Línea 13

Patrimonio Cultural

•El diputado Fausto Zamorano propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, “que las autoridades de la capital declaren como patrimonio cultural inmaterial a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad”. “El objetivo es reconocerles a estos grupos la importancia que tienen sus culturas, expresiones y manifestaciones, y contrarrestar al mismo tiempo los problemas que haya o puedan derivar de la falta de su reconocimiento en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes”, detalló el legislador. Señaló que, en la CDMX, se han reconocido 197 pueblos, sin embargo, en mayo de este año la Secretaría sólo reconoció a 50 de ellos, lo que pone en peligro su derecho a la auto adscripción.

Aprueban Sesi N Solemne

•El Congreso de la Ciudad de México realizará un periodo extraordinario el próximo 25 de agosto, para celebrar una sesión solemne a fin de inscribir y develar la leyenda en letras de oro “2023, Año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar” en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende. Así lo determinaron las y los diputados integrantes de la Jucopo, quienes además aprobaron que en esta sesión se realice la entrega de un reconocimiento a esta institución militar por parte de la Jefatura de Gobierno. Además, se tendrá la intervención del General de Brigada, Jorge Antonio Maldonado Guevara, director del Heroico Colegio Militar. Además, se contará con una participación de tres minutos de cada fracción parlamentaria y un mensaje institucional del presidente de la Mesa Directiva.

Abren Plazas En El Aifa

•El municipio de Tecámac y la Asociación de Agentes Aduanales Metropolitanas (AAADAM) realizarán una jornada de reclutamiento para la contratación de 100 plazas laborales, en la zona de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los interesados deberán entregar su respectiva documentación el próximo sábado 12 y lunes 14 de agosto, en la Dirección General de Desarrollo Económico municipal. Puntualizó que su gobierno está enfocado en ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los habitantes, y desde su creación el AIFA ha sido una importante fuente de empleos para los residentes del municipio.

En el corazón de la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y pobladas del mundo, una amenaza silenciosa y devastadora se cierne sobre sus bosques: la tala clandestina. Mientras sus habitantes enfrentan diariamente los retos urbanos, vastas extensiones de bosques y selvas desaparecen todos los días, ante la mirada complaciente de las autoridades. En la actualidad, la explotación desmedida y sin control afecta la biodiversidad y contribuye al cambio climático. México, siendo uno de los países megadiversos del mundo, ha sufrido la pérdida de grandes extensiones de bosques y selvas debido a esta actividad ilegal.

La tala ilegal no es simplemente un acto de destrucción; es una industria lucrativa. Se estima que, a nivel global, genera miles de millones al año. La madera extraída ilegalmente se introduce en el mercado, reduciendo los precios y afectando a los productores legales. Esta actividad ilícita se beneficia de la falta de regulación, control y, en muchos casos, de la corrupción en las estructuras gubernamentales.

Recientes eventos, como el enfrentamiento en la Carretera México Cuernavaca y la respuesta violenta y brutal de los cinco grupos de talamontes, el más fuerte en Huitzilac, que controla varios aserraderos que instalan y desmontan al amparo de la noche, con ramificaciones en Tlalpan y Milpa Alta, evidencian la magnitud del problema. Estos actos no son aislados, sino el resultado de años de negligencia y complicidad con las autoridades locales y estatales, que han mostrado una actitud complaciente ante este problema. La falta de acciones contundentes y la corrupción han permitido que estas redes operen con absoluta impunidad.

En 2019, México perdió 321 mil hectáreas de bosques. En 2020, se perdieron otras 127 mil más. Estas cifras son alarmantes y muestran la gravedad del problema. Entre 2018 y 2020, se atendieron mil 514 denuncias en materia forestal. De estas, mil 179 fueron específicamente por tala ilegal, es decir, el 77.87 por ciento del total. Según la SEMARNAT, existen 122 zonas críticas forestales en México, debido a distintos ilícitos identificados en 20 estados de la República.

Para nadie es un secreto que la tala ilegal contribuye al cambio climático, afecta la calidad del aire, disminuye la biodiversidad y altera el ciclo del agua. Es un atentado directo contra el futuro de las próximas generaciones. Se sabe que detrás de la tala ilegal hay grandes intereses económicos y es una “industria” millonaria ilícita que se beneficia de la falta de regulación y control.

Una de las principales causas de la deforestación en México es la resequedad de la tierra. Los estudios certifican que 48 millones de mexicanos padecen sequía en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Este fenómeno genera la extinción local de las especies. Además, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en 2004 la deforestación mundial contribuyó con el 17 por ciento de la emisión total de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, después de la generación de energía.

En este sentido, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés López Obrador, ha mostrado una preocupante falta de compromiso en la lucha contra la tala ilegal. A pesar de las alarmantes cifras y el evidente deterioro de nuestros bosques, el presupuesto destinado para combatir la tala ilegal y la reforestación ha sido drásticamente reducido. De 2015 a 2022, la dependencia encargada de estos temas ha sufrido un recorte del 68.49 por ciento en su presupuesto, pasando de 7 mil 743 millones a 2 mil 440 millones de pesos. Con menos recursos, la superficie afectada por incendios forestales ha aumentado drásticamente. Mientras que en 2015 los incendios afectaron 15 mil 907 hectáreas, en 2021 fue de 119 mil 910.

Resulta una ironía que, a pesar de los recortes presupuestales, el presidente López Obrador ha presumido el programa “Sembrando Vida” como una solución a la deforestación. Sin embargo, es esencial cuestionar la eficacia de dicho programa cuando se contrasta con los recortes en áreas críticas. Es paradójico que, mientras se promueve la reforestación con una mano, con la otra se recortan los fondos esenciales para combatir la tala ilegal y los incendios forestales.

De ahí que México se encuentre en una posición preocupante en comparación con otros países en términos de deforestación y políticas de conservación y su gobierno ni siquiera ha tratado a echar un vistazo a países como Costa Rica, que han logrado revertir la deforestación y aumentar su cobertura forestal. La implementación de tecnologías de monitoreo satelital, la promoción de la silvicultura sostenible y la certificación de madera son algunas de las medidas que podrían adoptarse.

La tala clandestina en México es un problema que va más allá de la simple pérdida de árboles, es un llamado de atención sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas y la urgencia de actuar. Martí Batres, jefe de Gobierno, ha propuesto aumentar las penas contra la tala ilegal, una iniciativa que, aunque es un paso en la dirección correcta, enfrenta obstáculos en el Congreso. Y a pesar de que no comulgo con muchas de sus estrategias y propuestas, debo admitir que la postergación de la discusión y votación de la iniciativa, muestra una falta de compromiso por parte de los legisladores. Es imperativo que se priorice la protección del medio ambiente sobre intereses políticos o económicos. No podemos permitir que la inacción y la complacencia continúen dictando el futuro de nuestros bosques. Las organizaciones y la sociedad en general tienen un papel crucial en esta batalla. Ciudadanos, líderes y organizaciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en defensa de nuestro patrimonio natural. La naturaleza no espera, y el tiempo se agota. Es hora de reaccionar y también de exigir acciones contundentes y políticas efectivas por parte del gobierno.