Contralínea 637 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 15 al 21 de abril de 2019

Año 18 • Número 637 • $30

CONTENIDO

PORTADA

PEMEX VENDIÓ GASODUCTOS LOS RAMONES Y CHIHUAHUA PARA NO ENTREGARLOS AL CENAGAS Cuando Pemex fue obligado a ceder su infraestructura al Cenagas, decidió desinvertir en los gasoductos Los Ramones y Chihuahua

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 637, del 15 al 21 de abril de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 12 de abril de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

OPINIÓN 6

EDITORIAL TODOS SOMOS REFORMA

EDITORIAL LA “CONSPIRACIÓN” DE ASSANGE: DESNUDAR AL PODER

OFICIO DE PAPEL CONTRALOR DEL CISEN SE IMPONE A CINCO PRESIDENTES, INCLUIDO AMLO Miguel Badillo

ZONA CERO VIOLENCIA Y ESPIONAJE EN MÉXICO CON ARMAS, EQUIPOS Y PERTRECHOS ISRAELÍES Zósimo Camacho

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN SEP NO TENDRÁ A TIEMPO LIBROS DE TEXTO PARA CICLO 2019-2020 Nancy Flores ARTÍCULOS

¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO DESPUÉS DE SU EXAMEN SOBRE DERECHOS HUMANOS? Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura

EL TMEC MARCA LA AGENDA DE LA REFORMA LABORAL Martín Esparza

RUSIA-VENEZUELA, COOPERACIÓN BLINDADA PARA TIEMPO DE AGRESIONES Antonio Rondón/Prensa Latina

LA GUERRA CONTRA SIRIA, UN PLAN LARGAMENTE PREPARADO Pedro García Hernández/Prensa Latina

NUNCA OLVIDAR: LOS 100 DÍAS QUE ENSANGRENTARON A RUANDA Julio Morejón/Prensa Latina

15 de abril de 2019

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

PORTADA Pemex vendió gasoductos Los Ramones y Chihuahua para no entregarlos al

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Cenagas Nancy Flores/ 34

SOCIEDAD Comexa, el proyecto binacional México-EU que defraudó en Chiapas Alba Olea

ANÁLISIS

Imagen de portada: 123RF/MIGUEL MINERO

ECONÓMICO México y su ciclo económico postneoliberal Lucía Converti/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

INTERNACIONAL Venezuela, otro plan terrorista de un Trump debilitado y furioso Stella Calloni/Prensa Latina

INTERNACIONAL El “excepcionalismo” de Estados Unidos destruye la ONU Thierry Meyssan/ Red Voltaire

INTERNACIONAL La otra cara de los “cascos blancos” en el conﬂicto sirio Rodrigo Ortega/ Telesur

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9191 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN ARTÍCULO

TODOS SOMOS REFORMA El valor de las fuentes confidenciales

n México el derecho a saber está en riesgo: en aras de una supuesta “transparencia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al diario Reforma revelar sus fuentes de información. El tema no es menor por las violaciones que esa petición implica: vulnera un derecho humano –el de la información–, dos artículos constitucionales –sexto y séptimo–, dos legislaciones secundarias –Código Federal de Procedimientos Penales y Código Penal Federal– y una ley local –la Constitución de la Ciudad de México–; además, abre la puerta a una nueva andanada contra la prensa y, sobre todo, amedrenta a los informantes que se atreven a denunciar actos irregulares y hechos de corrupción armados desde la esfera del poder político. El valor de los confidentes es que aportan información de interés público, que alguien desde alguna posición de poder (institucional o fáctica) busca impedir que se dé a conocer. Es decir, contribuyen a la transparencia que tanto alega el presidente, a la vida democrática y, sobre todo, al ejercicio del derecho humano a saber. En esta discusión –que hace tiempo había sido superada en el país– hay que entender que el de la información es un derecho llave: con la información, las personas tienen suficientes herramientas para exigir y ejercer otros derechos humanos, como los de salud, educación, justicia, acceso al agua [https:// bit.ly/2uXnPOV]. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Derivado del derecho internacional, el secreto profesional del periodista está garantizado en las democracias –incluido el sistema legal mexicano, que lo esta-

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blece en los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, y en la Constitución capitalina– para que ninguna autoridad le pida al periodista o al medio revelar sus fuentes. Es claro que la presión del poder hacia la prensa para conocer la identidad de los informantes es propia sólo de los regímenes autoritarios. En el ámbito ético, el pacto con la fuente para mantener reservada su identidad es una excepción, no una regla, y se da cuando su vida, su integridad o su trabajo corren peligro. O, ¿para qué quiere el presidente conocer las fuentes de Reforma?, ¿para premiarlas? El tema es aún más grave por quién hace la petición, que no es cualquier persona: es el hombre con más poder en el país. Y eso debe preocupar no sólo a Reforma o al gremio periodístico, sino a toda la sociedad, porque este tipo de presiones limitan el flujo de información –las fuentes prefieren ya no filtrar por miedo a represalias– y en consecuencia vulneran el derecho humano a saber. Un régimen que pide a los periodistas revelar sus fuentes se encamina a un escenario de impunidad generalizada, donde es imposible acceder a informaciones de alto interés social que van desde las violaciones graves a los derechos humanos hasta los abusos de poder y casos de corrupción. En ese escenario, los periodistas se vuelven sólo voceros del poder en un círculo vicioso que a nadie sirve. Si en verdad López Obrador estuviera luchando por la transparencia y la rendición de cuentas aplaudiría que la prensa haga su trabajo, en vez de estarla constantemente denostando y, ahora, hasta pidiéndole violar sus principios éticos para revelar sus fuentes. En más de una ocasión ha quedado claro que el mandatario desconoce la función de los reporteros, que es informar los temas de interés público a través de todas las herramientas a su alcance y de todas las fuentes posibles, incluidas las confidenciales. Así que, señor presidente López Obrador, todos somos Reforma y defenderemos hasta con la vida el secreto profesional.

ARTÍCULO

OPINIÓN

LA “CONSPIRACIÓN” DE ASSANGE

DESNUDAR AL PODER

l poder más grande que ha visto la humanidad, el del Estado estadunidense, se ceba hoy en un individuo, una persona. Julian Assange es requerido a pagar las consecuencias de haber recibido información clasificada como “secreta” o “confidencial” y haberla publicado por ser, precisamente, de interés público. Tal desafío al poder desató en contra del activista, informático y hacker una operación conjunta que hoy involucra a gobiernos de cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Ecuador. Las presiones contra el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno finalmente prosperaron. En un acto calificado de “traición” y vasallaje por su predecesor en el Poder Ejecutivo de ese país, Rafael Correa, este 11 de abril retiró el asilo a Assange y permitió que la policía británica ingresara a la embajada de Ecuador en el Reino Unido para arrestarlo. Suecia anunció que reabrirá el proceso contra Assange iniciado hace 7 años. Pero el fin del arresto de este jueves es claro: la extradición a Estados Unidos de quien desnudó los abusos de su poderío militar y económico. El gobierno estadunidense, antes encabezado por Barack Obama y hoy por Donald Trump, lo acusa de “conspiración”. No le perdona haber sido receptor de los 700 mil documentos clasificados que fueron filtrados entre 2009 y 2010 desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos por el entonces militar y analista de inteligencia Bradley Edward Manning, hoy Chelsea Manning. Y, sobre todo, que los haya hecho públicos: que quedaran al descubierto, de manera cruda, las verdaderas razones de las guerras que emprendió Estados Unidos en Oriente Medio y el casi nulo valor que militares de ese país conceden a la vida de los civiles.

Tampoco, de haber fundado en 2006 la organización WikiLeaks, que sigue exponiendo crímenes de guerra, violaciones graves a derechos humanos, fraudes, espionaje ilegal, entre otros abusos de poder. Con Assange al frente, WikiLeaks reveló el manual de las Fuerzas Armadas estadunidenses para la prisión de Guantánamo (entre otras cosas, quedó al descubierto el uso de perros en sesiones de tortura contra los internos); un video del ataque aéreo a civiles en Bagdad (12 civiles pacíficos asesinados por soldados que comentaban los hechos de manera despreocupada); los documentos clasificados conocidos como “Los diarios de Afganistán” (que revelan masacres contra civiles cometidos por la coalición estadunidense y el encubrimiento de matanzas cometidas por talibanes); los “registros” de la guerra de Irak (en los que Estados Unidos reconoce que el 60 por ciento de los 110 mil asesinados son civiles), y los mensajes enviados entre el Departamento de Estado y sus embajadas (entre otros asuntos, revelan el espionaje contra jefes de Estado y de gobierno de diversos países). La maquinación contra Assange busca castigar su desafío al poder y advertir a quienes publiquen información “no autorizada”, aunque ésta tenga interés público. Atenta, finalmente, no sólo contra un individuo de nacionalidad australiana y 47 años de edad, sino contra el derecho humano a saber y contra las personas que buscan construir sociedades más democráticas. Y revela que poco ha cambiado el ejercicio del poder desde antes de la Revolución Francesa de 1789. El oscurantismo de nuestros días es el mismo que llevó a Voltaire a decir: “Es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado”. (Con información de RT )

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

CONTRALOR DEL CISEN SE IMPONE A CINCO PRESIDENTES, INCLUIDO AMLO MIGUEL BADILLO

l contralor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)-, Jesús Meza Zapata, ha visto pasar a cinco presidentes de la República y 10 directores generales durante los 21 años y 3 meses que se ha mantenido al frente del Órgano Interno de Control (OIC) del principal órgano de inteligencia del país, mismo que ha sido utilizado por muchos años para el espionaje político y desde donde se han violado los derechos humanos de muchos ciudadanos mexicanos. En las más de 2 décadas que Meza Zapata ha ocupado la Contraloría Interna, ese centro de investigación ha vivido sus peores años desde que fue fundado el 13 de febrero de 1989, tanto por los abusos cometidos desde sus oficinas como por las violaciones constantes a los derechos humanos (incluido aquí el espionaje político), sin descontar el despilfarro de recursos públicos, los elevados salarios de hasta 250 mil pesos mensuales para el grupo directivo de 40 funcionarios, la opacidad en el gasto, el tráfico y venta de expedientes, la venta de equipos de espionaje a gobiernos estatales y empresas privadas, así como la persecución y acoso a luchadores sociales, periodistas, empresarios, líderes sindicales y políticos de todas las corrientes. Meza Zapata asumió la titularidad del OIC del Cisen en el cuarto año de gobierno de Ernesto Zedillo (enero de 1998) y a partir de entonces han pasado cinco jefes de Estado, incluido López Obrador, y 10 directores generales de ese Centro de Inteligencia que ha vivido sus momentos más oscuros y perversos, mientras que este burócrata se mantiene en el puesto.

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Los presidentes que han avalado la permanencia de Meza Zapata al frente del OIC son, además de Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, aunque este último apenas lleva 4 meses de gobierno. En ese tiempo, el contralor interno ha resistido cambios de gobierno con grupos políticos de distinta corriente ideológica: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de centro derecha; el Partido Acción Nacional (PAN), de ultraderecha, y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de centro izquierda. Pero se ha mantenido en el cargo por su servilismo con los directores generales, a quienes todos los presidentes les han permitido hacer lo que quieran, y una de las razones de ello son los expedientes que ha guardado Meza de cada uno de los 10 directores generales, en donde hay evidencias de los abusos, los excesos y los desvíos de los recursos públicos. Así que las 2 décadas que se ha mantenido en el puesto no es por su eficaz desempeño, sino que en esos 21 años al frente del OIC ha sido omiso y hasta cómplice de corruptelas y abusos que los directores generales han cometido con el gasto arbitrario y opaco de miles de millones de pesos que anualmente se le asigna del presupuesto público a dicho Centro. Y 2019 no es la excepción, pues para el Centro Nacional de Inteligencia se han destinado 2 mil 490.7 millones de pesos. Así que Meza Zapata ha sido premiado por su negligencia, pues en los cuatro últimos sexenios nada se sabe de sanciones administrativas, proce-

OFICIO DE PAPEL

sos penales o inhabilitaciones en contra de personal del Cisen, en donde todo se hace de manera subrepticia y oculta; además de nunca hacerle auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a pesar de las malas administraciones que ha tenido. Es precisamente esa falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos lo que ha permitido los abusos en ésta y otras entidades responsables de la seguridad nacional del país, pues esa opacidad se ha repetido en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Armada de México, en donde junto con el Cisen (ahora CNI) los órganos internos de control sólo responden a los titulares de esas dependencias y no como corresponde ante la SFP. Un dato que confirma lo anterior es que los contralores del Cisen, Defensa y Marina son nombrados por los titulares y no por la Secretaría de la Función Pública, lo que ha impedido que tengan una buena gestión. Entonces habrá que esperar qué hace la “cuarta transformación” con Meza Zapata, porque van poco más de 4 meses del nuevo gobierno y hasta hoy la SFP sigue ausente en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al cual no sólo no se le audita para saber cómo recibió toda la información de inteligencia en poder del Cisen, ni tampoco se ha transparentado su gasto público, mucho menos se han revisado los 3 mil 600 expedientes del personal que allí labora -y de hacerlo encontrarían muchas sorpresas por los abusos cometidos-, como tampoco han habido cambios importantes entre el equipo directivo integrado por 41 personas. Sin embargo, ante los señalamientos del presidente de la República de que no será tolerada la corrupción, la Secretaría de la Función Pública tendrá que empezar por nombrar a los contralores de los órganos internos de las entidades públicas, civiles y militares, responsables de la vigilancia y seguridad del país, para quitarles esa facultad a los secretarios de Estado y al director general del CNI, tal y como lo mandata la ley, a fin de poder auditar su actuación y vigilar que los recursos públicos no sean desviados. Por lo pronto Meza Zapata es el primer contralor interno del CNI que mantiene un salario muy

OPINIÓN

superior al del presidente de la República, pues ya integrado rebasa los 200 mil pesos mensuales, mientras que su equipo de mayor confianza, integrado por cinco personas, también recibe montos superiores a los de López Obrador. Ese personal de mayor confianza del contralor Meza Zapata está integrado por la titular del Área de Responsabilidades, Silvia López Parra; la responsable del Área de Quejas, Laura Hernández Sánchez; el titular del Área de Auditoría, Tomás Isaías Cuahutencos Rosales, y un jefe del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Eduardo Castillo Monroy. Puntos suspensivos… En la columna anterior comentamos el perfil del secretario general del CNI, José Ángel Ávila Pérez, y equivocadamente afirmamos que el secretario Marcelo Ebrard lo recomendó para ese puesto, pero fuentes gubernamentales nos aclaran que ese funcionario asignado a las tareas de inteligencia ha tratado por todos los medios de reencontrarse con su exjefe Ebrard para pedirle perdón por haberlo traicionado al aliarse con el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero hasta ahora las puertas de las oficinas del secretario de Relaciones Exteriores se mantienen cerradas para el segundo hombre en importancia del principal órgano de seguridad nacional… Entonces quien tendría que explicar a los mexicanos haber recomendado a Ávila Pérez para el cargo de secretario general del CNI, sin que cuente con experiencia alguna en las áreas de inteligencia y seguridad nacional, es ni más ni menos que el flamante secretario de Seguridad Pública, el sonorense Alfonso Durazo, quien por cierto tampoco cuenta con experiencia para ese puesto, pero en su caso nadie duda de que se mueve muy bien en la política, por eso ha podido cambiar de piel en gobiernos tan diversos como son el PRI, el PAN y ahora Morena… Nos dicen que quien anda muy preocupado es Miguel Ángel Lozada, director general de Pemex Exploración y Producción, pues aunque ya regresó a sus oficinas en Villahermosa, Tabasco, después de haber sido retirado 1 mes del cargo, en la Secretaría de la Función Pública aún no dan a conocer el resultado final de la investigación en su contra por la participación en la ya conocida “estafa maestra”, y su temor es que aún puedan darle las gracias y cesarlo.

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OPINIÓN ZONA CERO

VIOLENCIA Y ESPIONAJE EN MÉXICO CON ARMAS,

EQUIPOS Y PERTRECHOS ISRAELÍES ZÓSIMO CAMACHO

a primera vez que México hizo tratos con la mas y aviones. Calderón, por su parte, realizó las compras “más industria militar de Israel fue en 1972. Adquirió a la Israel Aircraft Industries (IAI) cinco elevadas” de armamento en la “historia moderna aviones de carga y transporte de tropas. En los años del país”, se asienta en el documento. Para su “gueinmediatos vendrían nueve aviones más de este tipo, rra” contra el narcotráfico, a los israelíes les compró 60 morteros M-65 y un número indeterminado de armas y aeronaves por 93 millones 833 mil 18 dólalotes del subfusil de asalto conocido como Uzi. Las res (más de 2 mil millones de pesos actuales). Por su parte, Peña Nieto adquirió de Israel arcompras no han cesado desde entonces. De aquel año a la fecha, los sucesivos gobiernos mas, aeronaves y vehículos por 49 millones 390 mil mexicanos han adquirido armamento y equipo a Is- 888 dólares (alrededor de 950 millones de pesos). A todas las cifras se deberían sumar los montos rael por 630 millones 220 mil 500 dólares (alrededor de 12 mil 500 millones de pesos actuales). Los datos erogados en la compra de equipos y software de esse desprenden de una investigación realizada por la pionaje, como el de Pegasus y muchos otros de los internacional Campaña Palestina Popular contra cuales Stop the Wall no pudo obtener los contratos. Al respecto podríamos el Muro Stop the Wall. La cifra, sin embargo, Desde 1972, los gobiernos mexicanos decir que sólo por la adquisición de Pegasus, es “conservadora y no han comprado armamento y equipo a Contralínea documentó exhaustiva”, pues muque la Secretaría de la chos datos permanecen Israel por 630 millones 220 mil dólares, Defensa Nacional (Seocultos por tratarse –en unos 12 mil 500 millones de pesos dena) en tiempos de Fevarios casos– de comlipe Calderón pagó 10 pras irregulares que se mil millones de pesos (unos 520 millones de dólares). mantuvieron en secreto. Como podemos concluir, la cifra real de las comLas compras se incrementaron luego de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacio- pras es mucho mayor. Los equipos de la industria militar israelí han esnal (EZLN) en enero de 1994. Y, sobre todo, durante los últimos 2 sexenios: Felipe Calderón y EnriquePe- tado presentes en la mayoría de hechos represivos en ña Nieto. De los más de 630 millones 220 mil dólares México que se han caracterizado por su crueldad. erogados en 46 años, un total de 143 millones 223 En Chiapas, en 1994, cuando el alzamiento zapamil 906 dólares (aproximadamente 2 mil 800 millo- tista, el Ejército Mexicano utilizó aviones Arava de nes de pesos actuales) se gastaron en los últimos 12 fabricación israelí para labores de espionaje. Adeaños: del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre más, efectivos militares, policiacos y civiles recibieron adiestramiento de agencias israelíes con el objetivo de 2018. El gobierno de Vicente Fox Quesada había com- de eliminar al EZLN. La represión de San Salvador Atenco del 3 y 4 prado a la industria militar de Israel 29 millones 920 mil 862 dólares (unos 570 millones de pesos) en ar- de mayo de 2006 se saldó con dos activistas asesina-

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ZONA CERO

Algunas de las empresas israelíes con oficinas o representación en México, que hicieron negocios con los gobiernos anteriores y ya gestionan nuevos contratos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son: Elbit Systems, Israel Aerospace Industry (IAI), Israel Military Industries (IMI), Israel Weapon Industries (IWI), Meprolight, MER Security and Communications Systems, Nice Systems, NSO Group, Plasan Sasa, Rafael Advanced Systems, RT LTA Systems, Soltam Systems, Uzil, Golan Group y Maguen Team. El documento destaca que la distribuidora en México de Elbit Systems es RCU Sistemas, la cual

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

dos por la policía, 50 mujeres abusadas sexualmente y 191 detenidos. Stop the Wall señala que las tropas actuaron conforme a lo aprendido en sus entrenamientos impartidos por israelíes. Una situación similar se vivió en Oaxaca en 2006 durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El operativo final contra la población, ocurrido el 25 de noviembre de ese año, arrojó 26 personas muertas, 152 detenidas, 20 automóviles quemados y 19 inmuebles dañados. Además, un número indeterminado de actos de tortura, cateos ilegales y detenciones arbitrarias. A cargo del operativo estuvieron los Grupos de Operaciones Especiales, conocidos como Gopes, que recibieron entrenamiento y usaron pertrechos y armas israelíes. En Iguala, Guerrero, efectivos del Ejército Mexicano involucrados en los sucesos que desembocaron en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, se trasladaban en vehículos de diverso tipo. Uno de ellos era Sandcat, de la israelí Plasan. Stop the Wall señala que probablemente era uno de los 250 que México había comprado en 2011. Por cierto, esa compra implicó la erogación de 746 millones 825 mil 645 pesos y estuvo a cargo del general Audomaro Martínez Zapata, entonces director de Transportes Militares de la Sedena y hoy flamante director de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la agencia de seguridad nacional del Estado mexicano en la “cuarta transformación”. La doctrina militar israelí tiene como premisa que la población civil es el enemigo. Lo que la industria militar israelí vende a los gobiernos de mundo primero lo prueba en su “laboratorio”: el territorio palestino ocupado. Ahí el régimen de Israel viola, a la vista de todos, el derecho internacional y los más elementales derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Sojuzga, reprime, desplaza, asesina a los legítimos pobladores de Cisjordania y Gaza. Incluso se ufana de que todo lo que vende en materia de militar y de seguridad ya ha sido probado en el terreno.

OPINIÓN

“opera el ‘botón de pánico’, principal instrumento de protección federal para periodistas y defensores de derechos humanos, [que] a la fecha no ha salvado la vida de nadie. Sin embargo, le da todos los datos y ubicaciones a las autoridades, lo cual permite espiar a activistas y periodistas en lugar de protegerlos”. Habrá que estar al pendiente de si la Guardia Nacional recibirá entrenamiento israelí y si seguirán las compras a una industria que basa su éxito en la violación masiva y permanente a los derechos humanos. Es momento que el mundo, y al menos México, replantee por ética sus compras en materia de seguridad y Fuerzas Armadas.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

SEP NO TENDRÁ A TIEMPO LIBROS DE TEXTO PARA CICLO 2019-2020 NANCY FLORES

e caen los dos procesos de licitación que realizó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en forma desesperada y por la libre, para intentar “salvar” la producción de 220 millones de ejemplares que requiere para iniciar, en agosto próximo, el ciclo escolar 2019-2020. Y es que el pasado 8 de abril fueron nuevamente diferidos los fallos de las licitaciones LA011L6J001-E5-2019 y LA-011L6J001-E6-2019; ésta es la novena ocasión que se aplazan las resoluciones para evitar declarar desierto el proceso en espera de que haya alguna oferta. Con esas licitaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretendía asignar contratos para producir 19 títulos de preescolar y primaria, al margen de los procedimientos que aún no convoca la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El atraso en los procesos de adjudicación de contratos ya supera los 8 meses y, según impresores consultados, ya no se tendrá el ciento por ciento de la producción antes del inicio del ciclo escolar: si las máquinas empezaran a trabajar a finales de abril, sólo se tendría a tiempo entre el 70 y 80 por ciento; es decir, faltarán entre 44 millones y 66 millones de libros. Esto impactará la educación básica y media de todo el país: preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, sistema braille y educación indígena. Y en especial afectará a los más necesitados, porque es precisamente en este mes de abril cuando se debía de estar enviado el primer embarque que cubre las zonas más apartadas: áreas rurales y de difícil acceso, como sierras, cañadas, selvas y pantanos.

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Las licitaciones de Conaliteg que están a punto de declararse desiertas fueron lanzadas el 22 de marzo y desde entonces han registrado nueve actas de diferimiento del fallo porque, según impresores consultados por Contralínea, se castiga tanto el precio que no sólo no les quedaría un margen de ganancia, sino que perderían hasta 2 pesos por cada ejemplar. Otro problema detectado por los contratistas se refiere a los tiempos exigidos por la Conaliteg para la entrega de la producción total: 30 días naturales. Ese plazo tan limitado se estableció para intentar corregir el atraso de 8 meses: las licitaciones debieron hacerse en septiembre y los contratos asignarse en octubre de 2018. Según los impresores consultados, aún cuando estas dos convocatorias derivaran en la asignación de los contratos, sólo se estaría contratando la producción de 50 millones de libros de los 220 millones que se requieren, y éstos sólo cubren una parte de educación preescolar y primaria. La posibilidad cada vez más real de que ambas se declaren desiertas ya aumentó la incertidumbre, aunado a que esos procesos se hicieron al margen de las nuevas disposiciones que indican que la contratación debe realizarla la Oficialía Mayor de Hacienda. Fuentes de la SHCP aseguran que la Oficialía está ocupada atendiendo de lleno el tema de compras de medicamentos, por lo que prevén que ni siquiera se lancen las convocatorias de los libros de texto gratuitos en las próximas 2 semanas, lo que de ser cierto implicaría que el atraso en la producción sume 9 meses. Además, explican que la primera fase para aten-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

der este tema inició el 13 de marzo con la convocatoria para la compra de papel para impresión de libros de texto gratuitos, que realizó en forma directa y sin intermediación del sistema Compranet. Este proceso de adquisición del papel fijó como fecha para el fallo este 9 de abril, sin que hasta este momento se haya informado si se asignaron los contratos o se declaró desierto o se pospuso la fecha para resolverlo. Lo que es seguro es que en la Oficialía Mayor hay un descontrol total por la improvisada concentración de compras, que hasta ahora no ha servido y que pronto podría resultar en graves problemas para el país no sólo en el tema educativo, sino en el de la propia salud pública. No obstante, según las fuentes de Hacienda, la Oficialía Mayor ya califica de exitoso el procedimiento de las compras de medicamentos, por lo que un modelo similar se aplicará en el tema de la impresión de libros. Para los funcionarios de Hacienda, no hay crisis en torno a la producción de los 220

OPINIÓN

millones de ejemplares porque, según sus cálculos, el tiempo es suficiente para su confección. Aquí deberían considerar también el tiempo de distribución, pues habrá zonas, las más pobres del país, a las que no lleguen los libros a tiempo. Con la primera fase de las licitaciones, Hacienda buscó desagregar la compra: adquirir el papel de forma directa para castigar los precios de la impresión y el encuadernado, aseguran los contratistas consultados. Por el contrario, la SHCP aseguró el pasado 13 de marzo que el propósito es “transparentar los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios, fundamentales para lograr la ejecución eficiente de los programas prioritarios de esta administración”. Pero su propio actuar contradice ese objetivo, porque esta compra se convocó en forma cerrada. “[…] todos aquellos proveedores interesados podrán enviar un escrito formal que contenga la intención de participar en el proceso que convoca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más

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CUARTOSCURO

OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

tardar a las 16:00 horas del día 14 de marzo de 2019, al correo electrónico info_proveedores@hacienda.gob.mx; cabe señalar que éste será el único medio de difusión de las bases de la convocatoria”. Una búsqueda en el portal Compranet confir-

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ma que no hay datos abiertos sobre esta licitación, pues se hizo directamente con la Oficialía Mayor y hasta ahora se desconoce si en verdad este 9 de abril se dio el fallo y, sobre todo, a quién favoreció. Oficialmente, Hacienda justifica el procedimiento al asegurar que éste tiene “la finalidad de realizar una primera compra de papel para la impresión de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2019-2020”; y que, con éste, se proporciona “acompañamiento a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo de propiciar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad”. La realidad es que en la Conaliteg y en la propia SEP hay mucha preocupación, a tal punto que, por la libre, se convocó a impresores para producir 19 títulos “sin entrega de insumos, con devolución de merma”; es decir, que en esos 50 millones de libros –si se asignaran los contratos– no será necesario el papel que comprará Hacienda. Esta pugna entre la SEP-Conaliteg y Hacienda ya ha llegado a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador; el problema es a quién le cree. Evidentemente, no a los que alertan la crisis de los libros que en breve pondrá en jaque al sistema educativo nacional.

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¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO DESPUÉS DE SU EXAMEN SOBRE DERECHOS HUMANOS? DONOVAN JIMÉNEZ ORTEGA Y CARLOS A VENTURA, COLABORADORES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DE VITORIA OP, AC

través de este semanario hemos realizado la protección a los grupos mayormente vulnerabilialgunas entregas referentes al Examen Pe- zados, discriminados y violentados en el país, fueron riódico Universal (EPU) del Estado mexica- algunos de los temas que predominaron en las Reno (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo comendaciones. El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció humanos que se vive en nuestro país. Este mecanis- y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones mo de evaluación, como lo hemos dicho, admite derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, una amplia participación de organizaciones de la las personas defensoras de derechos humanos, las sociedad civil, al considerar sus aportes como al- colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en gunos de los insumos de mayor importancia en el un contexto que demanda tomar medidas urgentes proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las de Derechos Humanos recomendaciones en (CDH) de la OrganiLos mecanismos internacionales per- gran parte reflejan las zación de las Naciones Unidas (ONU) para miten reconocer que la pluralidad y la par- demandas de amplios realizar su evaluación. ticipación de múltiples actores sociales es sectores de la sociedad y permiten identificar los En la presente ennecesaria ante la crisis que vivimos asuntos que requieren trega, abordamos la mayor atención, por importancia de esta lo que su integración tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha ad- dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la dequirido el Estado mexicano a nivel internacional, y finición de una agenda de Estado en materia de dela importancia del trabajo de las organizaciones de rechos humanos que las incorporé resulta necesario. La Delegación mexicana se comprometió a inila sociedad civil en este mecanismo. El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano ciar una efectiva ruta de seguimiento para la implefue sujeto a su tercera evaluación frente a este me- mentación de las mismas, reconociendo que en todo canismo. Recibió un total de 264 recomendaciones momento se construirá una agenda que involucre a de más de 100 Estados parte. La impunidad estruc- los distintos poderes y niveles de gobierno, la acatural; la falta de atención integral y el acceso a la démica y la sociedad civil. Asimismo, es importanjusticia de las víctimas; los derechos de las personas te enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un defensoras de derechos humanos y periodistas; el gran número de Recomendaciones a nivel internaacceso a una vida libre de violencia para las muje- cional en materia de derechos humanos (asciende res; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y a más de dos mil), por ello, es momento de exigir

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sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México. A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos. En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento. Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales es necesaria para la construcción de respuestas integrales a situaciones tan complejas, como la crisis de derechos humanos que vivimos en México, sin menospreciar la construcción de procesos de seguimiento participativos. 123RF

una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales. Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones. La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia. Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas. A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes

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EL TMEC MARCA LA AGENDA DE LA REFORMA LABORAL MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Tras 25 años del Tratado de Libre Comercio l documento elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), intitula- de América del Norte (TLCAN), firmado en el godo: Reforma Laboral Compatibilidad del bierno de Carlos Salinas de Gortari, los beneficios predictamen por el Tratado entre México, Estados sociales y laborales para millones de trabajadores y Unidos y Canadá (T-MEC), pone de manifiesto la campesinos fueron adversos en todos los sentidos; prioridad oficial de colocar las reformas en materia los salarios quedaron pulverizados conduciendo a la laboral que se procesan en el Congreso de la Unión, pauperización de la clase obrera y millones de camen sintonía con las exigencias del gobierno estaduni- pesinos –se calculan unos 10 millones– tuvieron emidense y en especial con las de congresistas como la grar a los Estados Unidos para no morir de hambre. La congresista Pelosi ha reiterado que si México demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dejando en segundo plano las ne- no modifica su legislación laboral no podrá amacesidades y la opinión de millones de trabajadores y rrarse el Tmec. El líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, ha tratado de maespecialistas del país. Resulta preocupante en todos los sentidos la ac- quillar la premura legislativa al justificar que ya estaba planeado votar la titud irreﬂexiva asumida reforma en abril; esto es, por los diputados del Para desgracia de millones de ciuda- antes de que existiera la grupo mayoritario en San Lázaro por votar a danos, la actitud asumida por los nue- declaración de Pelosi. Pero el documento favor en un proyecto de vos ‘representantes populares’ es cada elaborado por la STPS ley diseñado de antemaindica todo lo contrario no y al gusto de Washin- vez más de tinte neoliberal al buscar cuadrar el pegton, luego de armar en dimento del gobierno sus foros de consulta una parafernalia de utilería donde las opiniones emitidas, estadunidense, bajo las siguientes consideraciones como la reforma de febrero de 2017 –también ima fin de cuentas, no serán tomadas en cuenta. Como ocurrió con la reforma laboral de Feli- pulsada bajo el contexto de la fallida inclusión de pe Calderón, enviada a la Cámara de Diputados a México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación unos meses de concluir su sexenio, en septiembre Económica (TTP, por su sigla en inglés)– y el Condel 2012, con carácter preferente y aprobada con la venio 98 de la Organización Internacional del Tracomplicidad de los legisladores del Partido Revolu- bajo (OIT), ratificado por el Senado en septiembre cionario Institucional (PRI), en el contenido del nue- pasado, con el Capítulo 23 y Anexo 23-A del Tmec, vo ordenamiento no se está tomando en cuenta el en materia de libertad sindical y negociación colectiinterés de la clase trabajadora sino la necesidad polí- va, firmado por nuestro país con Canadá y Estados tica de entregar a los socios comerciales un traje a la Unidos, sus socios comerciales, en noviembre del 2018. medida que no entorpezca el Tmec.

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y del capital nacional y foráneo, como ocurrió con la reforma de 2012 que resultó hecha a modo de la clase empresarial abriendo la puerta a la tercerización. También cuestionable resulta la actitud asumida por los legisladores del partido mayoritario que desde el Congreso se han mostrado indiferentes a iniciativas ciudadanas tendientes a enmendar abusos contra miles de familias de bajos recursos en todo el país, como los cobros ilegales que desde hace años realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en octubre del 2009, no únicamente en el centro del país sino en diversos estados del país. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y el SME han acompañado con miles de firmas una propuesta para elevar el derecho a la electricidad a rango constitucional como un derecho humano, pidiendo el establecimiento de una tarifa social en favor de la economía de los que menos tienen y la aplicación del borrón y cuenta nueva que ha terminado por criminalizar a los usuarios. También se han negado a escuchar las exigencias de miles de pensionados que piden a las autoridades retornar al viejo sistema de pensiones solidarias, desechando el modelo de las cuentas individuales manejadas por las Afores y que amenazan con dejar sin una pensión digna a las nuevas generaciones que empezarán a conocer de su cruenta realidad en el 2021, al llegar a su jubilación los primeros trabajadores que ingresaron desde 1997 al nuevo esquema depredador. En su mayoría ni siquiera alcanzarán el número de semanas cotizadas y quienes lo hagan no obtendrán más allá del 30 por ciento de su último sueldo como raquítica pensión. Para desgracia de millones de ciudadanos, la actitud asumida por los nuevos “representantes populares” va adquiriendo cada vez más tintes neoliberales. MARIO JASSO /CUARTOSCURO

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 23-A, la entrada en vigor del Tmec daba un “plazo límite” al primero de enero de 2019 para que México adopte una serie de medidas relacionadas con el capítulo laboral del nuevo acuerdo. En torno a la posición del gobierno de Estados Unidos, el documento de la STPS, cita las palabras de Nancy Pelosi: “A menos que [México apruebe una legislación acorde a los compromisos del Tmec], ni siquiera podemos considerar [su ratificación]. Tenemos que ver que México apruebe la legislación, que ésta tiene los factores establecidos que asegurarán que se aplique y que demuestre algunos compromisos con sinceridad”. Según los tiempos establecidos, el cumplimiento de las nuevas directrices en materia laboral lleva un retraso de 3 meses. De ahí la premura de la nueva administración para despachar a la brevedad los cambios legislativos en la materia. Otra de las voces que ha exigido celeridad en el asunto es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, quien expresó que si México no aprueba la reforma laboral no podrá cerrarse el Tmec. Contrario a lo dicho por Mario Delgado, el funcionario reiteró en una transmisión vía internet desde Washington, el pedimento de Nancy Pelosi en el sentido de que el gobierno estadunidense discutirá el Tmec hasta que México concretice la mencionada reforma. Censurable que los “representantes del pueblo” no abordaran desde un principio la discusión de un tema tan delicado y trascendente para el futuro laboral y el nivel de vida de millones de mexicanos de una manera responsable, planteando desde principios de año una amplia convocatoria que permitiera discutir y analizar a fondo el tema para hacer una propuesta legislativa integral, con el fin de evitar la creación de una ley a modo de los intereses de las trasnacionales

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COOPERACIÓN BLINDADA PARA TIEMPO DE AGRESIONES ANTONIO RONDÓN/PRENSA LATINA

oscú, Rusia. En tiempos de agresiones, injerencias y bloqueos económicos de Occidente, Rusia y Venezuela blindaron su cooperación al celebrar en Moscú la XIV sesión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN). Estados Unidos aplica sanciones bajo los pretextos más inverosímiles contra Rusia y Venezuela, mientras contra la nación suramericana descarga todo lo posible de su arsenal: cerco económico, amenaza de agresión, injerencia y desestabilización del país. De hecho, como lo afirman las autoridades de Caracas, se estrena de forma masiva la ciberguerra de uno o más Estados contra otros para dañar la generación eléctrica, algo que bien puede ser catalogado con un crimen de lesa humanidad. Quizás por ello, en las conversaciones y los encuentros bilaterales, uno de los temas nuevos de la colaboración es la participación de Moscú en la readecuación tecnológica del sistema de generación eléctrica de Venezuela. Ello se suma a las facilidades de adquisición de alimentos y, sobre todo, trigo ruso. Venezuela tiene un consumo promedio de 60 por ciento de trigo para la panadería y 40 por ciento para pastos, declaró a Prensa Latina el ministro de Agricultura de ese país suramericano, Wilmar Castro Soteldo. El 60 por ciento del trigo consumido de panadería se importaba de Canadá, Estados Unidos o Argentina, y ahora esa producción, adquirida en Rusia, podría oscilar entre 600 y 680 mil toneladas al año, aclaró.

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Castro Soteldo afirmó que en el marco de la CIAN, efectuada del 1 al 5 de abril, se amplió la cooperación entre Venezuela y Rusia en la esfera agrícola, para también abordar el marco de la investigación y el desarrollo. Ello incluye la posibilidad de que vengan expertos venezolanos a Rusia para realizar estudios de superación, estudiar el mejoramiento genético o producción de insumos agrofertilizantes. De acuerdo con el ministro, se amplía la posibilidad de adquirir otros insumos agrícolas como el NPK, un fertilizante utilizado en Venezuela para la producción de cereales. Además, en la CIAN se constató un cambio de matriz en la cooperación económica, para dar un vuelco al intercambio comercial bilateral que apenas llegó a 89 millones de dólares en 2018. Esto responde a una remodelación del esquema económico venezolano para enfrentar una etapa decisiva de sustitución de importaciones, y en la creación de infraestructura y personal para acometer la tarea se busca la participación rusa. Ahora entramos en una etapa de reorganización del sistema económico y productivo de Venezuela, lo que supone un reordenamiento de los países de importación de insumos, afirmó el vicepresidente sectorial de Planificación de ese país, Ricardo Menéndez. Vamos a readecuar el sistema desde el punto de vista tecnológico, el sistema de inversiones y de complementariedad económica y productiva, aclaró el titular. Lo que para algunos puede representar una dificultad, será para los empresarios rusos un mundo

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de oportunidades, pues nos proponemos un esque- sición firme de Rusia en el apoyo a Venezuela, su ma de generación de cadenas de valor en Venezue- pueblo y orden constitucional, así como contra las agresiones. la, afirmó. El foro empresarial realizado en Moscú, que tendrá su próxima sede en Venezuela, demostró, Otras esferas con la asistencia de más de 400 empresas, el creciente interés de establecer contactos para futuros La esfera del transporte también tuvo espacio negocios e intercambios entre ambas partes. en la plenaria de la XIV edición de la CIAN, donde La ministra venezolana de Comercio Exterior, se planteó la posibilidad de trabajar en la modaliYomana Koteich, confirmó en la sesión plenaria de dad de vuelos compartidos para una conectividad la CIAN que la cartera de intenciones registrada más eficiente entre ambos países. en el foro empresarial se aproximó a los 3 mil 200 En el área del turismo y el deporte, se analizó millones de euros. la cooperación en el tema audiovisual, para interKoteich recordó que en los últimos 15 años, Ru- cambios culturales en el periodo 2019-2021, y la sia y Venezuela firmaron 268 acuerdos. realización conjunta de materiales fílmicos. Queremos cambiar el concepto de relación de Además, el próximo 21 de mayo se prevé la simple comprador o de simple vendedor, para fo- apertura de un Centro Iberoamericano en la sede mentar nexos comerciales con espacio para las in- de la capitalina Biblioteca de Lenguas Extranjeras, versiones y el principio de “ganar-ganar”, subrayó. donde se programa celebrar un mes venezolano. Venezuela, con su posición geográfica, busca Estamos en una nueva fase de los nexos entre convertirse en un enlace ambos países, declaró a de distribución aérea y Prensa Latina el vicemiLas dos naciones acoplarán sistemas marítima regional, desnistro venezolano para económicos. productivos y tecnológicos. el Desarrollo de las Tectacó Koteich. De su lado Timur La intención es celebrar acuerdos por 3 nologías de InformaMaximov, sustituto del mil 200 millones de euros en 2019 ción y Comunicación, presidente por la parte Camilo Torres. rusa de la CIAN, aseguLa idea consiste en ró a Prensa Latina que uno de los principales temas vincular las universidades a áreas estratégicas para fue la colaboración financiera. Venezuela como la esfera de hidrocarburos, destaLa parte de la contaduría es la base de la coordi- có el viceministro. nación en todas las otras esferas, proyectos y comerDe acuerdo con Torres, también hay una especio, consideró el funcionario ruso. cial intención en avanzar en el intercambio de idiomas que permita, a su vez, trabajar en áreas como la tecnología de información, comunicación, agronoDefensa de soberanía mía, salud, transporte, servicios y el sistema eléctrico. Además, trabajamos el tema de mecánica del Analizamos algunos asuntos de la agresión estadunidense para documentar la ruptura del orden agua y otros realmente operativos para nosotros, internacional, consideró Menéndez, en un encuen- en los cuales Rusia tiene un amplio conocimiento, tro con diputados de la Duma (cámara de diputa- consideró el funcionario venezolano. El viceministro se refirió al especial interés para dos rusa). Tuvimos un ataque al sistema eléctrico y un lograr en el futuro un consenso sobre un documenhostigamiento a la moneda nacional, con una per- to que lleve a la exploración del espacio de manera turbación de más de 4 mil por ciento, denunció el conjunta. La CIAN se convirtió en una clara brecha en el funcionario venezolano. Debemos generar precedentes en la denuncia muro económico que levanta Washington en torde crímenes de guerra económica, consideró el no a Venezuela, cuyo gobierno pretende crear una vicepresidente venezolano, quien agradeció la po- sólida base para la sustitución de importaciones.

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LA GUERRA CONTRA SIRIA UN PLAN LARGAMENTE PREPARADO PEDRO GARCÍA HERNÁNDEZ/PRENSA LATINA

Desde ese año y hasta más allá de la mitad amasco, Siria. El ﬂujo de armas, municiones y apoyo logístico junto a miles de de 2015, 90 mil terroristas, de ellos cerca de 17 mercenarios y extremistas fue como nun- mil (el 18 por ciento del total), de 80 nacionalica antes en el Oriente Medio, la aplicación de un dades diferentes, con asesoramiento de especialistas estadunidenses, franceses y británicos, en lo plan largamente elaborado contra Siria. Fue aplicado desde los centros de poder oc- fundamental, estaban dislocados en 15 de las 14 cidentales, especialmente alentado por Estados provincias del país, menos la de Tartus, en el MeUnidos y en contra del derecho internacional y el diterráneo sirio. De manera simultánea, los servicios de inteliescamoteo de decisiones o resoluciones de la Orgagencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel nización de las Naciones Unidas (ONU). A fines del 2011 y en el transcurso de los siguien- colaboraban con el plan mencionado a mediano y tes, se organizó un enorme tráfico de armas de todo largo plazo y en un proyecto denominado el Nido tipo, el entrenamiento de terroristas a cargo de la del Avispón, datos expuestos por el especialista de la Agencia Nacional otrora Blackwater, hoy de Seguridad estaduniAcademi y con larga Todo se conjugaba junto a una vasta dense, Edward Snowexperiencia como contratistas privados de desinformación, el corte de medios de den. El objetivo definido militares irregulares o comunicación y un bloqueo nunca antes era desmembrar a Siria retirados en Libia, Socomo país, eliminarla malia, Iraq y Afganistán. visto en la región de Oriente Medio como Estado que dePor esa época los fendía soberanía e inpuestos fronterizos de Siria con Turquía, Líbano, Jordania e Irak, unos 3 dependencia política y económica, al tiempo de mil kilómetros en total, salieron de control del go- restarle toda posibilidad de enfrentarse al régimen bierno de Damasco y a lo que se sumaron los ubi- sionista de Tel Aviv. Todo se conjugaba junto a una vasta desincados en las Alturas del Golán ocupado por Israel, bajo supervisión de los Cascos Azules de Naciones formación mediática, el corte de medios de coUnidas, a cuyos efectivos atacaron más de una vez municación, incluso los satelitales y un bloqueo en todos los órdenes nunca visto en la región del el entonces Frente Al Nusra, entre otros. A principios de 2012, la ONU reconocía el cre- Oriente Medio. Contribuían con sustanciales aportes financieciente contrabando de armas, el cual por entonces sobrepasaba los 500 millones de dólares, según do- ros, estimados en más de 20 mil millones de dócumentos revelados por la Red Voltaire, la periodis- lares las monarquías del Golfo Pérsico, utilizadas ta búlgara Dilyana Gaytandzieva o el diario croata como telón de fondo e intentar disminuir el activo papel de los centros de poder occidentales. Jutarnji List, entre otras fuentes.

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Los detalles del plan

denado a muerte, y es partidario de una CIA más “agresiva, brutal, despiadada e implacable”, según sus propias palabras. La guerra se impuso a Siria pero los principales compradores de armamento son, en la región, Arabia Saudita, con un aumento del 211 por ciento, y Qatar, que llega al 245, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri) y que abarcan las fechas mencionadas. Pero el subterfugio se hizo evidente porque una buena parte de esas adquisiciones, sobre todo en armas ligeras y pesadas, municiones y logística fueron a parar a manos de las organizaciones terroristas en Siria e Irak, fundamentalmente y a través de un bien organizado contrabando. A esos hechos se agregan que el proyecto contra Siria involucró a naciones del este europeo como Bulgaria y Rumania o de la exrrepública soviética de Azerbaiyán, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tan pronto fue desmantelado el socialismo en esas naciones y en cuyas fábricas de armamentos se producían fusiles AK, lanzacohetes RPG, morteros y municiones afines. Por lo tanto era un equipamiento bélico no esencialmente estadunidense al principio de la crisis y permitía escabullir las compras y contrabando en violación de las regulaciones internacionales al respecto. Detalles de esa enmarañada trama fueron revelados por la reportera búlgara Gaytandzieva, quien tras la liberación de Alepo comprobó la existencia de un centro coordinador de los terroristas dirigido por sauditas y nueve alijos de esos tipos de armas. Bajo constantes amenazas de muerte, reveló indicios de los vínculos búlgaros con la europea Security Insurance Company, vinculada al contrabando y tráfico de armamento y con nexos con la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y la empresa contratista privada Blackwater o Academi. 123RF

Figuras claves en el plan estadunidense fueron el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Petraeus, quien posteriormente asumió y amplió tales “responsabilidades” como director Ejecutivo de la firma Kolhberg, Kravis, Robert (KKR), con sede en New York, una multinacional administradora de fondos de inversión y capital de riego. También la asesoría de Jan Egeland, director del Centro noruego para refugiados, y Volker Perthes, al frente del Instituto alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad, y autor de más de cuatro libros sobre Siria de marcado carácter injerencista.

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De acuerdo con las más diversas fuentes, esas labores siguen en marcha y el papel “privado” de Petraeus es avalado por altos funcionarios vinculados a la administración de Donald Trump, como Jeffries Feldman, secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, o el exdirector de la CIA y actual secretario de estado, Mike Pompeo, y justo cuando entre 2012 y 2016 las exportaciones de armas estadunidenses hacia el Oriente Medio crecieron en más del 20 por ciento. Este último, cuyo nombramiento fue criticado, alegando que estaba a favor del espionaje masivo y de los líderes extranjeros, afirmó que Edward Snowden debía ser juzgado y eventualmente con-

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Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Washington y en menor medida, enfrentadas con remanentes del Daesh. Todas esas acciones fueron a contrapelo de las Naciones Unidas, sin respaldo jurídico alguno y en contra de las posiciones de Siria y Rusia, cuyos gobiernos, sin embargo, han tratado de negociar límites a esas operaciones o han denunciado maniobras y operaciones contraproducentes que violan las llamadas líneas rojas en un conﬂicto militar, las cuales son constantemente irrespetadas por el régimen sionista de Israel. En los tiempos actuales En la actualidad los éxitos en el terreno del EjérA partir de la solicitud de Damasco para la cito sirio y milicias aliadas como el movimiento de asistencia militar de Rusia, de acuerdo con tra- resistencia libanés, Hezbolá y palestinas, junto al tados establecidos legalmente, en septiembre del aporte decisivo de Rusia tras 4 años, permitieron 2015, la situación en el terreno comenzó a variar la liberación de 3 mil 929 localidades y el regreso a sus lugares de origen de más de 1 millón y medio a favor de las Fuerzas Armadas sirias. Vías de contrabando como la utilizada por la de desplazados y que conforman el 96 por ciento estadunidense, como la naviera Liberty Global del territorio nacional bajo el control de Damasco. De igual forma, las Logistic entre los pueroperaciones de desmitos de Livorno, Italia, Los éxitos en el terreno del Ejército nado y rastreo de uniAqba, Jordania y Jedda, Arabia Saudita, fueron Sirio, milicias aliadas y Rusia permitieron dades del Ejército sirio limitadas para evitar la liberación de casi 4 mil localidades y el permitieron en las áreas desalojadas de terrorisescándalos públicos o regreso de un millón de desplazados tas, el hallazgo de miles atenuar los impactos en de pertrechos, incluidos la opinión pública. Las tácticas variaron y los lotes de armas hacia armas pesadas, misiles tipo Tow, insumos médicos Raqqa, la que fuera capital del Estado Islámico, y equipos de comunicación equivalentes según esDaesh, en Siria, también encontraron obstáculos, timados al equipamiento de varios batallones de así como la entrega de camionetas tipo Hilux, de efectivos y en su mayoría de fabricación israelí, esla Toyota japonesa, ideales para el terreno desérti- tadunidense, británica y francesa. El extenso y largo plan contra Damasco no ha co sirio y de amplia y continua utilización por los variado en lo esencial, solamente recurre ahora a yihadistas. Si de 2012 y hasta 2014 los centros de entre- nuevas tácticas y operaciones aún mas encubiertas namiento regenteados por Academi en la frontera o abiertamente injerencistas como el respaldo de turco-siria prepararon pelotones de 12 a 15 inte- Estados Unidos al régimen de Israel para anexar el grantes para irrumpir en territorio sirio a un costo territorio sirio ocupado desde 1967 en las Alturas de 15 mil dólares cada uno para una guerra irregu- del Golán. Igualmente el saboteo a cualquier negocialar, tácticamente Estados Unidos y sus aliados de la Coalición Internacional decidieron establecer más ción que ponga una detente a la guerra impuesde una docena de bases en las provincia sirias de ta a esta nación del Levante que ha costado casi Hasaka, el norte de la de Deir Ezzor y la de Al Ta- medio millón de muertos y mutilados, pérdidas económicas por cerca de 500 mil millones de dónef, junto a la frontera sureña con Jordania e Irak. Asimismo, Turquía dislocó no menos de 20 mil lares y el desplazamiento tanto hacia el exterior efectivos en el norte de Alepo y en enfrentamien- como al interior del país, de casi 10 millones de tos con milicias kurdas y de las llamadas Fuerzas personas. Otra entidad de carácter social y política, no comprometida con los traficantes, la Balkan Investigative Reporting Network, indicó que desde finales de 2012 Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos pagaron más de 500 millones de armas para los terroristas. Datos en ese sentido fueron también expuestos por Pierre Balamin, de Asia News, los reporteros turcos Yoruk Isik y Alper Beler o el expiloto al servicio de la CIA, Robert Tosh Plumlee, entre otros.

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NUNCA OLVIDAR

LOS 100 DÍAS QUE ENSANGRENTARON A RUANDA JULIO MOREJÓN/PRENSA LATINA

a Habana, Cuba. Toda la violencia posible se concentró en los días que sucedieron al derribo en abril de 1994 del avión presidencial, en el que perecieron los mandatarios de Ruanda y Burundi, Juvénal Habyarimana y Cyprien Ntayamira. Esos jefes políticos regresaban el 6 de abril de ese año de una reunión en Tanzania, donde se abordó el tema de la paz entre la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR) y el gobierno de Kigali. La muerte del gobernante hutu destrozó un posible entendimiento entre los dos rivales y constituyó un argumento básico para los grupos extremistas. Las investigaciones periciales tras el magnicidio indicaron que el ataque al avión presidencial de Habyarimana se ejecutó desde un área de los remanentes del Ejército, aunque se quiso responsabilizar a la guerrilla, acusación que nunca se probó. De hecho, los militares y las milicias extremistas estaban perdiendo la guerra; se percibía un final que ningún tipo de negociación entre el gobierno y el Frente Patriótico Ruandés podría cambiar y menos cuando los insurgentes ya controlaban parte de la capital. Los grupos paramilitares echaron a andar una maquinaria de destrucción basada en preceptos de la limpieza étnica, pero en su irracionalidad no sólo fue contra los ciudadanos tutsis, sino que se extendió a todos los que asumían una conducta política moderada, fuera de cualquiera de las dos comunidades. Un fenómeno racista, cuya semilla se sembró en tiempos de la colonización, germinó en pleno siglo XX como dramática expresión de la lucha por el poder. La sorprendente brutalidad que le acompañó marcó nuevos compases luctuosos en el concierto africano, y con lo cual, además, sentó un terrorífico precedente.

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Proyecto criminal El genocidio de Ruanda constituyó la culminación de un proyecto criminal calculado, en el cual el detonante (el magnicidio) era sólo una parte del engranaje en un país con complejas relaciones interétnicas y desde donde el conflicto armado interno irradió al resto de la región de los Grandes Lagos. Fuentes nacionales indicaron que la preparación de las masacres comenzó alrededor de 1991, cuando los radicales hutus, comandados por Habyarimana y uno de sus coroneles, Théoneste Bagosora, formado militarmente en Bélgica y Francia, elaboraron los documentos fundamentales para realizar acciones antitutsis. También se señala la actuación de Anatole Nsengiyumwa, quien trabajó en la creación de un grupo dentro del ejército llamado Amasasu (“bala” en kinyaruanda), encargado de integrar una facción para enfrentar a los destacamentos del FPR, que para 1994 estaba consolidado y hacía peligrar la estructura del poder. No hubo contención, los homicidas cebaban su sevicia en poblados y zonas que, incluso, se mantenían relativamente al margen de la guerra civil e incluso asaltaron entidades humanitarias, como ocurrió en Kibuye. La élite hutu –la más radical– llamaba a exterminar a los que identificaban como “las cucarachas tutsis” decapitándoles, amputándoles partes de sus extremidades hasta desangrarlos, golpeándolos con garrotes o cortándoles con machetes. Las violaciones y el asesinato masivo en áreas cerradas para evitar huidas de víctimas, fueron otros métodos. El panorama era sobrecogedor, en las carreteras

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crimen contra los militares europeos condujo a la retirada de soldados belgas del contingente de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ruanda. Testimonios de víctimas y sobrevivientes del genocidio recuerdan casos como el de Kibuye, donde varios miles de ciudadanos fueron masacrados en el curso de una sola matanza. Allí el gobernador ordenó a los gendarmes conducir a la gente que él había elegido para ser asesinada a dos lugares: la iglesia y el estadio. El funcionario dijo a las víctimas que ese movimiento era por su seguridad, que estarían protegidos de la violencia, pero un par de semanas después del traslado a esos dos lugares fueron atacados por la policía y la milicia que les custodiaban y debían ofrecerle protección. Hechos como ese se repitieron en el pequeño país, donde la guerra civil y la lucha por el poder destrozaron las premisas de la convivencia, la armonía, la solidaridad humana y crearon un monstruo, el cual pasado el tiempo aún es difícil de desmontar, y pese a todas las legislaciones y tribunales especiales, imposible de olvidar. El episodio ruandés desencadenó una crisis subregional que transformó la dinámica del área y cuyo próximo foco de conflicto pasaría a ser el territorio congoleño a partir de 1997, luego de que la ONU y las tropas francesas realizaron la Operación Turquesa para detener al FPR, que perseguía a perpetradores del genocidio de Ruanda. En aquel entonces la guerrilla declaró que la presencia de soldados galos en sus zonas se interpretaría como una invasión y que esa misión se ejecutaba para salvar al gobierno ruandés, al cual París apoyaba con anterioridad con armas y fondos financieros. 123RF

se colocaron puntos de control, donde aniquilaban a los tutsis. Una y otra vez perecían asesinados a disparos o macheteados y a esa carnicería se sumaban pobladores que en tal situación se transformaron en verdugos de hasta sus propios vecinos hutus moderados. Conforme con centenares de testimonios recogidos en actas de procesos judiciales, integrantes de agrupaciones religiosas también apoyaron la masacre, al entregar a las facciones radicales o a integrantes del Ejército a tutsis refugiados que se hallaban al abrigo de dependencias de culto. Era una falange mayormente hutu que aniquiló a individuos de las dos comunidades que asumían una conducta política moderada y/o eran opositores a Habyarimana y cercanos al FPR. Las masacres avanzaron a paso de gigante, en solo 100 días hubo entre 800 mil y 1 millón de muertes. No obstante, a la venganza inicial ejecutada por los efectivos de la Guardia Presidencial hutu, lanzada en una carrera descomunal a capturar y asesinar tutsis, continuó la presunta revancha de los grupos paramilitares por el magnicidio, cuando aún permanecía confuso quiénes eran los culpables de derribo del avión. El periodista español Alfonso Armada narró un episodio: “Ayer fueron repatriados los cadáveres de los 10 soldados [belgas] asesinados al día siguiente del magnicidio. Los 10 ataúdes escondían un terrible secreto: antes de morir las tropas hutus les arrancaron los ojos, les cortaron los tendones y los desfiguraron por completo”. La referencia era sobre la muerte de los cascos azules de la escolta de la primera ministra ruandesa Agathe Uwilingiyimana y su esposo, todos fueron víctimas de efectivos de la Guardia Presidencial. El

OPINIÓN

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PEMEX VENDIÓ GASODUCTOS

LOS RAMONES Y CHIHUAHUA PARA NO ENTREGARLOS AL CENAGAS

15 de abril de 2019

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Sin licitación, Pemex vendió gasductos Los Ramones y Chihuahua a la estadunidense IEnova, con la que estaba asociada y que ahora es señalada por el presidente López Obrador de cobrar a la CFE sin transportar gas natural por los ductos NANCY FLORES/PRIMERA DE DOS PARTES

CONTRALÍNEA

ecién se había terminado de construir el gasoducto Los Ramones Fase II Norte cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) ya lo estaba vendiendo –sin licitación de por medio– a IEnova y al fondo de inversión BlackRock. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que IEnova cobra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) penalizaciones millonarias, pese a que no brinda el servicio de transportación de gas natural por sus ductos. La prisa de la petrolera estatal por deshacerse de esa infraestructura fue para no cederla al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), revela el libro blanco que documenta el proceso de desinversión, y del cual se tiene la versión sin censura. “Considerando que a nivel federal se creó el Cenagas, y aunado al entorno de precios bajos del petróleo, Pemex decidió enfocarse en las actividades que generan mayor valor, monetizando en 2015 y 2016 sus participaciones en el negocio de transporte de gas natural por ducto”, indica el libro blanco Desinversión en Ramones. Periodo 2012-2018, elaborado por la

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Dirección Corporativa de Finanzas de la petrolera al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Formalmente, la desinversión en Los Ramones Fase II Norte inició en 2017, apenas 3 años después de iniciada su construcción (el 27 de marzo de 2014) como parte de un ambicioso plan de expansión en el negocio del transporte de gas natural por ductos, 30

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que Pemex y la CFE arrancaron a mediados de 2012 y para el cual se tenía planeado invertir 23 mil 619 millones de dólares del erario, consta en documentos de la petrolera de aquella época. No obstante el tamaño de la inversión, como consecuencia de la reforma energética, Petróleos Mexicanos estaba obligada a ceder sus gasoductos al Cenagas, creado a fines de agosto de 2014. En total, la petrolera le transfirió infraestructura con un valor superior a los 7.4 mil millones de pesos, pero no los dos gasoductos que involucran a IEnova: Los Ramones y Chihuahua. En el caso de Los Ramones Fase II Norte, en vez de ceder su porcentaje al Cenagas, lo vendió a sus socias. Según el libro blanco, la subsidiaria Pemex Transformación Industrial (antes Pemex Gas y Petroquímica Básica) mantenía una participación indirecta de apenas el 30 por ciento total en esa infraestructura: los dueños mayoritarios eran IEnova –filial de la trasnacional estadunidense Sempra Energy– y BlackRock, con 25 y 45 por ciento, respectivamente. Como muchos negocios paralelos de Pemex, en este gasoducto la petrolera del Estado involucró a dos de las 90 empresas “privadas” que poseía entonces tanto en México como en el extranjero, incluidos paraísos fiscales (https://bit. ly/2CPmyxP ). Así, resultaba que no era la propietaria directa de ese 30 por ciento invertido. Y es que las verdaderas dueñas eran Ductos y Energéticos del Norte, S de RL de CV –que Pemex poseía en sociedad al 50 por ciento con IEnova–, y TAG Pipelines, S de RL de CV, filial del Grupo Mex Gas (https://bit.ly/2G8mee7 ) radicado en España y que aún controla Pemex Transformación.

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Según el libro blanco, ese 30 por ciento se distribuía de la siguiente forma: “Pemex Transformación Industrial era propietaria del 50 por ciento de la empresa Ductos y Energéticos del Norte, y su participación representaba el 25 por ciento del total del proyecto [gasoducto]”. Agrega que esa misma subsidiaria “era propietaria de 5 por ciento adicional del proyecto a través de TAG Pipelines, del Grupo Mex Gas”. El resto del gasoducto, indica el documento, “era propiedad de dos empresas: IEnova Gasoductos Holding, S de RL de CV, y TETL JV México Norte, S de RL de CV (BlackRock), con una participación del 25 y 45 por ciento, respectivamente”.

El costo Hacia mediados de 2012, Pemex calculaba que el gasoducto Los Ramones (Fases I y II, con una longitud de 1 mil 221 kilómetros) implicaría gastos al erario por 3 mil 291 millones de dólares y, desde entonces, la planeación de su construcción estaba a cargo de las empresas “privadas” del Grupo Mex Gas (https://bit.ly/2VzMJjr ). Cuatro meses antes de que arrancaran las obras de construcción, el 25 de octubre de 2013, Pemex dio a conocer que Los Ramones Norte tendría una inversión estimada en 1 mil 52 millones de dólares. Para entonces, la longitud de esta Fase se calculó en 441 kilómetros de ducto y dos estaciones de compresión entre la región de Los Ramones, en Nuevo León, y San Luis Potosí. El desarrollo de este trayecto estaba a cargo de TAG Pipelines y Gasoductos de Chihuahua.

La desinversión Con la llegada del Cenagas al año siguiente, por ley Pemex fue sacado de este mercado y, como Los Ramones no era ciento por ciento de su propiedad, decidió venderlo. En el libro blanco justifica su acción al decir que renunciaba a “las actividades no relacionadas con su modelo de negocio”, para enfocarse en las que le “generan mayor valor”. El proceso no se llevó a cabo con una licitación pública ni de forma abierta en la bolsa de valores: directamente se informó a los dos accionistas mayoritarios para explorar la posibilidad de una venta

Libro Blanco. Revelaciones

directa, se desprende del libro blanco en su versión no censurada. “El 31 de marzo de 2017, IEnova y BlackRock mostraron interés en analizar la posible adquisición de la participación de Pemex Transformación Industrial en Los Ramones II Norte, mediante la potencial adquisición del 50 por ciento de participación en Ductos y Energéticos del Norte por parte de IEnova.” Al no ser Pemex la dueña directa de esta participación, sino sus empresas “privadas”, esta información privilegiada que se les dio a las accionistas mayoritarias no se consideraría un tema de tráfico de influencias ni de beneficios indebidos, sino de “competitividad”. Para el 8 de junio de ese mismo año, IEnova presentó su primera y muy baja propuesta para adquirir el 50 por ciento del capital social de Ductos y Energéticos del Norte, y los créditos con socios otorgados

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dio en Ductos y Energéticos del Norte. No obstante, Pemex no pudo colocar en esa operación el 5 por ciento restante que posee a través de TAG Pipelines.

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Los Ramones

Venta de ductos, antes de tener quer transferirlos al Cenagas

por parte de filiales de Pemex a esa misma empresa que poseían en sociedad (los créditos intercompañía): 207 millones de dólares. Pemex rechazó la oferta al estimar que “no presentaba un valor razonable”. Dos meses después hubo una contraoferta: el 29 de agosto IEnova puso sobre la mesa 231 millones 260 mil 667 dólares. En septiembre, “el agente estructurador presentó el informe de valuación donde se manifiesta que el precio ofrecido se encontraba dentro del rango de la valuación realizada por el estructurador”. La venta se anunció el 6 de octubre y se concretó el 16 de noviembre, por un monto total de 260 millones 591 mil 44 dólares por el 25 por ciento de la participación de Pemex en el gasoducto. Apenas 6 días antes de esa operación, la Comisión Federal de Competencia Económica había autorizado el estu32

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El informe anual que Pemex rindió ante la estadunidense Securities and Exchange Commission en 2017 refiere que el monto por 260 millones de dólares “se encuentra dentro del rango de las valoraciones de compañías comparables y transacciones pasadas en el sector de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, y creemos que refleja el justo valor de mercado. Esperamos que los ingresos de esta venta contribuyan a mejorar nuestro perfil financiero y a disminuir nuestra necesidad de reunir capital en los mercados de deuda”. Aunque en ese mismo informe la petrolera esperaba concluir la venta del restante 5 por ciento en la primera mitad de 2018, esto no sucedió. El informe al cuarto trimestre de 2018 que presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da cuenta que fue hasta el 4 y 5 de septiembre cuando finiquitó la operación. Esos días, indica, se realizó “la venta de las acciones de TAG Norte Holding que se tenían en instrumentos de patrimonio por 43 mil 36 dólares (826 mil 46 pesos), lo que representó una utilidad de [apenas] 10 mil 257 pesos”. El monto contrasta con la primera venta, cuando cada punto porcentual de la participación se vendió en 10 millones 423 mil 641 dólares. Pero en esta última venta habría ascendido a apenas 8 mil 607 dólares por punto porcentual.

La participación de Odebrecht El gasoducto Los Ramones no estuvo lejos de la sospecha de corrupción: su construcción benefició al consorcio OAT, integrado por Odebrecht, Techint y la mexicana Arendal. Fue el 25 de julio de 2014 cuando Pemex dio a conocer que su subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, a través de su filial Tag Pipelines Norte, le adjudicó a ese consorcio “el contrato para la ingeniería, procura y construcción, una vez que demostró cumplir con todos los requerimientos necesarios”. Los socios de Tag Pipelines Norte son Tag Pipelines, Gasoductos

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de Chihuahua y PMI Holdings, del llamado Grupo PMI. Aunque Pemex ya sabía que no iba mantener este negocio en su cartera, se afanó por sacarlo adelante. Para el 11 de febrero de 2015 –cuando ya estaba en operación el Cenagas–, el subdirector de Gas Natural de Pemex Gas, Jorge de la Huerta, informaba el estatus del proyecto Los Ramones Fase II: para entonces la filial TAG Pipelines Norte había firmado con el Banco Santander los documentos del financiamiento, con lo cual se logró el cierre financiero en diciembre de 2014; había obtenido el ciento por ciento de liberación de la ruta por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia; contaba con un avance en adquisición de derechos de vía del 98 por ciento (440 kilómetros), y obtenido el ciento por ciento en anuencias de construcción (449 kilómetros). En Pemex ya se sabía que la desinversión estaba en puerta: había empezado el proceso de venta de su filial Gasoductos de Chihuahua y ese era el primer paso para vender Los Ramones. Diez meses después, en diciembre, Los Ramones Fase II Norte comenzó operaciones con una capacidad de 1.4 mil millones de pies cúbicos; para entonces, Pemex reconocía que la inversión ascendió a 1.3 mil millones de dólares. Hasta la fecha, la petrolera no ha aclarado a cuánto ascendió realmente el gastó del erario en el gasoducto, y si ese costo se recuperó con los 260 millones 634 mil 80 dólares que capitalizó con la venta de su 30 por ciento de participación.

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COMEXA, EL PROYECTO BINACIONAL

MÉXICO-EU QUE DEFRAUDÓ EN CHIAPAS 34

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Cerca de 500 trabajadores chiapanecos demandan a Estados Unidos y México el pago de 200 millones de dólares. Laboraron en Comexa, un proyecto binacional para erradicar el gusano barrenador, pero fueron objeto de discriminación, malos tratos y, finalmente, de despido ALBA OLEA

ALBA OLEA

l Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) y el Sistema Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) adeudan alrededor de 200 millones de dólares por indemnizaciones, salarios caídos y jubilaciones a 459 trabajadores despedidos de la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador de Ganado (Comexa), señala el abogado Andrés Rodríguez Zárate, defensor legal de los trabajadores. El Senasica y la Sader de México reconocen el problema y, señalan en respuesta a solicitud de información de Contralínea, que acatarán lo que fallen los tribunales. La contraparte estadunidense, en quien principalmente recae la responsabilidad económica, guarda silencio. Los trabajadores y su defensor legal han emprendido desde hace 20 años múltiples demandas laborales: porque no gozaron de igualdad salarial en relación con los empleados estaduni-

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denses de la Comisión; porque fueron injustificadamente despedidos y mal liquidados; porque nunca fueron reinstalados en su centro de trabajo como dictó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), y porque, a pesar de su antigüedad, no han tenido acceso a jubilación y seguro social. La Comexa fue creada en 1972 por México y Estados Unidos para erradicar la plaga del gusano barrenador que afectaba la producción ganadera de ambos países. Con este fin, en la planta chiapaneca de Chiapa de Corzo se producían moscas estériles con dosis bajas de radiación para combatir la reproducción de la especie. Si bien la Comisión desapareció en 2012, ni México ni Estados Unidos cumplieron con el pago de sus obligaciones pendientes. Los trabajadores (despedidos de forma sucesiva en 1999, 2004, 2006 y 2009) aún están a la espera del pago de salarios caídos, indemnizaciones y, principalmente, de su jubilación. De acuerdo con la proporción del financiamiento binacional de la Comisión México Americana, Estados Unidos es el mayor deudor: le corresponde pagar el 80 por ciento de la deuda, esto es 160 millones de dólares.

Por los defectos del proceso, en mayo de 2000, los trabajadores despedidos ganaron la demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Durante años intentaron que se ejecutarán los laudos, es decir, que fueran efectivamente reinstalados en su centro de trabajo, pero las autoridades estadunidenses no lo permitieron. En 2003, ante la negativa de reinstalar a los trabajadores, su defensor legal inició una demanda contra Estados Unidos: “fueron años; hicimos cartas rogatorias, fuimos a Process Forwarding International para que los notificaran, viajamos a la embajada de Estados Unidos, pero los agregados nunca hicieron el trámite adecuado para hacer las consultas diplomáticas”, explica en entrevista Andrés Rodríguez Zárate, abogado de los trabajadores. El gobierno mexicano no convocó a Estados Unidos a juicio y éste, a pesar de ser notificado por diversas vías, no se presentó. Tampoco expresó su negativa a asistir, por lo que impidió constantemente que los trabajadores llevaran la demanda a instancias internacionales. Para quienes conservaron su trabajo en la Comexa después de 1999, la reapertura y reestructuración de la planta implicó otro tipo de problemas. A partir de abril de aquel año, el régimen del seguro social pasó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que, después de años o décadas de aportaciones, los trabajadores comenzaron a cotizar desde cero. Para Jaime Gómez Tovilla, quien fue jefe de mantenimiento del área eléctrica y trabajador de la planta de 1982 a 2006, este cambio implicó que más de 2 décadas de trabajo para la misma institución quedaran divididas en regímenes diferentes. A la fecha, el ISSSTE no ha validado su antigüedad ni ha hecho efectiva su jubilación. Jaime Gómez Tovilla, adulto mayor, invidente y discapacitado, explica en entrevista que

El gobierno mexicano no convocó a Estados Unidos a juicio, y éste, a pesar de ser convocado por otras vías, no se presentó

Despidos injustiﬁcados, desacato de laudos y falta de seguro social El 15 de abril de 1999, más de 600 trabajadores de la Planta Productora de Moscas Estériles de Chiapas fueron despedidos (presionados para renunciar) a causa del supuesto cierre de las instalaciones. Sin embargo, al día siguiente la planta “reabrió” y sólo algunos empleados fueron convocados nuevamente a trabajar. Los trabajadores despedidos iniciaron la lucha por su reinstalación, toda vez que no fue respetado su derecho de preferencia en la contratación y su liquidación no fue correctamente integrada. 36

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Trabajadores, de Comexa, en la indefensiòn

recibe una pensión de 3 mil pesos mensuales a pesar de que le corresponde una jubilación de 15 mil pesos; no es beneficiario del seguro social y ha logrado mantenerse únicamente gracias a la ayuda de familiares. El ISSSTE tampoco ha otorgado su jubilación a los trabajadores despedidos en 1999 (quienes, por haber ganado la reinstalación, no sólo tienen derecho al seguro social sino al salario que no cobraron por décadas) porque la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Sader) –autoridad mexicana a cargo de la Comexa– no ha cubierto las cuotas que se comprometió a pagar como parte del finiquito. De acuerdo con el abogado Rodríguez Zárate, el Estado está obligado a subsanar el requisito que pide la ley del ISSSTE, a absorber el daño causado por los funcionarios que impidieron la

reinstalación de los trabajadores. México y Estados Unidos deben reparar el daño a elección de los ofendidos, y lo que estos quieren es el pago de su indemnización, señala.

La lucha por la homologación salarial De 1999 a 2012, la planta siguió operando principalmente con trabajadores de poca antigüedad, poco especializados o nuevos, es decir, con menos derechos laborales, afirma el abogado Rodríguez Zárate. Durante la década de 2000 algunos trabajadores activos decidieron demandar la homologación salarial con los trabajadores estadunidenses. Los empleados de Estados Unidos de la Comexa también trabajaban en Chiapas, pero ganaban en dólares y mucho más que los mexi-

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canos. “No tenían apellido estadunidense porque eran pochos, mexicanos. Eran unos reyes en Tuxtla Gutiérrez, tenían todas las comodidades. Les pagaban lo que en justicia le pagan a cualquier trabajador americano; pero eso mismo deben ganar los mexicanos que sirven al gobierno de Estados Unidos”, señala Rodríguez Zárate. Adolfo Bonifaz Estrada trabajó durante 30 años en la planta. Pasó de ser obrero de producción a ser jefe de laboratorio de investigación. Fue despedido en 2006 porque, según le dijeron, estaban ajustando personal. Sin embargo, él atribuye el despido a su actividad de defensa: “Yo reclamaba a las autoridades algunas acciones que tenían hacia los trabajadores, y eso les molestó porque les decía que estaban abusando, que no estaban respetando los derechos del trabajador”, señala en entrevista con Contralínea. Mientras que Adolfo Bonifaz ganaba 10 mil pesos mensuales, su homólogo, es decir, el empleado estadunidense a cargo de un puesto equiparable al suyo, ganaba 80 mil pesos. A sus 60 años, Adolfo no ha cobrado su jubilación y se le adeudan entre 10 y 12 millones de pesos por 12 años de salarios caídos tomando como base el salario mínimo estadunidense. “Había trabajadores que tenían especializaciones y certificaciones académicas más altas que los norteamericanos, pero no les pagaban ni la sexta parte que a ellos, ¡por hacer lo mismo! ¿Cómo es posible? Los estaban explotando de la forma más vil, no les pagaban bien, los corrían a la hora que querían”, expresa Rodríguez Zárate. En 2004, algunos obreros intentaron crear un sindicato de trabajadores de la mosca, pero el proyecto no concluyó porque despidieron a los involucrados, sin liquidación y sin posibilidad de volver a la planta. En 2006 y 2009 hubo más olas de despidos porque cada vez eran más los trabajadores que se animaban a demandar la homologación salarial. Pero en septiembre de 2012, en vista de que el gusano barrenador de ganado fue finalmente erradicado en ambos países, el secretario de Agricultura de México y el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos acordaron terminar el acuerdo binacional, desaparecer la Comexa y cerrar la planta productiva. Se comprometieron 38

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“Había trabajadores que tenían especializaciones y certificaciones académicas más altas que las de l

a aportar, cada país, 1 millón de dólares para el pago de obligaciones pendientes, entre ellas las laborales. “Yo me reía porque nada más un trabajador tenía por cobrar 420 mil dólares. O sea, la mitad de lo que aportaba cada país ya era de un trabajador, ¿y los demás?”, expresa Andrés Rodríguez Zárate.

Rumbo a la resolución del conflicto El Senasica, consultado por Contralínea sobre el incumplimiento de los laudos del TFCA, asegura que actualmente “se encuentran activos un total de 217 juicios, que se siguen ante la Junta Especial 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tuxtla Gutiérrez, así como en la Junta Federal y el Tribunal Federal, ambos de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México”.

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tas que las de los estadunidenses, pero no les pagan ni la sexta parte de lo que les pagaban a ellos”

El Servicio, órgano desconcentrado de la Sader y también responsable de la Comisión México Americana, asegura que acatará las disposiciones correspondientes “cuando las autoridades jurisdiccionales emitan la resolución, en estricto apego a derecho”. Contralínea consultó al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por su sigla en inglés), agencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y responsable de la Comexa, respecto a su responsabilidad ante los laudos dictados por el TFCA y la deuda que mantienen ante los trabajadores mexicanos, pero no se obtuvo respuesta. Con independencia de los juicios vigentes, tanto el USDA, el APHIS, la Sader y el Senasica han desobedecido las disposiciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cada día que pasa, la deuda con los trabajadores continúa

creciendo: los salarios y las jubilaciones no entregadas se suman al monto total, y a pesar de que los obreros fallezcan, como efectivamente ha sucedido en algunos casos, sus familiares se convierten en beneficiarios. Rosel Méndez Cruz, obrero especializado en la crianza del gusano barrenador despedido de la Comisión en 1999, informa en entrevista que más de 50 trabajadores demandantes han fallecido por falta de atención médica y recursos económicos. “Ya es gente grande, gente adulta, enfermos que se están muriendo. No sé si ese es el plan de la autoridad, que se vayan muriendo para finalmente irnos debilitando”, advierte Adolfo Bonifaz. Después de 20 años, algunos trabajadores han recibido pagos parciales; otros, nada. Incluso un trabajador recibió un cheque sin fondos firmado por una cónsul mexicana en Estados Unidos, reclama el abogado Rodríguez Zárate. Se hizo la denunciada ante la PGR, pero el delito nunca fue perseguido. En su última visita a la Ciudad de México, en febrero pasado, los obreros despedidos de la Comexa exigieron al gobierno federal la resolución del conflicto y lograron acordar una mesa de trabajo con la Sader, el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. De acuerdo con Rosel Méndez Cruz, su objetivo en la negociación, aún sin fecha, es que la Sader cumpla ante el ISSSTE el pago de la seguridad social, que la SRE exija al gobierno estadunidense cumplir con sus obligaciones, y que la SHCP conozca el monto total del adeudo en caso de que decida que México lo cubrirá íntegramente. “Nosotros le hicimos saber al presidente en una carta que su apoyo consiste en intervenir para hacer venir a las partes de México y Estados Unidos, que nos sentemos para que sepan de nuestra viva voz, con documentos, el daño y el perjuicio al que nos han sometido, porque estamos hablando de discriminación racial que nos ha causado pobreza y muerte”, expresa Rosel.

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Estads Uniidos no reconoce responsabilidad algiuna ante los trabajadores mexicanos

Si bien están a la espera de que México resuelva el conflicto, los obreros chiapanecos y su abogado buscan llevar la demanda a Estados Unidos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si vamos a juicio en Estados Unidos no les va a costar lo mismo, porque en Estados Unidos existe el daño punitivo, una multa por el acto ilegal cometido, ¿y tú crees que no ganemos cuando hay falsedad de declaración de funcionarios, cuando hay cheques sin fondos? Vamos a ganar”, considera el defensor legal. Ni la Embajada de Estados Unidos de América en México ni el Departamento de Agricultura del gobierno de ese país respondieron a las solicitudes de entrevista presentadas pos Contralínea. Sin embargo, en respuesta a una nota diplomática promovida en enero del presente año como parte del juicio laboral contra la Come40

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xa, la Embajada estadunidense en México consideró que “Estados Unidos no es responsable de ninguna acción en relación con los conflictos laborales” dado que ya no existe la Comisión ni el financiamiento para sus operaciones. Tal respuesta se asienta en un documento enviado por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Junta Especial 15 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 13 de marzo, al cual Contralínea tuvo acceso. En su comunicación, la embajada también señaló que es responsabilidad exclusiva del gobierno mexicano brindar defensa legal en caso de litigios en su territorio, asumir las obligaciones laborales exigidas por la Ley y Reglamento laborales y llevar a cabo las negociaciones necesarias, como, asegura, quedó asentado en el acuerdo binacional que dio origen a la Comexa.

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MÉXICO Y SU CICLO ECONÓMICO POSTNEOLIBERAL La desaceleración global, las consecuencias del desmantelamiento de espacios de corrupción e ineficiencia y la desconfianza del establishment por una nueva política, se identifican como las amenazas económicas al nuevo gobierno. El apoyo popular deriva precisamente de la demanda de nuevas formas de desarrollo económico LUCÍA CONVERTI, ECONOMISTA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. HA TRABAJADO COMO JEFA DE GABINETE DE PRESIDENCIA DEL BANCO BICE (2014-2015)/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA

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ECONÓMICO ANÁLISIS

espués de 36 años de neoliberalismo que hundieron a la mitad de México en la pobreza y a todo el país en un ciclo de inseguridad y corrupción, los mexicanos optaron por un cambio. Llegando al cuarto mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con los datos en mano del cierre de 2018, se puede marcar un punto de partida para este nuevo proceso que se abrió en México. Desde aquí se enmarcan las primeras medidas de política económica hacia la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que buscará su aprobación en el Congreso Nacional a fines de abril y la posibilidad de avanzar hacia un país con mayores niveles de justicia social.

El punto de partida Los siguientes indicadores reflejan el estado de situación de la economía mexicana al comenzar el mandato de López Obrador. El producto interno bruto (PIB) muestra un crecimiento interanual entre el cuarto trimestre de 2017 y el de 2018 de 1.8 por ciento. Acompañaron el crecimiento de la producción el sector primario y terciario con un aumento del 2.7 por ciento. En contraste, el sector secundario, durante el cuarto trimestre, cayó 0.8 por ciento. Comparando estos valores con los anuales, puede distinguirse una desaceleración del ritmo de la actividad económica mundial en el último trimestre de 2018. Esta caída del nivel de actividad económica también condujo a una disminución en los pronósticos de crecimiento de la economía de México y del mundo para 2019 y 2020 respecto a lo esperado. La Inversión Bruta Fija recibió el impacto en el último trimestre (-2.3 por ciento), marcando un crecimiento muy bajo para la medición interanual. La inflación anual alcanzó un 4.8 por ciento, superando el objetivo establecido por el Banco de México de 3 por ciento. Asimismo, el nivel de inflación de la canasta básica llegó a 5.6 por ciento, mostrando un mayor impacto del au-

mento de precios en los productos de primera necesidad. En este sentido, tuvieron un fuerte peso los gasolinazos impulsados por Enrique Peña Nieto, al liberar el precio del combustible el año anterior. Sin embargo, la caída de la producción global impactó en los últimos meses del año reduciendo los precios del petróleo y otras materias primas y, consecuentemente, moderando las presiones inflacionarias para el nuevo periodo. Parte importante del bajo crecimiento del producto y el aumento de precios puede relacionarse con la caída de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que Enrique Peña Nieto fue privatizando por partes desde el inicio de su gestión. La caída de la producción durante 2018 fue de 7 por ciento; sin embargo, suma un 28 por ciento en el sexenio del expresidente. Como era de prever, esta caída tuvo consecuencias sobre el ingreso presupuestario que necesitó de financiamiento tanto interno como externo para solventar los gastos corrientes. Sin embargo, debe mencionarse que el ajuste impulsado por Peña Nieto para reparar las cuentas fiscales mantuvo los indicadores de este último año dentro de los niveles de compromiso del presupuesto anterior [1]. Con el estado económico presentado, no puede esperarse una mejoría de los indicadores sociales. El salario mínimo llevaba un fuerte retraso en términos reales. Las medidas económicas del gobierno anterior no repararon sobre la situación social mexicana sino sobre mejorar las condiciones macroeconómicas de cara al mercado y la posibilidad de crecimiento del sector privado. Así, los indicadores sociales de México se mantienen entre los peores de la región.

El postneoliberalismo Desde este punto parte el gobierno de López Obrador para promover una reforma en el modelo político y económico para México. El objetivo es lograr un crecimiento económico promedio de 4 por ciento y eliminar la pobreza extrema

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existente en el país al terminar el sexenio. El aumento del consumo interno y la inversión, tanto extranjera como pública, serán punta para el crecimiento. En este sentido, se promovió un aumento del salario mínimo y se crearon programas de apoyo a jóvenes y discapacitados, además de aumentar la pensión jubilatoria [2]. Asimismo, se pusieron en agenda la construcción de distintos proyectos estratégicos de infraestructura que potencian la inversión, al mismo tiempo que refuerzan la apuesta por el desarrollo regional. En esta dirección también se encuentra la creación de la zona fronteriza, con salario mínimo e impuestos diferenciados.

Con este propósito, también, la recuperación de la producción de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son metas de gobierno que resultan fundamentales para aumentar los ingresos y la capacidad de producción de energía, esencial para el crecimiento productivo, sin perder divisas en importarla. En este sentido, en estos primeros meses se avanzó en limitar las concesiones extranjeras de Pemex y aumentar la inversión pública, tanto en la empresa petrolera como en la eléctrica. También se redujo fuertemente el robo de gasolina interno, y aunque esto significó el desabastecimiento de combustible en algunas zonas y algunas complicaciones para la distribución de productos, se logró un ahorro de millones de pesos que se perdían en el contrabando y la medida fue fuertemente apoyada por la sociedad. Sumado a esto se propuso la construcción de una nueva refinería en Tabasco. Una de las propuestas más importantes en torno a la energía eléctrica fue dar marcha atrás con la división de la CFE que dictó la reforma energética de Peña Nieto. La subdivisión de la empresa en seis partes pretendía terminar con el monopolio natural y dar lugar a las empresas privadas con el argumento de mejorar el precio y calidad del servicio. Sin embargo, la reforma terminó anulando la capacidad de competencia de la empresa estatal ante empresas de preeminencia global. La medida adoptada por el gobierno de López Obrador permite reforzar el rol de la empresa eléctrica pública y mejorar su capacidad competitiva con las privadas existentes en el mismo sector [3]. En cuanto al sector minero, las medidas se dirigieron en igual dirección. Se anunció que se limitarán las concesiones otorgadas a empresas extranjeras, aunque serán respetadas las vigentes, debiendo cumplir con inversiones acorda-

Una de las decisiones más importantes en torno a la energía eléctrica fue dar marcha atrás a la división de la CFE que dictaba la reforma energética de Peña Nieto. Pretendían partirla en seis

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das y el respeto a las normas de cuidado del medioambiente. Al mismo tiempo, el presupuesto presentado por el gobierno sostuvo los principios de austeridad y estabilidad macroeconómica que limitan el ataque del establishment. Sin embargo, fue evidente el cambio de prioridades dentro de la asignación de recursos, aumentando los gastos sociales. También en alusión a la estabilidad y el cuidado del salario, no se contemplan nuevos impuestos en el presupuesto ni aumento de los mismos en el periodo. El precio de la gasolina que, como hemos mencionado previamente, fuera un fuerte factor para disparar la inflación, se mantendrá en el mismo precio real durante todo el año. Pero, aún con un presupuesto que garantiza la estabilidad, las calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s y Fitch, decidieron bajar la calificación tanto del país como de Pemex, la CFE, bancos y empresas, respecto de su perspectiva de crecimiento. Debe diferenciarse, en este sentido, la calificación de Pemex, la CFE y la calificación soberana, ya que el deterioro de las cuentas no es resultado de la gestión actual sino de la anterior. La reducción de la calificación actual se basa en una desaceleración global, el mismo tiempo que en una expresa diferencia política de las calificadoras con la decisión del gobierno sobre la recuperación de estas empresas estratégicas para el país. Un revés a estas predicciones, a los malos augurios enunciado por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la supuesta incertidumbre que genera el nuevo gobierno, fue el aumento de la inversión extranjera tanto en la bolsa de México como a títulos de deuda del Gobierno durante el primer bimestre del año. Según Citibanamex, la Casa de la Bolsa de México este bimestre fue la cuarta mejor desde que existen los registros de operaciones. También, gracias a la desaceleración global, el peso se fortaleció contra el dólar en el mejor nivel desde enero pasado, reforzando el incentivo para invertir en México. Y la inflación ha descendido en estos primeros días al nivel más bajo

desde diciembre de 2016, y la recaudación fue mayor a la esperada para el período y mayor a la del año pasado. Asimismo, la confianza del consumidor alcanzó su máximo histórico en 120 puntos. Con el cometido de reforzar el ideal del gobierno de construir una alternativa junto a las empresas nacionales, se creó el Consejo para el Fomento de la Inversión, Empleo y Crecimiento. Al evento asistieron los empresarios más importantes del país, inclusive aquellos que trabajaron en contra de la candidatura de López Obrador. Tanto desde aquí como desde el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno pro-

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Se espera que el Plan Nacional de Desarrollo corrija los efectos del modelo neoliberal y tenga como pilares la justicia, el estado de derecho, el bienestar y el desarrollo económico sustentable

mueve el diálogo con el sector empresarial para alcanzar con un compromiso conjunto la meta de crecimiento de 4 por ciento, y la eliminación de la pobreza extrema. El compromiso asumido del gobierno con los empresarios se basa en aumentar la inversión pública para que, como complemento con la inversión privada, se logren los objetivos mencionados. También se encuentra en marcha la revisión de la reforma laboral propuesta por el bloque del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a fines de 2018. Luego de las audiencias públicas realizadas respecto a la ley, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se encuentra trabajando en considerar las propuestas e in-

quietudes derivadas de las mismas, pero con el objetivo de favorecer a los trabajadores y, específicamente, a la mayor parte ellos, distinguiendo los reclamos de algunas minorías sindicalizadas frente al total de los trabajadores [4]. En este contexto se enmarcará el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en discusión pública entre académicos, empresarios, trabajadores y autoridades en distintos foros de debate, para alcanzar una propuesta de ley al Congreso Nacional a fines de abril. Este plan tendrá la finalidad de corregir los efectos del modelo neoliberal y tendrá como pilares, según el secretario de Hacienda, la justicia, el estado de derecho, el bienestar y el desarrollo económico sustentable. Al momento, la desaceleración global, las consecuencias del desmantelamiento de espacios de corrupción e ineficiencia -como el del huachicoleo, algunas protestas laborales y la desconfianza del establishment por una nueva política postneoliberal se identifican como las amenazas económicas al nuevo gobierno-. Sin embargo, se avanza a paso firme y con gran apoyo popular hacia nuevas formas de desarrollo económico.

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Notas

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[1] https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-010-2019-informes-sobre-la-situacion-economica-las-ﬁnanzas-publicas-y-la-deuda-publica-al-cuarto-trimestre-de-2018?idiom=es [2] https://www.celag.org/primeros-pasos-amlo-economia-mexicana/ [3] https://www.jornada.com.mx/ ultimas/2019/03/17/buena-medida-reagrupar-las-seis-subsidiarias-de-la-cfe-especialistas-2124.html [4] https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Dictamen-de-reforma-laboral-antes-de-Semana-Santa-20190318-0103.html

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VENEZUELA, OTRO PLAN TERRORISTA DE UN TRUMP DEBILITADO Y FURIOSO Los cortes de energía eléctrica cometidos contra Venezuela son los peores ataques terroristas desde los atentados contra Irak. Guaidó ha reconocido su participación en tales acciones, como parte del plan para echar del poder a Nicolás Maduro. Estados Unidos y la oposición venezolana volvieron a fracasar, pero siguen impunes

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STELLA CALLONI/PRENSA LATINA

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uenos Aires, Argentina. El insólito presidente “encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció ante sectores de la oposición que los ataques contra el tendido eléctrico en el país eran “necesarios” para poder derrocar al “régimen” del presidente Nicolás Maduro, como si no fueran crímenes de lesa humanidad. Guaidó es una figura inexistente creada por el gobierno de Donald Trump violando todas las normas internacionales, que intenta “gobernar” a nombre de Washington en un accionar burdo e ilegal. En tanto el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, sostuvo que Guaidó había reconocido su vinculación con los atentados, añadiendo que existen planes diseñados para este mes de abril con la idea de dar algo así como “el golpe final” bajo la égida de Estados Unidos y advirtiendo que el país está preparado ante estas y otras amenazas. De hecho, algunos datos filtrados revelan que una reunión de Guaidó con sectores de la oposición en la localidad de El Paraíso, el pasado 28 de marzo, fue convocada para informar sobre la “hoja de ruta” en la continuidad del golpismo permanente con el que intentan desgastar al pueblo venezolano sin importarles las consecuencias. Según Guaidó, la operación planeada –después del fracaso del 23 de febrero pasado de la “invasión” preparada desde Cúcuta, Colombia– comenzaría con una serie de acciones y sabotajes nuevos y “más efectivos” incluyendo la llegada de especialistas –no vinculados con la oposición– para insertarse en sectores de la población y alentar acciones desestabilizadoras. Estos “especialistas” a los que se refiere podrían ser los que conformarían “células de libertad” en todo el país, “que se activarían cuando Guaidó lo indique el 6 de abril y se inicien las protestas locales a gran escala”, según informó una nota de

Withney Webb en la revista Mint Press New, traducida por Resumen Latinoamericano. Webb une esta “operación” de Guaidó a un documento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) con la creación de Grupos de Desarrollo de Expedición Rápida (RED), que se “desplegarán como equipos de dos personas y se asignarán a socios ‘no tradicionales’ de la USAID, quienes ejecutarán una combinación de operaciones ofensivas-defensivas y de estabilidad en condiciones extremas”. Estos especialistas serían nada menos que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (Special Forces, SF) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés). De esta forma Guaidó animó a los asistentes a su reunión, después del fracaso de los ataques contra El Guri, la mayor planta hidroeléctrica del país, prometiendo que la toma del poder era una posibilidad cercana –algo así como el 21 de abril– y que se han preparado acusaciones contra el presidente Maduro, para responsabilizarlo por genocidio. Ello debido a la “negligencia” para actuar y atribuyendo los cortes de energía eléctrica a la ineficiencia y al descuido gubernamental, responsabilizándolo de causar miles de muertes por hambre o por la falta de atención en los hospitales, y por someter a la población a la falta de luz, de agua, de alimentos, de salud y a gravísimos problemas de seguridad. Esto recordando que también se han difundido aterradores informes falsos sobre graves violaciones a los derechos humanos por parte de Maduro, que nadie ha podido comprobar, mientras que el propio Guaidó recorre distintos lugares –donde no le fue tan bien porque el pueblo en su mayoría sabe de qué tratan los “golpes democráticos” como el que propone el hombre creado por las fundaciones de la CIA,

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nezuela, y a Ileana Ros-Lehtinen, que últimamente atacó y acusó a Morales de forma ignominiosa en la Cámara. Siguiendo con el discurso golpista de Guaidó, quien anunció el incremento de las campañas para acusar a Maduro de entregar el país a los rusos, los chinos y cubanos y con esto armar un juicio popular “por delitos de traición a la patria”, llamando al pueblo venezolano a ocupar las calles y terminar con el gobierno. Es increíble que el hombre que se autoproclamó presidente de un país como si fuera una novela del surrealismo latinoamericano, obedeciendo órdenes del imperio y trabajando para lograr una invasión externa, hable precisamente de “traición a la patria”. En su “hoja de ruta”, explicada a los asistentes a la reunión, anunciaba el comienzo de la operación “espada libertadora” en principio con un gran cacerolazo, que serviría como una señal para los militares –que, según su criterio– “están con nosotros” y neutralizarían a los hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-

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El golpismo es apoyado por los medios de comunicación del poder hegemónico. Sabotean, desinforman, mienten y manipulan

que además pide una invasión de Estados Unidos–. Golpismo apoyado por los medios masivos de comunicación del poder hegemónico que están dando una batalla campal y tan criminal como un sabotaje, desinformando, mintiendo y manipulando, bajo órdenes del Pentágono estadunidense, preparando argumentos para nuevas acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra las supuestas “dictaduras narcotraficantes”, señalando ahora a los gobiernos de Maduro, Venezuela, y Evo Morales, Bolivia. Este último país está siendo atacado cotidianamente por los mismos grupos de poder como el lobby cubano-americano que tiene representantes en el Congreso de Estados Unidos, con una historia detrás de terrorismo contra Cuba y América Latina, a los que el gobierno de Trump ha dado un poder que está dando resultados criminales en la región. Entre estos, y sólo como referencia, podemos citar a los congresistas Marco Rubio, activo públicamente contra Ve-

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Hasta el momento, Trump no ha

na (FANB) para convocarlos a la rendición. Más o menos como el plan que se había preparado en febrero pasado, que terminó con una derrota asombrosa, debido a la cantidad de dinero gastado en la operación de Cúcuta y de la cantidad de militares que pensaban iban a desertar en masa y no lo hicieron. Evidentemente Estados Unidos insiste en contar con una oposición política que ya le ha demostrado sus debilidades e “ineficiencia” en las decenas de golpes que se han ensayado en Venezuela desde 2002. Fue cuando por primera vez en la historia un golpe armado, financiado, asesorado por Washington resultó derrotado en poco más de 48 horas por un pueblo en las calles y fuerzas armadas patrióticas, mar-

cando un hito histórico que sólo logró consolidar la relación pueblo-fuerzas armadas a lo que hoy se añaden más de 2 millones de milicianos, también organización popular. Bien sabe Estados Unidos que no son paramilitares, como los criminales que ellos conocen y utilizan en Colombia. En su “informe” sobre la nueva operación, Guaidó llamó a los participantes a cargar cantidades gasolina que sería utilizada –no es la primera vez que esto sucede– para incendiar a todo aquello que para los golpistas represente al “régimen”, como denominan al legítimo y constitucional gobierno de Venezuela. Como objetivos prioritarios estarían las estaciones policiales, centros de salud, edificios y locales del gobierno, no sólo en Caracas sino en todo el país. También

logrado derrocar a Maduro

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Apagones, acciones terroristas

acciones contra el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aislar instalaciones como el Fuerte Tiuna y destruir la termoeléctrica Tacoa, utilizando armamento de guerra especializado. Para varias de estas acciones, entre ellas los módulos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) serían atacados con morteros, armas de mayor calibre, granadas y en caso de vehículos y módulos policiales, bombas incendiarias y armas procedentes de Colombia. En los golpes anteriores ya han existido ejercicios de contrainsurgencia contando con paramilitares colombianos y otro tipo de mercenarios extranjeros, pretendiendo –como también lo han hecho antes– atacar cuarteles importantes y sitios estratégicos. Con toda esa movida, avanzar finalmente y aislar al gobierno sitiando el Palacio de Miraflores.

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De acuerdo a la información, Guaidó marcó puntos como la base aérea de Palo Negro, inmovilizando o incendiando los aviones, contando –dijo– con infiltrados allí. Además incendiar el puerto de Vargas, controlar aeropuertos, autopistas y otros similares. A lo largo del golpismo, continuó, hemos podido observar que en Venezuela se han dado acciones de este tipo que fracasaron, pero produjeron serios daños, incendios de edificios, los cuales especialmente ocurrieron en 2014, ataques a centros de salud, acciones violentas de calles, de francotiradores en el plan llamado “La salida” que encabezó Leopoldo López. Incluyendo la noche en que ganó Maduro, el 14 de abril de 2013, cuando el perdedor Henrique Capriles Radonski llamó a salir a las calles y sus activistas armados causaron muertes y daños.

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dos contra la Nicaragua sandinista en la década de 1980, en un período en que se produjeron atentados y sabotajes tan importantes como el minado de los Puertos en Corinto y otras acciones criminales. Abrams tiene en su haber crímenes de lesa humanidad en Centroamérica y fue juzgado por el montaje del Irán-contra y el “contra-gate”, violando las propias normas de su país, y por la matanza de más de 600 personas en una aldea de El Salvador, entre otros. Pero no pasó nada, sólo un tiempo en otras actividades no menos lesivas para la humanidad. La analogía con Nicaragua –y también con Libia y Siria ya en este siglo– es importante ante el heroísmo del pueblo, el gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas, que dan lecciones de resistencia patriótica con grandes sacrificios derrotando los planes imperiales y son la esperanza en la lucha de América Latina por su liberación definitiva, mientras que el intento de invasión cada día se hace más difícil para Estados Unidos en su peor laberinto.

Los atentados terroristas contra las centrales eléctricas venezolanas, los más importantes desde los bombardeos en Oriente Medio

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Nunca tantos como los sucesos de 2017, con más de un centenar de muertos y cuando los grupos lúmpenes y paramilitares extranjeros quemaron a una decena de personas acusadas de chavistas arrojándoles gasolina e incendiándolos, sin ninguna reacción de los organismos internacionales, que debían hacerlo. Los atentados terroristas contra las centrales eléctricas venezolanas en el último mes, son los más importantes que se hayan conocido después de los bombardeos que produjeron efectos similares en Irak, Libia, Siria y otros países y son una táctica de la guerra de Baja Intensidad, que se aplica para la asfixia y el desgaste total del gobierno del presidente Maduro y del pueblo venezolano, cuya heroica resistencia resulta intolerable para el decadente imperio. Es una forma de intervención solapada y encubierta, tema en que es especialista el hombre que Donald Trump puso a cargo de la política con Venezuela, nada menos que Elliott Abrams, figura clave y nefasta en la guerra encubierta de Estados Uni-

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EL “EXCEPCIONALISMO” DE ESTADOS UNIDOS

DESTRUYE LA ONU

Debilitado y desbordado por sus competidores –Rusia y China–, Estados Unidos vuelve a sus reflejos históricos. En el plano de las relaciones exteriores, abandona el orden liberal internacional y regresa a la doctrina del “excepcionalismo”. Renunciando al compromiso que había contraído en el Consejo de Seguridad, abre la puerta a una deconstrucción del derecho internacional y al fin de la ONU

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THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE

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amasco, Siria. El exembajador del presidente George Bush júnior ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y actual consejero de seguridad n ‎ acional del presidente Donald Trump, John Bolton, siempre ha sido contrario a un aspecto p ‎ articular de la ONU. Bolton estima que absolutamente nada n ‎ i nadie puede prevalecer ante la posición de Estados Unidos en absolutamente ningún tema. P ‎ or consiguiente, las cinco potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de l‎ a ONU conforman un directorio mundial que determina cómo se aplica el derecho entre l‎ as naciones… pero es incapaz de imponer absolutamente nada a Estados Unidos. El “excepcionalismo” siempre ha sido una posición de Washington, aunque el resto del mundo n ‎ o acaba de darse por enterado [1]. Sin embargo, hoy reaparece en un contexto internacional muy p ‎ articular y va a modificar el mundo. ‎ El “excepcionalismo” estadunidense se refiere al mito de los “Padres Peregrinos”, l‎ os puritanos perseguidos en Inglaterra, donde eran considerados peligrosos fanáticos. Aquellos p ‎ uritanos huyeron a Holanda y posteriormente a América, adonde llegaron en 1620 a bordo del b ‎ arco Mayflower. Allí instauraron una nueva sociedad, basada en el temor a Dios, que s‎ e consideró “la primera nación democrática”, una “luz en la colina” llamada a iluminar e‎ l mundo. O sea, Estados Unidos se considera simultáneamente un “ejemplo” para los demás y‎ estima estar investido de una “misión” que consiste en someter el mundo a la voluntad divina. Por supuesto, la realidad histórica es muy diferente a esa narrativa, pero no es ése el tema de e‎ ste trabajo. A lo largo de 2 siglos, todos los presidentes de Estados Unidos, todos sin excepción, han u ‎ tilizado como referencia esta falsificación de la historia. Por esa razón:

-Estados Unidos negocia y firma tratados, pero lo hace expresando reservas para no adoptarlos n ‎ i implementar su aplicación en el derecho interno estadounidense;‎ -Estados Unidos afirma que sigue la “voluntad de Dios” mientras que sus enemigos se niegan a h ‎ acerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a s‎ í mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero; -Estados Unidos rechaza toda jurisdicción internacional cuando esta se aplica a sus asuntos i‎ nternos. ‎ Esa actitud favorece la confusión, sobre todo porque los europeos creen ser de mente abierta c‎ uando en realidad no hacen ningún esfuerzo por entender las particularidades de los demás. P ‎ or eso están convencidos de que si Estados Unidos se niega a adoptar el Acuerdo de París s‎ obre el medioambiente es por la supuesta ignorancia del presidente Trump. No ven que en realidad esa es una posición constante de parte de Washington. Antes d ‎ el acuerdo de París de 2015, se adoptó el Protocolo de Kioto –en 1997– que también fue r‎ echazado por Washington. Estados Unidos estaba decidido a no aceptar aquel texto –después d ‎ e haber participado en su redacción– porque imponía a los estadunidenses un comportamiento. E ‎ l presidente Clinton trató de negociar una serie de reservas, que la ONU rechazó. Firmó e‎ ntonces el Protocolo y lo envió al Senado para su ratificación. Y el Senado lo rechazó por u ‎ nanimidad –votaron en contra tanto los republicanos como los demócratas– dando así al p ‎ residente Clinton un argumento para volver a la fase de negociación. Ese rechazo constante de c‎ ualquier disposición jurídica internacional que se aplique al derecho interno estadunidense n ‎ o significa que Estados Unidos rechaza el objetivo del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París –‎ reducir

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En 38 años, la ONU no ha logrado imponer la aplicación de sus resoluciones con respecto de Israel y Palestina. Impunidad para Tel Aviv

la contaminación de la atmósfera– ni que no tome disposiciones en ese sentido sino q ‎ ue se niega a aceptar que esos textos prevalezcan sobre el derecho interno estadunidense. En todo caso, el excepcionalismo implica que Estados Unidos es “una nación diferente a c‎ ualquier otra”. Estados Unidos se ve a sí mismo como un ejemplo de democracia en su propio s‎ uelo pero se niega a ser igual que los demás países, que por esa razón, no pueden de n ‎ inguna manera considerar a Estados Unidos como un país democrático. Durante la Guerra Fría, l‎ os miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) optaron por ignorar esa característica cultural de Estados Unidos m ‎ ientras que sus enemigos no prestaban atención a ella. Durante el periodo transcurrido entre l‎ a desaparición de la Unión Soviética y el declive de Occidente, periodo durante el cual el mundo f‎ ue unipolar, el particularismo estadunidense simplemente no se discutía. Pero hoy está d ‎ estruyendo el sistema de seguridad colectiva. Hay que señalar, de paso, que existen otros dos Estados cuya doctrina es cercana al e‎ xcepcionalismo estadunidense. Esos dos Estados son Israel y Arabia Saudita. Después de haber planteado ese contexto, veamos de qué manera la cuestión de la soberanía s‎ obre la meseta del Golán ha encendido la mecha de un verdadero polvorín.

Estados Unidos y el Golán Como resultado de la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel ocupó la meseta siria del Golán. L ‎ a resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, “insistiendo en la inadmisibilidad de la a‎ dquisición de territorio por medio de la guerra”, ordenaba la “retirada de las fuerzas armadas i‎ sraelíes de los territorios que ocupa-

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ron durante el reciente conflicto” [2].‎ En 1981, el parlamento israelí decidía unilateralmente violar esa resolución del Consejo de S ‎ eguridad de la ONU y anexar la meseta del Golán. El Consejo de Seguridad respondió con la a‎ dopción de la resolución 497 que declaraba aquella ley israelí ”‎ nula y sin valor”‎,‫ ‏‬precisando que “‎«no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional”‎ [3].‎ En 38 años, la ONU no ha logrado imponer la aplicación de esas resoluciones. Pero estas eran a‎ l menos textos considerados indiscutibles y contaban con el respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, el 26 de marzo de 2019, Estados Unidos reconoció la “soberanía” de Israel sobre el G ‎ olán ocupado, lo cual equivale a aceptar la adquisición de territorios mediante la guerra [4]. Con ese a‎ cto de reconocimiento, Estados Unidos se desdijo de los votos que había emitido como miembro d ‎ el Consejo de Seguridad sobre la cuestión del Golán, durante 52 años, y contradijo además los p ‎ rincipios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas [5], principios que rigen la elaboración d ‎ el derecho internacional desde hace 74 años. La ONU continuará existiendo por algunos años, pero sus resoluciones ya sólo tendrán un valor r‎ elativo dado el hecho que los países que las adoptan han dejado de considerarlas de obligatorio c‎ umplimiento. Se inicia así el proceso de deconstrucción del derecho internacional. Entramos en u ‎ n periodo donde impera la ley del más fuerte, como sucedió antes de la Primera Guerra Mundial y l‎ a creación de la Sociedad de las Naciones. Las mentiras descaradas que el secretario de Estado Colin Powell profirió ante el Consejo de S ‎ eguridad el 11 de febrero de 2003, sobre la supuesta responsabilidad de Irak en los atentados del 1‎ 1 de septiembre de 2001 y las inexistentes armas iraquíes

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La supremacía militar, para imponer sus

de destrucción masiva [6], ya nos habían enseñado que la palabra de E ‎ stados Unidos tiene un valor muy relativo, incluso cuando afirma algo ante ese órgano de l‎ a ONU. Pero es la primera vez que Estados Unidos contradice su propio voto emitido como m ‎ iembro del Consejo de Seguridad. Washington justifica su decisión sobre el Golán argumentando que está actuando en función de la r‎ ealidad: Israel ocupa el Golán sirio desde 1967 y comenzó a administrarlo como territorio israelí d ‎ esde 1981. Según Washington, en virtud del excepcionalismo estadunidense, esa realidad –‎tratándose de un aliado respetuoso de Dios– prevalece sobre el derecho internacional, enunciado e‎ ste último junto a otras partes cuya fe Washington considera menos digna de admiración. Washington observa a la vez que sería una señal negativa devolver el Golán a

Siria, a la que c‎ onsidera poco menos que una pandilla de criminales, mientras que es perfectamente justo ‎gratificar al excelente aliado israelí. También debido a su doctrina excepcionalista, E ‎ stados Unidos, en su calidad de «Nación diferente a cualquier otra», tiene tanto ese derecho y e‎ sa misión. ‎ Después de haber llegado a dominar el mundo, Estados Unidos –ahora debilitado– renuncia a l‎ a ONU. Tratando de conservar su posición dominante, Estados Unidos se repliega hacia l‎ a parte del mundo que todavía controla. Hasta ahora, Rusia y China veían a Estados Unidos, c‎ omo dijera muy gráficamente el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, como una bestia f‎ eroz que agoniza a la que es necesario acompañar amablemente hasta que muera, cuidando de q ‎ ue no provoque alguna catástrofe.

intereses al mundo

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Con el fin de la ONU, el mundo se dividirá en dos zonas con modelos jurídicos diferentes. No habrá un solo derecho internacional

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Pero Estados Unidos ha detenido su decadencia eligiendo a Donald Trump como presidente y este ‎último, después de perder la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, ha hecho un ‎pacto con el Estado Profundo estadunidense –lo cual ha quedado demostrado con la ‎nominación de Elliott Abrams [7] ‎y con la retirada de la acusación de “entendimiento con el enemigo”‎ recientemente anunciada ‎por el fiscal independiente Robert Mueller [8]).‎ Pero el mundo no se dirige hacia la creación de una tercera institución mundial –después de la ‎Sociedad de las Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas– sino hacia una división del ‎mundo en dos zonas organizadas según modelos jurídicos diferentes: una bajo la dominación ‎estadunidense y otra conformada por una serie de Estados soberanos reunidos alrededor de ‎la “Asociación de Eurasia Ampliada”‎. Ya no sería como en los tiempos de la Guerra Fría, cuando era ‎difícil viajar de los países occidentales a los “países del este” pero los dos bloques aceptaban ‎las Naciones Unidas como sistema jurídico internacional único. El nuevo sistema permitiría viajar ‎y comerciar de un grupo de países al otro pero estaría organizado alrededor de dos modelos de ‎derecho diferentes. Se trata exactamente del mundo postoccidental que el ministro ruso de Exteriores Serguei Lavrov ‎anunció, el 28 de septiembre de 2018, desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU ‎ [9].‎ Tenemos que observar también que, aunque Israel saludó el reconocimiento estadunidense de su ‎“soberanía” sobre el Golán, Arabia Saudita acabó condenando la decisión de Washington. ‎Esa posición no se corresponde con la doctrina saudita pero, ante la repulsa unánime del mundo ‎árabe contra esa conquista territorial, Riad optó por ponerse del lado de

Estados Unidos, indiferente ante la emergencia ambiental

su pueblo. Y, por la ‎misma razón, se verá obligado a rechazar también el “Trato del Siglo” sobre Palestina.

¿Estados Unidos ha cambiado? La prensa normal no se permite a sí misma anticipar, como nosotros acabamos de hacerlo, el fin ‎de la ONU ni la división del mundo en dos zonas jurídicas separadas. Como no logra interpretar ‎los acontecimientos, esa prensa se aferra a un mantra: el populista Donald Trump ha cambiado ‎a Estados Unidos y ha destruido el orden liberal internacional.‎ Pero con esa afirmación se olvida de la historia. Al término de la Primera Guerra Mundial, ‎el presidente estadunidense Woodrow Wilson fue ciertamente uno de los principales arquitectos ‎de la Socie-

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luntad a Rusia ni a ‎China, y que ya no ve interés en llegar a arreglos con ellas, Estados Unidos está retirándose del ‎sistema de Naciones Unidas. Resulta grotesco ver a las potencias occidentales, que tanto se aprovecharon de ese sistema ‎durante 74 años, lloriqueando ahora ante la actitud de Estados Unidos. Tendrían que preguntarse ‎más bien cómo fue que llegó a construirse un edificio tan inestable. La Sociedad de las Naciones ‎había instituido la igualdad entre los Estados pero rechazó la igualdad entre los pueblos. ‎La Organización de las Naciones Unidas trató de imponer una moral universal… ignorando el ‎universalismo del género humano.

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Notas

dad de las Naciones. Pero esta última se basaba en la igualdad entre los Estados, ‎conforme al pensamiento de los franceses Aristide Briand y Léon Bourgeois, lo cual chocaba ‎directamente con el excepcionalismo estadunidense. Por esa razón, Estados Unidos nunca fue ‎miembro de la Sociedad de las Naciones. Por el contrario, la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo entre sus arquitectos al ‎presidente estadunidense Roosevelt, conjuga la existencia de una asamblea democrática –la ‎Asamblea General– con la de un directorio mundial –el Consejo de Seguridad– inspirado en el ‎sistema del Congreso de Viena (1815). Fue eso lo que hizo posible la participación de ‎Estados Unidos. Dado el hecho que Estados Unidos ya no está en condiciones de imponer su vo-

[1] Ver las actas del coloquio organizado por el Carr Center for ‎Human Rights Policy: American Exceptionalism and Human Rights, Michael Ignatieff, Princeton ‎University Press (2005). [2] “Résolution 242 du C ‎ onseil de sécurité de l’ONU”, 22 de noviembre d ‎ e 1967. [3] “Résolution 497 du ‎Conseil de sécurité”, 17 de diciembre de 1981. [4] “[US ‎Proclamation on Recognizing the Golan Heights as Part of the State of Israel-‎‎>article205795.html]”, por Donald Trump, Voltaire Network, 26 de marzo de 2019. [5] “Carta de las Naciones Unidas”, 26 de junio de 1945. [6] Discours de M ‎ . Powell au Conseil de sécurité de l’ONU (7 partes), por Colin L Powell, 11 de febrero de 2003. [7] Elliott Abrams es uno de los fundadores del movimiento de los n ‎ eoconservadores, lo cual hacía de él un adversario del proyecto de Donald Trump, a pesar de q ‎ ue Trump mantuvo una larga entrevista con él al inicio de su mandato presidencial. Pero lo

La ONU nunca fue democrática. Conjugó la existencia de una Asamblea General con la de un directorio mundial: el Consejo de Seguridad

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Estados Unidos no acepta que no es la única potencia

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más importante es que Abrams fue uno de los responsables del Estado Profundo que manejó lo que acabaría siendo el “caso Irán-Contras”. Su nominación como encargado del tema venezolano debe interpretarse como muestra de la existencia de un acuerdo entre el presidente Trump y el Estado Profundo para extender a la Cuenca del Caribe la estrategia militar Rumsfeld/Cebrowski. [8] Robert Mueller fue director del FBI. Desde ese puesto inventó la historia de los 19 secuestradores de aviones supuestamente responsables de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Cabe recordar que en las listas de pasajeros dadas a conocer por United Airlines y American Airlines inmediatamente después de esos sucesos no aparece ninguno de los nombres

citados después en la investigación de Mueller. Cf: “Listes des passagers et membres d’équipage des quatre avions détournés le 11 septembre 2001”, Réseau Voltaire, 12 de septiembre de 2001. Si esos individuos no estaban a bordo de los aviones, es evidente que no pudieron secuestrarlos, lo cual implica que Robert Mueller cubrió a los verdaderos autores de los atentados: L’Effroyable Imposture suivi de Le Pentagate, Thierry Meyssan, Editions Demi-Lune, 2002. [9] “[Remarks by Sergey Lavrov to the 73rd Session of the United Nations General Assembly->article203198. html]”, por Serguei Lavrov, Voltaire Network, 28 de septiembre de 2018 y “Onu: naissance du monde post-occidental”, por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 2 de octubre 2018.

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LA OTRA CARA DE LOS “CASCOS BLANCOS”

EN EL CONFLICTO SIRIO Financiados y armados por Occidente, crecen las dudas de que los “cascos blancos” sean una fuerza “humanitaria” en Siria. Sus propias producciones, campañas de propaganda a favor de los intereses de Estados Unidos, los han puesto en evidencia: testimonios falsos, fabricación de hechos y “rescates” que nunca sucedieron

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a decisión del magnate-presidente, Donald Trump, de ordenar el regreso de más de 2 mil soldados estadunidenses que combatían en Siria dejó perplejo al mundo político. En efecto, el secretario de Defensa de ese país, James Mattis, presentó su renuncia luego de calificar la retirada de las tropas como un “error estratégico”. Comienzan a evidenciarse algunas fisuras dentro del gobierno de la Casa Blanca, pues mientras los generales y altos mandos militares rechazaron con vehemencia la decisión del presidente Trump, los rangos medios y bajos del ejército celebraron el anuncio. Analistas coinciden en asegurar que el repliegue de las Fuerzas Armadas en Siria obedece a una estrategia mediática del presidente para apaciguar el caldeado ambiente interno. Nada tiene que ver como lo manifestó el propio Trump que “Estados Unidos venció a ISIS y que, por tanto, su misión en el Oriente Medio estaba concluida”. De hecho, sucede todo lo contrario: las fuerzas rebeldes han tomado un segundo aire y se preparan para una arremetida en la República árabe. Quizás la razón fundamental es que Estados Unidos quiere evitar una humillación similar a Vietnam, aún más si se considera el poderío antiaéreo ruso. Con todo, la retirada de las tropas estadunidenses puede abrir una ventana de oportunidad para una salida negociada de las confrontaciones. De hecho, la guerra en Siria es uno de los conflictos actuales más virulentos si se toma en consideración el número de actores involucrados, los delicados equilibrios de poder y sobre todo la cantidad de muertes y daños físicos ocasionados. Así, se calcula que en casi 9 años de confrontaciones (2011-2019), más de 500 mil personas han perdido la vida, de los cuales cerca del 43 por ciento son civiles y dentro de ellos miles de niños. Este panorama muestra lo complejo de la situación, ya que además de las diversas facciones en combate y de las truculentas

alianzas, cada día se suman nuevos actores e intereses que parecen complicar aún más la situación. Y a pesar de que Estados Unidos haya anunciado su retiro de Siria, no debe descartarse que esto pueda ser un artilugio para continuar la guerra por otros frentes. Dentro del transcurso de la guerra, varios grupos (legales e ilegales) se han unido paulatinamente a los bandos en confrontación; otros prestan ayuda humanitaria como es supuestamente el caso de los “cascos blancos”. Esta organización creada a principios de 2013 como una “fuerza humanitaria alternativa”, actúa en los territorios afectados por la violencia en Siria y sus fronteras. Su objetivo es prestar ayuda a las víctimas y rescatar a los inocentes que se encuentren en fuego cruzado. Con más de 3 mil 700 voluntarios, los “casos blancos” participan en actividades de rescate como lo manifiesta su principal responsable, Raed Saleh. La organización ha adquirido un amplio reconocimiento internacional luego de ser nominada al Nobel de paz en 2016 y de haber conseguido, por su supuesta labor humanitaria, el “Nobel alternativo” de la fundación sueca RigthLivehood. A pesar de su prestigio, pocas veces se difunde el verdadero origen de los “cascos blancos”. En los albores de 2013, el exoficial del ejército británico James Le Mesurier, comenzó a entrenar a los primeros “defensores civiles” en Turquía. Por esa razón, en contravía de la opinión occidental mayoritaria, el origen de la Guardia Civil Siria tiene una clara influencia militar. De hecho, Le Mesurier sirvió en la infantería de su país durante campañas en Bosnia, Kosovo e Irlanda del Norte para luego realizar consultorías en temas de seguridad y contraterrorismo en Estados Unidos, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos. De esa manera, el padrino de los “cascos blancos” hace parte de uno de los actores activos en el conflicto y es un agente que sigue sirviendo a los intereses de su nación.

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Por una parte, buscan desprestigiar las acciones defensivas del gobierno de Assad. Por la otra, ocultan matanzas de Estados Unidos

De ahí que resulte inverosímil creer que los “cascos blancos” son una fuerza humanitaria y “neutral” en el conflicto. Por el contrario, son una organización apoyada no sólo por los gobiernos occidentales que la financian económicamente sino además por la academia de artes de Estados Unidos que en 2017 le otorgó un premio Óscar a un documental que enaltecía de manera exagerada y poco crítica a la mal llamada organización humanitaria. Esta sobreexposición en los medios masivos ha provocado que los “cascos blancos” se hayan transformado rápidamente en los héroes del conflicto. Sin embargo, en varios videoclips han que quedado delatados como auténticos actores y productores de falsos rescates. Por ese motivo, la organización ha devenido en una empresa audiovisual que, amparándose en supuestas acciones humanitarias, oculta una clara tendencia política que favorece los intereses de las grandes potencias occidentales involucradas en Siria. No debe perderse de vista también que la página web de los “cascos blancos” pertenece al grupo de abogados TheSyriaCampaign, registrada en el Reino Unido.

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Los mal llamados “guardias civiles” han jugado un doble papel en el conflicto en Siria. Por una parte, se han transformado en un medio eficaz para desprestigiar las acciones defensivas del gobierno de Bashar Al Assad y el ejército ruso y, por otra, han ocultado los vejámenes y graves afectaciones que han provocado las matanzas perpetradas por los gobiernos extranjeros, es decir, sus aliados. Toda esta pantomima se realiza mediante videos editados en los que se presentan como “salvadores humanitarios”. No obstante, han circulado una serie de videoclips en los que se evidencia su claro respaldo a la doctrina occidental lo que se transforma en ejercicios de provocación que profundizan el círculo de violencia, con lo cual, su aporte a la solución del conflicto ha sido casi nula. Su discurso “neutral y antibelicista” no pasa de ser una estrategia para granjearse el apoyo de incautas empresas mediáticas de occidente. En videos han quedado registrado miembros de los “cascos blancos” con armas e incluso apoyando a facciones de grupos como Al Qaeda. No debe olvidarse que el principal financiador de la organización terrorista fue y ha sido el Pentágono. Entonces, bajo la cobertura y prestigio que da ser un “grupo de voluntarios que realiza acciones humanitarias”, los “cascos blancos” han ocultado terribles crímenes y han brindado apoyo a grupos que han causado daños irreparables a la población civil. Es curioso que la organización sólo opere en zonas controladas por el Frente Al Nusra (vinculado a Al Qaeda) y que múltiples organizaciones incluidos los Médicos Suecos por los Derechos Humanos hayan catalogado de falsos los procedimientos que observaron en un producto audiovisual elaborado por los “cascos blancos”. Todas estas evidencias dan muestra de las acciones acomodadas de la supuesta organización humanitaria. Sumado a lo anterior cabe resaltar el apoyo que los “cascos blancos” han recibido de Estados como Israel. En efecto, luego

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Siria, petróleo y territorio en disputa

de la falsa acusación en contra del gobierno sirio de utilizar armas químicas en Duma, al este de Damasco (algo que nunca pudo probarse), el falso grupo humanitario tuvo que huir del país demostrando de esa manera quiénes financiaban sus actividades de desprestigio y falsa propaganda. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apoyó la evacuación de al menos 800 miembros de la organización y sus familias de Siria a Jordania, comprobando que los “cascos blancos” no son ningún grupo neutral o apolítico. Por el contrario, es evidente sirven a intereses particulares, pagados a sueldo por sus jefes que están en cómodas sillas en Washington, Londres y Ottawa. La pregunta que salta a la vista es ¿qué nivel de independencia puede tener una supuesta organización humanitaria que es

financiada por las grandes potencias del mundo? El principal donante de los “cascos blancos” es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que aportó más de 23 millones de dólares en 2015. Por su parte, el ministerio británico de relaciones exteriores reconoció un aporte de cerca de 3.5 millones de libras esterlinas para apoyar a la llamada defensa civil siria, lo que se suma a otros donantes de Japón y Dinamarca e incluso el magnate George Soros. Así pues, queda confirmado que los “cascos blancos” no son ninguna “fuerza humanitaria” sino que se asemejan más una clase de agitadores profesionales y productores de audiovisuales financiados por poderosos gobiernos que buscan cumplir con sus más bajos intereses, pasando por encima incluso del dolor de las víctimas.

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“Cascos blancos”, convetir la guerra en espectáculo

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La estrategia con este grupo es llevar el “conflicto por otras vías”, convertir la guerra en un espectáculo y presentar a occidente como “salvadores humanitarios”. Sin embargo, el efecto ha sido contrario a lo propuesto pues buscando atacar y desprestigiar a los gobiernos de Siria y Rusia, lo único que han conseguido es perder credibilidad de las acciones que realizan supuestamente de manera desinteresada. Lo curioso es que los “casos blancos” no han ayudado a las víctimas que apoyan el gobierno de Al Assad, por lo que su “acción humanitaria” es selectiva y discriminatoria. Con todo, lo único que la defensa civil siria ha podido hacer es profundizar las acciones belicistas en el territorio. Para resumir lo antes dicho, es necesario decir que la autodenominada defensa civil

siria no es una auténtica y genuina fuerza democrática comprometida con la solución al conflicto en Siria como los medios e incluso el cine la han querido presentar. Los “cascos blancos” tienen una cara oculta que se caracteriza por ser una organización infiltrada y financiada por gobiernos extranjeros que persiguen ganancias e intereses específicos que se basan en la prolongación del conflicto. La ambición de las grandes potencias occidentales lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido demuestran una vez más que la guerra es un negocio lucrativo y que no les importa pasar por encima de las víctimas que hipócritamente dicen defender. Mientras tanto la población sigue en medio del fuego cruzado resistiendo las terribles consecuencias de una guerra que no parece llegar a su fin.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 15 al 21 de abril de 2019

Año 18 • Número 637 • $30