Semanario 49

SEMANARIO DISTRIBUCIÓN GRATUITA

SOCIEDAD CALDERÓN DEJA DEUDA PÚBLICA DE 5 BILLONES Érika Ramírez

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DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 | AÑO 2 | NÚMERO 49

WWW.CONTRALINEA.COM.MX

RESURGE LA DESAPARICIÓN FORZADA

MÁS DE 6 MIL EXPEDIENTES ABIERTOS

JUSTICIA CASINO ROYALE: LA TRAGEDIA CONTINÚA Celso Cantú/ Contralínea Nuevo León

CNDH DOCUMENTA, ADEMÁS, 2 MIL CASOS DE TORTURA Y TRATOS CRUELES COMETIDOS EN LA “GUERRA” CONTRA EL NARCO

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LÍNEA GLOBAL MÁS BIOCOMBUSTIBLES, MÁS HUMANOS SUFRIRÁN DE HAMBRE Daan Bauwens/IPS

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Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos: algunos de los saldos de la “guerra”. Raúl Plascencia asegura que el origen del incremento de las violaciones a los derechos humanos es la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A pesar de que la CNDH ha emitido diversas recomendaciones sobre asesinatos atribuibles a servidores públicos, el ombudsman se resiste a definirlos como ejecuciones extrajudiciales Flor Goche

OPINIÓN | Las fuerzas del imperio: drogas, armas, dinero y corrupción Más destrucción por el control de los recursosFernando Velázquez

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EX LIBRIS | México: el Estado capturado por los cárteles Narcotráfico en México: la insurgencia criminal de hoyÁlvaro Cepeda Neri

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CONTRALÍNEA | DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE de 2012

OFICIO DE PAPEL

CARTÓN

MIGUEL BADILLO*

Bacanal

Malestar en Pemex por el oficio DG-320/2012

H

ace unos días Juan José Suárez Coppel comparecía ante diputados de la Comisión de Energía cuando sintió que le movían el piso. Un terremoto con epicentro en aguas del Pacífico provocó el miércoles pasado un sismo en estados del Sur de la República, lo que ocasionó que se interrumpiera la sesión y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuviera que desalojar por unos minutos el edificio del Congreso de la Unión.

Por tratarse de la principal empresa del Estado, los legisladores arremetieron en contra del funcionario y también del titular de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, a quienes culpan de la privatización del petróleo y de los problemas que enfrenta Pemex; uno de ellos, el indiscriminado robo de combustibles en todo el país, sin que la autoridad haga algo para evitarlo.

Según el director general de Pemex Refinación, Miguel Tame, sólo en 2011 la Petróleos perdió poco más de 5 mil millones de pesos por el robo de combustibles. A diario se extraen ilícitamente entre 7 mil y 8 mil barriles de crudo. Por su gravedad, la situación se considera un tema de seguridad nacional, al grado de que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal las que custodian, de manera parcial, los 14 mil kilómetros de ductos.

Las cifras no dejan dudas respecto de la magnitud del problema: al cierre de junio pasado, Pemex Refinación estimó que el combustible sustraído ilícitamente a 1 millón 841 mil 478 barriles. Esta cantidad representa 18 por ciento más que el faltante calculado para el mismo periodo de 2011, por 1 millón 557 mil 569 barriles. Para Tame es imposible vigilar cada centímetro de los ductos; asegura que la subsidiaria que encabeza reacciona lo más pronto posible ante una toma clandestina: una vez que se detecta, el personal tarda entre una y dos horas para llegar al lugar, debido a las dificultades del camino.

Pero otro asunto que los diputados no pudieron preguntar a Suárez Coppel porque, para variar, están desinformados, es el relativo a la inconformidad que hay en todas las direcciones generales de las subsidiarias de la empresa petrolera, por un oficio confidencial (DG-320/2012) que Suárez firmó el 6 de septiembre y envió a la plana mayor de Pemex.

Altos funcionarios petroleros se quejan de él (fuentes cercanas al próximo gabinete aseguran que Suárez Coppel ya no repetirá en la Dirección General de Pemex como pretendía) y lo acusan de abuso de autoridad y de pretender controlar y gestionar en las últimas semanas de su administración los contratos para las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios del área de tecnologías de la información.

El malestar ha llegado a tal grado, que funcionarios petroleros acusan a Suárez Coppel de pretender hacer negocios al final del sexenio en colusión con el director corporativo de Tecnología de Información y Procesos de Negocio, para impedir la libre contratación con empresas diversas.

Ese oficio de la Dirección General, que ha causado enojo en muchos funcionarios, fue dirigido a los directores generales de Pemex Exploración y Producción, Carlos A Morales Gil; Pemex Refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica, Alejandro Martínez Sibaja; y Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín. También a los directores corporativos de Operación, Carlos Murrieta Cummings; de Administración, Agustín Castro Pérez; y de Finanzas, Ignacio Quesada Morales; y al director Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez.

El oficio DG-320/2012 firmado por Suárez Coppel instruye a todos los directores de Pemex para que cumplan lo siguiente: “Con el objeto de fortalecer la implementación [sic] de estrategias institucionales así como la gobernabilidad de las tecnologías de información (TI), entre las que se encuentran la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, automatización industrial, sistemas técnicos y SCADA [software que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia], es necesario que se observe en aquellos casos en que las direcciones corporativas de Pemex o los organismos subsidiarios a su cargo estén llevando o vayan a llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que contengan componentes de TI, incluyendo los servicios de supervisión relativos a dichos bienes y servicios, se cuente con el dictamen técnico favorable de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocio (DCTIPN).

“Para que la DCTIPN esté en posibilidades de emitir el dictamen técnico que corresponda, será indispensable que las áreas anexen a sus solicitudes de dictamen de procedencia los siguientes documentos: antecedentes y objetivo del requerimiento; riesgo en caso de no llevar a cabo la contratación; justificación del requerimiento y estudio de mercado; monto a ejercer; y especificaciones técnicas.

“Asimismo, personal de la citada Dirección deberá participar en la evaluación de las propuestas, en cada una de las distintas etapas del proceso de contratación, incluyendo la junta de aclaraciones y evaluación de las propuestas técnicas, con la finalidad de emitir la opinión correspondiente de los elementos de TI evaluados, conforme a las especificaciones técnicas que previamente dictaminó.3 *Periodista

MANRIQUE

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León Braojos

PORTADA

Flor goche

CNDH: más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos son algunos de los saldos de la “guerra” contra el narcotráfico denunciados ante la CNDH, revela en entrevista con Contralínea el presidente de esa Comisión. A pesar de que el organismo autónomo ha emitido diversas recomendaciones sobre asesinatos atribuibles a servidores públicos, el ombudsman se resiste a definirlos como ejecuciones extrajudiciales. Raúl Plascencia asegura que en el origen del incremento de las violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin estar preparadas ni facultadas para ello; también, el aumento de la impunidad y la falta de coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno

A

finales de marzo de 2011, luego de concluir su recorrido por México, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que durante el actual sexenio se habrían

perpetrado al menos 3 mil desapariciones forzadas; esto es 300 por ciento más que las ocurridas durante 25 años de la Guerra Sucia.

Transcurrido un año y medio de aquel anuncio, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoce que este número “está un poco corto”.

En entrevista con Contralínea, revela que el organismo a su cargo tiene más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, mismos que se encuentran en etapa de integración para determinar a los responsables: agentes del Estado, delincuentes estos últimos “actuando con la anuencia o complacencia de servidores públicos”.

Por lo pronto, la CNDH conoce de 408 casos que datan de 2007 a la fecha y que comprenden a 660 víctimas, en los que hay una “línea clara de involucramiento de autoridades federales”. Las entidades con más incidencia son Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Durango.

Plascencia Villanueva explica que esto es reflejo del aumento exponencial de las violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, mientras en 2006 obraban en los archivos del organismo autónomo cinco o seis quejas por tortura o tratos crueles e inhumanos, en 2011 la cifra se

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humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista. En éste se documentan 353 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones contra defensores de derechos humanos y encarcelamientos de personas a causa de la manifestación de sus ideas políticas, cometidas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012.

El título de su informe alude a la política de seguridad encabezada por Felipe Calderón que evolucionó de “guerra” a “lucha contra

la delincuencia organizada”, en esencia, al “proceso a través del cual el Estado se configura como un Estado terrorista, y éste se ha convertido en el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en nuestro país para su beneficio y en perjuicio del resto de la sociedad”.

Cuestionado al respecto, el titular de la CNDH pide “tener mucho cuidado” al calificar al Estado en su conjunto de terrorista, pues en el Estado estaríamos incluidos todos: el gobierno, los poderes Legislativo y Judicial y la sociedad. De ser así, “de ninguna manera creo que pudiéramos emitir un adjetivo de esas características”.

CnDH niega ejecuciones extrajudiciales En su editorial del 23 de agosto pasado “México, espiral de la barbarie”, el diario francés Le Monde se refirió así a la “guerra” contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón: “esta auténtica hecatombe constituye, y de lejos, el conflicto más mortífero del planeta en los últimos años”.

La afirmación del diario surgió luego de que el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía hiciera públicas las cifras sobre el número de homicidios perpetrados en territorio mexicano de 2007 a 2011: 95 mil 632.

Plascencia Villanueva dice que indudablemente “en lugar de existir mayor protección a la vida, existe un mayor peligro de perder la vida por factores muy distintos”. No obstante, llama a distinguir entre los homicidios atribuibles al crimen organizado y los que ocurren como consecuencia de peleas en cantinas, atropellamientos o situaciones en donde una persona decide matar a un conocido.

Respecto de los crímenes cuya responsabilidad recae en funcionarios del Estado, el también doctor en derecho manifiesta que la CNDH ha emitido diversas recomendaciones que refieren el asesinato de “personas que sin tener nada que ver con un operativo terminan perdiendo la vida”, como consecuencia de “procederes inadecuados de [los] servidores públicos”.

Es el caso de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Iván Stephens/Cuartoscuro

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La CNDH conoce 408 desapariciones con una “línea clara de involucramiento de autoridades federales”

El presidente Calderón, acompañado (de izquierda a derecha) por Marisela Morales, titular de la PGR; Alejandro Poiré, secretario de Gobernación; Silvano Aureoles; y Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional

Gabriela Pérez/Cuartoscuro

disparó a 2 mil. Lo mismo ocurrió con las desapariciones forzadas, puesto que en 2006 “se contaban con los dedos”, asegura.

A decir del ombudsman, en el origen de este incremento está “la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin estar preparadas, sin estar facultadas constitucionalmente, sin tener un marco jurídico adecuado para ello”.

También está la carencia de controles adecuados de supervisión de los servidores públicos autorizados para ejercer la fuerza del Estado, particularmente de los policías; el aumento en los niveles de impunidad, que invita a los delincuentes a seguir con sus conductas contrarias a la sociedad y a los “malos” servidores públicos a actuar al margen de la ley; así como la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones públicas.

Ejemplo de lo anterior es el ataque de policías federales a una camioneta con placas de la embajada estadunidense, en la que viajaban agentes de aquel país y un capitán de la Secretaría de Marina, ocurrido el pasado 24 de agosto en Tres Marías, Morelos.

—Cuando se presentan casos como éstos es importante que la respuesta de la justicia sea inmediata para que a la sociedad en general le quede muy en claro que se trata de comportamientos indebidos, prohibidos. Han transcurrido ya días y no sucede absolutamente nada –dice Plascencia Villanueva.

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, como el Comité Cerezo México, han advertido que en la raíz del incremento de violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está una política sistemática de Estado, a la que denominan “guerra contra el pueblo”.

Para Raúl Plascencia, se trata, en cambio, de una “tendencia de algunos servidores públicos, no de todos, por rechazar recomendaciones, por resucitar prácticas que parecían ya olvidadas en el Estado mexicano”.

Apunta que, en orden de quejas, son los elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Armada quienes más atentan contra los derechos humanos.

En la recta final de este sexenio, el Comité Cerezo hizo público el Informe de violaciones a los derechos

Archivo Contralínea

tres mil desapariciones forzadas en la “guerra”, 300 por ciento más que las ocurridas durante 25 años de la Guerra Sucia

En lo que va del sexenio, la CNDH ha abierto 6 mil expedientes por desapariciones forzadas

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CONTRALÍNEA | DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 PortaDa la CnDH sólo ha emitido una recomendación por desaparición forzada: la de los luchadores sociales Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Cuartoscuro

“La Policía Federal, el Ejército y la Armada, quienes más atentan contra los derechos humanos”

Presos políticos: “criminalización de la protesta social” En materia de presos políticos (personas detenidas por romper el marco jurídico al declarar, manifiestamente, la guerra al Estado) y de conciencia (personas detenidas por participar en acciones en defensa de los derechos humanos que se desarrollan dentro del marco legal), el Comité Cerezo México ha documentado 970 casos en lo que va del sexenio de Calderón.

En su informe más reciente, que comprende el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012, da cuenta de las detenciones de 158 luchadores sociales o defensores de derechos humanos. Éstas también van al alza: en 2011 fueron 78 y en 2012 (hasta mayo), 80.

Sin brindar una cifra sobre esta problemática, el presidente de la CNDH menciona que en algunas entidades, particularmente en Chiapas, “hemos

Óscar Alvarado/Cuartoscuro

El Comité Cerezo documentó 353 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones contra defensores de derechos humanos y detenciones políticas de enero de 2011 a mayo de 2012

Existe una ausencia de controles adecuados de supervisión de los servidores públicos autorizados para ejercer la fuerza del Estado, particularmente, los policías

observado una dinámica de estas características”.

Tal es el caso de la coordinadora estatal Plan de Ayala, cuyos líderes fueron detenidos y acusados de diversos delitos como consecuencia de las movilizaciones que realizaban.

De hecho, asegura Plascencia Villanueva, la CNDH emitió una recomendación con el objetivo de que “se puedan tomar medidas para evitar estar criminalizando la protesta social”; también, envió un comunicado al gobierno de Chiapas en el que le solicita revisar los procedimientos y garantizar un proceso justo a “aquellas personas cuyo delito que se les atribuye es precisamente estar afectando intereses del gobierno, cuando no hay otra justificación para tenerlos en prisión”.

Cifras de la CnDH, menores que las de organizaciones civiles De acuerdo con la asociación civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, de 2008 a mayo de 2012 se han cometido 451 agresiones contra defensores de derechos humanos: amenazas, allanamientos, intervención de comunicaciones, daño a la propiedad, hostigamiento y criminalización.

Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son menores en 214 por ciento, a pesar de que comprenden un periodo más amplio. A decir de Raúl Plascencia, de 2007 a la fecha, la CNDH investiga 210 casos de defensores de derechos humanos que se vieron agraviados “a partir de actos delincuenciales” o de servidores públicos.

El ombudsman refiere un

Ricardo Castelán/Cuartoscuro

Gabriela Pérez/Cuartoscuro

El origen del incremento de las desapariciones forzadas tiene que ver con “la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”:ombudsman Raúl Plascencia

(Monterrey, 2010); de los menores Brian y Martín Almanza Salazar (Tamaulipas, 2010); de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román (Tabasco, 2010), y de Jorge Otilio Cantú Cantú (Monterrey, 2011).

El ombudsman se resiste, sin embargo, a calificar a éstos y otros hechos como ejecuciones extrajudiciales, pues “en la Comisión hemos sido muy cautos en analizar y utilizar este calificativo, porque la ejecución extrajudicial implica eliminar a una persona como parte de una decisión de un servidor público y utilizando la fuerza del Estado”.

Por lo tanto, asegura que en los últimos años no “hemos encontrado una acción de estas características, esto es en donde exista un plan específico diseñado para privar de la vida a un individuo”.

En contraste, el Comité Cerezo México, que el pasado 1 de septiembre recibió el Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán por su lucha en contra de la represión política y las detenciones arbitrarias, ha documentado la ejecución extrajudicial de 70 activistas y defensores de derechos humanos, de 2008 a mayo de 2012.

En su Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista, alude 29

ejecuciones extrajudiciales consumadas de enero de 2011 a mayo de 2012.

Aclara que aunque éstas son “justificadas e invisibilizadas como muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el territorio”, se trata, en realidad, de crímenes cometidos por fuerzas estatales (45 por ciento por paramilitares con la aquiescencia del Estado y 14 por ciento por policías) motivados contra la defensa de derechos humanos que desempeñaban las víctimas.

Advierte, asimismo, que esta práctica va en aumento. En 2009 y 2010 esta organización contabilizó un total de 15 ejecuciones extrajudiciales; en 2011, 17; y de enero a mayo de 2012, 12.

Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Durango, las entidades con más incidencia

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CONTRALÍNEA | DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012

info@contralinea.com.mx

CnDH: una recomendación por desaparición forzada Desde el inicio de la gestión de Calderón hasta mayo de 2012, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas (integrada por 63 organizaciones de derechos humanos y sociales a nivel nacional y 13 organizaciones internacionales) ha contabilizado la desaparición forzada de 61 activistas y defensores de humanos.

Durante el mismo periodo, la CNDH sólo ha reconocido, a través de la recomendación 7/2009, un caso de desaparición forzada de luchadores sociales: el de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes

del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes habrían sido detenidos-desaparecidos en mayo de 2007 en un operativo a cargo de policías de Oaxaca y elementos del Ejército Mexicano (Contralínea 222).

—¿Por qué las cifras de la CNDH distan tanto de las que ofrecen las organizaciones no gu-

ideología. Algunos actores, algunos organismos gubernamentales prefieren no hacerlo. En la Comisión no solemos hacerlo porque independientemente de la ideología, forma de pensar o partido al que pertenezcan, nosotros tenemos que investigar las cosas de la misma manera.

Cuartoscuro

caso de Baja California en el que una defensora civil fue objeto de amenazas por parte del titular de una corporación policial “a propósito de la acción que estaba llevando a cabo”. También habla de Alejandro Solalinde, sacerdote católico, “cuyo único delito es tratar de ayudar a los migrantes y a propósito de ello ha recibido embestidas de la Policía Federal, de la delincuencia y de otra serie de personas con el ánimo de contenerlo, de intimidarlo para que [no] siga trabajando en la lucha por los migrantes”.

“El aumento en los niveles de impunidad invita a los delincuentes a seguir con sus conductas contrarias a la sociedad y a los malos servidores públicos a actuar al margen de la ley”

bernamentales? –se le pregunta a Raúl Plascencia.

—Quizá por la calificación que les están dando ellos. Por ejemplo, el tema del EPR, en la recomendación de estos dos señores en ninguna parte se hace referencia a un tema de contenido político, ni siquiera antecedentes o filiación o

—¿Entonces, además de esta recomendación no tienen otras que refieran específicamente desapariciones de activistas?

—No recuerdo casos como el de Edmundo Amaya; no recuerdo algo similar. Además se hubiera generado un escándalo nacional también, como lo fue en su momento.

A casi dos años de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el Estado mexicano no ha reconocido la competencia de su Comité, órgano encargado de su cumplimiento y de recibir y examinar las comunicaciones de personas que alegaren ser víctimas de violaciones a las disposiciones de dicho instrumento.

Al respecto, el titular de la CNDH dice que “estaremos ahí dialogando con el nuevo gobierno federal con el objetivo de que puedan eliminarse estas reservas”.

Manifiesta, asimismo, la necesidad de abrir la discusión en torno al delito de desaparición forzada. Ello, porque al no estar legislado en la mayoría de las entidades es muy difícil de acreditar.

—Mi punto de vista será tratar de influir de la mayor forma para que se elimine la reserva a la Convención sobre desapariciones forzadas, pero también que se pueda discutir en cuanto a la conveniencia de la federalización de este delito, o bien, al menos, una ley general que obligue a todos los estados a legislar en igualdad de circunstancias en la materia.

—¿Qué recomendaciones haría al próximo presidente de México

para que el Estado cumpla en materia de derechos humanos?“En la Comisión le apostamos a poder prevenir las violaciones de los derechos humanos, y la mejor forma de prevenirlas es si existe una capacitación, una educación que propicie en el servidor público la conciencia de lo que está haciendo y, por lo menos, cuando decida torcer la ley esté consciente de lo que está haciendo.”

—La primera recomendación sería el que pudiera existir una instrucción muy clara, directa, a todos los servidores públicos en el sentido del deber que tienen de servir a la sociedad, cumpliendo con la ley y evitando violar los derechos de las personas. En segundo lugar, tiene que darse un proceso de capacitación, de educación muy intenso para los servidores públicos del país.

—¿Y la CNDH qué tiene que hacer para fortalece su labor?

—Bueno, estamos haciéndolo.

Sobre todo, buscando hacer realidad la reforma de junio del año pasado, que es una reforma a la que califiqué como la más importante desde 1917 en la materia. De tal manera que tenemos los elementos adecuados, de momento, como para poder otorgarle una mayor fuerza al trabajo.

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CONTRALÍNEA | DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE de 2012

JUSTICIA Casino Royale: complicidad e impunidad

Celso Cantú/Contralínea Nuevo León

La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a afirmar que existe en México el terrorismo vinculado a la delincuencia organizada. A más de un año de la tragedia, la justicia se muestra por lo menos deficiente: de los 26 presuntos delincuentes detenidos tras el ataque, sólo 13 han sido consignados. Mientras los niños que perdieron a sus padres están en el desamparo, los operadores de los negocios de apuestas siguen “trabajando” con nombres distintos

M

Manrique

onterrey, Nuevo León.

La agresión cometida la tarde del 25 de agosto de 2011 en esta ciudad inició tras llegar al Casino un convoy de cinco vehículos con hombres armados y una camioneta cargada con 10 bidones de 20 litros de gasolina cada uno.

Al Casino Royale, según los acusados, unos 13 jóvenes ingresaron portando armas largas, con las que aterrorizaron a unos 100 asistentes; luego empezaron a rociar el combustible sobre máquinas, alfombras y prendieron fuego. El incendio que provocaron causó la muerte de 42 mujeres,

una de ellas embarazada, y 10 hombres.

Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón decretó luto nacional y convocó a los líderes partidistas, coordinadores parlamentarios, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ministro Juan Silva Meza) y al líder del Consejo Coordinador Empresarial (Mario Sánchez).

Asimismo, a José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, para compartirles información del ataque y pedirles cerrar filas contra la delincuencia organizada.

Ante el hecho se suspendieron todo tipo de eventos en Nuevo León, algunos a destacar correspondieron al del Museo del Palacio de Gobierno, el cual anuló la fiesta por su quinto aniversario. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), canceló el concierto estelar de la serie que organizó para celebrar sus 20 años.

Treinta horas después del ataque contra el Casino Royale, iniciaron las controversias sobre cuál era el nombre del concesionario o el dueño del casino.

La autoridad estatal, encabezada por el gobernador Rodrigo Medina, pidió a la Secretaría de Gobernación que abriera los expedientes de los casinos para saber quiénes eran los verdaderos dueños.

Además anunciaba en conjunto con el municipio de Monterrey un plan de cinco puntos contra las casas de juego ilegales, advirtiendo que buscarían que ni un casino más fuera instalado en la entidad.

Como parte del programa instrumentado por el gobierno de Medina, José Alfonso Solís, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue el primer servidor público que perdió su cargo tras el ataque al Casino Royale.

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, insatisfecho, declaró que, aunque hubiera presentado su renuncia o lo “hayan

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CONTRALÍNEA | DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 JUSTICIA En Nuevo León sólo existen 17 casinos instalados que cuentan con licencia de uso de suelo: Fernando Larrazábal, exalcalde de Monterrey

Contralínea Nuevo León

“En 2011 tuvimos uno de los eventos más tristes para México: un cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas”: Felipe Calderón

de 18; Juan Flores, el Casillas, de 20 años; y Julio Ramírez, el Julio Rayas, de 28 años.

En paralelo a esto, el gobernador Rodrigo Medina anuncia ya estar trabajando de manera conjunta con el gobierno federal en la búsqueda de los propietarios del casino, los hermanos Raúl y Jorge Alberto Rocha Cantú.

Ante estas declaraciones, el abogado del Casino Royale, Juan Gómez, declaró que los hermanos Rocha estarían dispuestos a colaborar con la investigación siempre y cuando existieran las condiciones óptimas para presentarse.

Para apoyar a las familias afectadas, Medina declara que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia estatal había otorgado apoyos de gastos funerarios a 26 de las víctimas del atentado y asesoría legal a 270 trabajadores del Casino.

Agregó que seguirían otorgando becas educativas, asesoría legal a empleados, aten-

3 mil 500 máquinas

INCAUTÓ EL SAT DE 11 CASINOS EN MONTERREY

de Justicia de Nuevo León presentó a los sospechosos, quienes, según las autoridades, ya habían confesado su participación en el atentado. Su captura, dijeron oficialmente, se logró gracias a las huellas dactilares y la revisión de videos que permitieron identificarlos.

En una entrevista para medios electrónicos en la Ciudad de México, el vocero estatal de Seguridad, Jorge Domene, aseguró que los detenidos afirmaron haber sido “regañados” por sus jefes tras confirmarse la muerte de 52 personas. Además, que confesaron que la idea original del ataque era desalojar el lugar y posteriormente quemar el centro de apuestas.

De los primeros cinco detenidos, dijo Domene, dos condujeron los vehículos, uno realizó labores de halcón (vigilancia) y dos más rociaron la gasolina en el interior del sitio de apuestas.

Los capturados fueron Luis Carrazco, el Chihuas, de 25 años de edad; Javier Martínez, el Javo, de 37 años; Jonathan Gutiérrez,

Dentro del inmueble había irregularidades en materia de protección civil, lo que incrementó el número de víctimas

ción médica y sicológica y apoyos sociales para las familias afectadas.

Corrían los días y ya casi se cumplía casi una semana del asesinato de las 52 personas en el Casino Royale. Entonces, un operativo militar apoyado por policías estatales y municipales cerró tres casinos que operaban sin licencias de desarrollo urbano.

Los casinos que cayeron bajo la presión de un gobierno que quería mostrar que sí acatan la ley fueron el Yak de Plaza Cumbres, el Yak de Galerías Valle Oriente y el Winland, ubicado en la Avenida Garza Sada y Alfonso Reyes.

El 1 de septiembre de 2011 se cumplía una semana del ataque al Casino y un policía de Seguridad Pública del estado fue detenido por participar como halcón o espía del crimen organizado durante la masacre.

Contralínea Nuevo León

renunciado”, era evidente que existía una relación del exfuncionario (Solís) con la delincuencia organizada y había que tomar otras medidas.

Por otro lado, durante una conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León, el ya fallecido secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, aseguraban que únicamente en la capital existían 17 casinos instalados, que contaban con licencia de uso de suelo o de construcción, otorgadas por el municipio.

Sin embargo, otros 12 no cumplían con este requisito y debían ser clausurados de inmediato.

Estos casinos carecían de los permisos federales y municipales que requerían para su funcionamiento, además de permitir juegos prohibidos por la ley, como la ruleta, los naipes y los dados.

El 27 de agosto de 2011, dos días después de uno de los actos más violentos que se registraron en el país, la empresa CYMSA Corporation aceptó públicamente ser la operadora del Casino Royale.

Declaró que se deslindaban de su responsabilidad de hacerse cargo de los gastos de las 52 víctimas y los 10 lesionados que dejó como saldo el ataque, al resaltar que únicamente responderían por los empleados sobrevivientes y las familias de aquellos que fallecieron en los hechos.

Posterior a esto, el 28 de agosto de 2011, las autoridades iniciaron los protocolos para hacer frente a la problemática legal con la que operaban los casinos en el área metropolitana.

El Servicio de Administración Tributaria, con el apoyo de policías federales, elementos del Ejército y de la Policía Federal ministerial, incautó cerca de 3 mil 500 máquinas de 11 casinos en Monterrey.

Cuatro días después del crimen en el Casino, la cúpula empresarial de Nuevo León se reunió con el presidente Felipe Calderón con el fin de dialogar sobre la agenda de seguridad en el estado y los avances la investigación sobre este crimen.

Entre los asistentes estuvieron los empresarios Adrián Sada, presidente de Vitro; Armando Garza, presidente de Alfa; Eduardo Garza, presidente de Frisa; Enrique Zambrano, director de Proeza; Eugenio Garza, presidente y director de Xignux; Federico Toussaint, presidente de Lamosa; y Francisco Garza, vicepresidente del Consejo de Cemex México.

Una reunión similar a ésa se registró el 9 de septiembre de 2010, en Cintermex, luego del paso del huracán Alex.

El 29 de agosto de 2011, la Procuraduría

El peritaje se concluyó 103 días después del atentado

El Casino Royale es un negocio legítimo, lícito y legalmente en regla, cuenta con todos los permisos y autorizaciones: Raúl Rocha, accionista

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JUSTICIA

Contralínea Nuevo León

Para los deudos, los apoyos del gobierno estatal se han limitado a becas de estudios para los menores huérfanos y la entrega de despensas

Una semana después del atentado, un operativo militar cerró tres casinos que operaban sin licencias de desarrollo urbano

Al día siguiente de la tragedia, el presidente Felipe Calderón decretó luto nacional y convocó a cerrar filas contra la delincuencia organizada

gobierno del presidente Felipe Calderón.

“Tuvimos uno de los momentos de mayor alegría como mexicanos, el Bicentenario, pero también uno de los eventos más tristes para México: un cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas”, declaró el titular del Ejecutivo federal.

Buscan más culpables El coordinador del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Hernán Salinas, el 2 de septiembre de 2011, aseguró que hubo negligencia de protección civil del estado en la revisión del Casino Royale, por lo que la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León presentaría una denuncia ante el Ministerio Público.

El coordinador albiazul argumentaba en la demanda que dentro del inmueble había irregularidades en materia de protección civil, lo que había incrementado el número de víctimas en el lugar.

Por ello, Salinas manifestó que el principal responsable que debía presentarse a declarar era el actual titular de Protección Civil estatal, Jorge Camacho.

El 3 de septiembre de 2011, el atentado contra el Casino Royale ya era mencionado en el contexto de la entrega del Quinto informe de

Cierre de casinos Inspectores del SAT, en colaboración con militares y fuerzas federales, rodearon el casino Abu Dhabi, cuyo establecimiento abrió sólo con un permiso de construcción otorgado en diciembre de 2010, por la administración del alcalde Benito Caballero, en Apodaca.

El segundo negocio clausurado fue el casino Hollywood Entertainment. Éste había iniciado sus operaciones a principios de 2010, luego de que el exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, autorizara su construcción antes de terminar su periodo.

El cierre de estos dos establecimientos se sumaba ya al de otros cuatro que había efectuado el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, tras la tragedia del Royale.

Para el 5 de septiembre de ese año, Raúl Rocha, accionista de la empresa CYMSA Corporation y operador del Casino Royale Monterrey, hizo su primera declaración pública, a través de una carta enviada al diario Reforma.

En dicha carta expresa a la sociedad de Nuevo León, a las autoridades y los medios de comunicación que él también era víctima y manifestaba que había cumplido con todas sus obligaciones con las familias de los empleados que habían perdido la vida en el atentado.

Aseguró que el Casino Royale era un negocio lícito, legítimo y legalmente en regla, que contaba con todos los permisos y autorizaciones necesarias para operar y

Contralínea Nuevo León

Miguel Barraza, quien participó como chofer de una de las camionetas que arribaron al lugar y que además contaba ya con nueve años en la corporación de Seguridad Pública.

Con esta captura ya eran seis los detenidos por participar en el ataque al Casino, una de la matanzas que ocuerren contra la población civil en México.

“La idea original del ataque era desalojar el lugar y después quemar el centro de apuestas”

con las certificaciones de las autoridades de Protección Civil que aplicaban para el establecimiento.

Agregó que estaría dispuesto a rendir su declaración cuando las autoridades le garantizaran que su vida no corría peligro.

Tras este acontecimiento, en donde Raúl Rocha prácticamente dijo temer por su vida, el asesor de éste, Juan Iván Peña, denunció ataques y hostigamientos hacia su persona antes y después del atentado a la casa de juegos, el 25 de agosto.

15 MDP,

RECOMPENSA A QUIEN APORTARA INFORMACIÓN SOBRE LOS ATACANTES En su declaración, el asesor aseguró que antes de la agresión al Royale, su casa en Morelia, Michoacán, fue saqueada con el propósito de robar información confidencial relacionada con la casa de apuestas.

Posteriormente, Juan Iván Peña fue detenido por agentes michoacanos, acusado del delito de violación, y luego de su detención, el dueño del Casino Royale, Raúl Rocha, señaló que el detenido no era representante legal de él ni de sus empresas.

A dos semanas de la masacre de las 52 personas, el 7 de septiembre la Procuraduría

General de la República anuncia la identificación de otros 18 supuestos implicados en el ataque.

Entre los sospechosos estaban el Comandante Quemado, señalado como el líder del grupo criminal en Nuevo León; y el Mataperros, supuesto líder de la “plaza” de Monterrey. Del resto de los implicados no se contaba con su identidad, solamente con algunos alias, según declaró en conferencia de prensa Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Control Regional de la PGR. Con los 18 nuevos implicados sumaban ya 24 los atacantes identificados en torno a la masacre del 25 de agosto.

Días después, Salinas dio a conocer parte de la declaración que rindió el empresario Rocha ante la PGR. Supuestamente, éste revelaría que su casa de apuestas había enfrentado dos intentos de extorsión durante 2011, sin especificar si del crimen organizado, autoridades o servidores públicos.

El 15 de septiembre de 2011, a 20 días del ataque, la PGR identificó a cuatro de los 18 sospechosos que participaron en el ataque.

Respecto de éstos, la PGR ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien aportara información que ayudara a su captura.

Entre los identificados con nombre y fotografía por Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y actual subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada, estaba Alberto Loera, el Voltaje, quien había sido policía de Nuevo León en 2010; Francisco Medina, el Quemado; Baltazar Sauceda, el Mataperros, y Roberto López Castro, el Toruño, expolicía municipal de Saltillo, Coahuila.

Además, el gobierno estatal informó que un trabajador del municipio de Monterrey había participado en el ataque al Casino Royale, rociando gasolina en el interior del negocio, de nombre José Rodríguez. El Tejón, como se le conoce, fue detenido junto con Jonathan Pérez, el Tita y Tomás Barbosa, el Tomy. El primero se desempeñaba como chofer y el otro como halcón, según Jorge Domene, vocero de Seguridad.

Al 21 de septiembre de 2011, casi un mes después del atentado, de los 24 sospechosos identificados y buscados, nueve habían sido capturados.

Una semana después, la PGR anunció la captura, en Jalisco, de Roberto López, el Toruño, y José Loera, el Voltaje, señalados por las autoridades como dos de los cuatro

Un mes después del ataque, de los 24 sospechosos identificados, sólo nueve habían sido capturados

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JUSTICIA

cabecillas que cometieron la masacre en el Casino Royale.

Seguido de esto, el 14 de octubre se detuvo a Carlos Oliva, la Rana, identificado como el emisor de la orden del ataque aquel 25 de agosto, de acuerdo con las últimas investigaciones de la PGR. Así, a 61 días del incendio, la investigación no encontraba responsabilidades de servidores públicos (más allá de los policías municipales implicados), las 52 familias esperaban justicia y el resultado del peritaje aún no llegaba.

La detención de 15 presuntos implicados y las conclusiones de una “verdad” sin ninguna trascendencia judicial, eran los avances más significativos de la investigación respecto a uno de los casos más violentos en contra de la sociedad civil en México.

Luego de protagonizar una mala coordinación con el gobierno del estado en torno al peritaje del Casino Royale, el subprocurador de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, fue ascendido como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Sin embargo, la PGR decidió que el funcionario seguiría al frente de la investigación del Royale, por ser uno de los colaboradores de más confianza de la procuradora Marisela Morales.

En ese contexto y ante la constante apertura de casinos en el estado, el municipio de San Pedro presentaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Secretaría de Gobernación, con el fin de evitar que operaran negocios cuyo giro no estaba contemplado en el Reglamento y Plan Municipal de Desarrollo Urbano, como el caso de los casinos. Dicha controversia se presentó en un momento en el que todavía no se sabía quién sustituiría al recién fallecido secretario de Gobernación, Francisco Blake.

A 103 días de ocurrida la tragedia del casino, y después de múltiples retrasos, Cuitláhuac Salinas y Adrián de la Garza, procurador de Justicia estatal, presentaron el peritaje en materia de seguridad industrial y protección civil del Casino.

Pese a versiones contrarias de sobrevivientes y personal de auxilio que intervino ese día, según la investigación, la tragedia fue causada exclusivamente por los integrantes del crimen organizado que irrumpieron armados. Con ello se desechaba la idea de una eventual negligencia por parte del Casino y de las autoridades.

Desesperados, a cinco meses de la tragedia y ante la falta de resultados, los propios familiares de las víctimas mortales hicieron un llamado a clientes y trabajadores que estuvieron en el lugar al momento de la tragedia, para que apoyaran en una reconstrucción de los hechos.

Edmundo Jiménez, quien perdió a su esposa Rosa María Ramírez en el atentado,

detallaba que la Procuraduría estatal había autorizado darles acceso al inmueble para realizar una inspección; sin embargo, ésta no tendría ninguna trascendencia.

Para el 5 de enero de 2012, la PGR anunció la detención de Baltazar Saucedo Estrada, el Mataperros, señalado por la dependencia como uno de los líderes del narcotráfico que ordenaron el ataque al Casino.

Después de la captura, fue hasta el 12 de febrero cuando la PGR emitió un comunicado que indicaba que el Mataperros se encontraba internado desde el 9 de enero

A casi un año de cumplirse el ataque, los familiares de las víctimas recibieron respuesta de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito

en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Hasta entonces, los sobrevivientes y familiares de los fallecidos continuaban en espera de la ayuda prometida por las autoridades estatales y federales. Un ejemplo es el caso de Francisco Flores, de 60 años, y María Navarro, de 56, quienes pasaron de abuelos a padres cuando su hija Carmen Adriana murió en el atentado.

La pareja sobrellevaba los gastos de Abel Francisco, de 12 años, y Adriana Alondra,

No más mentiras: deudos Arely Ramos/Contralínea Tamaulipas

de 10, con sus propias pensiones, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ninguna otorgada como ayuda a víctimas.

Meses después, respecto de los presuntos implicados, se anunciaba la muerte de Francisco Medina, el Quemado, señalado como uno de los autores intelectuales del incendio. De acuerdo con informes militares, el Quemado y tres de sus escoltas murieron tras un enfrentamiento con soldados en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras.

El 25 de abril de 2012, al cumplirse ocho meses del ataque, los familiares Especial

Los negocios relacionados con el Casino Royale únicamente cambiaron el nombre de su operador para continuar activos

M

onterrey, Nuevo León. La nebulosa gris que se desprendió del incendio provocado por integrantes de la delincuencia organizada la tarde del jueves 25 de agosto de 2011, sigue presente en la memoria de Héctor Lomelí y en la de sus hijos, quienes de manera inesperada y sin saber por qué, perdieron a Nora Elia Ortegón, su esposa y madre, respectivamente.

“Hemos decidido seguir adelante; no podemos estar tristes porque es parte de lo que ella sembró, tanto en mí como en mis hijos, al enseñarnos a vivir y a gozar sin importar lo que pase alrededor. Ella es para nosotros un ejemplo de vida y de entrega”, dice Héctor.

“Ella siempre nos preparó increíblemente para ese día. Hablaba de la muerte todos los días y decía que no te preocuparas por tal o cual cosa si a lo mejor mañana no estamos. Les decía claramente a nuestros hijos que iba a morir joven y Dios se lo concedió”, manifiesta el viudo, que ahora se encarga de la casa. El pasado 4 de agosto, apenas habrían celebrado sus 49 años.

Para él ha sido difícil aceptar que Nora ya no está físicamente. Recalca que no hay día en que deje de pensar en ella, debido a que pasó los mejores 30 años de su vida junto a “ese ser que siempre irradió felicidad. La sonrisa fue su mejor antídoto para vivir al máximo”.

Lomelí se refiere a ella: “Fue mi amiga, mi esposa y mi cómplice desde que la conocí hasta que se fue y estuvimos unidos prácticamente toda una vida, incluso le llegué a decir a sus padres que era más mía que de ellos”.

Ser padre y madre “Eso de ser papá y mamá es complicado: la rutina cambia”, asevera Héctor. “Ya no está la encargada de mantener en orden la casa y distribuir esas dosis de alegría por cada habitación”.

Confiesa: “No sabía ir al súper, qué y cuánto comprar, no sabía qué pasaba. Ahora te preocupas por venir a trabajar e ir a la tintorería, supervisar si las hijas irán a comer a casa, entre otros aspectos como el de la convivencia diaria y los momentos en que sólo éramos ella y yo… Cambió todo”.

Exige justicia: “no más mentiras” Hacer justicia ante sucesos delictivos y masivos como el ataque al Casino Royale no es cosa que les interese lo suficiente a las autoridades, puesto que no se han generado avances en el caso que aún mantiene con dudas a los familiares de las víctimas.

Héctor Lomelí resalta la inconformidad que siente con las mentiras que las autoridades han dicho. Señala la ineficiencia de éstas para esclarecer las dudas respecto al porqué se dio tan lamentable hecho, en el que su esposa y 51 personas más dejaron de existir.

“La justicia es algo que el humano siempre necesita; justicia es cuando menos saber por qué pasó todo eso. Pero aquí hay mentiras, secretos, cosas que no se dicen. Que no me engañen, que no me quieran ver la cara porque aunque hayan atrapado a algunos autores materiales, sé que hay algo más”, indica.

—¿Siente coraje o enojo? –se le cuestiona.

—¿Con quién me voy a enojar?, ¿con Dios?, ¿con el chavo que agarraron? No voy a ganar nada, sería como estar muerto en vida; pero si nosotros investigáramos ciertamente qué pasó, tendríamos una decepción del sistema de gobierno de este país –dice, molesto.3

Héctor Lomelí, viudo de Nora Elia Ortegón, una de las 52 víctimas mortales del ataque contra el Casino Royale

de las víctimas recibieron respuesta al compromiso, por escrito, de ayuda de parte de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. Las víctimas se entrevistarían con la procuradora Sara Irene Herrerías con el objetivo de que las promesas de apoyo que hicieron el presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, por fin se cumplieran.

A más de un año de la tragedia, los familiares de las 52 víctimas del atentado contra el Casino Royale renovaron las cruces que recuerdan a los muertos. Aún continúan demandando justicia.

Hasta hoy, los apoyos por parte del gobierno estatal se han limitado a becas de estudios para los menores huérfanos y la entrega de despensas.

Sin un apoyo total para las víctimas y a más de 15 meses del crimen, la justicia aún no llega para 52 familias afectadas. De los 26 presuntos delincuentes detenidos, sólo 13 han sido consignados y el Ministerio Público continúa un proceso en el que hay más de 400 pruebas por revisar.

No obstante, los negocios relacionados con el Casino Royale únicamente cambiaron el nombre de su operador para continuar activos, revelan documentos de la PGR y la Secretaría de Gobernación.3

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ANÁLISIS ENSAYO

Fernando Velázquez*

L

as intervenciones estadunidenses y europeas en la ex Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, y ahora en Siria son vistas por analistas y críticos de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como un presagio de más destrucción y baños de sangre encaminados a asegurar el control de los recursos estratégicos del planeta, antes que éstos sean comprados por China, proyectada como segunda potencia económica mundial.

Las operaciones militares y de inteligencia de la alianza en nombre de la “guerra” contra el narcotráfico se han ampliado en América Latina a través del Plan Colombia en Sudamérica, Iniciativa Mérida, en México, y son mayores en el “teatro centroamericano” con Operación Martillo.

La política exterior estadunidense por décadas ha incorporado prácticas de narcotráfico que aprendió de su madre Britania, quien financiaba su poderío naval con dinero obtenido de la venta de opio en China y la India. Esa política se ha expresado a través de su Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) combinada con golpes de Estado, asesinatos políticos, manipulación de elecciones y ahora ejecuciones extrajudiciales desde el aire usando aviones drones. El reconocido escritor William Blum, autor del libro Matando la esperanza, describe a la agencia como una organización lawless que actúa fuera de la ley.

Operación Gladio Al terminar la Segunda Guerra Mundial, mientras decenas de miles de nazis escapaban rumbo a Sudamérica con asistencia de El Vaticano y la Oficina de Servicios Estratégicos estadunidense, en Europa se hacían preparativos para derrocar o desbaratar las democracias, con las llamadas Unidades que se Quedan Atrás (Stay Behind Units) que formaban parte de la Operación Gladio.

William Colby, exdirector de la CIA, explicó después que Gladio incluía grupos armados clandestinos que entrarían en acción después de una invasión militar soviética a la Europa occidental.

En Italia, donde el Partido Comunista tenía fuerza y muchos de sus miembros resistieron el nazismo con armas en mano, los grupos terroristas que formaban Gladio realizaron una serie de atentados con explosivos, entre ellos, el de la Piazza Fontana en 1969, el de la Piazza Della Loggia en 1974, y el del ferrocarril en Bolonia en 1980. Esos atentados fueron atribuidos a grupos de izquierda, pero investigaciones y procesos judiciales revelaron

Los cuatro jinetes del imperio después que los responsables eran elementos derechistas operando en conjunción con el servicio de inteligencia italiano como parte de “la estrategia de tensión”.

Esta estrategia estaba diseñada para desacreditar a la izquierda italiana, incentivar el apoyo al corrupto statu quo, o quizá ir más allá de la democracia, dice el escritor Peter Dale Scott.

Vincenzo Vinciguerra, uno de los conspiradores, diría después que la explosión de diciembre de 1969 debería ser el detonador que convencería a las autoridades políticas y militares que era necesario declarar el estado de emergencia. Vinciguerra también reveló que él y otros eran miembros paramilitares de la red Unidades que se Quedan Atrás, organizadas por la CIA y la OTAN como parte de Operación Gladio.

La red de fascistas actuaba coordinadamente para realizar actos terroristas y luego culpaba de éstos a la izquierda democrática, principalmente a los comunistas que gozaban de un alto índice de popularidad, acota Pascual Serrano, periodista español y fundador del diario cibernético Rebelión.

Una de las figuras más prominentes en esa red era Lucio Gelli, quien tenía amplios nexos con grupos fascistas y de extrema derecha en el continente europeo y en América Latina.

Gelli asistió en el escape de unos 50 mil nazis.

Ellos (Estados Unidos y sus aliados europeos) temían que la izquierda europea tomara el poder por la vía electoral y Gladio era la forma de bloquearla, dice William Blum.

Gladio permitiría obstaculizar el crecimiento de la izquierda política que, de triunfar, amenazaría los intereses económicos y la recién adquirida hegemonía estadunidense en la región, la misma amenaza que se cierne sobre los capitalistas con los gobiernos progresistas que se multiplican en América Latina.

Algunos que rechazan las explicaciones oficiales sospechan que la CIA –con su larga historia de trabajo conjunto con grupos criminales, narcotraficantes y otros elementos del bajo mundo– bien podría estar detrás del baño de sangre de la “guerra” contra las drogas/crimen organizado en México.

Veamos algunos ejemplos de las actividades de la CIA y que el lector saque sus propias conclusiones.

La CIA antes y después de Gladio La estadunidense Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, por su sigla en inglés) y la Oficina de Inteligencia Naval (ONI, por su sigla en inglés) reclutaron en Nueva

York y Chicago líderes de la mafia italiana y del bajo mundo: Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky, Joe Adonis y Frank Costello. Eso con el fin de prevenir sabotaje en los puertos de la costa Este de Estados Unidos, conseguir información necesaria para la invasión de las fuerzas aliadas en Italia y reprimir al creciente Partido Comunista italiano. Al concluir la guerra, Luciano fue perdonado y deportado a Italia donde comenzó su imperio de heroína.

Líneas de ratas y narcotráfico Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Allen Dulles, alto oficial de la OSS y después director de la CIA, negoció la Operación Amadeus con Karl Wolf, general del cuerpo de combate de elite –o la escuadra de protección, Schutztaffel (SS, por su sigla en alemán)– y jefe de la Gestapo (policía secreta nazi). El acuerdo daba amnistía a decenas de miles de miembros de la SS y la Gestapo a cambio de que se unieran a Estados Unidos en su lucha contra el comunismo, es decir, que formaran parte de la recién nacida Guerra Fría.

Entre los que escaparon usando las rutas o líneas de ratas con ayuda del Vaticano estaban Franz Stangl y Gustav Wagner, encargados de dos campos de exterminio; Adolf Eichmann; Joseph Mengele, y Klaus Barbie. Este último sería instrumental en “El golpe de la coca”, en Bolivia, en julio de 1980. El escape de los criminales de guerra nazi fue financiado en gran parte con los activos acumulados con la venta de drogas, el oro confiscado a las víctimas y dinero falso fabricado en campos de concentración.

En esos días se forjaron alianzas entre miembros de la inteligencia militar y civil, el crimen organizado, el Vaticano y los criminales de guerra nazis, incluyendo uno entre la inteligencia naval estadunidense y el mafioso Charles Lucky Luciano.

El triángulo dorado y la CIA La OSS y la ONI también desarrollaron nexos con los gánsteres chinos. El escritor Alfred W McCoy, en su libro La política de la heroína en el Sudeste asiático, habla de cómo el ejército organizado por la CIA para luchar contra los comunistas en China fue la cuna de los barones de la droga en el triángulo de oro entre Burma, Tailandia y Laos, los mayores productores de opio (usado para fabricación de heroína) en el mundo durante el conflicto en Indochina.

Christopher Robbins, en el capítulo 9 de su libro Air America, habla de cómo esa

aerolínea, propiedad de la CIA, transportaba el opio y la heroína en la región. El laboratorio construido en el cuartel general de la agencia en el Norte de Laos era usado para refinar la heroína.

En la actualización de su libro La política de la heroína en el Sudeste asiático, McCoy señala que los helicópteros de la CIA llevaban drogas de los campos a los centros de distribución.

La agencia de investigación estadunidense introducía las drogas a Estados Unidos en bolsas de plástico escondidas en los huecos de los cadáveres de los soldados que retornaban desde Vietnam, diría después Gunthar Russbacher, exempleado de la CIA. Los cadáveres tenían códigos secretos que permitían que los contrabandistas los identificaran al llegar a las bases militares, particularmente la Base Aérea de Travis, en California.

La CIA y el lavado de dinero Jonathan Kwitny, en su libro The crimes of patriots: a true tale of dope, dirty money and the CIA, relata cómo el coronel Paul Helliwell, fundador de Air America y Sea Supply, Inc (dos frentes de la CIA), abrió una oficina legal en Miami y creó el Banco Castle, en Nassau.

Este banco serviría para lavar dinero de la CIA y fondos del crimen organizado.

En 1976, el Banco Castle fue clausurado y simultáneamente inició sus operaciones el Banco Nugan Hand. Los activos de este banco eran utilizados para financiar el tráfico de drogas, lavado de dinero, ventas internacionales de armamentos y acciones encubiertas de la CIA alrededor del mundo.

Entre los más notables oficiales del Banco Nugan Hand estaban el admirante Earl F Yetas, el general Edwin F Black, George Farris, Bernie Houghton, Thomas Clines, Richard L Armitage, Dale Holmgreen, Walter McDonald, el general Erle Cocke hijo, el general Leroy J Manor, el doctor Guy Parker y Michael Hand, un boina verde y coronel del ejército asignado a la Agencia Central de Inteligencia.

También hay evidencia de que la CIA usaba el banco para pagar campañas electorales contra políticos en varios países, para asegurarse de que los votantes apoyaran al candidato favorito de la Agencia (www. fas.org/irp/congress/1998_cr/980507-l.htm y http://www.sourcewatch.org/index.php? title= Nugan_Hand_Bank).

Operación Atalaya Las plataformas de perforación petrolera costa fuera también han sido tema de

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ANÁLISIS

ENSAYO discusión entre los estudiosos del ingenio aplicado por la CIA en sus operaciones de narcotráfico. Una de las más conocidas es la llamada Operación Atalaya, que consistía en una serie de faros electrónicos situados desde fuera de Colombia, al Noreste de Panamá, con el fin de enviar señales a los aviones, de acuerdo con un affidávit (acta notarial) firmado por el coronel Edward P Cutolo, quien en 1978 asumiera el comando del grupo 10 de Fuerzas Especiales en Fort Devens, Miami, y quien había recibido órdenes de la CIA de supervisar la Operación Atalaya. El exoficial de la CIA, Edwin Wilson, explicó que la Operación Atalaya debía permanecer secreta, pues al hacerse pública socavaría los intereses estadunidenses en el mundo.

Wilson dijo que la CIA y otras agencias de inteligencia estaban usando los activos generados por el tráfico de drogas para apoyar fuerzas que lucharan por derrocar gobiernos comunistas o gobiernos que no eran amigos de Estados Unidos.

Según explica Rodney Stich, en su libro Drugging America a trojan horse, “Gunther Russbacher estuvo involucrado por décadas en actividades clandestinas de la CIA y la Oficina de Inteligencia Naval. Russbacher explicó a Rodney Stich que la Operación Indigo Sky, iniciada desde 1976, consistía en producir heroína en los campos de amapola de Nigeria, procesarla en la capital de Lagos, y transportarla después a Europa y a Estados Unidos.

El transporte de las drogas desde Lagos fue realizado inicialmente por la CIA y la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), y después a cargo de operadores por contrato; la mayor parte era enviada a Ámsterdam y después transportada a otros lugares de Europa y Estados Unidos.

El nacimiento del cártel de Medellín El excoronel de la Infantería de Marina y exoficial de la CIA, Trenton Parker, fue empleado de la agencia entre el 23 de diciembre de 1964 y el 24 de mayo de 1992. Él jugó un importante papel en las actividades de “la compañía” en el Caribe.

Parker dijo al escritor Rodney Stich que la CIA organizó en 1981 las reuniones de varios narcotraficantes colombianos que después formarían el cártel de Medellín. La primera reunión incluyó a 20 de los mayores vendedores de cocaína de Colombia; la segunda y última fue realizada en el Hotel Internacional en Medellín, y estuvo atendida por unos 200 traficantes, vendedores y contrabandistas.

En diciembre de 1981 se estableció el cártel de Medellín y cada uno de sus miembros pagó una cuota inicial de 35 mil dólares

para contratar una fuerza de seguridad que protegería la operación de las drogas.

Russbacher asegura haber estado presente en la reunión de septiembre de 1981, la misma que fue iniciada por la CIA para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y permitir que la agencia tratara con un sólo cártel en lugar de hacerlo con muchos vendedores independientes.

El exempleado de la CIA, Russell Bowen, al hablar con el escritor Rodney Stich, corroboró la historia de Russbacher y Parker, y agregó que el trato con el cártel de Medellín dio paso a la adquisición de varias aerolíneas que servirían como cobertura para la CIA. Bowen señaló que cuando Ted Shackley era jefe de estación de la CIA –a cargo de operaciones de centro y Suramérica– dirigió un tráfico masivo que después floreció.

Según Bowen, uno de los frentes de la CIA operado por Shackley era el banco Intercredit, con oficinas en Medellín, Ámsterdam y Fort Lauderdale, en Florida. Shackley era el cerebro detrás de la operación, acotó Bowen.

“El golpe de la coca” en Bolivia De acuerdo con el libro Cocaine politics, de Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, durante la dictadura en Bolivia, el coronel Luis Arce Gómez, primo del capo Roberto Suárez, reclutó terroristas, como el italiano Stefano Della Chiaie que trabajaba con los escuadrones de la muerte argentinos.

El doctor Alfredo Candia, líder de la Liga Anticomunista Mundial, en Bolivia, coordinó el arribo de los operativos paramilitares de Argentina y Europa.

Mientras que la CIA por un lado estaba promoviendo ese agresivo anticomunismo, Michael Levine y otros agentes de la DEA intentaban golpear a algunos de los conspiradores con cargos de narcotráfico (Mike Levine, The cocaine coup in Bolivia, www.expertwitnessradio.org/essays/e6.htm).

La ejecución de “el golpe de la coca” El 17 de julio empezó “El golpe de la coca”, liderado por el nazi Klaus Barbie y sus novios de la muerte, asesinos extranjeros que hablaban español con acento alemán, francés e italiano. Sus uniformes no tenían identificación nacional, sin embargo muchos de ellos portaban una banda con esvásticas en el brazo.

Michael Levine relata que cuando los asesinos tomaron la sede de los sindicatos bolivianos, el líder laboral Marcelo Quiroga fue herido y arrastrado a la jefatura de policía, donde fue objeto del juego practicado por los expertos en tortura en la Escuela de Mecánica de Argentina.

Quiroga fue mantenido vivo y sufriendo por horas. Su cuerpo castrado y torturado fue encontrado días después en un lugar conocido como El Valle de la Luna en el Sur de La Paz. Las mujeres capturadas fueron violadas sexualmente por traficantes liberados de las cárceles y otros, como parte de su tortura.

Los golpistas, siguiendo los pasos de sus homólogos fascistas chilenos, también encerraron a los detenidos en un campo de concentración y poco después sacaron fuera y ejecutaron a los que estaban marcados para el exterminio, “los subversivos”.

Paperclip y los científicos nazis Otro aspecto poco conocido de las actividades de la CIA y el uso de drogas tiene que ver con la evolución de operaciones sicológicas, las Psyops. De acuerdo con el reconocido teórico en comunicaciones Christopher Simpson, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Washington quería incorporar científicos y otros nazis de alto rango a sus planes.

El Programa Paperclip permitiría después reclutar a nazis como Reinhard Gehlen, exjefe de inteligencia militar de la Alemania de Hitler en el frente de guerra de Europa del Este, en donde entre 20 millones y 30 millones de personas fueron asesinadas; así como “la contratación” de Werner Von Braun, uno de los más capaces constructores de cañones, cohetes y misiles, además de otros expertos en guerra química.

La incorporación de los nazis coincidió con una serie de experimentos con drogas, como la dietilamida de ácido ligérsico o LSD, mezcalina y otras en Suráfrica, Chile y Brasil, dice Simpson.

La aplicación de esas drogas tenía como fin perfeccionar técnicas de interrogación y el desarrollo del lavado de cerebro.

Detrás de esos experimentos estaba la convicción de que la guerra no se gana en el campo de batalla sino en los corazones y la mente de la gente, y para ello usaban un concepto llamado Stablemate. La persona que debía “ser influida” recibía grandes dosis de LSD o una droga parecida, luego el agente de la CIA desmembraba la mente de la víctima y posteriormente la reensamblaba, en forma tal que fuera ventajosa para la CIA y para el gobierno estadunidense.

El poder de los narcodólares El exagente de la división de narcóticos para la policía angelina, Mike Ruppert, declara categórico: “la CIA ha traficado con drogas todos sus años de existencia”. En 1979, los estadunidenses consumían 50 toneladas métricas de cocaína, y para 1985, después de la Guerra de los Contras la cantidad ascendió a 600 toneladas métricas.

Ruppert pone como ejemplo al legendario colombiano Pablo Escobar: “usa narcodólares para comprar 1 mil automóviles Suburvan a General Motors y 2 mil millones de dólares en cigarrillos Marlboro a la empresa Phillip Morris”.

Esas ventas elevan la posición de esas dos empresas en la bolsa de valores, y el Departamento de Justicia documenta las transacciones.

El propósito de la CIA en el narcotráfico es generar dinero ilegal en efectivo, una fluidez de capital que permite que esas empresas tengan una ventaja injusta en el mercado.

En 1972, el presupuesto para hacer cumplir las leyes antidrogas en Estados Unidos era 110 millones de dólares y para el año 2000 se había elevado a 17 mil millones de dólares. Sin embargo, ahora hay más drogas en el mercado y son más potentes que las de 1972. Durante la guerra del opio, en China, también se hablaba de una guerra contra los chinos, pues éstos bajo el efecto de las drogas entraban en un estado de pasividad y cesaban de ser una fuerza capaz de defenderse.

“Las drogas sirven una meta racista y eso toma más sentido cuando se examinan las leyes contra el uso de la cocaína de roca en los barrios negros en Estados Unidos”, dice Ruppert.

Los ingleses sembraban amapola en las lomas del Himalaya e introducían el opio de contrabando a China.

El efecto de esa política en 100 años cambió una población china homogénea en otra de regiones, donde barones de la droga se disputaban violentamente los territorios y los mercados. Algo similar fue introducido a la parte Sur de la ciudad de Los Ángeles en la década de 1980. El modelo es exactamente el mismo.

Narcodólares compran políticos Catherine Austin Fitts, quien fuera asistente del secretario de Vivienda estadunidense bajo la administración de George Bush (padre), al hablar del efecto de los narcodólares, dijo: “los cuatro estados de la Unión Americana que importan más drogas son Nueva York, Florida, Texas y California”.

Esos mismos estados ocupan los primeros lugares como centros de lavado de dinero (entre 200 mil millones y 300 mil millones de dólares cada año). “Además, el 80 por ciento de todas las contribuciones a las campañas electorales provienen de Nueva York, Florida, Texas y California”, acota Fitts.3

*Periodista en Radio Pacífica en California, Estados Unidos

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OPINIÓN

Guadalupe Espinoza Sauceda*

Planes de desarrollo urbano, trampas para el despojo

E

l 10 de julio de 2012 se resolvió el amparo 1385/2011II del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de San Luis Potosí, sentencia que emitió la Jueza Auxiliar de Guadalajara, Martha Leticia Muro Arellano, y que se presentó en contra del Plan de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Cerro de San Pedro.

En el amparo, el quejoso adujo que se le violaban los derechos a la salud, a la vivienda y al medio ambiente sano. Razón por la que la justicia federal lo ampara y protege, por considerar “[…] que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de

OPINIÓN

E

«

El Estado impulsa el gran capital y la explotación del hombre y la naturaleza por el hombre mismo

»

Población de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, se aparta notablemente de la visión proteccionista del medio ambiente que tenía el ‛Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada’, acorde con el cual, debía evitarse el desarrollo urbano e industrial hacia las áreas destinadas a Preservación, siendo que el municipio de Cerro de San Pedro quedó incluido en un área de restauración de vida silvestre y no de aprovechamiento industrial”, lo cual “conlleva una notoria violación a los principios de progresividad y no regresión, de observancia obligatoria para todas las autoridades de conformidad con el numeral primero constitucional,

conforme a los cuales queda prohibido a cualquier poder público la adopción de toda regulación que derogue o reduzca el nivel de los derechos que goza la población”, resolviendo que es inconstitucional el citado Plan.

El demandado en este caso fueron el Cabildo del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro y el gobierno del estado de San Luis, entre otras autoridades. Pero los poderes y los intereses reales que estaban detrás eran y son la Minera San Xavier, empresa de capital trasnacional que está explotando el cerro de San Pedro a cielo abierto y contra el cual se han opuesto grupos de ambientalistas por los efectos

Miguel Concha Malo*

xisten numerosos mitos alrededor de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Uno de ellos ha sido negar que éstos puedan ser motivo de sentencias de los tribunales por no ser jurídicamente vinculantes, debido a su naturaleza ligada a la satisfacción de necesidades básicas de las personas, como son alimentación, salud, vivienda, cultura, trabajo, agua y medio ambiente. Los DESC han sido vistos e interpretados como sugerencias de políticas sociales para que los Estados los consideren progresivamente. Esta visualización equívoca de las obligaciones de los Estados provoca que estas acciones sean tomadas como “actos de buena voluntad” y no como obligaciones. La aclaración es oportuna: todos los derechos humanos contienen, al menos, un elemento cuyo cumplimiento puede ser exigido por la vía judicial.

Como marco jurídico de protección existen textos internacionales vinculantes que el Estado mexicano ha firmado y con el cual se establecen sus obligaciones. En el sistema universal encontramos que para 1966 la Asamblea General de la Organización de

Por la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC las Naciones Unidas (ONU) adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sin ningún protocolo adicional, que hasta el momento tiene como órgano de vigilancia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), el cual se encarga de recibir informes de los Estados parte y de los relatores especiales, así como de emitir recomendaciones sobre los avances y retrocesos en el cumplimiento de los derechos sociales que se presenten al interior de los países adscritos al Pacto.

Por si fuera poco, además del hecho de que todo derecho –ya sea político, civil o social– supone un complejo de obligaciones positivas y negativas del Estado, y por lo tanto no existe nada que los haga imposibles de recibir tutela judicial, el PIDESC establece que los Estados parte se obligan a “adoptar medidas [...] para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1).

Por su parte, el Comité DESC creó las

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ANÁLISIS

ANÁLISIS

opinión extinto Plan de Desarrollo en realidad es el Plan de Reubicación, pero por motivo de la presa El Zapotillo, megaproyecto hidráulico para llevar agua a la industria, principalmente a la del calzado en León, Guanajuato. Los que están detrás son el gran capital de ese estado, así como los gobiernos estatales de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal.

Aparentemente son dos luchas muy idénticas pero sin conexión.

No obstante, la lucha jurídica y social de estos pueblos contra los

que causan en la salud y el medio ambiente, entre otras consecuencias graves.

En los Altos de Jalisco la comunidad de Temacapulín también luchó y litigó contra el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, y logró que se declarara su nulidad porque fue emitido, dijeron las autoridades judiciales del estado y de la Federación, sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de consulta, por lo que lo dejaron sin efecto, estando actualmente en su etapa de cumplimiento de la sentencia y sin que ello signifique que se haya cumplido hasta esta fecha. En este caso también se luchó contra el ayuntamiento del municipio de Cañadas de Obregón (en el cual, durante la anterior administración de extracción panista, el referido Plan avanzó a marchas forzadas antes de que terminara su mandato). En este caso el

megaproyectos –uno minero; el otro, hídrico– se hermanan en el tiempo y el espacio ante un escenario donde sobresale lo privado en lugar de lo público, donde el Estado ha dejado sus espacios en aras de impulsar el gran capital y de la explotación del hombre y la naturaleza por el hombre mismo, donde se privilegia la ganancia y se socializan los costos. A las comunidades no les queda de otra más que ser creativas si quieren seguir viviendo. Y es así como hacen uso del derecho, aunque saben que no todo depende del mismo; por eso sus luchas son combinadas e ingeniosas, involucrando lo jurídico, lo organizativo, lo político y lo mediático. Sólo así es posible luchar exitosamente contra el capital, que se vale de una retahíla de evasivas y argucias legales para no cumplir cuando pierde en los tribunales, aunado esto último a la impunidad imperante en nuestro país.3 *Abogado y maestro en desarrollo rural; integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC

opinión observaciones generales que abundan en el contenido y obligaciones de los Estados con respecto a ellos. Tales documentos invalidan el argumento de que los DESC no son exigibles ni justiciables, porque se consideraban como derechos difusos.

Sin embargo, esperar a que los Estados cumplan con sus obligaciones no ha sido ni es suficiente, sobre todo si se presentan intereses económicos de por medio. Cuando los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos no se cumplen, o se comete una violación contra los derechos, es posible recurrir al uso de otros recursos, como el amparo o los organismos públicos de derechos humanos. Es necesario, no obstante, que desde el ámbito internacional, hasta el plano nacional y local, los mecanismos de vigilancia y control incorporen la participación de todos los actores de la sociedad, no sólo a partir de la estructura estatal y sus instituciones, sino tomando en cuenta la participación de personas u organizaciones sociales que, desde su experiencia, pueden señalar cuáles son los retrocesos y focos rojos en el cumplimiento de los derechos humanos.

De ahí la importancia de la creación, firma y ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC (PFPI-DESC), tratado internacional adicional al PIDESC adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008, y abierto a firmas y ratificaciones el 24 de septiembre de 2009. El Protocolo establece un mecanismo para que se puedan presentar quejas por violación a estos

derechos ante el Comité DESC, e incluye ha negado a firmar y ratificar el Protocolo tres procedimientos: quejas individuales Facultativo de los DESC, a pesar de que con o de grupos, el mecanismo operativo de otros Estados colaboró en su promoción y investigación sobre violaciones graves o aprobación internacional. Desde hace varias sistemáticas por medio del Comité DESC décadas los gobiernos federales se caracterizan y el procedimiento de queja interestatal. por diseñar e implementar políticas contrarias Mediante este Protocolo se dota a las víctimas a los derechos humanos. Entre las acciones de una vía de exigibilidad para la defensa, que afectan a las comunidades, tanto urbanas protección y reparación de sus derechos. como rurales, se pueden mencionar al respecEs el único instrumento internacional que to los megaproyectos, porque favorecen las resana la ausencia de mecanismos directos de acciones de las trasnacionales en perjuicio de justiciabilidad de estos la población, que cada derechos y contribuye día incrementa sus nia resolver violaciones veles de pobreza. a los DESC (http:// Llama la atención Necesario, que ratificapfpidescmex. que a pesar de la reforlos mecanismos org/). ma constitucional de de vigilancia y En México la denederechos humanos del control incorporen gación y violación de 10 de junio de 2011, y de los DESC tiene consela activa permanencia la participación de cuencias graves, incluso del tema como eje rectodos los actores devastadoras. Impactan tor de la política extede la sociedad tanto en la dimensión rior, México, activo individual como en la promotor del Procolectiva. Los tratatocolo, no lo haya firdos comerciales y mado ni ratificado. acuerdos de inversión Lo anterior es incomdeterminan las políticas y programas eco- prensible si se toma en cuenta que con ello nómicos y sociales, lo que abre una brecha se limita la justiciabilidad de los DESC. entre el reconocimiento de los DESC y su La Secretaría de Relaciones Exteriores arcumplimiento. El resultado son programas y gumenta que lo que demora la firma y acciones gubernamentales insuficientes para ratificación es el proceso interno a seguir, pues garantizar, respetar y proteger estos derechos. el documento debe pasar por la aprobación de Pareciera que ésta es una de las principales todas las secretarías de Estado involucradas. razones por las que el gobierno mexicano se Cabe preguntarse entonces si el letargo no

«

»

se debe más a que no se toman en cuenta las obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido, y a que se depende de la “voluntad” de los políticos a cargo de estas instituciones.

La sospecha proviene de que el Protocolo posibilita a las personas o grupos de personas, víctimas de violación por acción u omisión de cualquiera de sus derechos enunciados en el Pacto, a que presenten la comunicación al respecto, por lo que la ratificación del PFPIDESC obligaría al Estado a reconocer la competencia del Comité DESC para recibir y examinar dichas comunicaciones. Lo anterior pondría en peligro la ejecución de megaproyectos que afectan a comunidades enteras, pues se pondría en primer lugar la satisfacción de un nivel de vida adecuado y una vida digna, en la que se pueda desplegar al máximo las capacidades de una persona.

Por tal motivo un grupo de organizaciones civiles ha conformado la Campaña Mexicana por el PF-PIDESC, que busca impulsar acciones de difusión, formación e incidencia desde la sociedad civil para avanzar en la justiciabilidad de los DESC, y urgir al Estado mexicano a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del PIDESC en el menor plazo posible, ya que con ello las y los mexicanos podríamos ampliar los mecanismos existentes de defensa, y contar con uno que privilegia la resolución a favor de la dignidad de las personas.3 *Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

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CAPITALES

Érika Ramírez

Moisés Pablo/Cuartoscuro

Calderón dejará deuda de 5 billones de pesos Cada uno de los mexicanos –incluyendo niños– debe más de 50 mil pesos, revelan cifras oficiales. La deuda acumulada del gobierno federal –hasta el primer trimestre de 2012– y asumida por la administración de Felipe Calderón Hinojosa es la más elevada de todo su sexenio: asciende a 5 billones 652 mil 468 millones 900 mil pesos. Significa casi el 40 por ciento más de lo que Vicente Fox dejó endeudado al país

S

i cada uno de los mexicanos tuviera que pagar en estos momentos la deuda adquirida por el gobierno federal, tendría que desembolsar 50 mil 317 pesos. De los cuales, 36 mil 228 pesos irían al reembolso de la deuda interna.

Otros 14 mil 88 pesos al pasivo de la deuda

externa.

Y es que Felipe Calderón Hinojosa cierra su sexenio con una deuda federal de 5 billones 652 mil 468 millones 900 mil pesos. Ésta es la cifra más elevada en toda la administración del segundo presidente panista al frente del Ejecutivo.

El documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública –elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– indica que la deuda interna es de 4 billones 59 mil 399 millones 300 mil pesos. En tanto, la externa asciende a 1 billón 542 mil 75 millones 400 mil pesos, al primer semestre de este año.

Ambas cantidades representan un incremento total del 37.66 por ciento respecto del primer año del sexenio, cuando los números rojos eran de 2 billones 355 mil 373 millones de pesos, según los informes oficiales.

Las operaciones registradas por la dependencia – encabezada por José Antonio Meade Kuribreña– revelan

La deuda interna es de 4 billones 59 mil 399 millones 300 mil pesos. En tanto, la externa asciende a 1 billón 542 mil 75 millones 400 mil pesos

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CaPitales la deuda acapara más del 30 del PiB, lo opuesto a las recomendaciones del FMI

La Auditoría Superior emitió un dictamen de salvedad a Hacienda por el rebase del PiB

saldo de la deuda del gobierno federal 2006-2012 Deuda

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Interna

1,672,782.4

1,896,260.8

2,401,328.2

2,702,779.7

2,888,277.2

3,909,042.1

4’059,399.3

Externa

456,309.1

459,112.2

565,002.0

636,060.6

706,665.5

1,542,075.4

1’593,069.6

Total

2,129,091.5

2,355,373.0

2,966,330.2

3,338,840.3

3,594,942.7

5,451,117.5

5’652,468.9

PIB

10,379,091.0

11,320,836.4

12,181,256.1

11,887,849.3

13,075,798.2

15,312,127.8

15,235,765.2

Porcentaje del

20.51

20.80

24.35

28.08

27.49

35.6

37.1

De 2006 a 2010, el gobierno federal se endeudó por 1 billón 513 mil 80 millones 600 mil pesos

Fue durante el segundo año de la administración calderonista que repuntó el porcentaje en los números rojos, hasta en 17.02 por ciento. Lo que implicó un monto de 2 billones 401 mil 328 millones 200 mil pesos. En tanto, al tercer año se llegó hasta los 2 billones 702 mil 779 millones 700 mil pesos; un aumento del 9.02 por ciento.

Otra de las observaciones que hizo la ASF a la Secretaría de Hacienda es que en el periodo de 2006 a 2010 el gobierno federal obtuvo un endeudamiento por 1 billón 513 mil 80 millones 600 mil pesos, de los cuales el 68 por ciento “se utilizó para pagar el servicio de la deuda”, equivalente a 1 billón 28 mil 764 millones 4 mil pesos.

Esto implica, indica el máximo órgano de fiscalización, que “los recursos que se obtienen de la deuda, se aplican

PIB

Fuentes: Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de Hacienda y Crédito Público

auditoría reprobada Hasta el más reciente informe de la ASF se reportaba una deuda del gobierno federal por 3 billones 594 mil 942 millones 700 mil pesos. Aunado al pago de: certificados de la Tesorería de la Federación, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y Banca de Desarrollo, entre otros, la deuda sobrepasaba el PIB, hasta en un 40 por ciento. La suma de estos factores estaba por arriba de los 5.5 billones de pesos.

El desglose del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 indica que la deuda del gobierno federal ascendía a 3 billones 594 mil 942 millones 700 mil pesos. A esta cifra, el máximo órgano de fiscalización del país sumó la deuda de los organismos de control presupuestario directo, 730 mil 66 millones 700 mil pesos y la de la banca de desarrollo, 120 mil 445 millones 400 mil pesos.

Además del contingente de la Comisión Federal de Electricidad de Pidiregas, por 316 mil 606 millones de pesos y, al pasivo del IPAB, 774 mil 589 millones 400 mil pesos. Todos los compromisos adquiridos en 2010 sumaban un total de 5 billones 536 mil 650 millones 200 mil pesos. El monto representa el 42.3 por ciento del PIB, muestra la Auditoría.

Deuda inagotable El comparativo entre las cantidades reportadas por la ASF y la SHCP arroja que fue durante los primeros tres años

730 Mil 66 Millones 700 Mil Pesos, DEUDA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Especial

en que se incrementó más la deuda del gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.

Al cierre de 2006, mientras Vicente Fox Quesada concluía su administración, la deuda registrada era de 2 billones 129 mil 91 millones 500 mil pesos. Misma que se incrementó en 9.4%, al pasar a 2 billones 355 mil 373 millones de pesos, en 2007.

Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

que la deuda acapara más del 30 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo opuesto a las recomendaciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional.

Y es que el organismo financiero dirigido por Christine Lagarde ha promovido que las naciones con “economías emergentes”, como México, se mantengan en un rango de endeudamiento menor al 30 por ciento del PIB. En marzo pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen de salvedad a la SHCP por el rebase del PIB, además del alto pago de intereses.

Los recursos que se obtienen de la deuda son para el pago de intereses, lo que conlleva a que ésta continúe creciendo: observación de la ASF a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

para el pago de los intereses y no para el pago de capital, lo que conlleva a que la deuda continúe aumentando”.

José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público

variaciones anuales (millones de pesos) Periodo 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012

Monto 223,478.4 505,067.4 301,451.5 185,497.5 123,609.2 201,351.4

Porcentaje 9.4 17.02 9.02 5.15 2.26 3.56

Fuentes: Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Comité ineficaz Resultado de la fiscalización de la ASF a los procesos de contratación de créditos de la SHCP con los Organismos Financieros Internacionales y de las Cuentas Públicas de 2007, 2008 y 2009, el organismo que encabeza el auditor Juan Manuel Portal Martínez observó que la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público (CAFESP) “no ha operado debido a que algunas de las instituciones que la deben integrar ya no existen (Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, y Financiera Nacional Azucarera), y para 2010, se constató que la SHCP no ha regularizado esta situación, por lo que no se han evaluado las necesidades de financiamiento del sector público federal”.

Y es que no se confieren facultades a la Comisión, señala la ASF, para determinar condiciones financieras y mucho menos de autorizar la celebración de operaciones constitutivas de deuda pública externa. “Por lo anterior, es evidente que la existencia o ausencia de la CAFESP no es determinante para que la SHCP ejerza sus atribuciones en materia de contratación y manejo de la deuda pública”.

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CAPITALES

Gustavo Silva

Un desafío mundial: los costos del sobrepeso y la obesidad Contundentes han avanzado las transformaciones que derivan del fenómeno denominado “expansión de las cinturas”, que van mucho más allá del exito reprentino de los productos para reducir el peso y de los aparatos para mantener la figura; lo que se está perfilando es una gigantesca movilización de recursos e inversiones en todo el mundo, por lo menos para las próximas tres décadas, motivadas por el creciente sobrepeso y la obesidad Pensando en el creciente número de pasajeros obesos, el fabricante de aeronaves Airbus ofrece a las aerolíneas comerciales asientos extra anchos, al igual que los pasillos en las cabinas de su familia de aviones A320. La demanda de autobuses y trenes incluye la disponibilidad de butacas con mayor amplitud, incluso los fabricantes de los nuevos modelos de automóviles han

de 1 mil 500 millones de dólares también implicó el sacrificio de 5 mil localidades, sin embargo las butacas actuales son de mayor amplitud que las del anterior inmueble que había sido remodelado en 1976. Su vecino de Nueva York, el Citi Field, que sustituyó al Shea Stadium de los Mets, si bien sólo costó 900 millones de dólares, ahora tiene un aforo para 16 mil espectadores menos que el

Enrique Ordóñez/Cuartoscuro

U

na batalla que está siendo ganada por la acumulación de volumen en las personas hizo sonar las alarmas hace un lustro; desde el terreno de la salud se decretó un combate global por el dramático incremento de los costos que se están agregando y poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de los sistemas que la soportan, en especial los de carácter público, además de los problemas crecientes en la calidad de vida.

Lo cierto es que, más allá de la salud, existe una multiplicidad de expresiones que están siendo trastocadas por la nueva condición que presenta la anatomía de 500 millones de seres humanos y que con ello extienden el espectro de impacto, donde los flujos financieros que se están asignando para adaptarse a la nueva realidad creada por un consumidor o usuario de servicios de nuevas carácterísticas y con necesidades diferentes a los estándares.

En un estudio hecho por el Área de Investigaciones Globales de Bank of America Merrill Lynch (ML), Globesidad, analiza las tendencias de los flujos y requerimientos de inversiones para atender las necesidades del cambio en la complexión de las personas, así como para combatirlos. El documento expone los sectores, las tendencias e incluso algunas empresas que serán privilegiadas por los flujos financieros, de manera específica en Estados Unidos, por ser la nación que presenta la vanguardia de la epidemia, ya que 70 por ciento de la población tiene sobrepeso y casi un tercio es obesa, y estiman que en 15 años afectará a 50 por ciento.

Los recursos están en movimiento.

El 70% de la población en Estados Unidos tiene sobrepreso

elevado la capacidad de soporte de los asientos a poco más de 200 kilogramos, de acuerdo con lo expuesto por ML. Los casos emblemáticos de cómo los cambios se nos han puesto ante los ojos de manera silenciosa, los encontramos en los grandes estadios deportivos. El Yankee Stadium inaugurado en 2009; la inversión

derruido, pero eso sí, todos ellos cómodamente sentados incluso los obesos.

También la llamada catedral del futbol es parte de la misma tendencia, parte de las 798 millones de libras esterlinas que se invirtieron en el nuevo estadio de Wembley, inaugurado en 2007, fueron para eliminar 10 mil butacas, pero las actuales son más amplias.

Los hospitales están ampliando puertas, sustituyen los inodoros montados sobre las paredes por modelos al suelo; elevan la disponibilidad de tamaños cada vez mayores en camillas, sillas de ruedas, elevadores de pacientes y también en las ambulancias, porque cada vez es más frecuente su uso con pacientes de más de 150 kilogramos de peso. Los crematorios preparan adaptaciones y adiciones en sus hornos. El universo de lo que se está trastocando es inconmensurable.

Los efectos provocados por el sobrepeso y la obesidad aparecen ahí donde hay presencia humana: se rediseñan los espacios de trabajo, la vestimenta y mucho más, lo cierto es que también con ello vienen otras consecuencias, ya que se estima en que sólo por esas causas se eleva hasta en un billón de toneladas adicionales la emisión anual de gases efecto invernadero, de acuerdo con estudios especializados que recupera ML. Sólo por los requerimientos energéticos de un elevado número de seres humanos más pesados.

El documento de ML señala que existe evidencia de que los esfuerzos por reducir el consumo de combustibles se han visto contrarrestados por la creciente obesidad. Tan sólo para Estados Unidos, donde existe el mayor número de personas en esta condición, se erogan 4 mil millones de dólares adicionales al año en el consumo de gasolinas por transportar a personas con peso superior al normal.

Un estudio señala que el peso promedio de los pasajeros de avión se ha incrementado desde 2000 en dos kilogramos, eso significa 472 dólares en un vuelo de Sidney a Londres, que para una aerolínea que vuela la ruta tres veces por día equivaldría a

1 millón de dólares adicionales por año, reseña el documento de ML. Lo cierto es que al planeta se le han agregado por sobrepeso y obesidad 15 millones de toneladas, algo así como 242 millones de personas más de peso normal. De alcanzar todos los países el mismo índice de masa corporal que el promedio de Estados Unidos, se habrían agregado al mundo 58 millones de toneladas, lo que equivaldría a 1 mil millones de personas adicionales, quienes tendrían requerimientos que pondrían en serios problemas en cuanto a la sustentabilidad del uso de los recursos mundiales, incluidos los alimentos y la energía.

A diferencia de tabaquismo, en el cual se considera que la exposición de un mayor número de personas se compensa con la mayor probabilidad de muerte temprana; en el caso de la obesidad no se ha encontrado la misma relación, por el contrario, se estima que el creciente número de niños y adolescentes obesos o con sobrepeso configura un futuro de adultos con sobrepeso y obesos. Tal es el caso de México, que se ha colocado como el segundo país con mayor incidencia en edades tempranas.

De manera adicional, la tendencia de envejecimiento poblacional indica que personas con sobrepeso en la edad adulta serán obesos en su vejez y los adultos obesos se espera que sean ancianos con obesidad severa.

Aun así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 2.8 millones de muertes anuales están asociadas de manera directa o indirecta con la obesidad.

Siguiendo en el terreno de los costos asociados por la presencia del sobrepeso y la obesidad, el análisis de ML aborda con lo que impacta en el ámbito de la empresa, ya

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CaPitales en 2010 los estadunidenses gastaron 28.1 mil millones de dólares en suplementos dietéticos

Definiciones y numeralia Datos de la oMC, oCDe y el institute of Medicine sobrepeso: índice de masa corporal (IMC), entre 25 y 29.5 puntos obesidad: IMC a partir de 30 puntos obesidad grado 1: IMC de 30 hasta 34.9 puntos obesidad grado 2: IMC de 34.5 hasta 34.9 puntos obesidad grado 3: IMC de 40 en adelante obesos: 500 millones de personas mayores de 20 años (Organización Mundial del Comercio) la inactividad física: Responsable de 6 por ciento de las muertes en el mundo, 3.2 millones al año Principal causa de 21-25 por ciento de cáncer de mama y de colon Adultos con actividad física suficiente en el mundo: 31 por ciento américa Sobrepeso: 62 por ciento Obesos: 26 por ciento Europa, el Mediterráneo Oriental y América Más del 50 por ciento de las mujeres tiene sobrepeso Mujeres de Europa con sobrepeso que son obesas: 23 por ciento Mujeres del Mediterráneo Oriental con sobrepeso que son obesas: 24 por ciento Mujeres de América con sobrepeso que son obesas: 29 por ciento Estados Unidos y México tienen dos de los mayores índices de obesidad, Japón y Corea tienen dos de los más bajos En 2008, 10 por ciento de los hombres y 14 por ciento de las mujeres del mundo eran obesos, frente a 5 por ciento y 8 por ciento respectivamente, en 1980.

Población con sobrepeso en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: 50 por ciento Costos de salud en Estados Unidos por la obesidad: 190 mil millones de dólares Gastos médicos por obesidad: 21% del total de gastos médicos que ha detectado que los efectos impulsan a muchos empresarios a realizar inversiones en programas de bienestar laboral.

Las empresas han incrementando sus erogaciones en seguros de salud a la vez que ven reducida la productividad por consecuencia de la obesidad. Al respecto, ML recurre a un estudio de Mayo Clinic de marzo de 2012, el cual indica que mientras fumar podría añadir alrededor de 20 por ciento los gastos médicos de los empleadores, la obesidad mórbida los aumenta en 50 por cienti por año. Además ,los seguros comerciales de salud han aumentado para este sector, por ejemplo, los gastos de hospitalización se elevaron 18 por ciento, un monto de 35 mil millones de dólares, agrega.

Mayo Clinic señala que un estudio aplicado a los 30 mil asegurados entre trabajadores activos y jubilados entre 2001 y 2007, los obesos presentaron un costo superior en 600 dólares por año por

encima de de otros con hábitos poco saludables, como fumar.

Las actividades económicas que serán las protagonistas en las corrientes de recursos para combatir la obesidad y reducir el sobrepeso están identificadas por ML como la de productos farmacéuticos y el cuidado de la salud, las de alimentos, las enfocadas a la pérdida de peso,

Estados Unidos y México tienen dos de los mayores índices de obesidad; Japón y Corea, los más bajos

gestión nutricional y dietética, así como la ropa y el equipamiento para actividades deportivas. la comida está en el centro de atención Las tendencias alimentarias en Estados Unidos, de las que no somos demasiado ajenos en México, presentan que las ventas anuales de comida rápida aumentaron 54 por ciento entre 2000 y 2010 para llegar a 165 mil millones de dólares, el consumo de queso se elevó 287 por ciento desde la década de 1950, mientras que el consumo de leche bajó 38 por ciento, además de que la ingesta de jarabe de maíz de alta fructosa se ha incrementado en los últimos 40 años, principalmente en el consumo de refrescos.

Junto a estos datos, la alimentación, protagonista estelar del problema, sigue siendo un factor de solución. Más aún ante escenarios que pronostican gastos combinados por servicios médicos en dos años significarán 549.5 mil millones de dólares.

En México, un mercado de 900 mil millones de pesos anuales en alimentos y bebidas, puede ser parte del impulso creciente para una mayor salud y bienestar, centradas en productos naturales y saludables, en productos orgánicos, frescos y jugos naturales, entre otros; o mediante la reformulación del perfil nutricional, con menos contenido de grasa, azúcar y sodio, calorías e ingredientes artificiales, y sustituidos con ingredientes más benéficos.

Gestión dietética y de la nutrición Grandes segmentos de la población están inmersos a la pérdida de peso, la gestión de la dieta y la nutrición

como medio de lucha contra la obesidad global a través de su participación en áreas como cadenas comerciales de centros de pérdida de peso, suplementos dietéticos, productos de reemplazo de comidas, compañías multinivel que venden productos para la gestión dietética y de la nutrición.

Con una conciencia cada vez más influida por el creciente vínculo que hacen los consumidores entre la dieta y la salud, la industria se ha ocupado en la generación de productos saludables, la adquisición de marcas, innovando y con la reformulación de productos existentes, y promover la coherencia de sus mensajes.

Cómo desestimar un mercado en el que en 2010 los estadunidenses gastaron 28.1 mil millones de dólares en suplementos dietéticos (incluidos productos para no bajar de

4.5 millones de niños MEXICANOS PADECEN SOBREPESO

peso). Además gastan alrededor de 40 mil millones de dólares por año en programas de pérdida de peso y sus productos. actividad física La actividad física contribuye a la pérdida de peso y al mantenimiento del peso a largo plazo, así como la mejora de la función metabólica, respiratoria y cardiovascular y reducir el riesgo de la morbilidad relacionada con la obesidad como las fracturas por caídas. Como

la obesidad no es sólo un problema en estados unidos

A

unque Estados Unidos es el epicentro de la obesidad, esta enfermedad está en aumento en todo el mundo.

En México, 4.5 millones de niños entre 5 y 11 de edad padecen sobrepeso, y de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ecó, 7 de cada 10 personas en México tienen sobrepeso y 3 de cada 10, obesidad.

Según una encuesta realizada en 2007-2008, más de 1 de cada 4 niños canadienses y los jóvenes se consideran con sobrepeso u obesidad. En 2010, en Canadá, el porcentaje de mujeres obesas fue de 16.5 por ciento, mientras que el porcentaje de hombres obesos fue de 19.8 por ciento frente a 14.5 por ciento y 16 por ciento, respectivamente, en 2003.

América del Sur, una región que se vio afectada en gran medida por una población de bajo peso se ha estado moviendo hacia uno que tiene sobrepeso. Un reciente artículo en el Telegraph indica que alrededor de 1 de cada 7 brasileños son obesos, y casi la mitad tienen sobrepeso.

En Hong Kong, la tasa de obesidad en los niños fue de 22.2 por ciento en el período 2009-2010, frente a 16.7 por ciento, en 1996-1997. Fuente: The skinny on obesity. America Merrill Lynch 

medio de lucha contra la obesidad global se estiman inversiones en áreas tales como: calzado deportivo, gimnasios, ocio, fabricación y distribución de ropa deportiva, deportes y actividades recreativas, artículos deportivos, tiendas de deportes e instalaciones deportivas.

En México, pese una gran fragmentación del mercado, los principales jugadores en este segmento hallaron una inigualable oportunidad de crecimiento. (Fortuna, enero de 2011). Además de que es más frecuente encontrar acciones patrocinadas por empresas en favor de la actividad física, como la alianza entre Televisa y Bonafont.

Los beneficios que aporta la actividad física es de gran relevancia en el combate al sobrepeso debido a los efectos benéficos al incluirla en el estilo de vida, ya que permite mejorar el desarrollo y la buena salud, es motivador de una adecuada nutrición, inhibe la violencia en niños y jóvenes, libera endorfinas que ayudan a disminuir el estrés y depresión; además de mejorar la apariencia, creatividad, capacidad afectiva y memoria, según lo expuesto por Actívate México. industria farmacéutica La industria farmacéutica ha dado pasos importantes, al grado de haber logrado que la Oficina para Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aprobó medicamentos para su venta por receta para la pérdida de peso, lo cual significa un hito, dado que dicha entidad había mostrado poca aceptación para el desarrollo de medicamentos para ese fin.

Los médicos ven como primera línea de defensa contra el sobrepeso y la obesidad la dieta y el ejercicio, seguida por los medicamentos recetados y la cirugía bariátrica en última instancia; la inyección de recursos en las industrias farmacéutica y de la salud como un medio de lucha contra la obesidad global, tiene un amplio espectro de participación en en áreas como dispositivos cardiovasculares, medicamentos para la diabetes, servicios de diálisis, equipo de emergencia médica, bandas gástricas, medicamentos contra la obesidad, dispositivos ortopédicos (implantes de articulaciones), manejos de ostomías, sistemas especializados de baño, entre otros.

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LÍNEA GLOBAL

Daan BauWens/iPs

Biocombustibles: el hambre por “razones ambientales” Concentración de tierras, expulsiones obligadas, desviación de agua para crear grandes plantaciones de monocultivos y encarecimiento de los alimentos son resultado de una política mundial impulsada por los países industrializados: la generación de biocombustibles. Las justificaciones “ambientales” parecerían encubrir las razones reales: el control del mercado de la producción de alimentos. De continuar con la estrategia, para 2020 otros 140 millones de seres humanos sufrirán hambre

B

ruselas, Bélgica. A pesar de las crecientes pruebas de que la producción de combustibles orgánicos es responsable de la inseguridad alimentaria, el nuevo proyecto de la Unión Europea sobre energías renovables ignora las consecuencias sociales de esta actividad agrícola.

Víctimas guatemaltecas de la crisis alimentaria se trasladaron a Bruselas la tercera semana de junio para concientizar a los dirigentes del bloque sobre este problema.

A fin de reducir la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, la Unión Europea decidió hace tres años aumentar el uso de biocombustibles en el transporte.

En la directiva de 2009 sobre energías dióxido de carbono al año, equivalente a entre renovables se fijó el objetivo obligatorio 12 y 26 millones de automóviles más para 2020. de elevar a 10 por ciento la proporción de ActionAid estimó que la cantidad de agrocombustibles en el transporte para 2020. biocombustibles extra que ingresarán al Pero aun antes de que se aprobara ese mercado de la Unión Europea será entre 81 documento, organizaciones no guber- y 167 por ciento peor para el clima que los namentales de distintas partes del mundo combustibles fósiles. ya habían señalado varios Las organizaciones no de los problemas asociagubernamentales también pronosticaron que el audos a los combustibles orgánicos. mento en el uso de comLa organización británica bustibles previsto por la 140 millones de ActionAid calculó que para Unión Europea presionaría cumplir el objetivo fijado al alza los precios de la canopersonas más, por la Unión Europea, la, el maíz y el azúcar.

EN RIESGO DE SUFRIR habría que convertir 69 Según un estudio del HAMBRE mil kilómetros cuadrados Instituto Internacional Ausde ecosistemas naturales en triaco de Análisis de Sistetierras de cultivo, un área mayor a la de Bélgica mas Aplicados, el objetivo de 10 por ciento pone a 140 millones de personas más en riesy Holanda juntas.

Además, la conversión de selvas, praderas go de sufrir hambre, en especial a los pobres y turbas en tierras cultivables para producir que viven en las ciudades, a los agricultores de biocombustibles llevará a que se liberen a la subsistencia y a las personas sin tierra en los atmósfera 56 millones de toneladas más de países en desarrollo.

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lÍNeA gloBAl la policía guatemalteca expulsó a más de 3 mil indígenas de sus hogares en el valle del río Polochic para dar lugar a plantaciones a gran escala

69 mil kilómetros CUADRADOS DE ÁREAS NATURALES, CONVERTIDOS EN TIERRAS DE CULTIVOS

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Tres meses después de reunirse con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el modesto agricultor Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, llegó a Bruselas para informar a los dirigentes europeos de las consecuencias sociales de los biocombustibles.

“Con una creciente demanda de biocombustibles, esta crisis de hambre no

La conversión de selvas, praderas y turbas en tierras cultivables para producir biocombustibles llevará a que se liberen a la atmósfera 56 millones de toneladas de dióxido de carbono

hará más que empeorar”, dice Pascual a IPS. “Necesitamos jugadores externos, como la Unión Europea, para asegurarnos de que no causen más daño con sus políticas.

Y necesitamos que presionen a nuestro gobierno para que respete los derechos de la población”, añade.

Pero es poco probable que la Unión Europea disminuya su demanda. “¿Quién gana con esta política? No el ambiente, sino los agricultores europeos por los efectos positivos de la demanda sobre el precio de los productos, y la industria de agrocombustibles que fue directa o indirectamente construida con fondos y préstamos de la Unión Europea”, indica Herman.

El funcionario de Oxfam cree que el problema empeorará en los próximos años, pues los actores tradicionales también se interesan cada vez más en los biocombustibles.

“Shell y BP invirtieron fuerte en azúcar brasileña el año pasado”, remarca. “Quieren seguir siendo líderes en el sector y también presionan en Bruselas […]. Cada uno mira el asunto desde su propio punto de vista racional, pero el resultado final es la pura locura”, concluye.

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La International Land Coalition, con sede en Roma, indicó que la demanda de biocombustibles es responsable de más de 50 por ciento de la concentración de tierras en el mundo.

A principios de julio, la Comisión Europea publicó su comunicación posterior a 2020 sobre energías renovables.

A pesar de la campaña incesante de varias organizaciones no gubernamentales para eliminar el objetivo, la nueva comunicación se llama a silencio respecto de las consecuencias de los biocombustibles sobre seguridad alimentaria en las naciones en desarrollo, lo que deja abierta la posibilidad de un objetivo similar para 2030.

“La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) pretende decidir sobre la política para 2030 sin considerar primero los impactos de la de 2020”, dice a Inter Press Service (IPS) el especialista de Oxfam en biocombustibles del bloque, Marc-Olivier Herman.

“La nueva comunicación especifica criterios concretos para medir el impacto ambiental, pero no dice nada sobre las consecuencias sociales de los biocombustibles. La palabra ‘alimento’ ni siquiera está mencionada en el documento, cuanto menos seguridad alimentaria”, explica.

Según Herman, la Comisión avanza demasiado rápido a instancias del sector industrial. Los “inversores en biocombustibles quieren seguridad”, añade.

Ante la creciente demanda de biocombustibles, la crisis de hambre sólo empeorará

Quien gana con esta política no es el ambiente, sino los agricultores europeos

“Desde que se fijó el primer objetivo en 2009, la industria de biocombustibles crece con rapidez. Ahora quiere saber qué pasará después de 2020. Y es un sector con mucho poder lobby aquí en Bruselas”, agrega.

Mientras, los efectos sociales de la creciente demanda de biocombustibles se agravan. Por ejemplo, un gran porcentaje de indígenas de Guatemala sufre una nueva crisis de hambre por la concentración de tierras, las expulsiones obligadas y la desviación de agua para crear grandes plantaciones de monocultivo de palma aceitera y caña de azúcar para producir combustibles orgánicos.

En marzo de 2011, la policía y los soldados guatemaltecos expulsaron a más de 3 mil indígenas de sus hogares en el valle del río Polochic para dar lugar a plantaciones en gran escala. Echadas de sus tierras, las 700 familias sufren una severa desnutrición y una alta tasa de mortalidad infantil por diarrea o fiebre.

A pesar de las numerosas evidencias de que la producción de combustibles orgánicos es responsable de la inseguridad alimentaria, la Unión Europea ignora las consecuencias sociales de esa actividad agrícola. África, el más afectado por falta de alimentos

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CRÓNICAS DE LÁTEX

MANRIQUE

EX LIBRIS

E

n lugar de que los mexicanos abrevaran cultura en novelas, poesía, ciencia jurídica, medicina, teorías políticas, económicas, etcétera, tenemos textos sobre el trágico asunto de las drogasnarcotraficantes y su conexión con el golpismo militar que las combate, arrojando cientos de miles de homicidios, secuestros, desapariciones, fosas comunes; más cárceles y presos (sin capturar a sus cabecillas: Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es una leyenda desde que fue dejado en libertad con el camuflaje de una fuga de película de gánster estadunidense: sacado de un penal ¡de alta seguridad!, entre la ropa sucia. La “guerra” calderonista empuja a la nación a una guerra de todos contra todos y nuestras vidas penden de un hilo que jalan sicarios, policías, soldados y marinos como si no hubiera gobierno ni Estado.

Las investigaciones sobre el narcotráfico producen películas y textos que con hechos explican sentencias penales, deportaciones o extradiciones; testigos a los que se reducen las penas

ÁLVARO CEPEDA NERI*

En el corazón de la insurgencia criminal mexicana a cambio de “cooperar” con acusaciones, propiciando venganzas... Ioan Grillo, periodista-corresponsal en nuestro país, ha escrito El narco: en el corazón de la

insurgencia criminal mexicana, publicado en inglés con traducción de Antonio-Prometeo Moya. Sus casi 500 páginas no lo vuelven atractivo (ante kilos y kilos de ese material en el mercado librero); pero una vez consultada su bibliografía, sus notas a los 16 capítulos y empezar su lectura, cae uno en la cuenta de que es un trabajo que vale la pena.

Pésimo subtítulo porque la criminalidad no es una insurgencia, sino contrainsurgencia. Pero sus tres partes: Historia, Anatomía y Futuro son un acertado rastreo de cómo se implantó el comercio de mariguana y amapola silvestre, de heroína y cocaína. El narcotráfico desde Nixon (1969) con la Operación Intercepción, hasta Obama y Calderón (2012), es asunto financiero, de inversiones, bancos, infiltración, sobornos de policías, militares y políticos-gobernantes. Y la amante de un presidente mexicano narcotraficante recorre el país siguiendo las huellas de las drogas, los cárteles, los capos (con pelos y señales).

Los narcocorridos, las lujosas tumbas de capos, la Santa Muerte, la narcoviolencia.

Ampliamente documentado, el libro no deja rincón sin investigar.

“El crimen organizado tiene dos funciones básicas: puede ofrecer un producto que el comercio legal no puede

proporcionar; y puede robar o extorsionar.

La primera categoría engloba la venta de drogas, prostitución, artículos piratas, juego, armas, tráfico de inmigrantes. La segunda: el secuestro, robo de cargamentos, de vehículos, atracos a los bancos”. Esta investigación nos allana el camino al menos en detalles, nombres, biografías, datos y fotografías.

Con entrevistas, datos duros, descripción de la telaraña de cada cártel, sus cabezas y ganancias de más de 30 mil millones de dólares; cómo generan empleo y con su circuito cerrado de lavado de dinero, “los banqueros creen que el narcotráfico contribuyó a mantener el peso a flote durante la crisis económica mundial de 2008 a 2009”.3 Ficha bibliográfica: Autor: Ioan Grillo Título: El narco: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana Editorial: Tendencias editores, 2012

*Periodista

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MÚSICAAmoxpoani | Propuesta escénica-didáctica a través de diversas formas de narrativa y poesía coral dramatizada, acompañada de fondos de percusiones elaborados con instrumentos musicales de tradición mesoamericana.

Presenta la reseña histórica de los mexicas desde la salida de Aztlán hasta la llegada de los españoles, lo que permite mostrar parte del patrimonio tangible e intangible del Museo del Templo Mayor, al manejar textos del siglo XVI con una adaptación escénica.

AGENDA …cultura, arte y entretenimiento

NATALIA CASTAÑEDA

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo del Templo Mayor, Seminario 8, Centro (hasta el 24 de noviembre de 2012, de 14:30 a 16:30 horas. Entrada libre).

DANZAStain S, Kaizen danza | Stain S puede significar manchar o teñir de manera permanente algo que permanece y que es muy difícil de quitar o eliminar… Esta obra es una composición dinámica que tiene su origen cuando un gringo y un mexicano se conocen. Dos años después han encontrado manchas permanentes en común y deciden teñir el espacio y el tiempo con ello.

Lo que nos tiñe como humanos-personas trasciende banderas, ¿seremos capaces de limpiar esas manchas o estarán ahí de manera definitiva?

Todo aquello que es difícil de borrar de nosotros, aquello que física, mental, emocional y socialmente nos ha mancillado de forma casi permanente son los detonantes de esta temporalidad.

Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, Polanco, V Sección (martes, 20:00 horas. Hasta el 27 de noviembre de 2012).

ESPECTÁCULOEl festival puentes: III encuentro hispanomexicano de música contemporánea | Espectáculo que busca dar una visión fresca de la música contemporánea. Música que hoy conforma un panorama multicolor y variado de estilos y estéticas.

Insertada en una época de grandes avances tecnológicos, esta música ha desarrollado una importante rama en la que se mezcla lo antiguo con lo nuevo, desde piezas que combinan lo acústico y los sonidos producidos por computadora. Una obra donde se mezclan luces, electrónica, video y una bailarina en vivo.

Laboratorio Arte Alameda, Doctor Mora 7, Centro (martes, 20:00 horas. Entrada libre).

EXPOSICIÓNMarcelo Balzaretti. Variaciones lumínicas para la contemplación del tiempo | En esta muestra se aborda el tema de la luz, el tiempo, el movimiento y la captación visual del ojo humano, con una pieza que dialogará con la colección de arte virreinal del Museo Nacional de Arte.

TEATRORicardo III 0.3. Reestreno | El público será citado dos horas antes (11:30 horas) en las instalaciones del Foro Shakespeare donde abordarán una camioneta y serán transportados a la penitenciaría para llegar al Teatro Juan Pablo de Tavira, donde presenciarán el montaje profesional de Ricardo III, a cargo de los internos de la Compañía de Teatro de la Penitenciaría del Distrito Federal en Santa Martha Acatitla.

Esta obra es la segunda puesta en escena del repertorio de la Compañía de Teatro de la Penitenciaría del Distrito Federal, bajo la dirección y producción del Foro Shakespeare. Una adaptación de la obra de William Shakespeare que busca enfatizar los rasgos del poder en todos los individuos.

La obra fundamentalmente habla de las luchas encarnizadas del poder y las consecuencias de éste como un vicio.

Una tragedia histórica oscura, densa. Perfectamente construida con cierto grado de humor y cinismo.

Foro Shakespeare, Zamora 7, esquina con Veracruz, Condesa (hasta el 24 de noviembre de 2012, sábado, 11:00 horas).

CINEEl último carnaval | Esta cinta, que forma parte de las actividades en torno a la exposición temporal internacional Oro. Arte prehispánico de Colombia, está basada en la historia verídica de Benjamín García, un hombre que durante 25 años se disfrazó de Drácula en el carnaval de Barranquilla, en el Caribe colombiano. En 1988, Gómez se convirtió en triste noticia, cuando atacó a mordiscos a una adolescente.

Sala Intermedia del Museo Nacional de las Culturas, Moneda 13, Centro (22 de noviembre, 15:00 horas. Entrada libre).

Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro (de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas. Hasta el 30 de noviembre de 2012).

MANRIQUE

EL SIQUIATRA

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