Semanario 48 by Revista Contralínea

A la basura, más de 52 MMP para paliar la pobreza PORTADA | PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA, INEFICACES. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OBSOLETA, SIN INDICADORES NI METAS DEFINIDAS. EL PRESUPUESTO ASIGNADO: 200 MMP Érika Ramírez

SEMANARIO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 | AÑO 1 | NÚMERO 48

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MIGRACIÓN: LA NEGLIGENCIA DEL INM Rogelio Velázquez

LÍNEA GLOBAL MINERÍA CANADIENSE: CATÁSTROFE AMBIENTAL Odalys Toya/Prensa Latina

David Cilia

SOCIEDAD

CALDERÓN RECORTA 50%

INVERSIÓN PARA INDÍGENAS

GOBIERNO FEDERAL DESTINA 50.7% MENOS RECURSOS PARA ATENCIÓN EN SALUD, EDUCACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL

Durante 2009 y 2010, el gobierno federal redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas. Durante 2008 la inversión fue de 5 mil 497 millones de pesos, mientras que para 2010 fue tan sólo de 2 mil 780 millones. El presupuesto en desarrollo humano (salud, educación y previsión social), el que muestra la mayor caídaMariela Paredes

CONTRALUZ | Bomberos voluntarios de Guatemala, disciplina y sacrificio La abnegación, el valor y el orgullo de ser bomberoHans-Maximo Musielik

OPINIÓN | El logro de extinguir LFC y arruinar a la CFE Otro “éxito” del presidente, sin beneficioMartín Esparza Flores

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OFICIO DE PAPEL

CARTÓN

MIGUEL BADILLO*

MANRIQUE

Iniciativa Mérida, La banda presidencial un plan equivocado

demás de los millones de mexicanos que padecen el fracaso de Calderón en su “guerra” contra el crimen organizado, al sumergir al país en una espiral de violencia, en Washington observan que el balance del Plan Mérida es negativo. Esto hace prever que la estrategia inspirada en el Plan Colombia, impuesto por Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Pastrana, tendrá que ser fortalecida y rediseñada durante los próximos años. Para no incurrir en los mismos errores de Calderón, el gobierno de Peña Nieto tendrá que exigir a Estados Unidos una política contra el narcotráfico que opere más allá de la retórica, los intentos de intervencionismo y la militarización. El próximo gobierno deberá exigir que en Washington se comprometan con su propia política interior: reducir la demanda de drogas, detener el flujo de precursores químicos y armas en la región, y abordar los problemas de contrabando de dinero y lavado de dinero. Esa es la visión de analistas críticos que en Estados Unidos advierten como una amenaza para la seguridad interna del país el “narcoterrorismo”, el cual dicen toma fuerza en territorio mexicano. Calderón, en cambio, se limitó a concentrar su “guerra” contra el narcotráfico en la confrontación con el crimen organizado y olvidó la política de mitigación de daños colaterales observada, incluso, en el Plan Colombia. Otro gran error. Ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, congresistas y expertos en problemas de migración y terrorismo analizaron el Plan Mérida, que recibió menos recursos que el Plan Colombia pero que, sobre todo, olvidó las políticas vinculadas con la protección de los derechos humanos. Para el Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 4 mil 500 millones de dólares hasta 2006 y 6 mil 100 millones hasta 2008. Para el Plan Mérida, el gobierno de Estados Unidos estableció un presupuesto de 1 mil 500 millones de dólares para el periodo 2008-2010. Para el año fiscal 2011, el gobierno de Obama pidió 310 millones de dólares y 282 millones de dólares para el año fiscal 2012. Paralelamente, operativos como Rápido y Furioso generaron graves problemas internos en México, al permitir el ingreso de armas para las organizaciones criminales. Frente a ello, el gobierno de Calderón adoleció de una política exterior contundente. En su testimonio ante el Congreso, John Bailey, investigador del Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown, aseguró que Calderón rechazó la ayuda que Estados Unidos ofreció en materia de derechos

humanos, porque estaba condicionada a normas impuestas desde Washington. Si Calderón rechazó las políticas de mitigación sugeridas por Estados Unidos para salvaguardar la soberanía del Estado mexicano, debió entonces ocuparse de la protección de los derechos humanos y no sólo concentrarse en el enfoque que preocupaba al gobierno estadounidense: la seguridad interna y bilateral. El Plan Mérida, desde la perspectiva de Washington, se concentró en la creación de instituciones para la aplicación de la ley y la administración de la justicia. Debido a ello, el gobierno de Obama ha sido blanco de críticas al permitir que el Plan Mérida se enfocara en programas que tardarán años en presentar resultados positivos y que elevaron la fuerza del “narcoterrorismo” al poner en riesgo la seguridad interna de su país. Para el Plan Mérida –indica el experto– debió tomarse en cuenta la experiencia que dejó el Plan Colombia, en donde se aprendió cómo hacer frente a la violencia y la corrupción asociadas con el crimen organizado. En México la situación se observa delicada, porque las organizaciones delictivas ramificaron su participación en actividades criminales e ilegales al extender sus operaciones hacia nuevos terrenos, tanto en México como en otros países que también son una amenaza para Estados Unidos. Para empezar, Bailey dijo ante congresistas que el Plan Mérida debió concebirse de una manera diferente, porque México es mucho más complejo y grande en relación con Colombia. México tiene más del doble de población y mucho más territorio, un producto interno bruto cinco veces más grande y un presupuesto tres veces más cuantioso. No sólo era cuestión de presupuestos aprobados desde Washington que, además, resultaron insuficientes. En México, el Ejército es uno de los actores más aislados en términos de transparencia y rendición de cuentas. Además, el papel protagónico de éste crea una complicación adicional: reforzó la tendencia de Estados Unidos a militarizar la política antidrogas. A diferencia de Colombia, México comparte una frontera terrestre de 2 mil kilómetros con Estados Unidos, que coloca su situación de seguridad interna en la agenda de los temas que más preocupan al gobierno de Obama. Además, los problemas de ambos países también difieren en aspectos importantes. La violencia asociada con el crimen organizado es un desafío significativo pero en contextos muy diferentes. En Colombia, desde 1948 se vivió una fase de guerra interna profunda, mientras que México empezó a consolidar la paz interior basado en el imperio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional.3 *Periodista

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Carta al gobernador constitucional de Chihuahua Reciba un saludo cordial del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados que integran la Organización de Estados Americanos, mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la asunción de la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En esta oportunidad me dirijo a usted para manifestarle nuestra preocupación por los últimos sucesos relacionados con el trabajo de defensa realizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), particularmente respecto de la licenciada Luz Estela Castro Rodríguez, directora de dicha organización. Al respecto, como se desprende de la información publicada por diversos medios de comunicación y de diversa información con la que cuenta el Cejil, recientemente altas autoridades de Chihuahua emitieron declaraciones dirigidas a desprestigiar el trabajo de defensa de derechos humanos realizado por la licenciada Castro y el Cedehm, en particular en relación con la búsqueda de justicia por el asesinato de la señora Marisela Escobedo Ortíz. Dichas declaraciones se circunscriben en el marco de la defensa de los derechos humanos que realiza el Cedehm y especialmente la licenciada Castro tanto en Chihuahua como en el país, y podrían tener por objeto amedrentarles en su labor social, además de obstaculizar su labor de defensa al constituir una forma de estigmatizar y disminuir la tarea que realizan. Por ello, es necesario recordar lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en América, en el que indica: Los gobiernos no deben tolerar ningún intento de parte de las autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones. La CIDH ha señalado que los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, sólo por el hecho de realizar labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

La CIDH además manifestó que lo anterior “[…] puede producir cargas sicológicas que lesionan el derecho a la integridad psíquica y moral del defensor o defensora involucrado, y a la vez, generar un clima de hostilidad que dificulte el ejercicio legítimo de la libertad de asociación de demás defensoras y defensores”. Como es de su conocimiento, desde 2008, la CIDH otorgó medidas cautelares MC -147-08, a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos miem-

bros del Cedehm, lo cual hace aún más apremiante la importancia de proteger a las personas integrantes del Centro y garantizar su trabajo sin obstáculo alguno. Cabe mencionar que nuestra organización ha podido constatar el profesionalismo, compromiso y responsabilidad con la que el Cedehm realiza su trabajo, particularmente en varios procesos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Por lo anterior, muy respetuosamente le solicitamos que garantice la integridad

física y sicológica de la licenciada Castro y del resto del equipo del Cedehm, al tomar en cuenta su situación de riesgo; que se asegure que ningún funcionario público estigmatice, con declaraciones públicas o mediante cualquier otra forma, el trabajo de defensa de los derechos humanos realizados por el Centro y la licenciada Castro; y que se asegure que todas las defensoras y defensores de derechos humanos en Chihuahua pueden realizar su labor sin obstáculos ni temor.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. Atentamente

Alejandra Nuño Directora Programa para Centroamérica y México Cejil

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PORTADA

Mariela Paredes

Gobierno federal recorta inversión en regiones indígenas Durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50 por ciento las inversiones en el sector de desarrollo humano en las regiones indígenas. Durante 2008 la inversión en este sector fue de 5 mil 497 millones de pesos, mientras que para 2010 fue tan sólo de 2 mil 780 millones de pesos. Es decir, se destinaron 50.7 por ciento menos recursos para atender necesidades de salud, educación y previsión social en comunidades

as comunidades indígenas de siete entidades de México sufren los azotes de la enfermedad, la falta de educación y el hambre. Las condiciones de vida de estas comunidades indígenas mantienen una amplia brecha respecto de la población no indígena. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 77.7 por ciento de la población de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) habla una lengua indígena. Es decir, los habitantes de las poblaciones más pobres de México pertenecen mayoritariamente a los pueblos indios. Esto representa 1 millón 553 mil 433 personas, de acuerdo con datos del Inegi. Durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que realizó en este mismo sector durante 2008. Jesús Mena

David Cilia

indígenas de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz

Vázquez, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, revela en su documento de trabajo Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo

Humano, que la inversión en desarrollo humano (educación, salud y previsión social, entre otros) es la que ha mostrado mayor reducción. En cuanto a inversión en infraestructura e inversión productiva no se ha presentado un rezago tan significativo.

Inversión en desarrollo humano (millones de pesos) Chiapas Durango Guerrero Nayarit Oaxaca Puebla Veracruz Total

2007 975 161 982 97 696 263 349 3,523

2008 1,246 180 1403 236 1188 405 839 5,497

2009 1,264 231 1089 147 912 207 497 4,347

2010 819 79 707 76 603 170 326 2,780

Total 4,304 651 4,181 555 3,400 1,044 2,010 16,145

Fuente: elaborada con información del documento de trabajo Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano

Las dependencias responsables de asignar y vigilar que los recursos destinados al sector de desarrollo humano sean suficientes son: el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las responsables de inversión en infraestructura son: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Secretaría de

50.7%

redujo el gobierno el presupuesto para el desarrollo HUMANO de las comunidades indígenas Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Energía. En el sector de inversión productiva las instancias responsables de la asignación de recursos son: el Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura; Nacional Financiera; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía,; la Secretaría de la Reforma Agraria, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A decir de Jesús Mena Vázquez, cada una de estas dependencias debiera articular sus programas y amalgamarlos con los tres niveles de gobierno. Es decir, se requiere voluntad política de los gobiernos locales, estatales y federales para conseguir que los programas destinados a coadyuvar a las comunidades indígenas logren ser efectivos. La doctora Mirna Aragón, directora general de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) agrega que se necesita “armonización legislativa” para solventar los problemas que viven las comunidades indígenas de México. Educación y campo, sectores debilitados Entre 2000 y 2010 se redujo tan sólo 9 por ciento, aproximadamente, el

En una década, sólo disminuyó en un 9 por ciento el rezago educativo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano

CONTRALÍNEA | DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 PoRtADA los habitantes de las poblaciones más pobres de méxico pertenecen mayoritariamente a los pueblos indios: 1 millón 553 mil 433 personas

Hasta en 50 por ciento, el recorte al gasto en educación de los pueblos indígenas con menor Índice de Desarrollo Humano

rezago educativo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. Mirna Aragón, de la Cdi, destaca a la educación como el tema más importante que habría que atender, específicamente la calidad de los profesores. Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincide en que hoy es incluso oneroso acceder a la educación pública. Los padres de familia tienen que sostener los centros educativos mediante cuotas y no hay profesores suficientes ni de calidad. En entrevista con Contralínea, el antropólogo señala que otro sector en abandono es el campo. Se requiere mayor apoyo a la producción de maíz y frijol, pues actualmente muchos se han visto obligados a dejar este tipo de siembra por una ilícita, la de la amapola: “No es redituable ya sembrar maíz en la Montaña”. Estas actividades lo llevan a sentenciar que el saldo de la actual administración panista que está por concluir arroja “nulas expectativas a las nuevas generaciones”. La inversión en salud ha mostrado algunas mejorías. El documento Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, de Jesús Mena Vázquez, señala que formalmente “el Estado mexicano provee cobertura

mayores de 15 años o más que no saben leer y escribir Población indígena 2000 2010 Chiapas 49.10% 36.90% Durango 34.10% guerrero 51.80% 42.50% nayarit 40.80% 37.20% Oaxaca 46.50% 39.10% Puebla 50.80% 37.70% Veracruz 57.10% 41.50% Fuente: documento de trabajo Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano casi universal tanto en educación básica (seis a 14 años) como en salud para los indígenas de estos municipios”. Sin embargo, no se puede asegurar una cobertura total para los ciudadanos mexicanos, indígenas o no indígenas. De acuerdo con datos del censo 2010 del Inegi, hubo una disminución del porcentaje de personas que no se atienden medicamente. Por ejemplo, en Chiapas durante 2000 no se atendía el 22.10 por ciento de la población. Para 2010 , sólo fue el 10.45 porciento. En Veracruz, del 5.03 por

Hacia programas más efectivos A decir de Abel Barrera, el gobierno mexicano aún tiene una agenda pendiente con los pueblos indígenas. Para conseguir mejores condiciones de vida e igualdad entre la población indígena y no indígena es necesario que se respete su patrimonio, sus territorios y su derecho a la libre determinación. El director de Tlachinollan, cuya labor de defensa de derechos humanos se realiza en una de las zonas más pobres de México, explica que “el modelo de desarrollo comunitario no necesita de proyectos privatizadores para explotar sus recursos” para ser exitoso. La consulta a los pueblos indígenas y el respeto a su forma de organización son clave para promover el desarrollo de estos pueblos, insta la directora general de planeación y consulta de la Cdi. De acuerdo con su análisis, los programas federales que se han emprendido para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades han sido favorables, no obstante, necesitan ser mejor focalizados y requieren de una coordinación adecuada entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, programas que solventen problemáticas inmediatas o de corto plazo no serían la única

David Cilia

ciento en 2000 ,se redujo a 1.81 por ciento para 2010. En cuanto a las condiciones básicas de vivienda, actualmente más del 93 por ciento de la población indígena de Nayarit no cuenta con un refrigerador, un electrodoméstico básico para la conservación de alimentos y la prevención de enfermedades causadas por descomposición; y más del 81 por ciento de las comunidades indígenas de Nayarit no cuentan con sistema de drenaje. Las condiciones de higiene con las que viven estas comunidades ponen en riesgo su salud y calidad de vida.

Por la falta de inversión pública, menos poblaciones indígenas pueden hacer realidad su derecho a la salud

más del 81%

DE LAS COmUnIDADES InDÍgEnAS DE nAYArIt, SIn SIStEmA DE DrEnAJE

solución. Jesús Mena Vázquez, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, asegura que para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas se requiere una planeación a largo plazo, y mayor inversión en infraestructura para poder acceder a

nuevos mercados y promover así actividades que permitan generar más y mejores ingresos para estas comunidades. Además, el éxito de los programas de gobierno depende de la evaluación que se haga de los mismos para redirigirlos hacia las nuevas necesidades de estos pueblos. Programas como Procampo u Oportunidades no serían suficientes para las 125 comunidades indígenas con menor Índice de Desarrollo Humano en México, pues sus condiciones de vida aún no son favorables ni en alimentación, salud, educación y otras áreas. Abel Barrera sentencia que “se han negado las condiciones para vivir dignamente en esta región”.3

David Cilia

La actual administración panista arroja “nulas expectativas a las nuevas generaciones”

“Para conseguir mejores condiciones de vida e igualdad entre la población indígena y no indígena, es necesario que se respete su patrimonio, territorios y su derecho a la libre determinación”

Condiciones básicas de vivienda. Hogares que hablan lengua indígena en los 125 municipios con menor iDH Chiapas

Piso de tierra Disponibilidad de agua potable (en vivienda y dentro del terreno donde viven) no tiene drenaje tiene electricidad no tiene refrigerador

2000 80% 62% 80.20% 74.50% 96.00%

Durango

Guerrero

Nayarit

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 28.30% --- 51.60% 84.40% 32.80% 84.50% 31.90% 66.90% --- 17.90% 39.10% 49.20% 29.70% 40.60% 52.80% --- 74.70% 94.20% 66.70% 95.20% 81.60% 90.50% --- 22.00% 52.90% 82.50% 38.50% 33.70% 91.30% --- 94.70% 90.60% 71.90% 99.90% 93.60%

Oaxaca

2000 83.90% 33.10% 92.60% 59.90% 96.30%

2010 32.90% 40.70% 70.00% 83.00% 83.70%

Puebla

2000 85.20% 43.50% 89.80% 59.80% 97.90%

2010 24.00% 57.90% 48.90% 90.00% 87.60%

Veracruz

2000 84.60% 31.10% 92% 63.90% 97.30%

2010 30.50% 59.10% 71.60% 91.20% 84.80%

Fuente: extraído del documento de trabajo Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano

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POrtADA

David Cilia

Fracasa combate a la pobreza

Proyectos de combate a la pobreza son operados ineficazmente, con programadores de datos obsoletos, sin indicadores ni metas definidas. El presupuesto federal asignado a estos programas supera los 200 mil millones de pesos. Sus nombres: Oportunidades, Apoyo Alimentario y 70 y más, ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social. Además, la administración de Felipe Calderón se endeuda con el Banco mundial por 45 mil millones de pesos, bajo el rubro del supuesto combate a la pobreza Sedesol, sin comprobar el cumplimiento de metas e infraestructura tecnológica utilizada obsoleta: Auditoría Superior “Combate a la pobreza” No obstante la ineficacia con la que operan estos programas de desarrollo humano, el penúltimo informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa asegura que ha habido un avance en la erradicación de la pobreza a través de los programas de gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, dice el documento, el gobierno de la República “asumió como premisa básica la bús-

queda del Desarrollo Humano sustentable como un motor de transformación de nuestro país y como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida”. Para ello, indica el informe presidencial, se diseñó la estrategia Vivir Mejor, “para erradicar la pobreza extrema y generar igualdad de oportunidades, articulando los programas y acciones de gobierno desde sus distintos ámbitos de acción y promoviendo la coordinación y participación de otros órdenes de gobierno y de la sociedad. Agustín Escobar Latapí, doctor en sociología por la Universidad de Manchester, comenta que uno de los problemas de la pobreza es la falta de ingreso: “Éste disminuyó en 2008 y 2009, lo que repercutió en las zonas pobres y extremadamente pobres. A ello se suma que ha crecido la

David Cilia

ás de 52 mil millones de pesos destinados al combate a la pobreza, a través de los programas de Desarrollo Humano Oportunidades, de Apoyo Alimentario y 70 y Más, fueron operados sin indicadores y con inconsistencias en las listas de los beneficiarios durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano de fiscalización del país. El Presupuesto de Egresos de la Federación marca que a estos tres proyectos se le han suministrado 222 mil 626 millones 551 mil 635 pesos, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La Auditoría Superior de la Federación documenta que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no incluyó indicadores ni metas en la “definición y conducción de la política de desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda” para evaluar su desempeño en la coordinación, integración, actualización y control del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social”. Tan sólo el año de fiscalización, los tres programas que opera la Sedesol sumaron 52 mil 51 millones 742 mil 470 pesos, como muestran los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Los mismos archivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que ya para el último año de la administración calderonista, los presupuestos de estos programas suman 57 mil 846 millones 407 mil 694 pesos. De acuerdo con la auditoría de desempeño 10-0-20100-07-0469, incluida en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la Sedesol “no contó con información para verificar el cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos para evaluar los objetivos del padrón en 2010, y no acreditó que los indicadores de gestión estuvieran alineados”. Entre las observaciones de la ASF a la Secretaría encargada del combate a la pobreza se encuentra que “no acreditó que en 2010 hubiera realizado los procesos: carga de padrón a la base de datos; homologación del padrón, e incorporación de padrón al Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios”. Los procesos anteriores debieran constituir una herramienta que genere información para la planeación de la superación de la pobreza. Además, los auditores de la ASF encontraron que la infraestructura tecnológica utilizada es obsoleta, y “no permite tener en forma estructurada, actualizada y sistematizada la información de los beneficiarios de los programas de desarrollo social”.

ÉRiKA RAmÍRez

Sin control, la administración de más de 52 mil millones de pesos destinados al combate a la pobreza

inseguridad alimentaria, además de las carencias sociales. “Oportunidades sólo ha permitido que la pobreza no crezca más, pero es el programa que hace bien las cosas en zonas rurales y no

Presupuesto programado para oportunidades, Apoyo Alimentario y 70 y más Desarrollo Social 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Oportunidades 15,853,200,000 16,430,850,000 24,413,090,000 35,355,080,000 35,899,700,000 34,941,400,000 Apoyo Alimentario 286,300,000 411,900,000 1,204,000,000 3,595,400,000 4,099,800,000 4,083,800,000 70 y más 940,000,000 6,216,440 13,176,260,000 13,101,260,460 13,287,220 18,821,205,682 total: 17,079,502,007 16,842,758,224 38,793,352,009 52,051,742,470 40,012,789,231 57,846,407,694 Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y reportes de la Secretaría de Desarrollo Social

CONTRALÍNEA | DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 PoRtADA Honduras y méxico, los únicos países con incrementos signiﬁcativos en sus tasas de pobreza y de indigencia: Cepal

oportunidades: los “apoyos” del Banco mundial

Alfredo guerrero/Cuartoscuo

Banco mundial ﬁnancia a Calderón Mientras las calificaciones de los organismos nacionales e internacionales no son satisfactorios, además del presupuesto de la Federación, el Banco Mundial financia tres proyectos de desarrollo humano que comprometen un total de 3 mil 453 millones de dólares, unos 45 mil millones de pesos. El primero, pactado por 1 mil 503 millones de dólares (alrededor de 19 mil 804 millones de pesos), fue firmado el 9 de abril de tunidades) es un compromiso pactado por 2009. 1 mil 250 millones de dólares, 16 mil 462 Este proyecto tiene como objetivo, do- millones 500 mil pesos. El respaldo para el cumenta el organismo internacional, incremen- primer préstamo fue firmado apenas siete tar las capacidades en salud, nutrición y meses después que el primero. educación de las familias pobres a través de La pobreza en México es equiparable a la inversión de recursos, la de otros países que mejoramiento de los esviven en situaciones muy tándares de salud y la estresantes, comenta Israel construcción de nuevas Benegas, doctor en socioescuelas, mediante el prología por El Colegio de grama Oportunidades y México. más de 52 mmP, otros programas sociales Benegas, también ecoDEStInADOS AL COmBAtE A del gobierno de Felipe nomista por la UniverLA POBrEzA, tIrADOS A LA Calderón. sidad de Boston, dice que BASUrA Un segundo proyecto ha habido una mejora en financiado por el orgainfraestructura social, lo que nismo internacional que hace que los indicadores encabeza Robert Zoellick es el Upper Se- cambien. Sin embargo, todavía es evidente condary Education (Educación Media Supe- que vivimos en un país con muchas rior”, por 700 millones de dólares (9 mil 219 vulnerabilidades y, tal vez, este fin de sexenio millones de pesos). nos muestra que tenemos población sin El tercero, Support to Oportunidades acceso a la alimentación. Podrán tener agua, Project (Soporte para el programa Opor- carretera o drenaje pero incluso con esto,

Monto del compromiso (millones de dólares) 1,250.0

Situación Active

Fecha de aprobación 09 de noviembre de 2010

700.0

Closed

11 de mayo 11, 2010

1,503.76

Active

9 de abril 09 de 2009

3,453.76 45,486,000,000

si sube el precio de los alimentos, siguen sin tener acceso a ellos. “Estos programas de transferencias nos deberían llevar a discutir en el país una idea de seguro de desempleo o de salario para los mexicanos. Oportunidades no debe hacerse más grande sino de enfocarse hacia la transición hacia el mercado laboral; el país necesita generar empleos”, comenta el investigador.

Arturo Pérez Alonso/Cuartoscuro

Número de Identificación Título del proyecto del proyecto Additional Financing P122349 for the Support to Oportunidades Upper Secondary P112262 Education (mUSE) Development Policy Loan Support to Oportunidades P115067 Project total en dólares total en pesos (tipo de cambio 13.17) Fuente: reportes del Banco mundial

méxico aumenta pobreza e indigencia Otro de los informes que dan cuenta de la ineficacia del combate a la pobreza es el Panorama Social de América Latina –publicado por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal)–, el cual indica que Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos en sus tasas de pobreza y de indigencia: 1.7 y 1.0 puntos porcentuales en el primer país y de 1.5 y 2.1 puntos porcentuales en el segundo. El estudio presentado en 2011 indica que debe tenerse presente que, “en el caso de México, la comparación se realiza con respecto a la medición de 2008 y, por tanto, no reﬂeja solamente la apreciable expansión de la economía mexicana en 2010, sino también la fuerte contracción del producto interno bruto per cápita observada en 2009”.

Arturo Pérez Alonso/Cuartoscuro

así en las urbanas. En estas últimas, dice el investigador, ante shocks no responde, como en el caso del desempleo”, dice el también investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social.

“Estos programas de transferencias nos deberían llevar a discutir en el país una idea de seguro de desempleo o de salario para los mexicanos”

“En méxico tenemos población sin acceso a la alimentación: podrán tener agua, carretera o drenaje, pero no alimentos”

“El Programa Oportunidades sólo ha permitido que la pobreza no crezca más”

La Cepal enfatiza que en casi toda América Latina, el aumento del gasto fiscal se concentró principalmente en sectores sociales, excepto en Brasil, El Salvador, Paraguay y México, “donde se expandió a un ritmo mayor el gasto no social”.3

Beneﬁcios del programa Apoyo Alimentario, según Presidencia

En el sexenio de Felipe Calderón aumentó la pobreza y la indigencia, señala la Cepal

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 Inversión canalizada 286.3 411.9 1204.0 3545.9 3695.1 (millones de pesos) municipios atendidos 1,202 1,080 1,924 2,330 2,337 Localidades 5,578 4, 980 39, 657 54, 367 50, 792 Atendidas Familias 143 126 262 677.2 674 Beneficiadas (miles) Personas 617 543 1126 2670 2433 Beneficiadas (miles) Apoyos bimestrales, por 350 604 770 892.4 1,048.8 familia (Pesos) Fuente: Sexto Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa

2012 4083.8 2,337 50,792 670 2433 1053.7

CONTRALÍNEA | DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE de 2012

SOCIEDAD

Rogelio Velázquez, texto y fotos

Desastre migratorio: herencia de Calderón

uhuetoca, Estado de México. El reggaeton suena a altos decibeles en el improvisado campamento. El gusto que tienen en común por este ritmo los ha hermanado, los hace sentirse más cerca de su tierra: las letras –a veces sexualmente explícitas, otras románticas– les permiten olvidar, por momentos, el miedo que les causa atravesar por el infierno, como ellos describen a México. Son, en su mayoría, migrantes hondureños que se encuentran esperando la llegada del tren en el recién inaugurado albergue San José. El lugar fue fundado por la necesidad de dar alojo, alimento y cuidados médicos a los cientos de centroamericanos que diariamente pasan por la zona en su recorrido al Norte. A lo lejos se alcanza a escuchar el sonido seco de disparos. Los migrantes, a pesar de que llegaron apenas hace 20 horas al lugar, parecen ya estar acostumbrados al ruido de las armas que se funde con la música: no se inmutan. Darwin Ramos mira curioso la cámara fotográfica, susurra algo a su compañero de viaje, aventura, infortunio... Tiene casi

Calderón termina su sexenio inmerso en una crisis migratoria: corrupción de altos funcionarios de migración, secuestros, masacres de centroamericanos supuestamente cometidas por grupos del crimen organizado y leyes que no garantizan la protección de migrantes. A pesar

859 mil 512

“transmigrantes” cruzaron de 2007 a 2012

de que se “normalizó” el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, según la Cámara de Diputados, el problema no está resuelto y se ha agudizado, señalan

un mes que salió de Villanueva, Honduras. Allá dejó a Chabe, su esposa Isabel. A sus 18 años ya fue deportado una vez por los agentes migratorios estadunidenses. El mismo día que llegó a Houston fue descubierto en la calle y fue trasladado en avión a su país. “Me tuvieron cuatro días en un cuarto frío por no querer revelar mi lugar de origen. Yo insistía en ser del Distrito Federal, pero cuando me preguntaron por la comida típica mexicana, tuve que decir que era de un ranchito: me descubrieron”, relata, entre risas. El humor se interrumpe cuando habla de Steven Daniel, Andrea Juliet y Alexandra Juliet, sus hijos de cinco, tres y un año de edad, respectivamente. No quiso despedirse de ellos: “Si me despido, no me dejan venir… es muy fuerte”. Centroamericanos en peligro Al igual que Darwin Ramos, otros 859 mil 512 “transmigrantes”, como se les describe a las personas que pasan por algún país para llegar a otro, cruzaron de 2007 a junio de 2012 por algún punto del territorio nacional para llegar a su destino. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a junio de este año han entrado 150 mil 33 personas en calidad de “transmigrantes” al país; en 2011 fueron 206 mil 738; en 2010 entraron 107 mil 732; en 2009 ingresaron 126 mil

León Braojos

especialistas

625; e n

CONTRALÍNEA | DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 SOCIEDAD SECCIÓN “Si nosotros les pedimos una ayuda no es para 01que % Cintillo se molesten superior ni para 1 enque dosnos pisos. discriminen, 100 caracteres sólo buscamoscon unespacios. mejor futuro Colocar para viñeta-icono nuestras --> familias”

2008, 132 mil 626; y al inicio del sexenio, en 2007, 135 mil 758. De enero de 2007 a junio de 2012 han sido deportados 336 mil 212 “transmigrantes”: 42 mil 696, de enero a junio de este año; 61 mil 202, en 2011; 65 mil 802, en 2010; 64 mil 447, en 2009; 87 mil 386, en 2008, y 44 mil 679 en 2007, el año con el menor número de repatriados. Andrea González, coordinadora del albergue San José, explica que la situación es terrible en materia de migración: “Las políticas migratorias aunque en el papel no se han endurecido, de facto sí. Hay cierres sistemáticos de las casas de migrantes, acoso a los defensores [de éstos], existe el referente de las amenazas contra el padre [Alejandro] Solalinde; todo esto trae como consecuencia mucha tensión y preocupación en los albergues. “Lo que más inquieta es que la situación migratoria que se vive en el Estado de México: es el laboratorio de lo que podría suceder en el país; donde la política es dejar a los migrantes en la mayor indefensión posible: aislarlos de las comunidades, dejarlos en lugares muy desolados, donde son presa fácil del crimen organizado”, comenta. También señala que las extorsiones contra los grupos de centroamericanos que pasan por México continúan, a pesar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen ya identificado el problema. Además, “los migrantes casi no denuncian, por miedo o porque no conocen sus derechos. Para ellos, la frontera Sur en Chiapas es la primera frontera de Estados Unidos: somos un filtro”. —¿México sigue las políticas migratorias que dicta Estados Unidos? —Las mexicanas son peores debido al contexto de la “guerra” contra el narcotráfico: existen grupos armados que asaltan un tren entero sin que las autoridades hagan nada. La violencia El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados señala en su estudio La agenda binacional México-Estados Unidos del tema de migración: legislación y política pública que entre 2005 y 2010 migraron 1 millón 370 mil mexicanos a Estados Unidos; esto es más de 260 mil por año. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el desplazamiento de personas se debe, entre otras cosas, al aumento de la violencia en México, desatada por los cárteles de la droga y la militarización. “Existen casos muy destacados de desplazamientos en Michoacán y Guerrero por la acción del grupo denominado La Familia, así como en Chihuahua (Ciudad Juárez), Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Durango”, señala el Alto Comisionado. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación reportó que durante 2011 cerraron 526 empresas en México, debido a la crisis económica mundial, pero también al clima de inseguridad que vive el país. Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora de la Universidad de Texas en Brownsville, explica a Contralínea que la migración se ha transformado a partir del surgimiento de grupos como Los Zetas y del “ataque frontal” a ellos por el gobierno federal. En esta transformación los grupos del crimen organizado han adquirido un papel central. “En el Este del país, el cártel del Golfo y Los Zetas han encontrado nichos que les representan más ganancias que las drogas, uno de ellos es la migración ilegal. Los llamados coyotes operan ya para los grupos de la delincuencia organizada. En ese sentido, la ‘guerra’ contra las drogas ha provocado que los cárteles diversifiquen sus negocios. No sólo es la droga, también la extorsión, el secuestro, el tráfico de

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“En el Este del país, el cártel del Golfo y Los Zetas han encontrado nichos que les representan más ganancias que las drogas, uno de ellos es la migración ilegal”

personas y la piratería”, explica la especialista en narcotráfico. Señala que “el Golfo de México es la zona más corta para llegar a Estados Unidos desde la frontera Sur, por eso los migrantes la utilizan a pesar de que es más peligrosa que la zona Oeste del país, donde opera el cártel de Sinaloa.” Para Correa-Cabreara, en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, atribuida a Los Zetas hay un mensaje de fondo: “El monopolio de la violencia –como lo describió Max Weber– ya no es exclusivo del Estado, el cual no tiene capacidad para proteger a 72 personas, por tanto, necesita negociar con estos grupos. Estas acciones podrían ser una herramienta de mercadotecnia funcional para los cárteles”.

Para los migrantes centroamericanos, México es el infierno

En su paso por México, los centroamericanos carecen de protección: la CNDH documentó que 1 mil 333 migrantes habrían sufrido secuestro

Los secuestros Darwin era operario de máquina en una fábrica de la trasnacional Pepsi, donde ganaba 1 mil 600 lempiras semanales (alrededor de 1 mil 60 pesos mexicanos). Comenta que tiene miedo de transitar por México: “Me dan temor los secuestros; he pensado regresarme a Honduras”. Sus tíos que supuestamente le brindarían alojo, hace poco le hablaron para decirle que ya no lo querían allá. Darwin se desmoralizó pero aún así planea concluir el peligroso recorrido. “Mi idea es estar unos cinco años en Estados Unidos para hacer mi casa, que mis hijos tengan buenos estudios. La clausura de los cursos escolares de Steven Daniel será en noviembre próximo y no podré estar ahí”, comenta, con una mirada que refleja más tristeza que miedo. El Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, publicado en febrero de 2011 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), explica que 11 mil 333 migrantes habrían sufrido algún secuestro, tan sólo de abril a septiembre de 2010. “La violencia en perjuicio de este grupo [los migrantes] en especial situación de vulnerabilidad no presenta una disminución, y los grupos que comenten violaciones en su perjuicio se han especializado y diversificado en sus estrategias”, señala el Informe, y agrega que la cifra podría ser mayor porque no se denuncian todos los delitos. La CNDH señala que faltan acciones de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a nivel federal, estatal y municipal, así como mecanismos y acciones suficientes para garantizar al migrante sus derechos a la seguridad pública, libertad, legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y trato digno. “Si bien es cierto que el Estado mexicano ha sido de los principales impulsores de instrumentos internacionales

Más de 260 mil mexicanos emigraron anualmente, ENTRE 2005 Y 2010

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SOCIEDAD El Instituto Nacional de Migración, encargado de proteger esta población tan vulnerable, irónicamente, estaría vinculado con los grupos del crimen organizado

De enero de 2007 a junio de 2012, las autoridades migratorias mexicanas deportaron a 336 mil 212 “transmigrantes”

“En este sexenio, acoso sistemático contra los albergues de atención a migrantes y los defensores de derechos humanos que los asisten”

Migrantes señalaron que el 67.4 por ciento de los secuestros fueron en el Sureste del país: Veracruz, el estado con más testimonios

En su tránsito a Estados Unidos, los indocumentados pueden ser víctimas de asesinatos, violaciones sexuales, privación de la libertad, extorsión y secuestro

El actual sexenio ha sido “el más corrupto” en temas de migración: Miguel Moctezuma, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas

y regionales de protección a los derechos humanos de los migrantes, también lo es que en la operación de sus programas específicos no presenta resultados claros que indiquen una verdadera armonización con los compromisos internacionales adquiridos en esta materia”, señala el Informe. Fueron 178 los testimonios recabados por la CNDH en 2010. De éstos, 44.3 por ciento fueron de migrantes hondureños, 16.2 por ciento de salvadoreños, 11.2 por ciento de guatemaltecos, 10.6 por ciento de mexicanos, 5 por ciento de cubanos, 4.4 por ciento de nicaragüenses, 1.6 por ciento de colombianos, y 0.5 por ciento de ecuatorianos. Los migrantes señalaron que el 67.4 por ciento de los secuestros fueron en el Sureste del país, 29.2 por ciento en el Norte, y 2.2 por ciento en el centro. Veracruz resultó ser el estado con más testimonios, seguido de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. El 15.7 por ciento fueron experiencias relatadas por mujeres migrantes.

Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo; y en julio la Secretaría de Gobernación (Segob) había cesado a 61 funcionarios más del Instituto por presuntas irregularidades, el escándalo fue mayor tres meses después. En octubre de 2011, la Segob cesaba a 121 funcionarios de migración que laboraban en el Distrito Federal, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. La acción fue “parte del fortalecimiento institucional que lleva a cabo el INM”, explica en un comunicado dicha Secretaría. Además, refiere que se realizó por la instrucción del ya fallecido José Francisco Blake Mora, entonces secretario de Gobernación, para fortalecer las instituciones del gobierno federal y con el propósito de que los servidores públicos realicen sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Guadalupe Correa-Cabrera comenta que las autoridades que han sido vinculadas con casos de corrupción no se han enfrentado a la ley: “hay que hacer una limpia; desaparecer esa institución: no es posible que no haya ningún funcionario Inyección anti México consignado por cargos de corrupción. Elvira Arellano, representante del Movimiento Migrante Me“Cecilia Romero, excomisionada del INM, ahora secretaria soamericano, declaró en marzo pasado que ocho de cada 10 general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Namujeres centroamericanas que pasan por México rumbo cional, tendría que rendir cuentas claras sobre lo que ha pasado a Estados Unidos son violadas sexualmente y ultrajadas. en esa institución en crisis. Es irónico que las autoridades También mencionó que Tapachula se había convertido en un migratorias a cargo de la regulación de flujos migratorios que “paraíso sexual”. deberían actuar conforme a la ley para respetar los derechos En ese sentido, Hiroko Asakura, investigadora del Centro humanos de esa población tan vulnerable, sean las que están de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología vinculadas con los grupos del crimen organizado.” Social, ha señalado que el 30 por ciento El investigador Miguel Moctezude las mujeres centroamericanas que Ocho de cada 10 mujeres ma, de la Universidad Autónoma de emprendieron la travesía entre 2000 en entrevista con Contralínea, centroamericanas son Zacatecas, y 2007 fueron violadas. Incluso algucomenta que el actual sexenio ha sido violadas sexualmente “el más corrupto” en temas de nas de ellas habían aceptado ser parejas sexuales de desconocidos a cambio de migración: “en [el Instituto Nacional y ultrajadas. protección durante el trayecto. de] Migración se pudieron identificar Algunas aceptan ser Ante el dantesco escenario, las mua varios funcionarios de primer nivel, parejas sexuales de jeres centroamericanas que planean lledistribuidos principalmente en la zona gar a Estados Unidos vía México toman desconocidos a cambio Sureste de México, coludidos con el sus precauciones: antes de viajar se crimen organizado, los cuales estude protección inyectan Depo-Provera, un anticoncepvieron entregando a los migrantes a la tivo que contiene la hormona llamada delincuencia organizada. medroxiprogesterona, la cual impide la liberación del óvulo “Esos funcionarios tuvieron que ser destituidos, lo cual durante tres meses, con una supuesta efectividad del 97 por significa que los delincuentes habían penetrado las insticiento. tuciones de gobierno. Posiblemente, en el fondo, ellos son El medicamento –con un valor de aproximadamente 50 los responsables de las matanzas masivas de centroamericapesos– se vende sin necesidad de receta médica en cualquier nos que hicieron los grupos de la delincuencia organizada. farmacia centroamericana. Entre los migrantes se le conoce Hasta ahora no se les ha señalado como responsables, a pesar de como la “inyección anti México”. que lo acontecido en San Fernando [Tamaulipas] y Cadereyta Tenosique, Apizaco, Lechería, San Luis Potosí y Piedras [Nuevo León] fue un genocidio”, señala el especialista en Negras son lugares que tienen muy presentes en su mente: migración. cada uno es un objetivo que tienen que cumplir sorteando los riesgos que surgen en el camino. Para cruzar todo el territorio nacional invertirán por lo menos 1 mil pesos. La crisis económica En la víspera de su llegada al Distrito Federal, Darwin se De acuerdo con cifras del New Hispanic Center, de 2005 cayó del tren. Producto del cansancio de la travesía, se quedó a 2010 regresaron 1 millón 390 mil mexicanos a su lugar de dormido y resbaló. Despertó asustado en el suelo, inme- origen, lo que significó que Felipe Calderón declarara en abril diatamente se incorporó y corrió de nuevo hacia al tren; para de 2012 que la tasa de migración neta había llegado a cero, entonces, sus amigos ya lo habían dado por muerto. debido a las oportunidades de empleo, educación y salud que Su compañero de viaje, quien tiene 16 años de edad, indica: se crearon en el país. “En Honduras nos dicen que tengamos cuidado con Los No obstante, la institución señaló que la caída del empleo Zetas, porque nos secuestran y nos matan”. en Estados Unidos, la crisis del mercado de construcción de vivienda, el incremento de las deportaciones y los peligros de los cruces ilegales habían incrementado el regreso de Corrupción en el INM connacionales. A pesar de que en mayo de 2011 habían sido cesados siete El CESOP explica que la tasa cero no significa que se delegados regionales del INM en Tamaulipas, Veracruz, haya detenido la migración, sino que, en cifras, es la misma

CONTRALÍNEA | DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

SOCIEDAD En 2012 se destinaron 1 mil 478 millones 773 mil pesos para los principales programas migratorios

cantidad de personas que se van a Estados Unidos que las que regresan a México. Miguel Moctezuma coincide con el New Hispanic Center: “la profunda crisis de la economía estadunidense hace innecesaria la oferta de trabajo migrante, a pesar de que ellos son un subsidio para la economía en Estados Unidos. No hay motivaciones económico-laborales para cruzar la frontera. “En el ‘aparente equilibrio’ están los que entran [a Estados Unidos] y los que salen [de allá]; vemos que muchos de los que regresan a México es por motivo de las deportaciones. En México, hasta 2010, había cerca de 1 millón 400 mil menores nacidos en Estados Unidos que regresaron a México con sus padres; ellos no son migrantes, no deberían de entrar en las cifras de los que regresan”, explica el investigador. Programas de atención De acuerdo con el informe del CESOP, en 2012 se destinaron 1 mil 478 millones 773 mil pesos para los principales progra-

La Ley de Migración, sin reglamentación, operativamente ineﬁciente y sin recoger las propuestas de los grupos que trabajan directamente con los migrantes

22 mil 922 migrantes

RESCATADOS POR LOS GRUPOS BETA, ENTRE 2007 Y 2011 había recibido 900 millones, en 2012 no se le asignó ningún monto. Finalmente, para Atención a Grupos Vulnerables en Chiapas se asignaron 20 millones. Los Grupos Beta de protección a migrantes han rescatado a 22 mil 922 personas que migraban entre 2007 y 2011. En ese periodo han rescatado a 3 mil 477 migrantes heridos y a 82 mutilados. Otros de los programas que atienden a esa población son el Programa Paisano, encaminado a asegurar el trato digno para los mexicanos que entran o salen del país; el Programa Integral

De 2005 a 2010 regresaron 1 millón 390 mil mexicanos a su lugar de origen, lo que significó que el presidente Felipe Calderón declarara que la tasa de migración neta había llegado a cero. Pero este no significa que se haya detenido la migración, sino que, en cifras, es la misma cantidad de personas que se van a Estados Unidos que las que regresan a México

mas migratorios: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó 23 millones para el Proyecto para la Atención de Indígenas Desplazados; la Secretaría de Educación Pública, 444 millones 91 mil 606 pesos para el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. La que más dinero otorgó fue la Secretaría de Desarrollo Social, con 531 millones 681 mil 557 pesos para el Programa 3x1 para Migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores destinó 10 millones para Atención a Migrantes; en 2011 esta dependencia había destinado para el mismo programa 75 millones. Al Fondo de Apoyo a Migrantes se le otorgó un total de 450 millones de pesos. Sin embargo, al Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos que en 2011

para la Frontera Sur, que funciona como una estrategia para atender a los 74 municipios que componen la región fronteriza del Sur de México, con la finalidad de mejorar su desarrollo humano sustentable; y el Programa Binacional de Educación Migrante, que busca atender las necesidades educativas de la población migratoria entre México y Estados Unidos. Reforma migratoria Darwin, a pesar de las miradas de sus compañeros, explica que cuando la selección mexicana de futbol juega contra la hondureña, él le va al equipo verde: “Sé que algún día voy a caer en México y por eso le tengo que ir”. —¿A qué equipo mexicano le vas? —A los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Mientras algunos lavan su ropa roída, surge la controversia: —Yo le voy al Motagua, porque es el equipo humilde –explica Darwin. —El mejor es el Olimpia. ¿Cómo al Motagua? –responden sus compañeros. El único consenso es que el “mejor equipo del mundo” es el Futbol Club Barcelona y que la mayoría de hondureños le va a las Chivas Rayadas del Guadalajara. “Es nuestra tradición rayada”, comentan, sardónicamente, los que le van al Olimpia. En Orizaba perdió a su primo Franklin. Arrancó el tren y su primo no estaba. No ha tenido noticias de él; sin embargo, no puede detenerse a buscarlo. A pesar de que en las viejas bocinas colgadas de un árbol sigue sonando el reggaeton, Darwin contradice a sus compañeros por segunda vez: “A mí me gusta el rock”. Le agrada escuchar al grupo estadunidense Guns N’ Roses, al argentino Rata Blanca, al español Mago de Oz; pero su canción favorita es “Aún te amo” del grupo mexicano Coda. Después rectifica: “Pero también me gusta Arcángel y Wisin y Yandel [autores de las canciones de reggaeton más famosas en Honduras]. También la bachata”. —¿Te acuerdas de tu esposa con esas canciones? —A ella le gustan Los Temerarios, pero me acuerdo de ella con las canciones de Franco de Vita. La de “No basta” me recuerda mi infancia: mis padres fueron bien duros conmigo –cuenta mientras saca de su cartera la fotografía de su esposa para mostrarla. Finalmente Darwin comenta que los centroamericanos no vienen a robar a México, y sólo están de paso: “Si nosotros les pedimos una ayuda no es para que se molesten con nosotros ni para que nos discriminen, sólo buscamos un mejor futuro para nuestras familias”. El 25 de mayo de 2011 se publicó la Ley de Migración, aprobada por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Ésta tiene como objetivo “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros, el tránsito y la estancia de los extranjeros en el país teniendo como marco el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, la contribución al desarrollo, preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”, según el CESOP. Además, señala el Informe, la ley obliga a los servidores públicos del INM a certificarse con la finalidad de que realicen sus tareas bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, “esa ley no ha entrado en funciones porque no está reglamentada; esto es el equivalente a decir que no existe nada, porque operativamente no se pueden hacer las cosas en términos reglamentarios. No hay documento que defina cómo y quién debe de hacer las cosas”, señala Miguel Moctezuma. La ley, agrega el investigador, no recoge las propuestas de la sociedad civil: los legisladores aprobaron esta iniciativa sin recoger esas propuestas de los grupos que trabajan directamente con los migrantes y conocen perfectamente la problemática. Finalmente, Guadalupe Correa-Cabrera señala que la nueva administración no se ha pronunciado sobre una estrategia integral para atender la problemática migratoria. “El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de fincar responsabilidades para que los funcionarios del INM den cuentas claras del desastre interno de la institución y a partir de ahí se empiece a avanzar. Se necesita hacer un diagnóstico para después poner en práctica lo que los legisladores han votado. Eso sólo sería el inicio.”3

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ANÁLISIS ESTRATÉGICAMENTE

La cooperación binacional, amenazada

n su relación con México, Estados Unidos tiene frente a sí un conjunto de instituciones de seguridad divididas, fragmentadas, descoordinadas. A pesar de que la cooperación con México en materia de seguridad se incrementó sensiblemente en el sexenio que está por concluir, la cooperación binacional ha mostrado signos de contradicción y retroceso. Sólo así se explicaría la difusión de los resultados de un peritaje realizado por el gobierno de Estados Unidos para explicar qué sucedió el 24 de agosto pasado, cuando agentes de la Policía Federal, a bordo de varios vehículos, dispararon contra una camioneta con placas diplomáticas de Estados Unidos en la que viajaban dos agentes estadunidenses y un miembro de la Marina Armada de México. La camioneta oficial estadunidense circulaba por la carretera federal México-Cuernavaca después de haber realizado una visita a una base de operaciones navales en el estado de Morelos.

OPINIÓN

Jorge Luis Sierra*

La Policía Federal argumentó que en esos momentos realizaba un operativo contra una banda de secuestradores, pero la Embajada de Estados Unidos no ha dado ninguna señal de aceptación al argumento oficial.

Los atentados contra agentes estadunidenses en México se han vuelto un fenómeno inusitado y creciente

Lejos de la respuesta intervencionista y extraterritorial que tomó el presidente Ronald Reagan en 1985 cuando el agente de la Agencia Antidrogas estadunidense,

Enrique Camarena Salazar, fue asesinado por integrantes del cártel de Guadalajara, el gobierno de Barack Obama ha respondido con investigaciones y peritajes legales para determinar qué ha sucedido en los casos de atentados contra funcionarios estadunidenses en territorio mexicano. Por su parte y también muy lejos del “cuidado” tradicional de los narcotraficantes mexicanos de no agredir a funcionarios estadunidenses, los cárteles mexicanos han realizado operaciones directas contra personal diplomático, policial y de inteligencia estadunidense que opera en territorio mexicano. Los atentados contra agentes estadunidenses en México se han vuelto un fenómeno inusitado y creciente. Aún está abierta la investigación del atentado en el que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas pereció y otro quedó con heridas graves, tras el ataque de un grupo de policías estatales y hombres armados el 15 de febrero de 2011, en la carretera federal México-San Luis Potosí.

Por las características de ambos atentados, el de febrero de 2011 y el de agosto de 2012, es probable que el itinerario de los agentes estadunidenses haya sido filtrado a los grupos que ordenaron el ataque. Según las investigaciones de Estados Unidos, los grupos agresores operaron en ambos casos con la intención de asesinar a los ocupantes de las camionetas, lo que puede indicar que los autores intelectuales ya podrían haber conocido su identidad y las operaciones en las que estaban involucrados. Con estos incidentes, es posible que haya quedado mermada aún más la confianza de los agentes de Estados Unidos en las unidades militares o navales mexicanas con las que tienen contacto operativo en México. También es posible que la confianza estadunidense en las unidades de la policía estatal o federal haya quedado destruida por completo. El terreno para la cooperación binacional está viviendo estas complicaciones en momentos en los que Estados Unidos

Pablo Moctezuma Barragán*

alinas de Gortari creó el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 y, en 1993, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego del patético fraude de 1988 para intentar limpiar la cara al sistema electoral mexicano y modernizar la operación del fraude electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRIAN) y en contra de los intereses de nuestro pueblo, y para consumar el bipartidismo que impulsa Washington para México. La dictadura de las grandes corporaciones a través de solamente un partido ya no funcionaba, el PRI-gobierno estaba agotado, así que se ejecutó el modelo clásico de la “democracia estadunidense” con dos partidos alternándose en el poder, para servir a un solo amo: el gran capital.

El caduco sistema político y electoral debe ser renovado Es más fácil controlar a siete personas que a 500. Antes era el Congreso de la Unión el que calificaba la elección presidencial, ahora es el Tribunal Electoral. A los siete magistrados del Tribunal los nombra la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros, a su vez, son nombrados también por los senadores a propuesta del presidente de la República. Por tanto, son decisiones de las cúpulas del PRIAN las que permiten nombrar como magistrados únicamente a los incondicionales de la mafia en el poder. El Tribunal Electoral es un órgano que sirve a la cúpula del poder. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron modificados los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 94, 99 y100 en la época de los gobiernos priístas de Salinas y Zedillo para quitar a la Suprema Corte la facultad de hacer justicia

ante un fraude electoral y darle al Tribunal el ejercicio supremo del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, quitándole además al Congreso la función de calificar la elección presidencial. Así se garantizan las imposiciones y fraudes del PRIAN, dándole además una apariencia “legal”, “democrática” y “moderna” a lo que es un verdadero cochinero. La acción del IFE fue un preludio de lo que resolvió el Tribunal Electoral. Mientras que por una parte sanciona el IFE con más de 8 millones a los partidos del Movimiento Progresista (de la Revolución Democrática, PRD; del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano) por supuestas irregularidades en las precampañas, al PRI le aplica una ridícula multa de tan sólo 6 mil 233 pesos. El IFE no oculta su parcialidad en la aplicación de sanciones, no duda en defender a los

delincuentes electorales, ni en castigar a los que denuncian los delitos y están del lado de la ley. Desestimó las pruebas y dió su resolución hasta después de la calificación presidencial. A la asociación Amigos de Fox la penalizaron tres años después de los hechos. Peña Nieto pudo hacer una campaña durante años, pagada por el erario mexicano, lo que ha sido ampliamente documentado por el diario The Guardian. Y el IFE no vió nada. Los gastos de por lo menos 4 mil 500 millones de pesos, que excedieron más de 10 veces el tope de campaña, que es de 366 millones de pesos… y el IFE no detectó nada. Tampoco vio los 4 mil espectaculares de Peña Nieto. Se compraron millones de votos con tarjetas Monex, Soriana y telefónicas, sin consecuencias para los delincuentes electorales. Pretextos no han faltado, pero es claro

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ANÁLISIS

opinión incrementó sus operaciones en territorio mexicano y necesita, por tanto, de enlaces confiables con sus contrapartes mexicanas. La dificultad de crear esos enlaces es mayor si se considera que los mecanismos prácticos de la cooperación pueden cambiar con la sucesión presidencial que se avecina en ambos países y que puede alterar la composición de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa. Un segundo aspecto a considerar, además de la posibilidad de que los servicios de inteligencia del narcotráfico hayan logrado penetrar los círculos pequeños que controlan las operaciones diarias de la cooperación entre mexicanos y estadunidenses en materia de seguridad, es que los vehículos oficiales estadunidenses no viajaban escoltados por unidades militares mexicanas cuando entraron en territorios controlados por las bandas del narcotráfico. Los agentes pidieron ayuda, pero cuando llegaban unidades militares o policiales en auxilio de los agentes atacados, la agresión se había consumado. Añadir escoltas de vehículos o helicópteros mexicanos a los agentes estadunidenses podría significar no sólo el riesgo de más filtraciones, sino de confrontaciones con grupos de narcotraficantes a una escala mucho mayor. Aunque existen diferencias en la manera

de responder, algunas organizaciones de narcotraficantes muestran indiferencia a las consecuencias que puede acarrear un ataque contra un agente estadunidense. Unidades de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, fueron señaladas como las presuntas

responsables de atentados contra vehículos con personal diplomático adscrito al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, en marzo de 2009. Uno de los presuntos

implicados dijo que el asesinato de una funcionaria consular se debió a que ella supuestamente tramitaba visas a integrantes de una organización rival. Los Zetas, por su parte, fueron señalados como los responsables del atentado en el que murió el agente Jaime Zapata, en la carretera a San Luis Potosí. Si Estados Unidos percibe entonces el riesgo real a la vida de sus agentes podría presionar a México para permitir oficialmente que los agentes estadunidenses viajen armados y respondan a fuego hostil en caso de ser agredidos. La posibilidad de enfrentamientos entre unidades operativas de Estados Unidos y grupos de la delincuencia organizada en territorio mexicano podría internacionalizar el conflicto armado que vive el país. Hasta ahora no parece haber una solución sencilla al problema de la agresión a agentes estadunidenses. Los organismos de inteligencia mexicanos han sido incapaces de prevenir los atentados y han dejado entonces la puerta abierta para que sea la inteligencia estadunidenses la que prevenga a los agentes de su país de los posibles atentados en su contra. Con la penetración evidente del narcotráfico en la Policía Federal, la cooperación

binacional podría concentrarse aún más en los enlaces con el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México como la única manera posible de obtener una relación de confianza. Esta situación no haría sino profundizar la política de uso de las Fuerzas Armadas en labores que la Policía Federal ha dejado de hacer por incapacidad, negligencia o complicidad con grupos criminales. ¿Qué pasaría si estos recursos de fuerza militar que tiene el país, los últimos que le restan, dados los problemas de desconfianza policiales, también se empiezan a contaminar y algunos de sus elementos se unen a los grupos dispuestos a causar un daño a los agentes federales? No es fácil responder a esa pregunta. Estados Unidos tiene una lista de medidas a tomar en cada escenario que se presente: éstas incluyen desde la presión diplomática hasta la posibilidad de presionar al país o amagarlo con las ideas de establecer bases de operación en territorio mexicano. O la probabilidad lejana, pero existente, de optar por la intervención armada directa en las áreas territoriales controladas por grupos criminales.3 *Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington

opinión que el IFE debe realizar investigaciones exhaustivas sobre los secretos, incluidos el fiscal y el bancario. Es su responsabilidad. Debe contar con reportes de todos los gastos, y está prohibido hacer gastos sin soporte. Sin embargo los consejeros del IFE se “desentendieron” de su deber. También la propaganda electoral en los medios está reglamentada y está prohibido que otras personas hagan campaña de manera encubierta y sin embargo vimos cómo a través de entrevistas, comentarios de espectáculos, reportes de encuestas y opiniones de analistas, se hizo una campaña descarada a favor de Peña Nieto durante años sin que el IFE lo haya tomado en cuenta. El IFE es la autoridad para impedir la propaganda ilegal, la compra de votos, el ingreso de recursos ilícitos en las campañas y para castigar e impedir transgresiones administrativas y penales, pero patéticamente se ha declarado inepto para resolver los problemas que son de su directa responsabilidad y no sólo no investiga, sino que cierra los ojos ante las evidencias. El IFE tiene el deber y las facultades formales de investigación. Pero no cumple con su deber. Esto es así porque la función de los nueve

consejeros, que fueron electos por las cúpulas del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, es la de operar el fraude electoral a favor del PRIAN y no evitarlo. Hay todo un aparato montado para salvaguardar los intereses de la oligarquía proyanqui, de su gobierno bipartidista y para evitar que otro proyecto destruya su dominación. El IFE y el Tribunal Electoral son parte de éste aparato. Grandes intereses están en juego. En los últimos meses de la campaña 2012 se desarrolló un Proyecto Alternativo de Nación capaz de romper con la subordinación al imperio yanqui y los intereses de las grandes corporaciones, y de garantizar la plena soberanía nacional, porque sólo al romper con el dominio de la oligarquía y su gobierno bipartidista (PRI-PAN) podremos lograr la liberación de México y su desarrollo económico, político, social y cultural. El pueblo soberano es quien debe decidir el rumbo de la nación, y elegir al gobierno que responda a los intereses populares, ello requiere de un sistema democrático que sea expresión de la voluntad popular. Para derrotar al PRIAN apoyamos en las elecciones de 2012 a Andrés Manuel López

Obrador, pero una vez más (como en 1988y 2006) hicieron fraude para imponer al candidato del PRI. Hoy exigimos invalidar las elecciones, lo que es un paso, pero en nuevas elecciones, dado el sistema electoral actual, persistiría el problema. Es necesario, junto con la invalidación, impulsar la demanda de la renovación democrática que lleve a un nuevo sistema político y electoral en el que se garantice que se ejerza la voluntad popular. Analizando los vicios del sistema actual y cómo opera a favor del PRIAN y la oligarquía proyanqui, es menester plantear las soluciones requeridas para garantizar elecciones libres y auténticas, así como equidad y limpieza en los procesos. Es preciso detectar los factores que invalidan la elección libre, auténtica y equitativa y proponer las medidas para establecer la democracia genuina en interés del pueblo. Prohibir guerra sucia, anuncios, regalos, promesas sin sustento. Es necesario encontrar las propuestas de solución para que éstas se conviertan en una exigencia popular, con la certeza de que sólo la amplia movilización activa de millones de mexicanos en todo el país puede hacer triunfar la voluntad popular.

Estamos en pleno siglo XXI y necesitamos una democracia moderna que garantice la soberanía. Es hora de la transformación profunda que necesita México. Vamos a organizarnos para encontrar la salida y a impulsar la resistencia unificada, un frente que lleve a que el pueblo tenga el poder y en sus representantes democráticamente electos. Para ello necesitamos analizar el mecanismo que emplea la mafia con el que las cúpulas secuestran el poder de decisión, y proponer soluciones a este problema que lleve a candidaturas auténticamente populares, campañas equitativas, elección no sólo de representantes sino de proyectos y el necesario control sobre los representantes populares ya en el poder. La “democracia al estilo estadunidense” es una falsa democracia. Necesitamos un sistema político y electoral que lleve a la renovación democrática: que la decisión recaiga en manos de los electores para que el pueblo mande. Que el futuro rumbo del país se decida democráticamente.3

*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki

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OPINIÓN

Netzaí Sandoval Ballesteros*

El uso inconstitucional del Ejército en tareas policiacas

uando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares. El paso del tiempo le ha dado la razón a la ciudadanía y ha desenmascarado a quienes garantizan impunidad a los violadores de

OPINIÓN

derechos humanos. A partir del 6 de agosto de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a analizar una serie de casos que le permitirán dar cabal cumplimiento a la sentencia del 23 de noviembre de 2009, en el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos. Estos casos se han presentado al pleno de la Suprema Corte como consecuencia de una decisión que bien puede considerarse histórica en la vida jurídica de México: el entonces presidente de la Corte decidió formular una consulta a trámite el 26 de mayo de 2010 (expediente Varios 489/2010) para que el pleno del tribunal constitucional del Estado mexicano decidiera la forma de dar cumplimiento a la sentencia del tribunal internacional, a pesar de que el Ejecutivo (asumiendo una actitud francamente irresponsable) ni siquiera se había molestado en notificar la sentencia condenatoria en su integridad a los otros Poderes de la Unión.

Fue la decisión del ministro Ortiz Mayagoitia (un ministro usualmente considerado, por los analistas y la academia, conservador) la que llevó a que sea el Poder Judicial de la Federación el que ha asumido la

Las desapariciones forzadas, ejecuciones y tortura a manos del Ejército, mas que un accidente, son prácticas generalizadas y sistemáticas

responsabilidad de atender los compromisos internacionales del Estado mexicano. Si la Suprema Corte hubiera adoptado una posición igual de cómoda y pasiva como lo han hecho hasta ahora el Poder Ejecutivo y el Legislativo, México no habría avanzado en lo absoluto en el cumplimiento de sus

obligaciones con la comunidad internacional. Ésa fue la génesis del expediente Varios 912/2010 “Caso Rosendo Radilla Pacheco” de la Suprema Corte, que estableció –entre otras cosas– que es una obligación para todos los jueces del Estado mexicano realizar el control de convencionalidad y de constitucionalidad de los actos de autoridad, creando un control difuso de regularidad de los actos de las autoridades mexicanas, complementando y transformando de fondo el sistema concentrado que hasta entonces existió en nuestro país. Bien puede calificarse como una verdadera revolución jurídica, cuyas consecuencias todavía estamos lejos de poder apreciar. Pero el caso del desaparecido político Rosendo Radilla tuvo consecuencias adicionales. La restricción del fuero militar que ha comenzado a darse por vía jurisprudencial a partir de agosto de 2012, ha demostrado que las desapariciones forzadas, las ejecuciones

Martín Esparza Flores*

urante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y comprometida con el bienestar de los mexicanos. Las cifras y los hechos dan al traste con las palabras del mandatario que sólo se engaña a sí mismo cuando habla de logros intangibles y fuera de todo contexto social, político y económico. Calderón se atrevió a citar los objetivos que alentaron en 1937 al entonces presidente Lázaro Cárdenas a la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y que eran, en sustancia: organizar, dirigir y sentar las bases de un Sistema Nacional

Calderón arruinó tanto a Luz y Fuerza como a la CFE de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica en el país, basándose en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los intereses generales. Millones de mexicanos debemos preguntarle a Calderón si realmente han cumplido los gobiernos de su partido con tales objetivos. Él enarbola que el 98 por ciento de los mexicanos ya cuentan con energía eléctrica, pero no habla de las altas tarifas ni de la entrega paulatina y antinacionalista que se ha hecho de la infraestructura eléctrica del país a firmas trasnacionales, como tampoco de los multimillonarios contratos que se han entregado hasta por 25 años a las mismas, para que nos vendan su generación de electricidad financiada con nuestros propios recursos a través de mecanismos como los Proyectos de

Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas) o Proyectos de Inversión a Largo Plazo. En su oficioso mensaje el presidente ofendió a la más elemental inteligencia de los expertos en la materia cuando volvió a afirmar haber obrado en razón de Estado sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), de la que dijo se debían destinar para subsidiarla 50 mil millones de pesos, paraestatal a la que calificó nuevamente de improductiva. Refutemos con hechos y cifras en la mano los galimatías del presidente: En primer término, Felipe Calderón nunca se ha referido a los subsidios que también ha recibido en la última década su autocalificada “empresa de clase mundial”. Cifras de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dadas a conocer en la Cuenta Pública 2009 (año en que el presidente emitió el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro) señalan que de 2001

a 2009, LFC recibió subsidios por 248 mil millones de pesos mientras que en el mismo periodo, la CFE los obtuvo por un monto de 563 mil millones de pesos; es decir, que ambas paraestatales debían compensar por igual pérdidas operativas. ¿Cuál era la gran diferencia? Que mientras el gobierno federal impidió a LFC generar su propia energía, a la CFE sí se lo permitió. Entonces, ¿por qué los déficits en ambas entidades y por qué tan gravosos en la CFE? Es aquí donde los gobiernos panistas han manipulado la realidad de su errada política energética en el sector eléctrico: los cuantiosos subsidios no tienen como origen directo el impedir el incremento de las tarifas eléctricas, ésa es la cortina de humo para justificar algo más delicado, que es la creciente autorización a las empresas privadas, sobre todo extranjeras, la generación de energía en el país, pese a que

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ANÁLISIS

opinión extrajudiciales y la tortura a manos del Ejército Mexicano, lejos de ser un accidente o un caso aislado, son prácticas generalizadas y sistemáticas toleradas o encubiertas por altos mandos militares. En el primer caso que resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia, un coronel fue informado de la tortura realizada por dos de sus subordinados en contra de un civil (con tal brutalidad que le ocasionaron la muerte) y en lugar de procesarlos o denunciarlos por el delito de tortura y homicidio, el superior ordenó “que se tirara el cuerpo”. Estos hechos ocurrieron dentro de las instalaciones del 21 Batallón de Infantería, ubicado en Cuernavaca, Morelos, y no en algún lugar oculto o fuera del control de los mandos militares. Algunos de los casos que dió a conocer el pleno de la Suprema Corte, involucran a mandos superiores del Ejército Mexicano, como el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien no sólo encubrió sino que expresamente ordenó torturas, ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles y otras atrocidades. Éstos no son “accidentes”, “excesos” o casos “aislados”, como quiere hacernos creer el gobierno federal. Son casos que ocurren dentro de instalaciones militares, que se planean y se repiten sistemáticamente:

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó ya un patrón sistemático de tortura dentro de las bases militares (ver la recomendación CNDH87/2011). Estos casos permitirán replantear el rol que hasta ahora han jugado las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para el despliegue de misiones militares existirán importantes controles a cargo del Poder Legislativo. Tanto si es necesaria una declaración de guerra conforme a los Artículos 73 y 89 de la Constitución; si se trata de una suspensión de garantías declarada conforme al Artículo 29; o incluso, si conforme al Artículo 89, fracción VI, el presidente emite un decreto fundando y motivando una situación en la que declare que es necesario preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, la intervención y los controles por parte del Poder Legislativo siempre resultarían fundamentales. Sin embargo, a raíz de la acción de inconstitucionalidad 1/1996, la Suprema Corte creó la lamentable posibilidad de que el Ejecutivo autorice misiones militares sin ningún control parlamentario y sin cumplir con los requisitos constitucionales previstos al efecto. Esto generó la impresión de que el

Ejecutivo podía usar/abusar del Ejército para destinarlo a las funciones que le parecieran pertinentes. El ministro José Ramón Cossío expresó que, conforme al Artículo 21 constitucional,

las instituciones de seguridad pública deben tener un carácter civil y “que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución”. Además, estableció que mientras no nos encontremos dentro de una suspensión de

garantías, en un estado de guerra o se hubiera emitido un decreto presidencial conforme al Artículo 89, fracción VI de la Constitución, el Ejército no podría encontrarse fuera de los cuarteles militares. El ministro señaló, por lo tanto, que las órdenes que emitió Felipe Calderón y las funciones que realizó el Ejército durante este sexenio resultaron abiertamente anticonstitucionales. Es una opinión que muchos abogados compartimos e hicimos pública desde hace varios años. Sin embargo, es la primera ocasión en la que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la expresa abiertamente. ¿Qué sanción resultaría adecuada para un mandatario que viola la Constitución sistemáticamente durante seis años?, ¿qué responsabilidad es exigible a un funcionario que ocasiona una crisis humanitaria, al desatar la violencia en un país sin contar al menos con un diagnóstico del “enemigo” que pretende enfrentar o una estrategia para librar su “guerra”?, ¿es admisible que queden impunes quienes encubrieron durante años la tortura, las desapariciones forzadas, las violaciones sexuales y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares dentro de cuarteles militares? A la sociedad mexicana le toca responder estas preguntas..3 *Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

opinión el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe claramente. Lo más grave y delicado, que puede equipararse a una traición a la patria, es que los gobiernos panistas a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han autorizado más de 700 permisos a empresas privadas con 25 de las cuales (como Iberdrola, AES, Unión Fenosa, Mitsubishi, por citar algunas) la CFE tiene contratos que obligan a esta “empresa de clase mundial” a comprarles su energía. Calderón presume a los cuatro vientos obras e infraestructura como las presas El Cajón y la Yesca; entonces la pregunta natural es: si el país tiene tal capacidad de generación de energía ¿por qué aceptar que la trasnacionales se metan a un negocio que debe ser área exclusiva y estratégica del gobierno mexicano? Bajo esta óptica, y como lo destacan los especialistas de la ASF, es notorio el desplazamiento que está sufriendo el servicio público de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país por los Productores Externos de Energía, contribuyendo con ello a un alto grado de desocupación de la planta productiva del Sistema Eléctrico Nacional, propiedad del Estado. De esta manera, como

exponen los analistas, es fácil de entender que no sólo es LFC, extinguida por decreto, sino la propia CFE la que está perdiendo progresivamente participación en el mercado, pues los productores privados ya detentan alrededor del 50 por ciento de la capacidad de generación de la CFE. Esto, por supuesto, en nada beneficia al país ni a los consumidores. Veamos un ejemplo del saqueo y las ventajosas condiciones de las trasnacionales, en contrasentido de la inducida quiebra de LFC por el propio gobierno federal: En 2007, Unión Fenosa, firma de origen español, vendió el kilovatio-hora (kWh) a la Comisión Federal de Electricidad en 59 centavos, la cual a su vez lo vendió a Luz y Fuerza del Centro en un peso, y en 93 centavos a los industriales. Un año después, en 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el kWh entregado a la CFE en 93 centavos y la CFE lo cobró a LFC en 1.50 pesos, pero la Secretaría de Hacienda obligó al hoy organismo liquidado a venderlo al usuario en 1.18 pesos. Ello originó –y de esto nada habla Calderón– que los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC, al generar un sobreprecio de 13 mil millones de pesos en 2009.

De esta forma, la energía comprada a CFE tuvo un costo que se incrementó de 41 mil 500 millones de pesos en 2001, a 108 mil 400 millones de pesos en 2008; así, los costos de explotación se integraron en un 56 por ciento en la electricidad comprada a CFE y 26 por ciento de pasivo laboral. Es así que, aunque resulte ilógico, los costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de los productores independientes, fueron transmitidos a la propia LFC, deteriorando aún más su difícil situación financiera. No puede hablarse de que CFE sea una empresa modelo cuando, además de tener pasivos por casi 850 mil millones de pesos, ha solapado que las trasnacionales se adueñen paulatinamente de la generación y transmisión de la energía eléctrica estando a un paso de meterse al campo de la comercialización pública. Es claro que la intención de los gobiernos de Acción Nacional nunca fue fortalecer y sanear a LFC, sino desaparecerla para abrir paso a la encubierta privatización de la que se han vueltos cómplices los funcionarios de la propia Comisión Federal de Electricidad, como su exdirector, Alfredo Elías Ayub. Valga señalar que Calderón estuvo enterado, desde que fue Secretario de Energía,

de la corrupción de los altos funcionarios de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, y no hizo nada; por el contrario, como presidente justificó de forma maquillada la extinción y quiebra financiera de los dos organismos descentralizados, basta con leer la Ley Federal de Entidades Paraestatales donde se establece con claridad que ambos se administran con un órgano de gobierno, el cual es observado y auditado tanto por la controlaría general como por la Función Pública. Si éste órgano de gobierno no sirve, entonces recae en el presidente la responsabilidad de intervenir para hacer que funcione, pues como ya apuntamos, es una obligación del Estado proporcionar el suministro público de electricidad, situación que Calderón jamás asumió como secretario y menos como presidente. Su traición a la patria es doble porque, además de haber desnacionalizado nuestra industria eléctrica, ahora trasladan el costo de las multimillonarias ganancias de las trasnacionales a los recibos de pago de los usuarios en todo el país, pisoteando los objetivos que hace 75 años estableció el general Cárdenas.3

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Prometeo Lucero/Procesofoto

LÍNEA GLOBAL

ODALYS TROYA FLORES/PRENSA LATINA

Minería canadiense, “amenaza ambiental en América Latina” Contaminación, explotación laboral, saqueo, epidemias y conflictos sociales son los saldos de las extracciones de mineras canadienses en América Latina. Los negocios de trasnacionales, cuyos capitales mayoritarios provienen de Canadá, se han multiplicado en los últimos 20 años y planean expandirse más

anadá, líder mundial del sector minero y con una fuerte presencia en América Latina, pretende seguir expandiéndose en el continente pese al amplio rechazo de organizaciones ambientalistas, académicos y comunidades originarias. A decir del primer ministro de ese país, Stephen Harper, “vemos la industria minera canadiense

creciendo en las Américas, algo que será beneficioso para la prosperidad mutua y será prioridad de nuestro gobierno”. Pese a las denuncias y protestas contra esas empresas en la región, aseguró durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, que es una prioridad para su gobierno aumentar y fortalecer la participación de compañías mineras canadienses en el continente.

“En el futuro próximo vemos una mayor inversión canadiense en recursos naturales en las Américas; esto es algo que será bueno para nuestra prosperidad y es una prioridad de nuestro gobierno”, afirmó Harper en la polémica cita continental. “Hemos encontrado la manera de convertir los activos minerales en un cimiento sostenible para el desarrollo equitativo y estamos dispuestos en cooperar como socios

estratégicos con los países de las Américas”, aseveró. Lo cierto es que más del 80 por ciento de las compañías inversoras

Más del 80%

DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS EN AMÉRICA LATINA SON CANADIENSES

en el sector de la minería metálica en este continente son canadienses. Estas empresas, muchas trasnacionales, se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores. El geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental, Allan Astorga, considera que muchas de esas compañías salieron de su país en busca de

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lÍNeA gloBAl 1 mil 246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica

canadienses en Latinoamérica, pero en la década de 1990 la crisis de la deuda obligó a los países a reactivar la minería y hoy existen 1 mil 246 proyectos canadienses activos en la región, los cuales parecían ser la esperanza para muchas comunidades. Lejos de los supuestos beneficios, estas empresas no han sido capaces de generar empleos dignos y numerosos. Por el contrario, además de ser altamente peligrosos, la mayoría de los puestos de trabajo creados son efímeros, pues duran mientras el mineral no se agote o dependen de los vaivenes del mercado. Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de esos proyectos, permanecen en la pobreza extrema y con poten-

más de 1 mil 500

EmPrESAS CAnADIEnSES OPErAn En AmÉrICA LAtInA

Stephen Joseph Harper, primer ministro de Canadá: la industria minera será prioridad en nuestro gobierno

ciales riesgos para la salud de sus habitantes por los altos niveles de contaminación, debido al mal manejo de químicos utilizados en esta actividad. Muchos de los gobiernos de la región, con nuevas políticas a favor de su soberanía económica, insisten en la necesidad de explotar los minerales, pues reportan enormes beneficios al desarrollo. No obstante, exigen que se haga de manera sustentable y amigable con el medio ambiente, tal como lo hicieron los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández; o de Ecuador, Rafael Correa. “La minería se necesita para

todo, incluso para combatir las enfermedades. Necesitamos que la sociedad tenga una actitud serena”, recalcó recientemente la mandataria argentina. Pero muchas empresas trasnacionales, en particular con presencia canadiense, están asentadas en la región pese a imputaciones por el mal manejo de químicos, destrucción del medio ambiente y contaminación de las aguas, lo que ha traído consigo duraderos y fuertes conﬂictos. En estos momentos, comunidades locales se mantienen en pie de guerra contra proyectos de inversión de las grandes mineras, www.celendinlibre.files.wordpress.com

recursos sin explotar, pero en particular a causa del endurecimiento de las normas que rigen la actividad minera en Canadá. Después de dos décadas de explotación, la supuesta prosperidad económica que traerían las mineras canadienses a los países implicados y en particular a las comunidades donde se fueron asentando, dista mucho de lo esperado, según denuncias. Contaminación, destrucción de bosques, saqueo de minerales, pocas ganancias y más pobreza forman parte de la herencia que dejan estas compañías. El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill, en Montreal, asegura que “las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica. “Existen más de 1 mil 500 empresas mineras canadienses que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región”, aseguró. Studnicki-Gizbert ha advertido acerca de los conﬂictos generados por la extracción de mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales, en particular, por los 1 mil 246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica. En las últimas dos décadas, estas compañías mineras experimentaron un crecimiento sostenido, particularmente a través de las empresas que se dedican exclusivamente a la exploración. Las explotadoras también mantienen un ritmo gradual ascendente. Los impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura que provoca esta industria, a lo que se añade la salida de las riquezas, son los principales puntos que originan el rechazo a la presencia de las transnacionales mineras en este continente. El historiador señala que hace 20 años había una docena de proyectos

www.infosurhoy.com

Para extraer un gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido en los ríos. Y las comunidades, víctimas de los procesos mineros violatorios de las leyes ambientales, conocen bien las concecuencias

Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de los proyectos mineros, permanecen en la extrema pobreza

Han estallado 162 conflictos mineros en América Latina. Los pobladores de las zonas afectadas consideran la actividad como una amenaza tanto para su salud como para sus propiedades

según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Detalla que, en el actual contexto de la fiebre del oro, 162 conflictos mineros han estallado en toda la región contra planes que las comunidades consideran una amenaza. En la última década, el precio del metal áureo pasó de 270 dólares a entre 1 mil 600 y 1 mil 800 dólares la onza. Lamentablemente, para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos. Y las comunidades, víctimas de los procesos mineros violatorios de las leyes ambientales, conocen bien sus consecuencias. En este filón de riquezas, las personas más pobres son las más explotadas, en particular los niños, tanto laboral como sexualmente, de acuerdo con la organización no gubernamental Save The Children. Las mineras Osisko Minning Corp, Goldcorp, Barrick Gold, Fortuna Silver Inc, First Majestic Silver son sólo algunas de las envueltas en conflictos. Las demandas fundamentales por parte de la comunidad son que apliquen un modelo económico razonable, que beneficie a los pueblos y no sólo a los propietarios, y que las actividades productivas respeten la legislación vigente. Además, exigen que el desarrollo sea sostenible y de acuerdo con los intereses de las comunidades que habitan las zonas que se quiere explotar.3

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COntrALUz

HANs-mAximo musieliK

3 Cambio de turno. Bomberos de la Décima Compañía de Bomberos Voluntarios de guatemala se forman para recibir las instalaciones ante su oficial de mando (izquierda). La recepción de las instalaciones en cada cambio de turno involucra verificar todo el equipo, el mantenimiento de los vehículos y la limpieza de las instalaciones

Bomberos: rescatistas

entre la violencia y la miseria Ser bombero en guatemala es ser un servidor social de tiempo completo. En un país

con una pobreza histórica y una violencia que se recrudece de vez en vez, la principal actividad de los bomberos no es extinguir incendios sino prestar servicios médicos, arrancar de la muerte a baleados, ayudar a parir a mujeres pobres, rescatar niños en tragedias ambientales y recuperar los cuerpos de quienes son asesinados. El

reportaje fotográfico se realizó entre agosto y septiembre de 2012 en las ciudades de guatemala y Villanueva y la comunidad de Santa Catarina Pinula

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3traslado en ambulancia. En Villanueva, un bombero voluntario paramédico toma la presión a una mujer embarazada que es trasladada al Hospital de Amatitlan, tras quejarse de dolores agudos en el área estomacal. muchos de los servicios gratuitos que prestan los bomberos voluntarios de la estación 25 de Villanueva son traslados por dolores y embarazos, ya que los residentes son de escasos recursos y los centros de salud, aunque mejor equipados y financiados, se niegan a brindar el servicio

6rescate en el Cementerio Central. En menos de cinco minutos, un remolino inesperado devastó el Cementerio Central de guatemala, en la zona 3. Donis, bombera voluntaria, rescata a un niño que quedó atrapado bajo un árbol caído junto a sus tres hermanos y su madre. Por suerte, no hubo heridos ni fallecidos

6Emergencias en el Hospital roosvelt. Bomberos voluntarios ingresan de urgencia a un herido de bala en el cráneo. minutos después, el muchacho muere en el shock room mientras que sus tres compañeros, también heridos de bala, son intervenidos quirúrgicamente. Los hospitales y servicios de emergencia sufren un drástico aumento de trabajo los viernes, sábados y domingos que caen en fin de mes y en quincena

6Emergencias en el Hospital roosvelt. Luis Eduardo (izquierda), bombero voluntario, junto con su compañero que sujeta el suero, ayuda a ingresar a un herido de arma de fuego al shock room del hospital. La bala le alcanzó la parte superior del pulmón izquierdo en un enfrentamiento con pandilleros, donde fueron heridos otros tres de sus colegas. Uno de ellos fue alcanzado en la cabeza y murió. El herido de la fotografía sobrevivió

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3Décima Compañía. Un bombero voluntario ingresa en la base de datos la información de las salidas de los vehículos. Los bomberos voluntarios de Guatemala mantienen un riguroso orden y bitácora de todos los eventos acontecidos. El trabajo administrativo, de mantenimiento y preventivo es de igual importancia para el óptimo funcionamiento de cada Compañía

36Cabina de Ambulancia. El oficial Jesús Aparicio Ortiz es un veterano de los bomberos voluntarios de Guatemala y funge como jefe de la estación 25 de Villanueva, municipio aledaño a la capital. Las compañías Décima y Vigésimo Quinta en las ciudades de Guatemala y Villanueva, respectivamente, se encuentran en zonas de alto conflicto y atienden a diario un alto volumen de emergencias

5Cabina de ambulancia. Dos paramédicos de la Décima Compañía de Bomberos Voluntarios estabilizan a un herido por arma blanca

3Décima Compañía. El bombero voluntario Nelfín Evelio Rivera (izquierda) y su compañero atienden sobre una avenida a un pandillero herido por corte de navaja en un asalto. Sus órganos quedaron expuestos. Al llegar la ambulancia, la víctima estaba parada con sus órganos en la mano rodeada de unos siete elementos de la Policía Nacional Civil, que sólo le observaban. Nadie parecía saber de primeros auxilios. Durante el proceso de estabilización en el lugar, la víctima, angustiada por el miedo a morir, pedía perdón “a todos los que mató”. El muchacho sobrevivió

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3Estación Central. Bomberos de la Estación Central se relajan unos minutos mientras consiguen “una cita a uno de sus compañeros a través de una página social” para la gala de bomberos del día siguiente

6Celebración de Aniversario. Bomberos voluntarios de varias compañías celebran su aniversario con actos de espontaneidad

6Emergencia en Estación 25. El bombero galonista José Luis Conde, de la vigésimo quinta Estación de Bomberos en Villanueva, le da tres puntos en un dedo a un muchacho de 15 años tras haberse herido con un clavo. El paciente buscó ayuda en el centro de salud de Villanueva, pero le negaron la atención médica y lo enviaron con los bomberos voluntarios

4Rescate de cuerpos. Rescatistas de los Bomberos Voluntarios de Guatemala logran sacar el cuerpo de la adolescente de 16 años, Jéssica, quien fue salvajemente asesinada y mutilada junto a su amiga Karen Lima, de 14 años, y la madre de ésta, Toribia Pérez, de 38, al salir en la madrugada de una fiesta en la aldea de Santa Catarina Pinula. Los asesinos, tras matarlas, les cortaron a cada una diferentes extremidades y las tiraron en dos pozos de unos 8 metros de profundidad. En Guatemala, tanto los feminicidios como la impunidad van en aumento

4Estación de la Décima Compañía. Durante los pocos momentos de tranquilidad entre salidas, los bomberos voluntarios cocinan y comparten experiencias. En esta ocasión uno de ellos preparó chocolate caliente para todos

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CRÓNICAS DE LÁTEX

MANRIQUE

EX LIBRIS

n el libro El poder y la fuerza. La seguridad de la población civil en un mundo global, el capítulo siete y último es verdaderamente excepcional, pues sintetiza a los seis previos. Y si bien deben leerse sus 300 páginas, de la sección “Plan del libro”, puede el lector pasar de inmediato a este capítulo que es, digamos, la conclusión y no tiene desperdicio para comprender el análisis que hace la autora del Informe sobre desarrollo humano de 1994, donde la seguridad individual y de la sociedad gira en torno a los derechos humanos. Y nos pone al tanto de los siete temas que comprenden el concepto de seguridad humana: “económico, alimentario, salud, ambiental, personal, la de vivir en sociedad y seguridad política”. Y éstos con la primacía de los derechos humanos, tener una autoridad legítima y resolver políticamente los problemas económicos. “La seguridad debe concebirse como la ausencia de violencia física […]; vinculada al hecho de sentirse seguro en las calles […]. Influir en la

ÁLVARO CEPEDA NERI*

Mary Kaldor: seguridad, poder y fuerza toma de decisiones políticas […]. para medir la seguridad humana nada como evaluar el problema de los desplazados […]. La seguridad está vinculada con la

legitimidad política […]. Promover discusiones en torno a la manera de emplear elementos civiles para la gestión de las crisis […] Y cómo y cuándo los civiles deben trabajar junto a los militares […]. Los gobiernos débiles o ilegítimos aprovechan métodos violentos, se convierten en señores de la guerra y generan grupos paramilitares […]. Los daños colaterales resultan inaceptables […]. Muchas personas se unen a grupos paramilitares o de organizaciones criminales porque no disponen de alternativa de empleo o ingresos […]. El empleo de fuerzas militares en tareas de combate pueden agravar la inseguridad”. Y que parte de resolver la inseguridad es “hablar con todos, y no debería resultar difícil identificar a personas íntegras que puedan hacerla de guías […] lo que incluye a criminales, mafiosos y señores de la guerra”. guerra La autora Mary Kaldor, directora y profesora del Centro para el Estudio Global de la Gobernabilidad (en la London School of Economics and Political Science), llega al corazón de la seguridad-inseguridad que sufren los pueblos, sobre todo cuando sus gobernantes buscan solucionar problemas de violencia criminal con una guerra interna. Tiene una bibliografía utilísima y hace la diferencia entre criminales e

insurgentes en los países con violencia social y conflictos de narcotráfico. Con este tema hay otros dos libros: Guerra en la red, los nuevos campos de batalla, de Richard A Clarke y Robert K Knake; y el de Fréderic Martel, Cultura mainstream: cómo nacen los fenómenos de masas, que en otro Ex Libris reseñaremos. El poder y la fuerza, traducido por Araceli Maira Benítez y Alberto E Álvarez, tiene otro sensacional capítulo, el número cinco, donde Mary Kaldor expone brillantemente “la idea de una (nueva) sociedad civil global” a partir de aquella genial propuesta de Immanuel Kant, sobre una “sociedad civil universal” en su ensayo “La paz perpetua”, y solamente posible como republicanismodemocrático.3 Ficha bibliográfica: Autora: Mary Kaldor Título: El poder y la fuerza Editorial: Tusquets, 2011

*Periodista

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CINE4Benghazi: el frente no armado | En medio de la guerra, de la revolución, además de balas y sangre, hay gente. Seres humanos que se aprestan a defender sus ideales y convicciones, sus casas, sus familias. En medio de una lucha armada hay ideas, mismas que habrán de jugar un papel fundamental en virtud de los deseos y necesidades de quienes no tienen consigo un fusil o un avión bombardero. Ése es el aspecto que muestra Natalia Orozco en su documental Benghazi: el frente no armado. El aspecto de quienes, sin estar apostados en una trinchera, lucharon desde sus propias casas u oficinas, en el epicentro de la resistencia no armada, contra el régimen dictatorial de quien fuera uno de los personajes más influyentes y temidos en el mundo árabe de mediados del siglo XX y principios del XXI: Muamar el Gadafi. Así, desfilan por el lente desde odontólogos (uno que posteriormente sería líder de las juventudes libias y miembro de un partido político de transición), mujeres abogadas, comunicólogos ávidos de independencia, músicos y militares desertores (que prefirieron enfrentar las amenazas del régi-

men antes que masacrar a la población civil, a sus propias familias y amigos que se quejaban del autoritarismo), todos ellos protagonistas de la transformación del régimen gadafista. Este documental no es un parte de guerra. Es un testigo que acompaña a los ciudadanos de a pie en su organización para resistir los embates militares del dictador y su estrategia para conservar el poder; es la efigie del combate de civiles que sustituyeron las armas por cámaras de televisión para difundir su propia perspectiva al levantar la voz, evidenciando; es la historia de los actores que no perdieron la esperanza pese a haber sido presos y torturados por su inconformidad por más de 20 años; es donde consta la tenacidad de aquellos que supieron que una vez comenzado el movimiento revolucionario no claudicarían hasta presenciar los cambios que ansiaban desde hacía mucho tiempo; es la conmovedora faceta del lado humano del conflicto bélico en Libia de 2011; es la pérdida de familiares y amigos, pero también es el coraje y el valor de los disidentes, de sus fuerzas sacadas de la destrucción y el caos; son las lamentaciones, el desasosiego. Pero es también la voz de júbilo, de la esperanza nuevamente asida por el fracaso de la tiranía, por el éxito de la impostergable insurrección, de una de las piezas del rompecabezas llamada la Primavera Árabe… Narrado en español por la misma Natalia Orozco (Colombia) –quien antes de ser cineasta es periodista– el documental enfrenta al espectador consigo mismo al develar la profundidad de las emociones humanas, al dejar exhibida la realidad que aconteció, no sólo en Libia, sino, paralelamente, en muchas otras partes del mundo y que perdura. Dolor, tristeza y frustración son algunas de las emociones universales que atañen a todos sin distinguir situación geográfica, sexo y mucho menos religión; y que hacen reflexionar sobre las cosas importantes de la vida

AGENDA …cultura, arte y entretenimiento OCTAVIO sALAs

cuando se ven amenazadas por una lluvia de balas, bombas y sangre amiga. Pero también están la alegría, el orgullo de la victoria, el deseo consumado, la celosa memoria de quienes cayeron haciendo de la guerra no armada una posibilidad tangible; está el nuevo rumbo para las generaciones venideras, la ruta trazada, la puerta abierta. La importancia de este documental para la sociedad mexicana, entre otras cosas, radica en que en la internacional producción ejecutiva, una empresa mexicana tomó parte. Se trata de Once Tv México, que al lado de canales franceses y colombianos, hicieron posible que este trabajo de investigación llegara a feliz puerto.

4La presentación pública en México de este documental de 52 minutos –que es parte del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 2012– se llevará a cabo en el Centro Cultural Digital Estela de Luz el 13 de noviembre de este año en punto de las 21:00 horas. Y contará con la presencia de la directora de la cinta, así como la de distintas personalidades de la comunidad internacional y la cultura mexicana. Ese mismo día, pero a las 10:30 horas, será transmitido por televisión abierta a través del Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional.

LIBROs4El El 9 de noviembre pasado dio inicio la 32 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Nacional de las Artes. En este espacio diseñado para los jóvenes lectores –la mayoría del material impreso está pensado para gente entre los 0 a 17 años– los adultos podrán disfrutar igualmente y de manera gratuita de talleres, lecturas en voz alta, teatro y danza. Todo girando alrededor de los libros. El tema de este año será la lectura como vínculo de la diversidad cultural, al arrojar luz sobre las nuevas tendencias literarias en medio este mundo globalizado. Además de presentar lo más vanguardista en materia de libros electrónicos e interactivos. Los visitantes de esta feria encontrarán más de 100 fondos editoriales y una amplia gama de temas, estilos y géneros literarios.

4Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, Country Club, de 10:00 a 20:00 horas. Hasta el 19 de noviembre de 2012).

MANRIQUE

EL SIQUIATRA

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