Contralínea 645

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 10 al 16 de junio de 2019

Año 18 • Número 645 • $30

CONTENIDO

PORTADA

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BANXICO PAGA 97 PENSIONES MILLONARIAS, INCLUIDA LA DEL EXPRESIDENTE ZEDILLO En lo que va del austero gobierno de López Obrador, el Banco de México ha erogado 891 millones de pesos en 97 pensiones de altos exfuncionarios

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 645, del 10 al 16 de junio de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102.

Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918.

ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192.

Este número se terminó de imprimir el 7 de junio de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL DE 20 A 50%, EL PAGO DE COMISIONES POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL Miguel Badillo

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ZONA CERO TRIQUIS Zósimo Camacho AGENDA DE LA CORRUPCIÓN CON PEÑA, CONFLICTO DE INTERÉS Y SOBREPRECIOS EN “MODERNIZACIÓN” DE BASE AÉREA DE SANTA LUCÍA Nancy Flores

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CONTRAPODER FOX Y CALDERÓN DESTRIPARON LA PROTESTA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

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EL CAMPO PETROLERO IXACHI Y LA MENTIRA DEL “DESARROLLO NACIONAL” Adalberto Ruiz Mojica

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NUEVA ETAPA DE LA MINERÍA EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA Carmen Aída Guerra

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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CONTAMINACIÓN DE LAS CIUDADES, UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS DE CHILE Rafael Calcines/Prensa Latina

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BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS, EL VERDADERO PELIGRO Y LA GRAN AMENAZA Joel Michel Varona/Prensa Latina

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SANCIONES CONTRA VENEZUELA, EL GUION DE ASFIXIA DE WASHINGTON Elizabeth Borrego Rodríguez/Prensa Latina

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CONTENIDO

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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

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Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

OPINIÓN

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LOS VERICUETOS EN LA GESTIÓN PRESIDENCIAL DE LENÍN MORENO Sinay

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Céspedes Moreno/Prensa Latina 28

TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS, REHENES EN RIVALIDAD DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CHINA Yolaidy Martínez/Prensa Latina

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SESENTA AÑOS DE PRENSA LATINA: LA NAVE FLOTA SOBRE UN MAR ENCRESPADO Luis Manuel Arcel/Prensa Latina

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PRENSA LATINA Jorge Ricardo Masetti

Imagen de portada: CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN

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PORTADA Banxico paga 97 pensiones millonarias, incluida la del expresidente Zedillo Alba Olea

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SOCIEDAD Desplazamiento interno mantiene en vilo a miles en Oaxaca Érika Ramírez, enviada

ANÁLISIS

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INTERNACIONAL Brasil y México, el contrapunto en las estrategias de seguridad públlican Amílcar Salas Oroño, Manuel Hernández Borbolla y Camila Vallenweider

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INTERNACIONAL Injerencia judicial e impunidad en Colombia y Guatemala Amílcar Salas Oroño, Manuel Hernandez Borbolla y Camila Vollenweider/CelagJavier Calderón Castillo/Celag

MISCELÁNEO

66 EX LIBRIS Vicente Leñero: Los periodistas, una historia del despotismo presidencial Álvaro

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

Cepeda Neri www.contralinea.com.mx

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

DE 20 A 50%, EL PAGO DE COMISIONES

POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL MIGUEL BADILLO

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ra el sexenio donde se buscaba desde Los Pinos comprar lealtades en medios de comunicación, mientras que los dueños de la prensa y algunos periodistas se dejaban apapachar.

Eran tiempos de bonanza para unos cuantos, los de siempre, los mismos que en gobiernos priístas y panistas acumularon fortunas en nombre de la “libertad de prensa”, sin importarles jamás buscar y decir la verdad, sólo halagar al que estaba en turno en la silla presidencial.

El expresidente Enrique Peña y su vocero Eduardo Sánchez dispusieron en el sexenio pasado de 52 mil millones de pesos del presupuesto público (más del doble del gasto autorizado por el Congreso) para gastarlo en publicidad, y otros 8 mil millones para comprar “otros servicios” que algunos periodistas venden (60 mil millones en total).

Era la continuidad de esa relación perversa entre dueños de medios y periodistas con el poder político, la misma que se había mantenido y consolidado desde hace casi 1 siglo y que se sintetiza en una sola frase: “No pago para que me pegues”, como diría el expresidente José López Portillo para fijar así cuál era la política de gobierno que marcaría los siguientes 36 años de gobiernos priístas y panistas.

Con el cambio de régimen y la aplicación de una nueva política gubernamental (la cuarta transformación), paralelamente se han publicado listas de los medios de comunicación y periodistas beneficiados en el sexenio pasado con

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esos contratos de publicidad ordenados por la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.

También hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su vocero Jesús Ramírez acusar –sin mostrar hasta ahora prueba documental alguna, como serían contratos o convenios– a un grupo de “15 columnistas” –cuya lista oficial después se elevó a 36– de “recibir la cuarta parte de esos 60 mil millones de publicidad”, es decir 15 mil millones para 15 columnistas, según la Presidencia de la República.

Hasta ahora todas las baterías de esas acusaciones que salen de Palacio Nacional se han centrado principalmente en “periodistas chayoteros” y apuntan específicamente a columnistas; para nada mencionan a dueños o concesionarios de los medios de comunicación, quienes en realidad son los más beneficiados de ese gasto presupuestal multimillonario. La crítica desde Presidencia se reduce a los periodistas bajo el argumento de que éstos recibieron publicidad en sus portales y, en otros casos, también establecieron convenios para prestación de “otros servicios”.

En la “investigación exhaustiva” que el vocero Jesús Ramírez y su equipo de Comunicación Social han hecho en los sótanos de Gobernación y la Función Pública, en donde encontraron “decenas de cajas con miles de contratos” que prueban esa relación perversa de complicidad entre prensa y poder político, no ha sido mostrada a la opinión pública, como tampoco se habla en Palacio Nacional de las jugosas comisiones

OFICIO DE PAPEL

OPINIÓN

que en algunas áreas de comunicación social se toleraba su cercanía con el presidente. Algo que pedía a los medios a cambio de abultar las parti- impactaba a Peña Nieto y que presumía de Lozoya, era su capacidad para hablar varios idiodas presupuestales que les asignaban.

Esas comisiones, que fuentes involucradas mas: alemán, francés, inglés, italiano, portugués, aseguran oscilaban entre el 10 y el 50 por ciento y que tuvo una destacada participación en la redel pago de la publicidad entregada y que iba a unión de Davós, Suiza, en donde funcionarios parar directamente a los bolsillos de varios je- de varios países lo felicitaron. Caído ahora en fes de prensa (por supuesto no todos), también desgracia, Lozoya, por conducto de su abogado debería de ser investigado por la Secretaría de Javier Coello Trejo, ha advertido de que no sólo la Función Pública y advertido como algo que él es responsable de las pésimas decisiones sobre compras en Pemex, y uno de los que podrían sucedía en gobiernos anteriores.

Me dicen, por ejemplo, que un concesionario aparecer en sus declaraciones ministeriales, adede radio (de quien omito el nombre) llegó a Los más del propio expresidente Peña Nieto, es prePinos con un portafolios de piel con 2 millones cisamente Luis Videgaray, a quien según Lozoya de pesos adentro para entregarlo como pago de es el más responsable de todas las anomalías y comisión por un contrato adicional de publici- corruptelas por las decisiones en Pemex en el dad que recibió su empresa. Y de esas comisio- gobierno anterior. El equipo de Lozoya Austin tiene claro que el 80 por ciento de los empresanes, unas más que otras, se entregaron muchas.

Así es que la corrupción con dinero públi- rios que pedían cita para hablar con el entonco no sólo era para comprar espacios y plumas ces director general de Pemex eran enviados de Los Pinos. Entre esos en la prensa, sino que recomendados, aparealcanzaba a funcionaEra el sexenio donde la Presidencia cen en la lista los hijos rios de comunicación social de varias depen- buscaba comprar lealtades. Y había due- de dos expresidentes, dencias de gobierno, ños de medios de comunicación y perio- Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo incluida la propia Pre- distas que se dejaban apapachar...

Ponce de León, cuyos sidencia de la Repúblivástagos solicitaban ca.

Puntos suspensivos… El gobierno federal reuniones con Lozoya para pedirle la asignación investiga la participación del exsecretario Luis de contratos de obras, bienes y servicios, aunVidegaray en las operaciones de compra venta que el responsable de atenderlos directamente que hizo Petróleos Mexicanos con sobreprecio era Froylán Gracia Galicia, exjefe de la oficina de las plantas chatarra Agrob Nitrogenados, de del director general, en donde hacían peticiones Alonso Ancira, y Fertinal, de Fabio Covarrubias, para la asignación de contratos de obras, bienes lo que mantiene bajo órdenes de aprehensión y servicios… Nos cuentan que la familia Lozoya al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya está devastada, y no sólo porque tiene al exdirecAustin (quien logró una suspensión en tribuna- tor de Pemex con un pie en la cárcel, sino porles). Era precisamente el extitular de Hacienda que en el proceso se ha involucrado a la esposa y quien revisaba directamente esas compras, pues a la hermana del exfuncionario, quienes habrían el dinero para dichas operaciones no salía de la recibido transferencias de dinero “mal habido” empresa petrolera del Estado, sino que era trans- en cuentas bancarias del extranjero… Pues paferido del presupuesto público que manejaba la rece que podría venírsele un alud de acusaciones Secretaría Hacienda, además de que el mismo al ex secretario de Hacienda, no solamente de Videgaray tenía un lugar en el Consejo de Ad- parte de Lozoya, sino también de la exprimera ministración de Pemex… La renuncia de Lozo- dama, Angélica Rivera, quien culpa a Luis Viya a Pemex en 2015 ocurrió precisamente por degaray de toda su desgracia por las acusaciones diferencias y celos profesionales que tenía con de corrupción en la adquisición de la conocida el responsable de la Hacienda Pública, quien no Casa Blanca.

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OPINIÓN ZONA CERO

TRIQUIS ZÓSIMO CAMACHO

L

a “paz” en la región triqui de Oaxaca es ten- Pueblos Indígenas (INPI), cuyo director general es sa, sostenida con acuerdos siempre a pun- Adelfo Regino, y ya ha llegado a la Secretaría de to de romperse y donde las armas siguen Gobernación. Alejandro Encinas, subsecretario de fluyendo de manera permanente: fusiles de asalto Derechos Humanos, Población y Migración de esta AK47 y R15 e, incluso, fusiles de alta potencia Ba- dependencia, atiende personalmente la situación.

La nación triqui cuenta con tres centros relirret calibre 50.

En efecto, no son los días –que nadie quiere que giosos, ceremoniales y culturales (o Chuma’a). Para vuelvan– de cuando las tres organizaciones que co- los de la región baja se trata de San Juan Copala, existen en aquellos montes mantenían una guerra para los de la triqui media es San Martín Itunyoso abierta con saldos de decenas de muertos y de mu- y para los de la triqui alta es San Andrés Chicajeres violadas, casas quemadas y cientos de familias huaxtla. Aunque se saben parte de un solo pueblo, desplazadas; territorios enteros ocupados por pa- mantienen particularidades lingüísticas y de vestimenta: según la región, ramilitares a los que ni en los huipiles de la las Fuerzas Armadas Todos los grupos velan armas (fusiles mujeres de Copala prepodían ingresar. En esa guerra perdieron la AK47, R15, Barret). Serán noticia has- valece el rojo; en los de vida defensores de de- ta que otra vez superen la decena de Intunyoso, el morado, y en los de Chicahuaxtla, rechos humanos como muertos y el ciento de desplazados el blanco. el finlandés Jiri Antero Aunque la violenJaakola y la oaxaqueña cia atraviesa toda la región triqui, la zona que en Alberta Cariño Trujillo (2010), atacados por la irralas últimas décadas ha padecido principalmente cionalidad de uno de los bandos beligerantes.

Sin embargo, desde entonces las emboscadas las emboscadas, los desplazamientos y los enfrenno han cesado. De manera trágica y esporádica tamientos armados es la de San Juan Copala. En hombres, mujeres y niños son víctimas de los dis- la triqui baja es donde coexisten con precaria paz paros de personas parapetadas en los cerros; en las tres organizaciones: el Movimiento de Unificación laderas, a las orillas de los caminos, y en las veredas y Lucha Triqui (MULT), que se asume de izquierde los montes jarillosos. Y con cada emboscada, los da; la Unidad de Bienestar de la Región Triqui frágiles acuerdos que sosiegan los ímpetus de los (Ubisort), afiliada desde su fundación al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y antigua rival del grupos parecen venirse abajo.

De todo está enterado el gobierno federal. El MULT, y el Movimiento de Unificación y Lucha asunto ha rebasado al Instituto Nacional de los Triqui Independiente (MULTI), una escisión de la

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OPINIÓN

ARTURO PEREZ ALFONSO/CUARTOSCURO

ZONA CERO

primera, que impulsó la creación de un municipio autónomo y que por ello terminó enfrentada tanto con el MULT como con la Ubisort.

La declaratoria de San Juan Copala como municipio autónomo en 2007 y la creación de gobiernos e instituciones municipales autónomas funcionó exitosamente por 3 años. Vino después la declaración de guerra de la Ubisort y el MULT contra los autonomistas y la región se vio envuelta en una disputa por el Chuma’a con armas de alto poder. En una alianza antes impensable, el MULT y la Ubisort tomaron San Juan Copala literalmente a sangre y fuego el 16 de septiembre de 2010. Además de los muertos, lesionados y violadas, cientos fueron desplazados y hasta la fecha no han podido regresar a sus casas.

Las heridas no han sanado y todos los grupos velan armas (aquí también la frase es literal). El tema no ha trascendido a los medios de comunicación. Como siempre, lo hará hasta que los muertos indígenas alcancen la decena y las manifestaciones pidiendo justicia lleguen a las ciudades.

Aliados circunstanciales en estos momentos el MULT y la Ubisort, Adelfo Regino intentó que el MULT y el MULTI firmaran un “acuerdo de

paz”. Alejandro Encinas convocó a sus dirigentes para que vuelvan a integrarse en una sola organización.

Las propuestas no han prosperado no sólo por la profunda desconfianza mutua. El MULTI rechaza llegar a acuerdos sin que se discuta cuándo les devolverán sus hogares y pertenencias. No aceptan formar parte de nueva cuenta de la organización que los despojó y hasta el día de hoy ocupa sus casas en San Juan Copala.

La comunidad de El Rastrojo es conocida como la “capital” del MULT. La de Yosoyuxi, como la del MULTI. Por su parte, la Ubisort tiene su asiento en La Sabana. Una misma lengua, un mismo territorio, una misma cultura, una misma cosmovisión, diferentes organizaciones políticas. Es triste que se vea muy lejos que los habitantes de estas comunidades vuelvan a llamarse unos a otros tinujei (hermano mío), como se refieren los triquis a sí mismos.

Encinas y Regino deberán hacer un trabajo muy cuidadoso para evitar otro incendio en la pradera. Otro más de los que ya están en marcha en las regiones indígenas de México. Por el bien de los triquis, de Oaxaca y del país, que se conduzcan con honestidad, justicia y que tengan éxito.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

CON PEÑA, CONFLICTO DE INTERÉS Y SOBREPRECIOS

EN “MODERNIZACIÓN” DE BASE AÉREA DE SANTA LUCÍA NANCY FLORES

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n una exhaustiva fiscalización, el Órgano In- pero el reporte no revela el monto total invertido en terno de Control en la Secretaría de la Defen- esas obras.

De lo que sí da cuenta puntual es de las anomasa Nacional (Sedena) documentó en 2018 que en la “modernización de las instalaciones de la Base lías, entre las que destaca lo que califica como un Aérea Militar número 1, Santa Lucía”, personal mi- conflicto de interés. “Se detectó que la persona física litar incurrió en diversas anomalías, como conflicto ‘Brenda Alejandra García Rodríguez’ tiene una relación laboral por motivo de la obra ‘modernización de intereses y pagos con sobreprecios a contratistas.

El reporte final de la auditoría con número pro- de las instalaciones de la Base Aérea Militar número gresivo de revisión 3, clave 230 (obra pública), indica 1 (Santa Lucía, Estado de México)’, habiendo percique los trabajos realizados al cierre del sexenio de bido un sueldo total durante el periodo del 1 de julio Enrique Peña Nieto incluyeron la construcción de de 2017 al 18 de marzo de 2018 por la cantidad de un hangar de mantenimiento de ala rotatoria, un 131 mil 228 pesos; asimismo es proveedora de matehangar de resguardo de ala rotatoria, un hangar de riales de la misma, habiéndosele comprado un total de 4 millones 670 mil mantenimiento de ala fija, edificios de la coEn la modernización de las instalacio- 731 pesos, por lo que mandancia de la Base nes de la Base Aérea Militar de Santa Lu- infringe la normativa en materia de adquisiciones Aérea, edificio de mecía, personal militar incurrió en conflicto vigente, en virtud de que dicina de aviación, plaincurre en conflicto de taformas, urbanización, de intereses y pagos con sobreprecios intereses por ser proveeestudios técnicos y equidora y estar contratada pamiento de transmisiocomo empleada en la obra, contraviniendo el artícunes, de sanidad, de intendencia y de informática.

Actualmente, el plan gubernamental del presi- lo 50, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendente Andrés Manuel López para esta Base Aérea damientos y Servicios del Sector Público”.

Al respecto, y gracias a la intervención del ÓrgaMilitar es transformarla en una extensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por no Interno de Control, el informe agrega que la Selo cual se espera que se hagan nuevas modificacio- dena solventó esta observación 1 mes después de que se hizo la revisión: “el ingeniero residente reintegró nes.

Las construcciones que realizó el gobierno pasa- la cantidad señalada, presentando ficha del depósito do se llevaron a cabo del 30 de junio de 2017 al 30 de realizado a la cuenta bancaria número 204008620 abril de 2018. A la fecha de conclusión de la audito- de Banjército, a nombre de: R07117 Sedena Moder ría (28 de febrero del año pasado), existía un saldo en Inst BAM 1 Sta. Lucia [sic], con fecha [del] 4 de abril la cuenta bancaria de 45 millones 547 mil 344 pesos, [de] 2018”.

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

Entre otras anomalías, la auditoría descubre que el Ejército incurrió en pagos injustificados (o sobreprecios) y en omisión en el cobro de penas convencionales a contratistas.

Por ejemplo, en el “contrato SDN/16051/2017/ 17, de fecha 1 de agosto 2017, fincado a ‘Comercializadora Los Tres Jr, SA de CV’, por el importe máximo de 32 millones 486 mil 159 pesos, se detectó una diferencia en precios contra facturas pagadas por la cantidad de 385 mil 197 pesos”. Derivado de esta observación, el proveedor realizó una transferencia bancaria por concepto de reintegro, de su cuenta de Bancomer a la cuenta cuenta de Banjército.

Pero ese no fue el único caso. El Órgano Interno de Control señaló que “en relación con la cláusula dos ‘precio convenido’ del contrato SDN/16051/2017/36A, de fecha 22 de noviembre 2017, fincado a Distribución Interceramic, SA de CV, por el importe máximo de 1 millón 920 mil 932 pesos, se ha facturado un total de 2 millones 11 mil 200, por lo que se observa que rebasó dicho importe máximo, según documentación comprobatoria expedida del 24 de noviembre de 2017 al 22 de febrero de 2018, existiendo una diferencia de 90 mil 268 pesos”.

En similar condición estuvo el “contrato SDN/16051/2017/33C de fecha 31 de agosto 2017, fincado a Juan Manuel García Lara, por el importe máximo de 10 millones 454 mil 433 pesos, en el que se detectó una cantidad por 653 mil 63 pesos correspondiente a pagos efectuados de más al proveedor, por haber cobrado en facturas bienes que no se encuentran considerados en el contrato respectivo (contrato vigente en plazo de entrega de material)”.

El reporte advierte que, mediante el oficio 209/MIBAM1/2018, de fecha 4 de abril de ese año, el ingeniero residente de la obra informó a los auditores que “tanto las observaciones administrativas como las económicas en las que se tuvo

que realizar reintegros fueron solventadas, se verificó la documentación original de las garantías de cumplimiento, de los convenios modificatorios, fichas de depósito y toda comprobación correspondiente, archivando en el expediente fotocopia certificada de la documentación comprobatoria en comento de las mismas, quedando sin novedad [sic]”.

Más irregularidades Los temas del conflicto de interés y los sobreprecios no son las únicas irregularidades que detectó la auditoría interna. También se señala en el informe final que hubo adjudicación directa injustificada e incumplimientos de contratos.

Ejemplo de ello es el contrato SDN/16051/2017/ 14, de fecha 2 de julio 2017, a favor de la empresa Construcciones e Inmob.

DELEONHMNAS, SA de CV, que se realizó por adjudicación directa. “Sin embargo no existe cotización de este proveedor y no se integró en el estudio de mercado, contraviniendo los artículos 26 fracción VI, y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los que se señala que se deben incluir estos documentos en el procedimiento de adquisiciones”.

Finalmente en otros siete contratos (SDN/16051/2017/36B,SDN/16051/2017/44,SDN/ 16051/2017/46, SDN/16051/2017/53, SDN/ 16051/2017/55, SDN/16051/2017/56 y SDN/ 16051/2017/58) que implican un monto global superior a los 5 millones de pesos, la auditoría señaló que se incumplieron los plazos de entrega, por lo que determinó que la Sedena debería aplicar las penas convencionales correspondientes.

Esperemos que ahora en la “cuarta transformación” las cosas cambien en la Sedena y las obras en Santa Lucía para el nuevo aeropuerto se hagan apegadas a la ley ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

Pagos con sobreprecios

OPINIÓN

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OPINIÓN CONTRAPODER

FOX Y CALDERÓN DESTRIPARON LA PROTESTA ÁLVARO CEPEDA NERI

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n el contexto de lo que representa la protesta política en una democracia, convocaron varias marchas que, finalmente, tuvieron lugar en Guadalajara, Toluca, Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Tampico, Puebla, Veracruz, Querétaro y Guanajuato. Y su principal foco llevado a cabo en la capital del país. Dichas marchas se escenificaron con el fin de manifestarse contra decisiones presidenciales. Menos Excélsior, los demás periódicos y los noticieros radiofónicos, dieron a conocer en la información que participaron no menos de 15 mil personas en el estado de la Ciudad de México y no menos de 25 mil en las ciudades (sumadas todas ellas). Los entrevistados dijeron que eran quienes no habían votado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones presidenciales, y con sus derechos políticos acudieron a la que es la segunda marcha contra López Obrador desde que tomó posesión del cargo. Y que el secretario de Comunicaciones Transportes, Javier Jiménez Espriú, trató de desacreditar.

Pero fueron Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada quienes se atrevieron a soltar la lengua para apoyar la denominada Marcha del Silencio, destripando de esta manera la protesta nacional. Fox anduvo paseando su manta, demostrando con esta acción que su estupidez no tiene límite. Y Calderón sigue empeñado en enseñar su mediocridad. Los dos son un par de panistas, que durante 12 años dañaron al país más que los priístas y que ahora, protegidos por guardaespaldas militares se atreven a dar el bochornoso espectáculo de manifestarse, desacreditando una protesta que de esta manera pierde su objetivo. Debieron los marchistas expulsarlos

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de sus filas ya que, al permitir que intervinieran, la protesta perdió su finalidad.

Primero que nada, nunca Fox y Calderón debieron haber sido presidentes; y, tampoco deben estar abusando con tamaña desfachatez de los derechos individuales para esconderse entre los protestantes, con el objetivo de tirar la piedra y esconder la mano corrupta que tienen. Indudablemente la participación de estos personajes ensució de corrupción la marcha y así mostraron, una vez más, que son capaces de mayores sinvergüenzadas. Calderón hasta aprovechó para hacer el llamado a que se sumen al nuevo partido que está insistiendo en crear, en uno más de sus descaros. Ambos son unos idiotas, políticamente, y su intervención destripó una protesta que perdió legitimidad democrática.

Así, pues, la presencia de Fox y Calderón anuló de hecho y derecho la protesta, ya que está comprobado que son dos individuos indeseables políticamente; sobre todo en un acto ajeno a quienes como expresidentes están marginados de protestas. Ambos se infiltraron para sabotear la manifestación. Y lo hicieron, además, a sabiendas de que no tienen ninguna calidad ética, democrática o republicana para presentarse con sus antecedentes como parte del pueblo. Los dos echaron a perder la protesta y su impacto político como oposición.

Así que una vez más Felipe Calderón y Vicente Fox no se cansan de mostrar su perversidad política; demostrado, además, que son capaces de continuar corrompiendo la vida pública, tal y como lo hicieron cuando los ciudadanos panistas depositaron en ellos su confianza y la traicionaron con sus bajezas.

OPINIÓN ARTÍCULO

EL CAMPO PETROLERO Y LA MENTIRA DEL “DESARROLLO NACIONAL” ADALBERTO RUIZ MOJICA/ARQUITECTO

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n noviembre de 2017, el entonces presiden- yacimiento que contaba con 190 pozos.

Cantarell, como se recuerda, registró una prote Enrique Peña Nieto dio a conocer el hallazgo petrolero del pozo Ixachi 1, diciendo ducción máxima histórica en 2004 de 3 millones 380 erróneamente que se encontraba en Cosamaloapan, barriles diarios. Actualmente, la producción nacional Veracruz, cuando la realidad es que se localiza en el es de 1.6 millones de barriles diarios aproximadamunicipio de Tierra Blanca. Los trabajos de explo- mente, es decir, el 47 por ciento de la producción en ración de ese pozo los realizó la empresa Halliburton su máximo histórico de aquel campo ubicado en la sonda de Campeche. a 7 mil 700 metros de profundidad.

En este momento, México tiene reservas proSe dijo que para este proyecto no habrá alianzas con capitales nacionales ni extranjeros, que se badas por 6 mil 464 millones de barriles, con una trabajará con tecnología propia, es decir, perforará producción diaria de 1.6 millones de barriles. De ello Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, Pemex se deriva que las reservas probadas apenas nos alcanno cuenta con la tecnología para perforar en tierra zan para los próximos 11 años (2030). a más de 4 mil metros de profundidad, mucho La realidad Los hallazgos petroleros nunca han menos para 7 mil 700 del Ixachi 1 significado una verdadera palanca de metros. Por ello, actualmente una empresa pe- desarrollo para el pueblo. Poza Rica vive El yacimiento Ixatrolera extranjera está empobrecida, saqueada, abandonada chi 1 tiene reservas properforando el pozo. badas por 1 mil 300 El Ixachi 1 es el hamillones de barriles, y llazgo petrolero más importante de los últimos 25 producirá 80 mil barriles diarios, lo que significa el años. Cantarell fue descubierto hace casi 50 años, y 5 por ciento de la producción nacional. El potencial fue el segundo yacimiento más grande del mundo, del pozo representa el 20 por ciento del total de las sólo superado por el complejo petrolero Ghawar, reservas probadas del país. ubicado en Arabia Saudita.

Si la producción diaria del Ixachi 1 fuera de 1 Cantarell contaba con reservas probadas por millón 623 barriles diarios, sus reservas se agotarían más de 16 mil millones de barriles (hasta 2008, había en 2.19 años, y si fuera de 80 mil barriles diarios aportado 13 mil 400 millones de barriles), con una (promedio de producción proyectada), sus reservas producción diaria promedio de más de 850 mil ba- se agotarían en 44.92 años. Éstos son los alcances rriles durante más de 30 años. El Ixachi 1 representa productivos reales del yacimiento. menos del 6 por ciento de Cantarell, y su producción Ante la crisis productiva de Pemex, es un buen hadiaria programada, de 80 mil barriles, equivale al 9 llazgo petrolero, pero está muy lejos de ser un mega por ciento de la producción promedio de aquel súper yacimiento como Cantarell. Por ello, el Ixachi 1 no

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ARTÍCULO

entusiasma al pueblo veracruzano, pues conocemos a fondo lo que estos hallazgos petroleros significan: no traerán beneficios económicos regionales al municipio de Tierra Blanca, sino todo lo contrario, se encarecerá la economía regional, se contaminarán ríos, presas y cultivos diversos. Poza Rica ya vivió esta situación durante más de 50 años, y nunca llegó el progreso ni se mejoró la calidad de vida para la población.

Los hallazgos petroleros nunca han significado una verdadera palanca de desarrollo para el pueblo de México. Poza Rica vive empobrecida, saqueada en sus yacimientos, y en una crisis económica muy severa, abandonada por el gobierno federal, contaminada, decadente y sin servicios públicos suficientes; además, sus arroyos –que atraviesan toda la ciudad– están contaminados con residuos de hidrocarburos.

El descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en México han sido la gran tragedia ciudadana, ya que ninguna autoridad en sus tres niveles ha estado a la altura de las necesidades sociales.

El futuro de Poza Rica es incierto y preocupante. Después de 80 años de la expropiación petrolera, lejos de beneficiar al pueblo de México, la venta del petróleo lo ha hundido en la pobreza. Los únicos beneficiados han sido políticos.

Durante más de 50 años, Poza Rica ha visto en-

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riquecerse en cientos de millones de dólares de los directivos locales de Pemex junto con sus prestanombres, que en menos de un sexenio se han hecho millonarios, cometiendo fraudes. La producción petrolera no benefició a Poza Rica.

Pemex ha hecho una devastación de la naturaleza y de la arqueología durante más de 80 años, y esto está llevando a un colapso seguro y a corto plazo de las otroras ciudades petroleras. Éste es el resultado de las políticas de rescate al bienestar ciudadano a través de programas sociales populistas y demagógicos a nivel nacional.

Durante el periodo de 2000-2012, Pemex aportó al gobierno federal más de 450 mil millones de dólares, es decir, 37 mil 500 millones de dólares anuales, lo que equivale a 103 millones de dólares diarios. ¿Qué hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón con esas estratosféricas millonadas de dólares? Con esos excedentes petroleros México debería estar colocado como un país de bienestar e igualdad, y en la ruta del progreso.

Sin embargo, aquí la pobreza es el lastre más doloroso y preocupante: cada día nos enfrentamos a ella sin éxito, pues aumenta como consecuencia de la corrupción e impunidad de los últimos ocho gobiernos federales.

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NUEVA ETAPA DE LA MINERÍA EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA CARMEN AÍDA GUERRA MIGUEL

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an José de Gracia, Sinaloa de Leyva. Con el cerro de La Pirámide enfrente, Francisco Choza Echavarría detuvo su mula, se secó el sudor con el dorso con un gesto de coraje, y mirando al cielo le habló a su abuelo, Antonio Echavarría Aguirre, para hacerle una recriminación y una promesa: “Tan noble esta montaña, tanto oro que de aquí se extrajo y ninguno se preocupó por hacer un camino a las minas; pero no descansaré hasta que la vena se haga, no para que salgan de esta tierra sus pobladores, sino para que se arraiguen con fuentes de trabajo”.

Completó su extraña oración con su gran fe –minero de corazón es– en la prodigalidad de esta zona minera otrora en esplendoroso auge, bonanza que se prolongó de 1782 –cuando se descubrió Mina Grande– hasta 1848, cuando se estuvieron explotando de un continuo Todos Santos, Veta Tierra, Los Hijos, Dulces Nombres y Los Muertos.

Socavones abiertos por aquellos gambusinos obstinados, tozudos, fuertes como roble, de pico y pala, marro, manero y morral al hombro en el que no faltaba nunca una botella de café con leche, tapada con un olote, sus tacos de frijoles, de gallina y colachito salpicados con los picosísimos chilpiltines.

La historia del pasado se repite y el oro aquel que, por falta de visión de sus primeros explotadores vino a menos aun cuando los yacimientos minerales sólo se habían rascado por encima, retorna. En ese tiempo se iban al oro libre que se podía extraer con los métodos rudimentarios con que contaban, y ahora se repite. Pero a la pala, al pico y demás, los sustituyen los compañeros, las pistolas de barrenación y elementos que hacen posible volver sobre las huellas de sus antepasados y llegar al corazón mismo de las vetas que

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contienen el áureo metal y la plata ¡de muy buena ley!

El peregrinar de los jesuitas los llevó al descubrimiento de San José de Gracia en el siglo XVI, donde habitaba una raza de indios llamada Cocoyomes.

Entonces los indios no sabían que diariamente caminaban kilómetros y kilómetros –porque eran muy andariegos– sobre una riqueza que nunca habrían de disfrutar. Corrieron los años, los indios fueron diezmados por enfermedades y hombres; los jesuitas, expulsados de México y algunos asesinados, y aquellas aldeas se perdieron con el tiempo hasta que se efectuó el primer descubrimiento de la mina más rica de la zona, que fue Mina Grande.

Ya se ha dicho que junto con el descubrimiento de Mina Grande vienen las demás mencionadas y empiezan las bonanzas considerables de estos fundos, que en 1848 serían abandonadas para irse en pos de “la fiebre del oro” que obsesionó a cientos de mineros, cuyo pensamiento giraba en torno del filón, acuñando esta frase que ha corrido de boca en boca por generaciones “desde que el hombre pisó tierra anda detrás del oro”.

En 1878 regresaron los mineros con sus morrales vacíos y entre ellos llegó Francisco Peraza Martínez, descubriendo un rico filón en Santo Tomás, y junto con éste Santa Rita y San Judas. En 1893 vendió las minas a Anglo Mexicana Company, cuyos trabajos principales los tenía en la mina de El Trigo, ubicada en Badiraguato.

En 1894 se formaron dos compañías mineras: La Pirámide, de Antonio Echavarría Aguirre, enclavada en el cerro de El Rosario, en donde después se fundó la hacienda del mismo nombre para dar cabida a 800 obreros; y La Purísima, formada por Sebastián

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Camacho (subsecretario de Hacienda del entonces El oro de San José secretario José Ibes Limantour, en el gobierno de de en el foro mundial Porfirio Díaz).

El veneno de oro continuó hasta 1910, cuando Reconocido por sus altas leyes el oro de esta región lo detuvo el estallido de la Revolución. Cuenta la –que oscila entre los 800 y 900 milésimos (la más alta historia que a raíz del movimiento armado algunos que es oro laminado es de los 1 mil milésimos)– reelementos destruyeron gran parte del equipo de estas conocido en el foro mundial, sigue esperando con sus minas, las que después fueron rescatadas por el pre- vetas cargadas, no para ser explotado impunemente, sidente Venustiano Carranza y devueltas a los mine- porque se trata de recursos no renovables, pero sí para ros que quedaron aguardando a que se pacificara la los que sinaloenses que hoy recurren a la producción República. agrícola, ganadera y pesquera, a la industria y al coDesde esa fecha decreció paulatinamente la ex- mercio como únicos medios de producción, se vuelplotación minera hasta llegar a la Segunda Guerra van hacia lo que fue “el troncón de en medio” de la Mundial, cuando los mineros que existían trabajando economía de nuestro país, y que si desgraciadamente aquí eran Herbert Luetman que, precisamente por mucho se perdió por la tibieza y la indiferencia, perser alemán, fue confinado a prisión en Perote, Vera- mitiendo el saqueo indiscriminado, hoy una nueva cruz, y además Francisco de la Rocha Table, Manuel generación de mineros conscientes de la urgencia de de la Rocha y Rosario Méndez. Después de la Guerra crear fuentes de trabajo están esperando los medios Mundial, los hermanos Espinoza, de cuya familia so- necesarios para acometer la empresa en grande. brevive –como minero y de los buenos– don Rubén, El ayer se vuelve hoy aquí, donde el cantarino arrotrabajaron por medio de yo de San José de Grala cianuración de jaleras cia ofrece su concurso La nueva etapa de la minería en esta dejadas por los antiguos con su oro diseminado para lograr ¡muy buenas zona incorpora a Santa Rosa, Mina llamado “de placer”, Grande, La Libertad Los Tres Amigos, El entre tanto una poblaleyes de oro!

San José de Gracia Nuevo Rosario y cuatro minas más ción inerme, expectante, entregó generosamenalterna su trabajo evente su riqueza a muchos tual en las minas con su más –y sin embargo los pobladores aún arraigados magra siembra de temporal. en estas tierras no han salido de su pobreza ancesEl camino aquel que hizo a Francisco Choza batral–, entre ellos Francisco Echavarría Aguirre, Mi- jarse de la mula para clamar al cielo, está terminado. guel Tarriba, Litleton Price, Rosalío Echavarría La vena ancha, por donde pueden transitar camiones Aguirre. En su época, el metal se recuperaba ya con cargados hasta con 15 toneladas es obra del actual sistemas actualizados y el rugir de las plantas movi- gobierno de Antonio Toledo Corro. El sueño acaridas por vapor ensordecían varias leguas a la redon- ciado por décadas por un millar de habitantes, al fin da, en contraste con el alegre sonoro silbato de la se cumplió. El equipo, combustible y demás enseres locomotora que arrastraba los vagones cargados del que alimentan la explotación minera llega ahora por rico metal a la planta beneficiadora. un camino de 83 kilómetros que parte de la cabecera Fue en esa época cuando los beneficios eran municipal Sinaloa de Leyva, en 5 horas, cuando anpor amalgamación y fundición del oro, habiéndose tiguamente había que dar un gran rodeo para lograr fundido barras de este metal precioso durante todo esta travesía en 18 horas, cuando no llovía. el tiempo de esa bonanza por más de 12 toneladas La nueva etapa de la minería en esta zona incorde oro. Precisamente en esos años en que en todo el pora Santa Rosa, Mina Grande, La Libertad, Los país la actividad principal era la minería, se acuñó Tres Amigos, El Nuevo Rosario, El Regalado, El tanta moneda de oro y plata que nuestro peso fue Palo Chino, San Nicolás y la vieja mina La Prieta. tan sólido frente a la de otros países que los viejos mi- El ronroneo de la maquinaria ha roto un silencio de neros nos legaron una frase que habrá que retomar más de 40 años. Se reinicia el baile en espera de que en conciencia: “nuestro peso a la par con Londres”. la historia se repita para estar “a la par con Londres

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“La minería en Sinaloa tiene enormes posibilida- año (1983) en operación, fue de 250 millones de pedes, pues, pese a que las inversiones no son cuantiosas, sos, 100 de ellos del fondo revolvente para créditos, considero que lleva un ritmo de desarrollo saludable. más el equipo que se da en arrendamiento, tales Va pisando terrenos firmes, no que por querer crecer como compresoras, perforadoras, etcétera.

Son 30 las minas que recibieron apoyo económirápido perdamos el control”, afirmó en su momento el ingeniero Héctor Armando Ug Angulo, entonces co y técnico de parte de la CFM, de las cuales se sigue director de la Comisión de Fomento Minero, sucur- extrayendo oro, plata, zinc, plomo, esencialmente.

En San Ignacio están localizadas San Agustín, La sal Culiacán, después de anunciar que entraría en operación la planta beneficiadora de Choix, y poco Sinaloa, y 20 de Noviembre; en Concordia, Pánuco después la de Badiraguato, con una inversión de 150 número 6, Nueva Luisa, Clemen, La Merced, Nueva Jabalina, Tres Amigos, San Miguel número 2, La millones de pesos. Era marzo de 1983.

Visitó el licenciado Luis de Pablo Serna, enton- California, San Jorge, San José de Pánuco, Jabalina, ces director General de la CFM, para realizar una Santa Rosa, Santa Lucía, San Miguel, La Brisa, gira de supervisión a los trabajadores de las plantas Nuevo Triunfo, San Fernando, Santa Ana, Ampliade Choix y Badiraguato, ambas ya terminadas, fal- ción Santa Ana, Minas del Oro y El Refugio, Nueva tándoles únicamente la instalación de la subestación Refugio I, II, III, IV y V, Cordón del Oro, Ampliaeléctrica que incluso ya se encontraba en cada una de ción San Carlos y Nueva Trinidad.

En Badiraguato: Mina Grande, Nuevo Triunfo I, ellas. Había y un gran interés en impulsar la minería.

Tanto la planta de Choix como la de Badiragua- II; La Selva Rica, Mina Grande, Los Robles; De Coto tenían programado procesar oro, plata, plomo, salá, La Victoria, Dolores, La Franca, Santa Lucía, El Mañana, El Venado, La zinc y cobre, con una India, La Estrella, Socapacidad de 150 toLa actividad minera representa el 1 ciedad Cooperativa de neladas por día; las que vendrían a sumarse con por ciento del PIB en la entidad y em- Santa Cruz de Alayá, la 450 más de otras plantas plea a más de 2 mil personas. Treinta Media Vuelta, La Buena Fe, La Buena Suerte, La en instalación y 750 de minas han recibido recursos públicos Nueva Verde, Silvia Maampliación. Así, de una ría y Ampliación Silvia capacidad instalada de mil 380 toneladas diarias, la minería en Sinaloa ele- María. En El Fuerte: Ampliación Año Nuevo y Año Nuevo; en Choix: María de Jesús; de Mocorito, la mina vará su capacidad a 2 mil 880.

Entre las ampliaciones que se contemplaron: la Lupita; y en Culiacán: Santa Cecilia y Felipe Primera.

En aquel entonces reafirmó el ingeniero Ug Ande La Minita que, de 120 toneladas, se planeaba para 300, y aun cuando llegó el equipo necesario a la gulo de la indispensable ampliación en el manejo del equipo de que disponía la Comisión de Fomento Miunidad, no se procedía a su instalación.

El presupuesto se redujo en un 50 por ciento, nero en la sucursal de Culiacán, a fin de que la reduccomo consecuencia de la situación crítica que vivía ción del presupuesto no fuera sensible en el desarroel país, el ingeniero Armando Ug Angulo señaló que llo de la minería, el que se estaba dando sobre bases la minería no sufriría menoscabo dado los magnífi- firmes, “sin apresuramientos, a un ritmo saludable”.

Al cierre de 2018, el secretario de Economía del cos precios de mercado. El oro estaba a 500 dólares estado, Javier Lizárraga Mercado, informó que para la onza y la plata a 15 dólares la onza.

En Sinaloa se estuvo obteniendo como promedio Sinaloa “la minería representa un generador de em120 kilos de plata diarios y, aunque todos los minera- pleos para la zona serrana y un importante sector les traen oro, mencionaba el titular de la CFM que para el desarrollo comunitario al invertir con recursería difícil hacer una estimación de lo que se obtiene sos del fondo minero en obras de alto valor”.

Y es que según datos de la industria y del prode este metal.

El apoyo que brindó la Comisión de Fomento pio gobierno, la actividad representa el 1 por ciento Minero a la minería de Sinaloa, independientemen- del producto interno bruto en la entidad, y emplea a te de las dos nuevas plantas que entraron ese mismo más de 2 mil persona

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CONTAMINACIÓN DE LAS CIUDADES,

UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS DE CHILE RAFAEL CALCINES/PRENSA LATINA

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antiago de Chile, Chile. Sede en diciembre presidente Sebastián Piñera el cierre de esas genepróximo de la Cumbre de la Organización radoras de electricidad antes de 2030 y sustituirlas de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli- por plantas basadas en fuentes no contaminantes.

A ello se suma la contaminación atmosférica en mático (25 Conferencia de las Partes, COP25), Chile tiene hoy por delante el reto de al menos mi- casi todas las ciudades del sur, por la quema de leña, tigar la contaminación de sus ciudades, uno de los lo que se agudiza en la etapa invernal cuando auprincipales problemas medio ambientales del país. menta el empleo de ese material para la calefacción.

Al respecto, siete ciudades de Chile figuran Ese es considerado por gran parte de la población el mayor problema ambiental en Chile por entre las 10 más contaminadas de Latinoamérica, la cantidad de personas que lo sufren, lo que fue según un informe elaborado por la organización corroborado por una Encuesta Nacional del Mi- ambientalista Greenpeace, el cual ubica en los prinisterio de Medio Ambiente en 2018 que confirió meros cinco puestos a Padre Las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivía y Temuco, mientras que Sana ese asunto el primer lugar. tiago y Linares ocupan Según estudios, casi los lugares siete y diez. todas las grandes ciuLas conocen como ‘zonas de sacriEn ese escalafón, dades del país están afectadas en exceso por ficio’. Son cinco territorios donde ope- Greenpeace consideró uno o más contamiran las 27 termoeléctricas a carbón que la calidad del aire sobre la base de los niveles de nantes atmosféricos y existen en el país, etre ellas, Huasco partículas finas conocimuchas están abocadas das como PM2.5. a desarrollar planes de Por países, en una descontaminación.

Las situaciones más graves se presentan en lo lista de 73 naciones a nivel mundial, Chile se ubique se ha denominado “zonas de sacrificio” que ca en el lugar 26 entre los más contaminados, sólo son cinco territorios donde operan las 27 termoe- superado en el área latinoamericana por Perú, que léctricas a carbón que existen en el país: Mejillones ocupa el puesto 21.

En total son más de 9 millones los chilenos excon ocho plantas, Tocopilla (siete), Huasco (cinco), puestas a niveles de contaminación por sobre las Puchuncavi/Quintero (cuatro) y Coronel (tres).

Según datos oficiales en esas cinco comunas normas internacionales, lo que ya causó miles de (municipios) las plantas emiten el 91 por ciento muertes prematuras en los últimos años, reveló por del bióxido de carbono (CO2), el 97 del bióxido su parte un reciente estudio del Ministerio de Mede azufre (SO2) y el 88 del material particulado de dio Ambiente.

El informe plantea que 3 mil 494 personas todo el parque eléctrico nacional.

Por ello se ha conformado la campaña ciuda- murieron durante 2017 como resultado de una exdana denominada “Chao Carbón” que exige al posición prolongada a altos niveles de contamina-

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ción, principalmente de enfermedades cardiopulmonares, y otras 90 mil debieron recibir atenciones de urgencia.

En tanto, el presidente Sebastián Piñera ha reiterado el compromiso del país de reducir en 30 por ciento las emisiones de CO2 para el año 2030, e incluso adelantar la fecha de cumplimiento de esa meta.

Precisamente, la “descarbonización” de la matriz energética es un reto que el gobierno hasta ahora ha prolongado en el tiempo, alegando inconvenientes económicos, aunque especialistas consideran que es posible lograrlo en un periodo prudencial sin afectar el desarrollo del país.

En contraste, Piñera también ha señalado que con vistas a la celebración de la COP25: “Vamos a tener que avanzar en que los países asuman compromisos más ambiciosos, más exigibles, porque los acuerdos de París no son suficientes para evitar que el mundo siga transitando por un camino que pueda terminar en tragedia”.

El mandatario se ha referido también a otras vertientes para luchar contra el cambio climático como incrementar la reforestación, el cuidado de

la Antártica y los océanos y continuar con los programas para incrementar el uso de vehículos eléctricos.

Actualmente, el Ejecutivo avanza en un programa de introducción de ómnibus eléctricos en el servicio público que llevaría a Chile a convertirse en el segundo país del mundo con mayor uso de ese tipo de transporte después de China.

Sin embargo, algunos especialistas han advertido que las reales ventajas de esos equipos se relativizan cuando se tiene en cuenta que la electricidad de la cual se nutren, es proporcionada por plantas que emplean el carbón mineral.

Añaden que los sucesivos gobiernos de Chile, incluido el actual, están en deuda a la hora de garantizar el derecho constitucional que plantea “vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Asimismo advierten que terminar con la contaminación atmosférica en Chile sería un gran avance para proteger el ambiente y la salud de la población nacional; pero también el mayor aporte que Chile podría hacer para el desafío global de reducir los cambios climáticos.

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BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS

EL VERDADERO PELIGRO Y LA GRAN AMENAZA JOEL MICHEL VARONA/PRENSA LATINA

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a Habana, Cuba. Estados Unidos insiste de lo militar, la región es una rica fuente de reen que naciones como Cuba, Nicaragua cursos naturales como agua, alimentos, metales y Venezuela constituyen un peligro para estratégicos e hidrocarburos, dijo la periodista.

No es casual entonces que los uniformados su seguridad nacional, cuando en realidad sus bases militares en diversas latitudes amenazan la de Washington estén estacionados en el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo en paz mundial.

Recientemente, el ministro de Relaciones Cuba, Manta (Ecuador), Panamá y la Amazonia Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, confir- peruana, entre otros puntos. Desde estos enclamó que el país norteño posee unos 800 enclaves ves “resguardan” esos sitios de un supuesto atabélicos en el orbe y está presente con sus tropas que de un país extranjero, comentó la experta.

Tras el fin de la Guerra Fría Estados Unien 177 naciones. Recordaba el Canciller que eran ellos los que más armas producen, venden dos buscó nuevos argumentos para justificar la presencia de sus bay utilizan. ses fuera de fronteras Por su parte, el Las bases militares estadunidenses como el combate al presidente del Movinarcotráfico y al crimiento Cubano por diseminadas en América Latina son men organizado, o la Paz y la Soberanía imprescindibles para la sobrevivencia bien proveer las llade los Pueblos, Silvio económica de Estados Unidos madas “ayudas huPlatero, subrayó que manitarias”. También además de las bases están pendientes de estadunidenses hay allos movimientos migratorios el jugoso negocio rededor de 200 de la Organización del Tratado de la venta de drogas y mantienen bajo la lupa del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo con la investigadora argenti- a los movimientos sociales e insurgentes, arguna Telma Luzzani el sentido estratégico de las mentó. Desde luego, sin dejar de aprovechar la instalaciones bélicas estadunidenses es que fun- oportunidad para articular tareas de espionaje y cionan como un instrumento para conservar el de inteligencia.

Podemos citar como ejemplo el intento de hegemonismo de Washington.

En el contexto latinoamericano, las bases golpe de Estado contra el extinto presidente de diseminadas en este hemisferio son imprescin- Venezuela Hugo Chávez, en 2002, que fue asisdibles para la sobrevivencia económica estadu- tido desde la base estadunidense de Manta.

De igual manera, las bases están concebidas nidense, señaló Luzzani.

Ellos saben y el mundo también que más allá para ser utilizadas en eventuales intervenciones

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e invasiones destinadas a desestabilizar un país, como se pretende hoy en Venezuela, y para entrenamiento de tropas a ser empleadas en diversos escenarios.

En opinión de la comunicadora, la tendencia sugiere claramente que la Casa Blanca intentará incrementar sus emplazamientos. No por gusto sus autoridades se interesaron en emplazar una base en Alcántara, Brasil, mirando a los recursos naturales de la Amazonia y la proximidad relativa de ese lugar con África, un continente con riquezas nada despreciables para sus ambiciones, explicó la escritora. En América Latina y el Caribe debemos apelar al recurso político y a la presión popular para el cierre de estas bases,

indicó.

De acuerdo con varias publicaciones, Estados Unidos cuenta con nueve comandos en el mundo, en tanto que para América Latina y el Caribe actúa el Comando Sur, hasta donde se conoce públicamente. Éste incluye la amenazante IV Flota, que es en sí misma un conjunto de bases muy operativas y con gran capacidad de desplazamiento, todo un peligro para el hemisferio.

En esas instalaciones del Comando Sur se orquestan también la guerra mediática y la ciberguerra. Tales formas de agredir las hemos visto en Bolivia, Brasil, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

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SANCIONES CONTRAVENEZUELA EL GUION DE ASFIXIA DE WASHINGTON ELIZABETH BORREGO RODRÍGUEZ/PRENSA LATINA

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aracas, Venezuela. El cerco continuado precisa que como consecuencia del entramado de por el gobierno de Estados Unidos contra medidas coercitivas, entre 2017 y 2018 perdieron Venezuela recrudece sus medidas contra la vida 40 mil personas en el país sudamericano, los programas de desarrollo e inclusión impulsa- con estimados de estar en peligro otras 300 mil.

En la actualidad cerca de 80 mil venezolanos dos por la Revolución Bolivariana durante 2 décon VIH enfrentan dificultades para acceder el cadas.

Los sectores más vulnerables, programas socia- tratamiento antirretroviral, situación similar a la les y de salud constituyen el blanco principal de que atraviesan otros 16 mil pacientes necesitados la creciente presión de Washington contra el país de diálisis y otros tantos que demandan medicamentos contra el cáncer. sudamericano desde enero último.

Otros 4 millones de enfermos de diabetes e Un informe de la Cancillería venezolana devela que la mayoría de los medicamentos distribui- hipertensión padecen las consecuencias del cerco, dos en el territorio provienen de la importación a raíz de la confiscación de lotes de fármacos e insumos pagados por el desde Estados Unidos, Ejecutivo. Igualmente, España e Italia, por lo Cerca de 80 mil venezolanos con VIH la cadena para el ingreque ahora su arribo debe burlar las reglas enfrentan dificultades para acceder a so de suministros para impuestas desde la medicamentos. Lo mismo, otros 4 mi- la alimentación recibe el impacto del bloqueo Casa Blanca. De acuerllones de diabéticos e hipertensos y la crisis económica do con el documento, interna, en particular el 34 por ciento de los el programa de los Cofármacos se compran al país norteño, mientras que 7 y 5 puntos porcen- mité Locales de Abastecimiento y Producción.

El 33 por ciento de las importaciones del sectuales, respectivamente, a los mencionados países tor proviene de Estados Unidos y 12 por ciento de europeos.

La prohibición de negociar la deuda de Petró- Canadá, es decir, casi la mitad tenía como origen leos de Venezuela, SA (Pdvsa), la oposición a que países con políticas de mayor confrontación, deCaracas realice operaciones con oro, la apropia- nuncia el informe. ción de activos de la filial petrolera en territorio estadunidense, Citgo, las sanciones al Banco Cen- Niños en peligro por sanciones tral de Venezuela, integran la larga lista de mecanismos de coacción.

A esta arremetida se suman el bloqueo en banUn estudio publicado por los economistas del cos para que Pdvsa continúe el financiamiento a Centro de Investigación en Economía y Política programas de salud para pacientes necesitados de de Estados Unidos, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, atención especializada en el exterior.

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Atención a las víctimas Como respuesta a los ataques financieros, el Ejecutivo venezolano prevé la implementación de un Plan Integral de Atención a Víctimas de la Guerra Económica, para garantizar la protección de las personas en situación de riesgo y sectores vulnerables de la sociedad.

El vicepresidente sectorial de Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, explicó que la iniciativa tiene como objetivo reforzar las políticas sociales en barrios y comunidades del país, así como defender el modelo de desarrollo impulsado por el Estado. Este proyecto pretende adecuar

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En recientes declaraciones, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció el riesgo que corren menores de edad a la espera de un trasplante de médula ósea como consecuencia de la persecución financiera que impide transferir fondos a las instituciones de salud de Italia con las que la estatal petrolera atendía casos urgentes.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, informó que de los 1 mil 567 millones de euros retenidos a Venezuela por el Novo Banco de Portugal, 5 millones estaban destinados a costear el tratamiento de una veintena de pacientes en convenio con una organización europea.

Antes de las sanciones aplicadas en enero por la administración de Donald Trump a la empresa y el embargo de los activos de Citgo –acción calificada de robo por las autoridades de Caracas–, más de 500 personas resultaron beneficiadas con el programa de trasplante de médula ósea, explicó Devoe. Dicha iniciativa comprende el traslado, tratamiento especializado, dotación de medicamentos, hospedaje y manutención para la estadía en el extranjero, pero debido a las medidas los bancos se niegan a recibir dinero enviado por la estatal, indicó.

“El bloqueo económico y financiero ha impedido además asegurar un suministro continuo de medicamentos especializados. Se impiden los pagos a proveedores y se congelan recursos destinados para tal fin”, subrayó Davoe.

Las medidas coercitivas implican una violación grave de los derechos fundamentales y por ende un crimen de lesa humanidad. Devoe señaló que en diversas ocasiones la banca internacional ha cancelado y dejado sin efecto las transferencias solicitadas por Pdvsa y otras instituciones por 4 millones 851 mil 278 euros para el tratamiento de pacientes con leucemia.

La muerte de niños en espera de un trasplante de médula ósea es apenas la punta del iceberg bajo el cual se oculta la barbarie estadunidense de violar el derecho internacional humanitario, señaló por su parte el periodista venezolano Hernán Mena. El bloqueo financiero, saqueo de oro y dinero y demás absurdos jurídico-políticos impuestos al gobierno y pueblo venezolanos insisten en su afán por destruir la Revolución Bolivariana, destacó.

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métodos de trabajo y gestión estatal, además de una revisión integral de las instituciones para lograr una mayor coordinación y elevar la eficiencia de éstas.

Los vértices fundamentales de trabajo incluyen a personas en situación de calle, programas de alimentación en los barrios y comunidades vulnerables, bases de misiones y articulación de los programas de salud, dijo Menéndez. El plan impedirá que el bloqueo y la guerra que limitan el acceso a los recursos, bienes y servicios esenciales impacten en la población, protegida por las políticas sociales heredadas de más de dos décadas del proyecto bolivariano.

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LOSVERICUETOS EN LA GESTIÓN DE LENÍN MORENO SINAY CÉSPEDES MORENO/PRENSA LATINA

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uito, Ecuador. El presidente de Ecuador, de ministerios, secretarías y otras instituciones, así Lenín Moreno, inició el tercer año de como la reducción salarial para altos cargos del mandato en medio de un panorama mar- estado, lo cual derivó en que solo con restringir la cado por el respaldo de su gabinete y el rechazo de contratación por régimen especial, la nación ahorrara 450 millones de dólares. una considerable parte de la población.

Según dijo, en 2018 la recaudación tributaria El Informe a la Nación, rendido el 24 de mayo en la Asamblea Nacional, resultó un momento fue superior a los 15 mil millones de dólares y la medular, pues el mandatario habló de las labores inversión extranjera directa significó 1 mil 400 micumplidas y replanteó el camino a seguir para los llones, además de alcanzar compromisos por otros próximos 2 años que le deben restar al frente de 9 mil 500 para los próximos 5 años.

En el plano interno, destacó la labor de instituesta nación sudamericana.

Precisamente, ese balance trajo consigo el res- ciones financieras como BanEcuador, con la entrepaldo de ministros y altos funcionarios del Estado, ga de 1 mil 750 millones de dólares, revertidos en 370 mil créditos, mienpero provocó críticas tras la Corporación en sectores de la poEl mandatario pasa por el momento Financiera Nacional blación ecuatoriana, desde trabajadores, or- de menor credibilidad de su mandato, prestó 1 mil 300 milloganizaciones sociales y sólo aceptado por el 24% de la pobla- nes, que según especificó, generaron 40 mil Asambleístas de la Reción, la cifra más baja en 20 años empleos directos y miles volución Ciudadana, indirectos. hasta sitios digitales y Asimismo mencioestudiosos dedicados a registrar y evaluar el comportamiento de las cifras, nó el énfasis en el fondo dispuesto para programas como Agua Segura (450 millones) y la producción a nivel de país.

Moreno mencionó estimados que indicaron en el campo, mediante el Plan Nacional de Riego y avance en su segundo año, con respecto a lo rea- Drenaje (86 millones).

La reducción de femicidios en la mitad, gracias lizado en el período anterior, acompañado por los aplausos de los invitados a su rendición de cuentas. a la Misión Mujer y la ayuda con el Bono de DesaEn contraste, en los alrededores del Legislativo, rrollo Humano a 400 mil conciudadanos mediante cientos de personas protestaban contra las medidas la Misión Menos Pobreza Más Desarrollo, fueron económicas adoptadas por el gobierno y conside- otros de los avances mencionados.

Otros datos divulgados estuvieron relacionados radas impopulares o paquetazo, por los perjuicios con los programas sociales, que a su juicio, también que ocasionan para los sectores más humildes.

Hizo referencia a la política de austeridad, apli- avanzaron con mayor impacto en los sectores decada en el último año con eliminación y fusión nominados vulnerables porque incluyen a los más

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a interpretación y seis cuentan con cifras reales. En aspectos como migración, seguridad, bonos y créditos el primer mandatario presentó cifras superiores a las reales.

Entre los desmentidos estuvo el relacionado con los supuestos 370 mil créditos otorgados por BanEcuador por un monto de 1 mil 750 millones de dólares, cuando la realidad indica 357 mil 647 beneficiados con un valor de mil 645 millones. Igualmente el sitio rectificó que según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, son 280 mil 535 las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, en vez de 400 mil. la sazón, en las calles y en las redes sociales representantes de diferentes sectores también expresan opiniones muy distintas a los números halagüeños presentados. Las movilizaciones contra medidas económicas como el recorte presupuestario en temas relevantes (educación y salud), despidos de miles de funcionarios públicos y sobre todo las negociaciones por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contradicen lo expuesto por el ejecutivo.

Cuentan además la reciente decisión de poner fin a la condición de asilado otorgada al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2012 en la embajada de Quito en Londres y que terminó en abril pasado, lo cual derivó en su detención por las autoridades británicas, así como el arresto del ciudadano sueco Ola Bini por presuntos delitos informáticos contra el gobierno, los cuales no han sido expuestos.

A Lenín Moreno le quedan 2 años de gestión, que deberá enfrentar en medio de serios desafíos, los cuales pasan por atender las demandas populares de cumplir con el programa por el cual fue electo en 2017 y solucionar problemas latentes como el aumento de la inseguridad, el desempleo y el descontento general.

Mientras, una encuesta de Perfiles de Opinión resulta otro elemento ilustrativo de la situación actual, según el cual el mandatario pasa por el momento de menor credibilidad de su mandato, solo aceptado por el 24 por ciento, considerada por la empresa evaluadora como la cifra más baja registrada, al menos en los últimos 20 años.

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pobres. Al respecto, advirtió que el ejecutivo destinará 400 millones de dólares a la inversión social y movilizará, a través del sistema financiero, 800 millones hacia el crédito productivo, que ayudará a generar más empleo.

Los números ofrecidos por Moreno fueron respaldados, días después, por el secretario de la presidencia José Agusto Briones en declaraciones de prensa, tras las cuales rehusó aceptar preguntas.

El titular especificó que con una inversión de 3 mil 284 millones de dólares, la administración nacional ejecutó 501 obras en diferentes sectores.

De acuerdo con el desglose, del monto total 927 millones se destinaron a la energía, 800 millones a la salud, 845 al transporte, 274 millones para educación y 214 millones en otros rubros. Mencionó

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además 93 obras de construcción, entre hospitales, escuelas, Unidades de Policía Comunitaria y terminación de hidroeléctricas, así como 64 en proceso de mejora y otros 37 trabajos de reconstrucción en carreteras y a vías.

Los estimados de Briones, que ampliaron el Informe a la Nación, fueron divulgados a raíz de numerosas críticas en redes sociales e informaciones en algunos sitios digitales, que consideraron el reporte falso, teniendo en cuenta retrocesos en varios sectores y el contraste de las cifras con números ofrecidos por los propios ministerios.

Por ejemplo, el portal Ecuador Chequea comprobó la veracidad de 19 de los resultados presentados por el jefe de Estado, de los cuales, a su juicio, ocho son falsos, tres insostenibles, dos están sujetos

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TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS

REHENES EN RIVALIDAD DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CHINA YOLAIDY MARTÍNEZ/PRENSA LATINA

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ekín, China. Estados Unidos lleva su rivali- Nike, Puma, las cuales urgen a Trump a reconsidedad contra China a un punto donde los más rar su postura porque no les resulta tan fácil sacar versados vacilan en pronosticar un futuro sus plantas del estado asiático.

Ignorando esas preocupaciones, el caos en los para la tecnología y los negocios, los principales rehenes de una guerra lanzada bajo el estandarte del mercados financieros y la inestabilidad en la confianza de los inversores, el mandatario republicano proteccionismo.

Lo que comenzó hace más de 1 año con una ca- reforzó la embestida en la tecnología: otro campo dena de acusaciones, alzas de aranceles y demandas, de batalla contra China donde el blanco de ataque se convirtió en una contienda que, aunque es entre ahora es Huawei y la 5G. La nueva maniobra implicó primero una orden dos, mantiene en jaque al mundo porque empuja cada vez más a una crisis con secuelas impredecibles. ejecutiva que prohíbe a firmas de su país usar equiEl afán hegemónico de Washington sobre todo pos de telecomunicaciones fabricados en el extranjelo que existe en la faz de la Tierra lo lleva a pro- ro, y después la inclusión de Huawei y 70 filiales en ceder ciegamente con medidas destructivas de las una lista negra para obligarlas a pedir autorización si quieren acceder a tecnooperaciones e intereses logía doméstica. de compañías, así como China posee yacimientos con 44 miEn consecuencia, del bolsillo de los consufueron forzadas a canmidores dentro y fuera llones de tomeladas de ‘tierras raras’ , las celar de inmediato conde su propio suelo. cuales se emplean en la frabricación de tratos de suministro de En el frente comercelulares computadoras y armas servicios y componencial, el presidente estes corporaciones como tadunidense, Donald Google, Broadcom, InTrump, rompió en este mayo la tregua bilateral y volvió a la carga con un tel, Qualcomm, Western Digital, Lumentum y Xialza tarifaria del 10 al 25 sobre los tributos impues- linx, entre otras.

Hacia afuera, se rumora que también hizo lo tos a mercancías del país oriental, valoradas en 200 mismo la británica ARM, gigante especializada mil millones de dólares.

Según él, China pagará por los aranceles. Pero vo- en el diseño y producción de semiconductores que ces de su círculo lo contradicen y admiten que son las soportan todos y cada uno de los procesadores Hifirmas domésticas y el pueblo quienes sentirán el rigor Silicon Kirin usados por los teléfonos inteligentes de su decisión, pues Pekín la reciprocó con una subida de la empresa china. Mientras, dos telefónicas de adicional de gravámenes de 10, 20 y 25 por ciento a Japón aplazaron, sin fecha definida, el lanzamiento del modelo celular P30 Lite de la referida marca. importaciones por 60 mil millones de dólares.

En la cruzada antiHuawei, la Casa Blanca se esApuntalan esa afirmación múltiples análisis y una carta firmada por más de 170 tiendas y firmas cuda en el supuesto riesgo a la seguridad nacional de zapatillas deportivas como las famosas Adidas, y robo de secretos porque al tratarse del más gran-

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local de software y circuitos integrados, sustituir importaciones y reducir la dependencia de mercados internacionales.

No obstante, los entendidos afirmar que de seguro reaccionará y entre muchas teorías citan en el cruce la vulnerabilidad de marcas como la californiana Apple, que a la caída de ingresos reportada en los últimos tiempos podría sumarse perjuicios en las cadenas de valor porque fabrica en China.

Una interrupción en ese segmento la llevaría a una gran pérdida de capital mientras busca sitios alternativos de producción, por ejemplo, en el sudeste asiático.

Ya en enero, Apple Inc recurrió a las rebajas de precios en las tiendas físicas y electrónicas de aquí como alternativa para revertir la poca demanda de sus teléfonos inteligentes en este importante mercado. Poco antes, sufrió un revés cuando una corte china zanjó –sin derecho a reclamaciones– una disputa vinculada a patentes con Qualcomm y prohibió la venta nacional de los iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Otra carta que el gigante asiático podría usar es la limitación en las exportaciones de las llamadas tierras raras, ricas en metales, esenciales para el sector de las altas tecnologías y de aquí sale el 80 por ciento de las compras globales de Estados Unidos.

China posee yacimientos con 44 millones de toneladas de esos recursos naturales, los cuales se emplean en la fabricación de celulares, computadoras, vehículos eléctricos y armas modernas como los sistemas de guiado de misiles y cazas.

Aun así, Pekín no descarta una vuelta a las negociaciones respetuosas y equitativas porque está consciente de que el conflicto perjudica a todos.

Los ojos siguen puestos en un encuentro anunciado por Trump con el presidente Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Japón a finales de junio, aunque la nación asiática no confirmó hasta ahora nada al respecto. El anterior cara a cara de ambos mandatarios fue en Argentina y dio como resultado la tregua y las negociaciones, ahora rotas por determinación del estadunidense.

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de proveedor de módulos de telecomunicaciones del mundo, cree que puede, teóricamente, vigilar o interferir datos de todo tipo, algo todavía nunca demostrado.

Además añade los antecedentes profesionales de su presidente y fundador, Ren Zhengfei, quien al ser un exoficial del Ejército de Liberación del Pueblo de China da por sentado que la compañía colabora directamente con el gobierno de Pekín, un argumento desmentido en reiteradas ocasiones.

Pero el verdadero motivo de la ofensiva es la red 5G –la de mayor velocidad de conexión– y el plan Hecho en China 2025, la apuesta oficial por mantener un crecimiento sostenido basado en la innovación, inteligencia artificial, realidad virtual y el Big Data.

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Analistas observan con mayor inquietud esta parte del pleito porque está en juego la supremacía tecnológica, considerada un terreno esencial en el presente siglo porque la ventaja comercial de definir normas y estándares favorece a proveedores locales.

Muchos incluso comentan que la discordia arancelaria podría solucionarse porque al fin y al cabo se trata de dinero, pero en el último caso Estados Unidos amenaza la rentabilidad y sostenibilidad comercial de la principal empresa de telecomunicaciones china.

Hasta ahora Pekín no precisó cómo responderá al ataque en el área tecnológica, sigue apostando por el diálogo y la cooperación, aunque prepara acciones para fomentar la producción en la industria

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SESENTA AÑOS DE PRENSA LATINA LA NAVE AFLOTA SOBRE UN MAR ENCRESPADO LUIS MANUEL ARCE/PRENSA LATINA

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esde su fundación, Prensa Latina (PL) tor de la corresponsalía en La Habana hasta ha sido objeto de presiones y agresiones mediados de 1971. Luís Martirena y su esposa de Estados Unidos, que busca la clausu- Ivette Jiménez asesinados en Uruguay en 1972.

Ese año también fueron expulsados de Ecuador ra de esta agencia latinoamericana.

Después de Masetti, otros nueve directores dos corresponsales de PL. Gustavo Robreño asumió la dirección de PL asumieron en distintas etapas del desarrollo de la agencia las complejas tareas, no sólo de man- en 1973 y la condujo hasta 1984.

El 11 de septiembre de 1973, día del golpe tener en funcionamiento PL sino de asegurar su crecimiento e influencia hasta convertirla en un militar contra el gobierno popular del presidente Salvador Allende, las oficinas de PL en Sancentro multimedial de referencia. tiago de Chile fueron Fernando Reviolentamente allanavuelta (1961-1962), Desde su fundación, PL ha sido obje- das y sus periodistas José Felipe Carneado (1962-1967), Orlando to de presiones y agresiones de Estados detenidos y expulsaFundora (1967) y José Unidos. En 1959, el gobierno de ese país dos del país.

No obstante, PL M Ortiz (1967-1970) aseguraba que cumpliría ni 1 mes suscribió en ese períocondujeron la agencia do convenios de colafrente a numerosas boración periodística agresiones externas de su primera década de existencia. Manuel Yepe con numerosos medios de países de América dirigió la agencia de 1970 a 1973, cuando las Latina, Europa, África, Asia e incluso de Estados Unidos. presiones arreciaban contra PL. Tras la reapertura de las corresponsalías en En 1970, fueron asesinados el periodista chileno Elmo Catalán, colaborador de PL en Boli- Argentina, Colombia y Ecuador y la inauguravia, y su esposa Jenny Koeller. Poco después, el ción de su oficina en Portugal, PL cerró 1974 con 26 sucursales. régimen clausuró esa corresponsalía.

PL auspició en La Habana la Primera ReuLa corresponsalía de PL en Montevideo también fue allanada y sus periodistas fueron nión de Redactores de Temas Latinoamericanos detenidos. Poco después, el régimen uruguayo de Agencias Socialistas y estableció lazos con la clausuró esa oficina. En 1972, fue asesinado – CTK, de Checoslovaquia; la APN, de Polonia, junto a su esposa Ivette Jiménez– el corresponsal Tanjug, de Yugoslavia, y con el semanario franLuís Martirena, quien también había sido direc- cés L’Express.

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En 1975, PL abrió sus primeras oficinas del Caribe Oriental en Guyana y Jamaica, así como, en 1976, las de Angola y Sri Lanka, y comenzó sus transmisiones para esas regiones en español, inglés y francés.

Posteriormente, la agencia continuó estableciendo relaciones de cooperación con los más diversos medios del mundo: entre muchos otros, la agencia TASS, de la Unión Soviética; la ADN, de la República Democrática Alemana; la PTI, de la India; la BBS, de Bangladesh, y la ANOP, de Portugal.

El intercambio de servicios noticiosos de PL con la agencia estadunidense Associated Press

se a esa isla caribeña y su corresponsal, detenido y deportado.

En 1984, asumió la dirección general de la agencia Pedro Margolles y, durante su mandato, PL inauguró sus oficinas en Etiopía y Nicaragua y reabrió su corresponsalía en Costa Rica, mientras modernizaba su infraestructura técnica, mediante la automatización de sus transmisiones.

En 1989, PL contaba con 40 corresponsalías y unos 1 mil clientes recibían diariamente un promedio de 300 despachos noticiosos en diferentes idiomas.

Durante la década de 1990, se agravaron las

(AP), interrumpido desde 1969, fue reanudado mediante un acuerdo suscrito en 1979. Ese año también se estableció con la agencia española EFE un nuevo sistema de comunicaciones a través del satélite “Intersputnik”, que enlaza La Habana y Madrid. En 1979, el comandante Raúl Castro presidió el acto por el 20 Aniversario de PL y entrega un diploma de reconocimiento a Francisco V. Portela.

En 1982, la corresponsalía de PL en Granada fue clausurada durante la invasión estaduniden-

dificultades económicas y los logros obtenidos por la agencia desde su fundación fueron sensiblemente afectados, obligándola a la reducción de servicios y publicaciones. Llegó a contar con sólo 16 corresponsalías en el exterior. También, debido al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, numerosas oficinas de PL tuvieron obstáculos para establecer cuentas bancarias y realizar transferencias financieras, así como trámites de visado para cubrir eventos internacionales o para el traslado de sus periodistas.

OPINIÓN

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PRENSA LATINA* JORGE RICARDO MASETTI, PRIMER DIRECTOR DE PRENSA LATINA

L

a idea de crear una agencia latinoamerica- las concesiones petrolíferas al imperialismo. Para na no es por cierto original. Como no lo es ellos somos agitadores porque decimos la verdad tampoco, la idea de liberar a los pueblos la- que hace perder el sueño.

Nosotros somos objetivos pero no imparciales. tinoamericanos del imperialismo que los oprime.

Nosotros, que sufrimos el monopolio de las noti- Consideramos que es una cobardía ser imparcial, cias, de la información, o el de la no información, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el ocultamiento y la distorsión, sentimos también el mal. Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Seguiremos anunciando nuestra presencia la necesidad de crear una agencia noticiosa.

Quienes se tomen el trabajo de leer la historia a los hermanos de Panamá y de Puerto Rico, y les de las agencias imperialistas, historia escrita por seguiremos afirmando: Pongan bombas, echen los ellos mismos, van a ver que desde principios del gringos, que todo el mundo se enterará.

Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de siglo pasado [siglo XIX] se repartieron el mundo como un pastel, para que cada imperio pudiera nuestra lucha. No va a pasar como cuando en ocultar a los pueblos que oprimían, las noticias 1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico contra que más le interesaban. A nosotros nos tocó la el opresor imperialista y las agencias yanquis informaron al mundo parte del pastel que que “un pobre loco –el le correspondió a los Somos objetivos pero no imparciales. patriota Pedro Albizu yanquis.

Nos llaman ‘agitadores’ pero eso no nos Campos– con un gruEllos subsidiaron a sus agencias para que asusta. Ahora ya nadie podrá ocultar la po de jóvenes revoltosos, había tratado de los pueblos de Latinoa- verdad de los pueblos que lucha perturbar el orden”. mérica no se conocieNo se dijo nada de los sen entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también los hacían desco- cientos de muertos, de la represión al pueblo, de nocidos para el resto del mundo, en atención a los bombardeos de punta a punta de Puerto Rico, la Doctrina Monroe: “América para los america- ni de los asesinatos que cometieron las tropas del nos”, y cuidado con que nadie llevase sus noticias, imperialismo yanqui.

A Prensa Latina las agencias yanquis le habían su verdad a esa parte del mundo que explotaban.

Surgimos al surgir la Revolución Cubana. Y el dado un mes de vida. Ellos no concebían esto. No imperialismo nos puso todas sus trabas, se recurrió concebían una agencia echa al servicio de la vera todos los medios para perseguir a nuestros co- dad y no de los monopolios imperialistas.

Nacimos en Cuba, porque en Cuba nació la rresponsales y para que nuestros equipos no traspasasen las aduanas. En cada país hay un cipayo Revolución de Latinoamérica, y nosotros tenemos la misión de hacer la revolución en el periodismo dispuesto a servirles y a entorpecer nuestra labor.

Se nos acusa de ser una agencia de agitadores. de Latinoamérica.

Y lógicamente que para ellos lo somos. Porque no ocultamos la presión a los obreros bananeros de *Artículo publicado en 1959, luego de la fundaCosta Rica ni los atropellos de la United Fruit, ni ción de la agencia Prensa Latina

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BANXICO PAGA 97 PENSIONES MILLONARIAS

INCLUIDA LA DEL EXPRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO

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En lo que va del austero gobierno de López Obrador, el Banco de México ha erogado 89 millones de pesos en 97 pensiones de altos exfuncionarios. Entre los privilegiados destacan, entre otros, Zedillo ALBA OLEA

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

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ada mes, el Banco de México (Banxico) destina 14 millones 854 mil 315 pesos para sufragar las pensiones de 97 exfuncionarios, entre quienes destaca el expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. En los 6 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese gasto asciende a 89 millones 125 mil pesos.

De los 97 exfuncionarios, 78 ganan más que el presidente de la República: sus pensiones superan los 108 mil pesos que el mandatario impuso como monto máximo para sueldos, e incluso en un caso asciende a casi 300 mil pesos.

En un país con 90 millones de pobres es vergonzoso que existan este tipo de pensiones, considera el doctor en economía y especialista en gasto público Óscar Enrique Díaz Santos. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que las pensiones del Banco de México son al menos siete veces más altas que las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y nueve veces ma-

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yores que las del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Quizás por eso Ernesto Zedillo no renunció a esa remuneración. Y es que a diferencia de los otros expresidentes de México, él mantiene su paga vitalicia con cargo al presupuesto del Banxico: 107 mil 122 pesos al mes. El político expriísta fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 1987 a 1990 y presidente del país de 1994 a 2000.

El sistema del banco central es de prebendas, porque otorga pensiones del ciento por ciento del último salario de los funcionarios, y a veces un poco más, señala el investigador Gabriel Badillo González. Adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica en muchos casos los beneficiarios ni siquiera son de la tercera edad: si han cumplido 25 o 30 años de servicio ya pueden pensionarse.

En la lista de los privilegiados figuran el actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens Carstens; el exsecretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y los exgobernadores y exsubgobernadores Miguel Mancera Agua-

Guillermo Ortiz. Vivir del presupuesto

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yo, Guillermo Ortiz Martínez, Ariel Buira Seira, Jesús Marcos Yacamán, José Julián Sidaoui Dib y Roberto del Cueto Legaspi, entre otros.

Todos ellos se embolsan entre 100 mil y poco menos de 300 mil pesos mensuales del erario. La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– la cobra Mancera Aguayo, quien fuera gobernador de la institución de 1994 a 1997.

Para el doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz, estas pensiones son “un enorme privilegio”, pues a diferencia de los exfuncionarios del Banxico, “a la absoluta mayoría de los trabajadores jubilados se les está pagando el equivalente a un salario mínimo mensual: unos 3 mil 80 pesos, aproximadamente”.

La política de austeridad, sin embargo, está muy lejos de evitar estas canonjías. El especialista en gasto público Díaz Santos explica que éstas y la Ley Federal de Remuneraciones no afectarán el monto de las pensiones que paga el Banxico, puesto que la única forma de que se reduzcan sería con la creación de un sistema de pensiones unitario y equitativo, que incorpore los diversos regímenes existentes, incluidos los de Nacional Financiera, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el propio Banco.

Otros favorecidos de esa última institución son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, exdirector de Trámite Operativo de 1983 a 1993, que recibe 266 mil 521 pesos mensuales; y Francisco Gerardo Rueda Rábago, director de Contraloría de 1988 a 1996, quien percibe 252 mil 201 pesos cada mes.

De acuerdo con información del propio Banco, por esas 97 onerosas pensiones se gastaron 44 millones 562 mil pesos tan sólo en el primer trimestre de 2019. El monto representó el 20.6 por ciento del gasto total por concepto de pensiones y jubilaciones, que en ese mismo periodo sumó 216 millones de pesos destinados a la cobertura de 3 mil 431 beneficiarios.

Para conocer los criterios que posibilitan la disparidad en las pensiones y por qué no se aplica una política de austeridad en el Banco, Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo, pero la vocera de la institución, Gina Castillo Casanova, indicó que no tenían nada que decir al respecto.

La encargada del área de Comunicación Social también dijo que ni el Banxico ni sus funcionarios

CUARTOSCURO

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Zedillo, privilegios sobre privilegios

harían declaración u opinión alguna respecto a la controversia constitucional –sobre la Ley Federal de Remuneraciones– que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no les fueran recortados sus sueldos y puedan seguir ganando más que el presidente López Obrador.

Pensiones millonarias El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz considera que si bien las jubilaciones y pensiones del Banxico responden a disposiciones legales y son acordes a su autonomía y normatividad interna, son contrarias a la política de austeridad que plantea el gobierno.

El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana explica a Contralínea que los pensionados y jubilados de Banxico pueden aducir que son derechos adquiridos y que no se les pueden quitar.

Pero, considera, si una ley es desproporcionada tiene que haber una definición del Congreso de la Unión o una declaración de la propia institución que permita revocar este tipo de canonjías. Para que el gobierno pueda transformar esta realidad se requiere de una legislación especial que corte o disminuya estos montos, advierte.

Mientras eso no suceda, decenas de exservidores públicos del Banxico seguirán viviendo del erario, como Fernando Liceaga Rodríguez, quien fuera director de Administración de 1982 a 1996 y que actualmente sigue cobrando una jubilación mensual de 251 mil 188 pesos. O Guillermo Ortiz Martínez, gobernador de 1998 a 2009, a quien se le pagan 237 mil 971 pesos mensuales.

Así, tan sólo en 2018, cada uno de esos 97 exfuncionarios recibió entre 2 millones 717 mil y 3 millones 400 mil pesos, sufragados con los recursos del pueblo. Uno de esos 97 es el anterior gober-

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GERMÀN ROMERO/CUARTOSCURO

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Gil Díaz, el secretario más poderoso del sexenio de Vicente Fox

nador del Banco (2010-2017), Agustín Carstens Carstens, quien se embolsó 1 millón 415 mil pesos el año pasado, a razón de 117 mil 927 pesos mensuales.

Pero los exfuncionarios no son los únicos que reciben pensiones millonarias: también hay beneficiarios por viudez u orfandad, cuyas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 200 mil pesos. En esa condición se encuentran Verónica Ruiz Torres, con 193 mil 156 pesos mensuales; María de la Luz Mujica y Acereto, 147 mil; Paz María José de la Mora García Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119 mil.

En entrevista con Contralínea, el maestro Gabriel Badillo González señala que, previo a la llegada al poder de López Obrador, muchos servidores del Banco de México se jubilaron de manera anticipada para retirarse con una pensión igual a su sueldo.

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El anuncio que hizo el morenista en su campaña electoral respecto de la reducción de sueldos en el servicio púbico causó pánico entre los servidores públicos de más alto nivel, explica el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. “No creo que la Ley de Remuneraciones o de Austeridad tengan posibilidades de cambiar esta situación”.

En 1994, año en el que se dio la transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el Banco de México modificó su plan de pensiones y adoptó el sistema de capitalización individual o contribución definida. Los trabajadores contratados antes de dicho año permanecieron con el régimen anterior, razón por la cual hoy existen diferencias de más de 100 mil pesos en las jubilaciones de altos funcionarios.

De acuerdo con el maestro Gabriel Badillo, la normativa estableció que para los servidores que

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trabajadores mexicanos afiliados, por ejemplo, a las Afores.

La especialista en políticas públicas agrega que las pensiones de los exgobernadores del Banco son reflejo de la corrupción en el país, porque muchos de estos funcionarios llegaron a esos puestos a través de recomendaciones de conocidos y no por sus propios méritos.

La doctora en estudios latinoamericanos considera que las políticas de austeridad tienen un objetivo correcto y por eso se encuentran con tanta resistencia. “Incluso el gobierno se ha quedado corto en hacer una evaluación más profunda sobre cómo, ante una economía deprimida, con bajos salarios, el empleo público se transformó en un espacio de desarrollo para sectores de clase media alta que fueron ubicados fundamentalmente por las relaciones políticas que tenían con los directivos”.

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

ingresaron a trabajar después de esa reforma ya no existirían prestaciones tan onerosas y, en dado caso, “no habría tanto problema porque serían financiadas por las propias aportaciones de los trabajadores y ya no con recursos públicos”.

El investigador agrega que “las nuevas generaciones de servidores públicos del Banxico no van a recibir estos beneficios. Ahora tienen un nuevo esquema que es financieramente más viable, pero a quienes actualmente reciben estas pensiones no se las pueden quitar. Es casi imposible modificar esta situación porque hay un andamiaje jurídico que no lo permite”.

No obstante, la doctora Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, opina que el Banxico mantiene, aún después de la reforma de 1994, un régimen de jubilación de privilegio, pues sus servidores tienen mayor certidumbre que el resto de los

Carstens, pensionado del Banxico aunque ahora se desempeñe como gerente general del Banco de Pagos Internacionales

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DESPLAZAMIENTO INTERNO

MANTIENE EN VILO A MILES EN OAXACA

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Desde hace 2 años, más de 300 familias viven dando tumbos, luego del desplazamiento forzado ocurrido en 2017 por un grupo armado que llegó a la colonia Ernesto Che Guevara a quemar, destruir y saquear sus casas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia los hechos para emitir medidas cautelares ÉRIKA RAMÍREZ/ENVIADA

CORTESÍA

O

axaca, Oaxaca. Una desbandada de hombres que portaban palos, machetes y armas de fuego entraron a la colonia Ernesto Che Guevara (ubicada en Zaachila) en la oscuridad de la madrugada. Familias completas dormían en sus casas construidas de madera; apenas unas cuantas estaban edificadas con ladrillos y cemento.

Ahí habían llegado en noviembre de 2013 unas 300 familias de distintas comunidades indígenas: zapotecos, mixtecos, triquis, chatinos, huaves, mixes, en busca de un espacio para vivir.

Les habían ofertado lotes de 20 por 20 metros cuadrados por 16 mil pesos en pagos mensuales de 1 mil pesos. A cambio, ellos tendrían que limpiar el terreno de hierbas, piedras y animales rastreros. La ocupación era inmediata, al primer pago.

Casi 4 años después de comenzar a edificar sus sueños, con láminas, madera y hule, continuos estruendos los cimbraron de miedo. Se comenzaron a escuchar los gritos y los cohetones que despertaron de un sobresalto a los habitantes de esta unidad.

Los que vivían en la parte alta de terreno no com-

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prendían lo que pasaba. Los primeros en la colonia se asaltaron con el pánico y nada pudieron rescatar de sus pertenencias.

Dos años después, siguen en la búsqueda de justicia y de un lugar donde volver a fincar su hogar; muchos han encontrado refugio entre los suyos, otros en campamentos improvisados, parques, lugares públicos; hay quienes han tenido que regresar a sus comunidades de origen, donde la pobreza los acapara; y otros más no han encontrado otro remedio que emigrar a otros estados o al país vecino del Norte.

La huida fue inmediata, se llevaron el horror con ellos. Marcaron la distancia más amplia que pudieron hasta sentirse a salvo, con las ropas que llevaban encima y sus seres queridos.

Fabián Zurita, un hombre que tiene que usar bastón para caminar, relata que eran las 5 de la mañana cuando empezaron los cohetones y los plomazos. En la cabecera de su recámara mantenía un teléfono celular que sólo contaba con salida de llamadas, un “teléfono chiquito”, dice.

Se comunicó con “Guille”, la presidenta de la colonia para saber qué ocurría en su barrio. La mujer trató de calmarlo: “Me dijo que no iba a pasar nada…” Afuera se escuchaban los gritos y el llanto de mujeres y niños, ya no pudieron esperar más y las palabras de Guille las echaron por la borda.

Los hombres soltaban disparos al aire, quemaban las casas que habían levantado desde la maleza. Una cosa le preocupó a Fabián en su huida: su credencial de elector, el único documento que daba cuenta de su identidad y el que más a la mano estaba.

Su esposa, María, regresó a casa por ella. Ahí se topó con los hombres que ya estaban destruyendo sus viviendas y la pequeña tienda que los mantenía (puesta con las remesas que enviaban sus hijos de Estados Unidos). La policía llegó más tarde a controlar la situación, aproximadamente a las 11 de la mañana, pero “¿ya para qué? Fue un total saqueo”, comenta Fabián.

En un viejo taller de madera se reúnen algunos de los representantes de las familias; llegan como pueden, tarde a la cita porque vienen de muy lejos y no todos los habitantes que conformaban esa colonia han podido ser localizados.

Lo narrado del día en que salieron huyendo se mezcla con las expresiones de tristeza y miedo que reviven de aquel desplazamiento forzado. Mientras 42

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Fabián relata, una mujer que lo escucha, asienta con la cabeza y se toca el rostro con desasosiego.

En la relatoría presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se lee que el comando fue de aproximadamente 200 personas, dirigido por Francisco Valencia Farías, encargado de la Agencia Municipal de Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, Oaxaca, donde el grupo de personas se distribuyeron por equipos integrados de 20 a 50 personas para empezar a desalojar a los habitantes de la colonia Che Guevara.

Desplazamiento forzado Éste es uno de los episodios más cruentos que se vivieron en los Valles Centrales de Oaxaca, en 2017. En este estado y tan sólo ese año, la violencia se encargó de desplazar de sus espacios a unas 2 mil 700 personas, según documenta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe más reciente: Episodios de desplazamiento interno forzado masivo.

La relatoría de esta problemática social indica que en 2017 se registraron tres “episodios” de violencia con el mismo número de municipios afectados (San Juan Juquila, San Juan Mazatlán y Villa de Zaachil), en el estado del Sureste mexicano. Éstos se originaron porque las familias desplazadas fueron acusadas de pertenecer a la organización Frente Popular 14 de Junio, vinculada con diversos delitos, indica el informe y “se reportó que fueron desalojadas con el uso de armas de fuego, cohetes, machetes y palos”.

A nivel nacional, la CMDPDH el “panorama” del desplazamiento indica que ese año hubo 25 sucesos de “desplazamiento interno forzado masivo” en nueve estados del país, 27 municipios y 79 localidades.

Las entidades con más personas desplazadas fueron: Guerrero, con siete; Sinaloa, con cinco; Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con tres respectivamente.

Petición ante la CIDH Jhonatan es la voz de un niño que ha llegado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su testimonio. Él era uno de los

ERIKA RAMÍREZ

SOCIEDAD INVESTIGACIÓN

Decenas de familias, en la búsqueda de justicia y de un lugar en el que puedan construir un nuevo hogar

habitantes del predio donde se edificaba la colonia Ernesto Che Guevara, en Zaachila, Oaxaca.

Su casa estaba en una de las calles polvorientas de esta zona semiurbana. “Al despertar empecé a escuchar mucho ruido como disparos, cohetones a lo lejos de mi casa, y gritos de personas que pedían auxilio, y entonces en ese momento salí para ver lo que pasaba”.

“Había un montón de gente, tapados de la cara, llevaban en sus manos palos, machetes y rifles; disparaban hacia las casas y personas. En ese momento, mi mamá nos agarró a mí y a mis hermanos…

Nos dijo que nos teníamos que ir porque las personas que habían llegado estaban gritando que nos iban a matar a todos”, relata. Él y sus hermanos caminaron por horas hacia el cerro para poder llegar al centro de Oaxaca, “para que no nos mataran”. Desde ese día perdió a sus

amigos de la escuela y la casa donde vivía, “porque la que teníamos la quemaron con todas nuestras cosas”: ropa, zapatos, juguetes, útiles escolares.

El pequeño tuvo que ir a vivir en un plantón que se asentó por 9 meses en el zócalo de la capital de Oaxaca, a una “casa” improvisada de cartón y nylon, donde pasaron frío, hambre y enfermedades, expuestos a la lluvia que hacían “lodo” la casita de hule.

Después, igual que otras familias, fue a vivir a una bodega o galera que prestó el gobierno de Alejandro Murat, para no tenerlos más en el centro de la capital. Ahí, estaban en condiciones insalubres y en espacios reducidos de pocos metros cuadrados.

Su testimonio ha llegado hasta la vista del secretario ejecutivo, Paulo Abrão, de la CIDH quien analiza el tema. Entre los argumentos expuestos por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (Cedhapi), está que las medidas

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CORTESÍA

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD

Terror contra la comunidad

son “necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas”.

Para los efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la CIDH debe considerar: -“La gravedad de la situación […] que implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; -“La urgencia de la situación, que se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y -“El daño irreparable, que consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 44

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adecuada indemnización.”

Cedhapi, encabezada por el abogado Maurilio Santiago Reyes, expone ante la CIDH que, en estos hechos, la “gravedad” se argumenta porque los habitantes de Zaachila fueron “desalojados de forma arbitraria y por medio de la violencia física” de sus domicilios y que, actualmente, se encuentran en el estatus de “desplazamiento forzado interno”, bajo amenazas de nuevas afectaciones.

En tanto, el requisito de “situación de urgencia” para que sean emitidas las medidas cautelares está “totalmente probado”, pues en este momento “79 niños y 77 niñas se encuentran en una situación de vulnerabilidad al haber sido expulsado de sus hogares en forma violenta”.

El requisito de daño irreparable, exponen Maurilio Santiago y los representantes de las familias a la CIDH, se adecua ya que las personas desplaza-

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vecinos y colonos en 3 años, entre ellos, un kínder y una pequeña capilla.

El informe Desplazamiento interno por violencia en México. Causas, consecuencias y responsabilidades del Estado –elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– expone que los desplazamientos son preventivos o reactivos.

El desplazamiento preventivo, indica, “es propiciado para evitar los efectos violentos de un conflicto social, político, religioso, armado, etcétera.

Generalmente se da a causa de amenazas, alertas, insultos y ofensas, partiendo de un suceso o conflicto violento previamente acontecido y del cual la población desplazada tiene conocimiento.

En el caso del desplazamiento reactivo, señala que “es generado debido a los daños que ha causado un conflicto de cualquier tipo y el cual se desarrolló con situaciones de violencia”.

CORTESÍA

das han tenido que vivir en jardines y parque públicos, lo que pone en riesgo su integridad “y por la omisión del Estado se pone en riesgo nuestra vida y nuestra la integridad personal, derechos que son difíciles de reparar”.

Liberia fue otra de las que padeció la “trifulca” desatada por los hombres armados “hasta los dientes”. Ella cree que la envestida fue ocasionada por los “pandilleros” de las colonias vecinas, donde sabían que ya había un “cobro de piso” a los mototaxis, locales comerciales y hasta a las viviendas.

Recuerda que “no acababa de amanecer” cuando salió despavorida de su hogar, aunque ella vivía en los últimos lotes. “Todos éramos vecinos en la colonia Ché Guevara”. Entre los hombres que identifica se encuentra el líder de la colonia vecina, un tal Francisco Palencia.

Ahí perdieron todo lo que habían logrado como

Desplazados perdieron todo su patrimonio

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

BRASIL Y MÉXICO EL CONTRAPUNTO EN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Brasil y México estrenan gobiernos y contrastan por sus recién estrenadas políticas de seguridad. Cuentan con el mayor número de ciudades violentas del mundo. Brasil enfrentará el problema de manera ortodoxa: con mano dura y un programa para armar a las familias. México tiene un plan híbrido: mantiene una parte punitiva y le da fuerza a otra, que busca atacar la pobreza y las causas de la violencia

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AMÍLCAR SALAS OROÑO*, MANUEL HERNANDEZ BORBOLLA** Y CAMILA VOLLENWEIDER***/, DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) Y MAESTRO EN CIENCIA POLÍTICA POR LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO (BRASIL), **MAESTRO EN COMUNICACIÓN Y CULTURA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ***MAESTRA EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (ESPAÑA) E HISTORIADORA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO (ARGENTINA)/CELAG

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a seguridad ciudadana es un problema insoslayable para cualquier Gobierno que busque el bienestar de su gente.

Junto con el empleo, la salud y la educación, la seguridad es una de las mayores preocupaciones de los latinoamericanos. Mucho puede debatirse hasta qué punto y debido a qué mecanismos la sensación de inseguridad e injusticia es un fenómeno azuzado por agentes interesados; sin embargo, y más allá de las encuestas de opinión, las cifras de homicidios, feminicidios, robos y otros delitos son muy alarmantes, especialmente en las ciudades medias y grandes.

Brasil y México son países que albergan el mayor número de ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con un estudio realizado con datos de 2018 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización civil con sede en México especializada en temas de inseguridad. Según dicho informe, de las 50 urbes del planeta con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 15 se ubican en México, 14 en Brasil, seis en Venezuela, cuatro en Estados Unidos y tres en Sudáfrica [1].

La respuesta que se ha dado en cuanto a la estrategia de política pública de seguridad está marcada por un aumento, sin precedentes, de la inversión en seguridad en Brasil, siendo para 2018 (cuando todavía gobernaba Michel Temer), el país que más había aumentado el gasto militar en la región, alcanzando un gasto de 27.8 millones de dólares, una estrategia de seguridad que Jair Bolsonaro heredó de su predecesor.

Sin embargo y, a pesar de contar con una matriz similar de violencia, las respuestas que se están dando desde México marcan un precedente para el combate de la inseguridad que difiere sustantivamente del abordaje que se hace desde Brasil, respondiendo desde un enfoque progresista al problema de seguridad que asola al país. A continuación, algunos de los rasgos principales de los enfoques de los

gobiernos de Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador.

Brasil: un gobierno de militaristas y milicianos No se puede escindir el conjunto de medidas referidas a cuestiones de seguridad pública presentadas hasta el momento por Jair Bolsonaro de dos aspectos constitutivos de tal perspectiva (y que anteceden al inicio de su mandato): por un lado, el grave deterioro institucional de todo el cuadro vinculado con la seguridad pública durante los años de Gobierno de Michel Temer y, por otro, el clima social creado por el propio Bolsonaro –sus seguidores y políticos afines– a partir de la expansión de un discurso truculento de mano dura o “tolerancia cero”. Tal narrativa, si bien viene siendo expuesta hacia la ciudadanía desde hace décadas, ha ganado notable protagonismo y centralidad, precisamente, con la instalación de Bolsonaro como una figura destacada de la escena política contemporánea.

Hay un aspecto que no puede ser dejado de lado al analizar las cuestiones de seguridad pública en Brasil: las diferencias regionales y las distintas estructuras –y modalidades de convivencia– entre las fuerzas de seguridad actuantes en cada estado subnacional. Una breve revisión muestra un alto índice de superposición entre policías civiles, militares, estatales y municipales que, en algunos casos, implica la superposición de a veces más de seis fuerzas de seguridad diferentes sobre algunos de los 27 distritos provinciales. A este desajuste operativo hay que sumarle las puntuales intervenciones de las Fuerzas Armadas, bajo diferentes auspicios y convocatorias, que se han verificado a los largo de las últimas décadas, incluso durante los gobiernos del Partido dos Trabalhadores.

Un paso clave en este último punto fue la intervención federal al estado de Río de Janeiro sobre la jurisdicción de la seguridad pública

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La militarización de la seguridad pública en Brasil, iniciada por Temer, se consolida con Bolsonaro. Lo construido por el PT ya ha sido desmantelado

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decretada por Michel Temer en febrero del 2018. Al margen de la maniobra intervencionista –en ese año y los anteriores nada indicaba que debiera ser Río de Janeiro el estado a intervenir porque no tenía las peores estadísticas oficiales– lo más preocupante fue el hecho de que colocó al frente del operativo a las Fuerzas Armadas, consagrando un protagonismo de los militares que sería determinante los meses subsiguientes, al punto tal que por primera vez un militar accedió a la Presidencia.

La medida tomada por Temer reubicó los parámetros de abordaje sobre la seguridad pública –también lo hizo nombrando por primera vez a militares en su gabinete– que ya venía presentando índices cada vez más alarmantes: en 2017 se registraron casi 60 mil muertes por homicidios [2], una cifra tan llamativa que alimentó las peores tradiciones en la materia. La situación aumentó la figuración pública de ciertas personas propagadoras de los discursos de “exterminio” y mano dura, pero también reorganizó y amplió el espacio para la actuación paraestatal o ilegal de “escuadrones” y “milicias” que, según los territorios, pasaron a “ocuparse” de la seguridad [3].

En este contexto, con la militarización de la seguridad pública emprendida por Temer, toda construcción previa y alternativa que en la materia podría haberse auspiciado comenzó a desdibujarse cada vez más. Así, buena parte de las medidas sobre el tema que fueron definidas por los gobiernos del Partido dos Trabalhadores comenzaron a ser desestructuradas.

Simbólicamente, una de las primeras medidas que tomó Lula en el 2003 fue promover, mediante un Estatuto del Desarme [4], una mirada diferente sobre la materia, siendo que –como estaba comprobado– las armas de fuego eran una de las principales causas de muerte en la población. Estudios posteriores indicaron que tal medida permitió salvar aproximadamente 160 mil vidas, puesto que puso bajo regulación estatal la portación y circulación de las armas. En oposición, uno de

los decretos iniciales de la gestión de Bolsonaro fue flexibilizar la venta de las armas de fuego, ampliando, a su vez –de 5 a 10 años–, el periodo de portación de las mismas. Ahora el comprador ya no tiene que justificar ante la Policía Nacional la necesidad de comprar un arma de fuego, trámite por el que han tenido que pasar los 330 mil brasileños que, al día de hoy, tienen esa licencia. Según especialistas del Forum Nacional de Segurança Pública [5], una de las entidades más respetadas en la materia y que viene alertando sobre el giro que implica la llegada de Bolsonaro a la Presidencia, por cada 1 por ciento más de armas de fuego que hay en circulación, hay un aumento de 2 por ciento de los crímenes violentos en la sociedad.

Algunos de los principales aspectos del Plan de Seguridad del gobierno Bolsonaro, y que están comprendidos en la propuesta enviada al Congreso –que excede cuestiones de seguridad pública, pero que reorienta fuertemente aspectos de la misma, y que ha recibido muchas críticas [6]– son [7]: -Exclusión de ilicitud. Se trata de una alteración al propio Código Penal que posibilita la reducción o la anulación de la pena a los policías que causaran muerte durante el ejercicio de sus actos y aleguen “excusable miedo, sorpresa o emoción violenta”, durante aquello que, llegado el caso, un juez clasifique como “exceso”. Según esta interpretación, el policía puede dejar de ser preso incluso habiendo sido observado en flagrancia. Lo señaló incluso el exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, en un reportaje “aclaratorio” sobre la medida: “el policía no tiene que esperar recibir un tiro para responder”, alterando toda la tradición que supone el “uso progresivo de la fuerza” con la que se forman actualmente las diferentes policías en sus academias respectivas. Para el Consejo Estatal de Derechos Humanos de San Pablo y el Grupo Tortura Nunca Más, la medida es inconstitucional porque los policías, aún aquellos que se encuentren bajo investigación, responderán los procesos en libertad, lo que puede suponer una presión

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Militarización de la seguridad pública, puerta falsa

sobre los testigos o incluso la realización de otros delitos; ello coloca a los policías fuera de la Ley, lo cual contradice el principio de igualdad e isonomía constitucional.

-Alteración del concepto de organización criminal. También supone un cambio en el Derecho Penal. Con la modificación, cualquier grupo compuesto por cuatro o más personas puede ser observado como organización criminal. La forma vaga con que es definido trae consecuencias en los procedimientos investigativos, tanto en lo que hace a los conjuntos potenciales a ser perseguidos, como por los preconceptos –todo deviene de la interpretación que se establezca– con los que se maneje la cuestión de la “organización criminal”. Un elemento conexo a esta alteración, y que demuestra por otro lado la “influencia estadunidense” de Sergio Moro en cuestiones jurídicas, es el protagonismo que se le otorga los “informantes”, aspecto que tam-

bién será decisivo respecto de la definición de “organización criminal”, lo que alimenta el carácter persecutorio –ya no investigativo– que pasa a tener el procedimiento penal.

-Recolección de ADN compulsivo. La propuesta para ampliar el ya controversial Banco Nacional del Perfil Genético con la incorporación de todos aquellos condenados por delitos (aún sin cosa juzgada) de forma compulsiva es una definición abiertamente inconstitucional y que, más allá de ir contra el principio de la no autoincriminación –según el cual nadie está obligado a producir pruebas contra sí mismo– es una de las formas más directas de crear estigmatizaciones sobre ciertos grupos poblacionales, aumentando la presión (social) persecutoria sobre los mismos.

Estas propuestas, que todavía deberán ser refrendadas por los poderes públicos (porque ya se han planteado controversias importantes) redefinen toda una orientación para los

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problemas de seguridad pública brasileños: nada se dice de las causas y todo está puesto sobre el delito. Una persecución violenta sobre los delincuentes, incentivada por un discurso social cuyo principal vocero es el propio presidente. El impacto que esto supone es la construcción de un orden público-policial violento organizado desde el Estado.

El Plan de López Obrador busca México: ¿un laboratorio para diferenciarse estrategias de seguridad de la estrategia heterodoxas? “represivaLa estrategia de seguridad pública del presidente de México, Andrés Manuel López policial-militar” Obrador, implica un cambio en el paradigma que dejó 274 que ha regido en las últimas décadas, al sustimil asesinatos tuir la llamada “guerra contra el narcotráfico” por un enfoque más integral que atienda las y 40 mil causas estructurales de la extendida violencia desaparecidos en el país. De acuerdo con el diagnóstico del gobierno, la crisis de seguridad que vive el país es un fenómeno no visto desde el final de la Revolución Mexicana, a inicios del siglo XX. ¿En qué consiste la nueva estrategia de seguridad? En primer lugar, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, busca diferenciarse de la estrategia “represiva policial-militar” que dejó un saldo de 274 mil asesinatos [8] y más de 40 mil desaparecidos [9] en los dos últimos sexenios de gobierno (de 2006 a 2018). En segundo lugar, pretende ampliar los alcances y abordajes sobre el delito, al incluir los “delitos de cuello blanco” –como el desvío de recursos, el lavado de dinero y las operaciones de recursos de procedencia ilícita– dentro de su estrategia de seguridad, a diferencia de las últimas dos administraciones, en las cuales, la corrupción política fue constante y una importante fuente de violencia e impunidad.

“Por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen de protección e impunidad y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México

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Represión, la única “solución” a la inseguridad en Brasil

sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente aunque no en forma exclusiva, en los aparatos de prevención y combate de la delincuencia, procuración e impartición de justicia”, señala el diagnóstico del gobierno mexicano. [10] Un tercer aspecto a destacar es que el Plan busca atender prioritariamente las causas estructurales de la violencia, como el incremento de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades laborales y la falta de servicios educativos y de salud.

Sin embargo, tanto el repunte de la violencia –que ha tenido un nivel récord durante 2018 [11]– como la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad del país, propiciaron que la Administración de López Obrador optara por crear una nueva fuerza de seguridad: la Guardia Nacional. Dicha corporación

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está siendo conformada por integrantes de la Policía Militar, Naval y los remanentes de la Policía Federal. Según el gobierno, una de las razones para crear una nueva policía militarizada era que, en años anteriores, la falta de presupuesto había hecho totalmente inocua a la fuerza, en tanto existían 20 mil uniformados para un país de 120 millones de habitantes.

De este modo, el presupuesto para Seguridad Pública en 2019 se redujo un 12.4 por ciento respecto del año anterior [12], mientras que el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que coordina el despliegue de la Guardia Nacional, se incrementó en un 15 por ciento, al contar con un monto total de 93 mil 670 millones de pesos (4 mil 897 millones de dólares) para 2019. [13] De acuerdo con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional contará con un presupues-

to de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos (hasta 1 mil 45 millones de dólares) para conformar un cuerpo de seguridad de 80 mil elementos para finales de 2019. [14] Aunque diversos académicos y especialistas en derechos humanos mostraron sus preocupaciones [15] sobre las facultades de la Guardia Nacional a la hora de perseguir delitos del fuero común o participar en investigaciones de crímenes, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad (un hecho inédito en 30 años de la llamada transición democrática en México) [16] los términos en que operará la nueva fuerza bajo mando militar por un periodo acotado de 5 años. Con ello, se resolvió la falta de marco jurídico con el cual habían operado el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, en los últimos 12 años de la “guerra contra el narcotráfico”.

Al mismo tiempo, el Gobierno de López Obrador solicitó a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, dar seguimiento y capacitación a los integrantes de la Guardia Nacional para tratar de garantizar el respeto a los derechos humanos. [17] Esto, luego de que en los pasados dos gobiernos se registraran múltiples casos de violaciones graves de derechos humanos a manos del Ejército y la Marina en labores de seguridad. [18].

El gobierno de México ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en las 17 regiones más violentas del país, las cuales registran una alta tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. En dichas zonas prioritarias, el Estado mexicano busca desplegar 600 efectivos permanentes para realizar labores de patrullaje y apoyo a las autoridades policiales estatales [19]. De este modo, la Guardia Nacional tendrá un despliegue regional en todo el país dentro de 266 regiones [20], donde la prioridad será proteger a la población antes que capturar a los líderes de las bandas del crimen organizado, como ocurría en el pasado reciente. Al mismo tiempo, y dado el nuevo enfoque sobre la seguridad, el gobierno

El gobierno de México ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en las 17 regiones más violentas del país. Será permanente

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JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO

ANÁLISIS INTERNACIONAL

Delincuencia organizada mantiene el control de amplias regiones del territorio mexicano

de López Obrador prevé implementar una ambiciosa agenda [21] de programas sociales [22], con los cuales busca mitigar los efectos de la pobreza y marginación que se vive en diferentes zonas del país, con el objetivo de restablecer la paz en México.

A modo de cierre En el caso de Brasil, la política de seguridad de Jair Bolsonaro continúa y profundiza los lineamientos trazados por el gobierno ilegítimo de Michel Temer y se pone a tono con el enfoque punitivista que ha sucedido al llamado “fin de la ola progresista”, de la mano de gobiernos conservadores, alineados con Estados Unidos y de claro corte neoliberal. En cuanto a México, Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de llevar adelante una política de seguridad que no sólo represente un quiebre

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con la llevada a cabo por sus antecesores – muy similar a la que rige en Brasil y que ha conducido a niveles extremadamente preocupantes de violencias–, sino que demuestre una contundente efectividad. Cabe mencionar que muchos sectores de la sociedad, incluso afectados por la violencia, ven con ojos de desconfianza a la nueva Guardia, en tanto significa una persistencia de la militarización de la seguridad, aspecto que, dentro de los marcos progresistas, ha sido cuestionado. Es por ello, entre otras cosas, que la apuesta de López Obrador representa una novedad en el campo de las políticas públicas progresistas.

Tal vez el presidente mexicano supo leer que una de las razones del ascenso de gobiernos de derecha en la región fue una creciente demanda ciudadana de mayor seguridad y mejor justicia ante las violencias de distintos grados que tiñen la cotidianidad; quizás vio

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que desde hace décadas la derecha ha monopolizado y ha llenado de contenido –punitivista, vengativo e individualista– el concepto de seguridad. De este modo, confrontar con éxito ese sentido común en el plano simbólico, comunicacional y material, supone una acuciante necesidad en un gobierno, como el de López Obrador, que representa un verdadero cambio en México. Las cifras, en unos años, deberían mostrar si finalmente el punitivismo ha mejorado la seguridad en Brasil y si la estrategia de seguridad integral de López Obrador ha significado un salto cualitativo en la materia.

Notas [1] http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/seguridad/1564-boletin-ranking [2] https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/ noticia/brasil-registra-quase-60-mil-pessoas-assassinadas-em-2017.ghtml [3] Una muy interesante nota sobre los orígenes y dinámicas de las milicias en Río de Janeiro: https://apublica.org/2019/01/ no-rio-de-janeiro-a-milicia-nao-e-um-poder-paralelo-e-o-estado/?fbclid=IwAR1dbwHDxRFzecg09mvMowEHReVidZzs7j1_809OnSGjSVP8VFmXnn-vczM [4] https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u87604.shtml [5] http://www.forumseguranca.org.br [6] https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47125522 [7] https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/ pacote-anticrime-de-moro-ponto-a-ponto-veja-como-a-lei-e-hoje-e-o-que-pode-mudar/ [8] https://actualidad.rt.com/actualidad/302820-mexico-registro-asesinatos-2018-violento [9] https://www.animalpolitico. com/2019/01/40-mil-desaparecidos-mexico-victimas-sin-identificar/ [10] https://lopezobrador.org.mx/wp-content/ uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf

[11] Entre enero de 2018 y abril de 2019, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 38 mil 507 homicidios dolosos en todo el país.

[12] http://comunicacion.senado.gob. mx/index.php/informacion/boletines/44121-presupuesto-para-seguridad-publica-en-2019-es-de-144-809-7-mdp-senala-investigacion-del-ibd.html [13] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf [14] https://www.gob.mx/presidencia/prensa/ conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-miercoles-27-de-marzo-de-2019 [15] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47315137 [16] http://comunicacion.senado.gob.mx/index. php/informacion/boletines/43818-por-unanimidad-aprueban-la-guardia-nacional.html [17] https://lopezobrador.org.mx/2019/04/09/ asesorara-onu-a-guardia-nacional-en-derechos-humanos/ [18] http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40084 [19] Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Culiacán (Sinaloa), Irapuato (Guanajuato), Tlacomulco (Jalisco), Manzanillo (Colima), Salamanca (Guanajuato), Chilpancingo (Guerrero), Guadalajara (Jalisco), Ecatepec (Estado de México), Acapulco (Guerrero), Nuevo Laredo (Tamaulipas), Reynosa (Tamaulipas), Monterrey (Nuevo León), Celaya (Guanajuato), Uriangato (Guanajuato) y Cancún (Quintana Roo).

[20] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/09/estas-son-las-266-coordinaciones-de-la-guardia-nacional/ [21] https://www.forbes.com.mx/estos-son-los25-programas-prioritarios-para-el-gobierno-deamlo/ [22] https://lopezobrador.org.mx/2019/05/28/ presentan-avances-de-programas-de-becas-universidades-y-apoyos-para-madres-y-padres-trabajadores/

Las cifras, en unos años, deberían mostrar si Bolsonaro, en Brasil, o López Obrador, en México, tuvieron razón en sus estrategias

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

INJERENCIA JUDICIAL E IMPUNIDAD

EN COLOMBIA Y GUATEMALA

La aceptación de la injerencia judicial demuestra la incapacidad y negativa de los sectores de poder de estos dos países para constituir institucionalidad propia.

Que Estados Unidos imponga estructuras y modelos e “imparta” justicia es justificado con un discurso de “modernidad”. Los sistemas políticos y judiciales de ambas naciones ocupados por asesores estadunidenses

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JAVIER CALDERÓN CASTILLO, MAESTRO EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CELAG

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os poderes judiciales en Guatemala y Colombia están expuestos a un estrés externo de grandes proporciones, como quedó demostrado con el choque de poderes en el “Caso Santrich” [1], y con la exclusión de la carrera presidencial, en Guatemala, de la exfiscal general Thelma Aldana, en medio de un intenso debate sobre la Justicia y la impunidad [2]. Con diferencias y similitudes, ambos países han cedido elementos centrales de su soberanía, en uno de los ejes sustanciales de ésta, como la Justicia.

Este asunto constituye un verdadero dilema con repercusiones para el análisis político, no sólo jurídico. Existen evidencias de que en ambos países la administración de justicia está expuesta a presiones de mafias, grupos paraestatales y sectores de poder con rasgos antidemocráticos, que operan de distintas maneras para sostener privilegios legales en procura de mantener y ampliar su influencia en las decisiones del Estado.

La respuesta de los dos gobiernos, en distintos momentos y con distintas modalidades, ha sido recibir la cooperación internacional, en especial la ofrecida por estados Unidos para reformar el sistema judicial en procura de superar una situación que, a criterio de los cooperantes, se logra resolviendo la eficiencia de la Justicia con la creación de una institucionalidad sólida; eso sí, a costa de permitir que agentes externos intervengan en los asuntos nacionales, y sin una refundación del Estado que contenga desde abajo los cambios. Las élites parten del principio de que todo lo foráneo es bueno.

En el desarrollo de la estrategia de cooperación, los propósitos de independencia judicial se transmutan en imposiciones, que resultan en una nueva modalidad de dependencia judicial, por cuenta de la presión internacional y de los intereses que le subyacen. Se mantiene (y en algunos casos se amplía) la dependencia y se refuerza la injerencia externa. En Guatemala es evidente

con todo el debate en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y en Colombia, de forma más solapada, se expresa en la llamada “cooperación judicial” que incluye la extradición y el beneplácito de investigaciones judiciales de agencias estadunidenses en territorio colombiano en el marco del Plan Colombia, ahora llamado Paz Colombia.

Este primer trabajo comparativo se propone un acercamiento al problema tratando de analizar la injerencia sobre los sistemas judiciales de ambos países en clave política y no jurídica, en especial, de los asuntos que atañen a la independencia y la soberanía judicial. Para abordar el análisis se sintetizarán los elementos sustantivos del análisis comparado y tres variables sustanciales referidas a: (i) las claves de la intervención, (ii) las reformas a la Justicia con el paradigma anglosajón, y (iii) la asistencia o cooperación de agencias externas.

Elementos sustantivos comparados Guatemala-Colombia Guatemala y Colombia vienen de vivir conflictos armados internos de larga duración, en los que interactuaron una multiplicidad de intereses y grupos. Luego de los Acuerdos de Paz en ambos países, Guatemala en 1994, en Colombia 1991, 1994, 2016 (y un proceso particular de desmovilización paramilitar en 2006), emergieron dos asuntos nodales para la reconstrucción de las relaciones sociales: la justicia y la verdad se convirtieron en problemas de central controversia, puesto que los grupos de poder dominantes se mantuvieron controlando las instituciones y administrando la Justicia, sin que hayan tenido que involucrar a las fuerzas insurgentes y a las comunidades que les apoyaron (como ocurrió en Sudáfrica, El Salvador, Irlanda, Nicaragua). En estricto sentido, no

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Guatemala y Colombia comparten altos niveles de impunidad en delitos comunes y en los relacionados con conflictos armados

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hubo refundación del Estado, no hubo apertura democrática con consecuencias sobre uno de los ejes de ésta como la Justicia; por el contrario, la neoliberalización del Estado se desentendió de garantizar derechos, que fueron cubiertos por otros actores [3].

La comparación relativa a los dos países tiene una mayor complejidad. No sólo el conflicto genera coincidencias de análisis, pues otros problemas de orden social y político (consustanciales o derivados del conflicto) de ambos casos pueden ayudar a comprender la dimensión del problema que se analizará más adelante, la injerencia externa sobre la justicia.

Guatemala y Colombia tienen otras particularidades, a saber: -Grupos de poder se adecuaron a la dinámica de guerra y mantuvieron su accionar después de logrados los acuerdos con incidencia en las instituciones del Estado. En Guatemala, después del Acuerdo, redes de inteligencia y parapoliciales se transformaron en organizaciones que capturaron las instituciones del Estado, buscando garantizar impunidad y generar otras dinámicas delictivas [4]. En Colombia, el paramilitarismo en la década pasada llegó a tener un tercio del parlamento [5], y, sus familiares continúan teniendo poder en los departamentos y municipios. Una cifra similar mantuvo presencia en el Parlamento hasta 2014 [6].

-En ambos países el Estado se comprometió en los Acuerdos de Paz a desmontar los grupos paramilitares. En Guatemala, según el Acuerdo Global de 1994, el gobierno se comprometía a desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS); una década después ello no había ocurrido, como lo demostró el informe de verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [7]. En Colombia ese compromiso no quedó expresado en los Acuerdos de Paz de 1991 (M19, Quintin Lame) y 1994 (EPL, CRS/ELN), pero sí en el Acuerdo de La Habana de 2016 con las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que decidió la creación de una “Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales”, que hasta el momento no está actuando [8].

-Los grupos más radicales de la derecha en ambos países constituyeron partidos políticos para disputar el poder a los sectores más moderados o centristas y buscar impunidad para los militares y civiles involucrados en violaciones a los derechos humanos [9].

El fallecido exdictador guatemalteco Efraín Ríos Mont creó el Frente Republicano Guatemalteco, que luego se llamó Partido Republicano Institucional –ya desaparecido como sigla–, pero sus militantes están atomizados en varias formaciones políticas. En Colombia agrupó los sectores más beligerantes de la derecha en el Partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe y un grupo de exmilitares.

-Otros factores de violencia azotan a ambos países, desligados de motivaciones políticas pero con efectos políticos. El narcotráfico y la corrupción derivada de esta economía ilegal son problemas compartidos por los dos países analizados. Una economía ilegal transnacional que tiene a Colombia como productora y a Guatemala como puente para el transporte hacia estados Unidos, el principal consumidor [9].

-Los altos niveles de impunidad en delitos comunes y en los relacionados con el conflicto resultan ser otro de los rasgos característicos de ambos países. La cantidad de agentes del Estado y políticos de alto nivel enjuiciados son muy bajos, teniendo en cuenta el volumen de casos de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Colombia ocupa el tercer lugar del mundo con mayor índice de impunidad con el 68.7 por ciento, solamente superado por Filipinas y México [10]. Y Guatemala no está analizado en el índice porque no existen registros suficientes. La

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Grupos armados irregulares, comunes

impunidad de hecho, aquella que se produce por debilidad institucional, y la impunidad de derecho, donde se obstaculizan casos o se manipulan, son la constante [11].

Como puede observarse, existen razones para comparar estos países, y los argumentos expuestos tienen una doble cara: por un lado, justifican la recepción externa de acciones relativas a asuntos de Estado, desarrolladas por organismos internacionales y otros países. Argumentan la necesidad de intervención para resolver la problemática de la Justicia y la impunidad por la incapacidad de pensar alternativas propias, y por la evidente existencia de mafias en las instituciones, sin contemplar la posibilidad de constituir un nuevo Estado, con perspectiva nacional y con respaldo social. La problemática de ambos países argumenta la necesidad de socavar el poder político y económico de

los grupos dominantes, no de invitar a otros países que comparten la visión hegemónica de éstos a reformar la justicia, teniendo en cuenta que el problema no es la institucionalidad, sino el poder que las mantiene cautivas.

en América Latina

Reformas a la justicia con el paradigma anglosajón Latinoamérica conoce las reiteradas muestras de guerra judicial o lawfare, detalladas por varios estudios empíricos y análisis del papel central de “lo judicial” en el conflicto político, utilizadas en las relaciones y disputas recientes desde el poder conservador en la región [12]. Dicha problemática expresa una cuestión de fondo sobre la organización del poder judicial en los estados latinoamericanos, construido sobre la base

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Desde entidades como el BID y la USAID se ha promovido la idea de concretar en todos los países una reforma judicial según Estados Unidos

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de orientaciones foráneas, primero por el ideario republicano francés del siglo XVIII –Civil Law–, y en las últimas décadas por el ideario anglosajón –del Estado estadunidense– mejor conocido como Common Law [13].

Desde diversas entidades o instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo [14] y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por su sigla en inglés), se ha promovido la idea de concretar en todos los países de la región una reforma judicial que implique la independencia y la credibilidad de este poder estatal y, sobre todo, seguridad jurídica para el neoliberalismo. En Guatemala y Colombia, los supuestos sobre los que sustentan la necesidad de la mencionada reforma a la justicia serían, al menos, los siguientes: -Limitar la excesiva dependencia judicial del poder ejecutivo, buscando mecanismos endógenos de reproducción sistémica; -Minimizar los casos de la corrupción de jueces y fiscales, mejorando sus condiciones de elegibilidad y el nivel salarial; -Garantizar el derecho a la propiedad como fundamento de igualdad: estabilidad jurídica para la inversión nacional y extranjera; -Brindar previsibilidad en los resultados de los casos judiciales: acabar con la impunidad; -Permitir el acceso a la justicia sin importar los niveles de ingresos de la población; -Y, generar tiempos razonables para la disposición de sentencias judiciales [15].

Como puede verse, desde esos organismos se promueve una reforma judicial orientada a generar y fortalecer la institucionalidad judicial que, en el caso de Guatemala y Colombia, resultan insuficientes, pues los problemas antes descriptos superan a las propias instituciones. El enfoque institucionalista de estas intervenciones también parte de la premisa de que el modelo anglosajón utilizado en Estados Unidos es el más

Guatemala, modificaciones a la “institucionalidad judicial”

adecuado para Latinoamérica; sin embargo, las críticas desarrolladas desde la academia al Sistema Penal Acusatorio y a la propia reforma a la justicia en general, impuestas en ambos países, demuestra la dificultad de implementación de éstas por “la reticencia a abandonar espacios de poder, la falta de coordinación suficiente entre las instituciones y la debilidad para enfrentar delitos relacionados con el poder” [16].

Las modificaciones a la institucionalidad judicial, en ambos países, fue asimilada por los grupos de poder que mantienen copartidarios en los distintos niveles de la jerarquía institucional, lo cual podría indicar que se requiere una transformación que empodere a la sociedad civil para cambiar no sólo instituciones, sino relaciones de fuerza para garantizar que la justicia funcione, sin estar

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sujeta a los temas de interés económico de élites políticas.

Claves de la intervención externa Tanto en Guatemala como en Colombia, sectores de la sociedad organizada están movilizados en procura de justicia y verdad respecto de los conflictos armados internos y de lucha contra la impunidad, que favorezca a la ciudadanía sin que medien las influencias o la capacidad económica de los involucrados. Estas demandas en general no son resueltas e impulsan a sectores de la sociedad a recibir la intervención extranjera con beneplácito, tanto de organismos internacionales como de otros países. Los gobiernos de ambos estados reciben la intervención de

éstos, por su larga tradición de sumisión a las políticas provenientes de afuera, propios de un pensamiento colonizado.

En Guatemala, desde el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger (2003-2008) se solicitó una comisión internacional para resolver el problema de captura institucional por grupos ilegales derivados de estructuras de inteligencia, militares y paramilitares que operaban durante la guerra interna. El resultado fue la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), con mandato de actuación desde el 2008 hasta el 2019. Dicha comisión conformada por expertos de diversos países y bajo la protección de la ONU, fue creada principalmente como una fiscalía internacional destinada a reforzar y mejorar el rendimiento de la institucionalidad guatemalteca, con capacidad para promover procesos penales y disciplinarios contra funcionarios, con un amplio mandato de intervención sobre políticas públicas, investigación y acción judicial –aunque, en teoría, estuviera supeditada a la institución judicial de Guatemala– [17].

Esa experiencia de intervención dejó resultados importantes en materia de juicios contra funcionarios ligados con las mafias postconflicto, y originó varias investigaciones de corrupción de altos funcionarios que concluyeron con destituciones, incluso la del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Ello logró el respaldo de amplios sectores sociales y algunos políticos por considerarla como un éxito judicial, pero generó en los partidos políticos de derecha, con mayoría parlamentaria y con el control del Poder Ejecutivo, un rechazo soterrado que se develó en 2018 con la expulsión de la Cicig de Guatemala (que terminará el mandato éste año, tras intentar un juicio por corrupción del comediante y presidente Jimmy Morales).

La Cicig como institución foránea puede mostrar importantes resultados, como la investigación por corrupción determinante en la renuncia del expresidente Pérez Molina;

Tanto en Guatemala como en Colombia, sectores de la sociedad organizada están movilizados en demanda de justicia y contra la impunidad

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Colombia y Guatemala, violencia en ascenso

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sin embargo, los últimos hechos de proscripción de Thelma Aldana y de la resuelta decisión del presidente Morales de expulsar a la Cicig, demuestran que el poder establecido en Guatemala no ha sido modificado y, con ello, las instituciones siguen atrapadas en los circuitos de poder que genera la impunidad. La sociedad civil guatemalteca tiene mayores niveles de movilización y capacidad política, pero no tiene la densidad para modificar las relaciones de fuerza que limiten el poder de quienes mantienen el control del Estado.

En Colombia, la invitación y aceptación de la intervención extranjera se orienta por una estrecha relación de las élites del poder con Estados Unidos, que en distintas materias han compartido acuerdos en materia de seguridad, de inteligencia y de justicia, primero generados en la Guerra Fría y, luego

de 1990, en la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales [18]. La expresión de la injerencia de Estados Unidos en Colombia resulta variada, adecuando las leyes para la ejecución del Plan Colombia, que estructuró la justicia en torno a reforzar la vieja idea de la existencia de un enemigo interno –con unidades especiales de justicia contra el “terrorismo” –, la cesión de investigaciones a organismos extranjeros y la incorporación del Sistema Penal Acusatorio, conocido como justicia oral.

Desde 1980 Colombia tiene firmado un tratado de extradición, ampliamente debatido porque la Constitución de 1991 eliminó dicha figura y, tras presiones de Estados Unidos, volvió a ser puesta en funcionamiento durante el gobierno de Ernesto Samper. Se trata de un mecanismo utilizado con mucha frecuencia por el gobierno

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colombiano para demostrar su efectividad en la lucha contra el narcotráfico, aunque en ocasiones ha sido utilizado con dudosos intereses, como la extradición de la comandancia paramilitar reintegrada a la vida civil tras el acuerdo logrado con el presidente Álvaro Uribe en 2006. Las agrupaciones de víctimas dijeron que los paramilitares habían sido extraditados para generar impunidad en Colombia, pues en Estados Unidos fueron procesados por narcotráfico y no por los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Y también para ocultar la verdad de los vínculos de éstos con los sectores de poder político [19].

Tres asuntos de injerencia de los Estados Unidos que han tenido consecuencias no positivas. La actuación de la Justicia durante el Plan Colombia generó detenciones masivas, montajes judiciales y un cartel de testigos falsos, con los cuales se condenaban a líderes o lideresas sociales como parte de la guerra contrainsurgente, y se atacó a los principales políticos de la oposición y de izquierda, que estuvieron proscritos, como Piedad Córdoba, y otros estuvieron a punto de ir a la cárcel, como los congresistas Jorge Robledo, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez. Durante la vigencia del plan, fueron miles los ciudadanos que estuvieron encarcelados y enjuiciados bajo esta modalidad, mientras que políticos vinculados con el poder conservador no han sido sancionados, aunque tengan cientos de procesos en su contra, como ocurre con el senador y expresidente Álvaro Uribe [20].

El sistema penal acusatorio, un remedo del modelo de Estados Unidos, ha generado, en la figura del arrepentido y de los acuerdos de sometimiento con la Fiscalía, hechos de corrupción orientados a utilizar testimonios falsos a cambio de supresión o rebajas de penas. El poder político sigue constriñendo a las Altas Cortes, como quedó demostrado con el caso Santrich, pero también con el caso Odebrecht, en el que está involucrado

el fiscal general de la Nación, que renunció hace un par de semanas. Lo mismo ocurre en pequeña escala en los municipios, en tanto los poderes locales tienen atrapado el sistema judicial.

Se está hablando de dos grandes y complejos casos de injerencia externa que tienen una variable de conexión: son presentados como de “intervención por invitación”, y que en la década de 1960 el brasileño Helio Jaguaribe, teórico de la Teoría de la Dependencia, consideraba como una práctica de las élites criollas que denominaba como “imperialismo atraído” [21].

La aceptación de la intervención demuestra la incapacidad de los sectores de poder de estos dos países para constituir institucionalidad propia, de estar atados a un pensamiento colonizado, y el desprecio por convocar a la sociedad a refundar las bases del Estado que pongan freno a las mafias enquistadas en las instituciones y orienten las bases para garantizar los derechos ciudadanos. La intervención aceptada y por invitación, parte de desconocer que el asunto no es cómo dotar de instrumentos institucionales a la Justicia para resolver los problemas de impunidad y de independencia, sino cómo limitar el poder de sectores dominantes ligados a mafias y a grupos que buscan impunidad, vinculados al modelo económico que exportan las agencias y organismos internacionales.

La “asistencia” de las agencias de cooperación en materia de justicia está orientada a la estabilidad para los flujos de capital y los negocios

Asistencia o cooperación de agencias externas La asistencia de las agencias de cooperación en materia de justicia viene orientada a la estabilidad para el flujo del capital, facilitando ambientes de negocios y de inversión con seguridad jurídica. Así lo demuestra la visión de intervención en organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA), y los programas de

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La ‘invitación’ que hacen Colombia y Guatemala a Estados Unidos es coincidente con la ‘intervención preventiva’ del BID y la OEA

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asistencia al desarrollo de países centrales, como Estados Unidos, financian programas elaborados por sus tanques de pensamiento para elaborar rutas de asistencia a los países periféricos para que faciliten el desarrollo económico.

En 2015, el entonces vicepresidente de Estados Unidos advirtió que: “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto” [22]. Lo mismo podría decirse del respaldo de Estados Unidos, en 2016, para la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, concretando la ayuda anual de 450 millones de dólares para la continuación del Plan Colombia, llamado “Paz Colombia”. [23] Todos estos grupos sostienen los planteamientos de reforma a la Justicia en Latinoamérica, entendiendo que existe debilidad institucional, corrupción en la administración estatal y otros elementos particulares. Esa idea de fortalecer los Estados y sus instituciones está sujeta a las viejas concepciones de prevención del acceso de sectores subalternos al poder político por considerar que son antiestadunidenses, como fue la Alianza para el Progreso. Eso quiere decir que la intervención por invitación, antes descripta, es abiertamente favorable al deseo de intervención preventiva de Estados Unidos a través de sus agencias de cooperación, del BID y la OEA. El Banco Interamericano de Desarrollo está involucrado en la reforma a la Justicia de los países latinoamericanos desde la década de 1990, y cuenta con un programa que responde a lo que consideran los mecanismos para fortalecer y modernizar el Estado.

La intervención del BID en reformas legales

y judiciales ha incluido una variedad de actividades, entre ellas: -La redacción de leyes y reglamentos en diversas áreas del derecho como, por ejemplo, comercial, bancario, penal, administrativo y derecho de familia.

-Financiamiento para mejorar la infraestructura de los tribunales.

-Financiamiento para introducir sistemas informáticos modernos, especialmente para la compra de computadores.

-Apoyo para el establecimiento de consejos de la judicatura para mejorar las estructuras administrativas y políticas de recursos humanos de los tribunales.

-Apoyo y diseño de programas de capacitación para jueces y personal de apoyo.

Migración, resultado de políticas intervencionistas

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-Promoción de métodos alternativos para la resolución de conflictos (MARC) para mejorar el acceso a la Justicia y alivianar la carga de trabajo de las cortes.

-Diseño de programas de educación cívica.

-Apoyo y diseño de políticas públicas para prevenir la violencia [24].

El impacto de esta intervención del BID no está estudiada, como lo advierten los mismos documentos de la entidad. Tampoco consideran que los supuestos teóricos sobre los cuales están desarrollados sean acertados. Se trata de un asunto en extremo complejo, pues las orientaciones administrativas, la formación de jueces y el desarrollo de todos estos programas en Guatemala

y Colombia han sido desarrollados como un estándar. Mucho más teniendo en cuenta que esta institución apoyó la implementación del Plan Colombia, y la concreción de acciones de impacto en Guatemala relativas a la formación para la implementación de justicia [25].

No es menor el interés de la USAID al respecto. Las intencionalidades de esta entidad para incidir, desde sus planteamientos e idearios de justicia, en los mecanismos para la Reforma del Sistema Judicial son de igual proporción a los desarrollados por el BID [26]. En el caso colombiano la USAID se empleó a fondo con el tema de la reforma a la justicia, y en la implementación del componente “social” del Plan Colombia. En Guatemala, el plan de intervención de la USAID está centrado en el desarrollo de la seguridad y la Justicia [27].

Asistencia financiera, capacitación de jueces y fiscales, incorporación de supuestos teóricos sobre la Justicia, e incluso formatos de “formación cívica” orientados a modernizar el Estado y fortalecer la Justicia, constituyen una intervención blanda que es aceptada por los gobiernos, e incluso por sectores de la sociedad civil; sin embargo, son medidas que no están testeadas en la realidad de los procesos políticos y refuerzan las dinámicas económico-políticas hegemónicas que están en la base de las fallas y debilidades de los estados latinoamericanos. Y, en algunos casos, parecen reforzar el rol de los grupos de derecha más conservadores de la sociedad, como es el caso de Guatemala y Colombia.

Asistencia financiera, capacitación de jueces y fiscales y asesorías para modernizar el Estado, constituyen una intevención blanda

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Notas [1] https://www.celag.org/el-caso-santrich-y-el-intervencionismo-de-eeuu-en-colombia/ [2] https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/15/ thelma-aldana-candidata-presidencial-guatemala-corte-constitucionalidad-inscripcion/

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El pressidente de Guatemala, Jimmy Morales, en reunión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

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[3] http://www.journals.unam.mx/index.php/ deraizdiversa/article/view/58498/51735 [4] https://www.wola.org/sites/default/files/ CICIG%203.25.pdf (Capítulo I) [5] https://elpais.com/diario/2008/04/18/ internacional/1208469605_850215.html [6] https://prensarural.org/spip/spip.php?article13613 [7] https://www.wola.org/sites/default/files/ CICIG%203.25.pdf (Capítulo I) [8] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/desmonte-de-los-sucesores-del-paramilitarismo-gran-deuda-de-la-fiscalia-articulo-857890 [9] http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n19/ n19a06.pdf [10] https://www.prensalibre.com/guatemala/ justicia/narcotrafico-en-guatemala-deja-vu-de-rutas-y-metodos-pero-con-mucha-mas-cocaina/ [11] http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/indice-global-de-impunidad/

[12] Se pueden mencionar trabajos de Celag, entre otros: https://www.celag.org/wp-content/ uploads/2017/03/LawfareT.pdf https:// www.celag.org/lawfare-guerra-hibrida-disputa-geopolitica-america-latina/ https://www. celag.org/lawfare-la-via-legal-al-neoliberalismo/ [13] http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n35/ n35a07.pdf [14] http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataFiles/6165.pdf 15] http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-virtual/20100717021531/5Simone.pdf [16] http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/ handle/2015/2013/EVALUACIONDELAREFORMAPROCESALPENALENGUATEMALA.pdf ?sequence=1&isAllowed=y [17] https://www.wola.org/sites/default/files/ CICIG%203.25.pdf [18] http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n19/ n19a06.pdf [19] https://www.dejusticia.org/column/extradicion-impunidad-y-justicia/ [20] https://www.elpais.com.co/colombia/alvarouribe-velez-tiene-mas-de-186-procesos-en-lacomision-de-acusacion.html [21] Jaguaribe, H, (1972). Crisis y alternativas de América Latina: reforma o revolución. Páginas 98-99.

[22] La Hora, 3 de marzo de 2015. “Biden: La continuidad de CICIG es una condición de la Alianza para la Prosperidad” [23] https://www.politicaexterior.com/actualidad/paz-colombia-el-respaldo-de-obama-asantos/ [24] http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataFiles/6165.pdf, página 96 [25] https://www.semana.com/nacion/articulo/bid-luis-alberto-moreno-y-plan-colombia-2030/460457 [26] http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti5.htm [27] https://www.usaid.gov/documents/1862/ estrategia-de-cooperación-de-usaid-para-el-desarrollo-guatemala

MISCELÁNEO

EX LIBRIS

VICENTE LEÑERO LOS PERIODISTAS, UNA HISTORIA DEL DESPOTISMO PRESIDENCIAL ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

Éste es un texto de Vicente Leñero (1933-2014) que deberían estudiar alumnos y profesores en las escuelas de comunicación, ya que en él demuestra, por el admirable oficio de escritor: novelista, cuentista y dramaturgo más el de periodista, cómo abanderar hasta sus últimas consecuencias todas las libertades asido al asta de las libertades de prensa: escribir y publicar. Es por esto que, Vicente Leñero, Julio Scherer García y Miguel Ángel Granados Chapa son nuestros escudos para defender –con la vida misma– al periodismo como factor común de los demás medios que han aterrizado, tecnológicamente, en el internet y esa telaraña de las redes y la telefonía. Así que es necesario releer la crónica: Los periodistas, estudiarla y reflexionar sobre el abuso del poder presidencial del régimen despótico priistapanistaperredista que está ya en el féretro y “que llevan a enterrar entre cuatro zopilotes (los desgobernadores, los funcionarios federales, los presidentes municipales y los partidos) y un “ratón de sacristán”: el presidente de la República en turno.

II. En su investigación, Vicente Leñero nos cuenta los hechos de 1976, como recuerdos de la perversa maldad del tal Echeverría (Luis Echeverría Álvarez, Ciudad de México 1922); asesino, que con las garras del

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dictador, loco de remate (y que lleva firma como: “de la redacción”. Así varios años agonizando apestando a como en la televisión y la radio hacen excremento), se apoderó del periódico como si fuera veraz la información Excélsior por medio de sus testaferros, que difunden del “señor presidente”. para acabar, hasta ahora, con la única De esta manera, tenemos un Echeépoca de este medio en el periodismo verría en López Portillo, en De la crítico, combativo y forjador de una Madrid, en Salinas, en Zedillo, en opinión publica de lectores Fox, en Calderón y finalmente que sembró y cosechó la en Peña, comprando “lo más vibrante manifestabueno también cuenta” Autor: Vicente ción de la democracia por los directores de los Leñero directa, frente a la dediarios y concesionarios Título: Los periodistas mocracia representativa de las telecomunicacioEditorial: Seix Barral, de compra de votos y las nes, para que “lo malo Doceava edición, complicidades para conno se sepa”.

Seguramente 2015 trolar el presidencialismo del Vicente Leñero nos escribió, IFE-INE, el Trife y la Suprema Corte. como parte de su importante legado El libro Los periodistas, es una memoria Los periodistas, para no dejarnos atede los periodistas, obreros y adminismorizar por el presidencialismo y sus trativos del periódico Excélsior, que réplicas: los desgobernadores y el resto recordaba el periodismo de Francisco de los funcionarios, empresarios y Zarco. Por sus páginas se encuentoda esa fauna antidemocrática que tran los nombres que aparecen en el desde siempre desprecian y combaten índice. Y las fotografías de algunos a muerte –con homicidios incluso– a de ellos. Es toda una historia actual quienes se atreven a ejercer los dereporque los autoritarismos de nuestros chos constitucionales de las libertades presidentes siguen siendo amenazas de prensa oral, escrita y audiovisual. cumplidas (directas o indirectas), para Es una crónica sobre una historia de periodismo que defendió la libertad limitar y hasta llegar a cancelar las de prensa veraz, contrastada y de libertades de los periodistas para inhechos que permanecerá como contiformar y criticar. nuidad periodística apuntalada desde III. Y en el peor de los casos, 1541 (Humberto Musacchio, Historia llegando a domarlas a cambio de pugráfica del periodismo mexicano). Ésta es la blicidad e inserciones pagadas disfrazadas de “información” que la prensa importancia de Los periodistas.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 10 al 16 de junio de 2019

Año 18 • Número 645 • $30