ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017
Año 16 • Número 550 • $30
OPINIÓN NUESTROS LECTORES
DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho
NUEVO PROGRAMA DE EMPRESAS Y DH NO CUBRE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, DENUNCIAN ONG
zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx
REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9193 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF 4
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Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de 2 años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos 2 años, el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de organizaciones generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la instrumentación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil
alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: -El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los principios rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia se ignoró la recomendación
de instrumentar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. -La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. -En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas
NUESTROS LECTORES
defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. -La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. -La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los principios rectores. El Grupo Focal se
conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz, acompañados por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente y Brigadas Internacionales de Paz
Organizaciones del Sur, preocupadas por violencia contra el Centro Morelos Los hechos recientes que han sacudido a la región de Chilapa, Guerrero,
en medio del clima de violencia en el estado han afectado las actividades del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos, dejando expuesta la situación de vulnerabilidad que enfrentan como defensoras y defensores. A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como defensores de derechos humanos, la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del estado de derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social. Además, su trabajo como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier
OPINIÓN
tipo de agresión directa. Es por ello, que las organizaciones firmantes respaldamos ampliamente el trabajo del Centro Morelos y hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de acción y prevención que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de estos defensores y defensoras, por lo cual exigimos que: -Se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares. -Se respete y se proteja la integridad personal y seguridad de las y los defensores de derechos humanos del Centro Morelos. Atentamente, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Tequio Jurídico; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Colectivo Contra la Tortura e Impunidad; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi www.contralinea.com.mx
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CADA EXPRESIDENTE CUESTA A LOS MEXICANOS 60 MILLONES DE PESOS Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos son cargados al erario
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número 550, del 31 de julio al 6 de agosto de 2017– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea. com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 28 de julio de 2017. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.
OPINIÓN 4 NUESTROS LECTORES 8 OFICIO DE PAPEL NUEVA AUDITORÍA RESPONSABILIZA AÚN MÁS A DUARTE Miguel Badillo 10 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN EN ESTADOS, RIESGO DE QUIEBRA POR EXCESO DE DEUDAS Nancy Flores 12 ZONA CERO AGENTES DE EU EN MÉXICO: LOS MEXICANOS NO TIENEN DERECHO A SABER Zósimo Camacho 14 CONTRAPODER ENTRE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 16 BAJA CALIFORNIA SUR: EL DESORDEN SE TIENE HASTA EN LA CASA Roberto E Galindo Domínguez 18 FÁBRICAS DE SUDOR: LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LAS GRANDES
Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY
MARCAS Carlos S Velasco/CCS 20 EU-CUBA, OTRO CONTEXTO A 2 AÑOS DE NUEVOS LAZOS DIPLOMÁTICOS Diony Sanabia/PL 22 CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO Xavier Caño Tamayo/CCS 24 EL MENSAJE DE CHINA POPULAR: AUDACIA Marco A Gandásegui, hijo/PL
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OPINIÓN 26
DESPLAZADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO José María Gómez Vallejo/CCS
INVESTIGACIÓN 28
PORTADA Cada expresidente cuesta a los mexicanos 60 millones de pesos anuales Víctor Hugo Reyes Martínez
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SEGURIDAD Seguridad: duplican presupuesto y multiplican violencia Zósimo Camacho
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SOCIEDAD Trump amenaza la seguridad nacional de México José Réyez
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LÍNEA GLOBAL Armas nucleares, la humanidad dice basta Waldo Mendiluza/Prensa Latina
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LÍNEA GLOBAL El sueño de la reunificación de Corea tiene un enemigo silencioso Richard Ruiz Julién/Prensa Latina
ANÁLISIS 54
INTERNACIONAL Derrocar el gobierno de Venezuela, objetivo principal de la CIA Miguel Fernández Martínez/Prensa Latina
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INTERNACIONAL CIA y la financiera KKR, detrás del tráfico ilegal de armas contra Siria
Ilustración de portada: DAVID MANRIQUE
Thierry Meyssan/Red Voltaire
MISCELÁNEO
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SOCIEDAD BETA La prensa contra Facebook, Google y su monopolio Gonzalo Monterrosa
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EX LIBRIS Los parásitos del poder presidencial, de Hilda Nucci y Ernesto Villanueva Álvaro Cepeda Neri www.contralinea.com.mx
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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL
NUEVA AUDITORÍA RESPONSABILIZA AÚN MÁS A DUARTE MIGUEL BADILLO
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pesar de las ineficiencias mostradas por tinados en 2016 a Veracruz para infraestructura. la Procuraduría General de la Repúbli- Aparte hay otras observaciones millonarias. Pero en el caso del dinero para infraestructuca (PGR) en el caso de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz procesado ra son tres las anomalías detectadas que suman por múltiples delitos, la Auditoría Superior de la daños por 1 mil 295 millones 730 mil 798 pesos, Federación (ASF) sigue aportando evidencias de más sus rendimientos. El dinero corresponde a las atrocidades que este político “ex” priísta co- los recursos totales de cuatro programas de formetió en perjuicio de centenas de veracruzanos. talecimiento financiero y al Fondo para el FortaEl pasado 12 de junio, la ASF presentó la tri- lecimiento de la Infraestructura Estatal y Munigésimo séptima denuncia penal contra el gobier- cipal, por 2 mil 856 millones 863 mil pesos. De ello se deriva que las irregularidades por no de Veracruz y quien resulte responsable por su probable responsabilidad en la simulación de más de 1 mil 295 millones representaron el 45.3 por ciento del total. El dinero estaba destinado reintegros. a 629 proyectos de inA lo largo del sexenio, la Auditoría A los 35 mil millones de pesos que fraestructura, a apoyar el fortalecimiento documentó irregularidades por más de 35 desfalcó el gobierno de Veracruz entre financiero e impulsar mil millones de pesos 2011 y 2015 se suman 1 mil 305 millones la inversión del estado, refiere la “Auditoría que afectaron a la ha- que reclama la Auditoría en 2016 de inversiones físicas cienda pública federal, 16-A-30000-04-1661, por las cuales también programas y fondos federales en el estado de Vepresentó denuncias penales ante la PGR. Hay que recordar que el ámbito de actuación racruz”. De las tres irregularidades, el mayor perjuicio de la ASF se reduce a fiscalizar los recursos que la federación entrega a las entidades y no todo a las finanzas públicas se documentó en el pliego el presupuesto que ejercen, por lo cual es proba- de observaciones 16-A-30000-04-1661-06-002. ble que los desfalcos que cometieron Duarte y En éste, la Auditoría Superior determina que su banda implicaron mucho más dinero público. “se presume un probable daño o perjuicio o amLo documentado hasta ahora por la Audito- bos a la Hacienda Pública federal por un monto ría basta para darnos una idea del tamaño del de 931 millones 574 mil 202 pesos”, del Prograrobo. A los 35 mil millones observados hasta la ma de Fortalecimiento Financiero. Este monto se integró por 931 millones 506 Cuenta Pública 2015, se le suman otros 1 mil 305 millones de pesos que reclama ese órgano de mil 860 pesos no ejercidos al 31 de diciembre control, sólo correspondientes a los recursos des- de 2016 en su objetivo ni reintegrados a la Te-
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el reintegro de la cantidad observada a la Tesofe; y que al mes de abril de 2017 estaba integrando los expedientes para interponer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes”. Finalmente una tercera observación da cuenta de otro desfalco multimillonario cometido por el gobierno de Duarte. En el pliego de observaciones 16-A-30000-04-1661-06-003, la Auditoría Superior señala que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por 40 millones 213 mil 834 pesos, más los rendimientos financieros generados, por los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016 que no se ejercieron al 31 de diciembre de 2016 ni se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación”. Sobre esta observación, indica el máximo órgano de fiscalización de México que la Secretaría de Finanzas estatal “no acreditó el compromiso de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 40 millones 213 mil pesos al 31 de diciembre de 2016, ni su reintegro a la Tesofe, no obstante que la actual administración informó que se encuentra elaborando la denuncia respectiva ante las autoridades pertinentes”. Ante este cúmulo de anomalías, la ASF dictamina que “de los 2 mil 856 millones 863 mil pesos ministrados al gobierno de Veracruz con cargo en el Fortafin y Fortalece en 2016, se determinó un monto de 1 mil 304 millones 866 mil pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y ejercicio de dicho importe en los proyectos autorizados”. WILLIAM GULARTE/CUARTOSCURO
sorería de la Federación (Tesofe), y 67 mil 342 pesos “que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago” al cierre de ese mismo año. Según la ASF, la observación subsiste respecto de un subejercicio por 627 millones 669 mil pesos de los 1 mil 112 millones 62 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero a cargo de la administración de Duarte, “de los cuales se desconoce su destino y aplicación”; y por 303 millones 837 mil pesos de los 1 mil 100 millones “a cargo de la actual administración [de Miguel Ángel Yunes], los cuales tampoco se ejercieron ni fueron reintegrados a la Tesofe dentro de los primeros 15 días enero de 2017”. La segunda irregularidad multimillonaria se refiere a un probable daño o perjuicio al erario por 323 millones 942 mil 761 pesos, más los rendimientos financieros generados, vinculados al Fondo Regional, “de los cuales no se acreditó su ejercicio o reintegro a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016, término del plazo autorizado”. Según el informe, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz se lavó las manos, al asegurar que en el acta de entrega-recepción del cambio de administración –entre el gobierno interino de Flavino Ríos, quien sustituyó a Javier Duarte por el escándalo de corrupción, y el gobierno de Miguel Ángel Yunes– “no se encontró evidencia del uso y destino de los recursos comprometidos del Fonregión por 323 millones 942 mil pesos”. La Secretaría también afirmó “que en la cuenta específica de los recursos de dicho fondo sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos al 30 de noviembre de 2016, por lo que el gobierno de Veracruz no se encontraba en condiciones de efectuar
OPINIÓN
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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
EN ESTADOS RIESGO DE QUIEBRA POR EXCESO DE DEUDAS NANCY FLORES
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as arcas federales podrían verse obligadas a rescatar, en breve, a varios estados y municipios que se han endeudado a niveles escandalosos. El problema radica, sobre todo, en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha frenado a gobernadores ni alcaldes que, sin justificación, piden créditos hasta para pagar nóminas. De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional. “El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de pesos”, refiere en su “Evaluación del marco institucional para la disciplina financiera de entidades federativas y municipios”, presentada el 30 de junio pasado. El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados. El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los financiamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las entidades federativas, sino también los municipios. Y es en esta evaluación en la cual Coahuila reprobó el indicador referente a la deuda pública y las
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obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Su crisis financiera, hay que recordar, se inició desde el sexenio del priista Humberto Moreira. Coahuila –que es gobernada por su hermano Rubén Moreira– no podrá contratar ningún financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas, se desprende del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En su nota informativa Primera evaluación del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas, agrega que otros 10 estados están en crisis por deudas. Se trata de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, que “presentan un nivel de endeudamiento en observación en el Sistema de Alertas, destacando Quintana Roo y Oaxaca por ser los únicos que cuentan con un indicador en rango alto”. En el caso de Quintana Roo, el Centro de Estudios señala que el problema se detectó en el indicador referente al servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Respecto de Oaxaca, indica que fue el indicador que observa las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales. El colapso financiero de las entidades federativas debería preocupar a las autoridades hacendarias, pues si llega a peores niveles será muy difícil resolverlo sin recurrir al rescate con dinero federal, en un momento en el que el propio Meade ha anunciado mayor crisis por la caída de las reservas petroleras. De acuerdo con el informe 2016 de la Auditoría Superior, “la deuda pública de las entidades fe-
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
nes), Chiapas (2 mil 681.9 millones), Baja California (2 mil 547.1 millones) y Nuevo León (1 mil 975.9 millones), que en conjunto concentraron el 92.9 por ciento de la variación”. Aunque la Auditoría Superior asegura que la deuda pública subnacional no pone en riesgo la estabilidad ni el funcionamiento del sistema financiero (pues en 2016 representó el 3.1 por ciento del producto interno bruto estatal), señala que “es importante revisar y dar seguimiento al nivel y evolución del endeudamiento público de algunas entidades federativas, que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales”. Recuerda que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, luego de que durante tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) observó que la regulación del endeudamiento “no permitían un registro integrado de la deuda pública subnacional en la SHCP y faltaba control […], debido a que ninguna entidad verificaba que los entes públicos cumplieran con la publicación de la información financiera”. La aplicación de esa nueva ley “ocurre en el contexto de un incremento acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída de los ingresos de las entidades federativas y municipios”, refiere la Auditoría. A la fecha, sólo 20 entidades federativas presentan un nivel de endeudamiento sostenible; y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche y Querétaro, que presentan los niveles más bajos del indicador referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición, señala el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Con estas estadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin atender el problema. 123RF
derativas y municipios creció a un ritmo acelerado entre 2009 y 2010, con una tasa media real anual de 19.7 por ciento respecto del saldo acumulado hasta 2008. Esa tendencia disminuyó a una tasa de 4.2 por ciento en el lapso de 2011 a 2016”. No obstante, la situación actual no es alentadora. La propia Auditoría Superior indica que, al cierre de 2016, “el saldo de la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos, con un crecimiento real de 1.4 por ciento respecto de 2015”.
OPINIÓN
Destaca que en 13 entidades aumentó el saldo en términos reales. De éstas, detalla, “sobresalieron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán (15.9 por ciento), Guanajuato (10.8 por ciento), Chihuahua (10.5 por ciento) y Yucatán (10.3 por ciento)”. Además, observa que, “en términos absolutos, ocho entidades mostraron los mayores incrementos en el saldo acumulado de la deuda a 2016 respecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9 millones de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millones), Michoacán (3 mil 715.6 millones), Veracruz (3 mil 312.5 millones), Ciudad de México (2 mil 745.7 millo-
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OPINIÓN ZONA CERO
AGENTES DE EU EN MÉXICO LOS MEXICANOS NO TIENEN DERECHO A SABER ZÓSIMO CAMACHO
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os mexicanos no tenemos derecho a saber cuántos agentes de corporaciones de Estados Unidos se encuentran en misiones en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores –hoy encabezada por el “aprendiz” de diplomático Luis Videgaray, según sus propias sinceras palabras– poseedora de la información, dijo que revelar tal estadística vulneraría la seguridad nacional de este país y, además, se molestarían nuestros vecinos. Más sorprendente aún es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) haya confirmado tal reserva de la información. Lo que requerimos desde principios de año es apenas una estadística básica. Sólo quisimos saber el número de los agentes estadunidenses que están en México. A sabiendas de lo quisquillosos que se vuelven los funcionarios mexicanos cuando se trata de información que involucra a sus ¿pares? gringos, sólo les preguntamos por el número total. No requerimos el número por agencia, los lugares en que se encuentran ni la naturaleza de las misiones que cumplen en México. La pregunta cuya respuesta causaría una hecatombe –si nos atenemos a los sesudos raciocinios de los censores de Relaciones Exteriores y de la Inai– es bastante simple: “Solicito conocer el número de integrantes de las agencias de seguridad de los Estados Unidos de América que, en territorio mexicano, cooperan con las autoridades mexicanas desde 2006. Desglosar por año”.
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Ya en este espacio habíamos dado cuenta – con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores– de que un número indeterminado de elementos de 13 agencias de seguridad estadunidenses se encuentran en México “colaborando” con las autoridades mexicanas. Siete de ellas están adscritas al Departamento de Justicia, cinco al Departamento de Seguridad Interna y una al Departamento del Tesoro. Por parte del Departamento de Justicia, se trata de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP). En lo que respecta al Departamento de Seguridad Interior, las agencias que tienen presencia en México son la Agregaduría legal; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio
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inteligencia? Vaya discurso para justificar una reserva de información. Y el otro remache para guardar los datos bajo llave es el de: no vaya a ser que se nos moleste el vecino. Resulta que, en la disertación del Inai, revelar el número de agentes estadunidenses en México, “se podría menoscabar la conducción de dicha relación internacional [México-Estados Unidos], en tanto que se podrían ver afectados los puntos de acuerdo a los que llegaron o podrían llegar ambas partes”. Más aún: “el incumplimiento de los principios de derecho internacional por parte del Estado mexicano afectaría de manera directa la confianza mutua que sustenta la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América” (sic). El ocultamiento del número de agentes de un país extranjero elevado a categoría de “principio de derecho internacional”. ¿Pues qué tipo de actividades realizan los gringos en México? La ley sólo dice que se trata de intercambio de información… Además, como si los estadunidenses no informaran del número de mexicanos de todas las agencias de seguridad –civiles, policiacas y militares– que van al Norte a recibir adiestramiento y a “colaborar”. Puede consultarse el interesante y basto informe del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y el Instituto Belsisario Domínguez del Senado de la República: Atlas de Seguridad y Defensa de México 2016, en el que se consignan los datos de mexicanos en Estados Unidos proporcionados por las agencias de ese país. En realidad el gobierno mexicano no desea que se conozca el número de estadunidenses en México porque sería escandaloso saber que, desde la llegada de Felipe Calderón y hasta la fecha, los gringos han copado el país con sus agentes. Y el Inai, presto, a lavarle la cara. 123RF
Secreto (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA). Finalmente, la agencia dependiente del Departamento del Tesoro con efectivos en México es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Si ya sabemos que todas esas instituciones estadunidenses tienen agentes en misiones en México, ¿por qué no informar del número total? ¿Qué “atentado” contra los mexicanos significaría dar la cifra? En su resolución, como una calca de las disertaciones de Relaciones Exteriores, el Inai encontró que ofrecer el dato perjudicaría a México en dos sentidos: se vulneraría la seguridad nacional y se “menoscabarían” las relaciones con Estados Unidos. Según la resolución del recurso de revisión del Inai, cuya comisionada ponente fue María Patricia Kurczyn Villalobos, revelar el número de integrantes de las agencias de Estados Unidos con misiones en México “podría causar un serio perjuicio a la seguridad nacional, ya que se estarían revelando aspectos que se toman en cuenta al planear y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas para combatir al narcotráfico, la farmacodependencia y el crimen organizado en territorio mexicano, con lo cual se estarían proporcionando elementos que permitirían a miembros de las organizaciones de la delincuencia organizada anticiparse, obstaculizar o bloquear las operaciones o tareas específicas encomendadas a dichos agentes, a partir del conocimiento de patrones de conducta en la determinación del número de agentes extranjeros enviados al país a lo largo del tiempo” (sic). ¡Sic! ¿En serio? ¿Saber que son 50, 500 o 2 mil de manera genérica permitiría a los delincuentes diseñar mejor sus golpes? ¿Cómo distinguirían a los capacitadores u oficinistas de los de
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OPINIÓN CONTRAPODER
ENTRE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD ÁLVARO CEPEDA NERI
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ompitiendo con los saldos de la inseguridad, diariamente sabemos de las imputaciones sobre quién roba más, qué se hacen entre sí funcionarios de todos los niveles. Saquean los dineros públicos tirándose con el excremento de esa corrupción. Y hacen como que se limpian, pero despiden ese hedor a ladrones. Las mutuas acusaciones ponen al descubierto lo que era un secreto a voces: que nuestros politiquillos no han dejado de robar desde que el alemanismo se implantó y se creó el instrumento pionero de las corruptelas: el Partido Revolucionario Institucional; disfrazado con los colores de la Bandera Nacional para simular un patriotismo y nacionalismo depravados. No ha habido un gobernador que no se haya embarrado de esa peste, junto con sus familias. De Miguel Alemán Valdés a Enrique Peña Nieto son más de 70 años de esa descomposición donde sus beneficiarios excepcionalmente pisan la cárcel. Antes bien, son exonerados. El peñismo es otra cara del alemanismo; son el alfa y el omega de la posrevolución devenida contrarrevolución con la punta de lanza del neoliberalismo económico creador del empobrecimiento masivo de la nación, a partir del período sangriento del depredador Carlos Salinas de Gortari, quien carga con los homicidios políticos de Colosio y Ruiz Massieu; la hija de éste sacando raja, aunque degradada de Relaciones Exteriores a empleada de segundo de abordo de Ochoa Reza quien, con Peña, festejó los 88 años del priísmo anunciando que no se dejarán quitar el poder ni por los votos en las urnas, al grito-divisa de “¡matanga dijo la changa!”.
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eña llegó por la corrupción, y corruptor advierte que al precio de esta perversión heredará el desvencijado trono sexenal. En la fotografía de la reportera Yasmín Ortega (La Jornada, 5 de marzo de 2017), aparece Peña ante sus dinosaurios Gamboa Patrón y Ochoa Reza con pose de boxeador sin guantes, cerrando los puños para demostrar que su PRI está en la pelea; declarando que “nunca pactará su derrota el PRI”. Y en verdad ese priísmo, derrotado ya, no tiene por qué negociar su final, ante el avance de la oposición de centro-izquierda, la caída del PAN, un desdibujado PRD y el resto de los semipartiditos que no podrán ser salvavidas ni de sí mismos. Y es que éstos también tienen el excremento de la corrupción en la boca, como cómplices de los despojos a la nación. Todos se reparten el patrimonio de los mexicanos como botín; y extorsionan y sobornan a lo descarado (Israel Covarrubias, La corrupción a debate: bibliografía comentada, revista Metapolítica; Enero-febrero, 2006). Y mientras, la democracia directa ha recurrido al populismo para atajar esa corrupción que embarra al sistema (y al régimen, porque se ha pervertido todo mecanismo de representación política). Y esa descomposición nos arrastra en “continuo retroceso hacia lo peor… comienza justamente ahora una época de retroceso” (Immanuel Kant, El conflicto de las facultades). Los mexicanos saben que el estado de derecho está cancelado como medio y fines de la política democrática. Y sólo hay ingobernabilidad, crisis económica y ladrones en los cargos públicos dedicados al robo, pues la impunidad los mantiene a salvo. Hay rateros en todos los órdenes de gobierno.
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CUARTOSCURO
CONTRAPODER
En la Suprema Corte, donde imparte “justicia” a modo (por ejemplo, para favorecer las represiones de Eruviel en el Estado de México). Rateros en Pemex, en la CFE (cuyo anterior director: Ochoa Reza tiene concesiones en Nuevo León). En las presidencias municipales, cuyos titulares son socios de los narcotraficantes. En las cárceles, donde los presos con dinero hacen túneles para “escapar”. Está la Barrales del PRD, con departamentos en Miami. El panista Anaya con lujosa casa, que alquila en otro lugar estadounidense, dizque para que sus hijos aprendan inglés. No escapa a la corrupción ni el PRD ni el PAN ni el PRI ni los del PVEM. Ni en el Panal. Por esas raterías están presos: la maestra Gordillo, el panista Padrés. Pero libres Medina, Borge y el candidato ahora a presidente municipal: el peñista ¡Humberto Moreira! Angélica Rivera y su esposo Enrique Peña, exculpados por lo de la “casa blanca” y millonarios desde que fueron gobernantes mexiquenses. Se descobijan, pues, y muestran al desnudo que son cacos, ladrones, saqueadores. Esto es, con todo, un avance. Ya están en la lista de los que roban. Y sólo falta llevarlos ante una PGR, donde no “cantan mal las rancheras” en tono de corrupción, junto con no pocos jueces, magistrados y ministros que se corrompen encubriendo y dando resoluciones para favorecer a los otros funcionarios.
Encontrar un funcionario honrado es buscar una aguja en un pajar. Pues de Alemán a Peña, los presidentes de la República han robado asociados con amigos y familiares. Los desgobernadores roban con sus grupos al estilo de Javier Duarte, al cual esperemos no le “paguen” los millones invertidos en la campaña electoral peñista. Y aparece el Programa Anticorrupción, con el mensaje aparente de que “prometer no empobrece”. Pues ante tanta corrupción económica, política y empresarial (¡Larrea, con sus minas!), su legislación no será retroactiva. Partiremos de cero no obstante tanto ladrón exhibido por todo el país, cuyo número ronda los 15 mil. Le han robado al pueblo. Y no quieren populismo, como la venganza contra tanto corrupto. En la Ciudad de México donde mandan los hermanos Serna por órdenes de Mancera, también anida la corrupción. Como antes con Ebrard. Nada les harán pues la impunidad salva a perredistas, panistas, priistas y verdes. Qué bueno que se descobijen unos a otros. Así es como nos enteramos de lo que han acumulado como producto de sus raterías. Ya sabemos quiénes son los ladrones y cuánto han robado, pero la Fiscalía Anticorrupción –a la luz de “más vale tarde que nunca”– no se dará tiempo para pescar a tanto ratero que ha sido cubierto con la impunidad.
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BAJA CALIFORNIA SUR EL DESORDEN SE TIENE HASTA EN LA CASA ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓN Y GEOFÍSICA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGIDOS Y BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
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os gobiernos de Baja California Sur, al menos los dos últimos, demuestran y reafirman en muchas de sus decisiones su vocación empresarial y su escaso compromiso social. Desde hace tiempo, en Contralínea hemos dado seguimiento a varios asuntos que afectan a la sociedad sudcaliforniana. Entre estos, la exacerbación de la violencia por el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, grupos que cada vez generan episodios más violentos ante una descomunal ineficacia de las autoridades administrativas y legislativas, así como de las corporaciones policiacas del estado, aunque también debe reconocerse que tampoco han sido muy útiles los aparatosos despliegues militares en la entidad; la violencia criminal no ha sido erradicada, ni siquiera contenida. Tarea difícil la de salir avante en una crisis que atraviesa al país de península a península. Veamos entonces otras áreas en las que el gobierno estatal pudiera accionar y garantizar beneficios sociales si así lo quisiera. Las autoridades sudcalifornianas y sus gobernados mantienen diferentes conflictos, en los que la sociedad percibimos cierta inclinación de los gobernantes al distanciamiento con la base social. Ahí está el asunto del despojo de playas por parte de la empresa Tres Santos sobre los pescadores de Todos Santos, una trama llena de irregularidades en la otorgación de permisos para los desarrolladores inmobiliarios y en la participación de las autoridades ambientales. Situación en la que incluso se ha llegado a la represión de la comunidad to-
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dosanteña por parte de cuerpos policiacos. Y en cuyo último episodio ha sido encarcelado el abogado defensor de los pescadores, el también activista John Joseph Moreno Rutowski, en otro asunto legal plagado de irregularidades. En el que algunos medios locales han jugado un papel importante en la desacreditación infundada de Moreno. Extraña encarcelación que sucede cuando sus representados, los pescadores opositores al desarrollo hotelero y de viviendas de lujo, ganan un amparo a nivel federal en el largo conflicto legal contra los invasores inmobiliarios de capital nacional y extranjero, relacionados a figuras políticas nacionales de altos vuelos. Otro asunto que sigue tensando la relación de la sociedad sudcaliforniana con el gobierno estatal involucra a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo accionar conjunto pudo el año pasado llevar a cabo la demolición de una de las primarias más antiguas del puerto de La Paz, que estuviera erigida en el corazón del centro histórico a unos pasos del kiosco del malecón, en una de las zonas de mayor plusvalía del centro; que ahora incrementará su valor con el nuevo remozamiento que las autoridades planean para el malecón de la ciudad, pues aspiran a tener uno de clase mundial, según ellos. En cuyo plan se maneja la especie de la creación de playas artificiales para ganarle terreno al mar. Ni más ni menos que la creación de playas en la entidad federativa con mayor litoral del país, con el propósito de que el ciudadano común y todo turista tenga acceso a éstas; cuando gran par-
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inmueble, mismo que fue enviado al gobernador Mendoza Davis (http://www.contralinea.com.mx/ archivo-revista/index.php/2016/10/09/politica-contra-la-educacion-en-baja-california-sur/). Jiménez Márquez también dice que el costeo anual del albergue estudiantil de 2 y medio millones de pesos no es viable para el gobierno estatal, cuando en el nuevo proyecto de remodelación del malecón se habla de cientos de millones de pesos. Habrá que descifrar cuáles son la prioridades de las autoridades para con la sociedad y/o sociedades económicas. El paseo de conductores y viandantes parece ser una obsesión de cada administración estatal, pues a todas les ataca el síndrome de su remodelación; y los hace olvidarse de que en el estado hay colonias sin pavimento, sin servicios básicos, escuelas con piso de tierra y muchas necesidades más. Y en tanto derrumban escuelas e intentan clausurar espacios académicos a los políticos les parece que la creación de playas artificiales en la entidad con más línea costera del país es la panacea. Jiménez Márquez también ha dicho que lo que se vive en la Casa del Estudiante es un asunto que ha rebasado a las autoridades, en el que estudiantes de bajos promedios y que reprueban materias –una especie de vividores que habitan la casa por años beneficiándose de los alimentos, así entiendo que él los define– han tomado control de ésta, mientras ellos –las autoridades– no saben el destino de los recursos económicos asignados para el inmueble (http://www. jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/10/cierran-casa-del-estudiante-sudcaliforniano-en-la-cdmx). ¿Entonces qué esperanzas puede tener la sociedad sudcaliforniana de que las autoridades pongan orden en la entidad en cuanto a violencia, corrupción y despojo, cuando no pueden atender las necesidades de una casa, darle mantenimiento preventivo y correctivo y transparentar los recursos destinados a ésta? Triste el panorama político-social para los sudcalifornianos, aunque “gozarán” de las playas más artificiales del planeta. 123RF
te de la zona costera ha sido entregada por diversas autoridades, municipales y estatales, a particulares. Ahí está el asunto de Tres Santos y muchos otros en todo el estado, pero principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Y aunque se destruyó la primaria 18 de Marzo, en el mismo frente educativo que las autoridades han abierto contra la sociedad, el gobierno no ha podido clausurar la Casa del Estudiante Sudcaliforniano con sede en la Ciudad de México, pero se empeña en ello. Así lo ha reiterado en abril de este año el Secretario de Educación Pública estatal Héctor Jiménez Márquez, quien asevera que el inmueble es inseguro a pesar del dictamen de Protección Civil de la Ciudad de México solicitado por
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la administración del gobernador anterior Marcos Covarrubias Villaseñor, en el que sólo se advierten recomendaciones de corrección y prevención; mismas que los integrantes de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano solicitaron a la administración de Covarrubias Villaseñor y han requerido a la actual de Carlos Mendoza Davis, sin obtener respuestas positivas en ambos casos. Pero como el dictamen de las autoridades de la capital del país no le pareció acertado al gobierno del Estado ni a la SEP, el año pasado solicitaron la intervención de una empresa particular, con cuyo veredicto sobre el edificio curiosamente sí estuvieron de acuerdo. Ante ello las autoridades correspondientes de la Ciudad de México emitieron un nuevo dictamen en el que ratificaron la viabilidad de mantener el
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FÁBRICAS DE SUDOR LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LAS GRANDES MARCAS CARLOS S VELASCO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
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os esfuerzos entre organizaciones humanita- Aún así, la opacidad ha sido una constante. En el Reino Unidos cinco grandes empresas rias del Norte y del Sur han conseguido que algunas empresas adopten códigos éticos textiles –como Marks & Spencer y C&A– asumieque mejoren las condiciones de trabajo y frenen los ron sus respectivos códigos éticos después de 3 años abusos de las multinacionales contra sus trabajado- de presiones por parte de los consumidores y la res en los países empobrecidos, cuyas legislaciones coordinación de la organización Oxfam. La empresa suiza Migros, dedicada a la distrino protegen a los asalariados. La batalla por los derechos laborales se ha trasladado al escenario de la bución de productos, remitió una carta a sus procomunicación y la denuncia social, donde las gran- veedores de Almería (España) para advertirles que si no mejoraban sus condiciones laborales dejarían des multinacionales son más vulnerables. La lucha contra la explotación laboral globali- de trabajar con ellos. En la misma carta se explicazada comenzó en la década de 1980, cuando las ba que esta medida respondía a las peticiones de organizaciones no gubernamentales y los sindicatos clientes que se negaban a consumir alimentos sin se movilizaron a través de denuncias públicas que garantías sociales. En 1998, la Orgaafectaban a la imagen nización Internaciocorporativa de las emAlgunas multinacionales consideran presas y ponían en tela que la equivocación no reside en las ma- nal del Trabajo (OIT) enumeró las empresas de juicio su legitimidad las condiciones laborales sino en una mala que habían redactado ética. Las empresas del códigos éticos, el 90 por Norte habían traslada- gestión de su comunicación ciento pertenecientes a do buena parte de sus países del Norte. Este actividades al Sur, donde las legislaciones eran permisivas y los salarios éxito debe ser matizado y sopesado: sólo el 15 por muy bajos. Pero nuestra sociedad ha contemplado ciento de los códigos menciona la libertad de asosus acciones: salarios rastreros, condiciones infrahu- ciación y sólo el 25 por ciento se compromete a no manas, agresiones verbales y físicas, y situaciones de recurrir al trabajo forzado. Su aplicación es todavía confinamiento. Hace años que Nike aceptó, pero una asignatura pendiente. Algunas multinacionales dicen no creer que la parece que no se ha respetado siempre, un código de conducta después de una virulenta campaña equivocación resida en las malas condiciones labodesatada por sus desmanes en Indonesia, China, y rales o de contratación que imponen en el Sur, sino Tailandia. Estudiantes contra las Fábricas de Sudor en una mala gestión de su comunicación. Una “efi(Students against Sweatshops), una asociación uni- caz” campaña de Nike puede eclipsar la (pésima) versitaria estadunidense, obligó a la multinacional a situación laboral de 500 mil trabajadores. Parece que ha llegado la hora de revisar esos publicar parte de la ubicación de sus subcontratas.
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compromisos, muchos de ellos abandonados o tergiversados, porque la corrupción ha adoptado diversas formas financieras y servirse de paraísos fiscales, porque padecen millones de trabajadores de países del Sur mientras el glamour y los premios siguen amparando a sus explotadores. Todavía persiste una mentalidad empresarial que no tiene en cuenta lo establecido por la OIT. Un anuncio en un periódico expresaba lo que muchos piensan: “Estimado empresario, si tienes problemas con tu negocio, si no puedes pagar mano de obra, tenemos la solución, países del Este, un trabajador cobra 50 dólares al mes. Trasladamos sus máquinas allí”. En algunos casos, los gobiernos locales se “acomodan” a las exigencias de las multinacionales. En otros casos, temen el impacto económico que supondría el traslado de la empresa. Y es que algunas corporaciones tienen poder para hacer y deshacer a su voluntad. Uno de los informes sobre Nike en diversos países de Asia, realizado sobre más de 5 mil trabajadores, confirmó que se habían producido abusos
como salarios bajos, trato abusivo y horas excesivas de trabajo. Algunas empresas de Occidente establecidas en países asiáticos disponen de guardias de seguridad privada que fueron contratados para vigilar el “ambiente laboral”. La presión social no debe limitarse a que las grandes empresas trasladen la ubicación de su expolio. Esta influencia debe redistribuirse, de forma que obligue a las subcontratadas a que adopten cambios y a que los países reconozcan estas nuevas condiciones. Todo esto debe ser recordado por el comprador cada vez que se acerca a una tienda. No podemos permanecer como los europeos hasta hace 5 siglos, cuando pensaban que la seda era un fruto que se obtenía de los árboles. Un consumo responsable debe tener en cuenta que muchos productos proceden de “fábricas de sudor”, y que no se puede permanecer indiferente. Que protejan los derechos de los trabajadores, y que aporten desarrollo y bienestar en lugar de explotación y miseria. No más excusas ni campañas publicitarias que oculten sus excesos.
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EU-CUBA OTRO CONTEXTO A 2 AÑOS DE NUEVOS LAZOS DIPLOMÁTICOS DIONY SANABIA/PRENSA LATINA
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ashington. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba llega este 20 de julio a su segundo aniversario marcado por el retroceso en los nexos bilaterales a partir de la nueva postura de Washington. Hace poco más de un mes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció cambios de su administración hacia la isla caribeña, que revierten algunas de las acciones impulsadas por su predecesor Barack Obama a partir del 17 de diciembre de 2014. Ese día, el entonces gobernante demócrata y el jefe de Estado cubano, Raúl Castro, anunciaron que ambos países iniciarían un proceso encaminado a normalizar sus vínculos. Como parte de la iniciativa, La Habana y Washington desarrollaron varias rondas de conversaciones sobre asuntos de diversa índole en ambas capitales, y reabrieron sus respectivas embajadas en el verano de 2015. Durante algo más de 2 años y hasta el 20 de enero último, cuando Obama dejó la Casa Blanca y Trump tomó el poder, Cuba y Estados Unidos adoptaron 22 instrumentos bilaterales en aras de avanzar en el declarado propósito común. Así surgieron acuerdos, memorandos de entendimiento, arreglos y tratados sobre sanidad vegetal y animal, migración, seguridad para la navegación marítima, rescate y salvamento de personas, combate al narcotráfico y vuelos regulares. También nacieron otros relacionados con el correo postal directo, la agricultura, la salud, la meteo-
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rología, la sismología, las áreas terrestres y marítimas protegidas, y el hermanamiento de los parques nacionales de la Ciénaga de Zapata y Everglades. Los dos países firmaron además un tratado sobre la delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas. A lo largo del período referido, ambas naciones celebraron más de 50 encuentros técnicos y acciones de cooperación sobre ciberseguridad y la lucha contra el tráfico de drogas y personas, el terrorismo y el fraude migratorio. Trataron la seguridad marítima y de la aviación, la protección medioambiental, la asistencia judicial en materia penal y el combate al lavado de activos. Se desarrollaron más de 20 diálogos relacionados con la aplicación y el cumplimiento de la ley, la economía, las telecomunicaciones, los derechos humanos, las compensaciones mutuas, y el desarme y no proliferación de armas. Estados Unidos excluyó a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, y Raúl Castro y Obama se encontraron y dialogaron tres veces, la última de ellas cuando el afroamericano visitó de manera oficial La Habana, en marzo de 2016. Casi una semana antes de concluir su mandato, el demócrata derogó la política de pies secos pies mojados y el programa de parole para médicos cubanos, que representaban vías de inmigración insegura a territorio norteamericano. Sin embargo, como reitera la mayor de las Antillas, la persistencia del bloqueo estadounidense en su contra, una política de más de 55 años de du-
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ración, continúa siendo el principal obstáculo a la normalización de las relaciones bilaterales. Aunque Obama emitió varias medidas para modificar la aplicación del cerco económico, comercial y financiero, no usó todas las prerrogativas disponibles, y con los anuncios de Trump el 16 de junio, Washington volvió a su pasado de confrontaciones. El gobernante republicano comunicó el cambio de postura en la ciudad de Miami, Florida, y después de concluir un discurso sobre el tema, firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba. Dicho documento restringe los viajes de los estadunidenses al país caribeño a partir de barreras burocráticas y la eliminación de visitas educativas a título individual. Asimismo, prohíbe las transacciones económicas, comerciales y financieras entre compañías estadounidenses y empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad. De esa forma, y como consideró el gobierno de la isla en una declaración, se imponen trabas adicionales a las ya muy restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense tiene para comerciar e invertir en Cuba. El mismo 16 de junio entidades federales de Estados Unidos publicaron guías para referirse a los cambios, y los documentos divulgados incluyeron preguntas y respuestas sobre las nuevas medidas. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, sus enmiendas regulatorias se emitirían en los próximos meses y las transformaciones no surtirán efecto hasta la aparición de los reglamentos correspondientes. El Departamento de Comercio aplicará los cambios necesarios a través de enmiendas a sus Reglamentos de Administración de Exportaciones. Sobre las visitas de los estadounidenses a Cuba para el contacto “pueblo a pueblo”, que solo podrán realizarse en grupos porque los personales estarán prohibidos, las informaciones precisaron que los viajeros deberán mantener un horario completo de actividades de intercambio educativo. Esos conjuntos de personas serán supervisados por algún representante de la entidad que gestione
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las estancias en la isla, algo que había sido eliminado por la administración de Obama. Trump afirmó que su estrategia irá dirigida a hacer cumplir la prohibición que impide a los norteamericanos realizar viajes turísticos a la nación antillana y limitar el comercio para “impedir que llegue dinero al Estado cubano”. Es evidente que el presidente norteamericano no ha sido bien informado acerca de la historia de Cuba y de las relaciones con Estados Unidos, ni sobre el patriotismo y la dignidad de los cubanos, afirmó Raúl Castro el 14 de julio pasado. Al clausurar el noveno período ordinario de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional, el mandatario caribeño reiteró que la historia no puede ser olvidada, “como a veces nos han sugerido hacer”. Por más de 200 años, los vínculos entre Cuba y Estados Unidos han estado marcados, de una parte, por las pretensiones del vecino del Norte de dominación sobre nuestro país y, de otra, por la determinación de los cubanos de ser libres, independientes y soberanos, sostuvo. Manifestó que el gobierno de Estados Unidos ha decidido recrudecer el bloqueo, y justifica sus medidas con una retórica vieja y hostil, propia de la Guerra Fría. Las decisiones de Trump desconocen el apoyo de amplios sectores estadounidenses a la normalización de las relaciones y solo satisfacen los intereses de un grupo de origen cubano del sur de Florida, cada vez más aislado y minoritario, que insiste en dañar a Cuba y su pueblo por haber elegido defender, a cualquier precio, su derecho a ser libre, independiente y soberano, agregó. Reafirmamos, expuso, que cualquier estrategia que pretenda destruir a la Revolución, ya sea mediante la coerción y las presiones o recurriendo a métodos sutiles, fracasará. De igual forma, puntualizó, rechazamos la manipulación del tema de los derechos humanos contra Cuba, que tiene mucho para enorgullecerse por los logros alcanzados y no tiene que recibir lecciones de Estados Unidos ni de nadie. Raúl Castro repitió que Cuba posee la voluntad de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos, sobre la base de la igualdad y el respeto a su soberanía e independencia.
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CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
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¿Acaso porque los inmuebles que no pagan IBI os privilegios fiscales de la Iglesia Católica preocupan y no tienen razón de ser. En son lugares de culto? No, porque solo un 18 por 2007, la Comisión Europea (CE) criticaba ciento de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se al gobierno español por las ventajas tributarias a dedican al culto. El 82 por ciento restante no son inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en lugares de culto… y tampoco pagan IBI. Por no pa2005, la CE había pedido a España que modificara garlo, el Estado deja de cobrar 2 mil 500 millones su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Econó- de euros cada año. Y hablando de privilegios, desde hace unos años micos por ser ilegales las exenciones del IVA (Imla Iglesia Católica española registra como propios puesto al Valor Agregado) a la Iglesia. Otra vez, la Comisión ha pedido explicar por viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos que pertenecían a los pueblos, pero no estaban reel Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y gistrados. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo a la chita callando Obras ni el Impuesto de Bienes e Inmuebles Desde hace unos años la Iglesia Cató- por dos artículos de la Ley y Reglamento hi(IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de lica española registra como propios vi- potecarios, que debela Unión Europea de- ñedos, olivares, casas rectorales, atrios y rían ser derogados ya, por los que ¡¡los obispos nunció las exenciones solares que pertenecían a los pueblos pueden registrar profiscales de la Iglesia Capiedades como si fueran tólica en España, porfuncionarios públicos!! que “pueden ser ayudas estatales prohibidas”. El privilegio aumentó en 1998, cuando el GoEl artículo 16 de la Constitución española deja claro que España es un estado aconfesional y, por bierno de Aznar suprimió un artículo del reglatanto, “ninguna confesión tendrá carácter estatal, mento que hasta entonces impedía inmatricular los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias (registrar propiedades a su nombre) edificios de culreligiosas de la sociedad española y mantendrán re- to, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la laciones de cooperación con la Iglesia Católica y Iglesia inmatricula a todo gas. Es tal el volumen de las demás confesiones”. Cooperación, no privile- oscuros registros de propiedad que en Navarra, por gios. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene en el Reino ejemplo, han arrasado el territorio y figuran como de España beneficios fiscales que en realidad se res- propiedades de la Iglesia Católica cientos de temtan a la ciudadanía? No hay respuesta para explicar plos parroquiales, ermitas y basílicas y todo lo que por qué no pagan Impuesto de Transmisiones Pa- tienen dentro. Además de casas, almacenes, garatrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque jes, frontones y cementerios. Hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110 mil 000 propiedano pagan el IBI como todo el mundo.
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pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado. Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11 mil 000 millones de euros anuales; más del 1 por ciento del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, a lo largo de su historia, de gran parte del patrimonio que hoy posee por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”. Urge arreglar tal desaguisado y regular la relación con la Iglesia teniendo en cuenta los intereses de la ciudadanía y la aconfesionalidad del Estado. Sin privilegios.
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des… que no pagan impuestos. Templos y ermitas, por ejemplo, no eran propiedad de la Iglesia y muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente. En 2007, documentándose el escritor navarro José María Esparza para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar y nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, 10 años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tareas de la ciudadanía. Muchos alcaldes las han descubierto con sorpresa e intentan devolver al
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EL MENSAJE DE CHINA POPULAR: AUDACIA MARCO A GANDÁSEGUI, HIJO*/PRENSA LATINA
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l anuncio de la apertura de relaciones diplo- máticas con Panamá: Pekín quiere extender la Ruta máticas entre Panamá y China Popular fue de la Seda euroasiática en la dirección opuesta, con tardío y recibido por los diferentes sectores el istmo panameño como su baluarte comercial y sociales panameños con bastante displicencia. ¿Por político en el hemisferio occidental. Le permitirá qué? Desde 1972 -hace 45 años- se esperaba el consolidar sus relaciones con toda la región latinoaanuncio. En aquella fecha Estados Unidos rompió mericana, especialmente el Gran Caribe. El Canal de Panamá es sin duda el máximo pretodos los diques de contención cuando el presidente Mao Tse-Tung recibió a Richard Nixon en Pekín. mio. China ya tiene un fuerte interés en los puertos En América Latina, Cuba tiene relaciones diplo- de Balboa y Cristóbal. Está construyendo otro en la máticas con el gigante asiático desde 1960. Chile y ‘isla’ Margarita. Además, es probable que empresarios chinos incursionen en inversiones logísticas en Perú las establecieron en 1971. La decisión del gobierno del presidente Juan terrenos del antiguo polígono de Nuevo EmperaCarlos Varela puso fin a la diplomacia de la ‘che- dor. ¿Cuál es la agenda del gobierno panameño quera’ que tenía Panamá con la isla rebelde de Taiwán, que oficialmente aún pretende representar frente a esta decisión histórica? El presidente Vaa toda China. Los actuales gobernantes en Taipei rela y su equipo no lo han hecho explícito. Tienen dos alternativas. Por un reaccionaron ante el anuncio de Panamá deChina quiere extender la Ruta de la lado, seguir la pauta nunciando al gobierno Seda euroasiática en la dirección opuesta, rentista y especuladora sentada por los gobiery quemando banderas con Panamá como su baluarte comercial nos oligarcas panamepanameñas. ños desde la indepenEn 1972, EU abrió y político en el hemisferio occidental dencia de España en sus relaciones con Chi1821. La otra, promona, en gran parte por razones geopolíticas. Nixon vio la posibilidad de ver una política que conduzca el país hacia el dearrinconar a la Unión Soviética, el principal ene- sarrollo integral nacional e incluyente que beneficie migo de EU durante la Guerra Fría. Por su lado, a todos los panameños. En otras palabras, la nueva Pekín necesitaba oxigenar su marcha hacia la au- relación con China Popular le permitiría a Panamá tonomía y desarrollo para sacarla del atraso que la embarcarse en un proyecto audaz de dimensiones caracterizó durante casi dos siglos. El balance his- similares a la construcción del Canal de Panamá tórico parece inclinarse a favor de la audacia de los a principios del siglo pasado, pero con las manos firmemente sobre el timón. dos gobiernos, quizás un poco más del lado chino. El Canal de Panamá ha estado por más de un En 2017 la apertura entre Panamá y China tiene significados distintos y probablemente redunda- siglo al servició de la marina mercante mundial, rá en otros beneficios. Es bastante claro lo que per- dominada por EU, y los gobiernos han descuidasigue China Popular estableciendo relaciones diplo- do casi por completo el desarrollo nacional. Las
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tes que genera, sumado a las relaciones con China, le permitiría desarrollar (de manera sostenible) su potencial agrícola. Además, puede incursionar en áreas industriales competitivas. Para ello, tendría que construir nuevas carreteras y vías ferreas (‘trenes balas’) de frontera a frontera. También tiene que ser audaz y construir puertos en ambas costas del país para atender a los barcos que navegan por la vía interoceánica. La otra alternativa, nefasta, es continuar con la política rentista -fracasada- de la oligarquía que se sienta a orillas del Canal esperando que caigan las migajas de los barcos que cruzan sus aguas. *Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos. Doctor por la Universidad del Estado de Nueva York. Coordina el grupo de trabajo de Estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá
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inversiones chinas a principios del siglo XXI, sin duda, estarán en función del comercio mundial, aprovechando la ruta de tránsito del estrecho istmo de Panamá. Pekín percibe a Panamá como un eslabón más en su política global de reconstruir la Ruta de Seda. Quiere unir -gracias al Canal de Panamá- a Asia con el Atlántico, atravesando el Pacífico. Las relaciones con China Popular le proporcionan a Panamá la oportunidad de salir del atraso y desarrollar una política marítima propia, audaz, de proporciones globales. Sin embargo, esa política -que incluiría la definición de rutas, el desarrollo de nuevas tecnologías marítimas, la construcción de naves con tecnología de punta y otras ventajas, tiene que descansar sobre una estructura social y económica sólida capaz de resistir los embates de la competencia mundial. Para ello, Panamá necesita definir una política agroindustrial, logística y política audaz, que incluya a todos los panameños. El Canal y los exceden-
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DESPLAZADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO JOSÉ MARÍA GÓMEZ VALLEJO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
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eitiota y su familia vivían en Kiribati, una pequeña isla en el Océano Pacífico, pero tuvieron que emigrar a Nueva Zelanda porque la subida del nivel del mar ponía en riesgo sus vidas. Su caso no es excepcional. Se estima que hay más de 60 millones de personas desplazadas como consecuencia del cambio climático, según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, una cifra que podría ascender a casi 1 mil millones en los próximos 50 años. A pesar de que el calentamiento global obligue a buscar un nuevo hogar a millones de personas, son invisibles en el marco legal internacional. Tanto a Teitiota como a su familia les denegaron el asilo y tuvieron que volver a una isla que en los próximos años estará sumergida bajo el agua, porque no hay leyes que les reconozcan como refugiados climáticos. Es una realidad que no aparece en el Estatuto de los Refugiados, a pesar de que los cambios y desastres ambientales han provocado más migraciones que los conflictos armados, según la Organización Internacional para las Migraciones. Los países más vulnerables, y por tanto más perjudicados, son aquellos que disponen de menos recursos, la mayoría se encuentran en África, Asia y Latinoamérica. Sufren las consecuencias de las enfermedades, las sequías e inundaciones, o la desaparición de especies, que dañan a un entorno que es fundamental para estos países no industrializados, que viven sobre todo de los recursos naturales. Además, están más expuestos a la contaminación por culpa de una industria pesada que degrada el medio ambiente con la deforestación, o la extracción de gas y petróleo.
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“La explotación minera en nuestros países contamina el agua y destruye el suelo, ¿de qué vamos a vivir?”, se pregunta Samir Abi, presidente del Observatorio de Migraciones del África Occidental. “Somos víctimas de las multinacionales del norte, emigramos por su culpa”. De los 50 países más afectados, 36 están en África. Gueme es la presidenta de la Unión de Sindicatos de Chad y denuncia que las explotaciones petroleras “han destruidos cultivos en la única zona fértil del lago”, lo que ha obligado a miles de personas a exiliarse. La temperatura media del planeta superará los tres grados en 2050 según diversos estudios avalados por la Organización de las Naciones Unidas. Por ello es vital buscar alternativas al calentamiento global y los estragos que causa tanto en el planeta como en las personas. El Acuerdo de París, aun con la retirada de los Estados Unidos, supone un necesario paso para limitar el aumento de temperaturas y mitigar los daños que se producen en aquellos países donde el cambio climático es más severo. Sólo falta en el acuerdo que el reconocimiento y las referencias hacia la protección de los refugiados climáticos se traduzcan en medidas concretas que aseguren y preserven sus derechos. Y que se decidan a reconocer como derecho fundamental a las víctimas de los efectos del cambio climático. Esto, junto a la imprescindible educación de todas las mujeres y de los hombres a aceptar y ser respetados en su derecho a una maternidad/paternidad responsables son pasos imprescindibles ante la explosión demográfica, sobre todo, en las áreas con menos recursos porque el frente que nos podría llevar al caos se apoya sobre todo en esos pilares: educación y corresponsabilidad sin fronteras.
INVESTIGACIÓN PORTADA
CADA EXPRESIDENTE CUESTA
A LOS MEXICANOS 60 MILLONES DE PESOS ANUALES
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Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos. Entre los beneficiarios está Margarita Zavala VÍCTOR HUGO REYES MARTÍNEZ
DAVID MANRIQUE
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os expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría y las viudas de Miguel de la Madrid –Paloma Cordero– y de José López Portillo –Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro)– cuestan al erario más de 60 millones de pesos anuales cada uno (a razón de más de 5 millones de pesos por mes). Copias de los comprobantes de gastos –obtenidas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan que el gasto público destinado a los exmandatarios y sus beneficiarios no se reduce a las pensiones de 205 mil 121 pesos mensuales, sino que incluye aguinaldos (21 mil 876 pesos), seguros de vida (32 mil 448 pesos), seguros de gastos médicos mayores (de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales generales vigentes en la Ciudad de México) y sueldos al personal de ayudantía y escoltas (4 millones 799 mil 999 pesos). Además, los mexicanos –de los cuales 70 millones se encuentran en situación de pobre-
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MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO
za– les pagan los denominados “servicios domiciliarios”, que van desde el servicio de jardinería, luz, predial, agua y teléfono, hasta la manutención de tres automóviles de uso personal para los beneficiarios (expresidente, esposa e hijos) y tres más para el uso de escoltas, así como el pago de gasolina y tenencia de esos vehículos. El gasto mensual de 5 millones 5 mil 121 pesos (que se establece cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación) fue oficializado el 31 de marzo de 1987, cuando gobernaba Miguel de la Madrid Hurtado. No obstante, la erogación ya se había instituido desde el sexenio anterior, encabezado por el también priísta Luis Echeverría Álvarez. La “oficialización” se dio con el Acuerdo Presidencial 2763-BIS que, sin firma del mandatario en turno ni su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aprobó el pago de pensiones, apoyos, personal de ayudantía, escoltas y compensaciones a expresidentes y sus herederos. Éste se asentó como “el otorgamiento de beneficios de carácter económico, social y administrativo” para la subsistencia y protección de los mismos.
Luis Echeverría, entre los beneficiados por las pensiones multimillonarias
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El doctor en derecho y en ciencias de la información Ernesto Villanueva explica que ése “es un Acuerdo con bases legales ausentes, puesto que, además de la ausencia de firma y de su publicación en el Diario Oficial, el Acuerdo se ha manejado en términos de arbitrariedad, lo que significa un desvío del poder por parte del Ejecutivo”. El también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agrega que “si bien es cierto que entre las facultades del presidente está la promulgación y ejecución de leyes (artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), nunca se le confiere a éste el poder ni la autoridad legal suficiente para destinar a exmandatarios o a funcionarios públicos ningún tipo de beneficio además de una pensión”.
Personal de ayudantía y guardias La Oficina de la Presidencia, así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado indican que, para su protección y la de su familia, cada exmandatario de México tendrá a su disposición 78 personas adscritas a la Armada, a la Fuerza Aérea y al Ejército Mexicano. Además, a su servicio tendrán 25 empleados de la Federación –aunque el personal varía a petición de cada beneficiario–, que desempeñarán cargos como: director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, secretaria, técnico especializado, chofer y auxiliar administrativo. En respuesta a la solicitud de información 0210000040117, la Dirección General de Recursos Humanos de la Presidencia informa que no cuenta con datos que detallen los gastos en personal de ayudantía, debido a que no existe una “unidad responsable ejecutora de gasto que permita proporcionar el gasto total requerido”. Y no obstante que, en su respuesta, adjunta una tabla que describe el número de personas al servicio de cada expresidente junto con los niveles tabulares que les corresponden, al momento de rastrear las percepciones de esos funcionarios
JUAN SOTELO/CUARTOSCURO
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Erario paga pensión vitalicia a Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro), viuda del expresidente José López Portillo
(sueldo, prestaciones, pago de primas de seguros, etcétera), dichos niveles tabulares aparecen como inexistentes o no coinciden con los cargos que ocupa cada empleado. Lo que sí se establece tanto en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal como en el Acuerdo Presidencial 2763-BIS, es que cada exmandatario contará con 25 empleados de ayudantía pagados por el erario nacional. Así, el equipo de los expresidentes se conforma por un director general, con una percepción total de 180 mil 474 pesos; dos directores de área, con una percepción de 112 mil 659, cada uno; cuatro subdirectores, cada uno con un sueldo de 50 mil 784 pesos; cuatro jefes de departamento, con una percepción individual de 34 mil 123 pesos; cuatro secretarias: una asignada al director general, otra al director de área, así como dos
más al subdirector; tres técnicos especializados; tres choferes, y cuatro auxiliares administrativos. Respecto del personal asignado a guardias, sólo se pudo acceder a la cantidad de personas que cada expresidente tiene a su disposición, pues Presidencia argumenta en su respuesta que, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en la Coordinación Administrativa del Estado Mayor Presidencial, no se encontraron registros documentales de gastos, por lo que se declara su inexistencia”. Pese a esto, es público (según el artículo 4 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado) que el número y rangos del personal de guardia adscrito al Estado Mayor Presidencial que los expresidentes tendrán a su cargo son: de la Armada, dos jefes con un sueldo anual de 92 mil 439 pesos; cuatro oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y 16 de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. De la Fuerza Aérea:
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PEDRO MERA/CUARTOSCURO
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Aunque Ernesto Zedillo renunció a la pensión, mantiene vigentes los empleados y el cuerpo de seguridad que se pagan con dinero público
un jefe, con un salario anual de 2 mil 439 pesos; dos oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y ocho de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. Y del Ejército: un general, con salario anual 179 mil 89 pesos; cuatro jefes, con un salario anual de 2 mil 439 pesos; ocho oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y 32 de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. El número de ayudantes de los exmandatarios y sus familias es modificable a petición de los beneficiarios, motivo por el cual Vicente Fox cuenta con el grupo más grande: 20 funcionarios a su disposición. Le siguen Felipe Calderón y Luis Echeverría, con 18 respectivamente; Carlos Salinas con 11, y Ernesto Zedillo con tres. Aguinaldo y seguros, a costa del erario En lo que corresponde al pago de prestaciones, tales como aguinaldo, seguro de vida y se32
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guro de gastos médicos mayores, la Oficina de la Presidencia proporcionó, a través de la solicitud de información 0210000039317, copias de los comprobantes de pago de dichas prestaciones en la primera quincena de marzo de 2017. Los montos del aguinaldo fueron los siguientes: Luis Echeverría con 31 mil 875 pesos, más un monto de 11 mil 269 pesos asignado en el rubro de “otras prestaciones”; Vicente Fox con 21 mil 875 pesos y el mismo monto asignado a “otras prestaciones”; Felipe Calderón con los mismos pagos en aguinaldo y prestaciones que Fox; Alejandra Acimovic (viuda de José López Portillo) y Paloma Cordero (viuda de Miguel de la Madrid), con 10 mil 937 pesos y “otras prestaciones” de 4 mil 827 pesos, respectivamente. Sin embargo, los montos que corresponden al pago de las primas de seguro de vida y de gastos médicos mayores se encuentran deli-
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Los que no cobran pensión En las respuestas oficiales consta que hay expresidentes que no reciben algunos beneficios. Tal es el caso de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, quienes decidieron renunciar a los 205 mil 121 pesos mensuales asignados al pago de pensiones. No obstante, la Oficina de la Presidencia omite aclarar si ambos exmandatarios también renunciaron a prestaciones como el seguro de vida y de gastos médicos mayores. El doctor Ernesto Villanueva asegura, en entrevista, que ambos mantienen vigente estas prestaciones. Además, de la información oficial se desprende que tanto Salinas como Zedillo continúan recibiendo “apoyo” de personal de ayudantía y guardias, que constituye el mayor gasto para el erario. En el caso de Felipe Calderón –quien por la aspiración presidencial de su esposa, Margarita Zavala, anunció a inicios de 2017 que no recibiría más la pensión–, el pago de su pensión se mantiene, pues en vez de renunciar a ésta, la “donará” a una institución sin fines de lucro. Así, su decisión no representó ningún ahorro para los mexicanos: tampoco ha renunciado al resto de prestaciones –como el personal de ayudantía, los seguros, el aguinaldo y las escoltas– de las que gozan él y su familia. A costa del erario, la panista Margarita Zavala disfruta de al menos un automóvil con chofer, y los gastos vinculados a éste (gasolina y tenencia). Para Irma Eréndira Sandoval, doctora en ciencia política y coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, este tipo de actos son “obscenos”: “ilustran la vinculación entre la impunidad y la corrupción de una clase política acostumbrada a ser improductiva y a protegerse
entre sí, sin importar el partido político al que pertenezcan. “Este tipo de gastos onerosos están más vinculados a la impunidad que a la corrupción, pues se cuidan la espalda”. En entrevista, la investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica que “la corrupción es un problema estructural, y no administrativo como comúnmente se piensa, en el que ni los órganos destinados a la transparencia y rendición de cuentas pueden dar solución”. No obstante, no es un asunto perdido. “Aún existen caminos por los cuales se puede dar fin a este tipo de partidas de dispendio. Las políticas de austeridad republicana, por ejemplo, están guiadas a reducir, de manera sostenida y paulatinamente, el costo de la administración pública”, señala la doctora Sandoval. En años recientes se han impulsado iniciativas que buscan eliminar estos injustos beneficios. Pero a la fecha, las arcas públicas de México les pagan a los expresidentes y sus familias “una vida de reyes” por sexenios de miseria y violencia.
GALO CAÑAS/CUARTOSCURO
beradamente cubiertos por franjas negras que deberían eliminar únicamente los datos de carácter confidencial (RFC, CURP, número de cuenta, número de seguro social). No obstante, de a acuerdo con datos obtenidos en 2005 (solicitud 210000041305), el monto anual destinado al pago de seguro de vida era de 32 mil 448 pesos por expresidente.
Salinas de Gortari cuenta con 11 ayudantes con cargo al presupuesto público
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DUPLICAN PRESUPUESTO Y MULTIPLICAN VIOLENCIA 34
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De manera real, el dinero que México anualmente gasta en seguridad se ha duplicado desde el inicio de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Hoy se erogan 264 mil millones de pesos, mientras la violencia se mantiene incontrolable y se multiplican las violaciones a los derechos humanos ZÓSIMO CAMACHO
123RF
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éxico cada vez gasta más en “seguridad”. En 10 años de supuesta “guerra” contra el narcotráfico, el presupuesto de las dependencias encargadas de la seguridad se duplicó en términos reales. De 130 mil millones de pesos en 2006, pasó a 264 mil millones de pesos en 2016. La Policía Federal, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial Federal son los organismos más beneficiados. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República –elaborado por los investigadores Carlos Galindo, Alejandra Huerta y Susana Ramírez– revela que algunas dependencias incrementaron exponencialmente el monto de los recursos que ejercen. Y como se señala en la investigación –titulada Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016. Temas estratégicos 47– se trata de incrementos reales: “es decir, descontando la inflación de cada año para que los montos homologados reflejen el cambio de poder adquisitivo del dinero durante el periodo de análisis”. Así, todos los montos están calculados en pesos constantes de 2016.
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En el estudio se demuestra que el gasto en seguridad pasó de representar en 2006 el 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al 1.4 por ciento del mismo indicador en 2016. Los gastos en seguridad por 264 mil millones de pesos anuales son superiores en más del ciento por ciento a los que se erogan para la salud de la población (por 124 mil millones de pesos) y en desarrollo
Los gastos en seguridad por 264 mil millones de pesos anuales son superiores en más del ciento por ciento a los de salud y desarrollo social social (por 106 mil millones de pesos). La Policía Federal cuadruplicó su presupuesto, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) lo duplicaron y el Poder Judicial lo incrementó en 1.6 veces. Incluso el Sistema Penal Penitenciario aumentó sus erogaciones anuales en 13.6 veces. En contraste, otras dependencias de la esfera de la seguridad mantuvieron los mismos niveles de gasto en términos reales. Se trata de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la propia Procuraduría General de la República (PGR). Destaca el nulo crecimiento presupuestal de la PGR cuando “es, teóricamente, la institución encargada de dirigir la recopilación y sistematización de evidencia (para exponerla en juicios imparciales, adversariales y públicos) en torno a la comisión de delitos especialmente lesivos para la sociedad”, se asienta en el documento. Y es que para los autores del estudio “las marcadas asimetrías en el crecimiento del gasto en seguridad [entre las distintas dependencias], apuntalan la percepción de que las administraciones recientes han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de ‘combate frontal’, en oposición al mejoramiento sustantivo de las capacidades y recopilación sistemática de evidencia delictiva”. 36
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La investigación revela que la PGR no gasta nada en inteligencia; y “más significativo o simbólico, los recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP [Secretaría de Hacienda y Crédito Público], encargada de prevenir y detectar delitos tales como el lavado de dinero, tampoco son considerados como parte de las inteligencia para la seguridad nacional”. De hecho, en 10 años, la Unidad de la SHCP encargada de combatir el lavado de dinero sólo ha ejercido de manera acumulada 1 mil 500 millones de pesos.
Las más beneficiadas En 2006 la Policía Federal contaba con alrededor de 9 mil millones de pesos. Diez años después está gastando 31 mil 409 millones. Por su parte, la Semar pasó de erogar 15 mil millones de pesos a 32 mil millones en 2016. Mientras, los montos de la Sedena son de 41 mil millones (para 2006) y de 74 mil millones (en 2016). Con respecto del incremento de recursos (económicos y humanos) en la Policía Federal, el estudio cuestiona la incapacidad de la institución para hacerse cargo de la seguridad pública. “Es de llamar la atención que 10 años después de iniciada una clara estrategia de fortalecimiento de la Policía Federal, el foco de debate político y mediático siga concentrado en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.” El monto destinado a las cárceles también se ha incrementado exponencialmente. Para el rubro Reclusión y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, en 2016 se destinaron 28 mil millones de pesos. Mientras, para el mismo rubro –a cargo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública– en 2006 apenas se llegaba a los 3 mil millones. Por ello, señala el documento, resulta difícil explicar las carencias en las cárceles, reclusorios y penales mexicanos. “El notable aumento en los gastos en proyectos de infraestructura y en la administración del Sistema Penitenciario Federal es de llamar la atención, toda vez que otros indicadores relacionados con la situación de los penales federales no han mostrado
SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO
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“Llama la atención que 10 años después de iniciada la estrategia de fortalecimiento de la Policía Federal, el debate se siga concentrado en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”
mejoras significativas.” El estudio cita a la CNDH, que ha identificado siete centros federales con sobrepoblación (uno de ellos con sobrepoblación crítica y dos con riesgo alto). Además, que de un total de 19 en 17 hay insuficiencia de personal; en 14 se incurre en la carencia de actividades laborales, y 12 padecen la ausencia de actividades educativas. Para el doctor en ciencias penales y política criminal Martín Gabriel Barrón Cruz, el discurso que señala que el país es cada vez más inseguro es el mismo que justifica el incremento de recursos para la función de seguridad. Autor de, entre otros libros, Gobernar con el miedo. Análisis del narcotráfico 2006-2012, Barrón Cruz señala que se trata de “un discurso perverso”. En efecto, todo indica que 2017 rebasará la estadística de 27 mil homicidios dolosos de 2011, hasta ahora el año más violento. La realidad es que sí hay más homicidios pero el dato se manipula para justificar
mayores recursos, como si la cantidad de dinero por sí sola fuera a proveer de mayor seguridad a las personas. “Los seres humanos no somos un número. Con números no se deberían tomar las decisiones de política pública. Y no porque los números no sean importantes. Lo son pero si a la par tenemos investigaciones de corte cualitativo.” De acuerdo con el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el discurso sólo busca que se le asignen más recursos a determinadas dependencias sin que se justifique plenamente cómo se utilizan. Como ejemplo, el analista señala el gasto de 1 mil millones de pesos que se destinaron a una “capacitación deficiente” –por mal planeada y peor ejecutada– de los policías en el tema de sistema penal acusatorio. “Es un problema, y sólo es un ejemplo, de que se gasta el dinero y los resultados son deficientes”.
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ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO
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Son cinco las instituciones clave de la seguridad en México: la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Sedena, la Semar y la PGR
Y es que, a decir de Barrón Cruz “no se trata sólo de ver en qué se gastó, porque eso nos lo pueden decir: ‘nos lo gastamos en armas, en patrullas, en equipo, etcétera’; pero dime en qué te lo gastaste en capacitación y cuáles son los resultados cualitativos de todo ese gasto en el tema de seguridad”.
Inconsistencias El estudio señala que, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace referencia a sólo una de las esferas de la seguridad: la seguridad pública. “El único concepto definido a nivel constitucional es el de seguridad pública”, señala el documento. Agrega que en un nivel normativo inferior se incluye ya a la seguridad nacional: se cuenta con una Ley de Seguridad Nacional (que no reglamenta artículo constitucional alguno, a diferencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 38
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que reglamenta el Artículo 21 de la Carta Magna mexicana). Aunque en el papel las diferencias son claras entre una y otra, la actual estrategia de combate al narcotráfico hace converger e, incluso, confundir y mezclar los dos ámbitos. “La investigación y persecución de delitos enmarcados por el régimen especial contra la delincuencia organizada pueden considerarse tanto actividades de seguridad pública como de seguridad nacional”. Según el estudio, desde el punto de vista estructural, son cinco las instituciones clave de la seguridad en México: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedena, la Semar y la PGR. Pero no sólo se debe ver a la seguridad desde el ámbito de la prevención y el combate a los delitos. También se debe tener en cuenta el de la sanción de los delitos y la salvaguarda de los derechos de las personas. Por ello, en este rubro son también importantes el Poder Judicial de la Fe-
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deración y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El documento consigna que desde 2006, cuando se inauguró la actual estrategia de combate al tráfico de estupefacientes y se incrementaron de manera sostenida los presupuestos destinados a las instituciones de seguridad, los crímenes se incrementaron. “Posterior al inicio de esta política, se registró en México un aumento drástico de homicidios (a partir de 2007), el cual ha representado un periodo de agravamiento de situaciones de violencia en el país, de tal manera que no puede afirmarse con certeza que esta política haya logrado, efectivamente, una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la población.” Para Martín Gabriel Barrón Cruz el problema de la seguridad en México no se resolverá con más dinero, como ya se ha visto en estos 10 años. “Los propios libros lo señalan: no necesitamos más policías; necesitamos policías más inteligentes, más eficientes”. Para el especialista en temas de seguridad, las propias autoridades saben que la actual política no arrojará los resultados que dicen buscar con montos más abultados. Saben que el problema no está ahí, “pero lo que les interesa es seguir incrementando los recursos para estas instituciones”. Así que el discurso del miedo va a seguir para justificar mayores cantidades de dinero púbico a la seguridad. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh Guillermo Garduño Valero coincide en que no será con mayores recursos como se mejorará la seguridad de México, en especial, la seguridad nacional. Se trata de un fenómeno más complejo que sólo puede resolverse integralmente. El experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas señala: “Si no existen condiciones de gobernabilidad y de gobernancia; si se tiene déficit de legalidad y legitimidad; si hay carencia de un proyecto nacional; y al mismo tiempo no hay bases que proyecten a la nación del presente al futuro, estamos indudablemente en presencia de problemas que están afectando al ámbito de la seguridad nacional”. Así, de acuerdo con el autor de El Ejército Mexicano, organización y estrategia, entre otros libros, la seguridad –particularmente la seguridad nacional–
no se garantizará con mayores recursos sino con la definición, antes, “de un proyecto de nación fundamentado en el consenso ciudadano; que cuente con legitimidad y ejerza la legalidad desde el ámbito de las instituciones; que tenga la capacidad de gestión para generar condiciones de gobernabilidad y gobernanza; y que cuente con capacidad de dirección del país para plantearse la posibilidad de un futuro
Las propias autoridades saben que la actual política de seguridad no arrojará los resultados que dicen buscar con montos más abultados hacia el cual la nación pueda ir”. Sin embargo, lo que hoy padece el país son condiciones contrarias. No habrá dinero que pueda proveer ni de seguridad pública ni de seguridad nacional. El país se seguirá desmoronando por muchos recursos que se destinen a las Fuerzas Armadas, la Policía federal y demás dependencias encargadas de preservar la tranquilidad de los mexicanos. En su diagnóstico, Guillermo Garduño señala: “No hay un proyecto nacional. Lo anterior porque hay un conflicto de intereses entre fuerzas que atan al presente al país y le impiden desarrollarse hacia una visión de futuro. No hay condiciones de gobernabilidad y, menos, de gobernanza; por lo tanto no hay elementos en los que cuales pueda sustentarse la gestión adecuada ni, mucho menos, puede haber un tipo de dirección hacia objetivos y metas. La ilegalidad se plantea sencillamente como vida cotidiana y la corrupción se enseñorea. En consecuencia de todo ello, sólo hay desperdicio de recursos y se acude a la violencia como si fuera la forma única de sustentar las instituciones.” Para el investigador, bajo esta misma lógica los gastos se seguirán multiplicando; y “esos gastos se van a la basura. Se está invirtiendo en instituciones altamente corrompidas, lo que nos está llevado al caos”.
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INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
TRUMP AMENAZA LA SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO
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Trump ha generado una relación “incierta y peligrosa” con México, que amenaza el desarrollo y la seguridad nacional. Expertos en inteligencia alertan que el impacto de la política aislacionista y proteccionista de la derecha alternativa que encabeza el presidente de Estados Unidos es mundial JOSÉ RÉYEZ/TERCERA Y ÚLTIMA PARTE
CUARTOSCURO
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istóricamente, la construcción de muros es indicador de retrocesos en la evolución humana, considera Octavio Trejo Armida, especialista en Contraterrorismo por la National Defense University. Agrega que “los nacionalismos acendrados y enfermizos devienen en horribles catástrofes humanitarias y en delitos de lesa humanidad, por lo que el discurso y las acciones antisistémicas de Estados Unidos, mueven a mucha preocupación e incertidumbre”. Por eso, la política exterior de Donald Trump ha generado una dinámica incierta y peligrosa en la relación entre México y Estados Unidos; así como incertidumbre y preocupación en las relaciones internacionales, pues es un retroceso para el desarrollo de la humanidad en general, indica Trejo Armida. “La postura del gobierno de Donald Trump es muy clara, al conducirse con un marcado nacionalismo pragmático y transaccionalista, contrario a los valores del libre comercio y cooperación internacional vigentes en la política exterior americana desde
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el siglo pasado, lo cual ha originado desconcierto y preocupación en la comunidad internacional y en la sociedad americana”, subraya. Por su parte, el capitán del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) Pablo Gabriel Alcántara Silva, advierte que la asunción de Trump a la presidencia de Estados Unidos no es una cuestión aislada, sino resultado del trabajo de un grupo de la ultradrecha estadunidense con una visión radical de las formas de ostentar el poder. “El objetivo no fue per se llegar a ocupar la Casa Blanca, sino las condiciones que se buscan a través de una política nacionalista, de supremacía blanca, antiinmigrante, racista y proteccionista de su comercio”, señala y aduce que ello significará poca flexibilidad en su postura y en sus negociaciones con cualquier país u organización internacional, a menos que observe un gran beneficio económico o un país fuerte en líderes, instituciones y valores. El peligro, no sólo para México sino para la comunidad internacional, radica en que la nación más poderosa del mundo lidere un retroceso en el desarrollo de la humanidad. “Ésa es la preocupación más grande, no sólo del gobierno mexicano, sino de los gobiernos de muchos países, pero, principalmente, de una buena parte de la sociedad americana”, dice el especialista Trejo Armida. Para este país y su vecino del Norte, el conflicto podría recaer en los aspectos social, económico y militar, debido a la interdependencia que existe entre ambas naciones y el cuidado que debe tenerse en la toma de decisiones que afectan dicha relación. “El panorama de las relaciones entre México y Estados Unidos luce agitado, incierto y preocupante; sin embargo, los vínculos construidos a lo largo del tiempo, principalmente en materia social, económica y militar, obligan a ambos Estados a esforzarse en la búsqueda de mecanismos que generen una mayor estabilidad y certidumbre a la relación”, apunta.
Trump, desafío para México Para el capitán José Luis Vega Calles, analista del Cesnav, la política de Donald Trump, su forma de actuar y su visión de Estados Unidos redefinirán el sistema internacional que se construye desde la década de 1980. Un sistema que inició con el fin 42
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de la Guerra Fría y que se fundamenta en el libre comercio, la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. Asegura que la modificación de esos fundamentos, a través de las acciones de Trump, afectará en mayor medida los campos económico y social y, en menor medida, el campo político y militar del poder nacional de México. Dada su formación y actividad profesional, dice, Donald Trump es un globalista, pero al ingresar a la política, y tomando en cuenta sus discursos y documentos, puede ubicársele como halcón, al plantear como ejes de su actuación la paz a través de la fuerza como el centro de su política exterior. Por ello busca incrementar el Ejército a 540 mil efectivos; reconstruir la Armada para que cuente con 350 buques; dotar a la Fuerza Aérea con 1 mil 200 aviones de combate, y aumentar la Infantería de Marina a 36 batallones. No obstante lo anterior, considera Vega Calles, también se ubica a Trump como un transaccionalista. “Tres elementos definen su forma de actuar: toda política es una transacción con ganadores y perdedores; tiene una obsesión con el poder y ser percibido como poderoso; Estados Unidos es un perdedor en casi todos sus acuerdos internacionales por débil y torpe”. Estos elementos, argumenta el analista del Cesnav, ubican la visión de Donald Trump como un juego de suma cero, es decir, lo que unos ganan otros pierden y viceversa. Analizado bajo la óptica del transaccionalismo, Trump entiende que en la globalización, especialmente en lo económico, Estados Unidos está perdiendo, por eso decidió retirarse del Acuerdo de Cooperación Transpacífica Económica (TPP); renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y revisar los acuerdos de intercambio comercial internacional, a fin de terminar de forma inmediata con lo que cree son abusos. Sin embargo, Vega Calles sostiene que el problema con esta visión del mundo, particularmente lo económico, es que choca con el orden internacional que Estados Unidos ha impulsado desde 1980, cuyos fundamentos son el libre comercio, la democracia liberal, los derechos humanos y el multilateralismo. Ahora, Trump revive el “americanismo” en el que los principios, valores o formas son irrelevantes ante los objetivos o metas que se persiguen.
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“La construcción de muros es indicador de retrocesos en la evolución humana”
“Americanismo” se impone al globalismo Vega Calles considera indispensable ubicar los efectos de Trump en el poder nacional mexicano, constituido por los campos económico, político, sicosocial y militar, para la defensa de la independencia, la integridad territorial, la soberanía nacional y coadyuvar en la conformación de un sistema internacional que ayude a realizar el proyecto de nación, evitando que se frustre por políticas de fuerza, guerra, desorden económico o inestabilidad entre países. Señala que los efectos de la visión de Trump sobre el campo político mexicano radican en que no está claro qué significa la paz a través de la fuerza; sin embargo, apunta que este enunciado se contrapone a los principios de la política exterior mexicana de autodeterminación de los pueblos; de no intervención y solución pacífica de controversias; y, sobre todo, de la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en
las relaciones internacionales. En el campo económico, indica, la renuncia al TPP y renegociar el TLCAN tienen un efecto en el modelo de integración con América del Norte, que México impulsa desde la década de 1980. La economía mexicana está enfocada en el libre comercio, especialmente a las exportaciones de manufactura y materias primas, siendo Estados Unidos su principal socio comercial. Bajo la visión de Trump, las fábricas de su país se han trasladado a México, por lo que los estadunidenses pierden empleos que ganan los mexicanos. Por ello, en el campo social, Trump se ha propuesto cancelar los recursos federales para las ciudades santuario de migrantes; suspender la migración de regiones propensas al terrorismo; expulsar a dos millones de migrantes ilegales; cancelar las visas en los países que no los acepten de regreso, y construir un muro impenetrable. En ese sentido, los discursos y acciones de la administración de Trump vulneran los intereses
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Deportaciones masivas de mexicanos, una de las políticas de Trump que impacta en la relación bilateral
mexicanos, en particular la naturaleza soberana de las decisiones del Estado, la estrategia de desarrollo mediante la acción externa y la conformación de un sistema internacional que auxilie en la realización del proyecto nacional. “Estamos en presencia de un nuevo comportamiento en las relaciones internacionales y, aunque los actores externos del sistema o antisistema ya habían aparecido en otros países, la relevancia de Estados Unidos les da mayor relieve. El orden internacional que se impulsó con el fin de la Guerra Fría está en entredicho, especialmente sus aspectos comerciales. El ‘americanismo’ se impone al globalismo.”
Amenaza a la seguridad nacional El endurecimiento de los criterios relacionados con México en las estrategias de seguridad nacional 44
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del gobierno de Estados Unidos (los cuales pasan de una visión propositiva e integral a una más enfocada en la debilidad institucional y la actividad criminal) pueden incentivar a Trump a adoptar medidas orientadas a fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos, con efectos adversos en los campos del poder nacional mexicano. Este antagonismo se convertiría en una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país, considera el maestro Virgilio Muñoz Alberich, experto en seguridad nacional y académico del Cesnav. A los riesgos nacionales derivados de la relación bilateral, dice, “se suman otros de orden internacional con afectaciones a las condiciones en que se desenvuelve nuestro poder nacional, como la lucha contra el cambio climático, de la que Estados Unidos se excluyó en la reciente cumbre de París”. Considera que bajo ese escenario, México está más expuesto a este fenómeno global que en 12 años afectó a 2.5 millones de personas en su territorio, hizo retroceder los avances de la política social e infraestructura en varias regiones y generó un costo para el Estado mexicano del orden de 338 mil millones de pesos. Por esa razón, Muñoz Alberich advierte que, a partir de la matriz de riesgos nacionales e internacionales, el gobierno mexicano requiere asegurar la incorporación de los efectos de la política de Estados Unidos dentro de su Agenda Nacional de Riesgos, con el fin de garantizar una estrategia integral que mitigue los efectos de antagonismos en la seguridad nacional en el corto plazo.
México, en el banquillo de los acusados Para el capitán y catedrático del Cesnav Pablo Gabriel Alcántara Silva, las turbulencias del exterior hacia la vida nacional de México no habían tenido tanto impacto y relevancia desde la víspera de la entrada en vigor del TLCAN, en 1994. “Hoy las turbulencias resultan de implicaciones también importantes, pero con una génesis diferente”. Trump, apunta, es el generador de estas condiciones de inestabilidad que ha tomado a México como su rival idóneo para exponer sus propuestas (construir el muro, renegociar el TLCAN, deportar connacionales), a través de las cuales, según el pre-
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sidente estadunidense, se mejorarán las condiciones que han afectado a su población, después de que México “tomó ventaja en las cláusulas del TLCAN y por ser un país exportador de grandes males”. Así, este país resiente los efectos negativos desde los días aciagos en que se pronosticaba la victoria de Donald Trump, quien ha colocado a México en el banquillo de los acusados. Por ello, el efecto de las acciones de Trump en México ha sido perjudicial: la depreciación del peso mexicano, la expectativa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), por su tendencia a la baja; y el impacto del turismo hacia México, al generarse una sensación de destino poco atractivo a visitar. Por eso, sostiene Gabriel Alcántara Villa, para México como nación y para los mexicanos como receptores directos de las repercusiones de los actos del presidente estadunidense, resulta necesario identificar cómo está conformado su plan de acción, a fin de estructurar el propio, para no sólo salir sin más efectos negativos en esta inevitable relación, sino obtener beneficios y resurgir fortalecidos de las diferentes negociaciones o acuerdos que se pongan sobre la mesa. Y es que la problemática que ahora enfrenta México ante las políticas de Trump se debe principalmente a la dependencia y no tanto al contenido de las aseveraciones del presidente estadunidense, agrega. El catedrático considera que la visión de otros gobiernos y la situación que se está viviendo obliga a los mexicanos a buscar una negociación con Estados Unidos, pero considera que hay grandes oportunidades en las relaciones con otros países. “El momento sirve de lección para mirar a los otros puntos cardinales, pero no sólo para establecer vínculos comerciales, sino además para retomar y reposicionar el liderazgo que antaño caracterizó a la diplomacia de México y que mucho sirvió para darle un papel preponderante en la toma de decisiones sobre los asuntos más trascendentales del planeta.” Finalmente, Alcántara Silva alerta que esta circunstancia coloca a las nuevas generaciones en riesgo, y subraya que la forma de revertir el impacto de la administración de Trump en México “no será con liderazgos que consideren sólo el oportunismo político o la gravedad por la que atraviese el país para
radicalizar aún más su postura y para dividir a la población. Esa actitud dista mucho de los hombres de Estado y de los principios de aquellas personalidades ocupadas en aportar al porvenir favorable de su pueblo y de su nación”.
Revalorar estrategia frente al gatopardismo El predominio de Estados Unidos en el escenario global tiende a encerrarse en sí mismo y a dejar un espacio importante a otras potencias, como Rusia, China e India, que se asoman por encima del muro que plantea aislar a Estados Unidos del mundo, considera el doctor en ciencias políticas Emilio Vizarretea Rosales. En entrevista, señala que nadie desea un catastrofismo, ni minimizar la incertidumbre de las acciones presidenciales de Trump que atentan contra el orden internacional. Observa que México no puede mantener una actitud de defensa, de previsión ante la posibilidad de que ello ocurra, incluso a pesar de que hubiese un contrapeso en los otros poderes públicos o en los intereses de los corporativos financieros y comerciales de Estados Unidos. Considera que el nuevo escenario obliga a repensar las características del desarrollo, el interés y la seguridad nacional de cada país, de cada región del mundo y valorar lo que se puede mantener, avanzar o recrear bajo la nueva circunstancia del país hegemónico. La prevención, fundada en la prospectiva estratégica, en los escenarios posibles, obliga a atender y desarrollar el mercado interno nacional, a fortalecer las ventajas comparativas y escrutar los riesgos y amenazas de los nuevos personajes de la política norteamericana, de sus acciones. Y para el caso del proceso de sucesión presidencial de 2018, Vizarretea Rosales considera que lo ocurrido en Estados Unidos conduce al gobierno a repensar la relación con ese país. “México habrá de revalorar sus estrategias de desarrollo, de seguridad nacional y avanzar en la nueva inserción del escenario actual, porque el nuevo discurso gatopardiano está en proceso de articulación del futuro resultado esperado”, señala Vizarretea Rosales.
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ARMAS NUCLEARES
LA HUMANIDAD DICE BASTA
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Ciento veintidós Estados miembros de la ONU buscan prohibir las armas nucleares. Por sus “necesidades de seguridad”, Estados Unidos, Inglaterra y Francia se oponen y presionan, desde la OTAN, para boicotear el proceso. Actualmente, 1 mil 800 armas de este tipo amenazan a la humanidad WALDO MENDILUZA/PRENSA LATINA
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aciones Unidas. La comunidad internacional emprendió en julio de 2017 el camino para ilegalizar las armas nucleares, bajo el argumento de que su mera existencia amenaza la supervivencia humana. Si bien el tramo por recorrer será largo y complejo, la mayoría de los gobiernos y la sociedad civil en los cinco continentes parecen dispuestos a dar la batalla para desterrar los letales artefactos. Un primer paso ya fue dado el 7 de julio, con la adopción en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de un tratado que prohíbe las armas nucleares, las únicas de exterminio en masa que faltan por proscribir, después de que entraran en vigor convenciones contra las biológicas (1975) y las químicas (1997). El instrumento multilateral recibió el apoyo de 122 países, el rechazo de uno (Holanda) y la abstención de otro (Singapur), en una decisión calificada de histórica por la presidenta de la conferencia para negociarlo, la embajadora costarricense Elayne Whyte.
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“Dejamos la sala de sesiones con la satisfacción de cumplir el mandato dado en diciembre pasado por la Asamblea General de la ONU, de crear una norma que prohíba las armas nucleares, y de responder al reclamo de todos los pueblos del planeta de construir un mundo de paz, libre de las mismas”, afirmó la diplomática. Las nueve naciones poseedoras de esos medios de guerra –Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Norcorea e Israel– decidieron no formar parte de las negociaciones celebradas entre el 15 de junio y el 7 de julio, al igual que otras apegadas a la doctrina de la disuasión nuclear o que cedieron a presiones y optaron por ausentarse. Washington, Londres y París emitieron a través de sus misiones permanentes ante la ONU el rechazo al tratado, esgrimiendo que ignora la realidad actual y las necesidades de seguridad en el escenario internacional imperante. “No pretendemos firmar, ratificar o ser parte del mismo. Por tanto, no reconocemos obligación legal alguna ni aceptamos que el tratado se considere parte de las leyes internacionales”, advirtieron en una declaración conjunta. Según la jefa de la delegación sudafricana en las negociaciones, la embajadora Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, fueron muchas las presiones para boicotear el proceso, mientras activistas señalaron que Estados Unidos pidió a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no participar.
El camino por delante Whyte explicó a Prensa Latina que tras la adopción del instrumento multilateral, las expectativas se centran en el 20 de septiembre, cuando el tratado – cuyo depositario es el secretario general de la ONU, António Guterres– se abra a la firma. Esperamos una respuesta importante de la comunidad internacional, para que entre en vigor lo antes posible, dijo la embajadora, quien recordó que eso ocurrirá 90 días después de que lo ratifiquen 50 Estados. La negociadora destacó que el tratado, además de prohibir el desarrollo, la prueba, la producción, la adquisición, la posesión, el almacenamiento y la transferencia de las armas nucleares, así como la amenaza de su uso, incluye la posibilidad de que 48
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los países poseedores se incorporen al instrumento, después de cumplir los requisitos establecidos. En ese sentido, adelantó que a la vigencia del acuerdo seguirá un proceso de instrumentación y universalización. Diplomáticos y activistas abogaron por una adhesión colectiva al tratado, a partir de las catastróficas consecuencias humanitarias y medioambientales del empleo de los peligrosos artefactos. Para Mxakato-Diseko, debe promoverse en el futuro inmediato un proceso de convencimiento, sobre todo para los que decidieron ausentarse a la histórica cita. “Creamos espacios para el entendimiento, recordando siempre que en los últimos 70 años ningún conflicto se ha solucionado mediante el uso de este tipo de armas; sólo el diálogo lleva a resolverlos”, precisó. Por su parte, la directora ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), Beatrice Fihn, aseguró que la organización presente en un centenar de países emprenderá consultas globales, en aras de garantizar la firma del instrumento y su posterior entrada en vigor. “Estamos ante un tratado muy sólido para prohibir las armas nucleares, y esperamos que se imponga la sensatez, aunque pudiera tomar tiempo”, comentó.
El argumento humanitario A propósito del histórico paso del 7 de julio, Prensa Latina recogió impresiones de científicos, una comunidad que apoyó de manera activa las negociaciones en la ONU. Según el director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Americanos, Hans Kristensen, la humanidad enfrenta la amenaza de 1 mil 800 armas nucleares listas para su empleo, de un total de 15 mil artefactos de ese tipo, cálculo que incluye los retirados de los arsenales por las potencias poseedoras. Al respecto, el doctor Tilman Ruff advirtió que bastaría una parte ínfima de ese inventario para sumir al planeta en una tragedia de devastadoras consecuencias, las cuales algunos parecen empeñados en ignorar. Los análisis y estudios sugieren que el impacto del uso de las armas nucleares sería mucho peor de
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“El impacto de las armas nucleares sería mucho peor de lo pensado: el frío, la oscuridad y la sequía se apoderarían de las ciudades, destruyendo la agricultura y colocando a millones de seres humanos en peligro inminente de hambruna”
lo pensado, afirmó el copresidente de Físicos Internacional por la Prevención de una Guerra Nuclear. De acuerdo con Ruff, el frío, la oscuridad y la sequía se apoderarían de las ciudades, destruyendo la agricultura y colocando a millones de seres humanos en peligro inminente de hambruna. “Tenemos un tratado que busca evitar esto, de ahí la urgencia y la responsabilidad de respaldarlo”, subrayó. Por su parte, el científico estadunidense Matthew McKinzie manifestó preocupación por las decisiones del gobierno de su país en el tema nuclear y su impacto en el escenario internacional. “Con la llegada de la nueva administración, tenemos la inquietud de cómo manejará el arsenal nuclear y los asuntos de no proliferación”, señaló a la prensa el experto del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (CDRN), organización sin fines de lucro que promueve la protección del planeta.
McKinzie expresó además preocupación por la postura del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump de cara a una eventual crisis que involucre los artefactos de exterminio masivo. También mencionó sus dudas acerca del alcance de la modernización por Estados Unidos de su arsenal. “Tanto mi país como Rusia están actualizando sus armas nucleares y eso no es nada bueno, porque lleva a pensar en un futuro en el cual seguiremos viviendo bajo tan grave amenaza”, lamentó. Para el científico, quien dirige el programa nuclear del CDRN, sería un error si la administración de Trump no persigue el objetivo de lograr la eliminación de esas armas. McKinzie declaró a Prensa Latina que por la amenaza que representan para la humanidad, todos los Estados deberían formar parte de la convención, “porque no es un asunto de quién las tiene y quién no, sino de erradicar un peligro letal para todos”.
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EL SUEÑO DE LA REUNIFICACIÓN DE COREA
TIENE UN ENEMIGO SILENCIOSO
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La sociedad surcoreana rechaza cada vez más la idea de reunificarse con Corea del Norte. Sólo un 20 por ciento de los jóvenes favorece esa posibilidad. Uno de los factores que más resistencia genera es el costo que, presumen, se cargará al pueblo del Sur RICHARD RUIZ JULIÉN/PRENSA LATINA
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anto la República Popular Democrática de Corea (RPDC) como algunas administraciones ocupantes de la Casa Azul, residencia presidencial surcoreana, aspiran a la reunificación de la Península; así lo recogen sus respectivas constituciones. Pero, en opinión de expertos, ya la cuestión trasciende la voluntad política, incluso por el hecho de que la tensión entre ambos países no es menor, aunque el nuevo presidente de Corea del Sur, el progresista Moon Jae-i, prometió lo contrario en su campaña electoral, tras el sonado escándalo de corrupción causante de la destitución de la anterior presidenta, Park Geun-hye. Prometió solamente, resaltó la RPDC, porque en la práctica las hostilidades persisten, no sólo en palabras sino en hechos, como son los ejercicios militares que Seúl realiza de conjunto con Estados Unidos en las cercanías de las cosas norcoreanas. Ninguna de esas razones pudiera pesar tanto a la hora del diálogo, de las negociaciones para la reunificación, como el que un cambio generacional
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en Surcorea pone en riesgo ese anhelo, presente en ambas naciones desde siempre. Así, el tiempo juega en contra de ese objetivo, al menos en territorio surcoreano, donde los jóvenes parecen ya haber pasado página del capítulo norcoreano. “Lo que me importa es poder conseguir un trabajo con un buen sueldo que me permita vivir. Para
Las dos Coreas están divididas por una frontera artificial situada en el paralelo 38 desde 1953, tras la firma de un armisticio sin un tratado de paz mí Corea del Norte es como si no existiera. No me interesa la unificación, somos muy distintos”, asegura Yoon Young-ju, de 20 años y estudiante de economía en la Universidad de Yonsei, en Seúl. Su opinión, entre la indiferencia y el hastío, está en línea con lo que muestran las encuestas: si a principios de siglo casi un 80 por ciento de los surcoreanos veían la unión con el Norte como algo “muy necesario”, este porcentaje se sitúa actualmente en el 40 por ciento y entre los más jóvenes apenas llega al 20 por ciento. La desconexión es tal que cabe la posibilidad de que, de llegar ese momento crucial, la mayoría de la sociedad lo rechace. Las dos Coreas están divididas por una frontera artificial situada en el paralelo 38 desde 1953, después de 3 años de guerra y tras la firma de un armisticio que nunca desembocó en un tratado de paz. Pero de esto hace ya casi 7 décadas. Las viejas generaciones van cediendo el paso a quienes han crecido en una sociedad que casi nada tiene que ver con la que se criaron sus abuelos y sin vínculos emocionales con el Norte. De alrededor de 10 millones de personas que quedaron separados de sus familiares en un lado y otro de la península en 1953, ahora solamente permanecen unas 140 mil. 52
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La esperanza de una reunificación en la península se avivó durante el mandato de Kim Dae-jung, presidente surcoreano entre 1998 y 2003, que abogó por una política de acercamiento al país vecino. De esa época surgieron los grandes proyectos de cooperación económica conjunta y hasta una histórica cumbre entre ambos líderes. Pero el resultado de casi 1 década de ejecutivos conservadores en el Sur, que optaron por la mano dura contra Pyongyang, ha derribado cualquier esperanza de reconciliación a corto plazo. Moon Jae-in es partidario de volver a abrir la puerta al diálogo y la administración dedica muchos recursos para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la reunificación, pero estos esfuerzos no parecen surtir efecto de momento. Además, detrás de todas esas supuestas acciones para el acercamiento, Moon y la élite política surcoreana continúan presionando a Corea Democrática para que desmantele su programa nuclear, sin disminuir la realización de maniobras militares en contubernio con Washington. De ahí que para la RPDC el fortalecimiento de sus capacidades nucleares sea inapelable, como única herramienta que puede garantizar la supervivencia de su soberanía e ideología política. “Los jóvenes no están interesados ni en el pasado, ni en la historia”, reconoce Lee Kwan-sei, vicepresidente del Institute for Far Eastern Studies (IFES) de la Universidad de Kyungnam. El centro en el que trabaja este experto tiene una rama de estudios de Corea Democrática que nació durante el periodo de acercamiento entre ambos países, un programa hoy en horas bajas por la poca demanda. Más allá del poco vínculo emocional y la disparidad de sistemas políticos, otro elemento clave que provoca el recelo entre los jóvenes es el costo de una posible unificación. Los estudios al respecto arrojan cifras muy dispares debido al uso de distintas metodologías, pero dos puntos se dan por seguros: se trataría de un costo inmenso a corto plazo y Corea del Sur es quien debería asumirlo. Seúl ha estudiado detenidamente el caso alemán a la hora de buscar vías para plantear el suyo si llega el momento. Pero el punto de partida actual es muy distinto: cuando Alemania se reunificó, el producto interno bruto (PIB) per cápita de la parte occidental era 1.5 veces superior al de la oriental.
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Expertos abogan por una apertura como solución al distanciamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur
En la península coreana, en cambio, hay que multiplicar por 22. Y si entonces había casi cuatro alemanes en el Oeste por cada uno de los que vivían en el Este, la ratio en la península es de dos surcoreanos por cada norcoreano. La posibilidad de tener que sacrificarse para ayudar al vecino escuece en un país donde el gasto social representa solamente el 10.4 por ciento del PIB –la cifra más baja de entre todos los miembros de la Organización para lo Cooperación y el Desarrollo Económicos– y la desigualdad es la más alta del continente, pero más allá de todo en una sociedad donde los patrones capitalistas, en opinión de especialistas, están profundamente arraigados. “Bastante trabajo tenemos para llegar a fin de mes como para preocuparnos de otros. El gobierno debería primero atajar los graves problemas de esta sociedad antes de ayudar a Corea del Norte”, afirman tajantes Seon y Kim, una pareja de treintañeros que viven en Seúl.
Los expertos abogan por una apertura como solución al distanciamiento entre ambos países. “Creo que si favorecemos los intercambios culturales, académicos o económicos, el interés en Corea del Norte aumentará. Los jóvenes se darán cuenta de que la reunificación puede traerles beneficios”, explica el profesor Lee. Además, apunta, el fin del aislacionismo podría estimular rápidamente la economía norcoreana, con lo que ante una futura unificación el costo no sería tan grande. “Corea del Norte tiene recursos naturales y mano de obra abundantes, mientras el Sur el capital y la alta tecnología. Los beneficios económicos de esta sinergia serán enormes”, dice. La joven Yoon sigue sin verlo claro cuando se le pregunta sobre el potencial de una Corea unificada. “Estos beneficios serán principalmente para dos grupos: la población norcoreana y las élites del Sur. Quizá es egoísta decirlo, pero tengo la sensación de que pagaremos la fiesta de otros”.
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
DERROCAR EL GOBIERNO DE VENEZUELA
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CIA
Desde México y desde Colombia, la CIA organiza la desestabilización de Venezuela. El director de la agencia estadunidense lo dice incluso con desparpajo. Sabe que los grandes consorcios mediáticos están de su lado y que la impunidad para ellos y la ultraderecha fascista que apoya está garantizada… por ahora
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MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ/PRENSA LATINA
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INTERNACIONAL ANÁLISIS
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aracas, Venezuela. La estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) volvió a destapar la caja de Pandora, después de confirmarse su participación en un plan de golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Titulares de diversos medios resaltan las declaraciones del director de la CIA, Michael Richard Pompeo, quien reveló haber sostenido recientes reuniones en Colombia y México para evaluar las “maniobras” a aplicar desde estas naciones a fin de “lograr un mejor resultado” en –o contra de– Venezuela. En una entrevista ofrecida a la presidenta de la firma de investigación Asymmetrica, Vanessa Neumann, Pompeo dijo estar muy optimista de que “puede haber una transición en Venezuela, y estamos haciendo lo mejor para entender la dinámica allá, para que podamos comunicársela a nuestro Departamento de Estado, y a otros, como los colombianos”. “Acabo de estar en Ciudad de México y en Bogotá la semana antepasada –agregó el director de la CIA–, hablando de este tema precisamente, ayudando a entender qué podrían hacer para lograr un mejor resultado.” Inmediatamente que se divulgó esta entrevista el canciller venezolano, Samuel Moncada, rechazó la injerencia estadunidense a través de su principal agencia de inteligencia. En declaraciones telefónicas a la multinacional Telesur, Moncada recordó que Pompeo “no es un pintor, no es un poeta, no es un artista ni un enviado espiritualista. Este señor es el director de la CIA, la misma agencia que derrocó al gobierno de Salvador Allende [Chile], al de Jacobo Árbenz [Guatemala] y que hizo el ataque de Playa Girón, en Cuba, y es la misma agencia que se ha especializado en derrocar gobiernos en todo el mundo”.
A su vez, Moncada alertó lo grave de estos señalamientos y líneas impuestas por la CIA en contra de Venezuela. “No se puede tomar a la ligera algo tan grave”, subrayó, y recordó que esta es una violación a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Organización de las Naciones Unidas (ONU), y constituye además “una agresión directa contra el pueblo venezolano”.
La CIA contra Venezuela Muchas de las acciones emprendidas ahora por la ultraderecha opositora en Venezuela se corresponden con la agenda pautada por la CIA desde el advenimiento de la Revolución Bolivariana en 1999, a pesar del silencio cómplice de algunos, y la “ingenua” desatención de otros ante las constantes denuncias de este macabro plan golpista. En marzo de 2013 –hace más de 4 años–, el sitio digital Tribuna Popular, del Partido Comunista de Venezuela, publicó un artículo del exagente de inteligencia cubano Percy Francisco Alvarado Godoy, quien denunció los planes de la CIA contra la Revolución Bolivariana, entre ellos la posible participación de un grupo de especialistas acantonados en Fort Dietrick. Esta instalación del Comando Médico del Ejército de Estados Unidos –explica Alvarado, también conocido como el agente Fraile– está encargada de fabricar armas biológicas, y pudo estar involucrada en el sospechoso e invasivo cáncer que le quitó la vida al presidente Hugo Chávez, y en otros ataques cancerígenos similares contra varias personalidades políticas de la izquierda latinoamericana. En su artículo, Alvarado destaca que entre otros planes de la CIA está la eliminación física de dirigentes de la dirección colectiva político-militar de la Revolución Bolivariana, y como principales objetivos
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO
el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros, incluidos gobernadores chavistas (oficialistas). Estos actos de asesinato –explica– serían ejecutados mediante vías diversas, tratando de mostrarlos a la opinión pública como fruto de contradicciones internas entre la dirigencia chavista o inculpando a terceros países con los que Venezuela goza de magníficas relaciones. También está prevista la eliminación física de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y gobernadores de la oposición, incluidos Leopoldo López y Henrique Capriles, para deslegitimizar la democracia venezolana y crear situaciones de caos y violencia interna en el país. De igual manera, la CIA alienta fomentar la división dentro de la dirección colectiva de gobierno, alimentando suspicacias y recelos, exaltando protagonismos, sembrando dudas y generando conflictos con otras organizaciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Agilizar el reclutamiento activo, sobre todo mediante comprometimiento y so-
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bornos de diversos cuadros de dirección, funcionarios diplomáticos en el exterior, altos oficiales de las FANB y cuadros que realizan funciones vitales dentro de la dirección del país en todas sus instancias, es parte de la estrategia golpista. Entre los planes inmediatos que están bajo la lupa de la CIA y que son amenazas reales para Venezuela –añade Alvarado– está promover todo tipo de acciones para deslegitimizar los procesos electorales, y hacerlos ver como fraudulentos, incitando a su desconocimiento por parte de las bases de la oposición para crear un contexto de ruptura democrática y de desobediencia civil. Además, la CIA trabaja insistentemente en fortalecer desde el extranjero una recia campaña mediática, la cual sería monitoreada por órganos serviles a Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras, apoyándose en los grandes monopolios de la comunicación. De la misma manera, también monitorea desde la oficina de prensa de la embajada estadunidense en Caracas, fomentar el descontento, la desestabilización y generar matrices de opinión adversas al gobierno bolivariano. Por último, Alvarado comentó que tan temprano como en 2013, la CIA busca crear las condiciones para garantizar una intervención extranjera contra Venezuela, apoyándose en organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, bajo la dirección de Estados Unidos y la complicidad de otras naciones latinoamericanas, las que prestarían sus territorios, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo para el empleo de acciones agresivas. Por su parte Raúl Capote, exdoble agente de la CIA y de los órganos de la
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INTERNACIONAL ANÁLISIS
La CIA busca promover todo tipo de
Seguridad del Estado cubana, alertó en marzo de 2014 que centenares de jóvenes venezolanos fueron cooptados por la agencia de inteligencia estadunidense y entrenados en Europa del Este, con el fin de desestabilizar al país suramericano. Según Capote, a Europa viajan constantemente venezolanos con cierto liderazgo en determinadas instancias ya constituidas y dispuestos a dejarse comprar su voluntad, para recibir entrenamiento destinado a dar golpes suaves y trabajar a favor del gobierno estadunidense contra su propio país.
La CIA y la oposición ultraderechista venezolana Desde principios de abril, la MUD, como brazo político de la ultraderecha
opositora, despliega un violento plan desestabilizador que busca crear las condiciones para que se produzca un golpe de Estado, o en el peor de los casos, una intervención extranjera en esta nación suramericana. Este conato de la derecha reaccionaria, que tiene antecedentes en la propuesta de paro nacional en 2001, el frustrado golpe de Estado de 2002, la paralización de la industria petrolera en 2003, la aplicación del plan La Salida –que costó 43 muertos– en 2014, y las protestas orquestadas en 2015 y 2016, ya sobrepasa la cifra de un centenar de muertes, más de 2 mil heridos y multimillonarias pérdidas económicas al país. ¿Cuál será el próximo paso de la CIA contra Venezuela? El mundo entero está alerta.
acciones para deslegitimizar los procesos electorales de Venezuela. En la imagen, el extinto presidente Hugo Chávez
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
CIA Y LA FINANCIERA KKR DETRÁS DEL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS CONTRA SIRIA
El general estadunidense Petraeus habría organizado un gigantesco tráfico de armas que, desde hace 7 años, se usan ilegalmente contra Siria. Para ese trasiego de armamento habría usado primero a la CIA y luego a la firma financiera KKR. Así, de ser una operación imperialista de Estados Unidos y Gran Bretaña, el “conflicto sirio” se transformó en una estrategia capitalista de carácter privado
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THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE
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INTERNACIONAL ANÁLISIS
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n el momento de la liberación de Alepo y la toma del estado mayor saudita que allí existía, la periodista búlgara Dilyana Gaytandzieva comprobó la presencia de armamento proveniente de su país en nueve arsenales abandonados por los yihadistas. La periodista anotó cuidadosamente los datos inscritos en las cajas que contenían ese armamento y, ya de regreso en Bulgaria, se dio a la tarea de investigar cómo llegó a suelo sirio. Desde 2009 –exceptuando el breve periodo de tiempo que va de marzo de 2013 a noviembre de 2014– Bulgaria se halla bajo el gobierno de Boiko Borisov, personaje sui generis proveniente de una de las organizaciones criminales más importantes de Europa: la SIC (Security Insurance Company). No está de más recordar que Bulgaria es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea, y que ninguna de esas dos organizaciones ha emitido nunca la menor crítica contra la llegada al poder en Bulgaria de un mafioso identificado como tal por las agencias policiales internacionales. Es por tanto con peligro para su vida que la periodista búlgara Dilyana Gaytandzieva siguió la pista y que la redacción del periódico Trud publicó en Sofía su investigación [1]. Pero si Bulgaria ha sido uno de los principales proveedores de armamento a los grupos armados que operan contra el Estado sirio, también es cierto que ha contado para ello con la ayuda de Azerbaiyán. El gigantesco tráfico de armas fue organizado por la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) contra Afganistán, Irak, Libia, Siria y la India. Desde el inicio mismo de las “primaveras árabes”, la CIA y el Pentágono organizaron un gigantesco tráfico de armas, en violación de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Todas las operaciones que
mencionaremos aquí son ilegales a la luz del derecho internacional, incluyendo las que el Pentágono organizó públicamente. En materia de tráfico de armas, incluso cuando se recurre a individuos o firmas privadas que sirven de pantalla, es imposible exportar equipamiento sensible sin contar con el consentimiento expreso de los gobiernos implicados. Todo el armamento que mencionaremos en este artículo, exceptuando los sistemas de inteligencia electrónica, es de tipo soviético. Por definición, aunque se afirme que ejércitos dotados de armamento del tipo OTAN son los destinatarios finales de esos envíos de armas, eso es imposible. Esos ejércitos sólo están sirviendo de pantalla para disimular el tráfico de armas. Ya se sabía que la CIA había recurrido a la SIC y a Boiko Borisov para garantizar urgentemente la fabricación de Captagón [2], destinado a los yihadistas presentes en Libia y, posteriormente, también para los que operan en Siria. Desde que se publicó la investigación de María Petkova en la Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), también se sabía que entre 2011 y 2014 la CIA y el Special Operations Command del Pentágono (SOCom) habían comprado a Bulgaria armamento para los yihadistas por valor de 500 millones de dólares. Posteriormente, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también pagaron más lotes de armas, de cuyo transporte se encargaron las compañías Saudi Arabian Cargo y Etihad Cargo [3]. Según Kresimir Zabec, del diario Jutarnji list, que se publica en Zagreb, a finales de 2012 Croacia enviaba a los yihadistas que operan contra Siria 230 toneladas de armamento, por un valor ascendente a 6.5 millones de dólares. El envío de ese armamento a Turquía se realizaba utilizando tres aviones de carga Iliushin de la compañía Jordan International Air Cargo y posteriormente aviones del ejército de Catar lanzaban las
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En 2012, cuando Hezbollah trató de descubrir el trasiego de armas, hubo un atentado en el aeropuerto de Burgas, centro neurálgico de dicho tráfico
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armas en paracaídas en zonas bajo control de los yihadistas [4]. Según Eric Schmitt, de The New York Times, todo ese dispositivo fue concebido por el general estadunidense David Petraeus, director de la CIA [5]. En 2012, cuando el Hezbollah trató de descubrir el tráfico de armas organizado por la CIA y el SOCom, hubo un atentado contra un grupo de turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas, centro neurálgico de dicho tráfico. En total contradicción con la investigación de la policía búlgara y con las conclusiones forenses, el gobierno de Boiko Borisov atribuyó el atentado al Hezbollah y la Unión Europea clasificó a la resistencia libanesa como “organización terrorista” (sic). Hubo que esperar a que Borisov se viera temporalmente fuera del poder para que el ministro búlgaro de Relaciones Exteriores, Kristian Vigenin, subrayara que la acusación contra el Hezbollah carecía totalmente de bases concretas. Según una fuente cercana al PKK turco (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), los servicios secretos de Turquía fletaron trenes especiales para hacer llegar a la ciudad siria de Raqqa, bajo control de lo que entonces se conocía como el Emirato Islámico en Irak y el Levante (EIIL) [6] lotes enteros de armamento fabricado en Ucrania y pagado por Arabia Saudita y más de 1 mil camionetas de doble cabina modelo Hilux, de la marca japonesa Toyota, especialmente adaptadas para soportar las duras condiciones del desierto. Según una fuente belga, quien negoció la compra de esos vehículos con la firma japonesa Toyota fue la empresa saudita Abdul Latif Jameel. Según Andrei Fomin, de la Oriental Review, Catar –deseoso de no quedarse atrás– compró para los yihadistas la versión más reciente del Air Missile Defense Complex Pechora-2D a la empresa estatal ucraniana UkrOboronProm. La entrega estuvo a cargo de la empresa chipriota Blessway, Ltd [7]. Según Jeremy Binnie y Neil Gibson, de la revista especializada en armamento Jane’s,
el US Navy Military Sealift Command (el mando de la marina de guerra de Estados Unidos a cargo del transporte marítimo) abrió en 2015 dos licitaciones para el transporte de armas desde el puerto rumano de Constanza hacia el puerto jordano de Aqaba. El contrato lo obtuvo la Transatlantic Lines [8] y su ejecución comenzó justo después de que Washington firmara el alto al fuego, el 12 de febrero de 2016, con lo cual Estados Unidos violaba su compromiso. Según Pierre Balanian, de Asia News, ese dispositivo se mantuvo en marzo de 2017, con la apertura de la línea marítima regular de la compañía estadunidense Liberty Global Logistics entre los puertos de Livorno (Italia), Aqaba (Jordania) y Yeda (Arabia Saudita) [9]. El geógrafo italiano Manlio Dinucci señala que esa línea marítima estaba destinada principalmente al envío de blindados a los yihadistas que operan en Siria y en Yemen [10]. Según los periodistas turcos Yoruk Isik y Alper Beler, los últimos de la administración de Barack Obama se concretaron a través de la empresa Orbital ATK, que organizó, mediante Chemring y Danish H Folmer & Co, una línea regular entre los puertos de Burgas (Bulgaria) y Yeda (Arabia Saudita). Y por primera vez se habla aquí no sólo de armamento fabricado por la búlgara Vazovski Machine Building Factory (VMZ), sino también por Tatra Defense Industrial, Ltd (Chequia) [11]. Muchas otras operaciones de envío de armamento a los yihadistas se han realizado en secreto, como lo demuestran, por ejemplo, los casos del carguero Lutfallah II, capturado por la marina libanesa el 27 de abril de 2012, y del barco togolés Trader, interceptado por Grecia el 1 de marzo de 2016. Esas operaciones representan en total cientos de toneladas de armamento y municiones, quizás incluso miles de toneladas, pagadas principalmente por las monarquías absolutistas del Golfo, supuestamente como respaldo a una “revolución democrática”. En
INTERNACIONAL ANÁLISIS
El general estadunidense Petraeus habría
realidad, esas petrodictaduras intervinieron únicamente para que la administración de Obama no tuviera que rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos (Operación Timber Sycamore) y hacer pasar gato por liebre ante los parlamentarios [12]. Todo ese tráfico fue controlado personalmente por el general David Petraeus, primeramente desde su puesto de director de la CIA y más tarde desde la firma de inversiones financieras KKR. Petraeus se valió para ello de la ayuda de altos funcionarios, a veces bajo la presidencia de Barack Obama y después, de forma masiva, bajo la actual administración Trump.
El papel, hasta ahora secreto, de Azerbaiyán Según Sibel Edmonds, exfuncionaria de la estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fundadora de la National
Security Whistleblowers Coalition, de 1997 al 2001, el Azerbaiyán del presidente Gaidar Aliev albergó en Bakú, a pedido de la CIA, al número dos de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. A pesar de que aparecía oficialmente como buscado por el FBI, al-Zawahiri, que ya por entonces era el segundo jefe más importante de Al-Qaeda, viajaba regularmente en aviones de la OTAN por Afganistán, Albania, Egipto y Turquía. También recibía frecuentes visitas del príncipe saudita Bandar ben Sultan [13]. A sus relaciones de seguridad con Washington y Riad, Azerbaiyán –país de población principalmente chiita– agrega el gobierno sunnita de Ankara, que lo respalda en su conflicto con Armenia sobre la secesión del Alto Karabaj. A raíz del fallecimiento, en Estados Unidos, de Gaidar Aliev, en 2003, su hijo Ilham se hace cargo del poder. La Cámara de
usado a la financiera KKR para el trasiego de armas
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Las armas entregadas en Afganistán llegaron a manos de los talibanes, quienes actúan bajo control de Estados Unidos
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Comercio Estados Unidos-Azerbaiyán se convierte entonces en patio de Washington, que rodea al presidente Aliev de personajes como Richard Armitage, James Baker III, Zbigniew Brzeziński, Dick Cheney, Henry Kissinger, Richard Perle, Brent Scowcroft y John Sununu. Según Dilyana Gaytandzhieva, en 2005, el ministro de Transportes, Ziya Mamadov, pone a disposición de la CIA la compañía estatal Silk Way Airlines, pagan Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el nada escrupuloso ministro de Relaciones Exteriores, Elmar Mamadyarov, envía a varias de sus embajadas instrucciones para que presenten pedidos de aprobación para “vuelos diplomáticos” que, en virtud de la Convención de Viena, no pueden ser sometidos a ningún tipo de control de seguridad o aduanero. En menos de 3 años, más de 350 vuelos dispondrán de ese tipo de ese privilegio.
En virtud de los tratados internacionales, y al igual que los vuelos civiles, los vuelos diplomáticos no pueden transportar equipamiento militar y los pedidos de reconocimiento como “vuelos diplomáticos” incluyen relaciones muy completas de la carga que transportan. Sin embargo, a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, países como Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Bulgaria, el Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Israel, Pakistán, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Chequia, Turquía y el Reino Unido simplemente hicieron caso omiso de esta violación del derecho internacional, como anteriormente ya habían ignorado los vuelos secretos de la CIA entre sus cárceles secretas. En menos de 3 años, Silk Way Airlines transportó así armamento por valor de al menos 1 mil millones de dólares. Atando cabos, la periodista búlgara Dilyana Gaytandzieva puso al descubierto un extenso sistema que aprovisiona con armamento y municiones a los yihadistas, no sólo en Irak y en Siria sino también en Afganistán, Pakistán y el Congo, todo pagado siempre por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Algunas armas entregadas en Arabia Saudita fueron reenviadas a Sudáfrica. Las armas entregadas en Afganistán llegaron a manos de los talibanes, quienes actúan bajo control de Estados Unidos, país que dice luchar contra ellos. El armamento entregado en Pakistán estaba probablemente destinado a la realización de atentados islamistas en la India. No se sabe quiénes son los destinatarios finales de las armas entregadas en el Congo a la Guardia Republicana del presidente Sassou N’Guesso y a la Sudáfrica del presidente Jacob Zuma. Los principales negociantes eran las firmas estadunidenses Chemring y Orbital ATK, ya mencionadas, así como las igualmente estadunidenses Culmen International y Purple Shovel. Además del armamento de tipo soviético
INTERNACIONAL ANÁLISIS
fabricado en Bulgaria, Azerbaiyán compró, bajo la responsabilidad de su ministro de la Industria de Defensa, Yavar Jamalov, varios alijos de armas en Serbia, Chequia y en otros países, declarando siempre ser el destinatario final de las compras. En cuanto al equipamiento de inteligencia electrónica, Israel puso a disposición de la red la firma Elbit Systems para que apareciera como destinatario final ya que Azerbaiyán no está autorizado a comprar ese tipo de equipos. Esas excepciones demuestran que el programa de Azerbaiyán, utilizado por Estados Unidos y Arabia Saudita, se hallaba totalmente bajo control de Tel Aviv. El Estado hebreo, que dice haber observado una estricta neutralidad durante todo el conflicto sirio, en realidad ha bombardeado en repetidas ocasiones al Ejército Árabe Sirio. Cada vez que Tel Aviv ha reconocido la realización de ese tipo de acciones, lo ha hecho afirmando haber destruido armamento destinado al Hezbollah libanés. La realidad es que todas esas operaciones, quizás con excepción de una sola, se realizaron en coordinación con los yihadistas. Y hoy sabemos que Tel Aviv supervisaba además las entregas de armas a esos mismos yihadistas, o sea que si bien Israel se limitó a utilizar su fuerza aérea para apoyarlos, en realidad estaba desempeñando un papel central en la guerra contra Siria. Según las convenciones internacionales, la falsificación de los certificados de entrega final y el envío de armas a grupos mercenarios para que derroquen gobiernos legítimos o destruyan Estados reconocidos son crímenes internacionales.
Referencias: [1] “350 diplomatic flights carry weapons for terrorists”, Dilyana Gaytandzieva, Trud, 2 de julio de 2017. [2] “De cómo Bulgaria abastece en drogas y armas a Al-Qaeda y el Emirato Islá-
mico”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 4 de enero de 2016. [3] “War Gains: Bulgarian arms add fuel to Middle East conflicts”, María Petkova, Balkan Investigative Reporting Network, 21 de diciembre de 2015. [4] “Tajna Letova Jordanskih Aviona S Plesa Sirijski pobunjenici dobivaju oružje preko Zagreba!”, Kresimir Zabec, Jutarnji list, 23 veljača 2013. [5] “In Shift, Saudis Are Said to Arm Rebels in Syria” and “Airlift To Rebels In Syria Expands With CIA’s Help”, C J Chivers y Eric Schmitt, The New York Times, 26 de febrero y 25 de marzo de 2013. [6] También designado en Occidente Bajo la denominación Estado Islámico en Irak y Siria o las siglas en inglés ISIL o ISIS, y actualmente conocido sobre todo como Daesh, acrónimo árabe peyorativo. Nota de la Red Voltaire. [7] “Catar and Ukraine come to deliver Pechora-2D to ISIS”, Andrei Fomin, Oriental Review (Rusia), Voltaire Network, 22 de noviembre de 2015. [8] “US arms shipment to Syrian rebels detailed”, Jeremy Binnie y Neil Gibson, Jane’s, 7 de abril de 2016. [9] “Jordan strengthens military presence on border with Syria and Iraq”, Pierre Balanian, Asia News, 11 de abril de 2017. [10] “Desde Camp Darby, armas estadunidenses para la guerra contra Siria y Yemen”, Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia)/ Red Voltaire, 18 de abril de 2017. [11] “El Pentágono continúa los envíos de armas a los yihadistas pactados por la administración Obama”, Red Voltaire, 28 de mayo de 2017. [12] “US Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian Rebels”, Mark Mazzetti y Matt Apuzzojan, The New York Times, 23 de enero de 2016. [13] Classified Woman. The Sibel Edmonds Story: A Memoir y The Lone Gladio, Sibel Edmonds.
La periodista búlgara Dilyana Gaytandzieva puso al descubierto un extenso sistema que aprovisiona con armamento y municiones a los yihadistas
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LA PRENSA CONTRA FACEBOOK, GOOGLE Y SU MONOPOLIO GONZALO MONTERROSA
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abemos de la crisis de los medios en general, pero sobre todo la de los periódicos y revistas tradicionales que usaban el papel como plataforma. Realizaron un proceso lento hacia internet. Ahora se enfrentan otro problema; quizá ya no requieran del apoyo de los voceadores pero sí dependen de terceros para llegar a los lectores: Google y Facebook. Ambos controlan la distribución de contenidos a nivel global, sean noticias o entretenimiento, apropiándose de las ganancias publicitarias. Además existen dos puntos más a considerar: en primer lugar ambas gigantescas empresas difunden las noticias falsas casi o con mayor potencia que las noticias verificadas; no encuentran ninguna diferencia entre el buen periodismo y las fake news, que quedó demostrado con el triunfo de Donald Trump y la influencia que éstas tuvieron en las elecciones. Otra cuestión es que ni Facebook ni Google invierten dinero en la investigación, producción, edición, salarios de los reporteros de las noticias que se comparten y se muestran ya sea en los resultados de las búsquedas o en la línea de tiempo de los usuarios de Facebook. Así, nos golpeó a todos directo en el rostro el efecto de la web 2.0, en la
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tas, entregaron teléfonos a los reporcual el usuario termina generando el teros para que además de investigar, contenido. Al principio parecía que entrevistar y tomar notas, realizaran nos hacían un favor permitiéndonos las fotografías y el video con una subir nuestro contenido de merma en calidad repartida forma gratuita, cuando en en cada una de las activerdad todos estamos Google y Facebook vidades. Así esperaban trabajando para ellos, controlan la distribución tener más lectores. y gratis. Y no sólo eso, de contenidos a nivel global, sean noticias Algunos trataron las millonarias ganano entretenimiento, de innovar –bien o cias que las personas y apropiándose de las mal–, realizando conlas agencias de publiganancias tenidos multimedia, cidad están invirtiendo publicitarias proyectos interesantes; en internet se queda otros, monstruos sin caen ambas plataformas. Es beza. También se pensó que por ello que son las empresas podrían utilizar a Facebook (de nuevo) con más ganancias en el mundo. Los y sus nuevas herramientas como los medios periodísticos reciben migajas Instant Articles, una opción que permitía que no son suficientes para salir de la a los medios configurar su contenido grave crisis en la que han caído y que para que la red social les diera prioriellos mismos han profundizado con dad y se descargara de forma instantáacciones equivocadas. nea en los teléfonos móviles. Ahora se El haber tardado tanto en reacdan cuenta que lo único que eso procionar y entender las nuevas reglas vocó es que los usuarios nunca saliedel juego provocó que quisieran enran de Facebook y los medios recibían focarse únicamente en la tecnología aún menos visitas, menos clics y menos que al principio rechazaron y de la interés por parte de los anunciantes: que se burlaron. Dejaron de lado su reducción de ganancias publicitarias. propia historia, filosofía y medición Sí, la crisis se reduce a eso: reducde calidad. Se tomaron medidas desción suscriptores que pagan por reciesperadas y se cometieron errores tan bir las noticias y, sobre todo, reducción grandes como despedir a los fotógrade ganancias publicitarias para poder fos, pues la publicidad les decía que seguir pagando reporteros, oficinas, cualquiera con un iphone podría hacer vehículos, viajes, enviados, equipo, grandes fotografías. Sin fotoperiodis-
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anuncio en dichas redes antes de ver un reportaje (y tienen más posibilidades de tener éxito en su campaña). Todo esto ha llevado a la News Media Alliance en Estados Unidos a hacer un llamado a la sociedad y al Congreso de ese país para que analicen el comportamiento de Google y Facebook que dominan la difusión de noticias. Pide que se haga una negociación con ellas pues no se puede continuar con la dinámica de que los periodistas terminen acatando reglas de cómo se jerarquiza y se ofrece la información periodística, destacando a unos y desapareciendo a otros. Los periodistas se ven tentados a escribir sobre lo que vende y no sobre lo que importa para intentar sobrevivir.
La News Media Alliance integra a cerca de 2 mil grupos de medios de distinto tamaño. Destaca que el denominado “duopolio” (Facebook y Google) se queda con el 70 por ciento de las ganancias dejadas por la publicidad. El planteamiento es que quieren el apoyo legal que les daría la ley antimonopolio si se le acusa del cargo al duopolio y se pueda negociar para cambiar la forma en que se están haciendo las cosas. Sería curioso que la prensa, con su historia de enfrentar a los más poderosos líderes mundiales, termine arrodillada ante redes sociales llenas de contenido banal. Así que esto no ha terminado.
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etcétera. Mientras que Facebook y Google terminan ofreciendo los contenidos producidos por otros y de manera gratuita. Ya no es sólo el apropiarse del trabajo de otros, también se generó una dependencia total hacia esas plataformas para poder hacer llegar la información periodística a la gente. Están controlando la distribución de noticias digitales y las hacen competir con memes, videos de gatitos y cualquier otro contenido banal que sea de interés o esté de moda entre los usuarios. Quienes pagan por anunciarse poco a poco se deciden por hacerlo en las redes sociales y no en los medios periodísticos, porque finalmente es mucho más probable que vean su
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EX LIBRIS
HILDA NUCCI Y ERNESTO VILLANUEVA, LOS PARÁSITOS DEL PODER PRESIDENCIAL ÁLVARO CEPEDA NERI
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De entre los libros que ha estado publicado la revista Proceso, tenemos el de los investigadores Hilda Nucci y Ernesto Villanueva, donde abordan el tema de los cinco parásitos del presidencialismo: Echeverría, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón (seguidos muy de cerca por Peña quien está a un año y medio de jubilarse) que reciben guardias militares, secretarias, oficinas y otras prestaciones, con un total de 425 personas, durante el resto de sus vidas y, en el caso de López Portillo su viuda recibe hasta que muera un 50 por ciento del salario del presidente en funciones. Son seis beneficiarios de millonarias pensiones; pero, es a los cinco mencionados a quienes pasan revista Nucci y Villanueva en su libro: Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes. Con iniciativas, adiciones y reformas a los decretos desde 1976, han sido otorgadas prerrogativas carroñeras a quienes a su paso por el presidencialismo se enriquecen, o lo hacen por medio de terceros para luego recibir esa “herencia”. Aparte de enriquecer a sus familias, amantes, hijos, esposas y amigos desde Miguel Alemán, quien hizo a su júnior multimillonario e influyente en el poder presidencial; hasta pasar por los hijos del corruptísimo Salinas, del perverso Zedillo, los hijastros de Fox y al pro-
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pio Calderón quien tiene, por decreto de canallas y granujas son zopilotes del erario público. suyo expedido antes de terminar su III. Hay un catálogo de iniciativas sangriento sexenio, ventajosos benelegislativas desde 2012 para limitar ficios. esos beneficios a los ex presidentes, II. A los rateros en el poder presihasta la más reciente que propone dencial se les llama benévolamente: que esos parásitos renuncien a sus corruptos. Y al robo: corrupción. Y a pensiones, de la que la reportera lo mismo que hacen los desgobernadoClaudia Salazar nos informó (Reres, jefes de gobierno del casi extinto forma, 13 de abril de 2016), sin que Distrito Federal, ahora en transición hayan prosperado, salvo en minucias a estado Ciudad de México; presidentes municipales, etcétera; y en este que en nada afectan las millonarias jubilaciones con favoritismos etcétera entran funcionarios, extras que reciben: pensecretarios del despacho sión vitalicia, seguro presidencial, las pandimédico, de vida y llas de gobernadores Autores: Hilda Nucci gastos mayores, para y otros mandos de y Ernesto Villanueva cada ex presidente las administraciones Título: Los parásitos del poder y su familia. Investipúblicas. Aparte los gación de lo que, en rateros de los poderes Editorial: Ediciones términos generales legislativos y judiciales Proceso, 2015. sabemos los mexicanos federales y estatales. sobre cómo nuestros funMáxime en la actualidad cionarios (¿nuestros?) se roban que esa corrupción, la otra cara de la delincuencia organizada en los dineros del pueblo, y que esta los poderes públicos, ya invadió como investigación nos da pruebas, cifras y un panorama político de las raíces de un cáncer al sistema y el régimen la corrupción que representa la sanimperantes. A esos ladrones, Nucci y gre del sistema-régimen presidenciaVillanueva les llaman: parásitos; a los lista, y a cuyos cargos quieren llegar que en cinco capítulos dejan en cueros para esculcarlos sobre lo que se llevan únicamente por el botín. Son, pues, parásitos porque además de ser, los como pensionados, o sea jubilados ex presidentes y sus camadas malos de por vida, sangrando al pueblo. Y gobernantes, resultan pillos; ladrones hacen los autores una comparación envueltos en la impunidad con la que con 20 países, para mostrarnos que viven, convertidos en millonarios. los expresidentes mexicanos además
ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 31 de julio al 6 de agosto de 2017
Año 16 • Número 550 • $30