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LA 4T Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LA PERSISTENTE CONTRADICCIÓN JORGE LUISAGUILAR/CENTRO DE DERECHOSHUMANOS FRAYFRANCISCODEVITORIAOP
ra octubre de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador participaba en la clausura de los "Foros de escucha por lapacificación y reconciliación" junto a representaciones de organizaciones y colectividades de víctimas. Sus palabras insistieron en atender "las causas de la violencia" y en "saber escuchar". En el séptimo punto de su discurso pedia que "las organizaciones de la sociedad civily la ONU [Organización de las Naciones Unidas] ayuden como obseivadores permanentes en toda la actuación del próximo gobierno" [l]. Es por ello que iniciado el sexenio las decisiones y declaraciones que ha tomado la "4T" con respecto de las organizaciones de la sociedad civil han provocado, por decir poco, gran desconcierto y confusión. De ese momento a la actualidad muchas cosas han pasado y muchas frases se han dicho. La contradicción comenzó apenas en las primeras semanas de 2019. Desde presidencia se envió una lapidaria "Circular l" con destino al gabinete legal y ampliado, la cual ordenó eliminar toda transferencia de recursos del presupuesto a los espacios de organización social, con el presunto propósito de "terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción". Apenas se obseivaban las primeras acciones concretas que, amparadas en la lucha anticorrupción, trataban con dureza a este universo complejo de organizaciones, el cual, dicho sea de paso, desde hace décadas ha sido un importante defensor de las luchas populares, de los derechos humanos, la democracia y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad. De esta manera, los recursos para el funcionamiento óptimo de las actividades de muchas de las
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16 de agosto de 2021
organizaciones de la sociedad civil han sido escasos, obstaculizando una larga lucha que a través de los años ha conseguido importantes conquistas como el robustecimiento del marco institucional para el fomento de sus actividades y el derecho a organizarse [2], que fue abriendo paso a su participación como actores de interés público e importancia social. De las alrededor de 40 mil organizaciones existentes en el Registro Federal de las Organzaciones de la Sociedad Civil, para el 2019 ya sólo el 0.3 por ciento realizó actividades con respaldo de recursos gubernamentales, un financiamiento que de por sí ya se reducía año con año pasó a ser prácticamente inexistente de forma drástica. A este escenario se suma la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que ahora integra nuevas condiciones que colocan aún más obstáculos para recibir financiamiento y donaciones autorizadas [3]. Por si fuera poco, muy recientemente se ha avivado el tema, pues desde el Senado una representante del partido en el poder presentó apenas en junio una iniciativa para facultar al Estado a "evaluar y registrar" a las organizaciones que reciban "recursos económicos del extranjero", con la supuesta intención de evitar que "dichos fondos sean utilizados para injerir en asuntos estrictamente competentes del Estado Mexicano". No hace falta decir que la propuesta sobra debido a que ya existen registros de las organizaciones y que ya hay gran cantidad de mecanismos para obseivar la legalidad de sus acciones e inteivenciones. Mientras tanto en la Ciudad de México, espacio que históricamente ha albergado una tradición de acentuada participación y organización ciudadana, recientemente fue reformado el Artículo 256 del Código Penal [4]
