Semanario 51

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ACTA en México: ¿cómo nos afecta?

SOCIEDAD |EL ACUERDO PRETENDE COMBATIR LA PIRATERÍA, PERO PARA LOS MEXICANOS SIGNIFICARÍA LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD

SEMANARIO

EN INTERNET Y LA DESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL PAÍS, SIN CONDICIONES SUFICIENTES PARA EL ACTAMariela Paredes

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EDUCACIÓN FICCIÓN, OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Flor Goche

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DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 | AÑO 2 | NÚMERO 51

WWW.CONTRALINEA.COM.MX

GARANTIZAN IMPUNIDAD A

CONTRABANDISTAS TEXTILEROS

EN ESTADOS UNIDOS YA FUERON CONDENADOS DOS EMPRESARIOS. PERO EL GOBIERNO DE CALDERÓN FUE OMISO EN LAS PESQUISAS Y LAS HEREDÓ A PEÑA NIETO

LÍNEA GLOBAL FIEBRE DE ORO EN HAITÍ, ¿PERO PARA QUIÉN? Haiti Grassroots Watch/ Tierramérica /IPS

Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal, entre los delitos cometidos por una supuesta red criminal que opera en México y en Estados Unidos. En el país vecino fueron condenados dos empresarios por estos hechos, en cambio, autoridades de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República fueron omisas en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y Shangái habrían servido para enriquecer a unas cuantas familias Claudia Villegas

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OPINIÓN DE VUELTA AL CAPITALISMO SALVAJE Marcos Chávez M

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AGENDA CULTURAL AVES Y CENIZAS, OBRA BASADA EN LA VIDA DE MARISELA ESCOBEDO Octavio Salas

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OPINIÓN | Calderón: recuento del traidor a la patria Su sexenio, más letal que la guerra en BosniaEdgar González Ruiz

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EX LIBRIS | Leyes y planes de la República Mexicana “Platillo de historia” de “revoluciones inconclusas"Álvaro Cepeda Neri

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

PASO A DESNIVEL

NUESTROS LECTORES Iniciativa Mérida, un plan equivocado

A

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco; a la Comisión de Derechos Humanos de Colima; al gobernador de Jalisco; al gobernador de Colima; a la Procuraduría General de la República; a las procuradurías de Justicia de Jalisco y Colima; a Amnistía Internacional: Con profunda preocupación, la Red Mexicana de Afectados por la Minería hemos dado seguimiento a la desaparición del activista Celedonio Monroy Prudencio, que desde el 23 de octubre pasado fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados en su domicilio, ubicado en la comunidad Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco; y que a la fecha no ha sido encontrado.

Celedonio Monroy Prudencio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán, Cuautitlán. Se ha destacado por ser un defensor de su territorio en contra de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

Asimismo, ha denunciado en medios nacionales, desde hace años, las violaciones de las que ha sido víctima su comunidad por empresas mineras, principalmente el Consorcio –ítalo-argentino– Benito Juárez Peña Colorada, SA, que se ubica dentro de la zona de indefinición de límites territoriales entre Colima y Jalisco. Ha enfatizado el abandono del gobierno de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos hacia la comunidad, así como la denuncia del entorpecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía estatal de Colima.

Este consorcio extrae 16 mil toneladas diarias de fierro, contamina miles y miles de metros cúbicos de agua y ha dejado estériles cientos de hectáreas de tierra de cultivo. Hace un mes, indígenas de Cuautitlán denunciaron que esta empresa provocó un desastre ambiental y social cuando se rompieron las cortinas contenedoras de lodos y residuos tóxicos de la mina que inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve comunidades de Cuautitlán y Cihuatlán, que desembocaron en el río Marabasco, con lo cual se contaminó la cuenca entera.

Exigimos a las autoridades locales, estatales y federales la intensificación de la búsqueda y localización inmediata de Celedonio Monroy Prudencio y se le presente sano y salvo; se garantice la seguridad de los indígenas defensores de derechos humanos y ambientales del municipio de Cuautitlán; se atiendan las denuncias por ecocidio y violación a los derechos humanos (por empresas mineras y madereras) que han presentado integrantes de la comunidad; y el respeto absoluto a la toma de decisiones comunitarias sobre sus territorios.

Marinos no son culpables de descuido del mar territorial, considera

E

n relación con el reportaje “Semar abandona costas y mares mexicanos”, opino que no se debe culpar únicamente a una pequeña área (Protección al Medio Ambiente Marino de la Secretaría de Marina) del citado incumplimiento. Es necesario recordar que estos cargos administrativos están cubiertos, en la mayoría de los casos, únicamente por una sola persona que debe realizar el trabajo de jefe de departamento, archivista, oficinista, etcétera (además, claro, de que deben cumplir con las diversas actividades militares asignadas). Aunado a esto, el grado militar que ostentan es risible, a pesar de que muchos de ellos cuentan con posgrados y especialidades. Por ello, estos marinos no son contemplados para representar a México ante la Organización Marítima Internacional. A ese organismo internacional envían a militares que cuentan con mayor rango, pero no con los conocimientos necesarios (técnico-científicos) para un buen desempeño en estos eventos y su posterior seguimiento.

El espectáculo debe continuar

Marco Orozco3

Rubén Jaramillo debió morir luchando

L

os felicito por el reportaje “Militares, autores de la masacre de Rubén Jaramillo en 1962”. Luego de leer lo que le aconteció a ese gran revolucionario y a su familia me siento impotente. Indigna la agresión cobarde, alevosa, por parte de esos grupos militares. Me gustaría que aún vivieran Adolfo López Mateos y esos perros asesinos para que pagaran por el atroz asesinato de un revolucionario que participó en el movimiento subversivo para darnos una mejor vida. Rubén Jaramillo no merecía morir así. Rubén Jaramillo debió morir luchando con las armas contra tanta injusticia que sufren nuestros campesinos e indígenas.

Rodolfo Velázquez3

Comentario sobre el artículo “¿Quién ordenó derribar el avión espía sobre Cuba?”

L

os felicito por el artículo “¿Quién ordenó derribar el avión espía sobre Cuba?”. Es enriquecedor el esfuerzo que realiza la Revista Contralínea al ilustrar a los lectores de esta fase importante de la historia denominada también “crisis de los misiles” y este episodio no lo cuentan precisamente los vencedores.

Enhorabuena por este ensayo.

Genaro Rodríguez3

Red Mexicana de Afectados por la Minería3

MIGUEL GALINDO

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CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohíbida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

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OFICIO DE PAPEL

MIGUEL BADILLO*

Busca IFE sancionar a López Obrador

E

l abusivo y descontrolado uso de recursos financieros en la última campaña presidencial, que provocó acusaciones de todo tipo entre excandidatos y partidos políticos, motivó que la Cámara de Diputados acordara, hace un par de semanas, integrar una comisión especial investigadora del manejo de recursos públicos en las campañas del proceso electoral 2012.

Dicha comisión revisará y analizará toda la información sobre las campañas de los cuatro excandidatos a la Presidencia de la República, y espera que el Instituto Federal Electoral (IFE) le entregue las auditorías que realizó y que habrá concluido entre este diciembre y enero próximo.

Aunque una de las preocupaciones principales de la comisión legislativa es indagar sobre el supuesto uso de fondos públicos en las campañas políticas, en especial la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su candidato Enrique Peña Nieto, ahora presidente de México, lo cierto es que el IFE abrió varios expedientes y pretende sancionar a todos los partidos.

Uno de esos expedientes que la comisión de la Cámara de Diputados debería conocer está identificado con la clave Q-UFRPP59/12, elaborado por el IFE, donde hay un reporte del director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien se empeña en sustanciar “un procedimiento administrativo sancionador” promovido por el partido entonces en el gobierno (Acción Nacional, PAN) en contra de la Coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, y de su candidato único Andrés Manuel López Obrador, “por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos”.

Los hechos investigados, sostiene Alfredo Cristalinas en un escrito del 26 de julio de 2012, “consisten

en la presunta aportación de 90 millones de pesos mediante dos cuentas [bancarias] aperturadas a nombre de Yeidckol Polevnsky Gurwitz entre 2002 y 2010, los que –según los dichos del quejoso– fueron destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

La exsenadora Polevnsky, una de las personas de mayor confianza de López Obrador, rechaza la acu-sación del PAN y afirma que en sus cuentas no hay ingresos por 90 millones de pesos. Se dice molesta y extrañada porque la Unidad de Fiscalización del IFE indague sus movimientos financieros desde 2002 hasta 2010, “cuando todos sabemos que la campaña presidencial corresponde a años distintos a los investigados”.

Asegura que ha colaborado con esa indagatoria del IFE, por lo que ordenó a su contador entregar toda la documentación financiera y personal requerida: “Que revisen todas mis cuentas y movimientos bancarios, para dejar constancia de que no hubo depósitos ni movimientos por 90 millones de pesos para la campaña de Andrés Manuel”.

Yeidckol Polevnsky explica que el dinero que recibe es producto de su trabajo y de su actividad empresarial: “Vengo del sector privado y tengo derecho a ganar dinero, siempre y cuando pague mis impuestos”. Enfatiza que de nada pueden acusarla los auditores del IFE, por lo que está tranquila y cooperativa con esa indagatoria, aunque acepta estar molesta por los señalamientos que se han hecho en su contra.

Asegura que ya fue interrogada por la Unidad Fiscalizadora, al tiempo que precisa que no conoce la información integrada en el expediente Q-UFRPP59/12.

De manera oficial, el Instituto Federal Electoral sostiene que en breve dará a conocer el resultado de sus investigaciones sobre éste y otros expedientes abiertos. Por lo pronto, la institución que encabeza Leonardo Valdés Zurita solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda la información financiera que tenga sobre los

CARTÓN

AVILÉS

Cerco Sexenal

movimientos financieros, cuentas, ingresos y egresos de la exsenadora perredista.

En las peticiones que hizo el IFE al SAT para corroborar el supuesto uso ilegal de 90 millones de pesos en la campaña del excandidato presidencial López Obrador, destaca la información de movimientos financieros sobre 26 registros federales de causantes, entre ellos el de Yeidckol Polevnsky.

Extrañamente, en el expediente abierto por el IFE en contra de la Coalición Movimiento Progresista aparecen los ejercicios fiscales y todos los movimientos financieros de Polevnsky desde 2006 hasta 2011, elaborados por el SAT, y en ninguno de esos 6 años aparecen depósitos o movimientos

bancarios por 90 millones de pesos, motivo de la acusación que hizo el representante propietario del PAN ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Según la información acumulada en el expediente del IFE, los ingresos obtenidos por Yeidckol en su labor empresarial y como integrante de la Cámara de Senadores ascendieron, en 6 años reportados por el SAT, a 17 millones 353 mil 48 pesos; y fue 2009 el año más lucrativo para la señora, al haber percibido ingresos por 3 millones 798 mil 945 pesos.

Sólo con esta información que se desprende de la misma investigación hecha por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos se confirmaría el dicho

de la exsenadora, en el sentido de que jamás recibió en cuentas bancarias personales fondos por 90 millones de pesos, los cuales servirían presuntamente para financiar la campaña del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, habrá que esperar la resolución del Instituto Federal Electoral; pero si este órgano electoral busca sancionar a la Coalición Movimiento Progresista y a su excandidato presidencial, tendrá que demostrarlo con información adicional de que hubo manejos ilícitos de dinero cuyo origen se desconoce.

Mientras tanto, los datos acumulados hasta ahora no permiten corroborar la acusación del PAN en contra del líder de las izquierdas.3 *Periodista

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León Braojos

PORTADA

CLAUDIA VILLEGAS

Impune, contrabando textil en México Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal, entre los delitos cometidos por una presunta red criminal que opera en México y en Estados Unidos. En el país vecino ya fueron condenados dos empresarios por estos hechos, pero aquí el gobierno de Felipe Calderón no sólo se mostró lento, sino omiso en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y Shangái habrían servido para enriquecer a unas cuantas familias

A

pesar de la colaboración del gobierno de Estados Unidos, que ya condenó a dos empresarios confesos y cómplices del contrabando técnico de textiles hacia México, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron incapaces de juzgara una red criminal que habría lavado dinero y se beneficiaría del ingreso de mercancías asiáticas defraudando al fisco durante recién concluido gobierno federal.

Con la emisión de facturas y

certificados de origen falsos, empresarios estadunidenses participaron entre 2005 y 2009 en una red de corrupción que permitió evadir el pago de aranceles y el ingreso al territorio mexicano de al menos 243 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái.

Una investigación del Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), demuestra desde 2009 que en México cuantiosas y frecuentes importaciones de textiles asiáticas fueron ordenadas por empresas fachada que ocultaban la

identidad de sus accionistas.

Sin embargo, el gobierno mexicano fue incapaz de proporcionar información sobre el daño económico que provocó al fisco este fraude y contrabando técnico. Tampoco cito a declarar a los involucrados a pesar de que autoridades estadunidenses los tienen plenamente identificados.

La PGR, a través del extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Irving Barrios Mójica, aceptó que “el monto debe ser considerable porque las operaciones ilícitas se estuvieron realizando durante mucho tiempo”.

Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta

2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/ FISM08/185/2011 en México, por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. En ese expediente, cuyas copias posee Contralínea, se establece que empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el fin de engañar al gobierno mexicano y avalar que dichas mercancías se producían en Estados Unidos

y por eso entraban exentas de impuestos.

Con base en el acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 PORTADA El contrabando de textiles, que en Estados Unidos se investiga desde 2009, en México fue heredado al gobierno de Peña Nieto

validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV. Los avances, sin embargo, son nulos.

Así, la PGR reconoce que el caso de contrabando de textiles y corrupción, que en Estados Unidos se investiga desde 2009, en México será heredado al próximo gobierno sin haber sido investigado adecuadamente.

“Esperamos que el próximo gobierno lo continúe porque es un asunto relevante que involucra miles de millones [de pesos] desde hace más de 10 años, y nos preocupa mucho”, asegura el subprocurador Barrios.

Pero en Estados Unidos, gracias al cruce de transferencias electrónicas a través de los circuitos del Valley National Bank en Wayne, Nueva Jersey, los investigadores del ICE pudieron confirmar la participación de al menos 20 mexicanos, a quienes los documentos oficiales y las declaraciones de los empresarios estadunidenses acusados ubican como parte de la “comunidad judía” y que habrían sido cómplices de esta red de corrupción.

Empresarios de la comunidad judía, según el ICE, habrían pagado por la emisión de certificados de origen que avalaron la importación de textiles estadunidenses y les permitió recibir en territorio mexicano los cargamentos de productos asiáticos pero declarados estadunidenses, con lo que recibieron ilegalmente el trato arancelario preferencial que marca el TLCAN. En México, ninguno de ellos ha sido investigado por las autoridades de la PGR, la Secretaría de Hacienda o Aduanas.

Para empezar, los empresarios involucrados habrían incurrido en un delito tipificado como “contrabando por subvaluación”.

Los documentos falsos, emitidos por las empresa NY Aynilian & Co, Inc, con sede en Nueva Jersey, eran aceptados en las aduanas mexicanas, en donde, de acuerdo con expertos en comercio internacional, las autoridades mexicanas tenían la obligación de verificar la autenticidad de los certificados.

Hasta ahora, a pesar de que en Estados Unidos la investigación llevó a la identificación de los empresarios presuntamente involucrados (expediente que ya fue entregado al

gobierno mexicano), las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude,

Los documentos falsos, emitidos por la empresa NY Aynilian & Co, eran aceptados por las aduanas mexicanas

evasión fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.

En la lista de empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en documentos oficiales

del ICE figuran José Husni Micha; Salomón Cojab Fallena; David Cojab Cohen, quien estaría involucrado en otro caso de contrabando de textiles; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel

Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim Textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 PORTADA

www.aclaimimages.com

Al menos 234 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái ingresaron a México por la frontera con Estados Unidos, de manera ilegal

Saúl López/Cuartoscuro

Los empresarios mexicanos habrían obtenido los certificados falsos para la importación de telas con el objetivo de evadir el pago de impuestos

Irving Barrios Mójica, subprocurador de Delitos Federales David Cilia

Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez, y Mauricio Niño Mora.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Barrios Mójica, confirma que, a pesar de que en Estados Unidos la investigación se inició hace varios años, en México es apenas hace nueve meses cuando comenzó la colaboración con las autoridades del ICE. En México, agrega Barrios Mójica, la investigación está viva. Las autoridades de la PGR dicen que están armando el expediente a partir de la información que proporciona la Secretaría de Hacienda pero sobre todo el gobierno de Estados Unidos.

A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró culpables de falsificación y contrabando a los empresarios Vahram Aynilian y a Fred Lukach, en México la PGR asegura que “ignora en qué momento se encuentra la investigación”.

En México la información sobre el caso fluye a cuentagotas. El subprocurador de Delitos Federales asegura que, por procedimiento, no se comparte toda la información hasta que se procede en contra de los responsables, con lo que se evita que, “desde México, algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios [que se desahogan] allá”.

No obstante, la PGR también acepta que, hasta ahora, no se ha llamado a declarar a ninguno de los presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles asiáticos, a pesar de que también podría configurarse el delito de lavado de dinero.

Las autoridades esperan integrar todos los expedientes y confirmar que son responsables para generar, entonces sí, medidas cautelares de arraigo.

“Cuando en Estados Unidos procesen al responsable allá de estas operaciones vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos”, dice el funcionario de la PGR. Sin embargo, desde el 3 de diciembre de 2009, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a conocer que Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron declarados culpables de falsificar certificados de origen, facturas y de esquemas ilegales de exportación.

Para su defensa, Vahram Aynil-

David Cilia

El Departamento de Justicia estadunidese encontró culpables de contrabando a dos empresarios; la PGR “ignora en qué momento se encuentra la investigación”

Las facturas y certificados de origen apócrifos se amparaban en el TLC

La Procuraduría General aceptó días antes del cambio de gobierno que no se ha llamado a declarar a ninguno de los presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles

ian contrató al despacho de Cathy Flemming, abogada que defendió al exsubprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se “suicidó” en territorio estadunidense, cuando enfrentaba un juicio por acusaciones de lavar dinero para cárteles del narcotráfico en México.

Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reunión con el empresario acusado de contrabando de textiles para verificar la autenticidad de las facturas y certificados de origen que tenían de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde el empresario Aynilian reconoció que dichos documentos no eran auténticos, pero aseguró que no habían sido emitidos por él ni por su compañía, y que la firma en el certificado de origen era falsa.

Sin embargo, el 14 de junio de 2010, el agregado del ICE de la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU:1088:MX08UR 08LD0037:bs– al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian finalmente había declarado tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en múltiples ocasiones le pagó, “en representación de terceras personas en México”, 1 mil dólares a cambio del consentimiento de Aynilian para que empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.

Fue así como Vahram Aynilian y Fred Lukach llegaron a un acuerdo con el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de declararse culpables de cometer actividades ilícitas. También habrían proporcionado información sobre sus “clientes” mexicanos que hoy forma parte de la investigación que sigue abierta en los tribunales estadunidenses.

El 8 de julio de 2010, Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron sentenciados, en cada caso, a tres años de libertad supervisada y a pagar multas por 5 mil dólares. Adicionalmente, Aynilian entregó un cheque certificado por la cantidad de 199 mil 201 dólares como parte de

su acuerdo de culpabilidad, cantidad que fue embargada como ganancia ilícita. Quien emite un certificado de origen para exportación es responsable, según las autoridades de Estados Unidos.

El expediente del ICE, así como información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revela que Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de certificados de origen falsos que acreditaban los textiles exportados a México como productos manufacturados en la zona del TLCAN. Vahram y Name, cómplices Graduado en la Universidad de Nueva York, en el Instituto de la Moda de esa ciudad, el estadunidense Vahram Aynlian fundó la empresa NY Aynilian & Co, Inc, dedicada a la compra y venta de textiles sin incluir la manufactura ni producción de telas.

Ante agentes especiales del ICE, Aynilian declaró que fue en 1996 cuando conoció al empresario mexi-

5 mil dólares,

MULTA PARA LOS EMPRESARIOS VAHRAM AYNILIAN Y FRED LUKACH cano Anuar Name, con participación en el sector textil, exsocio de Isaac Saba y presidente del grupo Name.

Name Yapur, a quien el empresario estadunidense identificó como “comprador de textiles para México”, le presentó a su sobrino Juan Name Name, quien en 1998 le propuso utilizar su compañía para producir facturas y certificados de origen falsos para aprovechar, en el marco del TLCAN, las preferencias arancelarias para la exportación de telas a México.

Aynilian aceptó –de acuerdo con su confesión ante agentes del ICE– y comenzó la emisión de facturas y certificados que fueron utilizados para introducir textiles de Estados Unidos a México sin declarar ante las aduanas mexicanas su verdadero origen asiático.

De esta forma, Name quien operaba en Laredo, Texas, un negocio de almacenaje y reenvío de textiles a México, introdujo al empresario

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 PORTADA

www.remates.sat.gob.mx

La Secretaría de Hacienda, principal fuente de información para las pesquisas que realizó la PGR sobre el caso de contrabando de telas por subvaluación

“El contrabando técnico es una práctica en que incurren incluso las grandes tiendas de prestigio, al evadir los pagos arancelarios y los impuestos” David Cilia

estadunidense en un círculo de falsificación de documentos que durante cinco años les habrían permitido evadir el pago de los impuestos correspondientes. Aynilian no sólo se involucró en la emisión de documentos falsos; también amplió su participación a la logística que permitió llevar los textiles asiáticos a México.

El sobrino del empresario textilero Name Yapur le presentó a otro empresario estadunidense: Fred Lukach, quien se dedicaba, a través de la empresa DR Logisticsk, a dar servicios de almacenaje y fletes en Laredo.

Juan Name le dijo a Vahram Aynilian que Lukach fungiría como intermediario en la logística de la elaboración y pago de los documentos fraudulentos. Con la participación de Lukach, Name evitaba aparecer en los registros bancarios porque era este empresario estadunidense quien enviaba a Aynilian las transferencias electrónicas que cubrían el pago por los certificados falsos. A los investigadores del ICE, Aynilian les explicó que por cada juego de factura y certificado de origen falso, el mexicano pagaba 1 mil dólares.

Además de Lukach, en la triangulación de los pagos, el expediente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas señala al mexicano Jesús Eduardo Magnuson Salinas, transportista con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de quien una Corte de Distrito del Sur de Texas reporta como presunto involucrado en un caso de narcotráfico de al menos 50 kilogramos de mariguana. Magnuson impugnó la acusación ante el Poder Judicial de Estados Unidos.

Sobre el mexicano Jesús Eduardo Magnuson, en Laredo, Texas, agentes especiales del ICE reportaron haber encontrado información sobre la estrategia del transportista para lograr el ingreso de los textiles al territorio mexicano.

Jesús Eduardo Magnuso, reporta un documento del ICE con fecha 5 de mayo de 2009, le pagaba a la organización criminal Los Zetas para que permitiera el cruce de los embarques a México sin ser secuestrados o robados.

Jesús Eduardo Magnuson, a quien se le identificó con una cuenta bancaria en HSBC México, depositaba el dinero en una cuenta bancaria y un miembro de Los Zetas le daba la autorización para introducir los embarques de textiles a México.

Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de certificados de origen falsos

David Cilia

“Los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos”

Autoridades aduanales, responsables de comprobar la autenticidad de los documentos de importación

Además del supuesto pago a Los Zetas para lograr inmunidad, Magnuson también enviaba pagos a la compañía NY Aynilian por la compra de documentos fraudulentos, y a veces escoltaba los embarques de textiles a la Ciudad de México.

Los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, notificaron un requerimiento de información ante el Valley National Bank de Nueva York a fin de que proporcionara

1 MIL DÓLARES,

POR CADA JUEGO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS, COBRABA AYNILIAN

información sobre las transferencias electrónicas recibidas de 2007 a 2008 en la cuenta 41114841, que se abrió en dicho banco a nombre de Vahram Aynilian.

Derivado de lo anterior, el Valley National Bank de Nueva York proporcionó a los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, un listado sobre transferencias enviadas a la referida cuenta por diversas personas y compañías, entre las cuales se encuentra Jesús Eduardo Magnuson Salinas quien realizaba pagos a nombre de terceros involucrados.

Entre las empresas y personas que realizaron transferencias electrónicas se encuentran Platino World Limitied, SA de CV; Silvia Patricia Martínez Mancilla; Citiex Fabric; Comercializadora e Importadora Alba; Gerónimo Guevara Rodríguez; Alie Camara DBA PAPA; Dreamwell Collection; Adverting Creations; Paul W Huick; Deona E

Magnuson Salinas; Artemide, Inc; Oscar García; Elloise International Corporation; Ward and Co, Ltd; Texport, Inc; María Antonia del Rivero Díaz; Salomon James; Abdou S Marong; CID Ribeiro; Proyecciones de Marca, SA de CV; Cotswold Industries, Inc; Libre Mercantil Mexicana, SA de CV, y Altex.

Vahram Aynilian siempre cobraba 1 mil dólares estadunidenses por cada juego de documentos fraudulentos, con lo que manifestaba que la mercancía (que nunca había visto y que, sabía, venía de otro país) había sido manufacturada en Estados Unidos.

Ante las autoridades estadunidenses, Lukach declaró que “el dinero utilizado para comprar los documentos fraudulentos a Vahram Aynilian usualmente era enviado directamente por los clientes judíos a la cuenta bancaria de Jesús Eduardo Magnuson Salinas y luego transferido electrónicamente a la cuenta bancaria de Vahram Aynilian en Nueva Jersey.

El documento del ICE, firmado por su agregado, Jere Miles, no precisa si la cuenta de Magnuson era la misma que tenía registrada en HSBC. Así, en Estados Unidos el proceso sigue y se encuentra a cargo del fiscal Roel Canales, en el Distrito de Texas, División de Laredo. En México, tienen conocimiento de este hecho de corrupción –que sigue impune después de 10 años– el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de la República, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administración Federal del SAT. Las pruebas del contrabando En un escrito con clave FRAU :1081:MX 08UR08LD0037:bs, y fecha del 4 de junio de 2010, el agregado del ICE en la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar: “Investigadores del ICE adscritos

a esta Agregaduría realizaron diversas búsquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia respecto a la compañía estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Nueva Jersey 07 065.”

La segunda empresa es Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, Nueva York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian. Los agentes especiales del ICE asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya habían realizado investigaciones sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario.

Un documento de la Cámara de Diputados reconoce que al investigar el contrabando técnico –como sucedió en el caso del grupo español Inditex, operador de las tiendas Zara– la falsificación de los certificados de origen es difícil de comprobar ya que es necesario hacer la indagatoria en el país exportador y en la mayoría de los casos no se cuenta con el apoyo de los países exportadores para hacer las investigaciones necesarias, sino que, por el contrario, protegen a sus productores.

Además, según la Administración General de Aduanas, no cuentan con la autoridad suficiente para hacer estas indagatorias en el exterior. El caso de la colusión entre supuestos empresarios de origen judío –tradicionalmente ligados al sector textil– es diferente porque las autoridades estadunidenses no defienden a los empresarios estadunidenses vinculados en el caso, pues no se trata de fabricantes sino de comercializadores. El camino estaba libre para que el gobierno de Felipe Calderón aplicara la justicia en este caso. Sin embargo, no fue así.

En México, además, la investigación tendría que ampliarse a los compradores de esos textiles asiáticos.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados asegura que “el contrabando técnico es una práctica en que incurren incluso las grandes tiendas de prestigio, evadiendo los pagos arancelarios y los impuestos”.

Según la Administración General de Aduanas, las investigaciones por contrabando técnico se extenderían a 3 mil casos en donde se indagó la participación de tiendas de prestigio.

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

Miguel Galindo

EDUCACIÓN

FLOR GOCHE

Simulación, obligatoriedad de educación media superior A nueve meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional que obliga al Estado a garantizar la educación media superior, las autoridades educativas no cuentan con un proyecto para hacerla realidad. Ni siquiera han realizado las adecuaciones legales correspondientes; además siguen aplicando mecanismos de ingreso ilegales y discriminatorios, como los exámenes del Ceneval, aseguran especialistas

H

an pasado ya nueve meses de la entrada en vigor la reforma al Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior. El tiempo transcurrido no ha servido, sin embargo, para consolidar el mandato constitucional. El ahínco que a principios de 2012 acompañó el anuncio de la reforma, con el paso del tiempo, se esfumó.

Y es que, a la fecha, ni siquiera se han realizado las adecuaciones correspondientes a la Ley General de Educación y a otras normatividades, tal como lo marca el Decreto por el que se Declara Reformado el Párrafo Primero; el Inciso C de la Fracción II y la Fracción V del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de esta disposición, “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del

presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia”.

Hugo Aboites Aguilar, doctor en educación por la Universidad de Harvard y acompañante del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes), refiere que durante los encuentros que recientemente han sostenido con diversos funcionarios del ramo educativo, han logrado incorporar el tema a la agenda de discusión.

No obstante, la impresión que deja la conversación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Subsecretaría de Educación Media Superior “es que no previeron, no anticiparon, no han discutido con las instituciones como la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] o el Politécnico [Instituto Politécnico Nacional] qué en concreto va a significar esta reforma”.

Se advierte, asimismo, que ni siquiera cuentan con un proyecto respecto de cómo hacer realidad la obligatoriedad de la enseñanza

de nivel medio superior, más allá de lo que establece el propio decreto de reforma en sus artículos 2 y 3 transitorios: que “será de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”; que “en los pre-

Ausencia de un plan de trabajo completo y coordinado entre las autoridades educativas del país, evidente supuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios se incluirán los recurso necesarios”; y que “se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura.

“Lo único que nos han dicho es que el Conaedu [Consejo Nacional de Autoridades Educativas], que es una especie de asamblea de todos los secretarios de educación de los estados, tiene un grupo de trabajo que está tratando de ver cuáles son las implicaciones de la reforma”, agrega el también catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La ausencia de un plan de trabajo concreto y coordinado entre las autoridades educativas del país en torno a esta reforma es evidente.

Al respecto, José Narro Robles, rector de la UNAM, declara a Contralínea que “a lo largo de estos próximos años, meses, días, vamos a estar insistiendo reiteradamente en la necesidad de que el país cuente con un plan muy claro, a 10 años, para garantizar la universalización de la educación media superior y la atención consecuente al crecimiento que vamos a tener de demanda en materia de educación superior”.

Por lo pronto, la máxima casa de estudios del país da cabida a más 100 mil estudiantes de bachillerato. Anualmente recibe a unos 35 mil

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 EDUCACIÓN

y los estudiantes, y no requisito para la prestación del servicio educativo.

En 2012, 42 mil 710 jóvenes que demandaron un lugar en escuelas públicas de educación media superior de la zona metropolitana fueron rechazados

Anticonstitucionales, cobros en el bachillerato Con la reforma que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior “queda explícitamente establecido” que ésta debe impartirse de manera gratuita, apunta Rodrigo Gutiérrez Rivas.

Desde febrero pasado, en el primer párrafo del Artículo 3 de la Constitución se lee: “todo individuo tiene derecho a recibir educación.

El Estado federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Más adelante, la fracción IV, señala: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

A pesar de la claridad de la norma jurídica fundamental, el grueso de las instituciones educativas de nivel medio superior, de carácter público, siguen cobrando cuotas como una contraprestación del servicio, algunas de ellas cuentan incluso con reglamentos de pago, asegura Aboites Aguilar.

El investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM, campus Xochimilco, refiere lo que las autoridades educativas manifestaron al respecto durante el encuentro que sostuvieron con miembros del Maes el pasado 21 de agosto.

En aquella ocasión, Elena Verdugo Quiñones, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la SEP, aseguró que actualmente no se realizan cobros de manera coer-

Ilegales, exámenes de selección A partir de 1996, nueve instituciones que ofrecen programas de educación media superior pública en el Distrito Federal y en 22 municipios del Estado de México delegan la responsabilidad de su ingreso estudiantil a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Ésta, a su vez, encomienda al Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) la elaboración del mecanismo de selección de los aspirantes al bachillerato: un examen estandarizado que consta de 128 preguntas de opción múltiple.

Así, año con año, en un concurso que dura hasta cuatro horas (tiempo límite para responder a las preguntas), miles de personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, se juegan su futuro académico.

El examen del Ceneval y en general el procedimiento de selección a cargo de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior atentan contra la letra y el espíritu de la Carta Magna, aseguran especialistas e integrantes del Maes en el documento Derecho a la educación en el nivel medio superior. Algunas de sus implicaciones.

En sus ocho cuartillas, con fecha de julio de 2012, Hugo Aboites, Rodrigo Gutiérrez

“Tendremos educación media superior garantizada cuando ya haya pasado el momento histórico para ofrecer a los jóvenes todo un arsenal educativo para que el país crezca” citiva y que, en caso de existir aportaciones, éstas deben ser voluntarias y acordadas previamente con las familias

Victoria Valtierra/Cuartoscuro

alumnos de este nivel y egresa a casi 26 mil bachilleres.

Los temas que tendrán que incluirse en el proyecto que garantice el cumplimiento de la más reciente reforma al Artículo 3 de la Constitución son, a decir del rector universitario, la calidad educativa, la infraestructura y, lo más importante, la planta docente. Y es que “se puede construir rápidamente, en unos cuantos meses, un edificio, [pero] no se puede formar en unos cuantos meses a un profesor”.

Narro Robles apunta que aunque “la sociedad se ha acostumbrado a que nuestros derechos básicos se vuelven aspiracionales”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ha empezado a dar señales muy claras de que la norma máxima, la Constitución, no es aspiracional; que los derechos que están contenidos en ella deben ser de cumplimiento obligatorio”.

Consultada al respecto, Yoloxóchitl Bustamante Díez –directora General del Instituto Politécnico Nacional–, dice que “quizá el único cambio drástico” que esta institución ha realizado “para apoyar la definición de la universalización de la educación media superior” es la eliminación de la cuota que antes se cobraba en el bachillerato a distancia; ahora sólo existe la figura de un donativo que “ellos [los estudiantes] pueden dar cuando se inscriben”.

Respecto de las medidas que se planean a futuro, Bustamante Díez explica que se acaba de poner la primera piedra para la construcción de una unidad de nivel medio superior en Hidalgo y que próximamente se hará algo similar en León, Guanajuato.

También, que el pasado 4 de septiembre esta casa de estudios firmó un convenio con el gobierno de Guerrero, el cual está interesado en contar con la presencia del IPN. “Quizá una de las unidades que pudiéramos construir fuese otra de nivel medio superior en Guerrero”.

Para el doctor en derecho Rodrigo Gutiérrez Rivas, la reforma educativa vigente desde el 9 de febrero pasado es “afortunada” pero tardía, considerando que se prevé alcanzar la cobertura total hasta 2022.

El también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica que México atraviesa por un momento coyuntural en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente, mismo que los estudiosos de las poblaciones humanas denominan bono demográfico.

Por eso, “hoy deberíamos tener la posibilidad de dar acceso a la educación a todas esas personas, no en el año 2022 cuando ya va a empezar a disminuir ese boom generacional.

Vamos a tener educación media superior garantizada para todas las personas cuando ya se pasó el momento histórico para ofrecer a los jóvenes todo ese arsenal educativo fundamental para que el país crezca, se desarrolle”.

“El examen único discrimina a las mujeres, a los más pobres y a los que provienen de escuelas públicas con menos recursos”

Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

La obligatoriedad es parte del Estado, nosotros no podemos recibir a todos: Bustamente Díez, directora del IPN

Para quienes sumaron menos de 30 aciertos en el examen único, el sistema abierto

y Manuel Ulloa Herrero (investigador del Centro de Estudios en Economía de la Educación) señalan que no pueden establecerse criterios adicionales a los que marca la Constitución, mucho menos si éstos contravienen su mandato.

Y es que, mientras el Artículo 3 constitucional, reformado el 9 de febrero pasado, contempla como únicos requisitos de ingreso al nivel medio superior tener la edad típica y haber concluido la educación básica, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior condiciona el ingreso al examen que cuesta 300 pesos. Además, establece que el criterio de asignación de lugares es dar prioridad a los aspirantes que obtienen un mayor número de aciertos y dejar fuera a los que tienen menos de 30 o a quienes no entreguen su certificado de secundaria en el tiempo estipulado.

A la luz del Artículo 1 constitucional, que brinda un marco de igualdad al plantear que “todas las personas gozarán de los derechos humanos”, como lo es el derecho a la

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EDUCACIÓN El objetivo de exámenes como el del Ceneval es, precisamente, “seleccionar a unos poquitos y excluir a una gran mayoría”

David Cilia

Cualquier requisito encaminado a establecer diferencias para excluir a las personas de recibir educación, debe desaparecer

David Cilia

Investigador Hugo Aboites Aguilar: cualquier mecanismo de selección a la educación media superior es de facto ilegal

David Cilia

32.7 de cada 100 aspirantes hombres lograron ingresar al bachillerato universitario y tan sólo 29.9 de cada 100 aspirantes mujeres

Discriminatorios, los exámenes estandarizados del Ceneval para ingresar a las instituciones públicas de educación superior

educación, Aboites, Gutiérrez y Ulloa redun- no podemos recibir a todos ¿En dónde los dan en la ilegalidad del proceso de selección recibimos? Cada institución tiene limitaa la educación media superior para la zona ciones marcadas por la capacidad física de su metropolitana, que se replica también en infraestructura. Entonces nosotros recibimos otras entidades del país. a los que caben en nuestras escuelas – Así en el documento, respaldado por el responde la directora del Instituto Politécnico Centro de Derechos Humanos Fray Fran- Nacional. cisco de Vitoria y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, manifiestan que cualquier requisito o Discriminatorio, examen de ingreso práctica encaminada a establecer diferencias, Otra vertiente de ilegalidad de los exápreferencias o prioridades que sirvan para menes estandarizados del Ceneval es la excluir a las personas a partir, por ejemplo, discriminación. De acuerdo con el libro La de sus posibilidades económicas o de su de- medida de una nación. Los primeros años de la evasempeño en exámenes de selección “cuyo luación en México. Historia de poder, resistencia y objetivo es precisamente diferenciar entre los alternativa (1982-2012), la Comisión Nacional demandantes”, deben desaparecer. de los Derechos Humanos (CNDH) ha deHugo Aboites refiere que este punto se sestimado el hecho, a pesar de conocerlo abordó también durante las reuniones entre desde el 8 de marzo de 1999. el Maes y las autoridades educativas. EnEntonces, un grupo de jóvenes –respaldado tonces, los representantes de la Subsecretaría por los escritores Elena Poniatowska y de Educación Media Superior se comprome- Carlos Monsiváis, ya fallecido– presentó tieron de palabra –no quisieron firmar una queja ante la CNDH en la que asegura una minuta– a revisar la pertinencia de que “constituía una violación a los derechos seguir aplicando este tipo de exámenes humanos la discriminación que venía ocuestandarizados. rriendo en los exámenes estandarizados, No obstante, en el mismo encuentro, los como el examen único en contra de las funcionarios de la SEP y la Subsecretaría de mujeres, los más pobres y los que provienen Educación Media Sude escuelas públicas con perior negaron que estas menos recursos”. pruebas atenten contra Un mes después, un la Constitución, pues, separticular ingresó una queja similar al organismo gún ellos, se trata de meros Sólo en tres de los 14 autónomo. Argüía la exismecanismos de ubicación.

BACHILLERATOS DE LA UNAM tencia de un “sesgo de A partir de su experiencia FUERON ADMITIDAS MÁS género” en estos exámenes. en el tema, Aboites Aguilar replica que el objetivo MUJERES QUE HOMBRES, EN 1997 “Lo anterior con base en que las autoridades fedede exámenes como los del rales están utilizando un Ceneval es precisamente “seleccionar a unos poquitos y excluir a una instrumento de evaluación de un tipo que gran mayoría”. ha sido reconocido y comprobado como —¿A raíz de la reforma de principios sistemáticamente discriminatorio de las de año al Artículo 3 de la Constitución mujeres, y que violenta el derecho humaPolítica del país, han pensado en modificar no elemental que éstas tienen a un trato no los mecanismos de ingreso al IPN? –se le discriminatorio”. pregunta a Bustamante Díez, directora Como consta en el oficio 00030383, fechaGeneral del Instituto. do el 9 de septiembre de 1999, la respuesta —El Politécnico está, en todas sus ac- de la CNDH a la segunda de estas quejas tividades, coordinado por lo que es nuestra fue que “no se actualizan violaciones a ley orgánica; y esta ley dice que para el ingreso derechos humanos cometidas por parte de la a cualquiera de nuestros procesos tiene que Secretaría de Educación Pública, en agravio pasarse por un examen de admisión. Y en de las jóvenes mujeres que participan en ese examen de admisión, el número de alum- los exámenes que el Ceneval aplica para nos que son aceptados depende de la capa- su ingreso a la educación media superior cidad que tenemos en cada una de las escuelas y superior, ya que tanto en la elaboración y las carreras. El proceso se hace a través de como en la aplicación de éstos intervienen la Comisión Metropolitana de Instituciones calificados representantes de las instituciones Públicas de Educación Media Superior; no lo públicas de educación en el país aportando hacemos directamente. los criterios para determinar cuáles aspiran—¿La obligatoriedad de la educación tes son aceptados, vigilando y auditando media superior, plasmada en la Constitución, el procedimiento de inicio al fin, lo que obliga al Politécnico a aceptar a todos los garantiza la transparencia y honestidad del alumnos que le soliciten un espacio a nivel Ceneval y sus exámenes”. bachillerato?

No obstante, datos de la UNAM, que es la —No, de ninguna manera. Es decir, la institución con más demanda, ponen en duobligatoriedad está por parte del Estado en da tal fallo. Por ejemplo, en 1997 sólo en tres de cuanto a ofrecer la formación, pero nosotros los 14 planteles de bachillerato con que cuenta

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

EDUCACIÓN “No basta con ofrecer una banca a cada uno de los aspirantes; se trata de garantizar que éstos reciban educación acorde con lo que establece la Constitución”

Los exámenes de admisión “no se hacen para medir el nivel de calidad de conocimientos” basarse en la trayectoria de las personas y contemplar, por ejemplo, el promedio de la secundaria. Éste, a diferencia del examen del Ceneval que dura cuatro horas, es fruto de tres años de exámenes, maquetas, investigaciones, trabajos de campo, desde unas 30 perspectivas distintas.

Yoloxóchitl Bustamente Díez, directora del IPN

Ceneval estadunidense) ha reformado en diversas ocasiones sus exámenes estandarizados con el objetivo de eliminar la discriminación de género y clase social, ha fracasado.

—¿Si estos exámenes desaparecieran, se corre el riesgo de demeritar la calidad de la educación?

—No. Estos exámenes no se hacen para medir el nivel de calidad de conocimientos.

Se trata de preguntas deliberadas, cuyo propósito es que unos pocos obtengan un alto número de aciertos y una gran mayoría un bajo número de aciertos.

El profesor universitario se pronuncia por una admisión libre, es decir, sin examen, como ocurre actualmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En caso de existir una evaluación, considera que debe

Más de 40 mil excluidos Durante el pasado proceso de selección de los aspirantes al bachillerato, que se celebró cuatro meses después de la última reforma al Artículo 3 de la Constitución, 42 mil 710 personas (el 13.9 por ciento), de un total de 307 mil 23 que demandaron un lugar en la educación media superior que se imparte en la zona metropolitana, no fueron asignadas a alguna opción académica.

La justificación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior es que estas personas no cumplieron con los requisitos: 12 mil 796 no acudieron al examen, 24 mil 449 no presentaron certificado de secundaria y 5 mil 462 no obtuvieron como mínimo 31 aciertos.

Javier Olmedo Badía, vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, aseguró que quienes sumaron menos de 30 aciertos tendrían un lugar en el sistema abierto, y que las 29 mil 973 personas que no alcanzaron el número de aciertos necesarios para la opción de su elección o que no obtuvieron un promedio mínimo de siete en secundaria y solicitaron ingresar a la UNAM o el IPN podrían elegir entre alguna de

Pliego petitorio del Maes a propósito de la obligatoriedad del bachillerato

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Isaac Esquivel/Cuartoscuro

esa casa de estudios (nueve preparatorias y cinco Colegios de Ciencias y Humanidades) fueron admitidas más mujeres que hombres.

La tendencia se mantuvo para 2000: 32.7 de cada 100 aspirantes hombres lograron ingresar al bachillerato universitario y tan sólo 29.9 de cada 100 aspirantes mujeres.

Esta situación se extiende a otros sectores de la población: a los egresados de escuelas públicas, a los hijos de familias populares, a los aspirantes de las zonas periféricas y a los indígenas, apunta Hugo Aboites, autor del libro Viento del Norte: TLC y privatización de la educación superior en México.

Rodrigo Guitérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que el derecho a la no discriminación es un derecho fundamental plasmado no sólo en la Constitución Política de México, sino en diversos instrumentos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Así, cualquier acto discriminatorio producido en un Estado constitucional es ilegal y, por tanto, debe ser “corregido y expulsado”.

Con base en la observación general número 20 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, refiere que el examen del Ceneval conlleva un tipo de discriminación considerada indirecta y que es más difícil de identificar. Consiste en que aunque no existe una disposición explícita de que las personas de escasos recursos, las mujeres o los indígenas no pueden ingresar a la educación media superior, en los hechos el propio diseño del examen les limita el acceso.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas discapacitadas que desean acceder a la educación media superior y superior. No hay disposiciones legales que se los impidan, pero tampoco hay rampas en las calles o en las escuelas que les permitan moverse con facilidad y, por tanto, gozar plenamente de este derecho.

—¿En términos de la actual redacción del Artículo 3 constitucional, se puede afirmar que la aplicación de cualquier tipo de exámenes de ingreso al bachillerato es ilegal? –se le pregunta.

—En tanto la autoridad no nos demuestre de una manera más razonada, justificada, que explique con claridad cuáles son las razones que están detrás de un examen, ese examen es ilegal.

Para Aboites Aguilar, cualquier mecanismo de selección a la educación media superior es de facto ilegal, más aún a la luz de la reforma del 9 de febrero al Artículo 3 constitucional, que establece claramente los criterios de ingreso a este nivel: tener la edad típica y haber concluido la educación básica.

El especialista en educación plantea, asimismo, que los exámenes del Ceneval son “irredimibles”. Sustenta su afirmación en una serie de estudios elaborados en Estados Unidos, en donde este tipo de pruebas se aplican desde la década de 1960. A pesar de que la Educational Testing Service (el

Enrique Ordóñez/Cuartoscuro

Las alternativas que plantea la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior representan una forma “burocrática” de cumplir con el derecho a la educación

las instituciones con espacios disponibles.

Aboites Aguilar considera que las alternativas que plantea la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior representan una forma de cumplir de manera “aparente”, “burocrática” con el derecho a la educación.

En lo que se refiere al sistema abierto o a distancia, el catedrático de la UAM apunta que estas modalidades no son las adecuadas para jóvenes de 14 a 18 años de edad, quienes además de conocimientos requieren de procesos de socialización y convivencia grupal para formarse como personas. Además, porque “es muy complicado para esos jóvenes asumir individualmente la responsabilidad de su formación, porque eso requiere la educación a distancia: forzarse a leer y trabajar en soledad, sin el apoyo de un colectivo de profesores, de una institución, de un grupo de estudiantes”.

Respecto de las personas a las que se les asignarían los espacios disponibles (que son generalmente los de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial o del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), apunta que no basta con ofrecer una banca a cada uno de los aspirantes; se trata de garantizar que éstos reciban un tipo específico de educación acorde con lo que establece la Constitución. Se trata de un “proceso de formación integral de amplios horizontes: democrático, científico, nacional, orientado a la mejor convivencia humana, el interés general y la igualdad”, mismo que no brindan las escuelas técnicas.3

ue la Secretaría de Educación Pública y las instituciones mexicanas propongan de inmediato una ruta que describa los pasos para lograr que a partir de 2013 opere un mecanismo de ingreso a la educación media superior respetuoso del derecho humano a la educación y a la Constitución. Ésta debe contemplar la realización de foros públicos en donde pueden escucharse las diversas opiniones sobre las características que tendría el nuevo procedimiento.

Considerando que el procedimiento actual de ingreso al bachillerato atenta contra el derecho a la educación, que se adopten medidas paliativas e inmediatas que reparen los efectos de tal violación, como: Establecer la gratuidad total del procedimiento y la cancelación de las colegiaturas y otros gastos en los planteles de este nivel educativo.

Garantizar que todos los demandantes registrados que cumplan con los dos requisitos constitucionales (que tengan la edad típica y que hayan concluido la educación básica) tengan un lugar en la educación media superior.

Establecer asesorías y cursos de apoyo propedéutico en las escuelas técnicas y en los planteles de otros sistemas que lo requieran, y restaurar materias como filosofía que fueron eliminadas con la reforma integral de la educación media superior con el fin de que los estudiantes puedan acceder a la educación de amplios horizontes que plantea la Constitución.

Reparar las desigualdades en el ingreso en perjuicio de ciertos grupos sociales.

Se propone correr los techos de admisión de las personas de estos grupos hasta que se igualen las tasas de acceso.

Concretar el compromiso de que este año se aumentará la matrícula en el bachillerato, particularmente en las instituciones más demandadas.3

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ANÁLISIS OPINIÓN

EDGAR GONZÁLEZ RUIZ*

L

uego del fraude electoral de 2006, perpetrado con la complicidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los poderes mediáticos, Felipe Calderón tomó posesión con el apoyo del Ejército, de la jerarquía católica y de empresarios.

Su gobierno se caracterizó por el genocidio y la represión, la agresión cotidiana contra los trabajadores y la destrucción del Estado laico. El presente texto es una breve relación de algunos de los principales desmanes del calderonismo.

El militarismo, la tortilla y la gastritis El 1 de diciembre de 2006, Calderón tomaba posesión con el apoyo del Estado Mayor Presidencial y pese a las protestas populares encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. Apenas cinco días después, ponía en marcha sus proyectos que corresponden a las reivindicaciones históricas de su partido: el 5 de diciembre, el Ejecutivo federal entregaba al Congreso su paquete económico para el año siguiente, donde se privilegiaba al Ejército y se recortaban los recursos para la Universidad Nacional Autónoma de México, institución especialmente odiada por Calderón.

Desde las primeras semanas de su gobierno comenzó el despliegue de efectivos militares en entidades como Michoacán, mientras que un sector oportunista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) brindaba su apoyo interesado al presidente ilegítimo.

Otro de los rasgos que perdurarían a lo largo del sexenio fue la conformación de un coro mediático que aplaudió sin cortapisas todo lo que hacía “el presidente”; se abstuvo de criticarlo, y se ocuparía sólo de temas que al poder le interesaba difundir, como la supuesta “lucha contra el narco”.

Enero de 2007 inició con el alza a productos básicos como la tortilla, tendencia que proseguió a lo largo del sexenio con aumentos periódicos al gas y a la gasolina.

En contraste con lo que ocurría en otros sexenios, los medios de comunicación se abstuvieron de cuestionar esas medidas, mientras que el cardenal Norberto Rivera señalaba que “el alza a la tortilla no es una tragedia ni el acabóse”.

En febrero de 2007, la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario fue violada y asesinada en la Sierra de Zongolica, Veracruz, por soldados que supuestamente combatían el narcotráfico. Vinculado a grupos de la extrema derecha católica, José Luis Soberanes, entonces titular de la Comisión

Recuento del calderonismo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), soslayaría el crimen alegando que la víctima murió “de gastritis”.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en abril del mismo año, la Procuraduría General de la República y la CNDH hicieron el papel de abogados al servicio del clero, al litigar para que se derogara esa reforma que ha beneficiado a las mujeres de la capital. Enemigo del Estado laico, el gobierno de Calderón procuró obstaculizar la aprobación de nuevas libertades como el matrimonio homosexual, a la vez que apoyó incondicionalmente las pretensiones de la jerarquía católica para intervenir en las instituciones.

En su discurso del 1 de septiembre de 2007, con motivo de su primer informe de gobierno, Calderón abundaba en el supuesto “combate al crimen organizado”, que a lo largo de 6 años dejaría un saldo de varios miles de muertos; el tono de su alocución fue triunfalista, cargado de autoelogios; decía: “Mi administración ha dado señales claras de rumbo, de firmeza y de certidumbre…

Vamos por el camino correcto” (http:// primer.informe.gob.mx/mensajealanacion).

En un desplante ridículo del nuevo militarismo que trata de implantar en el país, Calderón exhibió a sus hijos con uniforme e insignias militares en el desfile del 16 de septiembre de 2007. El comandante de la parada militar fue el general Tomás Ángeles Dauahare, el mismo que sería perseguido por el gobierno de Calderón en 2012, en plena época de competencia electoral.

Desde 2007 se inició el alza al precio de la tortilla. El cardenal Norberto Rivera afirmaría: el alza a la tortilla no es una tragedia ni el acabóse

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Morelia y Mouriño El 11 de enero de 2008, agentes de seguridad desalojaron a trabajadores de la empresa minera de Cananea, Sonora, luego de que su huelga fue declarada inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el saldo de la acción fue de 40 heridos y cinco desaparecidos.

Con el pretexto de la ineficacia de

las autoridades civiles, el 20 de enero el Ejército Mexicano asumió abiertamente las tareas de persecución de criminales en Baja California, estrategia ilegal que se iría extendiendo al resto del país, con su secuela de violencia desatada y violaciones a los derechos humanos.

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Durante el mandato de Calderón se privilegió al Ejército y se recortaron recursos para la UNAM

Por su parte, las tendencias confesionales del gobierno de Calderón y de otros gobiernos panistas estaban en auge. Mientras que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) Josefina Vázquez Mota apoyaba a grupos conservadores, en abril de 2008 en Jalisco, el gobernador panista Emilio González Márquez enfrentó protestas públicas por la millonaria macrolimosna que le dio al Arzobispado, para la construcción de un santuario dedicado a los cristeros. En respuesta a los cuestionamientos, el gobernador prodigó una mentada pública a sus críticos.

Significativamente, el 1 de mayo Calderón se abstuvo de celebrar el Día del Trabajo, pues su gobierno es enemigo de los trabajadores.

En septiembre de 2008 el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció que el gobierno, en perjuicio de la ciudadanía, seguiría incrementando el precio de la gasolina para reducir el “altísimo subsidio” a la importación y venta del combustible.

En un misterioso y trágico episodio, que dejó siete muertos y 132 heridos, estallaron dos granadas en la ceremonia del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán; la entidad sería blanco de todo el acoso del poder derechista, que al final del sexenio trataría infructuosamente de imponer como gobernadora a Luisa María Calderón, hermana del presidente espurio.

La serie sangrienta del calderonismo continuaba: el 4 de noviembre murieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otros altos funcionarios en un inexplicable avionazo en plena Ciudad de México.

Mientras las instancias gubernamentales dan versiones esquivas y confusas del

hecho, algunas voces mediáticas esgrimen la absurda hipótesis de que pudo haber sido obra del “crimen organizado” y la voz popular, de manera más realista, comenta que el responsable pudo haber sido el propio Calderón, en un episodio más de un gobierno marcado por los crímenes de Estado y la política del terror.

La religión, la influenza y el SME En enero de 2009, Felipe Calderón y Margarita Zavala asistieron al Sexto Encuentro Mundial de las Familias, organizado por sectores conservadores y la jerarquía católica; Calderón pronunció un discurso con referencias religiosas y donde resaltó los “valores de la familia tradicional”.

En mayo, el gobierno federal y los medios de comunicación que lo apoyan trataron de aterrorizar a la población con la amenaza de una supuesta epidemia de influenza. Con la obviedad que lo caracteriza, Calderón trató de revestirse de una imagen de “salvador de la nación”, para ganar una legitimidad que no obtuvo en las urnas. Al descubrir el engaño, mucha gente adoptó una actitud de mayor desconfianza hacia el gobierno espurio.

El 5 de junio tuvo lugar el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; uno de los responsables fue Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien había sido titular del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2006 a 2009. En 2012, Horcasitas, quien ha gozado de impunidad, formó parte del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota.

Las elecciones intermedias de julio de 2009 representaron una gran derrota para el Partido Acción Nacional (PAN), mientras que el PRI ganó cinco de las seis entidades en disputa (San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Nuevo León y Campeche); al día siguiente, el presidente del PAN, Germán Martínez, renunció a su cargo. El resultado anticipaba ya el de las elecciones de 2012.

A pesar de la abrumadora propaganda que el gobierno calderonista desplegó en los medios de comunicación, mucha gente se sintió inconforme y alarmada con la supuesta “guerra contra el narco”.

A lo largo del año, el gobierno de Calderón lanzó una campaña de ataques mediante spots en televisión contra la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La guerra sucia contra los electricistas culminó el 10 de octubre, cuando militares y policías ocuparon LFC;

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ANÁLISIS

OPINIÓN Calderón firmó un decreto que hizo oficial la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y el despido de unos 42 mil trabajadores.

Los abusos del bicentenario En 2010, el año del bicentenario de la Independencia Nacional y el centenario de la Revolución Mexicana, la derecha en el poder aprovechó la oportunidad para im pulsar una visión conservadora de la historia y para resaltar el papel institucional de Calderón en los festejos.

Como coordinador nacional de los festejos del bicentenario y centenario, el gobierno derechista nombró nada menos que al historiador conservador Manuel Villalpando, apologista de Calleja y de Porfirio Díaz.

El 15 de agosto de 2010, Villalpando encabezó el traslado de los restos de mártires de la Independencia, como Hidalgo, Allende y Aldama, del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional (nada menos). Previamente, las reliquias, ahora en manos de los herederos de sus enemigos históricos, se habían mudado del Ángel de la Independencia al Castillo de Chapultepec.

Motivado por la voracidad de los derechistas, dispuestos a servirse del poder, y por la egolatría de Calderón, el monumento conocido como Estela de Luz, en la Ciudad de México, fue uno de los casos más escandalosos de los malos manejos y la corrupción derechista.

Inaugurado hasta enero de 2012, a pesar de que su develación se tenía prevista para las festividades del bicentenario, la Estela de Luz, cuya construcción fue administrada por la Secretaría de Educación Pública, que encabezaba el fallecido Alonso Lujambio, tuvo un costo de 1 mil 35.88 millones de pesos, contra los 200 millones calculados inicialmente.

Con seis mil pesos, y el “alcoholismo” de Calderón En febrero de 2011, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró en un acto público que la gente podía vivir muy bien con 6 mil pesos al mes, palabras que reflejaban nada menos que las tendencias antipopulares del gobierno de Calderón.

En 2012, Cordero fue precandidato presidencial del PAN. En el mismo mes, la reconocida periodista Carmen

Aristegui fue despedida de su programa en MVS Noticias, por haberse atrevido a mencionar el alcoholismo de Calderón.

El 11 de noviembre, tres años después de la muerte de Mouriño, en otro extraño accidente,

el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió cuando su helicóptero se desplomó en Chalco; las versiones oficialistas aducen que simplemente lo tiró el aire, se lo llevó el viento; lo cierto es que es otro episodio más de la serie sangrienta del calderonismo.

La Iglesia, el papa y Josefina En enero de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma del

Artículo 24 constitucional para otorgar privilegios al clero católico bajo la fórmula de la llamada libertad religiosa. La maniobra contó con el apoyo de diputados del PAN, PRI y una fracción del PRD, la de los llamados Chuchos.

Esa reforma vino a ser la culminación de la labor del gobierno calderonista contra el Estado laico; durante su periodo, las diferentes dependencias oficiales se subordinaron a los intereses clericales. Cobró fuerza la injerencia del clero en los cuarteles con la complacencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el apoyo hacia la Iglesia Católica por parte de la Secretaría de Gobernación, la SEP y otras instancias.

En marzo de 2012, visitó México el poco carismático pontífice Joseph Ratzinger. Lo hizo en el clima de la polémica sobre el Artículo 24 y estuvo sólo en Guanajuato, un estado donde todavía tiene fuerza el fanatismo católico, y el único que pudo conservar el PAN en las elecciones de 2012.

La onerosa visita contó con el apoyo de autoridades federales y locales.

Tanto la estancia de Benedicto XVI como la modificación del Artículo 24 motivaron protestas populares en varias ciudades del país.

Las elecciones de 2012 significaron la total derrota del PAN, que tuvo como preludio la desastrosa campaña de Josefina Vázquez Mota, y el cambio de bando de personajes como Vicente Fox y Manuel Espino a las filas del excandidato priísta Enrique Peña Nieto.

Luego de los comicios, que oficialmente dieron el triunfo al tricolor, hubo acusaciones de un nuevo fraude electoral en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador; aunque en un principio Calderón aceptó los resultados, pocas semanas después trató de anular las elecciones con la obvia intención de permanecer en el poder y mitigar el rechazo popular hacia él y su partido, desviándolo hacia Peña Nieto.

Sin embargo, los panistas no deben quedar impunes de los abusos que cometieron en este sexenio: miles de muertos en la falsa “lucha contra el narco”, miles de hogares empobrecidos por el desempleo y las políticas plutocráticas, así como la destrucción del Estado laico, que es premisa de las libertades individuales.

Finalmente, el presidente espurio fue congruente con sus raíces cristeras al dejar un saldo tan sangriento y tan contrario al legado juarista de separación entre la Iglesia y el Estado.

Calderón y sus secuaces deben pagar por sus crímenes.3 *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

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OPINIÓN

MARCOS CHÁVEZ

La contrarreforma laboral o el retorno a las cavernas del capitalismo salvaje El obrero deberá conquistar un día la supremacía política para asentar la nueva organización del trabajo; deberá dar al traste con la vieja política que sostienen las viejas instituciones, so pena, como los antiguos cristianos –que despreciaron y rechazaron la política– de no ver jamás su reino de este mundo.

Sabemos que hay que tener en cuenta las instituciones (…) en [las] que los trabajadores pueden llegar a su objetivo por medios pacíficos. Si bien esto es cierto, debemos reconocer también que (…) será la fuerza la que deberá servir de palanca de nuestras revoluciones; es a la fuerza a la que habrá que recurrir por algún tiempo a fin de establecer el reino del trabajo Carlos Marx, discurso pronunciado en Ámsterdam el 8 de septiembre de 1872

E

l 4 de marzo de 1933, en su discurso de toma de posesión de la presidencia estadunidense, ante una población brutalmente golpeada por el colapso del “libre mercado” decimonónico, que arrojó a millones de personas al desempleo y al infierno de la miseria, Franklin D Roosevelt pronunció una de sus famosas expresiones: “Déjenme afirmar mi firme creencia que a lo único que hay que temer es al propio temor”, resonancias de las palabras del griego Epicteto de Frigia, (55-135), el filósofo griego

La tendencia de la producción capitalista no es elevar el promedio estándar del salario, sino reducirlo a costa de la miseria de las mayorías

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estoico que algún tiempo fue esclavo en Roma: “No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo”. Epicteto dijo también: “¿Quieres dejar de pertenecer al número de los esclavos? Rompe tus cadenas y desecha de ti todo temor y todo despecho”.

Roosevelt inicia el “nuevo trato” (new deal): la intervención activa del Estado y la regulación de la economía, el uso del gasto público para reducir el desempleo y superar la Gran Depresión. En 1937 lo visitaron varias

organizaciones sociales y sindicales para apoyar su “nuevo trato” y sugerirle que aplique algunas medidas progresistas. Roosevelt les dijo: “Ahora salgan a las calles y háganme hacerlo”. Lo hicieron. Se realizaron 4 mil 740 huelgas, con una duración media de 20 días. Y el Ejecutivo reforzó el Estado de bienestar y las leyes del empleo y la seguridad social, las bases de su legitimidad política.

Era otra época. Ahora es la del capitalismo salvaje que nos lleva al retorno de su primitiva caverna, a su origen despiadado.

En 2000, el pueblo de Cochabamba, Bolivia, ganó la guerra del agua a la empresa Bechtel (que quería cobrar hasta la de la lluvia), al criminal dictador Hugo Banzer, al Banco Mundial y sus contrarreformas neoliberales, entre ellas la laboral y la privatización de los servicios públicos. El costo fue de seis muertos, 175 heridos y un niño cegado por los gases lacrimógenos. Los congresistas locales huyeron como ratas y el gobernador local tuvo que renunciar. Óscar Oliva, uno de los líderes, dijo: “Si queremos un mundo más justo, más participativo, tenemos que salir afuera y obligarlos a hacerlo”.

Para utilizar las palabras del cineasta Michael Moore: las contrarreformas equivalen al “hombre rico que te vende la cuerda para ahorcarles porque con ella van a hacer dinero”.

Cerradas todas las puertas institucionales, pacíficas y democráticas, no le dejan a la población otra opción que comprarles la cuerda. Ésa será la única alternativa que tendrán los trabajadores mexicanos para enfrentar la contrarreforma neoliberal del trabajo que impondrá un golpista que aún no se va y otro usurpador que todavía no llega; la cabeza de playa de los nuevos sepultureros del Congreso del Partido Revolucionario

Institucional-Partido Acción Nacional-Partido Verde Ecologista de México-Partido Nueva Alianza, que tempranamente, a golpes de hacha, destruirán los derechos laborales constitucionales y los compromisos internacionales, y labrarán el ataúd de los asalariados… Y los oligárquicos hombres de presa que, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, elaboraron la contrarreforma, como un traje a la medida para los inminentes muertos, y la cuerda para los asalariados, en nombre de la “productividad”, la “competitividad” y la maximización de sus ganancias.

Al defender sus intereses, como escribió Carlos Marx, “los obreros no [harán] más que cumplir con un deber para consigo mismos y para con su raza. Ellos únicamente [pueden poner] límites a las usurpaciones tiránicas del capital [que los reducirá a una condición peor] que [a] una bestia de carga, [a] una simple máquina para producir riqueza ajena. Toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital, si no se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin miramientos, por reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación”.

Los cambios a las leyes del trabajo que se impondrán en México y que se aplican a escala global no son “reforma”, si lo fuera, sus prioridades serían algunas como éstas: 1) Elevar anualmente los salarios por arriba de la inflación. Si ambos suben 4 por ciento cada año entre 2013-2018, los mínimos mantendrán el 77 por ciento de su poder de compra perdido y los contractuales más de 50 ciento, niveles similares al registrado a mediados del siglo XX, convirtiéndolos en los peores pagados del mundo.

Si éstos se elevan 10 por ciento cada año, recuperarían cerca de la mitad de su capacidad adquisitiva. En 2012 el mínimo

medio es de 60.5 pesos diarios y debería ser del orden de 180 pesos sin tal retroceso. De mantenerse el control salarial, en 2018 será de casi 77 pesos. Sin dicha pérdida sería de casi 200 pesos. Si aumenta 10 por ciento se ubicará en 107 pesos. Es decir, se recuperaría cerca de la mitad, aun cuando no alcanzaría para cubrir los satisfactores básicos. Sin embargo, mostraría la voluntad por mejorar las condiciones de vida de las mayorías, con una ventaja adicional: ampliaría la demanda, la producción, la inversión, el crecimiento y los ingresos fiscales, según Keynes. Sólo se requiere convencer a quienes impusieron a

Una reforma laboral progresista es un componente de la justicia social exigida por 58 millones de personas

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Enrique Peña en el gobierno, la oligarquía, para que sacrifiquen una parte marginal de sus ganancias que se compensarían con las mayores ventas, y que no traten de recuperarlas con el alza de precios. De paso, Enrique Peña ganaría un destello de legitimidad que no pudo obtener mediante las urnas.

2) Restaurar las leyes laborales violadas sistemáticamente por los empresarios y el propio gobierno: la estabilidad con los contratos permanentes, el pago de las prestaciones sociales y la seguridad laboral, el

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ANÁLISIS

ANÁLISIS

OPINIÓN respeto de las jornadas y los horarios de trabajo, la antigüedad, entre otras. Esto implicaría otorgarle los servicios de salud a 31 millones de ocupados, el 64 por ciento del total, que carecen de ellos. Pagarle las prestaciones a 15 millones de asalariados, el 47 por ciento del total, que no reciben nada, y darle un contrato fijo a los 18 millones, el 57 por ciento, que no lo tienen.

3) Respetar y democratizar a los sindicatos y la contratación colectiva, con un gobierno verdaderamente árbitro. Ello implicaría acabar con los sindicatos blancos y los charros, reducir la subcontratación al mínimo necesario, desaparecer las juntas arbitrarias y dejar de reprimir a esos organismos y los trabajadores.

4) Diseñar una política económica anticíclica y de desarrollo que promueva el crecimiento sostenido a largo plazo, el empleo estable, los salarios dignos y el bienestar; lo que supondría, además, replantear las bases de la acumulación de capital neoliberal y las formas de participación en el mercado mundial. Se requiere un crecimiento real anual mayor a 6 por ciento para crear los 1.3 millones de empleos requeridos, además de abatir el desempleo (2.5 millones), el subempleo (4.3 millones), a las personas que dejaron de buscar empleo (6.1 millones), la informalidad (14.2 millones) y las migraciones (500 mil), que suman 28 millones, el 57 por ciento de los ocupados (48 millones); mejorar los servicios sociales y estatizar los fondos de pensión, ya que al menos la mitad de los cotizantes no alcanzarán una jubilación ni aportará los recursos necesarios para evitar un final miserable.

Una reforma laboral progresista es un componente de la justicia social exigida por 58 millones de personas, el 51 por ciento de la población, que sobrevive en la pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Ésta ayudaría a reducir la delincuencia.

Pero lo que se impondrá es un atraco estructural, como dijo Porfirio Muñoz Ledo.

Una contrarreforma neoliberal, anticonstitucional, que consolidará la inestabilidad y la inseguridad en el empleo. Su esencia es bestialmente sencilla: legalizar la destrucción de las conquistas laborales ganadas por la lucha obrera, consagradas por el Artículo 123 constitucional y las leyes secundarias, constantemente pisoteadas por los gobiernos del Partido Revolucionario InstitucionalPartido Acción Nacional y los patrones, que precariamente mediaban las relaciones productivas entre el trabajo asalariado y el capital. Esto, para someter completamente a los trabajadores a la tiranía empresarial.

Destruir los contratos colectivos. Acabar con los sindicatos indóciles y sustituirlos por otros elegidos y sometidos al capitalista,

o por los corporativos. Robustecer la subcontratación sin compromisos, sin prestaciones sociales y sin seguridad, salvo el pago salarial, lo que implica homologar a las condiciones laborales hacia abajo, en las peores condiciones. Determinar arbitrariamente las jornadas de trabajo, las horas y los días para ahorrarse los pagos extras.

Abrir los contratos por hora (7.56 pesos) para acabar con la permanencia y la estabilidad.

Reducir el costo de los juicios laborales

Será el nuevo trato del empleo indigno.

Del asalariado legalmente indefenso, sometido, “flexible”, precario, miserable, degradado a simple “bestia de carga”, a “máquina” productora de capital y máxima ganancia, desechable.

Con su elefantuno tacto, el Chicago Boy Agustín Carstens desnudó la esencia de la contrarreforma: la “competitividad” exige “la flexibilización de contratación, la flexibilización para despedir trabajadores,

(salarios caídos) y los despidos (compensaciones), que abaratará arrojar a la calle a los trabajadores antiguos. Lo anterior implicará la caída de los salarios nominales y reales ante la ausencia o el control de las organizaciones de los trabajadores y el miedo al despido, y la crisis financiera terminal de los servicios de salud ante la pérdida de las aportaciones y que facilitará en su conversión en el seguro “popular” universal. Profundizar los retrocesos estructurales de la contrarrevolución neoliberal.

sin que sea tan costoso para la empresas”.

Es el gobierno para una minoría contra las mayorías. Su desvergonzado cinismo irritó a sus promotores, entre ellos al plurinominal coordinador de los diputados priístas, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, que buscan vender la contrarreforma envuelta en “bondadosas” mentiras: que generará más crecimiento, más empleos dignos, mejores salarios, más bienestar.

En 1996, Carlos Menem impuso en Argentina el mismo “atraco”, con las mismas

justificaciones y la compra de legisladores que hoy en día son procesados. Hasta el colapso de 2001-2002, la economía no creció.

El desempleo medio fue de 16 por ciento, casi 300 por ciento más que en 1980-1989.

El salario mínimo y medio reales cayeron 18 y 19 por ciento. Aumentó la miseria. En un informe confidencial, el Banco Mundial aceptaba que la “flexibilidad” provocaría la caída general de salarios y la quiebra de la tradicional estructura sindical. El entonces ministro del Trabajo, Armando Caro, señaló que se esperaba “una reducción en los costos laborales del 10 por ciento” y el alza “en el empleo en un 5 por ciento”. Nada dijo de los salarios (Clarín, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1996).

Argentina repitió la misma historia de la dictadura pinochetista –la partera de la contrarreforma diseñada por los Chicago Boys e impuesta globalmente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– que sometió a los sindicatos a sangre y fuego. La “flexibilidad” en la eurozona sigue el mismo destino.

Beltrones, de irritante voz atildada, modosita, simboliza otros rasgos del sistema político: a) El envilecimiento de los congresistas plurinominales que no representan ni rinden cuentas a nadie, más que a sus ambiciones personales y a los de la tribu, la elite y la clase social que representan. Encarnan el reino de la impunidad. b) La miseria de un sistema político corrompido, mafioso, que ya no responde al mandato delegado por la población. Que sólo puede sostenerse en el poder e imponer sus medidas antisociales con el golpismo, el deportismo, los sables.

La mentirosa contrarreforma significa la destrucción de las conquistas ganadas con las huelgas, los muertos y la sangre de los trabajadores de Cananea, Sonora, la “cuna de la Revolución” (¿es la traición o la revancha de los Beltrones?), Río Blanco (Veracruz), la Revolución Mexicana. Es el retroceso de más de un siglo. Es el retorno al primitivo capitalismo porfirista. A escala mundial, es la demolición de los derechos que empezaron a ganar los trabajadores y sus sindicatos desde principios del siglo XIX. Escribió Marx: “La tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el promedio estándar del salario, sino a reducirlo”. Los menores costos del trabajo implican una mayor tasa de explotación y de ganancia, a costa de la miseria de las mayorías, de su rencor y el riesgo del estallido”.3 *Economista

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MARIELA PAREDES

ACTA: el negocio por encima de los derechos humanos El Acuerdo Comercial Antifalsificación firmado por el gobierno mexicano pretende, formalmente, combatir la piratería; sin embargo, dicho Acuerdo significaría para México – según especialistas consultados– el encarecimiento de los servicios de internet, la violación a la neutralidad y la libertad en la web y la desprotección de datos personales de los usuarios.

La Asociación Mexicana de Internet asegura: “Nosotros todavía no hemos encontrado cómo beneficiaría el ACTA al entorno digital mexicano”

L

uego de que en julio pasado México firmara de esta misma ley cita: “las secretarías de Estado y cualquier en Japón el Acuerdo Comercial Antifalsifica- organismo de la administración pública federal encargado ción (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, de la representación de México en las negociaciones deberán ACTA), expertos en el tema y miembros del presentar informes periódicos”. sector digital han evidenciado los inconvenientes de dicha firma. La protección de datos personales y la libertad y accesibilidad a internet serían sólo algunas de las Inconsistencias y ambigüedades áreas que quedarían vulnerables al ratificarse este Acuerdo, Ivonne Carolina Flores, abogada especialista en derechos de que supuestamente pretende combatir la falsificación y la autor e informática explica, en entrevista con Contralínea, piratería en materia de marcas, que el ACTA es un acuerdo invenciones, obras intelectuales y que podría funcionar para otros artísticas. países, pero en México no hay Desde que iniciaron las negosuficientes hasta El ACTA es un acuerdo que condiciones ciaciones en torno al ACTA imperó ahora. Habría que preparar a los la opacidad e ilegalidad. En secre- podría funcionar para otros órganos encargados de impartir to y al margen de la ley, México dio países, pero en México no justicia y reeducar a la sociedad inicio a las negociaciones el 3 de la importancia de respetar la hay condiciones suficientes sobre junio de 2008 y 2 años después, el propiedad intelectual y rechazar hasta ahora 10 de febrero de 2010, fue cuando se la Contralínea para que este Acuerdio aviso al Senado de la República do pudiera funcionar. sobre dichas negociaciones.

El ACTA sugiere que los De acuerdo con la Ley sobre proveedores de internet identifiquen Aprobación de Tratados, vigente desde 2004, las nego- si los contenidos que viajan por la red son ilegales, identifiquen al ciaciones del Acuerdo Antifalsificación estarían violando el usuario y canalicen el caso a la autoridad competente, que en este artículo 5 que pide se notifique al Senado sobre el inicio de país es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. cualquier negociación mediante un informe que será rePara tal efecto, el proveedor de internet tendría la facultad de querido “a las secretarías de Estado y a cualquier orga- vigilar, conocer los contenidos de las comunicaciones privadas nismo de la administración pública federal entre los usuarios y rastrearlos en caso de “detectar contenique represente a México sobre el inicio de dos que atenten” contra la propiedad industrial y los derenegociaciones formales de un tratado. El chos de autor. Este procedimiento estaría facultando como informe contendrá las razones para negociar autoridad supervisora a los proveedores y requeriría la así como las consecuencias de no hacerlo, adopción de nueva tecnología para el rastreo, revisión e los beneficios y ventajas que se espera identificación de contenidos que incrementaría los obtener de la negociación y la expectativa costos de acceso a internet para los usuarios. de cumplir con los objetivos de esta ley En consecuencia se dificultaría el acceso que correspondan conforme al trataa internet para un mayor número do que se pretende celebrar, y un programa de personas debido a los elevados inicial del proceso de negociación costos que se desprenderían de dichos calendarizado.” Asimismo, el artículo 8 procedimientos de vigilancia.

2 años

DESPUÉS DE NEGOCIACIONES, SE DIO DIO AVISO AL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPECTO DEL ACTA Por las características de este Acuerdo, la especialista en derechos de autor e informática señala que se estaría incurriendo en violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Artículo 16 señala que “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. A decir de Ivonne Carolina Flores, el ACTA favorecería prácticas de espionaje.

Un informe del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificación (conformado por diputados de la pasada legislatura y especialistas), fechado el 20 de julio de 2011, sentencia: “la entrega directa de datos personales a otra persona diferente a la autoridad competente no es acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”.

Para Ivonne Carolina Flores, especialista en derechos de autor e informática, el documento es poco específico, pues se están mezclando propiedad industrial y derechos de autor, y ambos requerirían un tratamiento específico y diferente. Además, actualmente los proveedores

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SOCIEDAD

La ley “implicaría riesgos derivados de su libre interpretación”, además de que el ACTA es contrario a la Constitución Política Mexicana

Moisés Pablo/Cuartoscuro

Actualmente los proveedores de servicios de internet en México tienen vacíos legales que dificultarían la aplicación del Acuerdo

Organizaciones no gubernamentales se manifiestan en contra de la firma del ACTA que llevó a cabo el embajador de México en Japón, Claude Heller, el 12 de julio de 2012, sin consultar a la ciudadanía

El director de Amipci evidencia además que actualmente no se tienen traducciones oficiales del Acuerdo, pues originalmente fue escrito en inglés.

“Lo hemos trabajado directamente del texto original en inglés y a través de traducciones oficiales en el sentido de que las ha realizado un perito traductor, pero son no oficiales porque la autoridad correspondiente nunca nos ha acercado una traducción que ellos consideren que es la buena”, explica Julio César Vega.

“Nosotros todavía no hemos encontrado dentro del texto cómo beneficiaría el ACTA al entorno digital mexicano; por el contrario, vemos diversas disposiciones que tiene Archivo Contralínea

de servicios de internet en México tienen vacíos legales que a la autoridad competente no son acordes con la Ley Federal dificultarían la aplicación del Acuerdo, pues quienes ahora de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, proveen de servicios de internet nacieron como proveedores ni siquiera con aquellos artículos (10, fracción, VII y 37, de telefonía y “otros servicios”. Por tanto su marco legal fracciones I y V) que permiten el tratamiento y transferencia es fuerte en materia de telefonía, pero aún existen vacíos de datos personales sin consentimiento del titular, dado que legales en el entorno digital, pues no se especificaron las no media ninguna resolución como tal.”

Aunado a ello, el Acuerdo atentaría contra la neutralidad características particulares de este tipo de servicios digitales al momento de su constitución legal, explica la abogada Ivonne y el libre flujo de información en internet. Pues, según el estudio del grupo plural de trabajo “todo Carolina Flores. lo que se transmite en la red se hace de la Además, en el artículo 27 el ACTA misma forma, sin discriminar ni distinguir presenta ambigüedad en el uso de térel contenido, lo que supone aplicar a todos minos como “ámbito digital” y “medidas los datos el mismo tratamiento sin que haya expeditas”, al no especificar si el ámbito Artículo 27 prioridad ni jerarquía de unos sobre otros digital comprende redes públicas, priDEL ACTA PRESENTA y que no se impida a algunos circular, de vadas, redes entre computadoras y/o celulares, etcétera. Además no se define AMBIGÜEDAD EN EL USO DEL forma que el acceso a la red sea siempre iguacon exactitud el alcance de las medidas TÉRMINO “ÁMBITO DIGITAL” litario”. Y con las disposiciones del ACTA expeditas, por lo que la aplicación de la ley todos los paquetes de información que circu“podría atentar contra la certeza jurídica len por internet serían, por el contrario, e implicaría riesgos derivados de su libre interpretación”, cita vigilados y discriminados conforme a su contenido. el informe del grupo plural de trabajo para dar seguimiento Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana a las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificación. de Internet (Amipci), en entrevista con Contralínea, expliEl grupo de trabajo evidencia que , ad y a las leyes que de ca que el artículo 27 del Acuerdo Comercial Antifalsificación ella emanan: “la falta de precisión respecto a qué información comprende disposiciones legales que no son acordes con y por cuánto tiempo debe tener disponible el proveedor de el crecimiento y penetración de internet en México. Argumenservicios de internet para dar cumplimiento a esta medida, y ta que en otros países, debido a su nivel de desarrollo, podría la entrega directa de datos personales a otra persona diferente funcionar, pero no en México, al menos hasta ahora.

“El ACTA favorecería prácticas de espionaje”, pues el proveedor de internet podría vigilar y conocer las comunicaciones privadas entre usuarios

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Arturo Pérez/Cuartoscuro

El Acuerdo atentaría contra la neutralidad y el libre flujo de información en internet

este tratado en las cuales negociaciones del Acuerdo deja una incertidumbre juríComercial Antifalsificación En las disposiciones del dica muy grande de cómo se argumenta también que las conestaría vigilando el tráfico de conductas que sancionaría el ACTA ACTA todos los paquetes de tenidos, el libre flujo de los ya están contempladas en la Ley información que circulen por contenidos; qué responsabilide Propiedad Industrial y en el internet serían vigilados y dades tendrían los proveedores Código Penal Federal. de servicios de internet, no Hasta ahora, el Acuerdo discriminados conforme a su solamente los tradicionales transAntifalsifi cación se mantiene contenido misores de datos, sino incluso a la espera de ser ratificado las plataformas de internet, es por el Senado de la República. decir, las páginas en general”, La anterior Legislatura se prosentencia el director de la Asociación Mexicana de Internet. nunció en contra de que fuera firmado por el gobierno mexicano.

De acuerdo con el nivel de penetración de internet en Medidas de protección México –33 por ciento (cifra oficial de la Amipci)– se evidencia Si bien el ACTA aún está en espera de ser que el entorno digital en el país está aún ratificado por el Senado, expertos en el en desarrollo. Por ello los expertos en el tema aseguran que en México existen tema coinciden en que el ACTA es uno leyes que pueden proteger los derechos de los intentos por regular este entorno, de autor y la propiedad industrial si se sin embargo, no es la solución, sino parte 33% fortalecen. El Código Penal Federal y el de los procedimientos que permitirán deCódigo Federal de Procedimientos Pesarrollar futuros mecanismos eficaces.

DE LOS MEXICANOS TIENE nales son instrumentos que pueden ser “Vemos que más allá de defender los INTERNET plenamente utilizados para la protección derechos de propiedad intelectual, lo que de estos derechos, asegura Julio César se está defendiendo son los modelos de Vega. Sin embargo, es necesario agilizar negocio de las sociedades de gestión y eso es los procedimientos para impartir justicia, pues debido a la lo que nosotros no consideramos positivo para el desarrollo de velocidad con la que se modifica el entorno digital se requiere internet en México. Esto nos pone en desventaja competitiva una pronta impartición de justicia para evitar que ésta se para alcanzar los niveles que tienen otros países”, sentencia aplique cuando el daño ya se haya consumado.

Julio César Vega, director de la Asociación Mexicana de El grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las Internet.

Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

El Acuerdo pretende combatir la falsificación y la piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas

El Acuerdo Comercial Antifalsificación comprende disposiciones legales que no son acordes con el crecimiento y penetración del internet en México

El gobierno de Calderón firmó el Acuerdo Comercial Antifalsificación a espaldas del Senado, a pesar de que la Ley sobre Aprobación de Tratados obliga a las autoridades a informar incluso el inicio de negociaciones

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LÍNEA GLOBAL

HAITI GRASSROOTS WATCH, CORRESPONSALES*/TIERRAMÉRICA/IPS

Fiebre del oro en Haití: trasnacionales al acecho

P

uerto Príncipe, Haití.

Unos 20 mil millones de dólares en oro, cobre y plata yacen en las colinas de Haití, el país más pobre del continente. El tesoro vale la pena para inversores de América del Norte que ya han gastado 30 millones en prospección.

Según sus leyes, las riquezas del subsuelo pertenecen a “la nación haitiana”. Pero el país nada sabe sobre las perforaciones que se llevan a cabo en el Norte de su territorio.

Una investigación de 10 meses sobre la fiebre del oro en Haití halló acuerdos clandestinos, actores con fines divergentes, memorandos de legalidad cuestionable y unas reglas de juego que no podrían ser menos equitativas “Los minerales pertenecen al dominio público del Estado”, dice el geólogo Dieuseul Anglade, quien estuvo al frente de la agencia minera estatal durante los últimos 20 años y que un mes después de hacer estas declaraciones fue destituido por el nuevo primer ministro, Laurent Lamothe. “Si no se redactan leyes más firmes y mejores contratos,

es preferible dejar los minerales en el subsuelo”, insiste.

Ahora, la empresa canadiense Eurasian Minerals y sus subsidiarias locales están listas para extraer el oro del mismo suelo donde Cristóbal Colón y los españoles obligaban a excavar a los indígenas haitianos hace más de 500 años.

Haití desconoce sobre las perforaciones que se llevan a cabo en el Norte de su territorio: millones de dólares en oro, cobre y plata yacen ahí

Cuatro décadas después del desembarco de Colón en 1492, el duro trabajo en las minas, las matanzas y el contagio de enfermedades desconocidas redujeron la población nativa de unas 300 mil personas a apenas 600.

Eurasian llegó a esas colinas hace poco y se dedicó a comprar licencias y concesiones. Hasta ahora posee 53 y controla los derechos de exploración o explotación de casi un tercio del Norte de Haití, considerada la zona más prometedora.

La empresa, que lleva analizadas unas 44 mil muestras, está asociada con la compañía número dos en el negocio aurífero mundial: Newmont

15%

DE HAITÍ, CONCESIONADO A EMPRESAS MINERAS DE AMÉRICA DEL NORTE Mining Corporation, con sede en Estados Unidos.

La firma canadiense, Majescor y una estadunidense más pequeña, VCS Mining, y sus subsidiarias también tienen licencias por una superficie de unos 750 kilómetros cuadrados.

En total, alrededor del 15 por ciento del territorio haitiano está concesionado a empresas mineras de América del Norte y sus socias.

Como sostuvo la filial haitiana de Majescor en una presentación

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LÍNEA GLOBAL Eurasian controla los derechos de exploración o explotación de casi un tercio del Norte de Haití

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En Haití, el 70% de la población económicamente activa está desempleada, la mitad de sus habitantes vive con menos de un dólar al día

David M Cole (al centro), presidente de Eurasian Minerals

En República Dominicana se empieza a explotar un yacimiento calificado como el más grande del continente americano

que las colinas de Haití albergan unos 20 mil millones de dólares en oro, buena parte “invisible”, repartido en partículas diminutas en la roca y los suelos. La extracción sólo será posible con minas a cielo abierto.

Esta minería puede envenenar las fuentes de agua y degradar el ambiente.

Newmont sabe de minas a cielo abierto. En la década de 1960 inició este tipo de explotación en el occidental estado de Nevada, en

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corporativa, Haití es “el gigante dormido del Caribe”.

El gigante durmió en las últimas tres décadas porque era demasiado costoso explotar minerales en este país, sacudido por violentos golpes de Estado y con una importante resistencia social a la minería.

Pero el precio del oro se ha mantenido estable por más de 1 año, arriba de los 1 mil 500 dólares por onza; y en Haití están asentados 10 mil Cascos Azules, capaces de garantizar una seguridad mínima a las empresas.

Además, en la vecina República Dominicana se empieza a explotar un yacimiento calificado como el más grande del continente, con casi 24 millones de onzas, y que se encuentra en el mismo cinturón geológico.

En una nación donde el desempleo alcanza el 70 por ciento, la mitad de la población vive con menos de un dólar al día y la mayor parte del presupuesto del Estado se cubre con ayuda extranjera, la idea de un tesoro enterrado es como la leyenda de El Dorado.

Pero no todos los haitianos son tan entusiastas. Tampoco está claro que las eventuales ganancias vayan a beneficiar a la población.

Las empresas mineras estiman

Estados Unidos, y luego la repitió en Ghana, Nueva Zelanda, Indonesia y otros países. En Perú administra una de las más grandes del mundo: la de Yanacocha, de 251 kilómetros cuadrados.

Pero incluso con toda esa experiencia, sus antecedentes no están libres de fallos.

En Perú, organizaciones de agricultores sostienen que su suministro de agua se contaminó con cianuro, y en 2000 un derrame de un cargamento de mercurio hizo que decenas de personas contrajeran enfermedades mortales.

En Ghana, Newmont opera un yacimiento en la región conocida como el “granero” del país. Sus operaciones en Ahafo del Sur han desplazado a unas 9 mil 500 personas, casi todas dedicadas a la agricultura de subsistencia, según el Environmental News Service.

También allí, el agua se contaminó por lo menos una vez, según admitió la compañía. En 2010, incluso, aceptó pagar indemnizaciones de 5 millones de dólares por un derrame de cianuro en 2009.

“Podemos asegurar que Newmont está comprometida con fuertes prácticas ambientales, sociales y éticas”, sostiene Diane Reberger, funcionaria de la empresa, en un correo electrónico del 25 de mayo que responde a las preguntas para esta investigación.

La fragilidad ambiental de Haití

Las trasnacionales mineras estiman que las colinas haitianas albergan unos 20 mil millones de dólares en oro

también cuenta, según el exministro del Ambiente, Yves-André Wainright. De una cobertura forestal que comprendía 90 por ciento del territorio en 1492, el país sólo conserva 1.5 por ciento.

Wainright, agrónomo de formación, señala que algunas de las áreas entregadas en concesión son montañas húmedas, que cumplen “un importante papel para la conservación de la biodiversidad y necesitan ser protegidas”. También son hogar de decenas de miles de familias de agricultores.

“Cuando pienso en la extracción minera, no estoy segura de que sea algo bueno”, dice en entrevista la agricultora Elsie Florestan, de 41 años, activista del movimiento Tèt

9 mil 500 personas

DESPLAZADAS DE BRONGAHAFO, POR LA ACTIVIDAD MINERA Kole Ti Peyizan (Pequeños Campesinos Trabajando Juntos, en lengua creole).

Ella y su familia viven y cultivan en una zona donde Eurasian y Newmont acaban de terminar pruebas exploratorias.

“Dicen que la empresa va a usar el agua de nuestro río por 20 años, que va a quedar contaminada, y que no podremos quedarnos aquí. Si no nos organizamos y hacemos ruido, nada bueno va a pasar para nosotros”, agrega.

Haití no firmó la Convención sobre Seguridad y Salud en las Minas ni la Iniciativa sobre Transparencia en las Industrias Extractivas, instrumentos que ofrecen algún grado de protección. Además, está clasificado como uno de los países más corruptos del mundo.

Hasta ahora se han emitido concesiones a puertas cerradas, se han sellado acuerdos en secreto y se han realizado tareas de prospección sin escrutinio público y con poco control gubernamental, según admite la propia agencia minera estatal.

“El gobierno no nos proporciona los medios para fiscalizar a las empresas”, dijo Anglade cuando aún dirigía la entidad.

Además, Haití cobra una de las regalías más bajas del continente:

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LÍNEA GLOBAL “Dicen que la empresa va a usar el agua de nuestro río por 20 años, que va a quedar contaminada y que no podremos quedarnos aquí”

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Haití no firmó la Convención sobre Seguridad y Salud en las Minas

Algunas de las áreas entregadas en concesión a Eurasian Minerals son montañas húmedas que cumplen “un importante papel para la conservación de la biodiversidad y necesitan ser protegidas”, además de hogar de decenas de miles de familias de agricultores

apenas 2.5 por ciento del valor de cada onza de oro extraída: “¡es muy baja! Debajo del 5 por ciento es ridículo para un país como éste”, dice la especialista en minería, Claire Kumar, de la organización humanitaria Christian Aid. Las empresas mineras también tienen amigos en puestos clave.

El exministro de Finanzas, Ronald Baudin, que debió sentarse a la mesa de negociación con Newmont en 2010 y 2011, pasó al otro lado del mostrador y ahora trabaja como consultor para la sociedad Newmont-Eurasian.

Interrogado para este artículo sobre el evidente conflicto de intereses, responde: “Tengo que

La minería a cielo abierto que se llevará a cabo en Haití envenarará las fuentes de agua y degradará el ambiente

Se han emitido concesiones a puerta cerrada, se han sellado acuerdos en secreto y se han realizado tareas de prospección sin escrutinio público

comer, ¿verdad?”.

La ley vigente estipula que no puede efectuarse ninguna perforación antes de que se firme un contrato minero. El principal papel de Baudin fue facilitar un Memorando de Entendimiento que permitió a la empresa eludir la legislación y perforar de cualquier manera.

Según Baudin, el Memorando es una “exoneración” de las disposiciones de la ley. Juristas consultados confirman lo evidente: la única forma de eludir lo establecido en una ley es mediante una reforma legal aprobada en el Parlamento.

Anglade, entonces titular de la Agencia Minera estatal, se negó a firmar el Memorando argumen-

tando que “era ilegal y contrario al interés de Haití”. Dos meses después, fue despedido.

De todos modos, a fines de marzo el Memorando se firmó por los entonces ministros de Finanzas y de Obras Públicas. Y el 23 de abril, Eurasian informó a sus accionistas que tenía permiso para “perforar en ciertos proyectos” específicos, y

que ya lo estaba haciendo. *Este artículo resume una investigación de Haiti Grassroots Watch (http://www.ayitikaleje.org/18_01_ ENG. HGW); es una iniciativa de AlterPresse, la Sociedad de Animación de la Comunicación Social, la Red de Mujeres Radialistas Comunitarias y emisoras de la Asociación de Medios Comunitarios de Haití, así como de estudiantes del Laboratorio de Periodismo de la Universidad del Estado de Haití.

El semanario Haïti Liberté se asoció con HGW para este trabajo, parcialmente subvencionado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Tierramérica publicó originalmente esta versión en español.3

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TEATROAves y cenizas. Relato de una verdad, de una incómoda verdad que duele. Espacio para replantear el cómo se conduce una sociedad ensimismada y egoísta.

Una mujer que exige respuestas. Una adolescente en aras de enamorarse. Un muchacho impetuoso, inexorable.

Una mujer que se llamó Marisela Escobedo. Madre y esposa en una familia disfuncional que perdió a su hija en manos de un bandolero, que tuvo que iniciar –para poder dar con él– la investigación que las autoridades no quisieron o no pudieron –por falta de elementos– hacer, con sus propios recursos. Y lo encontró, lo presentó a las autoridades y luego él salió libre, después de haber confesado su homicidio y señalar el sitio donde había dejado el cuerpo yerto de Rubí…

Una adolescente que se llamó Rubí Marisol, que quería enamorarse, que era tímida, que sólo dijo que no porque no se sentía convencida de su relación con Sergio…

Un joven que se llamó Sergio Barraza. Novio iracundo, acosador, lleno de promesas huecas que se romperían en cuanto ella accediera. Un muchacho que no toleró la duda, el desafío, el rechazo. Muchacho violento, homicida…

Aves y cenizas los junta nuevamente. Tres fantasmas que llegan a relatar las horas y los días de espera, los acontecimientos, fantasmas que cuentan qué hicieron y sus motivaciones, que preguntan otra vez lo que en vida no pudo ser respondido.

Bajo la dirección y dramaturgia de Verónica Olmedo se presenta esta historia de desesperanza e impotencia de una madre, que desafortunadamente refleja a miles más, en esta puesta en escena. Ubicada en la ciudad de Chihuahua, el desencuentro se incorpora en el escenario para darle voz al tesón, a la inocencia, al cinismo. El telón se abre para la aparición del bien y del mal en danzas rituales, y la exposición de las personas encargadas de ejercer la justicia. Están también ahí la razón y las pasiones rodeadas por un escenario

CRÓNICAS DE LÁTEX

repleto de símbolos y misticismos. Participan en vivo los músicos que con tambores y otros instrumentos tocan igualmente las fibras más sensibles. Están las ropas femeninas que reclaman la presencia de sus antiguas portadoras.

Sin embargo, Alas y cenizas no es un montaje triste o pesado. Si bien es el recuento de una tragedia, es igualmente una reflexión que sitúa al espectador frente a lo absurdo que puede ser lo cotidiano. Es una denuncia que, quizá de tan repetida y obtusa –y sin alguna motivación aparente– puede arrancar algunas risas: “…Y claro, lo que nos parecía de lo que estaban contestando los jueces o todo lo que sucedía, era como que rebasaba la ficción, de un absurdo, de una cosa tan terrible que estaba sucediendo y que era realidad…”, dice Verónica en entrevista con Contralínea. Aves y cenizas es un gran escenario que se mueve entre lo real y la ficción, llegando a lugares en donde lo uno pareciera usurpar el terreno de lo otro y viceversa.

Es una aproximación a la lucha de Marisela Escobedo –no es teatro documental–, basada fundamentalmente en audios y entrevistas que forman los hitos de donde se parte para otorgar un espacio a un ritual mapuche y las reflexiones y conclusiones propias de actores y personajes de cómo fue su camino; y en la que lo más interesante, quizá, sea lo que la propia Verónica Olmedo y el reparto de actores desconocen, con lo que a través de este montaje pudieron descubrir: “¿De qué estamos hablando? Como que es un mundo de locos, que ya no sabemos qué está sucediendo... Y bueno, de alguna manera como que nos pasa que no le vemos fin a la situación [de impunidad, corrupción, violencia contra la mujer, etcétera]…”

A decir de Olmedo, “con estos aspectos rituales, que vienen de la música, de la danza, de la imagen, podemos llegar a los espectadores desde otro lugar.

También hay ideas, también hay palabras, pero también [se puede] sentir la vibración de los tambores, ver los cuerpos de los actores.

Entonces se puede compartir, igualmente, lo que nos duele, que eso es lo básico para haber montado esta obra”.

Para la artista, la premisa de esta puesta es contar la historia de Marisela Escobedo a partir de una danza ritual.

“Representar la historia de Marisela Escobedo era imposible, era un asunto titánico, iba a ser terrible, porque no podemos, en la representación, llegar hasta

MANRIQUE

AGENDA …cultura, arte y entretenimiento OCTAVIO SALAS

donde llegó ella: a ese sentimiento, a esa sensación… Si vas a contar la historia real, pues mejor te haces un documental. La idea siempre fue no contar la historia [de manera histórica o noticiosa], sino contarla a partir de lo que sabemos o no. Se trata de universalizar y no de representar la vida de Marisela Escobedo, sino de universalizar las situaciones que estamos viviendo, a través de los actores y compartiendo con el público”.

—¿Qué esperarías que el público se llevara después de ver la obra?

—Pues una afectación comunitaria. Si logra impactar en el grado que nosotros quisiéramos, sería necesario abrir un diálogo también. No para dolernos más, sino para acompañarnos en el dolor —¿Qué es lo más importante de Aves y cenizas?

—Lo más importante es haber podido terminarla; que hubo un proceso complicado, pero ya está ahí y es momento de empezarlo a compartir.

Con Con las actuaciones de Carmen Zavaleta, Yanet Miranda, Luis Ernesto Verdín, Isaac Velasco, Yadira Pérez, María Huenuñir, Luciano Cerda y el grupo musical El Grito. Aves y cenizas se presenta en el Auditorio Salvador Novo de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, Country Club, jueves y viernes, 20:00 horas; sabádo, 19:00; y domingo, 18:00 horas).

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EX LIBRIS

Leyes fundamentales y planes: 1821-1857

E

n el mercado de los libros (porque la expresión ex libris significa: los libros que le pertenecen a alguien en particular) que recogen documentos históricos, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha publicado Planes políticos y otros documentos; La caricatura política; La huelga de Cananea; Manifiestos políticos; La cuestión del yaqui o del indigenismo

CARTÓN

ÁLVARO CEPEDA NERI*

en Sonora; Ocho mil kilómetros en campaña (autobiografía militar del general Álvaro Obregón); y Sonora en la Revolución, que dan un panorama de la Revolución Mexicana de 1910-1917, una revolución inconclusa en términos del espléndido ensayo del sociólogo Orlando Fals Borda Las revoluciones inconclusas en América Latina: 18091968 (Siglo XXI Editores). Su lectura se ha completado con el tercer tomo de

la Historia de Europa, de Herbert A L Fisher (editorial Sudamericana).

Por las revueltas contra el capitalismo y los malos gobiernos que se expanden por todo el mundo, adquiere más relieve el concepto de “revoluciones inconclusas”, parejo al de

MANRIQUE

La toma de protesta

“democracias interrumpidas”, como plantea Jo Tuckman en su penetrante libro –sin tra-ducción al español– México, demo-cracy interrupted, publicado por la Yale University Press.

Del cual, el politólogo y periodista Lorenzo Meyer nos ofrece una espléndida reseña en su columna semanal Agenda ciudadana, con el título “Democracia interrumpida”, en el periódico Reforma, el 11 de octubre de 2012.

Con esta introducción presento la edición facsimilar (copia de un original de la edición de 1857) del libro Colección de las leyes fundamentales que han regido en la República Mexicana y de los planes que han tenido el mismo carácter, de los años 1821 a 1857. Contiene un prólogo insulso que puede pasarse por alto de José Luis Soberanes. Pero otro de indispensable lectura de Manuel González Oropeza.

El facsimilar inicia enseguida y es un platillo de historia como lo propuso el historiador Leopold von Ranke (ir a sus libros Historia de los papas en la época moderna y Pueblos y Estados en la historia moderna, ambos del FCE).

Historia evitando ficciones, invenciones e imaginación para “sujetarme a los hechos (…), mostrar lo que de hecho ocurrió”.

En el importante contenido de la Colección destacan: el Plan de Iguala; Efemérides y Acta declarando la Independencia Nacional; Plan de Veracruz proclamando el régimen republicano; Abolición del régimen monárquico; Acta Constitutiva de la Federación: Manifiesto

del Congreso Constituyente de 1824, entre otros.

Son 25 documentos que nos proporcionan un conocimiento histórico de cómo entre revoluciones desde 1821 hasta las vísperas del alumbramiento de nuestra gran Revolución y Constitución de 1857, se constituyó el nacionalismo mexicano, con la participación popular como protagonista; y cómo sobresalientes dirigentes republicanos y demócratas supieron conducir a la naciente nación por entre contrarrevoluciones del conservadurismo religioso y reaccionario.

Un libro para quienes buscan una fuente documental sobre los fundamentos de la política de fines democráticos a través de medios legales.3

Ficha bibliográfica: Edición facsimilar: Ignacio Cumplido, de 1857 Título: Leyes fundamentales y planes de la República Mexicana, Colección Editorial: Miguel Ángel Porrúa, 2009

*Periodista

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