos electrónicos, Guaidó y sus compañeros activistas idearon un plan para derrocar al presidente Hugo Chávez generando caos a través de prolongados espasmos de violencia callejera. Tres figuras de la industria del petróleo –Gustavo Torrar, Eligio Cedeño y Pedro Burelli– supuestamente pagaron la cuenta de 52 mil dólares requerida para celebrar la reunión. Torrar es un autodenominado “activista de derechos humanos” e “intelectual” cuyo hermano menor, Reynaldo Tovar Arroyo, es el representante en Venezuela de “Petroquímica del Golfo”, una empresa privada mexicana de petróleo y gas que tiene un contrato con el Estado venezolano. Cedeño, por su parte, es un empresario venezolano fugitivo que solicitó asilo en Estados Unidos, y Pedro Burelli, exejecutivo de JP Morgan y exdirector de la com-

En 2010, Guaidó y otros activistas idearon un plan para derrocar al presidente Hugo Chávez, generando caos con espasmos de violencia callejera

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Burelli no oculta su deseo de ver al actual presidente de Venezuela depuesto y arrastrado por las calles, como sucedió con Gadafi

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pañía petrolera nacional de Venezuela (PDVSA). Dejó PDVSA en 1998 cuando Hugo Chávez tomó el poder y está en el comité asesor del Programa de Liderazgo para América Latina de la Universidad de Georgetown. Burelli insistió en que los correos electrónicos que detallaban su participación habían sido fabricados e incluso contrató a un investigador privado para probarlo. El investigador declaró que los registros de Google mostraban que los correos electrónicos que supuestamente eran suyos nunca se transmitieron. Sin embargo, hoy Burelli no oculta su deseo de ver al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, depuesto e incluso arrastrado por las calles y sodomizado con una bayoneta, como sucedió con el líder libio Moammar Gadafi en manos de milicianos respaldados por la OTAN. El supuesto complot de Fiesta Mexicana ﬂuyó hacia otro plan de desestabilización revelado en una serie de documentos producidos por el gobierno venezolano. En mayo de 2014, Caracas publicó documentos que detallan un plan de asesinato contra el presidente Nicolás. Maduro. Las filtraciones identificaron a María Corina Machado, con sede en Miami, como la lideresa del plan. De línea dura y con una inclinación por la retórica extrema, Machado visitó al presidente George W Bush en 2005, funcionando así como un enlace internacional para la oposición. “Creo que es hora de reunir esfuerzos; haga las llamadas necesarias y obtenga financiamiento para aniquilar a Maduro y el resto se derrumbará”, escribió Machado en un correo electrónico al exdiplomático venezolano Diego Arria en 2014. En otro correo electrónico, Machado afirmó que el plan violento tuvo la bendición del Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. “Ya me decidí y esta lucha continuará hasta que este régi-

men sea derrocado y cumplamos con nuestros amigos en el mundo. Si fui a San Cristóbal y me expuse ante la OEA, no temo nada. Kevin Whitaker ya ha reconfirmado su apoyo y señaló los nuevos pasos. Tenemos una chequera más fuerte que la del régimen para romper el círculo de seguridad internacional”.

Guaidó se dirige a las barricadas En febrero, los manifestantes estudiantiles, actuando como tropas de choque de la oligarquía exiliada, erigieron violentas barricadas en todo el país, convirtiendo los cuarteles controlados por la oposición en fortalezas violentas conocidas como guarimbas. Mientras que los medios internacionales describieron la agitación como una protesta espontánea contra el gobierno de Maduro, hubo una amplia evidencia de que el Partido Voluntad Popular estaba orquestando el programa. “Ninguno de los manifestantes en las universidades usaba sus camisetas universitarias, todos llevaban camisetas de Voluntad Popular o Justicia Primero”, dijo un participante de la guarimba en ese momento. “Podrían haber sido grupos estudiantiles, pero los consejos estudiantiles están afiliados a los partidos políticos de oposición y son responsables ante ellos”. Cuando se les preguntó quiénes eran los líderes, un participante de la guarimba dijo: “Bueno, si soy totalmente honesto, esos tipos ahora son legisladores”. Alrededor de 43 personas murieron durante las guarimbas del 2014. Tres años después, volvieron a estallar, causando la destrucción masiva de la infraestructura pública, el asesinato de partidarios del gobierno y la muerte de 126 personas, muchas de las cuales eran chavistas. En varios casos, los partidarios del gobierno fueron quemados vivos por bandas armadas.

Guaidó estuvo directamente involucrado en las guarimbas de 2014. De hecho, tuiteó un video en el que se mostraba a sí mismo vestido con un casco y una máscara antigás, rodeado de elementos enmascarados y armados que habían cerrado una carretera que estaba involucrada en un violento enfrentamiento con la policía. Aludiendo a su participación en la Generación 2007, proclamó: “Recuerdo que en 2007, proclamamos: ‘¡Estudiantes!’ Ahora, gritamos, ‘¡Resistencia! ¡Resistencia!’” Guaidó eliminó el tuit, demostrando una aparente preocupación por su imagen como defensor de la democracia. El 12 de febrero de 2014, durante el apogeo de las guarimbas de ese año, Guaidó se unió a López en el escenario en un mitin de Voluntad Popular y Primero Justicia. Durante una larga diatriba contra el gobierno, López instó a la multitud a marchar a la oficina de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Poco después, la oficina de Díaz fue atacada por bandas armadas que intentaron incendiarla. Ella denunció lo que llamó “violencia planificada y premeditada”. En una aparición por televisión en 2016, Guaidó calificó como un mito a las muertes causadas por las guayas, una táctica de la guarimba que consiste en estirar un cable de acero a través de una carretera para herir o matar a los motociclistas. Sus comentarios blanquearon una táctica mortal que había matado a civiles desarmados como Santiago Pedroza y que decapitó a un hombre llamado Elvis Durán, entre muchos otros. Este insensible desprecio por la vida humana define a su Partido Voluntad Popular a los ojos de gran parte del público, incluyendo a muchos opositores de Maduro.

Acabando con la voluntad popular A medida que la violencia y la polarización política se intensificaban en todo el

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Estados Unidos, detrás de la campaña

país, el gobierno comenzó a actuar contra los líderes de Voluntad Popular que ayudaron a alimentarlo. Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y el segundo al mando de Voluntad Popular, fue el principal líder en los disturbios callejeros de 2017. Dado que enfrenta un juicio por su papel en la violencia, Guevara se refugió en la embajada chilena, donde permanece todavía. Lester Toledo, un legislador de Voluntad Popular del Estado de Zulia, fue buscado por el gobierno venezolano en septiembre de 2016 por cargos de financiamiento del terrorismo y planificación de asesinatos. Se dijo que los planes se hicieron con el expresidente colombiano, Álvaro Uribe. Toledo escapó de Venezuela y realizó varias giras con Human Rights Watch, Freedom House (una organización respaldada por el gobierno estadunidense), el Congreso de España y el Parlamento Europeo.

contra Maduro

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Elliot Abrams, el condenado convicto del caso Irán-Contras, fue nombrado por Trump como enviado especial de Estados Unidos a Venezuela

11 de febrero de 2019

Carlos Graﬀe, otro miembro de la Generación 2007 entrenada en Otpor y que dirigió Voluntad Popular, fue arrestado en julio de 2017. Según la policía, estaba en posesión de una bolsa llena de clavos, explosivos C4 y un detonador. Fue puesto en libertad el 27 de diciembre de 2017. Leopoldo López, el líder popular de Voluntad Popular, está hoy bajo arresto domiciliario, acusado de tener un papel clave en la muerte de 13 personas durante las guarimbas en 2014. Amnistía Internacional elogió a López como un “preso de conciencia” y criticó su traslado de la prisión a la casa como “no lo suficientemente bueno”. Mientras tanto, los familiares de las víctimas de guarimba presentaron una demanda con más cargos contra López. Yon Goicoechea, el posterboy de los hermanos Koch y fundador de Primero Justicia, una organización respaldada por Estados Unidos, fue detenido en 2016 por las fuerzas de seguridad que afirmaban haber encontrado un kilo de explosivos en su vehículo. En un artículo de opinión de The New York Times, Goicoechea protestó por los cargos según él “falsificados” y afirmó que había sido encarcelado simplemente por su “sueño de una sociedad democrática, libre del comunismo”. Fue liberado en noviembre de 2017. David Smolansky, otro miembro de la Generación 2007 entrenada por Otpor 2007, se convirtió en el alcalde más joven de Venezuela cuando fue elegido en 2013 en el aﬂuente suburbio de El Hatillo. Pero fue despojado de su puesto y condenado a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo después de que se lo encontró culpable de agitar a las violentas guarimbas. Cuando enfrentaba la posibilidad de ser arrestado, Smolansky se afeitó la barba, se puso gafas de sol y se deslizó hacia Brasil disfrazado de sacerdote con una biblia en la mano y un rosario alrededor del cuello. Ahora vive en Washington DC, donde fue

elegido por el Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para dirigir el grupo de trabajo sobre la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos. Ese 26 de julio, Smolansky sostuvo lo que llamó una “reunión cordial” con Elliot Abrams, el condenado convicto del caso Irán-Contras que fue nombrado por Trump como enviado especial de Estados Unidos a Venezuela. Abrams es conocido por supervisar la política encubierta de Estados Unidos relacionada con armar escuadrones de la muerte y de derecha durante la década de 1980 en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su papel principal en el golpe de Estado de Venezuela ha avivado los temores de que otra guerra sangrienta podría estar gestándose.

“Guaidó es conocido como el presidente de la Asamblea Nacional dominada por la o

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Cuatro días antes, Machado retumbó otra amenaza violenta contra Maduro, declarando que si “quiere salvar su vida, debe entender que se ha acabado su tiempo”.

Un peón en su juego

minada por la oposición, pero nunca fue elegido para el cargo”

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El colapso de Voluntad Popular, ocasionado por el peso de la violenta campaña de desestabilización que ejecutó, la enajenó de grandes sectores del público y terminó con gran parte de su liderazgo en el exilio o bajo custodia. Guaidó seguía siendo una figura relativamente menor, después de haber pasado la mayor parte de sus nueve años de carrera en la Asamblea Nacional como diputado suplente. Proveniente de uno de los estados menos poblados de Venezuela, Guaidó ocupó el segundo lugar durante

las elecciones parlamentarias de 2015, obteniendo solo el 26 por ciento de los votos requeridos para asegurarle un lugar en la Asamblea Nacional. De hecho, sus asentaderas pueden haber sido más conocidas que su cara. Guaidó es conocido como el presidente de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, pero nunca fue elegido para el cargo. Los cuatro partidos de oposición que conformaban la Mesa de Unidad Democrática de la Asamblea habían decidido establecer una presidencia rotativa. El turno de Voluntad Popular estaba en camino, pero su fundador, López, estaba bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, su segundo al mando, Guevara, se había refugiado en la embajada chilena. Un personaje llamado Juan Andrés Mejía habría sido el siguiente en la línea pero, por razones que sólo ahora están claras, se seleccionó a Juan Guaidó. “Hay un razonamiento de clase que explica el ascenso de Guaidó”, observó Sequera, el analista venezolano. “Mejía es de clase alta, estudió en una de las universidades privadas más caras de Venezuela y no podía ser vendido fácilmente al público de la manera en que podía hacérselo con Guaidó. Por un lado, Guaidó tiene características mestizas comunes como la mayoría de los venezolanos y parece más un hombre del pueblo. Además, no había estado sobreexpuesto en los medios de comunicación, por lo que podía convertirse en casi cualquier cosa”. En diciembre de 2018, Guaidó cruzó la frontera y viajó a Washington, Colombia y Brasil para coordinar el plan para realizar manifestaciones masivas durante la toma de posesión del presidente Maduro. La noche anterior a la ceremonia de juramentación de Maduro, el vicepresidente Mike Pence y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llamaron a Guaidó para afirmar su apoyo. Una semana después, el senador Marco

En diciembre de 2018, Guaidó viajó a Washington, Colombia y Brasil para coordinar el plan de manifestaciones contra Maduro

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GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

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Cada vez crece más la presión contra Venezuela, orquestada desde Estados Unidos y apoyada por la OTAN

11 de febrero de 2019

Rubio, el senador Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart, todos legisladores del lobby de exiliados cubanos de derecha radicados en Florida, se unieron al presidente Trump y al vicepresidente Pence en la Casa Blanca. A petición de ellos, Trump acordó que si Guaidó se declaraba a sí mismo presidente, lo respaldaría. El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió personalmente con Guaidó el 10 de enero, según el Wall Street Journal. Sin embargo, Pompeo no pudo pronunciar el nombre de Guaidó cuando lo mencionó en una conferencia de prensa el 25 de enero, refiriéndose a él como “Juan Guido”. Para el 11 de enero, la página de Wikipedia de Guaidó había sido editada 37 veces, destacando la lucha por dar forma a la imagen de una figura anónima que ahora era un cuadro para las ambiciones de Washington relacionadas con un cambio de gobierno. Al final, la supervisión edito-

rial de su página fue entregada a la élite del consejo de “bibliotecarios” de Wikipedia, quien lo declaró presidente de Venezuela “en disputa”. Guaidó pudo haber sido una figura oscura, pero su combinación de radicalismo y oportunismo satisfacía las necesidades de Washington. “Esa pieza interna faltaba”, dijo sobre Guaidó un miembro del gobierno de Trump. “Era la pieza que necesitábamos para que nuestra estrategia fuera coherente y completa”. “Por primera vez”, Brownfield, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, se dirigió al New York Times, “Usted tiene un líder de la oposición que está señalando claramente que quiere mantener a las fuerzas armadas y a la policía en el lado de los ángeles y con los chicos buenos”. Pero el partido Voluntad Popular de Guaidó formó las tropas de choque de las guarimbas que causaron la muerte de policías y ciudadanos comunes por igual. Incluso se había jactado de su propia participación en disturbios callejeros. Y ahora, para conquistar los corazones y las mentes de los militares y la policía, Guaidó tuvo que borrar esta historia empapada de sangre. El 21 de enero, un día antes de que comenzara el golpe, la esposa de Guaidó envió una dirección de video en la que se les pedía a los militares que se levantaran contra Maduro. Su actuación careció de entusiasmo e inspiración, lo que subraya las limitadas perspectivas políticas de su esposo. Cuatro días después, en una conferencia de prensa ante simpatizantes, Guaidó anunció su solución a la crisis: “¡autorizar una intervención humanitaria!” Mientras espera la asistencia directa, Guaidó sigue siendo lo que siempre ha sido: el proyecto favorito de fuerzas cínicas externas. “No importa si él se estrella y se quema después de todas estas desventuras”, dijo Sequera sobre la figura del golpe, “para los estadunidenses, es prescindible”.

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LA “ZONA DE INFLUENCIA” DEL GOBIERNO DE TRUMP La influencia de Estados Unidos sobre las elecciones en América Latina no es el problema más grande que afronta el Continente: Trump plantea una nueva relación con los gobiernos derechistas. Y es que no le interesa tener socios, sino subalternos que privilegien los intereses de las trasnacionales

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11 de febrero de 2019

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uego del final de la Guerra Fría, Estados Unidos quedó sin el argumento de combatir la “influencia del comunismo en el mundo”, por lo que iniciaron una campaña dirigida a “proteger la democracia”. La reciente elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente de Brasil confirma el fatídico presente de la democracia en América Latina. Salvo unos contados casos, la derecha conservadora se ha hecho nuevamente con el poder en el continente. Atrás quedaron las grandes conquistas sociales de los gobiernos de izquierda que redujeron notablemente los índices de pobreza en la región. Por si fuera poco, el líder de la llamada “democracia más antigua del mundo” es un individuo con ideas peligrosas e incendiarias. En efecto, Donald Trump ha demostrado que las instituciones y medios de comunicación no son más que obstáculos para llevar a cabo sus proyectos y ambiciones. El magnate-presidente quiere promover su visión del mundo donde los empresarios depredan los recursos, la humanidad sólo es un eslabón para encumbrar a unos pocos hombres y la democracia con sus pesos y contrapesos es un sistema cada vez más inconveniente. Esta es la era del darwinismo social. Tan maleables son los líderes de América Latina que en el proceso de elección presidencial, todos al unísono criticaban al entonces candidato Trump y lo acusaban de “radical y antidemocrático”; hoy lo alaban e incluso se ha convertido en la estrella polar de algunos gobiernos de la región. Baste mencionar los casos de Colombia, Argentina y Brasil, cuyos presidentes han salido a pedir el respaldo de Trump para llevar a buen puerto sus negocios. Por ejemplo, el presidente Iván Duque no ha dudado en recibir asesoría militar para “frenar el problema del narcotráfico”. La nueva perspectiva

del gobierno es impedir a toda costa el incremento de las hectáreas de hoja de coca aún en detrimento de lo estipulado en el Acuerdo de paz como la sustitución voluntaria. De nuevo el imperialismo se abre camino en el sur del continente. Sin embargo, un elemento debe tenerse por descontado: América Latina no es ni será una prioridad para Donald Trump (ni para ningún gobierno estadunidense después de las dos guerras mundiales). Esto no implica necesariamente que la Casa Blanca no tenga una estrategia para influir constantemente sobre las decisiones adoptadas en el sur del continente (https://www.desarrollando-ideas.com/2017/07/la-politica-exterior-de-los-estados-unidos-hacia-america-latina-en-la-era-trump/). La realidad es que la administración de Trump percibe como “subalternos fieles” a los presidentes de la derecha latinoamericana. Y de hecho lo son. Las órdenes promovidas desde Washington como abandonar Unasur (una de las pocas organizaciones que respaldaban la unidad de los países del sur), es una muestra de la política exterior invasiva e imperial que es aceptada sin mayor oposición por dirigentes mediocres, sin dignidad ni soberanía. Mientras la política exterior de Trump se dirige a cerrar importantes negocios con la Unión Europea y sus socios de Medio Oriente, Latinoamérica no es más que su “tradicional zona de influencia”, su patio trasero. Al respecto debe mencionarse el caso del periodista Jamal Kashoggi, asesinado brutalmente en el consulado saudí en Turquía y que, según investigaciones de la CIA, fue ordenado por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (https://www.bbc.com/mundo/ noticias-internacional-46246458). No obstante, el presidente Trump ha buscado minimizar las circunstancias del asesinato, pues el reino de Arabia es uno de sus prin-

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Uno de los nuevos frentes de la política intervencionista de la Casa Blanca es la manipulación de las elecciones, como ocurrió en Colombia

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cipales socios comerciales. Esto demuestra que los negocios están por encima de los derechos humanos y la democracia. Mutatis Mutandi para el caso latinoamericano, la Casa Blanca ha promovido una política impositiva basada en un modelo económico extractivo y depredador que no se detiene a pensar en las violaciones que deja a su paso. Luego del final de la Guerra Fría, Estados Unidos quedó sin el argumento de combatir la “influencia del comunismo en el mundo”, por lo que iniciaron una campaña dirigida a “proteger la democracia”, como si esa fuera su misión en la historia. Además de las intervenciones de mediados del siglo XX, donde se apoyaron cruentas dictaduras, el Pentágono busca en la actualidad “restablecer el orden” posterior a las administraciones de izquierda en el continente (https://elordenmundial.com/estados-unidos-en-latinoamerica/). Más que una “zona de influencia” en términos geopolíticos tradicionales, América Latina es para el magnate-presidente una región de explotación, una franja de “ensayo-error” donde al no encontrar oposición (de hecho, todo lo contrario) puede poner en práctica las tesis del neoliberalismo radical. En este sentido, un sistema tributario a favor de los más ricos es una muestra de que la democracia es un sistema cada vez más hostil para los negocios. Por tal razón, el subcontinente más que una región de influencia es una zona de control e imposición. Bienvenidos al pasado. Además de lo anterior, el neointervencionismo imperial se ha manifestado en la intromisión de las elecciones en América Latina. Sumado al escándalo de Cambridge Analitica –la empresa inglesa que vendió información para manipular a más de 50 millones de usuarios de Facebook para favorecer la campaña de Donald Trump mediante la creación de publicidad seleccionada y noticias falsas–,

están los casos de las votaciones en Brasil, Argentina y México. En efecto, en 2017 Cambridge Analitica abrió una filial en Brasil, que tuvo un impacto notable en las elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Jair Bolsonaro. A través de noticias falsas y publicidad negra en contra del Partido de los Trabajadores, el exmilitar logró encumbrarse en lo más alto del poder en Brasil. Casos similares ocurrieron en México y Argentina, donde empresas y candidatos estuvieron involucrados en la compra de información electoral (https:// www.celag.org/cambridge-analytica-el-big-data-y-su-inﬂuencia-en-las-elecciones/). Detrás de estas “empresas de votos” están los intereses del gobierno de Estados Unidos, pues los candidatos respaldados son de tendencia conservadora. Dicho de otra manera, uno de los nuevos frentes de acción de la política intervencionista de la Casa Blanca es la manipulación de las elecciones. En el caso colombiano fue notable en la pasada contienda presidencial, donde la campaña del candidato progresista Gustavo Petro fue sistemáticamente atacada con rumores y hechos falsos. Las redes sociales se han convertido, en consecuencia, en el nuevo escenario de batalla para los grupos económicos. De hecho, la manipulación como estrategia política quedó develada en el plebiscito por la paz que el “No” ganó por un estrecho margen. El gerente de esa campaña, Juan Carlos Vélez reconoció el entramado de manipulación con la que atacaron el proceso de paz (https://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-juan-carlos-velez-revela-estrategia-y-ﬁnanciadores-del-no/497938). No es de extrañar que detrás estuvieran comprometidos los intereses del Pentágono, quienes finalmente lograron la victoria con su candidato-títere Iván Duque. La influencia sobre las elecciones en América Latina no es, sin embargo,

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Desde su campaña electoral, Jair

el problema más grande que afronta el Continente. La declaración del presidente Trump de considerar una intervención militar, sumada a las declaraciones del diario brasilero Folha de Sao Paulo, según las cuales se estaría orquestando una coalición para intervenir al gobierno venezolano, prenden las alarmas sobre el alcance que tendrá la nueva relación de Trump con los gobiernos derechistas del Continente (https://www.larepublica.co/economia/ medio-brasileno-asegura-que-duque-y-bolsonaro-planean-intervenir-en-venezuela-2787961). Durante su campaña, Jair Bolsonaro estuvo de acuerdo con una acción militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro y de manera solapada los gobiernos vecinos han apoyado esa medida. Aunque el canciller colombiano, Carlos Holmes

Trujillo ha negado las acusaciones de estar organizando una “coalición”, la realidad es que se está fraguando un plan para atacar al gobierno bolivariano y detrás de todo se encuentran las garras del águila imperial. El triángulo de influencia de Washington se completa con la “ideología del desequilibrio”, es decir con la tendencia impositiva de dirigir el mundo libre bajo ciertos parámetros que en la actualidad se basan en la protección de los grandes capitales. El desequilibrio está dado en la imposibilidad de contravenir esas directrices. A la Casa Blanca no le interesa tener socios sino subalternos, no le importa la seguridad del continente ni mucho menos su prosperidad, tan sólo le preocupa profundizar en relaciones de desigualdad

Bolsonaro estuvo de acuerdo con una acción militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro

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“Detrás de la ola de derechización en América Latina está el gobierno de Estados Unidos, promoviendo la seguridad en detrimento de los derechos humanos y la barbarie en nombre de la libertad”

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y en formar élites locales que no se opongan a sus intereses. Las visitas del exsecretario de Estado Rex Tillerson a ciertos países de América Latina a inicios de 2018, y del nuevo secretario de Estado Mike Pompeo a finales del mismo año, confirmaron, por una parte, el deseo de inmiscuirse en asuntos internos como el caso venezolano y, por otra, la falta de interés y el desprecio que Donald Trump siente hacia los países del sur. Desde esta perspectiva, estamos asistiendo a una nueva era de las relaciones de América Latina y Estados Unidos que no se basan más que en la anacrónica visión del “patio trasero”. Para el gobierno Trump, los países del sur sólo traen problemas de inmigración, son los culpables

del aumento del tráfico de drogas y el incremento de los índices de criminalidad. Adicional a esto, cuenta con una serie de élites que traicionan la dignidad de sus propios pueblos y siguen ciegamente las directrices del Pentágono. El éxito de la administración Trump ha sido minar la unidad y confianza de las naciones latinoamericanas. Para ello ha empleado la influencia ideológica, militar y electoral con el fin de hacerse con el control de los negocios en el continente, siempre mirando con desprecio a los países de nuestra región. Por esa razón, no debe descartarse que detrás de la ola de “derechización” en América Latina esté el gobierno de Estados Unidos, promoviendo la seguridad en detrimento de los derechos humanos y la barbarie en nombre de la libertad.

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¿OBLIGARON A TRUMP

A RENUNCIAR A CAMBIAR LA POLÍTICA DE EU? Estados Unidos parece haber redefinido los objetivos del AfriCom, del CentCom y del SouthCom: el primero parece haber sido autorizado a luchar contra los proyectos chinos en África; el segundo, a exacerbar la división entre árabes y persas en el Gran Oriente Medio; y el tercero, a iniciar la destrucción de las estructuras de los Estados en la Cuenca del Caribe. Esas nuevas misiones se acompañan ahora con un regreso de los neoconservadores. ¿Trump ha sido obligado a renunciar a cambiar la política estadunidense?

DAVID MANRIQUE

THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE

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amasco, Siria. Desde las elecciones legislativas conocidas como midterm [1], realizadas el 6 de noviembre de 2018, el presidente Donald Trump enfrenta una presión extremadamente fuerte. Las instituciones federales tuvieron que cerrar el 22 de diciembre (shutdown) porque el Congreso rechazó el presupuesto –que incluía el financiamiento del famoso muro a lo largo de la frontera con México– presentado por la administración. La crisis duró 35 días, hasta el 25 de enero de 2019. El presidente Trump acabó inclinándose temporalmente ante las exigencias del Partido Demócrata. Según S&P Global Ratings, el shutdown costó más de 6 mil millones de dólares, o sea mucho más de lo que habría costado el muro [2]. Durante ese periodo, la administración de Trump dio numerosas muestras de abandono de su política exterior y de defensa y de sometimiento al imperialismo estadunidense. También es posible que este promotor inmobiliario haya optado por simular un cambio radical y que acabe desmintiéndolo el 15 de febrero, fecha de expiración del acuerdo sobre el presupuesto. En todo caso, al menos por el momento, numerosos elementos hacen pensar que Donald Trump ha renunciado a concretar el cambio que había prometido. -El 13 de diciembre de 2018, el consejero para la seguridad nacional, John Bolton, exponía ante la Heritage Foundation la nueva estrategia de Estados Unidos en África [3]: desarrollar el comercio, luchar contra el terrorismo islámico, y verificar el uso que se hace de la ayuda estadunidense. Nada muy diferente a lo de antes, exceptuando el hecho de que los objetivos comerciales fueron ampliamente expuestos ya no como una rivalidad con las antiguas potencias coloniales (Francia y Reino Unido) sino como un feroz combate contra China y Rusia. -El 20 de diciembre, el secretario de

Defensa, el general James Mattis, presentaba su dimisión al presidente Trump en una carta pública [4]. Aunque la prensa dijo lo contrario, en esa carta Mattis expresaba su conformidad con la retirada de las fuerzas estadunidenses presentes en Siria. Pero también decía temer la manera en que los aliados miembros de la coalición anti-Daesh podían interpretar esa retirada y que ese movimiento pudiera poner fin al liderazgo estadunidense [5]. Trump estimó que nadie puede pretender darle lecciones, y menos en público, y revocó inmediatamente a Mattis; es decir, no le permitió mantenerse en el cargo hasta que se le designara un sucesor. Sin embargo, ante la lluvia de críticas, Trump acabó por retroceder y admitió que la retirada estadunidense ya anunciada será más larga que lo previsto inicialmente. -El 3 de enero de 2019, al iniciarse el 116 periodo de trabajos del Congreso de Estados Unidos, el representante demócrata Eliot Engels y el senador republicano Marco Rubio presentaban dos proyectos de ley (HR 31 [6] y S 1 [7]). En ambos proyectos aparece un pasaje casi idéntico tendiente a la adopción de sanciones que impidan la reconstrucción de Siria. Después, Eliot Engels –que ya había sido el redactor de la Syria Accountability Act, adoptada en 2003– fue elegido presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes, mientras que James Rich era elegido para presidir la comisión equivalente en el Senado. Rich se alió de inmediato al proyecto de ley contra Siria. Ambos proyectos afirman que no son los yihadistas sino el gobierno sirio el que torturó a las personas cuyos cadáveres aparecen fotografiados en el llamado “Informe Cesar”, lo cual es presentado como justificación para impedir la reconstrucción en la República Árabe Siria. El texto del Senado incluso respalda la ayuda militar de Estados Unidos a Israel, precisamente en momen-

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El Partido Republicano y Trump cambiaron de política: ahora promueven el imperialismo militar al servicio de las trasnacionales

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tos en que el Estado hebreo reconoce haber iniciado una campaña de ataques aéreos contra Siria. -El 10 de enero de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo enunciaba la nueva estrategia de Estados Unidos para el Gran Oriente Medio en una conferencia impartida en la Universidad Americana del Cairo (Egipto) [8]. Esa política consistiría en: luchar contra el terrorismo islámico, luchar contra Irán y sus aliados, y retirar de esa región las tropas estadunidenses favoreciendo simultáneamente la creación de una “OTAN” israelo-árabe. Sin embargo, además de que dividir la región entre árabes y persas resulta más peligroso aún que la situación actual, la creación de una alianza militar israelo-árabe parece improbable. Por supuesto, los creadores de tal alianza se apoyarían en una serie de gobiernos que ya están colaborando en secreto con Israel. El problema es que lo hacen en contra de la opinión de sus propios pueblos. Al mismo tiempo, el consejero para la seguridad nacional, John Bolton, construía una internacional terrorista contra Irán, aglutinando en ella elementos árabes sunnitas provenientes del Emirato Islámico (Daesh) y persas chiítas miembros de los Muyahidines del Pueblo (MEK) [9]. -Ese mismo día, 10 de enero, el secretario de Estado Mike Pompeo publicaba una declaración contra Venezuela, dando con ello a Juan Guaidó la señal para se autoproclamara presidente interino del poder ejecutivo [10]. Mientras la prensa occidental y los propios venezolanos veían al gobierno bolivariano como blanco de este conﬂicto, desde el sitio web de la Red Voltaire nosotros anunciábamos –adelantándonos a los acontecimientos– que el Pentágono está aplicando en la Cuenca del Caribe la estrategia que ya utilizó en la región africana de los Grandes Lagos y que luego reprodu-

jo en el Gran Oriente Medio [11]. Esa es también la interpretación del ministerio de Exteriores de la Federación Rusa [12]. Moscú declaraba: “La creación deliberada y notoriamente bien orquestada de un doble poder y de un centro alternativo de decisión en Venezuela abre la vía al caos y a la erosión del Estado venezolano.” -El 22 de enero, el Partido Demócrata adoptó en la Cámara de Representantes una ley que prohíbe al presidente Donald Trump sacar a Estados Unidos de la OTAN [13]. Eliot Engels había participado en la redacción de esa ley. Ese proyecto de ley no se había mencionado durante la campaña de las elecciones legislativas de medio término, pero el Partido Demócrata lo priorizó, dejando de lado sus compromisos sobre el Obamacare. En julio de 2018, Eliot Engels había redactado, junto al ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen, un artículo de opinión en favor de la alianza atlántica [14]. -El 26 de enero, Mike Pompeo anunciaba que el neoconservador Elliott Abrams será su enviado especial para Venezuela. Hace sólo 2 años, Abrams era el candidato de los imperialistas al sillón de secretario de Estado. Su nombre está indisolublemente asociado a las peores acciones secretas de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Los neoconservadores provienen del trotskismo, o sea su origen ideológico es una extrema izquierda que se unió al aparato estatal estadunidense en tiempos de la administración Reagan. Sus partidarios han emigrado constantemente de la “izquierda” a la derecha, al ritmo de los cambios en la cúpula del poder estadunidense. Los neoconservadores se opusieron a la elección de Donald Trump, pero ahora se unen a su administración. En definitiva, se han redefinido los objetivos del AfriCom, del CentCom y

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del SouthCom [15] autorizándolos a defender intereses que no son los del Pueblo estadunidense sino los intereses de ciertas empresas transnacionales y de Israel. Asociados –como siempre– a esa política, los neoconservadores entran nuevamente en escena. Esos factores tienden a demostrar que el Partido Republicano y la administración Trump han cambiado radicalmente de política y que –aunque mantienen la decisión de no permitir que los grupos terroristas administren Estados– regresan a la política del Partido Demócrata, de Barack Obama y de Hillary Clinton: el imperialismo militar al servicio de las trasnacionales. Los principales donantes del Partido Republicano parecen haber tomado nota de ese abandono. Los hermanos Koch acaban de anunciar que no apoyarán la reelección de Donald Trump [16].

Referencias: [1] Las llamadas midterm estadunidenses son elecciones legislativas que se realizan a mediados del mandato presidencial (nota de la Red Voltaire). [2] “US economy lost at least $6 billion to government shutdown: S&P”, Reuters, 26 de enero de 2019. [3] “Allocution de John R. Bolton sur la nouvelle stratégie de l’administration Trump en Afrique”, John Bolton, Réseau Voltaire, 13 de diciembre de 2018. [4] “Resignation letter from James Mattis”, James Mattis, Voltaire Network, 20 de diciembre de 2018. [5] “Estados Unidos se niega a luchar por la finanza transnacional”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 25 de diciembre de 2018. [6] “Caesar Syria Civilian Protection

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Act of 2019”, Eliot Engels, US House of Representatives, 3 de enero de 2019. [7] “Strengthening America’s Security in the Middle East Act of 2019”, Marco Rubio, Senado estadunidense, 3 de enero de 2019. [8] “Mike Pompeo’s Remarks at the American University in Cairo”, Mike Pompeo, Voltaire Network, 10 de enero de 2019 [9] “El uso del terrorismo según John Bolton”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de enero de 2019. [10] “Acciones de Estados Unidos contra el corrupto régimen venezolano”, Mike Pompeo, Red Voltaire, 10 de enero de 2019. [11] “Estados Unidos prepara una guerra entre latinoamericanos”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de diciembre de 2018.

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[12] “Russian Foreign Ministry statement on the developments in Venezuela”, Voltaire Network, 24 de enero de 2019. [13] “House aims to prevent Trump from withdrawing from NATO”, Karoun Demirjian, The Washington Post, 22 de enero de 2019. [14] “President Trump, you need NATO more than ever”, Eliot L Engel y Anders Fogh Rasmussen, CNN, 10 de julio de 2018. [15] El SouthCom es lo que los latinoamericanos llaman comúnmente el “Comando Sur” estadunidense (nota de la Red Voltaire). [16] “Koch network tells donors it plans to stay out of 2020 race, once again declining to back Trump”, Josh Dawsey y Michelle Ye Hee Lee, The Washington Post, 24 de enero de 2019.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 11 al 17 de febrero de 2019

Año 17 • Número 628 • $30