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SEGURIDAD Tráfico de armas, negocio corporativo intocable de Estados Unidos José
En la materia, la relación bilateral de EU con México
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se trafican ilícitamente de mi país'
"Esperaríamos que Estados Unidos tuviera más elementos en la Agencia de Control de Armas y Aduanas [ ATF, en inglés] para proteger en sus fronteras la salida de armas, y acciones contundentes contra los traficantes de armas, con la misma intensidad con la que protegen sus fronteras del arribo de personas que buscan protección internacional", enfatizó.
Sin embargo, matizó que, por primera vez en la legislación estadunidense, el tráfico ilícito de armas ya es un delito federal, después de una relación bila-
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"' M N teral en la que el gobierno de Estados Unidos "nos daba elementos para responder al tráfico ilícito de armas. "Te doy fierros para combatir los fierros que se trafican ilícitamente de mi país", ironizó Celorio Alcántara.
El consultor jurídico de la SRE indicó que, si bien las demandas contra los fabricantes de armas de Estados Unidos han sido públicas, es mucho más lo que ha hecho el gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas al país, pues a menor disponibilidad de armas, sería más sencillo resolver situaciones de violencia. "Es evidente que menos armas, menos disparos, menos muertes, pero si es tan evidente, por qué no hemos logrado como comunidad internacional y como gobiernos vecinos detener el tráfico constante de armas", cuestionó.
Frente a los actores del negocio de la letalidad, el gobierno de México observó que Estados Unidos, por primera vez en su historia, persigue al consumidor de armas, un tema prioritario. "Dos gobiernos de manera unilateral persiguiendo traficantes y a usuarios de armas, que son los criminales que lastiman y amenazan en las calles".
Celorio Alcántara expuso que se ha propiciado "muchos más aseguramientos de armas en nuestro país, pero también en Estados Unidos, a partir de señalamientos del gobierno de México y cada vez más hay acciones contundentes en el ámbito penal contra traficantes de armas en ese país, y próximamente con los productores de armas en Europa''.
Actualmente, dijo, con el Entendimiento Bicentenario que se aleja de la Iniciativa Mérida en la que México vivía en una dinámica de responder a violencia con violencia, lo que quiere México es asegurar el que las armas estén para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por lo que exigió a Estados Unidos transparentar y regular con responsabilidad la venta de armas, objetivo de las demandas presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en cortes de Boston y Arizona, para exigirles a las empresas que rindan cuentas y resarzan los daños.
No sólo eso, México consultará ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos si existe responsabilidad de un Estado por no regular acciones de su sector privado, como es el caso del tráfico de armas de Estados Unidos a México, y que afecta derechos humanos en un tercer país.
Negocio de muerte
Así como del alcance puede tener una legislación doméstica en términos de respeto a los derechos humanos cuando frustra el acceso a la justicia de las víctimas, adelantó el consultor jurídico de la SRE.
Además, adelantó que México solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la Ley de Inmunidades [de Estados Unidos], "el gran problema en términos del acceso a la justicia para que las empresas rindan cuentas".
Las demandas en Boston y Arizona
Al desechar la demanda que presentó México en Boston el 4 de agosto de 2021 contra prácticas comerciales negligentes e ilícitas de fabricantes y distribuidores de armas, el juez estimó que es improcedente. Argumentó que México carece de standing (posición económica y social) conforme a las leyes estadunidenses, y que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLACA, en inglés), las protege y les da inmunidad, señaló Miguel Ángel Reyes Moncayo.
Durante su participación en el seminario El negocio de la letalidad· el tr4ftco de armas a México, el licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que cuando el país presentó su respuesta a estos argumentos, el 31 de enero de 2022, también se presentaron ocho escritos de Amigos de la Corte, integrada por fiscales y entidades de la sociedad civil estadunidense, víctimas, activistas y académicos que perdieron familiares como consecuencia de la violencia armada que se vive en Estados Unidos. "El escrito de Amigos de la Corte toca fibras muy sensibles porque describe lo puede llegar a vi-
vir una persona como consecuencia de la violencia armada'', anotó Reyes Moncayo. El documento fue firmado por 27 fiscales de distrito que se oponen a la venta indiscriminada de armas, incluso de Texas (uno de los estados con mayor flexibilidad en portación y uso de armas), por fiscales de condados de Béjar, Travis y Nueces que abarcan las ciudades de San Antonio, Austin y Corpus Christi, respectivamente, y uno del condado de Piman, Arizona, donde se comercia el mayor número de armas traficadas ilícitamente a México.
Los argumentos de fiscales de distrito no tienen un enfoque técnico jurídico, sino de lo que viven ellos día a día en el combate a la delincuencia, y del impacto que tiene el tráfico de armas a México, de aumentar el poder de fuego de organizaciones criminales, con lo cual suben niveles de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, genera una pelea en las calles de sus comunidades.
Respecto de las diferencias entre las dos demandas de México, dijo que en la de Arizona una de las características es que en el condado de Piman la gente repudia este fenómeno porque también sufren de la violencia que generan las armas. "Esto refleja que la gente y algunas autoridades de estos condados no están contentas con este fenómeno", apuntó Reyes Moncayo maestro en leyes por la Universidad de Houston.
Así, en Michigan, Virginia, Texas, California, Oregón, Arizona donde los fiscales del distrito alzan la voz, concluyen que, entre más armas, más violencia, y que, si bajan las armas, disminuye la violencia. Otro documento de los de Amigos de la Corte presentado por profesores de derechos humanos estadunidenses y especialistas cuestiona los efectos de la conducta de las empresas demandadas. "Se trata de prácticas negligentes que México argumentó cuyos efectos se sienten en el país y generan daños, por lo cual la legislación mexicana es aplicable y por lo tanto se puede superar el estatus de la legislación estadunidense que les otorga inmunidad a fabricantes de armas", apuntó el maestro Reyes Moncayo.
También Amigos de la Corte acogió un documento técnico con alto contenido legal de profesores y especialistas estadunidenses, tendiente a convencer al juez de la causa de que la ley que otorga inmunidad a fabricantes de armas -ley PLACA-
Fusiles de asalto, las armas más traficadas desde Estados Unidos
no aplica en el presente caso.
También otro escrito a Amigos de la Corte que se presentó de fiscales generales de 14 estados de Estados Unidos que tienen una vocación de mayor control de armas, como son Massachusetts, Hawai, Illinois, Maryland y Michigan, que padecen la violencia armada y que tienen que salir a las calles a combatirla.
El argumento principal de los fiscales estatales es que la ley PLACA debe ser interpretada de una manera muy estricta porque está limitando las facultades que tienen las entidades federativas de poder darle remedio a sus ciudadanos cuando son víctimas de un daño por violencia de armas de fuego.
Y conforme al derecho internacional privado es perfectamente válido y congruente que se aplique la legislación mexicana en este caso, por ser México el lugar donde repercuten todos estos daños ocasionados.
Finalmente, el escrito a Amigos de la Corte de
seis organizaciones de la sociedad civil estadunidense de renombre en materia de control de armas, como Every Down Safety que agrupa el mayor número de personas en Estados Unidos, así como Newton Action Alliance fundada tras la masacre en Sandy Hook en 2012, y Marge for Awells Action Font constituida tras el tiroteo en Parkland, Florida, en 2018.
Su escrito se basa en convencer al juez de que prácticas de empresas de armas constituyen una molestia pública, uno de los argumentos del gobierno de México y, por lo tanto, deben de ser consideradas responsables superando todas las inmunidades que puede ofrecerles la legislación estadunidense.
La maniobra de jueces para rechazar demandas
Por su parte, León Castellanos -investigador en el Instituto Asser para el derecho internacional y europeo en La Haya-señaló que el juez no desecha la demanda por conveniencia, sino porque es una figura jurídica que utilizan autoridades judiciales para decir "esta no es la jurisdicción apropiada para dirimir esta controversia, prevista en la Ley PLACN.'.
También le impide entrar en el fondo del asunto y la mayoría de las demandas que entran a Estados Unidos para responsabilizar empresas casi siempre se desechan por inconvenientes, indicó el especialista.
Sin embargo, aclaró que la jurisdicción estadunidense también señala que el juez tiene capacidad de resolver la demanda y que podría prosperar en la fase procesal siguiente, porque se acredita que el caso está bien encausado en el sistema judicial norteamericano.
La Ley PLACA inhibe el acceso a la justicia por parte de víctimas en Estados Unidos, violentando tratados de derechos humanos, en especial el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, firmado ante las Naciones Unidas y del que Estados Unidos es parte.
No existen tampoco mecanismos de compensación como hay para otras industrias -como las de vacunas contra la Covid-19-; así, la industria de las armas goza de inmunidad de proceso, no se le puede demandar y el gobierno se aseguró de esto para que pudiesen continuar con sus trabajos, y se crearon fondos de compensación para personas que habían sufrido de un daño.
En ese sentido, León Castellanos refirió: "imaginemos que no hay acceso a la justicia, pero que el gobierno diga, bueno existe PLACA, pero voy a crear un fondo especial para las víctimas para atención médica postraumático, daños materiales, etcétera'', por uso de armas de fabricación estadunidense en México.
Sin embargo, no pueden reclamarse daños por estas rawnes, lo cual confirma que no existe ninguna agencia federal en Estados Unidos que tenga competencias sobre la regulación de la seguridad y de cómo se fabrican las armas, y esto va justamente en contra de las promesas que se habían hecho cuando PLACA se aprobó en el Congreso estadunidense. "En la Cámara de Representantes, quienes formularon en 2005 la ley PLACA señalaron
Armas largas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
que no cerrarían la puerta al juzgado a víctimas, ni denegarles el acceso a la justicia, y respetar los derechos humanos, el acceso a las cortes a quienes lo necesitaran, pero no ha sido así", destacó el investigador.
Y añadió que hay iniciativas en el Congreso de Estados Unidos que están buscando revertir los efectos de PLACA, y es por eso que la demanda de México se inserta en este movimiento.
Tráfico de armas, imperialismo
La territorialidad de leyes es del dominio del imperialismo, en un mundo globalizado, donde varios tribunales, en particular en los países occidentales, tienen quejas que vienen del Sur global en distintos campos del derecho internacional, subrayó Dalia Palomo, investigadora de la Universidad de Milán, Italia.
"Una ley extra territorial en la evaluación que hacen los tribunales de Estados Unidos sobre se considera una imposición en otros países y en algunos casos, cuando la decisión viene de un país occidental en oposición al Sur global, el tema se convierte en una aplicación territorial de la legislación, esto es imperialismo", atajó al participar en el foro.
En relación a los derechos humanos, planteó entender cómo tribunales de Estados Unidos actúan en relación a la extraterritorialidad y la su legislación en el extranjero permite que se aplique la ley de sanciones cuando una conducta transnacional afecta a ese país.
Aplican extraterritorialmente en una forma muy amplia, ciertas sanciones secundarias a personas que no tienen ninguna conexión directa con Estados Unidos, simplemente porque han usado dólares estadunidenses en la transacción, sobre todo casos relacionados con los corporativos. En este
contexto, el caso de México es diferente, merced a que tribunales estadunidenses suelen analizar casos de corporativos comerciales y su relación con derechos humanos con base en la Ley PLACA.
Las cortes distritales tienen jurisdicción original de cualquier acción civil por un extranjero en una violación a un tratado internacional, en el que Estados Unidos le permite a la jurisdicción acciones cometidos en violación de la ley PLACA que van en contra de los derechos humanos. Significa que este Estatuto es aplicable en casos en que una víctima quiere presentar una demanda por de daños civiles contra empresas fabricantes de armas, porque tuvo un daño cometido por el uso criminal o inadecuado de este producto.
En el caso de México los alegatos fueron por prácticas de venta y distribución de armas a grupos criminales, y se decidió que estas acciones ocurrieron en México, por lo que no es aplicable la extraterritorialidad, y el juez decidió de forma similar a la Suprema Corte sobre una ley que el Congreso no hiw explícita.
Es decir, si el alegato en este caso es que es meramente doméstico y solo causa daño transnacional en México, esencialmente significa que se decidió que la presunción de extra territorial no es aplicable porque la distribución armas y su relación con actividades ilegales en México son meramente nacionales y por lo tanto no es relevante para PLACA.
El juez pudo haber decidido la presunción de extra territorial porque empresas de Estados Unidos se involucraron directamente en proporcionar armas destinadas a grupos criminales por supuesto que hay una conexión, un vínculo relevante entre el Estatuto y el uso ilegal de estas armas y su el paso por Estados Unidos.
El siguiente punto para la Corte de Apelación sería como aplicar PLACA y cuál es la comprensión correcta de inmunidad en Estados Unidos o si sería un tema de extra territorialidad, lo cual, de cierta forma, es un caso excepcional porque el debate ya no es de extraterritorialidad, sino de cómo aplicar la ley de los Estados Unidos.
Otra razón muy difícil de alegar es el carácter del imperialismo y el uso de la Ley PLACA de Estados Unidos extra territorio,y la imposición de esta ley a otra nación víctima que presentó una queja contra una empresa como lo es México, es el aspee-
Estados Unidos aplica sus leyes de manera extraterritorial. Se comporta como una potencia imperial en pleno xiglo XXI
to revolucionario de este país porque decidió presentarla en Estados Unidos en lugar de una Corte Internacional de Justicia.
Cualquier otra posibilidad o instancia internacional como agencias de derechos humanos con base en que otro Estado está involucrado o tiene leyes establecidas que pueden afectar a México, en lugar de utilizar la ley internacional, decidió presentar un caso contra una empresa, significa que todos reclamos sobre la imposición de la Ley de Estados Unidos en otros países ya no se consideran
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Violaciones a los derechos humanos a la consulta previa, a la protesta, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura, a la vivienda digna y a la información son apenas una muestra de las repercusiones de la Torre Mítikah en los habitantes del pueblo originario de Xoco, en la Ciudad de México
FRIDAAGÜERO, ELISA DOMÍNGUEZ, ITZEL GARDUÑO, SAMANTHA GÓMEZ, CARLOS URIBE, FE PÚLITO/TEXTOY FOTOS
1 menos siete derechos humanos --garan1zados por la Constitución Mexicana y el erecho internacional-han sido violentados de forma sistemática durante la construcción y posterior apertura de la Torre Mítikah, ubicada en el corazón del pueblo originario de Xoco, en la Ciudad de México. La vulneración a seis de ellos -a la cultura, al acceso al agua limpia, al medio ambiente sano, a la vivienda digna, a la protesta social y a la información-se deriva de un primer derecho que violentaron las autoridades de la alcaldía Benito Juárez -por lo intereses que han prevalecido al amparo del llamado cártel inmobiliario-en complicidad con los desarrolladores: Fibra Uno.
Se trata del derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen garantizado los pueblos originarios por la vía constitucional y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México, y que en este caso jamás se respetó. Éste es un derecho fundamental de defensa de
las comunidades originarias, que establece la obligación de consultarlas cuando hay una afectación potencial a alguno de sus intereses o derechos, y por eso se le considera garantía fundamental de protección del resto de los derechos, señala la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH). paña de la impunidad. "Hemos sufrido golpes. Incluso a las personas mayores" las han agredido físicamente, comenta Álvaro Rosales, presidente de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco. El amedrentamiento ha sido uno de los factores principales que ha roto el tejido social, el otro: el encarecimiento de la vida en la zona que ha desplazado a decenas de personas, fenómeno conocido como gentrificación.
Grupos de choque, golpizas y vigilancia
El megaproyecto de la Torre Mítikah se echó a andar sin el consentimiento del pueblo originario, violentando -primero-el derecho a la consulta, luego el derecho humano a saber, pues durante más de 14 años ninguna autoridad delegacional o del gpbierno capitalino les ha brindado información sobre este megaproyecto, sobre el presupuesto público ni sobre sus derechos humanos.
Por el contrario, a los habitantes del lugar les sobrevino el "terrorismo"inmobiliario que se acom-
Los grupos de choque han sido identificados por los habitantes de Xoco como cercanos a las autoridades de la alcaldía. La represión a la que han sido sometidos se ha dado a pesar de que "la protesta es un derecho [humano] con una multiplicidad de características que lo vinculan con otros derechos en formas diversas. Por un lado, es un derecho que, en su ejercicio, busca la reivindicación de otros derechos. [Y por otro lado] su realización está profundamente vinculada a otros derechos, como la libertad de asociación, de manifestación y de expresión'', de acuerdo con la ONU-DH.
LISTAS, LAS DENUNCIAS CONTRA MÍTIKAH
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (Cejur) presentará denuncias contra los desarrolladores inmobiliarios de la Torre lvlítikah ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. "Están listas las denun cias", señaló Néstor Vargas Solano, titular de la Cejur.
Consultado por Contralínea el 3 de diciembre pasado durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que las denuncias derivan por las violaciones de Fibra Uno --desarrolladores del proyecto Mítikah-, a la Ley de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Constrncciones. Dichas violaciones implican sanciones penales.
Asimismo, el consejero jurídico de la capital indicó que también se advierten funciones de carácter administrativo. "Vamos a dar vista a la Contraloría General a efecto de que haga las investigaciones pertinentes en el caso de servidores públicos que estuvieron involucrados".
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Carlos Alberto Ulloa Pérez -secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), señaló que persiste el interés de la desarrolladora por continuar con el proyecto. Pese a que la Secretaría no ha emitido ninguna autorización.
Por otra parte, indicó que actualmente la Seduvi y el pueblo originario de Xoco han llegado a acuerdos a través de mesas de trabajo. Al respecto, hizo mención del centro de salud "a cargo de la desarrolladora". Asimismo, señaló, "se constrnyó el pozo -que conectará a la red hidráulica de la Ciudad de México-y se hizo la adecuación vial".
Se busca que se cumpla con las medidas de mitigación por las afectaciones al pueblo originario de Xoco, enfatizó Ulloa Pérez. "Aún faltan un porcentaje mínimo, aún faltan cumplir con esas medidas de mitigación, pero estamos pendientes".
El secretario señaló que se insiste porque se cumplan con las medidas establecidas. De no hacerlo, subrayó, los pemüsos de autorizaciones y liberaciones no serán dadas. (Andrea Gómez)
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Capilla San Sebastián Mártir Xoco
- Primera parada - Segunda parada
Recorrido Oxoco
Colonias Benito Juárez
Colonias Coyoacán
- Colonias Álvaro Obregón - Centro Coyoacán
Mitikah, Ciudad Viva
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La violencia ha sido factor de quiebre dentro de la resistencia. Del multitudinario grupo que comenzó la lucha en defensa de su territorio y sus costumbres, hoy queda menos del 10 por ciento de sus miembros, explican los afectados. "Los más constantes son entre 20 y 30 [integrantes]. Inicialmente, empezamos como 400 personas", expone la tesorera de la Asamblea, quien pide no ser identificada con su nombre por miedo a sufrir consecuencias. "Muchos se retiraron porque tienen hijos y no quieren que los vean ahí [ en las protestas] y al rato agarren represalias con sus hijos", señala Elizabeth, la escrutadora de la Asamblea, quien solicita no citar su apellido por el mismo temor. Los grupos de choque se hacen presentes en cada manifestación para amedrentar a quienes aún se oponen al despojo material y cultural; pero también vigilan en su cotidianidad a los más vecinos activos. ''A veces hay carros y motos que se nos emparejan y nos siguen'', comenta la escrutadora.
Por ello, los habitantes de Xoco han tenido que cambiar sus rutinas e incluso instrumentar medidas de seguridad y autoprotección. En entrevista, narran que cuando advierten que alguien desconocido los está siguiendo, localizan algún comercio abierto y se meten. En caso de no encontrar, procuran ser vistas por alguien más incluso si no lo conocen. A veces usan chamarras con capuchas, o únicamente salen de día. También se coordinan entre ellos para avisar su ubicación.
Mítikah -el complejo inmobiliario más grande de América Latina, como lo describe Fibra Unollegó a cambiar para siempre la vida de los habitantes del pueblo originario. Hace más de 10 años que
los pobladores padecen violaciones a sus derechos humanos por la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez (gobernada por el PAN); no obstante, la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco se fundó hasta 2017, cuando el daño a sus casas y áreas comunes se recrudeció.
La señora Elizabeth -escrutadora de la Asamblea-explica que la comunidad se rompió por los ataques constantes y la campaña de mentiras, al grado de convertir a la resistencia en un grupo rechazado y obligado a esconderse. "Ellos [la alcaldía y la inmobiliaria] decían que querían arreglar las calles, pero que la Asamblea no los dejaba''. Muchos pobladores creyeron que era así y se pusieron en contra de la organización, señala.
La estigmatización de la protesta social fue más allá. Los integrantes de la Asamblea consideran que, tanto las autoridades de la alcaldía como los representantes de la inmobiliaria corrieron el rumor entre los trabajadores de la construcción de que las manifestaciones ponían en riesgo la continuidad de su trabajo.
Al respecto, narran que en un encuentro con ellos, los miembros de la Asamblea fueron acusados de estar violando su derecho al trabajo. Pero "nosotros no nos oponemos al trabajo, nos oponemos al proyecto", indica Álvaro Rosales. El representante de la Asamblea agrega que ninguna de las explicaciones que les daban a los trabajadores de la construcción frenaba su enojo.
La tesorera de la Asamblea complementa sobre la ruptura de las relaciones sociales: "antes no nos hablábamos, pero de perdida sabíamos quién era quién; cuando nos empezamos a juntar para luchar por el beneficio del pueblo, lastimosamente, a muchos pobladores se los jaló el gobierno por intereses de estos señores".
La señora Elizabeth explica que, bajo engaños, en una ocasión, personas identificadas como trabajadoras de Mítikah hicieron un censo para reportar los daños a sus viviendas que supuestamente la empresa iba a reparar: no sólo entraron a sus casas, sino que recabaron sus datos. ''Ahora tienen nuestros datos personales. Mi casa se empezó a agrietar y no han hecho nada''. Ahora, dice, teme que uso le puedan dar a la información personal en manos de personas que nunca han demostrado la menor preocupación por el bienestar de la comunidad.
Imposición
Las violaciones a los derechos humanos se vienen en cascada: años de construcción de la Torre Mítikah significan años de destrucción de las casas más humildes de la wna, vulnerando con ello el derecho humano a la vivienda digna y poniendo en riesgo a los habitantes ante fenómenos naturales como los sismos.
Para hablar de estas las violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Xoco y de las denuncias penales que interpondrá el gobierno capitalino, Contralínea buscó a Fibra Uno mediante Francisco Galindo, integrante de la agencia Zimat, que lleva relaciones públicas de la desarrolladora inmobiliaria. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Otro derecho humano que viola este megaproyecto inmobiliario de Fibra Uno es el que tienen las comunidades a su cultura, y específicamente a sus tradiciones. Cada 20 de enero, en Xoco se celebra la fiesta de San Sebastián Mártir, el santo patrono del pueblo originario. Desde la capilla -que lleva el nombre del santo-, los habitantes recorrían avenida Churubusco hacia la avenida México-Coyoacán; salían por Eje 8 y volvían al punto de origen.
No obstante, la ruta de la procesión también ha sido impactada por el centro comercial que está integrado a la Torre Mítikah, tras haber privatizado una de las calles de este pueblo. ''Aquí es pueblo, la gente va a encontrar la manera de seguir con las tradiciones por más que no les guste", dice, contundente, Virginia Vázquez, quien cuida y vive a espaldas de la iglesia, en referencia a la celebración de 2023. "Esta calle principal [Real Mayorazgo] antes la cerraban para tener la festividad. Ahora no sabemos cómo va a quedar porque se atravesó [la pandemia de] Covid-19 y todo eso y no se ha hecho la feria como se hacía. No sé en esta temporada que viene. En enero es la primera festividad, no sé cómo lo vayan a realizar, pero sí afecta'', indica la tesorera de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.
Desde la apertura de la Torre Mítikah, la alcaldía no tiene plan de acción para asegurar la ejecución de la fiesta y la peregrinación en los términos de las tradiciones de los habitantes. Además de ser
iNO QUEREMOS MORIR!
FUERA
CORRUPCIÓN DE LA CONSTRUCC!Ó
Resistencia
un derecho humano, en la propia Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce que los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a "preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistema de escrituras y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas".
Para la arquitecta y urbanista Raquel Rodríguez, "la verticalización [ de la vivienda] es el cáncer urbano". Acerca del megaproyecto inmobiliario de Fibra Uno, indica que ya partió a la Iglesia de San Sebastián, patrimonio histórico del siglo XVII con sus excavaciones. La capilla a la que hace referencia es el centro de reunión más importante para las tradiciones. Ésta se encuentra a escasos metros del complejo y a orillas del pueblo.
Los habitantes de Xoco no planean realizar ningún cambio en las festividades. Por el contrario, mantienen una pos1c1on combativa ante las posibles presiones. De acuerdo con María de Jesús Real García Figueroa, miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, una de las fiestas más importantes de Xoco es el Día de Muertos. La tradición continuó este año. Aún con la plaza comercial inaugurada en la Torre Mítikah, los habitantes se siguen congregando en el panteón y en las casas aledañas.
Aunque la cultura, y específicamente las tradiciones están amparadas por el derecho internacional y el derecho mexicano -al ser consideradas un derecho humano fundamental-los pobladores temen ser hostigados en su próxima fiesta patronal, que de por sí tendrá que cambiar de ruta. Ello, porque han recibido quejas del hospital integrado a Mítikah, bajo el argumento de que los estruendos causados por el uso de pirotecnia causan molestias a los pacientes y al personal médico. Para el pueblo
originario, lanzar los petardos es parte inherente de la festividad.
De acuerdo con la CND H, "la cultura representa un elemento crucial en la comprensión de la humanidad y su devenir, al corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social, a través de manifestaciones creativas por las que se trasmiten ideas, prácticas y conocimientos que incluso por sí constituyen parte de esa realidad objeto de apreciación. Se sostiene también que el concepto de cultura denota a las formas de vida que han existido en el transcurso del tiempo y en diversas latitudes, además de que guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquéllas se manifiestan. Bajo cualquier perspectiva, la cultura define la condición del género humano: ella ha posibilitado explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo, de ahí que en el terreno axiológico su reconocimiento cobre especial relevancia para la realización de las condiciones de existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por ello, en atención a las contribuciones que conlleva en la dignidad humana, se han reconocido como derechos humanos el acceso y protección tanto a la cultura como a sus manifestaciones".
Sin derecho al agua
Entre los seis derechos que se han violado con este megaproyecto inmobiliario está el del acceso al agua. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éste "es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico. En este sentido, la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud".
La construcción de Mítikah en el corazón de Xoco es sinónimo de carencia de agua. Integrantes de la Asamblea y vecinos explican que la escasez de este recurso vital comenzó hace más de dos años, y se ha incrementado con la apertura de la plaza en este 2022. Para muestra, abren las llaves de la tubería de sus casas y nada brota de ellas.
XOCO RESISTE
.Mítikah ya abrió sus puertas, sin embargo, la lucha no se detiene. Nuevos elementos de seguridad con pulcros uniformes, tiendas departamentales de lujo en funcionamiento y un creciente flujo de visitantes reflejan el avance de _Mítikah en la zona. Sin embargo, su triunfo no es definitivo: pese las presiones de las autoridades, los habitantes de Xoco mantienen una actitud combativa.
Una de las primeras victorias ganadas por los habitantes fue conseguir la denominación de "Pueblo originario" en 2017, debido a que han mantenido su estructura social y política. Y como Mítikah no es un fenómeno aislado -pues de acuerdo con el Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de .México, se iniciarán 24 proyectos estratégicos-, actualmente la Asamblea de Xoco se suma a las manifestaciones de otros habitantes organizados que se oponen a las megaobras. Ejemplo de ello fue la protesta pacífica realizada el 20 de noviembre de 2022 afuera del complejo comercial organizada por "De Batl Contra la Ciudad :Mercancía".
A la reunión asistieron integrantes de la Asamblea, pobladores de la localidad, así como representantes de la música de protesta, entre ellos David D Omni, rapero cubano que permanece en el exilio y Femando Barrios mejor conocido como El lvlastuerzo, quienes fueron los jueces de los encuentros. También hubo una fuerte movilización policial que, en más de una ocasión, trató de mover a los manifestantes. Ante las manifestaciones y acciones de resistencia del pueblo de Xoco, El ·Mastuerzo, ícono de la canción de protesta, comentó: "qué bueno que se hagan, a pesar de que ya está esta cosa, como tantas otras cosas, el solo proceso de resistencia, el vivir ese proceso es importante; que se escuchen las voces que son disidentes de este tipo de proyectos que atentan contra la cultura de un pueblo, en este caso el pueblo de Xoco".
El complejo es la muestra más acabada de cómo se decidió favorecer a los desarrolladores inmobiliarios sobre el pueblo originario. Aunque las acciones para concretar la constrncción de lvlítikah están casi concluidas, los habitantes de Xoco se mantienen en pie de lucha para defender su localidad y tradiciones. Si una torre atrae más torres, el activismo también se contagia.
DINERO PÚBLICO EN OBRAS DE MITIGACIÓN DE MÍTIKAH
Una parte de Xoco luce iluminado, las calles adoquinadas y la pintura prolija dan una imagen de renovación sin que se conozca el origen del dinero, pues no ha existido diálogo entre sus representantes y las autoridades, generando así una fu.Ita de transparencia.
La empresa del complejo, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), declaró: "_Mítikah cuenta con los permisos necesarios para la construcción de las obras del plan maestro autorizado, inclusive las ambientales, y realizará las medidas de mitigación correspondientes, con estricto apego y cumplimiento a la normatividad vigente". La gente no sabe quiénes están detrás de la mejora y la empresa ha aprovechado el desconocimiento para que se le atribuya al proyecto l\1ítikah, pero bien podrían ser recursos públicos, denuncian.
Datos oficiales revelan que es así. Por ejemplo, los adoquines y el mejoramiento de las banquetas en la calle de San Felipe son parte de la primera etapa de "Enchular Xocd', un proyecto ganador de la convocatoria 2020 y 2021, de acuerdo con el listado de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo.
Álvaro Rosales, presidente de la Asamblea, también es representante de Xoco desde 2020 en las Comisiones de Participación Comunitaria ( Copaco) de la Ciudad de _México, quienes gestionan el presupuesto participativo. Al verse inmerso en las dinámicas de la Asamblea, profundamente vulnerada y agredida, la transparencia del ejercicio del presupuesto se ve entorpecida. "Las medidas de mitigación son esta plaza, ¿para qué le sirve al pueblo de Xoco?; las medidas de mitigación son este circuito, de nuevo, sólo útil para entrar a la plaza', añade Álvaro Rosales.
También denuncia que la empresa Fibra Uno aprovechó la pandemia para trabajar a marchas forzadas y con menos interrupciones. Antes del coronavirus, la apertura del complejo se proyectaba en 2024. l\1ítikah se inauguró el 23 de septiembre de 2022. Del 2019 al2021 fueron años clave para apresurar y consolidar el proyecto.
Por la emergencia sanitaria, la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial suspendió los plazos y términos inherentes a los procedinlientos y trámites, a partir de marzo de 2020 hasta septiembre de 2021; entre ellos, las quejas por mido y vibraciones, contravención, cortes de agua, contaminación visual y residuos, por lo cual los babi tan tes de Xoco quedaron en total desamparo.
"En todos estos años, desde 2018 y desde años atrás, se metieron muchos amparos y muchas quejas en todas las instancias. Ningún gobierno hizo nada', señala Elizabeth. Varios vecinos han acudido a los órganos reguladores a poner denuncias, pero el sentimiento de desaliento es generalizado.
Las irregularidades legales no han sido atendidas. Por ejemplo, no se hizo una consulta previa al ser pueblo originario ni a lascolonias aledañas, menciona Álvaro Rosales.
Consultada mediante la Ley de Transparencia, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México dice no tener el certificado del pem1iso administrativo temporal revocable otorgado a la empresa Fibra Uno para el cierre y uso exclusivo de la calle Real de Mayorazgo.Tampoco tiene los certificados de los documentos por los cuales se autoriza el cambio de trazo de la vía pública de la calle Real de l\1layorazgo, Xoco, alcaldía Benito Juárez, y no hay señalamiento alguno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde se haya publicado dicho cambio del uso de la vía pública para ser de uso privado.
La zona patrimonial de Xoco tiene un límite de tres pisos de construcción, mientras que el Programa de Desarrollo Inmobiliario Benito Juárez permite seis. La Torre lvlítikah tiene 68.
Pueblo ocupado
Xoco se levanta sobre una superficie fangosa que le permitía contar con numerosos pozos de agua alimentados por el Río Churubusco. Tras la llegada de las constructoras a la comunidad, la riqueza hídrica del suelo ha sido saqueada para abastecer los complejos comerciales, denuncian. "Nosotros escarbábamos tres metros y teníamos agua dentro de la casa, alrededor de los 50 [ década de 1950], que fue cuando entubaron el río Churubusco. Nosotros en nuestras casas nos hacíamos con nuestro pozo de agua. Hoy en día tenemos tres pozos muy cercanos: dos en General Anaya, uno junto al 1200, que era Bancomer y que hoy es la SEP, y uno que está en la alcaldía. Aún así no tenemos agua'', narra Álvaro Rosales.
La arquitecta y urbanista Raquel Rodríguez señala que el complejo inmobiliario Mítikah consume 5 millones de litros de agua al día, cantidad equivalente a lo que consumirían 23 mil vecinos del pueblo de Xoco. De acuerdo con los habitantes, los representantes de Mítikah les han asegurado que el desabasto se debe a la ruptura de una tubería generada durante las obras de construcción. "Se cortaron los tubos de agua, por un error, por lo que sea, pero ahorita ya van a ser dos años que no abren las tomas de agua'', indican. Vecinos de la comunidad mencionan que, pese a las supuestas obras de mitigación, el flujo de agua es irregular e insuficiente. La única manera de conseguir un poco del líquido es recolectando en botes el poco que cae durante las madrugadas. Comentan que las autoridades de la zona no les proporcionan agua y que ante esta situación se han visto obligados a comprar pipas particulares. "No han mandado pipas. ¿A quién le han dado pipas? Yo no tengo agua para entrar al baño. Aquí no tenemos tinaco porque mi techo es de lámina, no tenemos tinaco, no tengo agua. Si no cae de la llave,
tú abres una llave y no hay agua. Yo me baso nada más en el agua que sale de la llave porque no tengo agua. Entonces, no. ¿La delegación, apoyarnos? No ha apoyado en nada'', acusa María Concepción.
La alcaldía Benito Juárez asegura que no tienen denuncias sobre falta de agua ni tampoco ha recibido solicitudes para que se suministre el vital líquido por medio de pipas. Además, argumenta que si hay escasez es por las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala.
Para los pobladores, el cierre del suministro de agua es un mecanismo de censura, de escarmiento por la lucha social. Los integrantes de la Asamblea de Xoco encuentran un patrón: cada vez que salían a las calles a manifestarse, al regresar a sus casas las tuberías estaban secas. "Esta manifestación que estamos haciendo nos va a costar 15 o un mes de no tener agua. Antes salíamos a manifestarnos y en cuanto terminaba la manifestación o en el mismo momento en el nos estábamos manifestando, el agua nos la quitaban'', señala la tesorera de la Asamblea.
Desplazamiento forzoso, pérdida de tradiciones, deforestación
La Torre Mítikah también ha significado violaciones a los derechos humanos a la vivienda digna y al medio ambiente sano. En el primer punto, este megaproyecto ha generado desplazamiento forwso de una fracción de sus antiguos habitantes, privando de su hogar a quienes hasta antes de esta obra vivían aquí.
Ello, porque el costo del impuesto predial subió exponencialmente. Muchas familias se han mudado por el incremento de los precios de las rentas e incluso de los servicios y hasta la alimentación. "Había más familias. Eran muchos vecinos
Contextos populares subordinados a parques comerciales
FUERA CORRUPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADO SEREMOS PRIVADOS DE TODO
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, ende realizar una mega plaza comercial. hotel y departamento• l1F:t~á la vialidad en la zona : !,n,,¡•á el casio de serV1c10s basicos (agua. luz y pred,a) Hab1,;¡or escasez de agua · !e fiurara el drenaJe público. 'Ime,•,ra la delmcuenc1a ,li,.ate. oryanlzate y defiende tu patr1mamo
Luchas padficas
del pueblo y muchos se cambiaron [de casa] por lo mismo. Vendieron sus terrenos", explica Lilia Muñoz.
Esta elevación en el costo de vida cambió profundamente el equilibrio urbano de la wna, expulsando así a los habitantes originarios de los barrios, que al mismo tiempo eran los más pobres, y atrayendo a nuevos residentes -con más poder adquisitivo-, con muy poca vocación de arraigo y amor por la comunidad, consideran.
María Teresa Padrón Álvarez, maestra en planeación y políticas metropolitanas, explica que los residentes nuevos "comparten muy escasamente rasgos de identidad con referencia al pueblo, como antiguo tipo de vida comunitaria''. A la fecha, no existe un censo de cuántos habitantes que nacieron y crecieron en Xoco -y que después heredaron sus costumbres, tradiciones y hogares a sus sucesoreshan sido desplazados.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Reconocido de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales", señala la ONU-DH.
El desplazamiento no es el único impacto. A éste se suman las casas con daños estructurales por los movimientos en el terreno que causó la obra, así como la saturación de las vialidades. En Xoco todo ha ido para mal.
Respecto del tránsito de automóviles, éste ha aumentado de forma considerable, causando contaminación del aire y también por ruido.
Ofrenda a generaciones pasadas
Tan sólo las dimensiones del estacionamiento de Mítikah son muestra de la demanda que se espera: tiene la capacidad para 13 mil 800 vehículos.
Adicionalmente, al privatizar la calle Real de Mayorazgo, los automovilistas tienen que cambiar sus rutas optando por la lateral de Río Churubusco, lo que genera una mayor afluencia en una sola vialidad. La pérdida de esta calle también dificulta el acceso al metro en favor de los 13 mil vehículos que se esperan, según las modificaciones al proyecto autorizadas por los gobiernos de Ebrard y de su sucesor, Miguel Ángel Mancera.
La construcción de Mítikah se expandió más allá de lo acordado, limitando el espacio que los vecinos utilizaban para llegar a las vialidades que los conectan con el resto de la ciudad. Don Álvaro Rosales denuncia que se apropiaron de 19 metros cuadrados del pueblo.
La contaminación del aire y por ruido no es la única violación al derecho humano al medioambien te sano: Mítikah ha sido sinónimo de ecocidio. Tan sólo en2019,la empresa Fibra Uno taló más de 50 árboles, según reportes de la prensa. Los trabajadores de Mítikah cerraron el paso con láminas para esconder el ecocidio. Utilizaron camionetas con placas del Estado de México y sellos del Gobierno de la Ciudad de México de la administración anterior de manera ilegal, informó en su momento la Secretaría de Medio Ambiente capitalina. Esto ocurrió en un contexto de revisión de permisos otorgados a Mítikah, pero la empresa rompió comunicación en las mesas de diálogo.
Como supuesta reparación del daño, en la entrada del complejo inmobiliario se plantaron nuevos ejemplares arbóreos. Sin embargo, éstos no están integrados al ecosistema, por lo que no cumplen su función como área verde. Sus raíces
chocarán con el techo del estacionamiento.
Aquí, la alcaldía Benito Juárez no cumple con la cantidad de áreas verdes indicada por los reglamentos. De acuerdo con la Sedema, la superficie de área verde promedio por habitante en la Ciudad de México es de 7.54 m2 • El promedio de Benito Juárez es de 2.2 m2 •
Desde el 28 de junio de 1999, el derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que: "toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar", señala la CND H.
Agrega que, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, el medio ambiente tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general.
Mítikah no sólo es la torre más alta de la Ciudad de México, y la tercera del país -constituida por dos torres -una de ellas de 68 pisos--, un edificio de 23 niveles, y un hospital-, sino que quizá es el megaproyecto inmobiliario que más daño ha causado a un pueblo originario en la Ciudad de México y entraña una gra ve amenaza el patrimonio cultural y
El derecho humano a la salud es otro que ha sido vulnerado en casos concretos. lvlaría Concepción Flores es un ejemplo de ello. Durante la etapa de construcción de la plaza, sufrió una caída debido a negligencias de los desarrolladores que no ponían advertencias en las excavaciones. Esto le ocasionó un daño neuronal. "Cuando estaban poniendo el piso en la obra de mitigación, pese a que es zona federal, esa banqueta ellos la rompieron, entonces, yo cuelgo mis cosas ahí. A las seis de la maiiana yo abro mi cortina y en cuanto pisé la banqueta se desmoronó. La picaron por abajo y dejaron el cascarón, me caí. Tengo lesión en la quinta y sexta vértebra, también desplazamiento de vértebras que me está oprimiendo el nervio. No tengo mucha movilidad en este brazo, no puedo cargar cosas de más de tres kilos, no puedo dormir, mi vida cambió muchísimo, radicalmente".
María Flores comenta que, al inicio, representantes de la Sedema le proporcionaban facilidades para que acudiera al médico; la acompaiiaban a las consultas y le brindaban las medicinas. Sin embargo, la entrega de los medicamentos no era oportuna, pues ella tenía que insistir para que se le suministraran.
Con el deterioro de la salud de María, el apoyo de los representantes de Mítikah disminuyó. Luego de estudios y exámenes físicos, se diagnosticó con daiio neuronal, por lo cual se le refirió con un especialista. Después de esto, los representantes de la plaza retiraron su apoyo por "falta de presupuesto".
"Hasta que un día vinieron ellos y me dijeron: 'la empresa dice que, con la pena, ya no hay presupuesto para atenderla, con este medicamento termina nuestra ayuda para usted, ya no podemos hacerle
nadam.
Tras varios in ten tos de contactar a lvlí tikah para que le restablecieran el apoyo, ellos mantuvieron su versión sobre la falta de presupuesto, dejando a la seiiora lvlaría con un daiio fisico sin atender que ha modificado por completo su dinámica familiar y económica.
Desde su caída, la seiiora lvlaría requiere ayuda para continuar con el trabajo en su tienda de abarrotes ubicada en Xoco. Su esposo abandonó su empleo para poder seguir con su negocio y estar al pendiente de su esposa, pues requiere de cuidados constantes. Esto, además del aumento de los in1puestos, redujo sus ingresos. Se imposibilitó su acceso a atención médica privada, lo que empeora su condición. "Cambiaron mi vida porque dejé de ser útil. Todavía soy una persona que tiene que comer, que se tiene que mantener y no puedo hacerlo porque, ¿cómo lo hago si no puedo? Mi esposo tenía su trabajo, porque este era mío [ refiriéndose a la tienda]. Él tuvo que dejar su trabajo para venirse para acá, dejamos de percibir un sueldo más''. Hasta la fecha, la seiiora lvlaría continúa con malestares físicos ocasionados por las obras de construcción de lvlítikah y sin respuesta por parte de las autoridades.
