Memoria del foro, a 13 años de la ley de foemnto by Convergencia Civil

MEMORIA DEL FORO

DE LA LEY DE FO S O M EN AN 3 1 T

JuntOSConstruyamos POLÍTICA DE FOMENTO EN EL DISTRITO FEDERAL

2013

MEMORIA DEL FORO

DE LA LEY DE FO S O M EN AN 3 1 T

JuntOSConstruyamo JuntOSConstruyamos O

DE LA LEY DE FO S O M EN AN 13 T

POLÍTICAS DE FOMENTO EN EL DISTRITO FEDERAL

POLÍTICA DE FOMENTO EN EL DISTRITO FEDERAL

2013 3

Coordinación y textos: Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en el Desarrollo de la Ciudad de México Corrección de estilo: María Eugenia Torres Echeverría Diseño editorial: Claudia Doroteo Osorio (Identidades AC)

Servicio, Desarrollo y Paz (SEDEPAC) Huatusco 39, Roma Sur, Cuauhtémoc, Distrito Federal, CP 06760. Diciembre 2013, México D.F.

“Proyecto financiado por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, a través del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2013”. “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

RED DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA INCIDENCIA EN EL DESAROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Indice Introduccion.......................................................................................... p.11 CapItulo I La perspectiva de los diversos actores a 13 años de la Ley de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones civiles en el Distrito Federal Balance de la relación sociedad civil-estado en lo local, nacional e internacional Por Gabriela Sánchez del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora........................... p.17 Balance de la relación estado-sociedad civil: en lo local, nacional e internacional Por Rafael Reygadas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.............................. p. 27 Marco normativo y régimen fiscal para las organizaciones civiles en la Ciudad de México Por Ana María Salazar de Convergencia de Organismos Civiles, AC.............................................. p.33 Gobernanza y participación de las organizaciones civiles en la política social. El caso del programa de Coinversión para el desarrollo social del Distrito Federal Por Alfonso Pérez de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco..................................p.39 Políticas de fomento a las actividades de desarrollo social de las OSC. Financiamiento para el desarrollo. Espacios de participación y el diálogo social Por Víctor Mares de Convergencia de Organismos Civiles, AC..................................................... p. 51

Capitulo II Agenda de las Organizaciones Civiles a 13 años de la Ley de Fomento Balance de la relación Gobierno-sociedad civil en el Distrito Federal Por Ma. del Pilar Berrios de Convergencia de Organismos Civiles, AC.......................................... p.71 Marco normativo y régimen fiscal para las organizaciones civiles en la Ciudad de México Por María Magdalena López de Servicio, Desarrollo y Paz, AC ....................................................p.77

Políticas de fomento a las actividades de desarrollo social de las OSC en el DF Por Sandra Páramo de Comunicación Diálogo y Conciencia, SC................................................. p.83 Corresponsabilidad, coinversión social y financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil Por Oscar Rey de Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, AC........................ p.91 Espacios de participación y diálogo social Por Itza Fernando Pérez de Tepeticpac Tlahtolcalli, AC .............................................................. p.97 Mesa de trabajo: Incidencia en las políticas públicas desde las OSC Por Laura Zapata de Convergencia de Organismos Civiles, AC.................................................. p.100 Mesa de trabajo: visibilidad y comunicación de las OSC Por Claudia Doroteo de Identidades- Somos o No Somos , AC María Eugenia Torres del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, AC......................... p.105 Mesa de trabajo: articulación y redes de organizaciones de la sociedad civil Por Manuel Gallardo y Fabiola Juárez de Acicamati, AC............................................................. p.111 Mesa de trabajo: capacitación y transferencia metodológica para las OSC Por Oscar Rey de Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, AC....................... p.116

Capitulo III El papel de las organizaciones civiles en la reforma política del Distrito Federal El nuevo rol de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la reforma política del Distrito Federal. Por Jorge Carbajal de Arkemetría Social, AC............................................................................ p.123

CONCLUSIONES....................................................................................... p.136 Anexos................................................................................................................ p.140

Diferentes รกngulos del Ex convento de Corpus Crhisti

Registro de los participantes del foro

MEMORIA DEL FORO

DE LA LEY DE FO S O M EN AN 3 1 T

JuntOSConstruyamos POLÍTICA DE FOMENTO EN EL DISTRITO FEDERAL

2013

INTRODUCCION

l tránsito de una democracia formal a una democracia sustantiva implica ir de los procesos electorales al análisis de la capacidad gubernativa, es decir, la capacidad de los gobiernos para resolver problemas sociales, prestar servicios de calidad, encuadrar conflictos, neutralizar los delitos y anticipar las adversidades En 1997, con el primer gobierno democráticamente electo en la Ciudad de México, se inició la construcción de un diseño institucional proclive a la participación y el inicio de una relación más horizontal entre el gobierno y la sociedad. En este contexto, se da un reconocimiento al trabajo de las organizaciones civiles de desarrollo social por parte de la Jefatura de Gobierno del DF, así como de la Asamblea Legislativa del DF, lo que derivó en el establecimiento de un marco jurídico de promoción a su quehacer. Es en el año 2000, cuando se aprueba la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones del Distrito Federal; los logros fundamentales de esta ley se pueden sintetizar de la siguiente manera: »» Reconocimiento de las organizaciones civiles como instituciones de interés social »» Seguridad jurídica para la organizaciones civiles »» Derechos de las organizaciones civiles »» Establecimiento de la necesidad de armonización del marco normativo en el DF »» Bases para el diseño de políticas públicas de fomento a las actividades de desarrollo de las organizaciones civiles Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México se han ido constituyendo como espacios legítimos de diálogo e interlocución entre la ciudadanía y el gobierno. Sin duda, las OSC se han convertido en agentes de cambio y promotoras de la participación ciudadana y el desarrollo social. A trece años de la aprobación del marco jurídico que regula el quehacer de las organizaciones, la Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en el Desarrollo de la Ciudad de México, surgida en 2012, como resultado del esfuerzo de un grupo de organizaciones 11

civiles, cuyo quehacer converge en la búsqueda de la construcción de propuestas y acciones con el fin de mejorar las condiciones sociales y comunitarias en la Ciudad de México, nos propusimos abrir el debate sobre aspectos sustantivos en el quehacer de las organizaciones civiles, a saber:

1) Necesidad de una política social con perspectiva de desarrollo, derechos humanos y género. 2) La participación ciudadana como elemento clave de gobernanza y criterio fundamental en el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. 3) Impulso y avance en el diseño institucional de la Ciudad de México proclive a la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. 4)Construcción de redes ciudadanas como medio para el acrecentamiento del capital social y la incidencia en políticas públicas en la ciudad capital. 5) Necesidad de visibilizar el arraigo de las organizaciones civiles en la Ciudad de México, generado a través de decenios de trabajo directo en territorio o a través de su vínculo con organizaciones sociales y comunitarias. 6) Análisis y propuesta de mejoras en la situación fiscal de las organizaciones civiles 7) Identificación de desafíos y retos en la transferencia de recursos públicos. 8) El papel de la capacitación en la búsqueda de innovación y ampliación de la escala en los proyectos de desarrollo social impulsados por las organizaciones civiles. 9) Incorporación del uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el trabajo comunitario y de incidencia en políticas públicas 10) Desafíos, tensiones y contradicciones en la garantía de derechos laborales de los miembros de organizaciones civiles.

Para ampliar el debate sobre estos temas, es que se realizó el Foro Balance de las Políticas de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito Federal, los días 13 y 14 de agosto de 2013, cuyo objetivo fue valorar los principales aportes y retos de la política de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil para el desarro12

llo social en el DF, a trece años de la aprobación de la Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal, en el marco del debate en torno a la actual reforma política del Distrito Federal, proceso que augura transformaciones profundas en el régimen de nuestra ciudad y en el cual las organizaciones civiles reivindican su derecho a participar. Se contó con la participación de 90 organizaciones civiles y 125 miembros de las mismas, 58 por ciento mujeres y 42 por ciento hombres, las cuales durante dos días trabajaron sobre los temas mencionados, apoyadas por especialistas tales como Gabriela Sánchez, Rafael Reygadas, Alfonso Pérez, Enrique Ortiz y Agustín Basave. El evento contó con el respaldo de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y la participación entusiasta e inteligente de la diputada Ernestina Godoy, siempre atenta a los temas de interés de las organizaciones civiles. La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, a través de su directora la lic. Adriana Contreras, trabajó todo el tiempo junto con la Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en el Desarrollo de la Ciudad de México, para que en el marco del Programa de Coinversión, llevar a cabo este foro que conmemora una iniciativa ciudadana de gran trascendencia, pero que también tuvo la intención de colocar los temas pendientes para fortalecer la relación gobierno-sociedad en un contexto donde la democracia ya asentada, debe incrementar su calidad: “democratizar la democracia”, como signo característico de una ciudad que, desde hace tres lustros, se ha colocado en la vanguardia en materia social y en donde las organizaciones de la sociedad civil trabajan día a día, para que se mantenga en esa línea.

Preparativos del foro

CapItulo I

La perspectiva de diversos actores a 13 aNos de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles en el Distrito FederaL

BALANCE DE LA RELACION SOCIEDAD CIVIL-ESTADO EN LO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Por Gabriela Sánchez

s claro que las sociedades contemporáneas demandan, cada vez con mayor fuerza, la ampliación y profundización de la democracia como sistema político y, en particular, la democratización de la gestión pública. De hecho, la sostenibilidad de cualquier estrategia de desarrollo descansa en el involucramiento y participación activa de los diversos actores en los procesos de toma de decisiones. En México hay una ciudadanía cada vez más crítica, participativa e interesada en los temas públicos y, para tal efecto, se organiza con distintas figuras asociativas, demanda espacios y mecanismos de participación ciudadana para hacer escuchar su voz y sus propuestas, con el fin de optimizar la gestión de gobierno. Hacer un balance de las políticas de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil (OSC), necesariamente nos conduce a dos definiciones básicas: ¿qué estamos entendiendo por fomento? y, por ende, ¿qué se entiende por política de fomento? Me permito proponer como punto de

del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

partida una definición básica de fomento, entendiéndolo como el acto de promover, generar y garantizar un ambiente propicio, así como las condiciones institucionales, legales y presupuestales que contribuyan a expandir, fortalecer, multiplicar el trabajo y el desarrollo de las OSC. Por tanto, una política pública de fomento a las OSC se concibe como el conjunto de principios, objetivos, estrategias, instituciones, actores, recursos, procedimientos y normas que, de manera articulada, tienen como propósito general fomentar un ambiente propicio para el trabajo y desarrollo de las OSC. Pero no bastan estas definiciones si no está clara otra cuestión: fomentar ¿para qué? Y aquí señalo tres aspectos que resultan fundamentales para trazar el rumbo de cualquier política de fomento a las OSC:

»» Fomentar a las OSC para que, más allá de la emisión del voto, la ciudadanía organizada se involucre y participe de manera activa en la toma de decisiones sobre ámbitos específicos de la 17

gestión pública. »» Fomentar a las OSC para que a través de su participación activa promuevan el pleno ejercicio de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, a través de su incidencia efectiva en la formulación de políticas e instrumentos legales que los hagan exigibles.

ha habido en México una política articulada de fomento a las organizaciones de la sociedad civil y a sus actividades, ni en el ámbito local de la Ciudad de México ni en el ámbito nacional. Ha habido, eso sí, diversos esfuerzos en cada administración y muchas acciones de fomento, unas más consistentes que otras, la mayoría dispersas, pero una política articulada como tal, una política de Estado, no.

»» Y, finalmente, fomentar a las OSC para que contribuyan a la construcción de sujetos sociales autónomos y corresponsables, con capacidad de demandar lo que les corresponde, pero también con capacidad de proponer vías de solución a las problemáticas que les afectan. Sujetos capaces de asumir su propia responsabilidad en los asuntos de la vida pública.

En términos de balance, diversas evaluaciones y estudios realizados han identificado la ausencia en las acciones de gobierno, de factores esenciales y constitutivos del fomento a las OSC, como son: certeza jurídica, estabilidad en los recursos, transparencia, perspectiva de largo plazo, rendición de cuentas y la democratización de los espacios de toma de decisiones.

Se trata pues, de la búsqueda de una democracia plena, que se base en los derechos a la información, a la participación, a la asociación y a la expresión sobre lo público.

Hace falta un rumbo claro y definido que realmente considere y esté anclado en la relevancia de la participación de las osc en la gestión pública y en el proceso de construcción social de las políticas públicas.

Por lo tanto, fomentar a las OSC y sus actividades es una responsabilidad de los poderes públicos, que deben destinar recursos y crear condiciones favorables para el ejercicio efectivo del derecho a la participación. Pero también es una responsabilidad de la propia ciudadanía, que debe promover el asociacionismo, la articulación de esfuerzos, la construcción de redes, la generación de propuestas, la exigencia y participación en los espacios de diálogo y deliberación.

FALTA UN RUMBO CLARO Y DEFINIDO QUE REALMENTE CONSIDERE Y ESTÉ ANCLADO EN LA RELEVANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS OSC EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Con base en estas consideraciones creo que, hasta ahora, desde mi punto de vista, no

En el gobierno, tanto de la ciudad como federal, existe una gran heterogeneidad de

visiones sobre el tipo de actividades que hay que fomentar, sobre las modalidades y los mecanismos de fomento, así como muy diversos criterios sobre qué organizaciones deben ser sujetos del fomento. Es una pena constatar que todavía para una gran parte de los servidores públicos el fomento a las OSC se reduce básicamente al otorgamiento de recursos económicos para la puesta en marcha de acciones o proyectos puntuales. Y el fomento es mucho más que eso. En lo que se refiere a la Ciudad de México, hay que mencionar que, a partir del primer gobierno democráticamente electo, se han promulgado tres leyes que han sido fundamentales para cristalizar las demandas de múltiples organizaciones de la sociedad civil: la Ley de Participación Ciudadana (1998); la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal (2000) y la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles (2000). En contraste con administraciones previas, estas leyes han contribuido sin duda alguna a la creación de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad; también han jugado un papel clave en la incorporación de la participación ciudadana como un componente esencial de la política pública; mismas que también han ayudado a generar instrumentos de vigilancia y monitoreo ciudadano del ejercicio de gobierno. La evolución de estas tendencias a lo largo de los ya 16 años de gobierno perredista en la ciudad ha tenido sus altibajos en la progresividad y en la intensidad de la participación ciudadana. Pero es innegable que, a pesar de todo, hoy estamos mejor que antes y hay avances sustantivos en la promoción de una cultura de participación ciudadana en la ciudad.

Así lo atestiguan experiencias concretas como el Programa de Coinversión Social, que prevalece desde 1998 financiando acciones de las OSC desde una perspectiva sectorial y temática; la introducción en la gestión pública de prácticas como la rendición de cuentas, la red de contralorías ciudadanas y la asamblea ciudadana. La creación de múltiples consejos ciudadanos y comités y asambleas vecinales. Otras iniciativas como el Observatorio Ciudadano, la Mesa de Diálogo y Transparencia, los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal dan cuenta de nuevos instrumentos de participación ciudadana. El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial es, sin duda, una experiencia emblemática que ha obtenido premios internacionales justamente por su contribución a la participación ciudadana en la gestión de la ciudad. Sin dejar de lado todos los aportes, virtudes y contribuciones que estas experiencias, en mayor o menor medida han traído consigo, en un balance es importante también hacernos cargo de los aspectos que no han resultado tan positivos. La evaluación del diseño, instrumentación y resultados de la política de participación ciudadana en el desarrollo social del Distrito Federal realizada por Cristina Sánchez Mejorada, Lucía Álvarez y Magdalena Ferniza, en el 2011, señalan algunos problemas sustantivos para el ejercicio de la participación ciudadana que tienen que ver, en primer lugar, con el diseño institucional, es decir, la parte normativa, los instrumentos y la estructura organizativa y de funcionamiento de las prácticas participativas. Y, en 19

segundo lugar, problemas que se refieren a la cultura política que ha permeado el desarrollo de nuestro país y de nuestra ciudad, y que permanece presente tanto en los actores políticos institucionales como en los actores sociales. Señalan, por ejemplo, problemas en la conceptualización y categorización de la participación ciudadana; mencionan que la mayoría de los espacios de participación se limitan al intercambio de información y la consulta; la inoperancia e ineficacia de los consejos ciudadanos y, por ende, la pérdida de legitimidad de estos órganos de expresión, de las demandas ciudadanas; inconsistencias en el marco normativo, entre programas y leyes, así como un retroceso importante en los últimos años, en el plano de la interlocución y la colaboración entre las organizaciones civiles y sociales y las instancias gubernamentales. Señalan también que en ningún caso, ni en los instrumentos, ni en los mecanismos, ni en las atribuciones, se establece el reconocimiento del carácter vinculatorio de las decisiones de los espacios de participación ciudadana, a excepción del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF), organismo público descentralizado cuyas recomendaciones por ley tienen carácter vinculatorio. Sin embargo, en la práctica, muchas de las recomendaciones emitidas por el Consejo, por alguna razón, no se han puesto en marcha, incluidas las emanadas de la evaluación de la política de participación ciudadana. Lo cierto es que en la ciudad no hay una instancia o mecanismo específico abocado al 20

seguimiento puntual de las acciones de fomento. En este sentido vale mencionar que hace un par de años algunas organizaciones civiles propusieron crear un consejo específico de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles. De hecho, la secretaria de Desarrollo Social publicó un acuerdo administrativo por el cual se creó dicho consejo, con el objeto de realizar acciones de asesoría, consulta, propuesta y vinculación entre el Gobierno del Distrito Federal y la sociedad civil organizada. Sus atribuciones, al igual que las de otros consejos, se limitan a proponer, promover, informar, dar seguimiento. El consejo fue instalado en julio de 2010, pero hasta la fecha no ha sido convocado a sesionar por lo que no ha entrado en funciones. Este es el caso de varios consejos ciudadanos. En fin, la evaluación mencionada es muy extensa y señala muchos otros aspectos que, por cuestión de tiempo, es imposible abordar aquí. A nivel federal las cosas no son muy diferentes. Varias evaluaciones se han realizado sobre las acciones de fomento a las actividades de las OSC, cuyos resultados indican también muchos déficits; entre ellos: »» La ausencia de criterios uniformes sobre lo que significa el fomento a las OSC y sus actividades o la participación ciudadana. »» La falta de mecanismos institucionalizados en varias dependencias para que las OSC accedan a recursos públicos, por lo que prevalece aún un alto grado de discrecionalidad en el otorgamiento de apoyos

y estímulos. »» La ausencia en las dependencias de áreas o instancias específicamente encargadas del fomento a las OSC. »» Marcos institucionales y normativos siguen siendo restrictivos. »» Sistemas de planificación y de rendición de cuentas que no responden a las dinámicas, a los ritmos en las que las OSC operan. O el hecho de que las evaluaciones a los proyectos financiados se centran en la verificación del uso de los recursos o en la cuantificación de beneficiarios, pero no en los resultados o cambios logrados por las OSC. En este sentido, la situación es preocupante. En la actualidad las OSC atraviesan por una situación extremadamente difícil por la falta de recursos. Encima de eso, se ven obligadas a destinar mucho tiempo en la demostración de resultados, en la cuantificación de beneficiarios y en la elaboración de informes, cada vez más meticulosos y exigentes. Ante esta situación, es lamentable ver que los fondos públicos, lejos de multiplicarse, se reducen, siendo éstos cada vez más residuales. En este sentido, no es posible construir una lógica de verdadero fomento a las OSC cuando la relación gobierno-sociedad sigue basada en la desconfianza; cuando es de carácter vertical y cuando es el gobierno quien define unilateralmente las reglas, los montos, los ritmos y las condiciones.

En el ámbito internacional, particularmente en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC, llevado a cabo en Busan, Corea, a finales del 2011, se dio un debate muy importante en donde se señaló que el ambiente propicio para las organizaciones de la sociedad civil es un factor estratégico para fortalecer su papel en el desarrollo, en el ejercicio de los derechos, en la administración de la justicia, el logro de la igualdad y la transición democrática. En las declaraciones de dicho foro se menciona que en el plano socio-cultural, lo primero que debe conseguirse es que en el sentido común y en la cultura de la ciudadanía se construya y refuerce el valor de la organización, las ventajas de la acción colectiva, solidaria y cooperativa para la resolución de problemas y la importancia de que cada grupo humano puede tener la oportunidad de expresar su opinión a través del canal de sus organizaciones. En el plano político se plantea la necesidad de un Estado garante, que cree un ambiente de respeto de los derechos humanos y de las libertades de asociación y expresión. Además del reconocimiento legal, es fundamental el reconocimiento público de las OSC y su autonomía a fin de que la ciudadanía valore la importancia de la organización social. El plano legal y normativo debe consistir en un conjunto de seguridades jurídicas, para reducir la arbitrariedad en las decisiones. Debe estipular, además, mecanismos de sanción para las y los servidores públicos que no cumplan con las normas promotoras y protectoras de las OSC. “El Estado debe dotarse de políticas públicas explícitas de fortalecimiento de las OSC en las que se definan 21

las reglas del juego, se creen mecanismos de estímulo para su creación y acción, se las dote de posibilidades para capacitar su talento humano y sus capacidades y en donde se explicite la existencia de posibilidades reales de encuentro y debate entre distintos sectores y actores.” Igualmente se requiere de una política fiscal proactiva que vaya más allá de incentivos fiscales (exoneración de impuestos) o de la discusión sobre el estatus de donatarias autorizadas; debe ser una política realmente promotora de la organización social. Finalmente, se señala el tema del financiamiento y el acceso a recursos por parte de las organizaciones que trabajan para la producción de bienes públicos. Este tema me parece central. No es posible que los presupuestos destinados a las organizaciones de la sociedad civil no tengan una lógica de incremento y progresiva en este país. En fin, el balance nos muestra, por un lado, los avances y los grandes aciertos y, por otro, nos señala que aún hay mucho camino que recorrer. En esta línea quisiera concluir mi intervención mencionando la propuesta que desde el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil hemos ido formulado a fin de encaminarnos hacia una verdadera política de fomento a las OSC, una política de Estado que reduzca las tremendas brechas que existen entre lo que está plasmado en el papel y en los múltiples discursos, y lo que realmente ocurre en la realidad. En términos prácticos consiste en la formulación de un “Programa Nacional de 22

Fomento a las OSC”, como un instrumento a través del cual se concrete la política de fomento mandatada por la ley. Un programa así que permita establecer principios, prioridades, objetivos, estrategias, metas, plazos, recursos y mecanismos de monitoreo y evaluación. Es decir, es un instrumento que permite que la política de fomento sea realmente evaluable. El programa propuesto plantea varios ejes estratégicos:

EN TÉRMINOS PRÁCTICOS, SE NECESITA LA FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LAS OSC CON PRINCIPIOS, PRIORIDADES, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, METAS, PLAZOS, RECURSOS Y MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.

Acceso a recursos públicos e incentivos fiscales. Esto es, un acceso continuo y eficiente a financiamiento, así como una política fiscal que haga menos gravosa la constitución y operación de las organizaciones. Por ejemplo, que todos los sectores de la Administración Pública Federal establezcan un porcentaje de recursos exclusivamente destinados a financiar actividades de las OSC.

2.La transversalidad de la política de fo-

mento, es decir, una efectiva coordinación interinstitucional, que incorpore en el conjunto de la APF el fomento a las actividades de las OSC como un componente permanente y estratégico del quehacer cotidiano de las instituciones. Se trata de plasmar el

fomento a las OSC en todos los instrumentos de planeación (PND, programas sectoriales, institucionales y especiales), definiendo objetivos, metas de corto y mediano plazo y resultados a lograr, que hagan evaluable la política de fomento.

3.La institucionalización de los espacios de

participación en instancias públicas, bajo el principio de que la participación ciudadana que no es vinculante, pocas veces es efectiva. Reorientar la función de los consejos de participación ciudadana, con el fin de que éstos no sean únicamente consultivos. Se trata de dar solidez jurídica a los consejos de participación ciudadana y, a la vez, garantizar mecanismos de rendición de cuentas de dichos consejos. Es importante ofrecer información específica a la ciudadanía sobre los diversos espacios de participación ciudadana que existen en las instancias públicas: cómo están conformados, cuál es su sustento legal; cuáles sus responsabilidades y, sobre todo, cuáles son los resultados de su trabajo.

4.Formación y capacitación a OSC. Se trata

de invertir recursos en el desarrollo institucional de las OSC, propiciar su crecimiento y desarrollo: en número (incubación de nuevas OSC), pero también en la calidad de sus servicios; en la ampliación de su radio de acción, en la innovación e impacto de sus actividades, en su profesionalización.

5.Sensibilización,

información y capacitación a las y los servidores públicos sobre las características, aportes y actividades de

las OSC. Se busca que los servidores públicos sean los primeros convencidos de la importancia de fomentar a las OSC. Para ello es necesario promover cambios en las percepciones y visiones de los funcionarios y de los políticos con respecto al quehacer y función social de las organizaciones. Así como informar a las y los servidores públicos sobre su responsabilidad en la puesta en marcha de acciones enfocadas al fomento de las actividades de las OSC.

Promoción de la articulación y redes sociales de OSC. Promover, de manera sostenida y progresiva el peso y la densidad de las OSC para su participación autónoma y efectiva en las diferentes fases del ciclo de las políticas públicas. Se trata de promover espacios de encuentro y diálogo democrático para fortalecer las acciones y actividades de las organizaciones en los ámbitos local, estatal y nacional.

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio articulador de la gestión pública gubernamental en materia de fomento. Se busca establecer un sistema de información eficiente y accesible a las organizaciones sobre las acciones de fomento promovidas por las instancias públicas del Ejecutivo federal. También es importante difundir ampliamente la normatividad referida al fomento a las OSC y todas las acciones que el ejecutivo federal impulsa en su beneficio.

8.Visibilización y posicionamiento de las 23

OSC, esto es: formular una estrategia de comunicación social que permita visibilizar y posicionar positivamente a las OSC en la opinión pública. Para ello es necesario recolectar información y estadística sistemática sobre las organizaciones y sus aportes al desarrollo. De esta manera es posible reconocer, asumir y reivindicar la contribución que realizan las organizaciones de la sociedad civil al bienestar de la población y a la construc-

ción de una ciudadanía fuerte y propositiva. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y ONG están trabajando actualmente en una reforma a la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las OSC. Estamos dando seguimiento puntual a este proceso, insistiendo, entre otras cosas, en la incorporación del programa arriba propuesto como mandato de ley. Muchas gracias.

Inauguración del Foro. De izquierda a derecha: Adriana Contreras, Directora de la DGIDS, Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, María Eugenia Torres, Coordinación de la Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en el Desarrollo de la Ciudad de México

Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal

BALANCE DE LA RELACION ESTADO-SOCIEDAD CIVIL: EN LO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Por Rafael Reygadas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

gradezco la invitación a participar en este panel y me da mucho gusto compartirlo con Ernestina Godoy, Gabriela Sánchez, Pilar Berrios, Gerardo Sauri y Enrique Ortiz, con quienes he trabajado en diversas experiencias desde hace muchos años. Hoy en la Ciudad de México podemos elegir jefe de Gobierno, jefes de delegación, representantes de nuestro distrito electoral a la Asamblea Legislativa. Tenemos organismos públicos ciudadanizados: un Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, un Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Desarrollo Social, un Instituto Electoral del Distrito Federal autónomo, un Instituto de la Mujer. Contamos con el derecho a la muerte asistida, con el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo antes de la semana doce, con leyes que permiten los matrimonios entre parejas del mismo o diferente sexo, con el derecho universal de adopción para toda pareja, con el derecho a recibir la píldora del día siguiente. Todos estos logros parten de una historia de amplia participación ciudadana que nombró, acompañó y vigiló a sus gobiernos.

TODOS ESTOS LOGROS PARTEN DE UNA HISTORIA DE AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE NOMBRÓ, ACOMPAÑÓ Y VIGILÓ A SUS GOBIERNOS

Sin embargo, hoy se vislumbran problemas serios en los vínculos entre gobierno y ciudadanía, sobre todo en torno a la exigibilidad de los acuerdos y el funcionamiento eficaz de los instrumentos creados. Veamos brevemente la historia, el malestar actual y algunas propuestas. I.

UNA HISTORIA DE CREATIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1) Históricamente, desde 1968 a hasta la fecha, la ciudadanía del Distrito Federal ha sido pionera de la promoción y defensa de los derechos humanos: el Movimiento Estudiantil Popular de 1968 fue un parte aguas de la historia moderna de México, al exigir libertades democráticas; la participación ciudadana frente a los terremotos de 1985, 27

ya es casi un mito que señala cómo la ciudadanía más humilde, mujeres de los barrios, grupos deportivos, vecinas y vecinos, tomaron en sus manos la ciudad para rescatar heridos y muertos y para reconstruir la ciudad, tanto física como simbólica y políticamente. Se desplegó el movimiento urbano popular, tanto en los viejos barrios del centro como en la periferia de los pedregales del sur y en las zonas aledañas al Estado de México, con gran fuerza y creatividad. El movimiento de mujeres nacional ha tenido en la ciudad un lugar importante para impulsar muchas reformas jurídicas a los derechos de las mujeres. 2) El 21 de marzo de 1993, con la Primavera, vino el Plebiscito por la Democracia, en que parte de la sociedad civil organizada preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en poder elegir al jefe de gobierno, delegados, representantes legislativos y si el Distrito Federal debía transformarse en estado. La ciudadanía acudió a las urnas y respondió al plebiscito de manera contundente con más de 92 por ciento de respuestas afirmativas en todas las preguntas. Los resultados fueron entregados a la opinión pública la misma noche del 21 de marzo. Aunque este programa ciudadano, esbozado en la consulta o se ha empezado a lograr parcialmente a partir de las reformas de 2006, tiene todavía muchos pendientes. 3) Además de estas reformas jurídicas democráticas de gran alcance, se fueron instituyendo figuras, comisiones y otras instituciones con base en la participación ciudadana: son los casos de Evalúa-DF, como instancia 28

autónoma de evaluación de la política social con una propuesta y metodologías avanzadas, aunque hoy es necesario actualizarla; el Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal; como el Instituto de la Mujer; como la Contraloría de la Ciudad de México y como otras que condensan en órganos y/o dispositivos y presupuestos las iniciativas ciudadanas. 4) Desde 2008, organizaciones de derechos humanos e instancias públicas relacionadas con los mismos, en un proceso de amplia participación, elaboraron un Diagnóstico de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, y a partir de ahí generaron un Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objetivo de identificar las principales necesidades de las y los habitantes de la ciudad en torno a la vigencia de sus derechos. 5) También en 2008 se inauguró un órgano autónomo para la transparencia en el Distrito Federal: el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info DF), que ha impulsado la Mesa de Diálogo para la Transparencia de las políticas públicas. El 30 de mayo de 2011 se integra el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de dicho programa. Está por aplicarse, pues se continúa con la publicación y promoción de iniciativas gubernamentales y/o legislativas que son contrarias al modelo de derechos humanos que se establece en el programa.1 6) Particular relevancia ha tenido en los últimos años el proceso social que ha llevado a 1 Estas ideas son tomadas del texto de Laura Becerra Pozos: La Ciudad de México en la coyuntura política, 2012, Asamblea Democrática de Organizaciones Civiles; México, 2012.

organizaciones sociales, civiles y ciudadanía en general a elaborar la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que concentra las experiencias, aspiraciones y rutas para avanzar hacia una reforma política de la Ciudad de México en donde la proclamación de una Constitución Política de la Ciudad de México tiene como base la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública, pues la ciudad sigue careciendo de un estatuto de gobierno soberano e independiente, que a la vez arrastra tensiones innecesarias entre gobierno central y delegaciones. II. Algunos sentimientos actuales de las y los capitalinos Sin embargo, hoy, la ciudadanía de la capital percibe que esta historia de logros y avances democráticos colectivos está seriamente amenazada. Me interesa reflexionar con todas y todos ustedes acerca de la forma en que he percibido un estado de ánimo en la Ciudad de México, algo así como una antena de las y los ciudadanos en los últimos meses. Hay malestar en las y los ciudadanos de a pie por grandes obras a favor del capital financiero e inmobiliario, que no pasan por el punto de vista ciudadano expresado en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, hubo y hay gran malestar por la Supervía Poniente, en donde se dice que el lema de la ciudad no era “la capital en movimiento”, sino “el capital en movimiento”; hay malestar por la lentitud del actual jefe de Gobierno en escuchar los puntos de vista de la ciudadanía organizada en relación a derechos humanos

y a reforma política del Distrito Federal, a derechos de las mujeres, a las problemáticas de las organizaciones urbano-populares, a la lenta acción frente la rectora Bertha Orozco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, frente a la tremenda burocracia en relación a los servicios sin calidad y sin calidez de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), por el abandono y mal estado de servicios a los más pobres en los Centros de Asistencia Social. Con frecuencia se escucha decir: me arrepiento de haber votado por el PRD. Frente a este estado de ánimo, me parece que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía de la capital, aparte de no perder la brújula, debemos redoblar la iniciativa y, como en años anteriores, dialogar, exigir, hacer contraloría, proponer rutas para que esta ciudad y sus gobernantes respondan al interés colectivo y al bien común, porque pareciera que sin esto, el gobierno tiene una inercia hacia intereses mercantiles privados y no públicos, pareciendo olvidar el voto y el mandato ciudadano.

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA CIUDADANÍA DE LA CAPITAL, DEBEMOS REDOBLAR LA INICIATIVA... DIALOGAR, EXIGIR, HACER CONTRALORÍA, PROPONER RUTAS PARA QUE ESTA CIUDAD Y SUS GOBERNANTES RESPONDAN AL INTERÉS COLECTIVO Y AL BIEN COMÚN

III. Propuestas Como parte de una búsqueda de soluciones a esta problemáticas, a este malestar de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil, en lo que atañe a las OSC, en el diagnóstico que presenté, me parece que el centro es la falta de un espacio institucionalizado de diálogo vinculante, sistemático y permanente entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno de la ciudad,* pues los vínculos han sido relegados a eventuales contactos, si es que hay espacio disponible en la agenda --que casi nunca hay--. Después de presión social y búsqueda intensa de cabildeo se ha logrado algún encuentro que normalmente no tiene continuidad, se deja en un ámbito de informalidad, sin compromisos reales. Es por eso que propongo una reforma a la ley, que dada la importancia de las OSC para la promoción y vigencia de los derechos humanos y para impulsar el desarrollo social, establezca con claridad, con obligatoriedad para el poder ejecutivo local el funcionamiento eficaz, periódico, oportuno, vinculante, con presupuesto y con rendición anual de cuentas a la Asamblea Legislativa del Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal,* de tal manera que por mandato legislativo se saque del congelador a este órgano en el que se ha depositado tanta esperanza de contribuir al bienestar colectivo de la ciudadanía capitalina. Me parece que esta propuesta se complementa estableciendo también que este consejo tenga como tarea primordial la elaboración de un Programa de la Ciudad de México para el fomento de las actividades de 30

las organizaciones de la sociedad civil.

EL CENTRO ES LA FALTA DE UN ESPACIO INSTITUCIONALIZADO DE DIÁLOGO VINCULANTE, SISTEMÁTICO Y PERMANENTE ENTRE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNO DE LA CIUDAD

Me parece que con estas dos propuestas, la ciudad contará con mecanismos ágiles y participativos que darán cauce a algunos de los principales problemas de diálogo entre gobierno y organizaciones civiles y ciudadanía en general, a la vez que contribuirán a que el lema “Decidiendo juntos” no sea un discurso vacío, sino una política instituida de gobierno y ciudadanía de corresponsabilidad de una vida digna, segura e incluyente en la ciudad.

Participantes del Foro

VĂctor Mares de Convergencia de Organismos Civiles, AC

MARCO NORMATIVO Y REGIMEN FISCAL PARA LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA CIUDAD DE MEXICO Por Ana María Salazar de Convergencia de Organismos Civiles, AC

n mayo de este 2013, se cumplieron trece años de la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, en su primera legislatura. Nos congratulamos por ese aniversario, porque marca un logro atribuible a la decisión y perseverancia de las organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal. Desde 1989 en el ámbito federal se buscaba un marco normativo de reconocimiento al quehacer de las OSC, pero fue en el Distrito Federal donde primero se logró un marco normativo de esa naturaleza. A nivel federal se obtuvo hasta el 2004.

LA LEY DE FOMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DIO A LAS OSC DEL DISTRITO FEDERAL COMO PRINCIPALES LOGROS EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE INSTITUCIONES DE INTERÉS SOCIAL CUYO QUEHACER DEBE SER FOMENTADO POR SER APORTACIÓN IMPORTANTÍSIMA AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE NUESTRA ENTIDAD

La Plataforma de Organismos Civiles del Distrito Federal, acompañada por el grupo promotor de la Ley Federal de Fomento, impulsó todo el proceso a partir de formular una primera redacción de propuesta de texto legal, en 1997. Desde el punto de vista legal afirmamos que la Ley de Fomento del Distrito Federal dio a las OSC del Distrito Federal como principales logros el reconocimiento jurídico de instituciones de interés social, cuyo quehacer debe ser fomentado por ser aportación muy importante al desarrollo social integral de nuestra entidad. Otro logro es la seguridad jurídica, pues antes de la ley las relaciones gobierno-sociedad civil organizada permanecían dentro de un trato discrecional por parte de la autoridad. Hoy ese marco normativo reconoce derechos a las organizaciones y establece supuestos para una nueva relación gobierno-OSC y, evidentemente, no es lo mismo ejercer un derecho a solicitar un favor de carácter discrecional. La búsqueda de un marco normativo de reconocimiento estaba y está presidida por la exigencia de impulsar la democracia participativa. Es decir, las organizaciones de33

ben participar en la toma de decisiones para el diseño, planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Hacer realidad la participación ciudadana organizada porque tiene propuestas y capacidad para ello en el marco normativo correspondiente. Falsamente se acusa a las OSC de que tras la Ley de Fomento sólo se persiguiera el acceso a recursos públicos. Se quiere la participación en las políticas públicas por y desde los saberes y experiencias de cada organización y desde sus propias finalidades asociativas, pero resulta evidente que a pesar de no perseguir fines de lucro, tienen derecho a recursos públicos por su aporte al desarrollo social de la comunidad del Distrito Federal y a mejorar su democracia, pues es de considerar que los recursos públicos no son patrimonio de la autoridad, sino el resultado de los esfuerzos y aporte de la población, a quien van dirigidos los trabajos de las OSC. Principal problemática de las OSC del Distrito Federal ¿Cuáles son los principales problemas de las OSC que afectan el desarrollo de sus actividades? Un problema es desde luego, la limitación de recursos con que cuentan, pero el problema principal es, ha sido y sigue siendo la cuestión fiscal. Si bien estamos hablando en referencia a las OSC del Distrito Federal, no podemos disociar el tema fiscal local del tema fiscal de carácter federal, porque están íntimamente 34

relacionados aun cuando las obligaciones fiscales federales son mayores. La búsqueda de un marco legal de reconocimiento a nivel federal se detonó en 1989, a partir de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); en su artículo entonces correspondiente al actual 95, clasificó a las OSC como sociedades mercantiles, con algunas excepciones y condiciones, calidad en la que permanecemos hasta hoy a pesar de la Ley Federal de Fomento. El atropello permanece y se agravó, porque en estos tiempos estamos clasificadas expresamente como empresas conforme a la Ley del Impuesto EMPRESARIAL a Tasa Única (IETU), conforme a su artículo 4. Respecto de ambos ordenamientos sigue vigente la tarea de insistir en nuestras propuestas de reforma para que se armonicen con la Ley Federal de Fomento, porque no ser contribuyentes del ISR y del IETU está condicionado a ser donatarias autorizadas, lo cual como saben, tiene sus bemoles. En cuanto a nuestra situación fiscal en el Distrito Federal tenemos algunos beneficios limitados. Los beneficios fiscales del Distrito Federal constituyen “estímulos” a las OSC en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales hacia nuestra entidad. Los estímulos consisten principalmente en reducciones en los montos a pagar, pero tales reducciones resultan relativas además de confusas e inequitativas porque están sujetas a una temporalidad en su ejercicio.

Política de fomento ¿A qué se deben incongruencias como la señalada? A que aún no se ha establecido una verdadera política de fomento a las actividades de las OSC del Distrito Federal. Indudablemente que encontramos apertura, esfuerzos, avances por parte de muchos funcionarios y servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, pero esas actuaciones positivas no constituyen todavía esa política de fomento que permanece en las disposiciones formales de la Ley de Fomento, pero sin llegar a concretarse en esa política que seguimos esperando las organizaciones que trabajamos en pro del Distrito Federal.

autorizadas, requisito establecido por la LISR como condición para ser consideradas las OSC como personas morales con fines no lucrativos y no contribuyentes del ISR, mismo requisito que el Código Fiscal del DF exigía a las OSC del Distrito Federal para recibir los estímulos fiscales previstos en el propio Código capitalino. Esta decisión abona en el camino de la autonomía del Distrito Federal en materias que le corresponden frente a la Federación, muy particularmente en materia fiscal, y esperamos sea un paso muy importante en ese camino. Esperamos que además, sea un buen augurio en la ruta debida hacia la integración de una política de fomento a las actividades de las OSC. Factores

INDUDABLEMENTE ENCONTRAMOS APERTURA, ESFUERZOS, AVANCES POR PARTE DE MUCHOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PERO ESAS ACTUACIONES POSITIVAS NO CONSTITUYEN TODAVÍA ESA POLÍTICA DE FOMENTO

Sin embargo, ha habido un paso significativo: la Asamblea Legislativa recuperó para el Distrito Federal, en principio, la facultad que le corresponde como entidad federativa, de formular sus criterios propios autónomos frente a los criterios de la Federación en aspectos de la materia fiscal relacionada con las OSC. Nos referimos a la reforma del Código Fiscal del Distrito Federal que eliminó el requisito de ser donatarias

que

han

impedido

vigencia real de la Ley de Fomento del Distrito Federal Considero como un importante factor que obstaculiza la vigencia efectiva de la Ley de Fomento del Distrito Federal, la falta de voluntad política firme y decidida para ello. Pesan aún, quizá, algunos elementos de supervivencia de prejuicios y prevenciones en contra de las OSC, lo que impide trascender el discurso para concretarlo en los hechos a través de una política realmente de fomento al quehacer de las organizaciones, que haga realidad la utopía consignada en la Ley de Fomento del Distrito Federal. Y en ese sentido se evidencian como inaplazables y urgentes las reformas y adaptaciones necesarias de las leyes y otras normas del Distrito Federal relacionadas con la 35

materia de la Ley de Fomento. Esa homologación resulta indispensable para la vigencia real y total de esta ley.

SE EVIDENCIAN COMO INAPLAZABLES Y URGENTES LAS REFORMAS Y ADAPTACIONES NECESARIAS DE LAS LEYES Y OTRAS NORMAS DEL DISTRITO FEDERAL RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA LEY DE FOMENTO

Tentativamente puede considerarse que para el ejercicio de sus derechos reconocidos en la Ley de Fomento, tanto en materia fiscal y acceso a recursos públicos, como de participación en espacios de decisión en políticas públicas, la legislación a armonizar

se referiría a: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Ley de Planeación, Código Fiscal del Distrito Federal, entre otras. En esas materias desde varios espacios de la sociedad civil organizada se cuenta con propuestas muy consistentes, profesionales, fundamentadas con seriedad y basadas en las experiencias directas en cuanto víctimas de las situaciones que la Ley de Fomento pretende remontar pero que se le ha obstaculizado en los términos a que se ha hecho referencia en esta exposición. Confiamos en los augurios positivos existentes para el logro conjunto de gobierno capitalino-OSC de las metas trazadas por la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal.

Panel: Balance relación sociedad civil-Estado: en lo local, nacional e internacional con Pilar Berrios de Convergencia, Gerardo Sauri de la CDHDF, Rafael Reygadas de la UAM-Xochimilco, Gabriela Sánchez del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora , Ernestina Godoy de la ALDF y Enrique Ortiz de HIC - Coalición Internacional para el Hábitat

Ernestina Godoy, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Gobernanza y participacion de las organizaciones civiles en la politica social: el caso del Programa de CoinversiOn para el Desarrollo Social del Distrito Federal Por Alfonso Pérez de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

a gobernanza es un enfoque teórico que ha sido propuesto en los últimos años para lograr mejores resultados en la administración pública e implica una nueva forma de relación entre el gobierno y la sociedad. Esta propuesta se caracteriza por un cambio en la visión del ciudadano como un actor gobernable con derechos y obligaciones normativas, ahora se trata de un portador de derechos, que se organiza para participar en algunas esferas del gobierno y que vincula el tema de la participación social2. Si bien la gobernanza hace referencia a la necesidad de buenas prácticas administrativas para alcanzar el desarrollo, también implica un giro en la concepción misma del Estado y de las políticas públicas que tienen un elemento innovador: la sociedad civil activa. 2 Se entiende por participación social “un proceso continuo de intervención de los actores de la sociedad civil en la formulación, gestión y evaluación de políticas y programas, a partir de canales e instancias estructuradas en las instituciones para procurar una creciente eficacia y adecuación de los servicios a las necesidades y demandas de la población” (Cardozo, 2008: 149).

LA GOBERNANZA TAMBIÉN IMPLICA UN GIRO EN LA CONCEPCIÓN MISMA DEL ESTADO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TIENEN UN ELEMENTO INNOVADOR: LA SOCIEDAD CIVIL ACTIVA

En este marco, el objetivo del presente capítulo es problematizar las temáticas de la gobernanza y la participación de las organizaciones civiles (OC) en la política social vinculándola con el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social (PCSDF). Este programa permite ejemplificar los alcances y limitaciones de la participación de las OC en los asuntos públicos relacionados con la política social. Para cumplir dicho objetivo, el primer apartado está centrado en analizar las propuestas de la gobernanza relacionados a la apertura del Estado en el tema de la participación social y, en el segundo, se analiza el PCSDF subrayando la influencia de las OC 39

en el desarrollo de la política social del país, es decir, el establecimiento de condiciones para promover en los ciudadanos mejores condiciones de vida, por lo menos en leyes, reglas de operación y apoyos indirectos que se traduzcan en mejorar la calidad de vida.3 I. Gobernanza y participación social Las sociedades modernas tienen como principio propiciar su desarrollo en diversos ámbitos. A partir del siglo XX se comienza a indicar categóricamente que el Gobierno tiene la tarea de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, por ello, cobra importancia las modalidades administrativas políticas que conformarán e integrarán en sus gestiones. Subsecuentemente, hacia finales del siglo XX, la democracia, como forma de gobierno, se concretó principalmente en países que tenían regímenes autoritarios, fue un proceso que se conoció como la tercera ola (Huntington, 1994). De forma paralela surgen nuevas propuestas en la práctica administrativa como la gobernanza y la gobernabilidad. La primera es entendida como “la habilidad del Estado para satisfacer el interés público por encima de los intereses particulares de quienes gozan de diferentes formas y grados de poder”. (CEPAL, 2007: 148). La segunda, es una relación entre peticiones ciudadanas y respuestas gubernamentales, como menciona Valdés. En su surgimiento hacía referencia a la capacidad de los gobernantes para mantener la conducción de las sociedades desde la es3 Es de resaltar que el estudio de caso se eligió porque los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y específicamente los de Coinversión se observa una participación muy activa de los ciudadanos, elemento trascendente para la gobernanza.

tructura política y administrativa del Estado, sin recurrir a excesos represivos, ni caer en crisis cíclicas. En el caso de los sistemas democráticos, el término también aludía a la estabilidad de las instituciones y los procesos políticos entrelazados en el efecto gubernativo de servicio y satisfacción de la sociedad, a partir de la expresión de los electores. (Valdés, 2008: 96) Para Aguilar, el concepto se centraba en el Estado como único actor y decisor de la conducción de la sociedad, además menciona que la cuestión de gobernabilidad no se caracteriza sólo por su referencia a la probabilidad de la crisis gubernativa, sino porque también hace suya la premisa de que el agente central o único de la conducción social es el Estado, concretamente los poderes públicos y, en particular, el gobierno ejecutivo mediante políticas públicas y su provisión de los servicios públicos. (Aguilar, 2006: 69) La gobernabilidad en la democracia era y es necesaria para garantizar el orden social, por el contrario, la ingobernabilidad, se veía como amenazante de este objetivo. De hecho, la sobrecarga fiscal que generaban los Estados de bienestar fue vista como una amenaza por lo que se recomendaba un “adelgazamiento del Estado y tareas de las que el gobierno debía dejar de hacerse cargo”. (Valdés, 2008: 97) Es decir, no bastaba con la democracia, que los teóricos clásicos enunciaban, los gobiernos tenían que ser lo suficientemente fuertes y capaces de responder a las necesidades de sus gobernados, tener el control en el ámbito social y no sólo en los referentes a la forma de asignar puestos de repre-

sentación pública y seguridad nacional. Sin embargo, el tiempo demostró que a pesar de que existían democracias con gobernabilidad, no era factor suficiente para alcanzar el desarrollo, necesariamente el Estado debía contar con otros elementos adicionales. Fue entonces que empezó a surgir el concepto de gobernanza que se entiende como “la capacidad para formular y ejecutar políticas de manera efectiva, lo que hace necesario que las instituciones gocen de legitimidad”. (CEPAL, 2007: 147). Esto puede ser complementado con la definición propuesta por Aguilar, quien menciona que la gobernación o gobernanza “es el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia -–fundamentales y coyunturales-- y las formas de coordinarse para realizarlos”. (Aguilar, 2006: 90). Con estas definiciones se puede señalar que la gobernanza, no sólo hace referencia a la participación de la sociedad en la definición de objetivos, sino que además trata que el proceso sea consensual, todo ello bajo esquemas que gocen de legitimidad. La gobernanza se caracteriza por ser un concepto postcrisis y sus secuelas hicieron posible distinguir entre la acción del gobierno y la gobernación de la sociedad o dirección efectiva de la sociedad. La distinción fue posible de ser pensada y aceptada sólo a raíz de la crisis vivida, en la que había sido evidente que el gobierno no bastaba para dirigir y que había sido factor de desgobierno en dimensiones importantes de la vida social, pero era algo impensable en el momento de auge del Estado social. (Aguilar, 2006: 80). Empero, en los años ochenta-noventa el concepto se insertó en las discusiones

filosóficas de política. Aunque se pueden distinguir variadas definiciones “la mayor parte de los hacedores y usuarios del concepto destacan como su nota esencial que la conjunción de actuar del gobierno con los agentes del mercado y de la sociedad civil es el hecho observable de cómo se practica hoy la dirección de la sociedad”. (Aguilar, 2006: 87). A manera de síntesis Aguilar retoma a Stoker para identificar los siguientes rasgos característicos del concepto de gobernanza (gobernación)4: a) implica un conjunto de instituciones y actores que se encuentran dentro y fuera del gobierno; b) registra que las fronteras y responsabilidades de lo público y lo privado hoy son permeables en el abordaje de los problemas económicos y sociales de una comunidad; c) reconoce la interdependencia (de poder, información, recursos) de las instituciones y los actores en la realización de sus objetivos; d) reconoce la existencia de redes sociales de actores autónomos que tienen capacidad de autogobierno en asuntos vitales para sus vidas y convivencia; e) reconoce que se pueden realizar situaciones deseadas sin necesidad de la autoridad y mando del gobierno. (Aguilar, 2006: 134). Gobernabilidad y gobernanza son conceptos íntimamente relacionados pues la eficiencia del gobierno para gobernar hoy no puede entenderse sin la gobernanza, es decir, de una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad. Este cambio, entre otros elementos, implica que las políticas públicas o políticas sociales no sean decisiones autoritarias e individuales, sino que ahora existan “los mecanismos de participación, consulta 4 Aguilar usa indistintamente el concepto de gobernación o gobernanza.

y diálogo […] para establecer prioridades de política pública, diseñar las políticas y evaluar su implementación y seguimiento”. (CEPAL, 2007: 151).

de políticas públicas o políticas sociales. Por ello, es común encontrar reflexiones sobre las estrategias de diversos gobiernos relacionadas con acepciones contemporáneas que motivan mejorar u obtener resultados favorables en sus políticas.5

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA SON CONCEPTOS ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS PUES LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO PARA GOBERNAR HOY NO PUEDE ENTENDERSE SIN LA GOBERNANZA, ES DECIR, DE UNA NUEVA FORMA DE RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

El desarrollo institucional del ámbito político permite observar de manera nítida cómo algunas prácticas, acciones y estrategias sociales motivan la participación ciudadana en los asuntos públicos. En específico nos referimos a las acciones de OC en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social federal y del Gobierno de Distrito Federal, lo anterior no se traduce en políticas sociales modernas totalmente eficientes, sino de prácticas que han logrado ser flexibles y han pasado por modificaciones en sus reglamentos internos que las han fortalecido, reconociendo que no se tratan de tareas acabadas. Principalmente porque los cuerpos teóricos no resuelven las fallas o actividades de las políticas sociales, sino es la misma revaloración y realimentación que posibilita el fortalecimiento de las acciones públicas.

Si bien la sociedad civil se ha ido fortaleciendo, debido a la apertura de canales de participación ciudadana, opinión e incidencia en la política, aún falta mayor desarrollo de la cultura de participación y mejorar los mecanismos para la práctica. (León, 2010). Se argumenta que es necesario transcender más allá de la simple emisión del voto y cimentar las bases para lograr una democracia efectiva, es decir, pasar de una noción relacionada puramente con la delegación y la representación de la democracia, en favor de canales múltiples de consulta, acuerdos, diálogo y concertación social. Actualmente el bagaje teórico incluye varias acepciones que proponen marcos de referencia para encaminar un modelo de desarrollo distinto en el cual la participación social es sustancial. Al inicio de estas páginas subrayamos la importancia de la gobernanza, no obstante, términos como el capital social, solidaridad, buenas prácticas, cohesión social permean en los discursos de promotores 42

I. Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal Las últimas tres administraciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se caracterizaron por innovar su política social, en 5 Isabel Ortiz: Guías de orientación de políticas públicas. Política Social. Organización de Naciones Unidas, Nueva York, EU, 2007; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2007; Raúl Atria y Marcelo Siles, Comps. Capital social y reducción de la pobreza: en busca de un nuevo paradigma. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2003.

años recientes se impulsaron el enfoque de derechos, la universalización de los mismos y la participación ciudadana en cada etapa de la elaboración de las políticas públicas.6 En este marco se encuentra el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal (PC-DF), el cual entró en operación en la Ciudad de México durante el periodo 1997-2000, derivado de la necesidad de vincular los esfuerzos del GDF, las OC y los organismos internacionales (Agencia de Cooperación Internacional Novib), posteriormente, los recursos del programa se amplían y se busca la conjunción de otras instituciones, ofreciendo con esto una mayor oferta para las OC. El programa promueve la realización de proyectos sociales, diseñados y ejecutados por las OC, dirigidos a incrementar los niveles de cohesión y organización social, así como al desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos de la ciudadanía para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, las familias, los grupos, las comunidades y sectores sociales7. Asimismo, el PC-DF se propone reforzar procesos de articulación y cooperación entre las OC y las instancias de gobierno central y 6 Véase, Manuel Canto y María del Pilar Berrios: Los espejos de la política social. Articulación gubernamental y participación ciudadana en la Política Social del Distrito Federal. México: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 2012; Arcelia Martínez y Manuel Canto: Quince años de política social en el Distrito Federal. Balance y propuestas para su fortalecimiento. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, México, 2012. 7 En los últimos años conceptos como cohesión y capital social están permeando la elaboración de políticas sociales en México, esto a raíz de propuestas de organismos como la CEPAL, la Unión Europea y ONU. Isabel Ortiz: Guías de orientación de políticas públicas. Política Social. Organización de Naciones Unidas, Nueva York, EU, 2007; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2007.

delegacional, a partir de iniciativas ciudadanas y comunitarias que incidan en el campo de lo público y propicien una sinergia social que favorezca el desarrollo social desde el territorio y el pleno ejercicio de los derechos sociales. a) Elementos generales del PC-DF El marco legal del PC-DF se encuentra fundamentado en la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles; la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006. La dependencia responsable de dar seguimiento al PCS-DF es la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. No obstante, en el diseño de los lineamientos, mecanismos de operación, la convocatoria anual para proyectos de OC, los procesos de recepción y de dictamen de proyectos se incluye la participación del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Estas dependencias coinvierten para crear el fondo del programa, las cuales de manera independiente celebran convenios de colaboración para la entrega de los recursos económicos correspondientes a los proyectos seleccionados, así como para hacerse responsables del seguimiento de los mismos. (GODF, 2011: 18). El objetivo general del PCSDF suscribe que se debe conjugar recursos, experiencias y conocimientos de instituciones públicas, privadas y organizaciones 43

civiles en una relación de corresponsabilidad, para emprender acciones en materia de desarrollo social e impulsar la más amplia y diversa participación de la ciudadanía y de las comunidades en la transformación de su entorno y la construcción de una ciudad con equidad”. (GODF, 2011:18).

tración Pública del Distrito Federal o con los organismos autónomos. También participar, de manera obligatoria, en el taller integral de derechos humanos, perspectiva de género, acceso a la información pública y rendición de cuentas gubernamentales en las fechas establecidas en cada convocatoria.9

De acuerdo con su normatividad, para lograr su objetivo, el programa se apoya en cinco estrategias fundamentales: financiamiento proyectos que cumplan con los criterios de las convocatorias, capacitar y orientar a las OC en la ejecución de sus proyectos; difusión de la convocatoria y fines del programa, evaluar los proyectos a partir de su vinculación con la problemática atendida y los resultados; y promoción de procesos de participación ciudadana a partir de la ejecución del proyecto cofinanciado.8

El programa tiene establecidos principios rectores, estos son: la inversión tripartita,10 transparencia en el ejercicio del gasto y rendición periódica de cuentas; espacios de coordinación temática bajo el principio de construcción de consensos y delimitación de ámbitos de competencia y responsabilidad; sustentabilidad de los proyectos a mediano y largo plazos; complementariedad entre proyectos y organizaciones; legalidad de las acciones e innovación en las iniciativas, modelos de intervención y metodologías para atender problemáticas sociales que demandan respuestas emergentes.11 Además de lo anterior, el PC-DF fomenta la participación e inclusión de los distintos sectores de la sociedad atendidos por las OSC a través de acciones para impulsar la más amplia y diversa participación de la ciudadanía y de las comunidades en la transformación de su entorno y la construcción de una ciudad con equidad.

Los recursos del PCS-DF se encuentran dirigidos a las OC con actividades en pro del desarrollo social. Para poder acceder a estos recursos es necesario, entre otros requisitos, encontrarse inscritas en el Registro de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal, contar con un proyecto que reúna los criterios considerados en la convocatoria, extender una carta compromiso en la cual manifiesten su interés en participar en el programa; una carta compromiso en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no cuentan en su cuerpo directivo con personas desempeñando empleo, cargo o comisión en el servicio público o en algún partido político; una carta compromiso en la cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no tienen adeudo con la Adminis8 www.equidad.df.gob.mx/programas/coinversion.html [consulta: 30 de enero de 2013]

b) Participación de las OC en el PC-DF A pesar de que el PC-DF es un mecanismo de apoyo y fomento de las actividades de las OSC, la relación que se establecen entre ambas suele presentar diferencias, ya que a decir de los operadores del programa, 9 www.equidad.df.gob.mx/programas/coinversion.html [consulta: 30 de enero de 2013] 10 Aportaciones de las OC, cooperación Internacional y del GDF 11www.equidad.df.gob.mx/programas/coinversion.html [consulta: 30 de enero de 2013]

en ocasiones, las organizaciones pretenden ser el hilo conductor de la política pública, contrariamente los funcionarios responden que deben ser tomadas en cuenta por su experiencia en los diferentes temas, pero sólo es un apoyo, y aunque no se soslaya el trabajo de las OC, es necesario trabajar de manera conjunta, sociedad civil y gobierno; ellas identificando y estudiando aspectos de la política pública que ya han trabajado y los funcionarios, operándola.12 A partir de 2008 se realizó un análisis de las modalidades de participación de las OC, cuando no salían beneficiadas por diversas razones, como la forma administrativa o su capacitación. Se vio la necesidad de capacitarlas en diferentes temáticas. El PCS-DF cuenta con dos ejes transversales importantes por considerar en los mismos proyectos a desarrollar; uno de ellos es el eje transversal de género y el otro es de derechos humanos, temas que deben incluirse en los proyectos. De esta manera, se generó capacitación a las OC, por un lado a las nuevas, a las que apenas se estaban constituyendo y, por otro lado, con un diplomado a las que ya tenían muchas más experiencia de participación y de trabajo en comunidad. Derivado del análisis que se hizo en 2008 con las organizaciones y a partir de la información contenida en el registro de organizaciones, los funcionarios realizaron cruces de información con las OC que participaban en el PCS-DF y se identificaron carencias en la presentación de sus proyectos y la inclusión de los ejes transversales, las representaban otra complicación. Por ello, la secretaría se dio a la tarea de capacitar a las mismas organizaciones con otras or12 Entrevista a Gabriela Romero Martínez, subdirectora de Promoción y Fomento para la Equidad.

ganizaciones que manejaran los temas, y así trabajar de manera conjunta el gobierno y la sociedad civil dentro de un marco de corresponsabilidad. Desde el PCS-DF se han impulsado políticas públicas respecto de sus ejes temáticos. Durante 2011 se promovió el desarrollo comunitario, participación social y ciudadana. En este ejercicio se contaron con siete ejes temáticos: promoción de los derechos humanos, no discriminación, diversidad familiar, sexual, cultural y étnica, fortalecimiento para el sano desarrollo y garantía de los derechos para las poblaciones en desventaja social, prevención y atención de la violencia en el interior de las familias y el fortalecimiento de la diversidad familiar, la promoción y acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos y a una vida libre de violencia y la promoción y fortalecimiento de la contraloría ciudadana. La interlocución entre OC y el PCSDF también realiza reuniones formales de acuerdo con los ejes temáticos que se trabajan, en otras palabras se presentan los proyectos con los cuales participan. Éstos tienen que ver con la especialidad de cada una de las organizaciones y la temática que van a desarrollar, y por otro lado el interés que cómo gobierno o cómo Secretaría de Desarrollo Social se interese en ellos. Por ejemplo, a partir del Programa de Derechos Humanos (PDH), y en atención a la comunidad lésbico-gay, se hizo un primer diagnóstico desde el año 2010, ese fue un interés del sector gobierno, ir fortaleciendo el trabajo en pro de los derechos humanos de esa comunidad. 45

En resumen, PCS-DF es uno de los pocos programas que además de buscar la realización de sus objetivos, incluye la articulación intergubernamental e intersectorial con otros actores sociales e instancias públicas. Con la participación de Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info-DF) y otras instancias, busca de una manera adecuada, atender las distintas problemáticas de la ciudadanía, promoviendo al mismo tiempo la participación y exigibilidad de su derecho a la decisión. Los mismos funcionarios que operan el programa ven como ventaja del PCS-DF la homogeneidad administrativa y de procesos, es decir, las mismas reglas de operación y convocatoria, los documentos internos y convenios son semejantes entre las dependencias participantes. Otra bondad del programa es que se permite el apoyo externo de organizaciones comenzando a organizar el primer foro de las OC para ver hacia dónde va la sociedad civil organizada ante la falta de presupuesto y analizar su incidencia en la política pública. Una de las deficiencias, hasta ahora percibidas en la información disponible, es la falta de una descripción de las funciones de las instancias participantes, así como del personal que opera directamente el programa. Como se puede ver el espíritu de coinversión de ambos programas tienen diferencias sustanciales en su operación. En primer lugar son los recursos canalizados, el gobierno federal tiene más convocatorias y más recursos, además de un sistema que le permite ingresar los proyectos, tiene mayor claridad y transparencia en el proceso de dic46

tamen y los padrones de OC beneficiadas. En el caso del DF, los recursos son menores y la infraestructura técnica se encuentra rezagada, los proyectos se adscriben a una convocatoria general y se presentan con requisitos menos engorrosos o menos técnicos. El punto más criticable atañe a la calidad de los resultados o el posible impacto. Hasta ahora no existe, por parte de las instituciones operadoras, una metodología que permita observar los avances de las prácticas o estrategias apoyadas a OC. Lo anterior sería de gran beneficio conocerlo, ya que al demostrar que los apoyos de coinversión potencian los recursos e impactan positivamente en la mejoría o el incremento de calidad de vida de sectores marginados o pobres, se tendrían que canalizar más recursos a la sociedad civil. Por otro lado, se ha señalado que existe dependencia de los programas sociales y que se está creando una sociedad civil dependiente de los recursos que oferta la administración pública, otros autores señalan que son negocios sociales en el mejor de los casos. Otras indica que se llega a lucrar con la pobreza, en la medida que se demuestren las bondades de la sociedad civil, no sólo en papel, y que se avanzará en los niveles de gobernanza y se complejizará el discurso y resultados de ambos actores. Otro elemento es la falta de transparencia de los resultados del GDF, así como sus procesos de dictaminar. Conclusiones La política social mexicana en la segundo decenio del siglo XXI es mucho más compleja en su operación, gestión y concreción. Parte de las acciones del gobierno se orientan a generar programas o estrategias

conocidas como política social. En México existe una larga tradición de años, incluso se puede señalar decenios, en el tratamiento de acciones políticas que intentan atender los problemas de la población vulnerable, pobre, marginada. A inicios de los noventa, se aceleran los procesos de democratización en los procesos electorales, es decir, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzaría a ceder puestos de representación pública, gracias al empuje social exigiendo derechos políticos. De manera paralela, las organizaciones civiles impulsaron acciones mediante alianzas con el gobierno.

EL PROGRAMA DE COINVERSIÓN NOS DA UNA MUESTRA DEL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA POLÍTICA SOCIAL PUES LOS GOBIERNOS --DENTRO DE LO POSIBLE-- PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN DE OTROS ACTORES

El programa de coinversión nos da una muestra del cambio de paradigma en la política social pues los gobiernos --dentro de lo posible-- promueven la participación de otros actores. En el caso de este programa, el objetivo es asignar recursos públicos para la presentación de proyectos elaborados por las OC, de acuerdo con su propia percepción de cómo solucionar determinados problemas sociales que son lanzados a través de las convocatorias. Esta forma de concebir la política social aduce a la capacidad de innovación que se encuentra diseminada en la sociedad y no se concentra exclusivamente en

las soluciones emanadas del Estado para resolver los problemas que afectan a la población. Sin embargo, aunque en el caso de este programa, se da prioridad a la colaboración entre el gobierno y las OC para ejecutar la política social, ésta sólo es una participación a corto plazo en la cual no existe la posibilidad que las OC participen en la definición de la política social, sino que prioritariamente participan en la operación y en la oferta de servicios, sin tomar en cuenta una mirada de largo plazo. El gobierno y las OC tienen un enorme potencial para operar juntos a favor del bienestar social de la población. El PCDSDF nos permite observar cómo gobierno y OC se relacionan, abandonando el clientelismo y transitando hacia un trabajo conjunto bajo reglas institucionales. Es un hecho que el PCSDF representa un programa importante para las OC, por la cantidad de recursos suministrados; además se puede apuntar que es un esfuerzo por evitar la duplicidad de programas, funciones y recursos, pues las instituciones participantes en el fondo intergubernamental, no se limitan a la aportación del recurso financiero, sino que su participación trasciende a la selección de los proyectos y el seguimiento en la operación de los mismos. No obstante, el programa es susceptible de ser mejorado y reforzado; es conveniente la inclusión de otras instancias de los demás niveles de gobierno, con el fin de ampliar los temas y problemáticas atendidas por el programa y dar una amplia cabida a un mayor número de OC. Si por gobernanza entendemos la cooperación o colaboración, tendríamos que decir que en efecto se cumple, pero esta 47

colaboración es mucho más elaborada y tecnificada, es decir, al menos los lineamientos generales propuestos son una realidad, pero ahora falta dar otros pasos, por ejemplo, observar el impacto de estas colaboraciones o para utilizar el mismo lenguaje medir el nivel de incidencia de las prácticas positivas y más aún la calidad de las políticas sociales. Por supuesto que ahora se puede indicar que es

necesario matizar con mayor nitidez las posibles categorizaciones de las OC. Es necesario reconocer que no toda la sociedad civil tiene las posibilidades de generar gobernanza y menos aún buenas prácticas, amén del gobierno en cualesquiera de sus niveles

Bibliografia: Huntington, Samuel: La Tercera Ola, la democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Paidós, 1994. Pardo, María del Carmen: “Política Social”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, Una Historia contemporánea de México, México: Océano- El Colegio de México, 2009. León, Alfonso: Las organizaciones Civiles de México, su contribución en la democratización del espacio público. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2010. Ortiz, Isabel: Guías de orientación de políticas públicas. Política Social. Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 2007. Aguilar, Luis: Gobernanza y gestión pública. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. Canto, Manuel: “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo”. Política y Cultura 30, (2008): 9-37. Canto, Manuel y María del Pilar Berrios: Los espejos de la política social. Articulación gubernamental y participación ciudadana en la Política Social del Distrito Federal. México: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 2012. Cardozo, Miriam: “Gestión y evaluación participativas en políticas sociales”. Política y Cultura 30, (2008): 137-163. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007. Valdés, Francisco: “Gobernanza e instituciones. Propuestas para una agenda de investigación” Perfiles Latinoamericanos 31, (enero-junio, 2008): 95-119. Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF). Lineamientos y mecanismos de operación que regirán al programa de coinversión para el desarrollo social del distrito federal 2011. México: Gobierno del Distrito Federal, 2011.

Gerardo Sauri, Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF)

Panel: Marco normativo y régimen fiscal local con Ana María Salazar, María Magdalena López de Convergencia y Consuelo Castro del Centro Mexicano para la Filantropía, AC

PolIticas de fomento a laS actividades de desarrollo social de las OSC. financiamiento para el desarrollo, espacios de participaciOn y el diAlogo social Por Víctor Mares de Convergencia de Organismos Civiles, AC

Características de una pública

política

Las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad (Canto, 2002). Importancia de generar una política pública de fomento Podemos entender a las OSC como espacios de formación ciudadana y democrática, de reivindicación de los derechos de mujeres y hombres, espacios de organización, encuentro y concertación de los más diversos grupos sociales, e instrumentos de interacción con los otros actores del desarrollo para la toma de decisiones, se constituyen en bienes

de la sociedad, y son promotoras de bienes públicos que el Estado debe proteger y promover. Así, la política pública de fortalecimiento de las OSC se constituye en una herramienta para que el gobierno, otros actores del desarrollo y las mismas OSC definan un horizonte común para la consolidación y promoción de éstas, como expresiones colectivas a favor del bien público.*

LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSC SE CONSTITUYE EN UNA HERRAMIENTA PARA QUE EL GOBIERNO, OTROS ACTORES DEL DESARROLLO Y LAS MISMAS OSC DEFINAN UN HORIZONTE COMÚN PARA LA CONSOLIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE ÉSTAS

En esta perspectiva, la política pública para el fortalecimiento de las OSC se constituye en una prioridad para continuar avanzando 51

en la construcción de un modelo de gestión centrado en la gobernanza, en el que las OSC cuenten con las condiciones para su sostenibilidad y actuación como actores de relevantes y, en consecuencia, se promueva con todos los actores del desarrollo y de la vida en común una interacción constante y construyan confianzas que favorezcan la construcción de nuevos entendimientos sobre las fortalezas, las perspectivas y los problemas de la ciudad y nuevas maneras de abordarlos para lograr los objetivos de desarrollo. OSC como componente fundamental del capital social El indicador más concreto del capital social de un territorio es la calidad y la densidad de las organizaciones sociales. Una amplia y diversa cantidad de éstas con altos niveles de interacción entre sí, y de ellas, con el mundo político, económico y con la sociedad en general, constituyen un elemento fundamental para la vida democrática de una sociedad. A mayores niveles de organización, mejores posibilidades para el desarrollo sobre los pilares de la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales y, en especial, para la profundización de la democracia.

EL INDICADOR MÁS CONCRETO DEL CAPITAL SOCIAL DE UN TERRITORIO ES LA CALIDAD Y LA DENSIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.

Preguntas para el panel »» ¿Cuáles son las características de la política de fomento a las actividades de desarrollo de las OSC del DF? Se puede considerar que hay cuatro elementos centrales que permiten identificar la existencia de una política pública.* Implicación de gobierno, percepción de problemas, definiciones de objetivo y el proceso de implementación. Entonces es posible decir que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado cosas percibido como problemático. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción gubernamental se desarrolla para y a través de actores sociales. Una política pública de fomento a las actividades de las OSC deberá entenderse como el conjunto de objetivos, recursos, estrategias, actores, instituciones, procedimientos y trámites o requisitos simples; articulados con el propósito de promover las actividades de utilidad general o de interés público que, de manera autónoma, realizan las OSC. En este sentido, una política de fomento articulada deberá incluir apoyos económicos o en especie y estímulos fiscales o de otro tipo, otorgados mediante mecanismos que garanticen certeza jurídica, normatividad específica para el ejercicio y comprobación de los recursos, estabilidad en los recursos, transparencia y rendición de cuentas, perspectiva de largo plazo, respeto a la autonomía de las OSC y democratización

de los espacios de toma de decisiones. En la Ciudad de México podemos decir que tenemos un marco normativo de avanzada, ¿qué es esto?, se han configurado diversas leyes de reconocimiento y promoción de los derechos humanos, tal es el caso de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2011), Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008), Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles (2000), Ley de Desarrollo Social (2000), entre otras. Existe un marco institucional establecido, donde participan organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, el Info-DF, Mecanismos de de Evaluación y Seguimiento del PDHDF, Inmujeres. Así como instancias de gobierno: la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social mediante la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, que realizan acciones de interlocución con organismos civiles. Se han generado espacios consultivos donde se busca la vinculación entre gobierno y sociedad civil, tal es el caso del Consejo de Desarrollo Social, Consejos Delegacionales de Desarrollo Social, el Consejo Económico y Social y recientemente el Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles en el DF. Se han diseñado y ejecutado Programas de financiamiento a las actividades realizadas por OSC, por ejemplo el Programa de Coinversión Social para el Desarrollo Social del DF, que involucra a diferentes entidades públicas y se dirige a distintas temáticas; el Pro-

grama de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (Profais), el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, que si bien este último no está directamente dirigido a organizaciones civiles, sí fomenta la participación y asociación ciudadana.

AUN CUANDO CONTAMOS CON AVANCES INSTITUCIONALES IMPORTANTES EN MATERIA DE FOMENTO A OSC Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA POLÍTICA HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OSC AÚN PRESENTA SERIOS REZAGOS

Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar las actividades y política de Fomento a las Actividades realizadas por OSC en la Ciudad de México?, podemos decir que en el Distrito Federal tenemos un marco favorable-con problemas de ejecución, esto es, aun cuando contamos con avances institucionales importantes en materia de fomento a OSC y participación ciudadana, la puesta en práctica de una política hacia el fortalecimiento de las OSC aún presenta serios rezagos, por un lado persiste la idea de que las OSC representan más que un aliado en el avance del desarrollo social, un actor que en cierta medida dificulta la operatividad del gobierno, más trabajo. Por otro lado, los espacios de vinculación entre gobierno y ciudadanía son poco utilizados y son percibidos por algunos actores del movimiento social, cómo los espacios donde se busca legitimar la política, su 53

composición y lo limitado de las atribuciones hacen imposible incidir por esta vía, puesto lo que se privilegia es la concertación y la colaboración y las decisiones que ahí se toman no son vinculantes. Por lo mismo consideran que muchas veces es preferible la presión y la negociación mediante los mecanismos no institucionalizados. Asimismo, los programas de financiamiento como el Programa de Coinversión Social se han centrado más en fungir como un programa de transferencia de recursos, que uno que promueva la corresponsabilidad entre actores gubernamentales y sociales y sirva para abonar el desarrollo social de la ciudad. »» ¿Cuáles son los elementos necesarios para reforzar un esquema de coinversión gobierno y sociedad en la Ciudad de México?, ¿Por qué evaluaciones cuantitativas en lugar de evaluaciones de impacto? 1) Incluir a las OCS en el diseño, implementación y evaluación del programa y no sólo en la valoración de los proyectos. 2) Sistematizar las experiencias de las OSC y valorar su inclusión en las actividades realizadas por el GDF en materia de desarrollo social. 3) Analizar y promover la continuidad de experiencias exitosas realizadas por OSC mediante el programa. 4) Establecer criterios y mecanismos de evaluación que muestren los resultados e impactos de los proyectos, a la par de las valoraciones cuantitativas. 54

»» ¿Cómo avanzar para que la coinversión sea considerada más que un instrumento de financiamiento? 1) Fortalecer la corresponsabilidad que persigue el programa, no sólo en términos de asignación compartida de recursos, sino en la construcción de una dinámica entre las partes, basada en la confianza mutua, la delimitación precisa de ámbitos de responsabilidad y competencia; la generación de procedimientos de trabajo y toma de decisiones sustentadas en la primacía del diálogo, el consenso y la construcción conjunta, que se encamine al desarrollo social Número de OSC, según el registro federal: 4,632 (OSC activas = 3,941 y OSC inactivas = 691 ) Número de OSC en el registro de DGIDS: 795 »» ¿Cómo reforzar, activar y reactivar los espacios para la incidencia ciudadana en las políticas públicas en los ámbitos central y delegacional? Es necesario que desde las OSC empujemos la reactivación de los espacios de diálogo social, como son los consejos antes mencionados, mediante la exigencia de respeto de las OSC como actores del desarrollo y de su autonomía. »» ¿Cómo hacer transversal la política de fomento en todas las instituciones del gobierno del DF?

Marco Normativo Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el DF y su reglamento Artículo 2. - Para los efectos de esta ley se consideran actividades de desarrollo social las que realicen en el Distrito Federal, sin ánimo de lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines confesionales o político partidistas y bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten… Actividades de desarrollo social: todas aquellas destinadas al reconocimiento y promoción de los derechos, de la ampliación de las libertades civiles y políticas, los derechos económicos, sociales y culturales, la protección a la vida y la integridad de las personas y las comunidades, la mejoría de las condiciones materiales y emocionales, el abatimiento de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la inequidad social, la construcción de comunidad, el fomento de las relaciones de respeto, solidaridad y apoyo mutuo, el ejercicio de la diversidad cultural, el fortalecimiento del interés público, la construcción de la equidad de género, el desarrollo urbano incluyente y todo aquello que eleve la calidad de vida y la cohesión social. De los derechos y obligaciones de las organizaciones civiles Artículo 10. - Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal adquirirán los derechos siguientes: I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y estrategias de política de desarrollo social del Distrito Federal; II. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana que en materia de desarrollo social establezca la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; III. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social y en la promoción de mecanismos de contraloría social, dentro del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; IV. Recibir los bienes de otras organizaciones civiles que se extingan, de conformidad con sus estatutos y sin perjuicio de lo que dispongan otras disposiciones jurídicas; V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos y fondos públicos que, para las actividades previstas en esta ley, y conforme a las disposiciones jurídicas de la 55

materia, destina la Administración Pública del Distrito Federal; VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y administrativos que otorgue la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia; Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal Artículo 39.- La sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación de los programas y acciones de desarrollo social, de acuerdo a lo establecido por la ley y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, las organizaciones empresariales y todas aquellas cuyos objetivos se comprendan en el concepto de desarrollo social, podrán participar con el gobierno en la ejecución de políticas de desarrollo social, sin perjuicio de las obligaciones que la ley impone a la administración, así como generar iniciativas de proyectos y programas que serán presentadas a la secretaría. Artículo 41.- Con el fin de fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo social se promoverá la constitución de fondos de desarrollo social, programas de coinversión y de asistencia y financiamiento a organizaciones civiles, en los que tanto gobierno como organizaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación concurran con recursos de todo tipo para el desarrollo de proyectos de innovación en el desarrollo social. Balance sobre la operación de programas de vinculación y corresponsabilidad entre GDF y OSC Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social y la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad como Instancia de Seguimiento; el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, a través de la Dirección General y sus áreas competentes; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de la Dirección General y sus áreas competentes, y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, a través de la Dirección General y sus áreas competentes participan de manera conjunta en la elaboración de las presentes reglas de operación y de la convocatoria pública, así como en el proceso de recepción y dictaminación de proyectos; para lo cual, crean un fondo que integra el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social, por 56

lo que no existe duplicidad de programas. a) Alcances: El Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal es un programa de fomento que otorga ayudas sociales para la realización de proyectos sociales, diseñados y ejecutados por las Organizaciones Civiles en la Ciudad de México, con base en la programación presupuestaria establecida para cada ejercicio fiscal, y conforme a la participación de las distintas instituciones co-inversionistas. Para este año se espera recibir aproximadamente 280 proyectos y se espera aprobar al menos 101, para igual número de organizaciones civiles incorporadas al Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal. b) Objetivo general: Financiar proyectos de las organizaciones civiles, que permitan conjugar recursos, experiencias y conocimientos en una relación de corresponsabilidad con el Gobierno del Distrito Federal; para emprender acciones en materia de desarrollo social e impulsar la más amplia y diversa participación de la ciudadanía y de las comunidades en la transformación de su entorno y la construcción de una ciudad con equidad e igualdad. La programación presupuestaria asignada para el ejercicio fiscal 2013 para los proyectos aprobados a las organizaciones civiles es la siguiente: la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social aportará $ 7’085,963.00 (siete millones, ochenta y cinco mil, novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.); el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal aportará $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M. N.); el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal aportará $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N) y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal aportará $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). El presupuesto total del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2013, asciende a $12’335,963.00 (doce millones, trescientos treinta y cinco mil, novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.). El monto mínimo de apoyo por proyecto será de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.).

TEMATICA

OSC

INSTANCIA

Desarrollo comunitario, promoción de la cultura y comunicación social alternativa.

DGIDS

Promoción y fortalecimiento de las políticas sociales.

DGIDS

Promoción de los derechos humanos, no discriminación, diversidad familiar, sexual, cultural y étnica.

DGIDS

Fortalecimiento para el sano desarrollo y garantía de derechos humanos para poblaciones en desventaja social.

DIF

Prevención y atención de la violencia al interior de las familias y fortalecimiento de la diversidad familiar

DGIDS

Promoción y acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos y a una vida libre de violencias

Inmujeres DF

Participación social y ciudadana

Evalúa-DF

Total

100

Cuadro 1. Organizaciones apoyadas en el programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal, 2013

Valoración La idea que prevalece actualmente, tanto por el lado de gobierno como por el de la mayoría de las organizaciones, es que sólo se trata de “un programa de fomento que otorga ayudas sociales a organizaciones civiles y sociales (OSC) sin fines de lucro”. (LMO. Coinversión 2011) es decir, a estas alturas, se trata tan sólo de un programa de transferencia de recursos. En la evaluación realizada en el 2004 se establece que “la intencionalidad del programa no se limitó a tratar de potenciar los recursos de las organizaciones para implementar proyectos de desarrollo social, sino que se planteó favorecer la construcción de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad basada en la corresponsabilidad, a través de un modo de intervención social que respondiera a las necesidades de la ciudadanía”. Por lo anterior, la garantía para sostener esta apuesta de corresponsabilidad y cogestión, implicaba la construcción de una dinámica entre las partes basadas en la confianza mutua, la delimitación precisa de ámbitos de responsabilidad y competencia y la generación de procedimientos de trabajo y toma de decisiones sustentadas en la primacía del diálogo, el consenso y la construcción conjunta. Ello no ocurrió, por el contrario, hubo una involución en esos términos. La relación se establece entre las organizaciones en lo particular con cada una de las dependencias gubernamentales que financia el proyecto y fundamentalmente en términos de operación y financiamiento del proyecto. Se perdió el sentido de corresponsabilidad. Se ha perdido también la posibilidad de incidir en el diseño, ejecución y evaluación del programa.

Los documentos en los cuales se ha analizado o evaluado al Programa de Coinversión para el Desarrollo Social, parece haber coincidencia de opinión sobre la escasa vinculación de los proyectos insertados en el Programa, con la temática social abordada en los Consejos Delegacionales. “No en todas las delegaciones existen los consejos consultivos en los cuales se pueda participar y no en todos los que existen las OSC consideran valioso participar.” (Evaluación 2004). El grado de inserción de las organizaciones y sus proyectos, en estas instancias de participación ciudadana, ha sido muy desigual. Unas han logrado participar a nivel del gobierno central, otras se han adentrado en los consejos técnicos de instituciones públicas (como el Instituto de las Mujeres del DF) y otras más han colaborado con el mismo Consejo Consultivo de Desarrollo Social, con el agravante de que éste prácticamente ya no opera. Se debe cuidar la cada vez mayor burocratización y el control sobre las organizaciones civiles que, como dicen algunos investigadores, se convierten en entidades parapúblicas sometidas al control burocrático reduciendo así algunas de las ventajas comparativas que usualmente se atribuyen a las organizaciones civiles como la flexibilidad y la capacidad de innovación. Los problemas y recomendaciones realizados en evaluaciones previas no se han podido superar, por el contrario muchos de los problemas y tensiones se han agudizado, el programa se ha convertido solamente en una bolsa de recursos, lo que ha ocasionado y fomentado ciertas perversiones en cuanto a la participación. En buena medida la fragmentación y división entre las organizaciones y la captación de fondos para su continuidad y desarrollo genera relaciones de competencia más que de cooperación. Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (Profais). Dependencia o entidad responsable del programa La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social en la Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional Objetivo general Contribuir al incremento de las capacidades físicas, mentales y sociales de los usuarios de las instituciones de la sociedad civil, (A.C., S.C., I.A.P.), logrando así el desarrollo autónomo de individuos, familias o grupos de población de escasos recursos, con algún tipo de exclusión social.

Objetivos específicos ◆◆ Financiar proyectos impulsados por instituciones de la sociedad civil para que por medio de su infraestructura física y técnica promuevan el desarrollo y bienestar de la población con algún tipo de exclusión social. ◆◆ Ampliar, a través del financiamiento, la cobertura asistencial para beneficio de los habitantes del Distrito Federal. ◆◆ Crear un esquema de capacitación y asesoría permanente para las instituciones de la sociedad civil, que permita dinamizar esquemas de trabajo conjuntos entre el IASIS y este tipo de instituciones. ◆◆ Coadyuvar con las instituciones de la sociedad civil, que sean financiadas por el Profais, para que promuevan sus logros y metas alcanzados, presentando resultados en foros públicos que generen un vínculo hacia la sociedad en general. Metas físicas ◆◆ Se financiará a un aproximado de 120 instituciones de la sociedad civil, de las cuales el Instituto de Asistencia e Integración Social financiará a 38 con recursos propios del instituto y el resto con recursos de la co-financiadora participante en el programa; el IASIS realizará la supervisión y evaluación de todas las organizaciones financiadas. Programación presupuestaria El total anual presupuestado para el ejercicio fiscal 2013 para el Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social en el Distrito Federal es de $3,600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). Análisis En este caso, no existe tampoco intervención directa de los ciudadanos y las organizaciones participantes en relación al diseño del programa. El programa ha sido diseñado básicamente por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, y sólo en un segundo momento, las organizaciones han participado en la elaboración de propuestas para ciertas modificaciones del programa y de su vinculación con el Programa de Coinversión.

Con relación a la ejecución, los ciudadanos y organizaciones beneficiarias cuentan también con distintas modalidades de participación, como la elaboración de los propios proyectos, la gestión de los mismos, la puesta en operación, la supervisión y la rendición de cuentas. En este caso, la participación sí trasciende algunas veces a una intervención comunitaria más activa en la atención a los problemas propios de la asistencia social y, en ese sentido, hay una cierta continuidad de la participación más allá de la duración de los proyectos. En cuanto a los resultados, generalmente son positivos y los proyectos son llevados a término, lo que da lugar a una intervención directa de los beneficiarios del programa en los logros conseguidos y el cumplimiento de los objetivos. Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial a) Alcances El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial es un programa de ayudas sociales cuya trascendencia está enfocada en alcanzar la mejora en la calidad de vida socio-territorial de los habitantes de la Ciudad de México, particularmente en aquellos lugares que tengan altos grados de conflictividad social y/o degradación urbana o estén clasificados como de media, alta y muy alta marginalidad, y que permita revertir los procesos de discriminación, exclusión, segregación socio-territorial en la ciudad y la recomposición del tejido social. b) Objetivo General Desarrollar un proceso integral, sostenido y participativo con equidad de género para el mejoramiento de los espacios públicos de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales de la Ciudad de México. c) Objetivos Específicos ◆◆ Promover la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de la política social del Distrito Federal, en el ámbito del mejoramiento del entorno urbano, la construcción de infraestructura social y la recuperación de los espacios públicos para el uso y disfrute de mujeres y hombres. ◆◆ Impulsar el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de todos los residentes de la Ciudad de México. Financiar proyectos que mejoren las condiciones de vida territorial y las oportunidades 61

de desarrollo de los habitantes de las zonas en condiciones de mayor rezago social y degradación urbana. Población objetivo El programa está dirigido a los ciudadanos residentes en el Distrito Federal que realicen proyectos de recuperación y mejoramiento barrial o de espacios públicos en la Ciudad de México en las zonas de muy alta, alta y media marginación que presenten proyecto en la fecha establecida por la convocatoria. d) Cobertura Tomando en consideración las características y experiencias de años anteriores del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, la cobertura de proyectos aprobados deberá ser de 200. Valoración En cuanto al fomento de la participación y su impacto en el territorio, salvo contadas excepciones, no ha sido muy buena. La fragmentación y pugnas políticas y sociales en el territorio y la cultura política que prevalece, aunado al desprestigio y la desconfianza hacia las autoridades no ayudan a ello. Para superar lo anterior se requiere de un trabajo titánico realizado por los mismos vecinos pero con el apoyo continuo de los diversos actores que participan en el programa. La relación con los comités ciudadanos es prácticamente inexistente y después de las elecciones vecinales que --de acuerdo con diversos testimonios y el seguimiento que se hizo del proceso-- fragmentaron aún más las relaciones entre vecinos, esta relación se tornó aún más complicada. La dinámica propia del programa requiere de tres espacios de representación: los comités de administración, supervisión y desarrollo comunitario, que son fundamentales en este ejercicio y a partir de ahí se han logrado generar diversas sinergias, habrá que realizar una evaluación de impacto en este sentido. No obstante todo lo anterior, los beneficiarios entrevistados reconocen que cuando se concluyeron las obras la respuesta y actitud de la población cambió. En algunos casos se sumaron más para elaborar el proyecto de continuidad, el entusiasmo por participar es mayor y varió la imagen que tenían con respecto a las autoridades, al menos con las responsables del 62

programa y de la propia Jefatura de Gobierno. Pero en ese sentido aún falta mucho por hacer. Programa Social Ollin Callan Con el fin de convertir al Programa Social Ollin Callan, para las Unidades Habitacionales de interés social, en un instrumento significativo de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, encauzado a la colaboración y la organización de los habitantes de los condominios de interés social, que representan la tercera parte de la población de esta ciudad a través de: ◆◆ Impulsar la participación de los condóminos y habitantes de las condominios de interés social del Distrito Federal, siendo la base para el ejercicio de corresponsabilidad social, la administración de los recursos económicos por parte de los ciudadanos así como la supervisión de la ejecución, desarrollo y conclusión del beneficio (obra) que se eligió en asamblea. ◆◆ El beneficio económico que otorga la Procuraduría Social va dirigido a los condominios de interés social, teniendo por objeto renovar y dar mantenimiento a las áreas y bienes de uso común (instalaciones generales) del conjunto condominal o condominio. ◆◆ A partir de la política social que el Gobierno del Distrito Federal tiene por objetivo, se impulsará el ejercicio de los derechos sociales definidos en leyes y normas de aplicación en la Ciudad de México, encauzados a combatir toda forma de exclusión, desigualdad, inequidad y discriminación. ◆◆ La Procuraduría Social del Distrito Federal es la institución responsable de la política pública en materia condominal de la Ciudad de México, por lo que en este sentido, el impulso de la organización condominal será un detonador decisivo en los procesos de participación vecinal y de mejora permanente en su calidad de vida. Objetivo general Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los condominios de interés social en el Distrito Federal, a través del mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de sus áreas y bienes de uso común (instalaciones generales) e impulsar procesos que contribuyan a la organización condominal, conforme a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, incorporando una cultura de convivencia y participación condominal.

Programa de Fortalecimito y Apoyo a Pueblos Origiarios de la Ciudad de México Dependecia resposable del programa: La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), a través de la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades (DGEPC) a) Alcance Contribuir a la visibilización de la identidad cultural de los pueblos originarios de la Ciudad de México, mediante el apoyo a proyectos que ayuden a los pueblos originarios y sus barrios en la conservación de su identidad social, comunitaria y cultural; se espera atender a 800 personas de pueblos originarios de la Ciudad de México. Objetivo general Promover la conservación y recuperación de la identidad cultural y comunitaria de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Objetivos particulares a) Apoyar a las y los habitantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México mediante proyectos que fortalezcan el territorio, fomenten y difundan la identidad cultural e histórica de los pueblos originarios y sus barrios. b) Promover las acciones de formación difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades operativas del programa. Metas físicas Este programa espera apoyar al menos 32 proyectos de pueblos originarios y sus barrios. a) Apoyar proyectos que fortalezcan el territorio, fomenten y difundan la identidad cultural e histórica de los pueblos originarios y sus barrios de la Ciudad de México con al menos 25 apoyos. b) Promover las acciones de información, difusión, monitores y seguimiento a las actividades operativas del programa con al menos 7 ayudas 64

Valoración El programa tiene como propósito a) promover el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios, respetando su identidad social, cultural, usos, costumbres e instituciones propias, y b) impulsar actividades de desarrollo social que promuevan la equidad, el bienestar social, el respeto a la diversidad, el fomento a la participación ciudadana y una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la comunidad. Este programa no es considerado como supletorio de las acciones institucionales del Gobierno del Distrito Federal, sino un instrumento para la recuperación de iniciativas sociales autónomas que permitan fortalecer la identidad comunitaria de los pueblos, es decir, es un programa de construcción de capacidades, no de subsidio de necesidades. En este caso, nos remitimos a las dos últimas dimensiones mencionadas. Y se puede decir que el programa sí cumple los objetivos de generar participación, pero de manera coyuntural y efímera dado que en la mayor parte de los casos, una vez cumplidos los objetivos del proyecto la organización comunitaria se difumina. El tipo de compromiso que asumen los beneficiarios y responsables de los proyectos es, en general, básico y suficiente como para dar continuidad a los proyectos y llevarlos a término. Espacios de participación y diálogo social Para algunos miembros de organismos civiles e instituciones académicas que han participado en diferentes consejos, los consejos consultivos son espacios donde se brinda información, que puede servir para realizar algunos análisis, en algunos casos se trabaja intensamente pero no necesariamente se retoma lo trabajado a la hora de decidir lo sustantivo o, en otros casos, cuando se retoman no se reconocen como aportes de los ciudadanos. Algunos consejos son usados para informar sobre lo que consideran los funcionarios se está haciendo bien, algunos otros consejos se utilizan para legitimar lo que ya se decidió. Muchas veces los responsables de estas instancias no respetan la periodicidad de las reuniones establecidas en las leyes o acuerdos normativos o bien las fechas en que hay que renovarlos, incluso a veces no avisan de la desaparición de los mismos. No hay mecanismos democráticos, abiertos, transparentes para la selección de los consejeros; éstos regularmente son invitados por los funcionarios que los presiden, siendo así, pocas veces los integrantes ciudadanos de los mismos representan al sector en el que se espera incida una política. Esto nos lleva a reflexionar sobre un tema no resuelto que es el de la representatividad social de los consejeros ciudadanos y de las organizaciones que participan en ellos. También 65

está pendiente una evaluación del desempeño de los consejeros. Al parecer y con base en las entrevistas realizadas, los consejos que mejor funcionan son aquellos que forman en su interior grupos de trabajo que tienen una dinámica propia. Para algunos actores del movimiento social, los consejos son vistos como los espacios donde se busca legitimar la política; su composición y lo limitado de sus atribuciones hacen imposible incidir por esta vía, puesto que lo que se privilegia es la concertación y la colaboración y las decisiones que ahí se toman no son vinculantes. Por lo mismo, consideran que muchas veces es preferible la presión y la negociación mediante los mecanismos no institucionalizados. Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles en el Distrito Federal (GODF, 06/08/10 acuerdo administrativo, Sedeso) Funciones principales I. Asesorar y elaborar propuestas al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para la formulación de políticas públicas de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles del Distrito Federal, a fin de facilitar dichas actividades en beneficio de los habitantes de esta entidad federativa. II. Analizar las políticas de fomento a las actividades de desarrollo social a que se refiere el artículo 2 de la Ley Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal, así como formular opiniones y propuestas para su aplicación y orientación, dándole seguimiento a la evaluación anual de sus resultados. III. Analizar y proponer las acciones necesarias para el mejor desarrollo del programa anual de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones; y proponer criterios y procedimientos para la optimización del Programa Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal, procurando la integralidad de esas acciones. Consejo de Desarrollo Social Funciones principales I. Asesorar al jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de desarrollo social; II. Opinar y formular recomendaciones sobre políticas y programas de desarrollo social a 66

cargo del Gobierno del Distrito Federal, procurando la integralidad de estas acciones; III. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de políticas en la materia, conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; IV. Propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el desarrollo social. Consejo Delegacional de Desarrollo Social Mismas funciones que el CDS, en el ámbito de sus atribuciones Consejo Económico y Social Los objetivos del Consejo Económico y Social son, en el corto plazo, proponer medidas económicas y políticas públicas para atenuar los efectos de la crisis en el Distrito Federal; y en el largo plazo, impulsar el desarrollo económico de la Ciudad de México y su sustentabilidad. Este espacio servirá para exponer y analizar las ideas que permitan mejorar y transformar la economía de la ciudad. El consejo funcionará como un generador de políticas públicas con una visión de trabajo en equipo, con el fin de que la ciudad se beneficie de los distintos puntos de vista y aportaciones de todos los sectores de la sociedad.

Gladys Rojas de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la SEDESO

Panel: Políticas de fomento a las actividades de desarrollo social de las Organizaciones Civiles con Heidi Maguen Brito de la DGIDS, Sandra Páramo de Códice, Víctor Mares de Convergencia y Alfonso Pérez de la UAM-Xochimilco

CAPITULO II

AGENDA DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES A 13 ANOS DE LA LEY DE FOMENTO

Balance de la relaciOn gobierno-sociedad civil en el Distrito Federal Por Ma. del Pilar Berrios

as reformas constitucionales de 1993, así como aquellas introducidas en el diseño del gobierno a partir de 1994, abrieron indudablemente una nueva etapa en la organización política y jurídica del Distrito Federal. La participación ciudadana en la Ciudad de México, pasado el estupor del 1988, se revitalizó y, con esta serie de transformaciones estatutarias sobre el régimen del DF, impulsó la transición y democratización del gobierno capitalino. Cabe resaltar que estas modificaciones constitucionales fueron promovidas vigorosamente por la organización de un plebiscito ciudadano que, a pesar de sus limitaciones y obstáculos, influyó de forma determinante en la reforma política del Distrito Federal iniciada en 1993. Por otra parte, con la realización de este plebiscito, se abrían las posibilidades de la participación ciudadana; se marcaba una nueva manera de participación de la sociedad civil capitalina y, sobre todo, se expresaba abiertamente el reclamo ciudadano de democratizar al gobierno de la ciudad capital. En 1997, con el primer gobierno democráticamente electo, se inició la construcción de un diseño institucional proclive a la participación y el inicio de una relación más abierta y horizontal entre el gobierno y la so-

de Convergencia de Organismos Civiles, AC

ciedad. En ese mismo año, la Plataforma de Organismos Civiles y el gobierno de la ciudad realizaron el Primer Foro de Corresponsabilidad, en donde signaron un convenio a través del cual se abrieron las posibilidades de un vínculo, que si bien no ha recorrido una ruta lineal, sí ha mantenido una perspectiva creciente de trabajo conjunto en la ampliación de los derechos humanos para la población del Distrito Federal. Cristina Sánchez y Lucía Álvarez lo plantean de manera muy clara: (…) Cabe destacar, que en función de normar distintos aspectos y espacios de participación ciudadana, fueron aprobadas durante el primer gobierno perredista tres leyes de carácter local que auspician y norman la participación de organizaciones y ciudadanos en la vida pública de la Ciudad de México. Éstas provienen en buena medida de iniciativas de las organizaciones sociales y civiles formuladas desde hace algunos años, y representan el resultado exitoso de un largo periodo de cabildeo y negociación con las autoridades, las cuales, a su vez, promovieron estas leyes entre los legisladores locales. Nos referimos, principalmente a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal (2000, actualizada en 2004), la Ley de Fomento a las Activida71

des de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles (2000) y la Ley de Participación Ciudadana (1998, actualizada en 2004). (Sánchez: s/f)

interinstitucional, más que espacios de intervención e incidencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, objetivos estratégicos en la mayoría de ellos.

Asimismo, dio la pauta para que, a través de la colaboración conjunta, se empezara a trabajar paralelamente en un entramado normativo en materia social de lo más avanzado en nuestro país, de tal forma que para 2013 se cuenta “con alrededor de 50 consejos, comisiones y comités establecidos en los términos de las leyes específicas que ordenan la constitución de estas instancias colegiadas para el seguimiento y evaluación de las políticas y programas específicos que constituyen su objeto”.13

Si bien la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles no ha tenido reformas significativas, la Ley de Participación Ciudadana sí. A partir de 1995, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley de Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea de Representantes, ha sufrido diversas modificaciones, quizá las más sustantivas sean las de 1998 y 2010. La primera incorpora la figura de los consejos ciudadanos y la segunda, las asambleas ciudadanas. Ambas instancias de representación vecinal territorial, sin considerar formas de participación ya prexistentes, tales como las organizaciones comunitarias, sociales o civiles. Se presentan fragmentadas las diversas formas organizativas, a partir de marcos normativos específicos, que si bien son necesarios, requieren de un marco de coordinación y articulación.

SE CUENTA CON AL REDEDOR DE 50 CONSEJOS, COMISIONES Y COMITÉS ESTABLECIDOS EN TÉRMINOS DE LEY ESPECÍFICA... SIN EMBARGO, SU CONSTITUCIÓN NO HA SIDO TRABAJO SUSTANTIVO, YA QUE LA MAYORÍA DE ÉSTOS NO SE HAN INSTALADO O HAN TERMINANDO SIENDO ESPACIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Sin embargo, hay que mencionar también que su constitución no ha sido garantía de trabajo sustantivo, ya que hoy día, la mayoría de éstos no se han instalado o han terminado siendo espacios de coordinación 13 Claudia Luengas: “Análisis propositivo de la normatividad del Distrito Federal en materia de desarrollo social”. EvalúaDF, 2011.

Durante el gobierno de Manuel López Obrador, la participación ciudadana apeló principalmente a las y los ciudadanos individuales, quienes a través de diversas consultas –nivel de participación privilegiado durante su sexenio- manifestaron su opinión sobre diversas temáticas de interés general: la construcción del segundo piso del periférico, el horario de verano y la ratificación del mandato, fueron algunos de ellos; el Instituto Electoral del DF asumió tareas concretas en estos ejercicios, ampliando su margen de actuación que hasta ese entonces se cifraba en la preparación y desarrollo de las jornadas electorales. El papel de las organizaciones

civiles fue marginal ante la falta de interlocución, sin embargo, hubo experiencias interesantes, tales como la red de contralorías ciudadanas o los presupuestos participativos en algunas delegaciones. En el periodo 2006-2012, la participación aparece en las leyes del Distrito Federal de manera recurrente, incluso una de las líneas que el GDF ha establecido tanto en el Programa General de Desarrollo como en el Programa de Desarrollo Social refiere a la participación; al respecto la Ley de Desarrollo Social menciona como parte de sus objetos lo siguiente: Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo de lo público;14

Pese a los planteamientos normativos, la relación gobierno-sociedad empieza a denotar un declive, ya que los espacios institucionalizados para la participación se han ido vaciando del contenido participativo de sociedad y éstos se han vuelto mayormente referentes para la articulación gubernamental y las experiencias en torno la participación atraviesan por un tamiz casuístico, esto es, que en la medida en que los temas e intereses de la agenda de actores gubernamentales se acercan a los de los actores se hace más viable la vinculación. Al respecto Alejandro González Arreola, de Gesoc, A. C., define debidamente la re14 Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, artículo 1, fracción V.

lación del gobierno con la sociedad al indicar: Si tuviera que definir la relación entre sociedad civil y gobierno diría que es causística, aunque en términos discursivos y de enfoque es más alentadora que la que hay a nivel federal y en otros gobiernos, pero a la hora de la implementación es causística.15

SI TUVIERA QUE DEFINIR LA RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNO DIRÍA QUE ES CAUSÍTICA

Esto explica fundamentalmente el hecho de que la participación de la ciudadanía es muy notoria en algunos temas como: la perspectiva de género, la diversidad sexual y con menos intensidad el hábitat. De esta manera podemos notar una falta de institucionalización en cuanto a las formas de articularse con la sociedad, civil. Situación que se ve reforzada por las evidencias y conclusiones que arroja la investigación: “Los Espejos de la Política Social”, que respecto de los órganos establecidos para la gestión de la política social señala: “La participación ciudadana, que en su desarrollo social ha experimentado un proceso de vaciamiento en los instrumentos diseñados para impulsarla, se ha vuelto más instancia de reunión de funcionarios, que de diálogo con la representación social.”16 15 Entrevista a Alejandro González Arreola, presidente y fundador de Gesoc, A. C. Proyecto: percepción y recuperación de actores del desarrollo social, 2011 16 Berrios y Canto: “Los espejos de la política social en el Distrito Federal: articulación gubernamental y participación ciudada-

En el interior de la sociedad en la Ciudad de México, hay diversos grupos organizados que promueven iniciativas y reivindican propuestas que han logrado ser la semilla de programas virtuosos: la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la Ciudad, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Programa de mejoramiento barrial, son sólo algunos de ellos, donde la capacidad propositiva y organizativa de la gente está en el centro. Frente a lo anterior y al inicio de una nueva administración, que no dado señales claras y contundentes en torno a cuál será la política de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, es necesario que se abran, fortalezcan y funcionen de manera efectiva los espacios institucionales para que las diversas organizaciones presenten, discutan y den seguimiento a sus propuestas, hasta convertirse en políticas públicas. El Programa General de Gobierno 2013-2018 es contundente en el diagnóstico que presenta en el eje transversal que aborda este rubro y de alguna manera coincide con la problemática señalada:

dinamismo, frente a lo cual se hace necesario evaluar la evolución de la participación para redefinir y profundizar en lo necesario.

LA RUTINA DE LA PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES Y EL PROPIO CONTEXTO DE CRISIS QUE REDEFINE A LOS ACTORES INCLUSO HAN DEBILITADO EN ALGUNOS CASOS EL IMPULSO INNOVADOR DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

Se dice que este enfoque transversal buscará “promover la más amplia participación ciudadana en las políticas públicas, a fin de incrementar el nivel de esta participación de manera progresiva, consolidando a la vez las instituciones y los avances ya existentes en la ciudad”; asimismo, se plantea: 1) Promover la más amplia participación ciudadana en las políticas públicas que se deriven de este programa.

Pese al importante avance en la creación de instituciones participativas que se ha experimentado en la Ciudad de México, aún prevalecen, mayoritariamente, niveles de participación bajos. La rutina de las prácticas gubernamentales y el propio contexto de crisis que redefine a los acto-

2) Incrementar el nivel de esta participación de manera progresiva, consolidando a la vez las instituciones y los avances ya existentes en la ciudad.

res incluso han debilitado en algunos casos el impulso innovador de las organizaciones ciudadanas. Ambas tendencias han ocasionado que algunas instituciones participativas hayan disminuido su na en la política social del Distrito Federal”, en Consejo de Evaluación del desarrollo social del Distrito Federal, México, 2010, p. 99.

3) Concretar, en la elaboración de los planes especiales, sectoriales, institucionales y parciales, las estrategias y los instrumentos que hagan posible el avance progresivo

de la participación. 4) Desarrollar, con la participación de la sociedad, una política dirigida a avances y desarrollar nuevos instrumentos que propicien la participación ciudadana, reconociendo la pluralidad cultural, y que incluyan a los diversos grupos sociales, tales como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, entre otros. 5) Diseñar una estrategia concertada con los diversos actores sociales para promover el uso de instrumentos de exigibilidad de los derechos de la población. Ante lo anterior, las organizaciones civiles ya se han pronunciado en diversos espacios,17 porque la Ciudad de México siga siendo un espacio de innovación social y de gobernanza democrática, donde el principio básico sea el respeto y garantía de los derechos de todas y todos, y parte consustancial de ello es la promoción de la más amplia participación. El contexto es favorable: el proceso Reforma Política del DF. Espacio privilegiado para el encuentro entre lo constituido y lo constituyente, que posibilita a final de cuentas, el refrendo de un nuevo pacto social; siempre necesario, más allá de porcentajes de votación o encuestas de popularidad. Incrementar la calidad de la democracia en la Ciudad de México, así pues, es el primer asunto en la agenda de la relación gobierno-sociedad. Sobre todo, cuando hablamos

de democracia sustantiva y, por ende, de igualdad jurídica y económica donde la erradicación de las inequidades siempre está presente como el objetivo de un quehacer que involucra a todos los entes que intervienen en los asuntos públicos, las organizaciones civiles, por su naturaleza, han estado y estarán ahí. La fortaleza de la sociedad civil es un indicador de la fortaleza de la democracia, esto es un principio, que gobiernos y partidos deben considerar, en la búsqueda de un nuevo orden basado en la gobernanza.

INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ PUES, ES EL PRIMER ASUNTO DE LA AGENDA DE LA RELACIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD

17 En abril de 2013, se realizó el Foro Social “Tenemos Propuesta”, en el cual 87 organizaciones sindicales, campesinas, sociales y civiles se pronunciaron por abrir el proceso de elaboración del Programa General de Desarrollo.

Marco normativo y rEgimen fiscal para las organizaciones civiles en la Ciudad de MExico Por María Magdalena López de Servicio, Desarrollo y Paz, AC

a situación fiscal de las organizaciones civiles ha ido cambiando y creándoles obligaciones como a cualquier empresa o contribuyente.

considerando que existen casos en que hay comodatos a favor de las organizaciones civiles, y para tales casos sólo se tendrá una reducción del 50 por ciento.

Es difícil escribir sobre las obligaciones fiscales relativas a la Ciudad de México, sin tomar en consideración las obligaciones federales, el origen de sus obligaciones son mayoritariamente federales, por esta situación habrá que referirse también a ellas.

Es necesario comentar también, que en el Distrito Federal como hemos señalado, en el Código Fiscal sólo existen estímulos y no se refleja una política de fomento. Hasta ahora lo que se ha reflejado como fomento son los programas de coinversión, pero no se establece ni se refleja en los presupuestos de las distintas instancias centrales, menos aún en las delegacionales, incluso ha habido reducción presupuestaria para el renglón de coinversión.

ES DIFÍCIL ESCRIBIR SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS A LA CIUDAD DE MÉXICO SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS OBLIGACIONES FEDERALES

Para el Distrito Federal lo que se tiene son “estímulos” referidos a las obligaciones establecidas en la localidad, con reducciones a dichas obligaciones, siempre y cuando el inmueble esté a nombre del contribuyente,

Esta situación nos obliga a referirnos a una ley federal, criterios establecidos por el Gobierno Federal. Los requisitos para obtener el carácter de donataria autorizada los establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); en ella se establecen las situaciones en que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), considera que una organización realiza actividades “adecuadas” para estar en la posibilidad de ser “donataria autorizada” y con esta categoría, a su vez, tener la categoría de “no contribuyente”. 77

Nos referimos a este aspecto, no porque estemos en desacuerdo que haya estos lineamientos para ser donataria autorizada, consideramos que es necesario que haya lineamientos al respecto, pero no estamos de acuerdo que hayan pasado nueve años de la aprobación, firma y publicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (LefarOSC), y no se armonicen las leyes relacionadas como es el caso de la LISR que considere a esta ley marco y sí haya un aumento de obligaciones con la publicación de otras leyes, como es el caso de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), publicada en 2007 y que entra en vigor en enero de 2008, precisando que es una ley que tiene carácter federal. Además de la exigua armonización que hay con situaciones establecidas en sus propias normas, como es el caso de aquellas organizaciones que no teniendo el carácter de donatarias autorizadas, pero que sí tienen registro de otras instituciones señaladas en el Artículo 95 de la LISR, el cual señala los casos en que las OSC tienen el carácter de personas morales no contribuyentes de este impuesto y eximidas del IETU, como el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas; sin embargo, en el momento presencial ante el SAT al responder el cuestionario que determina las obligaciones fiscales de las organizaciones civiles, no aparece con claridad el carácter de no contribuyente. Y deja la interpretación de estos criterios a la persona que atiende el caso. Además de que sólo puede responder este cuestionario el representante legal que no cuenta con los elementos para poder especificar las actividades a desarrollar por la organización, en los términos técnicos fisca78

les, jurídicos y contables. El caso de Impuesto Empresarial a Tasa Única --que como hemos señalado entra en vigor el 1° de enero de 2008--, en su artículo 1 señala las actividades por las que se obtienen ingresos que causan este impuesto, y que concretamente las organizaciones civiles no realizan, sin embargo, la autoridad ha interpretado que son contribuyentes de este impuesto. Comentaremos también que cuando se aprobó y publicó la LIETU, se expresó que habría un periodo (3 años) de transición entre la LISR y la LIETU y se analizaría este proceso, hasta ahora este análisis no se ha realizado y si se ha hecho, no se ha dado a conocer. En este balance habrá que señalar que el avance más importante para las organizaciones civiles es el reconocimiento público de su quehacer, aunque no es suficiente. Hasta el momento, nos permite exigir los derechos adquiridos, sin perder de vista la necesidad de propugnar por los cambios en las leyes que sean necesarios para que la Lefarosc se cumpla en su esencia de fomentar.

EL AVANCE MÁS IMPORTANTE PARA LAS ORGANIZACIONES CIVILES ES EL RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE SU QUEHACER

Señalar también que existe una conceptualización equivocada en el sentido de que la asistencia social es parte del desarrollo y no el desarrollo parte de la asistencia. Que se asuma el desarrollo de forma integral para mejorar las condiciones de vida de toda la población de nuestro país y escuchar sus aportaciones a través de la participación ciudadana. Desde lo expuesto, en este Foro de a 13 años de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el DF, los días 13 y 14 de agosto próximo pasado, se considera la importancia de la vinculación entre las autoridades federales y locales del Distrito Federal para el cumplimiento de las leyes de fomento federal y local. En esencia ambas leyes fueron concebidas con el objeto de fomentar el quehacer de las organizaciones. En el caso de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social en el Distrito Federal, es necesario que la integración del consejo sea para que funcione y no, como hasta ahora, que sólo fue instalado y nunca sesionó posteriormente y considerar la esencia de la Ley en el sentido de fomentar (subrayados de la autora) a las organizaciones de la sociedad civil para la realización de su quehacer, que si bien ha reconocido su carácter de orden público e interés social, en los hechos se ha reducido el techo financiero para los proyectos de coinversión, ocasionando con esto la disminución en proyectos y el monto de su financiamiento.

embargo, es necesario que las normas que se establecen para poder acceder a ellos sean armónicas en cuanto a los tiempos y formas de las obligaciones que se tienen como organizaciones de la sociedad civil. Es el caso que para solicitar el estímulo se debe presentar entre otros documentos los estados financieros auditados, situación que es costosa para las organizaciones donatarias y no donatarias autorizadas. Además para las donatarias, para continuar siéndolo la obligación debe presentarse durante junio y julio y la solicitud para los estímulos sólo se puede hacer durante el primer semestre del año. Para las no donatarias no se tiene esta obligación, pero aun así representa un gasto extra que se tendrá que valorar el costo/beneficio, además de revisar que aunque ya no existe el requisito para acceder a estos estímulos de “ser donataria” si se solicitan los estados financieros auditados. Se propone mayor transparencia, reglas claras y rendición de cuentas para la asignación de recursos para las organizaciones de la sociedad civil, en donde se incluyan también a los colectivos no constituidos legalmente.

SE PROPONE MAYOR TRANSPARENCIA, REGLAS CLARAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS OSC

También se reconoce el avance en el Código Fiscal del Distrito Federal para tener acceso a los estímulos que éste estipula, sin 79

Por ello, se señala la importancia de armonizar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que desde la aprobación y publicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en febrero de 2004, sólo ha habido la inclusión de un inciso en la Fracción VI del Artículo 95 de la ley de referencia. En este caso sí se realizó un procedimiento para la conformación del primer Consejo Técnico Consultivo y se han realizado los cambios que señala la ley y el reglamento, sin embargo, las consideraciones que esta instancia indica no tienen carácter vinculante, ni pareciera que las autoridades gubernamentales tienen interés de considerarlas. Es el caso de las propuestas ante las autoridades en distintas mesas para que se revise el régimen fiscal, como ejemplo son los formatos para la presentación, que dé cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales. Hasta ahora como se señala no existe el espíritu de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, y sí de considerarlas empresas, como sucedió desde el 1 de enero de 2008, cuando entra en vigor la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, donde a partir de esa fecha a muchas organizaciones, especialmente las no donatarias, el Sistema de Administración Tributaria asigna esta obligación y con ello encareció la administración de las organizaciones, pues también se desprende la obligación durante 2008, 2009, 2010 y parte de 2011, el listado de conceptos que sirvió para la determinación del IETU. Existe también en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, falta de claridad para las organizaciones de la sociedad 80

civil que no son, no lo consideran necesario, aquellas que han sido rechazadas aunque hayan hecho el trámite o que les ha sido revocada la autorización, que este título no tiene la suficiente claridad ni especificidad pues no se encuentran en el Artículo 95 de la ley de referencia para ser consideradas no contribuyentes, aun cuando no distribuyen remanente y todos sus recursos son destinados para el cumplimiento de su objeto social, y mencionamos recursos, pues éstos son convenidos mediante, como señalamos, convenios que señalan temporalidad, objetivos, metas y beneficiarios, que si no se cumplen es obligación de las organizaciones de la sociedad civil devolverlos, lo que los define como recursos no propios y por ende no son ingresos. Reiteramos que aunque la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil fue aprobada no se ha reflejado en los hechos el espíritu de la misma que es el de fomento y que efectivamente debe hacerse el reconocimiento de orden público e interés social que tienen las OSC para mejorar la calidad de vida de la población. Las reformas que se necesitan para armonizar las leyes debe tener un contenido de derechos humanos, de respeto a los tratados internacionales firmados que obligan al Estado mexicano a su cumplimiento, que también se necesita una armonización entre las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México. Señalar también que el derecho de promover cambios en la legislación no debe ser

limitado, pues no puede haber pérdida de derechos de nadie, ya que va en contra de la Constitución de nuestro país. Las organizaciones de la sociedad civil estaremos atentas a que la propuestas de reformas que se presenten trascienda a las negociaciones entre los partidos. En estos momentos de grave crisis en nuestro país es responsabilidad de todos aportar para evitar que ésta se agrave; es importante cambiar la cultura política del país, que los representan-

tes electos defiendan los intereses de quien los eligió. En los momentos en que este documento esté publicado, la reforma hacendaria ya habrá sido aprobada, esperamos que el Poder Ejecutivo y los legisladores sean sensibles y no soslayen las expresiones que están presentes en todo el país, que son necesarios los cambios que beneficien a la mayoría de la población y no a las minorías que tienen el poder económico.

PolIticas de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las OSC en el DF Por Sandra Páramo de Comunicación Diálogo y Conciencia, SC

as Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México se han constituido como espacios legítimos de diálogo e interlocución entre la ciudadanía y el gobierno. Sin duda, las OSC son agentes de cambio y promotoras de la participación ciudadana, el desarrollo social y el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

LAS OSC SON PROMOTORAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

En la consolidación democrática de México, las organizaciones civiles han ganado una serie de derechos y el reconocimiento a su quehacer estipulados tanto en una normativa federal como en distintas locales, producto de las demandas y la organización de éstas frente al gobierno. En el Distrito Federal, la Ley de Fomen-

to a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal (2000) y su Reglamento (2006) establecen las directrices para las políticas de fomento, la articulación entre el iniciativas gubernamentales y la sociedad civil organizada, así como corresponsabilidad para impulsar el desarrollo social en la ciudad capital. La creación de fondos y estrategias de financiamiento para el desarrollo, generó la creación de programas como el de Coinversión Social, Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración social (Profais), ambos de la Secretaría de Desarrollo Social y el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), entre otros, así como los consejos consultivos ciudadanos que representan estas orientaciones. Sin duda, la consolidación de la ley fue producto de la exigencia y participación de las OSC frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, a trece años de la expedición de esta normativa y a siete de su reglamento, vale la pena preguntarse si en realidad existe una política integral de fomento y fortalecimiento a las actividades de 83

desarrollo social de las OSC que vaya más allá del Programa de Coinversión del DF y ciertas prerrogativas fiscales. Las reglas de operación del propio programa y demás mecanismos se han ido transformando en pesados instrumentos burocráticos que obstaculizan el desarrollo de las OSC y en la obtención de recursos públicos. Tales instrumentos se ha concentrado en la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos otorgados a las OSC, dejando de lado las evaluaciones de impacto a sus propuestas en materia de desarrollo social y participación ciudadana. El Reglamento de la Ley de Fomento estipula en su artículo 16 que la Administración Pública establecerá con la participación de las OSC: “programas anuales específicos de fomento a las actividades de desarrollo social realizadas por éstas”.18 Y ante esta precisión legislativa, habría que preguntarse: ¿dónde están estos planes anuales específicos? La experiencia indica que no existe un programa de fomento articulado a las actividades de las OSC que incida en el corto, mediano y largo plazos, y que establezca principios, prioridades, objetivos, estrategias, metas, plazos, recursos y mecanismos de monitoreo y evaluación. Finalmente, una de las grandes reflexiones frente a las políticas de fomento es sin duda la pertinencia de que éstas se conviertan en un elemento transversal de la administración pública para el diseño, ejecución y evaluación de cada una de las políticas sectoriales, pues, como ha quedado 18 Reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal.

demostrado, las OSC son actores clave para la consolidación de la participación ciudadana en la vida democrática de nuestro país, así como impulsoras del desarrollo social.

UNA DE LAS GRANDES REFLEXIONES FRENTE A LAS POLÍTICAS DE FOMENTO ES SIN DUDA LA PERTINENCIA DE QUE ÉSTAS SE CONVIERTAN EN UN ELEMENTO TRANSVERSAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES

De cómo las organizaciones de la sociedad civil ganaron su ley Desde el decenio de los sesenta, las organizaciones de la sociedad civil en México han aportado su trabajo y conocimiento para la solución de diversos problemas sociales, así como la promoción y defensa de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Pese al autoritarismo de los gobiernos priistas y su tendencia corporativista de las manifestaciones sociales, las OSC fueron ganando espacios de interlocución con el gobierno. Ejemplo de ello ha sido el movimiento feminista, heredero de las luchas libertarias, que cuestionó la sociedad patriarcal y postuló el respeto a la igualdad y a la diferencia a través de acciones positivas que lograron importantes avances en los derechos de las

mujeres. Impulsó relevantes modificaciones políticas y culturales, tanto en la vida cotidiana como en la vida pública.

namiento internos, limitando de cierta forma el derecho de asociación y la autonomía de las organizaciones.19

Las demandas de las OSC y de los movimientos sociales para participar cada vez más en las decisiones públicas e incidir en el actuar gubernamental representaron el ejercicio de todo ciudadano a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales que demandaban nuevos espacios públicos y nuevas formas de representación.

Ante este contexto, las OSC decidieron organizarse y proponer un marco normativo de fomento a sus actividades, reconociendo su carácter público y de interés social.

LAS DEMANDAS DE LAS OSC Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES PARA PARTICIPAR CADA VEZ MÁS EN LAS DECISIONES PÚBLICAS REPRESENTARON EL EJERCICIO DE TODO CIUDADANO A SUS DERECHOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Pese a su activismo y lucha, las OSC no eran reconocidas como agentes de cambio y del desarrollo democrático del país. No se les reconocía su participación en la generación de políticas públicas y existía un marcado trato discrecional del gobierno frente a éstas. Para 1989, se pretendió convertir a las OSC en sociedades mercantiles como si su quehacer tuviera un carácter lucrativo. Aunada a esta situación, existía la posibilidad desde el Ejecutivo de formular una propuesta de ley que estableciera una figura asociativa única que permitirá el control oficial de las organizaciones a través de diversas disposiciones sobre su integración y funcio-

Desde numerosos espacios se comenzó a trabajar y a pensar en una normativa más de carácter ciudadano y ajena a los partidos políticos. Tras una intensa labor donde estuvieron involucradas OSC, legisladores y demás actores sociales, se presentó en 1995, una propuesta inicial y para el 15 de diciembre de 2003 se aprobó de manera definitiva la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Plataforma de Organismos Civiles de la Ciudad de México y la ley de fomento local En el Distrito Federal, luego de la elección del primer jefe de gobierno de la ciudad, se respiraba un ambiente lleno de expectativas democráticas, de participación ciudadana y, en concreto, de incidencia de las organizaciones civiles en las decisiones públicas. Las organizaciones civiles fueron convocadas a participar en la solución de los principales problemas de desarrollo social de los sectores vulnerables de la ciudad. Fue entonces cuando la relación sociedad civil y gobierno planteó nuevos retos en torno a la colaboración conjunta, corresponsabilidad y

19 Convergencia de Organismos Civiles, A. C: La Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, México, 2008.

los mecanismos para la toma de decisiones. En este contexto surgió, en 1997, la Plataforma de Organismos Civiles de la Ciudad de México, cuyo propósito fundamental fue “conjuntar esfuerzos y coordinar acciones entre sus miembros para incidir en la transformación democráticas de la vida pública, fortalecer la propia identidad, facilitar la participación ciudadana y explorar la realización de algunos proyectos conjuntos de acción”.20 La Plataforma realizó diversas acciones de incidencia en el gobierno del Distrito Federal que sentaron precedentes para las organizaciones civiles en esta materia y en la construcción de mecanismos de participación ciudadana en la generación de políticas públicas. Sin duda, la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social en el Distrito Federal fue uno sus principales resultados. Para la concreción de esta ley, las organizaciones en el Distrito Federal trabajaron de manera conjunta con diversos actores como la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa, funcionarios expertos en materia jurídica, académicos, ciudadanas y ciudadanos convencidos del potencial democrático de la sociedad civil organizada. El 23 de mayo del 2000, la primera legislatura local aprobó por unanimidad la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Social de Distrito Federal, ambas vinculadas sustancialmente. En octubre de 2006 se publicó el Reglamento de la Ley de Fomento. 20 Manuel Canto, coordinador: Lo cívico en lo público. Estrategias y Herramientas de Incidencia Ciudadana en Políticas Públicas. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A. C. México, 2002.

Algunas de las organizaciones que participaron en la Plataforma fueron Coalición Hábitat, la Convergencia de Organismos Civiles, Servicio, Desarrollo y Paz, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento; Centro Antonio de Montesinos, Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, Centro Nacional de Comunicación Social, Equipo Pueblo, Enlace, GEM y Centro de Estudios Ecuménicos, entre otras. Caracterización de las organizaciones civiles en el Distrito Federal Hablar de una caracterización de las organizaciones civiles en el Distrito Federal y en México nos lleva a destacar una serie de elementos que ya se han enumerado en diversas ocasiones tanto por estudiosos en la materia, como por miembros de las propias organizaciones. En el estudio Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana,21 uno de los principales elementos de esta sociedad civil mexicana es el escaso número organismos civiles en comparación a otros países de América Latina, pues en una relación con respecto a la décima parte de nuestra población hay seis veces más organizaciones ciudadanas como es el caso de Chile y otras naciones, que las que existen en México, como lo muestra el cuadro 2: De igual forma, se destaca el número de or21 Ireri Ablanedo Terrazas: Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Washington, D. C., 2009. Disponible en: http://www.icnl.org/programs/lac/mexico/ ablanedo-estudio-final.pdf Consultado: septiembre 30, 2013.

OSC PAIS

Estados Unidos

NO. DE HABITANTES POR OSC

NO. DE OSC

POBLACION

2, 000, 000

307,212,123

65.1

153.6 hab./OSC

1,166,079,217

10.3

Entre 971.7 y 777.3 hab./ OSC

(por cada 10 mil habitantes)

Entre 1, 200, 000 y India 1, 500 000

Brasil

338, 000

198,739,269

17.0

587.9 hab./OSC

Argentina

120, 000

40,913,584

29.3

340.9 hab./OSC

Chile

106, 000

16,601,707

63.8

156.6 hab./OSC

19,428

111,211,789

1.7

5,724.3 hab./OSC

México

Cuadro 2. Sociedad Civil mexicana comparada con la de América Latina

ganizaciones que no cuentan con una figura jurídica definida cuyo promedio es del 36 por ciento aproximadamente, es decir, una tercera parte. Otros elementos son la escasa profesionalización de las organizaciones, la falta de recursos para operar y la poca visibilidad del trabajo y aportes de las asociaciones a la bien público. En materia de fuentes de financiamiento, el siguiente cuadro es revelador sobre el origen de los recursos de las asociaciones civiles de México en comparación con el mundo,22 pues subraya que los fondos con los que operan las organizaciones provienen principalmente del autofinanciamiento, lo cual implica que su quehacer se concentre 22 Ireri Ablanedo Terrazas, op. cit., pág. 10.

más en la sobrevivencia, Veáse gráfica No. 1 El estudio Situación actual de las Organizaciones Civiles en el Distrito Federal,23 destaca que el quehacer de los organismos civiles es muy diverso, lo cual hace difícil establecer cuáles son las necesidades y problemas concretos del sector, sin embargo, logra identificar que una de sus principales áreas de oportunidad es la capacitación y profesionalización no sólo por las instituciones públicas sino por las propias organizaciones, es decir transferencia de herramientas metodológicas entre pares. De igual forma, destaca la importancia de 23 Víctor Emmanuel Mares, coordinador: Situación actual de las Organizaciones Civiles en el Distrito Federal, 2010. Convergencia de Organismos Civiles, A. C. México, 2010.

formar redes entre asociaciones como una herramienta de los mismos procesos de fortalecimiento, así como trascender la condición de las propias organizaciones como receptoras de fondo públicos a través de los

programas de coinversión a entes sujetos derechos capaces de incidir en el quehacer público, en las políticas públicas, a través de sus habilidades técnicas, políticas y organizacionales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OSC (MÉXICO Y EL MUNDO) 6%

100

12%

6% 9%

35% 60

85%

53% 20

Promedio Internacional (35 países) Cuotas

México

Gobierno

Gráfica No 1. Fuentes de Financiamiento de las OSC (México y el mundo)

Filantropía

Mesa de trabajo: Marco normativo y r茅gimen fiscal

Mesa de trabajo: Capacitaci贸n y transferencia de herramientas metodol贸gicas de las OSC

Corresponsabilidad, coinversiOn social y financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil Por Oscar Rey de Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, AC

no de los temas de mayor controversia e interés entre los que participamos en las organizaciones de la sociedad civil, es el referente al financiamiento para la promoción y fortalecimiento de las actividades de las OSC. El presente artículo busca establecer algunos elementos para la reflexión, así como señalar algunas propuestas para el mejoramiento de los programas de coinversión o financiamiento para las OSC en el marco del Gobierno del Distrito Federal, desde la perspectiva de la corresponsabilidad social y de la promoción de la participación ciudadana. En un primer apartado, debemos referirnos a la transferencia de recursos públicos para las organizaciones de la sociedad civil. En los últimos años se ha convertido en tema de profundo debate, pues existen diversas perspectivas, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, acerca de que se reflexione y se considere como financiamiento para el desarrollo. Comenzaremos con establecer algunos elementos, que sin ser definitorios, buscan sintetizar los puntos centrales del debate: a) La responsabilidad social de Estado-Nación. En la perspectiva de la administración

pública de la mayoría de los gobiernos (claramente orientadas a la política liberal y neoliberal de su economía), se busca delegar la responsabilidad del desarrollo social, el bienestar ciudadano y de la asistencia social, hacia los actores de la sociedad civil, con lo cual se ha logrado adelgazar la carga administrativa de las instituciones y programas gubernamentales, cuyo encargo es precisamente garantizar los servicios públicos para la sociedad. b) Corresponsabilidad entre las OSC y gobierno. La situación de esta relación se orienta no sólo a la operación de planes y programas gubernamentales, en forma compartida con las OSC, sino que establece que las políticas públicas entran en un proceso de revisión y evaluación de forma compartida, así como los resultados obtenidos por los actores involucrados. c) Indicadores de impacto social. Si bien esta línea estaba orientada como un mecanismo de rendición de cuentas de las operaciones gubernamentales, ahora las OSC, al asumir la responsabilidad de compartir recursos públicos, tienen que crear indicadores de resultados de tipo cuantitativos, para demostrar 91

y validar el uso efectivo y eficiente de los recursos. Esta situación de corresponsabilidad entre OSC e instancias gubernamentales se hace compleja, en tanto que hay un desequilibrio, pues las segundas cuentan con áreas especializadas en la generación de indicadores sociales, cuentan con recursos suficientes y con especialistas en la materia, mientras que las OSC están en desventaja dadas las frágiles estructuras con las que realizan su trabajo para generar los datos duros que se les exigen. En consecuencia, cabe plantear la duda razonable: ¿las organizaciones civiles tendrían que tener la capacidad de generar indicadores sociales y de impacto? d) Eficacia y eficiencia de proyectos sociales de las OSC. A pesar de lo señalado en el inciso anterior, a las OSC no se les exime de la responsabilidad, pues al recibir recursos públicos quedan comprometidas para demostrar su eficacia y eficiencia en la operación de proyectos y programas impulsados y ejecutados por ellas. La rendición de cuentas desde las OSC, se vuelve un tema delicado, en especial al hacer transparentes los recursos de pagos de nómina o comprobación de gastos de representación, entre otros, situaciones que desvirtúan el trabajo social, pues estas actividades sobrecargan la labor y el tiempo que las OSC tienen para dedicarse al desarrollo social. En un segundo momento, la reflexión debe orientarse a la obtención de recursos desde la exención de impuestos. Hasta hace algunos años, la única forma de obtener donaciones deducibles de impuestos era a través de la figura de Institución de Asistencia 92

Privada (IAP). En la actualidad, con la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se crea la condición de donatarias autorizadas, en donde la figura de una Asociación Civil (AC), puede recibir donaciones de empresas privadas y particulares, y extender recibos deducibles de impuestos. La desventaja de que exista la figura de donataria autorizada, es que no todas las OSC tienen la posibilidad de obtener esta figura fiscal, sea por los requisitos que solicitan o porque sus actividades principales no están enumeradas en el listado emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), desde la perspectiva de actividades de filantrópicas o de asistencia social.24 Esta situación pone en desventaja a la gran mayoría de organizaciones, pues sólo se privilegia la recepción de recursos privados a un 17 por ciento de OSC con Clave Única de Registro (Cluni).

LA DESVENTAJA DE QUE EXISTA LA FIGURA DE DONATARIA AUTORIZADA ES QUE NO TODAS LAS OSC TIENEN LA POSIBILIDA DE OBTENER ESTA FIGURA FISCAL

En un tercer nivel de análisis, están los recursos autogenerados por las propias actividades de las organizaciones. Si bien reconocemos la amplia capacidad y com24 Sobre el tema, pueden revisar el artículo presentado en este mismo documento, en el capítulo de Marco Normativo y Fiscal de las OSC.

promisos que tienen las OSC para realizar actividades enfocadas para la recaudación de fondos, que van desde bailongos, rifas, concursos, bazares y un largo etcétera, todas estas acciones son limitadas ya que requieren un gran esfuerzo organizativo y retribuyen pequeños dividendos. Esto sin mencionar, que las organizaciones desatienden su obje tivo principal de trabajo, para lograr generar algún recurso que les permita la operación de sus proyectos sociales. Por otro lado, cabe mencionar que el marco legal existente no permite a las organizaciones obtener un recurso por los servicios que promueve; nuevamente aparece esta opción sólo para las donatarias autorizadas, con la salvedad de que están exentas del ISR únicamente hasta por el 10 por ciento del total de sus donativos. Una alternativa para el resto de las OSC, es solicitar cooperación voluntaria sin emitir comprobante. Cabe señalar que en muchos de los contextos poblacionales donde se trabaja, son personas y comunidades en situación de marginalidad y extrema pobreza, que no se encuentran en condiciones de aportar recursos económicos, por lo que el solicitar apoyo económico es una muestra de insensibilidad y poca visión a favor del desarrollo social.

EL MARCO LEGAL EXISTENTE NO PERMITE A LAS ORGANIZACIONES OBTENER UN RECURSO POR LOS SERVICIOS QUE PROMUEVE

Por último, no queremos dejar de mencionar el tema del financiamiento internacional, provenga de agencias del sistema de Naciones Unidas o de fundaciones internacionales. Desde que México entró al Tratado de Libre Comercio (TLC), nuestro país es considerado como una nación no prioritaria para la inversión de recursos a favor del desarrollo social. En el caso particular de la Ciudad de México, a partir de que Oxfam y Novi abandonaron el Programa de Coinversión Social del GDF, en 2003, no existen otras agencias y fundaciones para el desarrollo que tengan los ojos puestos en la Ciudad de México, como prioridad en la atención a la población que habita en la ciudad capital. Ante la presente coyuntura y como producto de la reflexión generada en el Foro Balance de las Políticas de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil en el DF --a trece años de la aprobación de la LFADSOCDF--, se exponen algunas propuestas relacionadas con el financiamiento para las OSC: »» Los programas de financiamiento para las OSC en el Distrito Federal, como el Programa de Coinversión Social y Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (Profais), ambos de la Secretaría de Desarrollo Social y el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, deben entrar en una profunda reestructuración, desde sus reglas de operación, mecanismos de seguimiento, transferencia y manejo administrativo y comprobación de recursos, sin 93

dejar de lado la debida corresponsabilidad entre las instancias responsables. »» La incorporación de otras instancias y secretarías del Gobierno del Distrito Federal, en la asignación de recursos en el capítulo 4000, para poder abrir convocatorias públicas para financiamientos de proyectos con las OSC. Es de gran importancia que instituciones como el Instituto de la Juventud, Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, Instituto Electoral, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, así como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente, todas del DF, se incorporen o generen sus propios programas de coinversión social y de corresponsabilidad social para el apoyo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. »» Desde el ámbito federal, se deben revisar y redefinir la figura de donataria autorizada y el marco legal, para que las OSC oferten sus servicios y obtengan recursos económicos. »» Es de suma importancia fortalecer a las organizaciones civiles de reciente creación, en especial en sus capacidades para el diseño y gestión de proyectos sociales y también garantizar una infraestructura mínima para que inicien sus operaciones. 94

»» Los tiempos de las convocatoria públicas deben delimitarse de forma planificada, garantizando la difusión de forma amplia; asimismo el asesoramiento y acompañamiento desde la instituciones gubernamentales, para el diseño de proyectos sociales. »» En la etapa del procesos de selección de los proyectos, los mecanismos e instancias calificadoras deben ser lo más transparente posible y garantizar una respuesta fundamentada para los proyectos no aceptados. »» La temporalidad en la aplicación de los recursos deben ampliarse, no sólo para seis meses o menos, a partir de la recepción de los recursos, por lo menos debería garantizarse una duración de 10 meses.

Mesa de trabajo: Seguridad social de las OSC

Mesa de trabajo: Incidencia en PolĂticas PĂşblicas de las OSC

Espacios de participaciOn y diAlogo social Por Itza Fernando Pérez de Tepeticpac Tlahtolcalli, AC

n los espacios para la incidencia de las OSC en la construcción y seguimiento de las políticas públicas en materia de desarrollo social poco se ha avanzado en el nivel local, ya que siguen sin instalarse los Consejos de Desarrollo Social en las delegaciones donde las OSC tienen derecho a participar. En el último decenio, el papel de los consejos en el DF como órganos de consulta, asesoría y vinculación entre sociedad y gobierno, fueron impulsados por organismos civiles y contaron con el respaldo de académicos, con lo que se consiguió su inclusión en diversas leyes, tales como la de Planeación, Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Si bien su objetivo es la creación y apertura de espacios para la interlocución, el análisis y el diseño de las políticas públicas, su operatividad, funcionalidad y capacidad se han visto restringidas por varios elementos que emanan, en algunos casos, de las mismas leyes, de la falta de involucramiento de los servidores públicos o de una escasa o nula participación de los actores. Los principales cuerpos consultivos de

la política social donde la ciudadanía y las organizaciones tienen lugar para la incidencia son: ◆◆ Consejo de Desarrollo Social (central) ◆◆ Consejos Delegacionales de Desarrollo Social ◆◆ Contraloría Ciudadana ◆◆ Red de Contralorías Ciudadanas Delegacionales ◆◆ Comités Ciudadanos ◆◆ Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios De ésos, los que se han instalado y han estado operando (desde el 2002) son el Consejo de Desarrollo Social, la Contraloría Ciudadana, el Consejo Consultivo y el Consejo de los Pueblos y Barrios. No obstante, diversas evaluaciones25 señalan que algunos de los problemas que presentan tiene que ver con:

25 Espejos de la Política Social, Evalúa DF. 2010. Evaluación de la Política de Participación Ciudadana, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, DF, 2011.

a) La falta de recursos no previstos formalmente por la legislación. b) Pocas atribuciones para diseñar y tomar acción. c) La discrecionalidad de los funcionarios o las instituciones para la convocatoria y/o elección de sus miembros. d) Tendencia del lado de los servidores públicos a poner representantes incapacitados para la toma de decisiones. e) Desequilibrio entre los lugares designados para la sociedad civil organizada, la academia, la ciudadanía y el sector privado. f) Falta de compromiso para convocar o llevar a cabo las sesiones programadas. g) Y una carente agenda de trabajo delineada. El modelo vertical y jerárquico en la visión de las instituciones a la hora de decidir, ligado a la falta de conocimiento sobre el DS (desarrollo social), la metodología, planeación y la voluntad política pueden significar en gran medida las causas de estos obstáculos. En el caso de los consejos delegacionales, algunos de ellos ni siquiera se han instalado y los que se han puesto en marcha, se han vuelto espacios para la legitimación de las acciones de la delegación por lo que la 98

participación de los ciudadanos y de las organizaciones se reduce al rol de receptor y esto a la larga hace que no vuelvan a incidir en dichos espacios. Refiriéndonos a la Contraloría Ciudadana y las contralorías delegaciones, desafortunadamente en los últimos años su funcionamiento y capacidad se ha ido restringiendo al punto de su desaparición con acciones como no tomar en cuenta sus observaciones y opiniones, el reemplazo de sus miembros por otros con afiliación política o de las dependencias gubernamentales, etcétera.26 Esto vulnera un mecanismo vital para la transparencia y la participación ciudadana.

LA CONTRALORÍA CIUDADANA Y LAS CONTRALORÍAS DELEGACIONES, DESAFORTUNADAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SU FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD SE HA IDO RESTRINGIENDO AL PUNTO DE SU DESAPARICIÓN

Otro factor interesante y crucial está en que son pocas las organizaciones que colaboran en estos espacios, que inciden en las políticas públicas y que le dan su respectivo seguimiento; esto último derivado de la falta de recursos para su quehacer, su escasa formación en la materia o los fracasos que han tenido al llevar estos procesos. Pese a este panorama, el hecho de que las pocas organizaciones estén incidiendo y 26 “GDF Aniquila Contraloría Ciudadana”, en Revista Contralínea, México, 2008.

evaluando las PP (políticas públicas) nos da la pauta para reflexionar y observar que algunas de las soluciones en realidad son muy sencillas y que sólo requieren de determinación. Y algunas más se refieren a articular y generar agendas desde las organizaciones y la sociedad para con el gobierno. La tarea pendiente: balance de las políticas de fomento Sin duda, la existencia de la Ley de Fomento y su Reglamento han significado un avance sustancial en materia de fomento y promoción al quehacer de las organizaciones civiles en el Distrito Federal. Sin embargo, con el paso del tiempo y de las administraciones locales, las políticas de fomento parecieran que se han suscrito a la transferencia de recursos públicos a través de programas de coinversión y su fiscalización.

una pregunta muy inquietante: ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad civil de la ciudad ante esta omisión gubernamental? Las políticas de fomento son más amplias y van acompañadas de las necesidades más sentidas de las propias organizaciones, pues son ellas y su situación las que revelan los adeudos de estas políticas públicas. Es por ello que los resultados del Foro Balance de las Políticas de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito Federal representan una oportunidad para contrastar lo estipulado por la Ley de Fomento y sus resultados, los adeudos y las propuestas que las propias organizaciones han realizado en el ánimo de incidir en un tema que les es trascendental.

Ante esto, habría que subrayar que fomento no es igual al acceso de recursos públicos por parte de las organizaciones civiles. Tampoco las organizaciones son beneficiarias de los programas, son actores corresponsables que coadyuvan en la tarea pública a través de la participación en distintos espacios que, dicho sea de paso, requieren de mayor capacidad de decisión más allá de su carácter de consulta. De igual forma, la administración local no ha impulsado un programa continuo de profesionalización para las organizaciones civiles. Tampoco ha construido el Programa anual de fomento a las actividades de desarrollo social de las OC, estipulado en el Reglamento desde 2006. Y es aquí cuando surge 99

Mesa de trabajo Incidencia en las polIticas pUblicas desde las OSC Por Laura Zapata de Convergencia de Organismos Civiles, AC

s evidente que la vida democrática de la Ciudad de México se ha transformado en estos 16 años, ello en parte, por el cambio político que permitió a las y los habitantes de la Ciudad de México ejercer el voto y elegir a sus representantes. El Distrito Federal no se ha detenido, en términos de su desarrollo democrático, en las cuestiones electorales. Se ha construido conjuntamente una ciudad que se caracteriza por políticas vanguardistas que se han diferenciado respecto a las que realizan otras entidades e incluso a las que impulsa el gobierno federal. De ahí que, varias de las iniciativas y acciones que hoy en día son reconocidas bajo este criterio tengan como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida a través de garantizar los derechos de las personas. Esto no hubiera sido posible sin la existencia de un gobierno abierto a la deliberación, pero sobre todo, a la persistencia de una sociedad civil demandante, capaz de colocar en la agenda temas sustanciales que han logrado atravesar los umbrales de las formas tradicionales de hacer políticas. Hoy en día, podemos asegurar que en la Ciu100

dad de México hay avances relevantes en términos de políticas públicas derivados de una construcción conjunta entre sociedad civil y gobierno, como: »» Perspectiva y de hacer transversal el enfoque de género en políticas públicas. »» Defensa de los derechos de las personas del movimiento de diversidad sexual. »» Modificaciones al Código Penal del Distrito Federal, en términos de interrupción legal del embarazo; lo que en el fondo tiene implicaciones sustanciales a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. »» Impulso de la Carta del Derecho a la Ciudad que coloca una perspectiva holística sobre la integralidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. »» Impulso de acciones y programas que implican la participación ciudadana en diversas fases de las política públicas; ejemplo de ello son

el presupuesto participativo, el programa de mejoramiento barrial, conformación de consejos ciudadanos, entre otras. Los avances son sustanciales, pero aún siguen presentes en la ciudad una cantidad de retos en materia de garantizar los derechos y avanzar en el desarrollo democrático. Por tanto el reto de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es que las acciones hasta ahora logradas no sufran regresiones y continuar con el trabajo de incidencia en la construcción de políticas públicas; ya sea desde la inserción de los problemas sociales en la agenda pública, la puesta en práctica de las políticas y, por supuesto, en la evaluación de éstas.

EL RETO DE LAS OSC ES QUE LAS ACCIONES HASTA AHORA LOGRADAS NO SUFRAN REGRESIONES Y CONTINUAR CON EL TRABAJO DE INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Pero para ello, las OSC requieren de un contexto idóneo y de unas condiciones que favorezcan su quehacer. Al respecto se ha avanzado en su reconocimiento jurídico, a través de la aprobación de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal (LFADSOSCDF), el cual es un referente para impulsar la participación de las OSC en la vida pública. Sin embargo, si tomamos seriamente la relevancia de las OSC en la in-

cidencia en políticas públicas es necesario subrayar que el impulso de sus acciones no se agota en la creación de esta ley. Han pasado más de 13 años desde su aprobación y los desafíos respecto a la LFADSOSCDF se mantienen vigentes. Por lo anterior, es sustancial avanzar en el cumplimiento de la ley y en el impulso de una política de fomento, lo que atraviesa por varias aristas y esfuerzos que tendrán que hacer OSC y gobierno. Primero, para poder realizar un trabajo de incidencia en políticas públicas más democrático y eficiente se requiere la articulación y diálogo entre actores, lo que implica la construcción y firma de un pacto social entre gobierno y organizaciones civiles y la articulación de estas en redes para potencializar sus capacidades y generar mayores sinergias. ◆◆ Segundo, debemos caminar en el fortalecimiento interno. Las OSC reconocemos que es fundamental la profesionalización de nuestro quehacer, ya que es importante desarrollar y potencializar nuestras capacidades técnicas y políticas, y avanzar en el diseño e implementación de estrategias de autogestión. Para ello, proponemos pensar en las siguientes estrategias para avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones que participamos en la vida pública de la Ciudad de México: ◆◆ Hacer un pronunciamiento pú101

blico sobre la situación actual de las organizaciones apelando a la exigibilidad del derecho a la participación y al desarrollo.

todo dar cumplimiento a la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal

◆◆ Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de las OSC y de ello derivar un programa de fomento.

De tal manera que consideramos necesario construir e impulsar conjuntamente una política de fomento a las actividades de desarrollo social de las OSC en la que de inicio se considere:

◆◆ Avanzar en la articulación de redes temáticas y territoriales que faciliten las alianzas y potencialicen nuestras capacidades de incidencia. ◆◆ Organizar un foro sobre experiencias paradigmáticas en donde compartamos y aprendamos las estrategias que han alcanzado mayor nivel de efectividad. ◆◆ Construir estrategias y mecanismos de comunicación para intercambiar información, y promover la vinculación y colaboración entre OSC. ◆◆ Fortalecer las capacidades de las OSC a través de la capacitación virtual y presencial. Pero al igual que somos autocríticas sobre nuestro quehacer, consideramos que al gobierno le corresponde generar las condiciones adecuadas para que podamos seguir participando en la vida democrática de la ciudad. Para ello es relevante avanzar en dos sentidos: rebasar las inercias y desconfianza existente en las instancias gubernamentales frente al trabajo que hacen las OSC y sobre 102

»» Avanzar en el cumplimiento de la LFADSOCDF a partir del fomento e inclusión de la participación de las OSC en el espacio público »» Hacer transversal la perspectiva de participación ciudadana de las OSC como eje de las políticas públicas. »» Capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos sobre el quehacer de las OSC. Las acciones que se desprenden de una política de fomento no se agotan aquí, pero sí creemos que debemos comenzar con algunas condiciones mínimas para avanzar conjuntamente en la construcción e impulso de una política de fomento. Las organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal han demostrado que su participación en la vida pública abona en la construcción de una ciudad más democrática, incluyente y vanguardista. Por ello su fomento no sólo se trata de un compromiso con la participación, sino que en términos de eficiencia se ha demostrado que las OSC juegan un papel relevante en la ampliación de la esfera pública y en el juego democrático de la ciudad.

Mesa de trabajo: Visibilidad y comunicaci贸n de las OSC

Mesa de trabajo: Marco normativo y r茅gimen fiscal

Mesa de Trabajo Visibilidad y ComunicaciOn de las OSC Por Claudia Doroteo de Identidades- Somos o No Somos, AC y María Eugenia Torres del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, AC

finales de abril de 2012, el Instituto Nacional de Estadística, Goegrafía e Informática (INEGI) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) reportaron que en México el 32.2 por ciento de los hogares cuenta con computadora y el 26 por ciento de éstos tienen conexión a Internet. En contraste, casi tres cuartas partes de la población del país no tienen acceso a estas tecnologías en su hogar. Adicionalmente, sólo el 39.8 por ciento de los mexicanos es usuario de computadora y 36.4 por ciento de la computadora e Internet. Estos datos nos hacen pensar, en un primer momento, que la difusión por medios electrónicos dista mucho de ser una estrategia de gran impacto en nuestro país. Sin embargo, en los últimos años, los teléfonos móviles y en mayor número los teléfonos inteligentes con acceso a Internet han ganado terreno en la población, ya que cerca del 90 por ciento de los hogares en el país cuenta con al menos un teléfono celular por el cual podría acceder a Internet. De forma que aunque existe la brecha en el acceso a estas tecnologías, también es cierto que su desarrollo no se detiene y se transforman de forma significativa muchos aspectos

de nuestra sociedad tales como la manera de comunicarnos, de acceder a la información y de conformar o mantener relaciones sociales. Bajo esta línea cabría preguntarnos ¿Cuál es capacidad adquisitiva y el grado de conocimiento y aplicación técnica de medios de comunicación en las organizaciones civiles? Ante la rapidez del movimiento de información en la red y las distintas herramientas mediáticas, sólo algunos movimientos sociales las han utilizado con objetivos democráticos, a través de convocatoria en redes sociales, como #yosoy132, #1DMX y el caso del Candigato Morris. De ahí que la sociedad civil aún aparece ajena y desdibujada del reconocimiento digital. Por lo cual, consideramos que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) necesitan impulsar su actuar en este ámbito. La importancia de hacer suyo el uso de estas tecnologías, se verá reflejada en la respuesta que obtengan de la ciudadanía a la cual se dirigen, lo que a su vez significará fortaleza, arraigo y poder social necesarios para incidir. El uso de la web nos permite acercarnos y dialogar con las poblaciones y 105

comunidades específicas a las cuales brindamos nuestras herramientas y nos permite mejorar nuestro desarrollo.

EL USO DE LA WEB NOS PERMITE ACERCARNOS Y DIALOGAR CON LAS POBLACIONES Y COMUNIDADES ESPECÍFICAS A LAS CUALES BRINDAMOS NUESTRAS HERRAMIENTAS Y NOS PERMITE MEJORAR NUESTRO DESARROLLO

También nos facilita acceder con mayor agilidad a los documentos para conocer los procesos políticos, la memoria histórica y política de nuestra ciudad. En el interior de las organizaciones, permite fortalecer los núcleos organizativos en ambientes de trabajo colaborativos, en tiempo real y desde diferentes lugares, reduciendo costos de traslado, mejoras en el rendimiento laboral y el aprovechamiento de tiempos de descanso. Algunos ejemplos de estas herramientas que ayudan a generar este tipo de trabajo en la actualidad son los servicios de google drive, skydrive o los wikis que son plataformas que permiten resumir e incorporar el trabajo de redacción colectivo en un solo documento, así como los marcadores de contenido que permiten la especificidad de la información como delicious, pearltrees y stumbleupon, que nos ayudan a seleccionar y enlazar nuestros intereses y búsquedas permitiendo profesionalizar nuestras lecturas.

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También existen redes de comunicación directa como hang out y skype que nos ayudan a tener video-llamadas de forma gratuita e incluso están apareciendo plataformas como idea.me y fondeadora.com, que crean nuevas maneras de recaudar fondos donde los ingresos se obtienen por el propio desarrollo e involucramiento comunitario de cada proyecto y no a partir de competencias entre organizaciones. Desde la comunicación externa se necesita una mayor difusión de los objetivos, actividades y alcances que realiza la sociedad civil para que los habitantes de la Ciudad de México conozcan la existencia de la OSC y acudan a ellas, no sólo como usuarios de sus múltiples servicios sino también como interesados y partícipes en coproducir el desarrollo de la comunidad a la que pertenecen. Utilizar las herramientas digitales potencializa estos lazos de articulación entre las OSC con su comunidad y también con los servidores públicos, tomadores de decisiones. En tal sentido se crea un tránsito expandido de ideas de cultura y participación ciudadanía necesarias para la incidencia en políticas públicas.

SE NECESITA UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y ALCANCES QUE REALIZA LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONOZCAN LA EXISTENCIA DE LA OSC Y ACUDAN A ELLAS

Nos parece relevante y necesario promover el ejercicio del derecho a la comunicación y al acceso libre de información con la ciudadanía y por ello es vital entender cómo y qué tipo de información se está compartiendo en las redes de mayor incidencia, tales como facebook y twitter y repensar cómo podemos ocupar estas herramientas desde nuestro quehacer para convocar y animar la participación ciudadana, elaborando contenido críticos. ¿Qué importancia puede tener utilizar los medios digitales sino cuestionamos en ellos los poderes establecidos o fomentamos alguna reivindicación socio-política de democracia participativa, la cual es nuestro derecho?

¿QUÉ IMPORTANCIA PUEDE TENER UTILIZAR LOS MEDIOS DIGITALES SINO CUESTIONAMOS EN ELLOS LOS PODERES ESTABLECIDOS O FOMENTAMOS ALGUNA REIVINDICACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?

Preguntas guía de la mesa: 1. ¿Cómo enfrentamos en el interior de las organizaciones de la sociedad civil la incorporación de herramientas digitales para nuestro desempeño? 2. ¿Cómo lidiamos las OSC con los discursos consumistas y dominantes frente a nuestras propuestas e ideas que buscan visibilizar nuestras acciones y alternativas con las poblaciones que atendemos?

3. ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana y la incidencia en políticas públicas con ayuda de las redes sociales; siendo autocríticos de sus alcances? Propuestas derivadas de la mesa de trabajo Comunicación y visibilización de las OSC: Al responder las preguntas, surgieron otros planteamientos derivados del trabajo cotidiano de los propios participantes. En este punto, se exponen los problemas y propuestas que enfrentan las organizaciones civiles para visibilizarse ante la opinión pública y desarrollar procesos de comunicación que les permitan tener vínculos interorganizacionales, así como su relación con otros actores incluidos en el tema del desarrollo social y la constante actualización de las herramientas tecnológicas de información. Las dificultades más recurrentes que padecen las organizaciones son a) falta de equipo; b) falta de conocimientos en la creación de estrategias de comunicación eficientes y cómo manejar el tema de la tecnología; c) no hay visibilización de las acciones de las OSC en medios de prensa, televisivos, principalmente; d) déficit de tiempo y recursos humanos de las organizaciones para operar las estrategias de comunicación; e) hay apatía ciudadana y desconocimiento para participar ampliamente por redes sociales, en temas de asuntos públicos; f) si bien las OSC comparten un código lingüístico para el trabajo que desarrollan, es importante traducirlo y explicarlo hacia las poblaciones fuera del ámbito de las OSC. 107

¿Cuáles son las propuestas? En la búsqueda de soluciones ante lo arriba expuesto, se considera que desde las instancias gubernamentales: a) pueden crearse y fortalecerse vínculos con fundaciones con capacidad de recursos para la donación de equipo de cómputo hacia OSC, que no cuentan con estos insumos, al mismo tiempo que las instituciones gubernamentales pueden reasignar equipos que están catalogados como devaluados; b) deberá fomentarse la asignación de recursos a proyectos y programas para el uso de las tecnologías de las organizaciones y de la ciudadanía en general; c) activar programas de capacitación y

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fortalecimiento en temas de comunicación e inserción digital; d) crear y documentar estrategias de comunicación e) incorporar a universitarios en el interés por participar y trabajar en organizaciones civiles; f) acercamiento a los medios de comunicación comunitarios; g) inclusión en los sitios web gubernamentales, considerando que habría que establecer un presupuesto para ello y así incluir el directorio de organizaciones y su quehacer; h) valorar los éxitos de fomento de expresión y divulgación de OSC, como ejemplo “México Social”; i) crear lenguajes claros, sencillos, breves, horizontales y amigables para compartir la información.

Convivencia de las y los participantes del Foro

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Mesa de trabajo ArticulaciOn y redes de organizaciones de la sociedad civil Por Manuel Gallardo y Fabiola Juárez

as problemáticas y las demandas sociales en nuestro país, y en nuestra ciudad en particular, son muy amplias, pero así también son diversas las alternativas, que desde la sociedad civil, se presentan para la búsqueda de su atención, para el tratamiento o para la reducción del daño social de estas situaciones conflictivas. Resultaría pretencioso y poco viable pensar que las organizaciones civiles, de forma desarticuladas o aisladas, pretendan dar solución a la problemática social que tenemos enfrente. Desde los años ochenta, las OSC han establecido como eje estratégico, la articulación y la alianza entre ellas mismas, con diversos objetivos: 1) Como una forma de sumar fuerzas, para el diálogo y la interlocución con las instancias gubernamentales. En los últimos años, este objetivo ha tomado fuerza en el cabildeo o la incidencia en la política pública, en la agenda legislativa. 2) Para compartir experiencias, metodologías y procesos formativos que fortalezcan la dinámica organizativa y los procesos sociales que las organizaciones vienen impulsando desde sus contextos y temáticas específicas.

de Acicamati, AC

3) Como una estrategia global en la obtención de recursos y financiamientos, que desde algunas agencias y/o convocatorias públicas, dan relevancia en la asignación de recursos a los espacios de articulación entre las OSC. A partir de estos objetivos en común, reconocemos los avances y aportes que desde la sociedad civil se han logrado, al contribuir a mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de las instituciones de nuestro país. No debemos olvidar que en las primeras luchas por los derechos humanos, ante las detenciones extrajudiciales y la desaparición forzada, el trabajo articulado de las organizaciones eclesiales y de pro-derechos humanos fue fundamental para la denuncia y presentación de los presos políticos. De igual manera, en tiempos más recientes, en la construcción de la democracia representativa en México, el papel de redes como la Alianza Cívica o el Movimiento Ciudadano por la Democracia, con la observación electoral y las consultas ciudadanas, marcaron un parte aguas en las dimensiones y trascendencia, en los aportes de una país democrático y en plenos derechos políticos. De igual manera, podemos identificar 111

los diversos espacios de articulación en red de organizaciones civiles, especializadas en temáticas y sectores poblacionales que han realizado grandes partes la atención a grupos vulnerables, en defensa de sus derechos, en este sentido, un pleno reconocimiento a las redes de OSC de mujeres, de población lésbico, gay, trasvesti, bisexual, transexual y transgénero (LGTBTT), de niños y niñas, y pueblos indígenas. Aún más, existen redes que se han especializado en el fortalecimiento de las OSC, sean éstas desde una perspectiva filantrópica, como representa el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) o con aquellas que realizan su labor desde la promoción social, como la Convergencia de Organismos Civiles. En lo últimos años, hemos identificado que las formas de articulación entre las organizaciones civiles se han diversificado, así también la dificultad para lograr un proceso en trabajo conjunto entre las organizaciones civiles, sin que entre ellos medie conflictos por los protagonismos de las organizaciones, y, por otro lado, la libre competencia por los recursos y financiamientos para la operación de proyectos sociales. Valoramos que el trabajo en red, desde las OSC, entra en una etapa de revaloración y de balance de sus verdaderos alcances y competencias, conformándose en un reto actual para la sociedad civil organizada.

LAS FORMAS DE ARTICULACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y LOS PROCESOS DE TRABAJO CONJUNTO SE HAN DIVERSIFICADO

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En este sentido, surgen preguntas como:

»» En el contexto actual, ¿cuál es la relevancia de la articulación en redes o alianzas entre las organizaciones civiles? »» En la incidencia en la política pública, ¿la labor de cabildeo y gestión social en las diversas agendas sociales y ciudadanas, se obtienen mejores resultados de forma articulada en red de OSC o de forma individualizada por cada organización social? »» En relación a la relevancia de la articulación en redes desde las OSC, ¿qué opinión les merece, las preferencias o dar prioridad en la asignación de fondos y financiamientos? Definamos qué es una red Las redes podemos definirlas como un conjunto de personas que se organizan para un fin determinado. La red de organización básica es: tejido de organización social alternativa, formada por un conjunto de grupos de personas que se unen, articulan y vinculan para resolver una demanda básica. También podemos decir que es el conjunto o trabazón de cosas que obran a favor de un fin o un intento. O bien, es una forma de organización social que implica la agrupación de organizaciones y coordinación para el logro de objetivos. La red es una nueva forma de organización social que responde a las circunstancias

actuales. Las redes ciudadanas son instrumentos de trabajo, de lucha, de reivindicación, son un objetivo y son un medio, para atender temas de la salud, la vivienda, la producción, el consumo, el ahorro, la ecología, los derechos humanos, etcétera, e incidir en las políticas públicas relacionadas con su demanda.

◆◆ Membresía representativa ◆◆ Acceso a líderes comunitarios o tomadores de decisiones ◆◆ Satisfacer las necesidades de los miembros ◆◆ Compromiso y energía ◆◆ Voluntad de cambio y adaptación

LA RED ES UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE RESPONDE A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES

◆◆ Lograr flexibilidad continua ◆◆ Cada uno está allí para el otro Principios

Pasos a seguir para integrar una red social Es preciso señalar antes los siguientes lineamientos: ¿Cuáles son los puntos clave en el espacio físico de una red social? o ¿Faltan conexiones dominantes? ¿Quién desempeña los roles principales de la dirección en la comunidad? y ¿quiénes no lo son pero lo pueden ser? ¿Quién son los expertos en proceso, el planeamiento y la práctica? ¿Quién son los preceptores que otros buscan para su consejo? ¿Quién son los innovadores? ¿Las ideas se comparten y se actúan sobre? Asimismo los componentes de una red social deben ser:

◆◆ Servicio a la comunidad, especialmente con aquellas que pertenecen a la red. ◆◆ Innovación continúa de acuerdo a nuevos y variados requerimientos humanos y de proyectos tecnológicos y de servicios diversos. ◆◆ Autonomía respecto a gobiernos, partidos políticos, empresas privadas y otros intereses que busquen el control y anteponer los intereses de unos pocos por encima de la colectividad. ◆◆ Transparencia en la actuación, la dirección, la administración, la gestión, en la equidad. ◆◆ Democracia en la participación directa organizada de los ciuda113

danos, bajo esquemas de diálogo. ◆◆ Igualdad, tolerancia; aceptación de la voluntad de la mayoría, respetando la opinión de la minoría. Respeto de los derechos humanos. ◆◆ Cooperación e intercambio de conocimientos, recursos y asesoría. Criterios ◆◆ Que en las iniciativas que formen parte de la red no exista ningún tipo de explotación. ◆◆ Que no exista algún tipo de expropiación en el consumo o dominio en las iniciativas. ◆◆ Eliminar la existencia de un intermediario en los trámites, proyectos y programas de actividades. ◆◆ Autodeterminación de los fines

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y autogestión de los medios, con espíritu de cooperación y colaboración entre todos los participantes. Propuestas Una vez aclarados los aspectos generales del trabajo en redes, las propuestas por parte de los asistentes fueron en torno al: --Fortalecimiento interno y capacitación para incidir en los tres ámbitos de gobierno a nivel nacional y local y también en el ámbito comunitario. -Trabajo en equipo bajo una perspectiva de género en proyectos y en las redes que se constituyan. -Consolidación de alianzas con otras redes de OSC y grupos organizados (cooperativas, asociaciones y otros).

Entrega de refrigerios para las y los participantes

Convivencia de las y los participantes del Foro

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Mesa de trabajo: CapacitaciOn y transferencia metodolOgica para las OSC Por Oscar Rey de Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, AC

n los últimos años hemos identificado, desde diversos ámbitos relacionados al desarrollo social, el señalamiento de la urgente necesidad en la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Por supuesto, esta señalización tiene diversos orígenes y justificantes, a partir del análisis que se realiza sobre el papel de las OSC, a saber: 1. Desde los programas de financiamiento gubernamental, ven a la profesionalización de las OSC como una estrategia para la transferencia de responsabilidades en la operación de programas de competencia gubernamental. 2. Desde las agencias internacionales, dicha profesionalización busca fomentar la construcción de parámetros de competencia en la eficacia y la eficiencia, así como, en la creación de indicadores sociales para la medición del impacto en el desarrollo de proyectos sociales. 3. Desde las propias OSC, ven a la profesionalización como una estrategia para potenciar sus capacidades de gestión y para el desarrollo de los proyectos sociales.

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Dentro de este contexto de profesionalización, que en realidad tiene que ver con los miembros, participantes y/o personal contratado por las OSC, las acciones de formación y capacitación se han convertido como una estrategia básica para lograr potenciar las capacidades y competencias de las OSC.

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SE HAN CONVERTIDO COMO UNA ESTRATEGIA BÁSICA PARA LOGRAR POTENCIAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS OSC.

En la actualidad, en diversos estudios de las dinámicas de las organizaciones civiles, se ha identificado que las personas que participan en las OSC tienen un alto perfil académico. A pesar de lo anterior, esta formación académica no se traduce en capacidades técnicas y metodológicas para la ejecución de proyectos y programas centrados en el desarrollo social y comunitario. Por otro lado, las perspectivas de pro-

fesionalización desde agencias internacionales de financiamiento, han generado criterios y parámetros en la selección de proyectos y en la construcción de vínculos con ONG, sólo con aquellas que demuestren que han llevado proceso internos de formación y capacitación, en muchos casos, centrados en el diseño y medición de indicadores sociales, en especial los relacionados en el impacto social. En relación a la necesidad que tienen las OSC para su formación y fortalecimiento, el origen está en buena medida en los elementos anteriormente señalados, pero también reconocemos que la realidad social y los medios de atención a la misma, han demandado a las organizaciones civiles buscar espacios de formación teórica y metodológica, como un medio para resolver de mejor manera estas demandas y problemáticas sociales. En ese sentido, hemos delineado algunas categorías para la adquisición de herramientas metodológicas y técnicas, desde las perspectivas de las OSC: a) Apropiación de elementos técnicos y metodológicos para el diseño de proyectos sociales, con énfasis en la definición de indicadores de impacto social. b) En la reorganización y diseño institucional, así como en la definición de sus ámbitos de competencias y en sus capacidades organizativas. c) Ampliación de las capacidades organizativas para la incidencia en las políticas públicas en los diversos niveles de ámbito gubernamental, especializadas en las temáticas y sectores de población de competencia de las

OSC. d) Actualización y apropiación de nuevas concepciones teórico-metodológicas de los diversos ámbitos del quehacer de las OSC que pueden abarcar la educación popular, la intervención comunitaria, el desarrollo social y sustentable, la prevención primaria, la atención a víctimas, la reinserción social y un largo etcétera relacionado con los contenidos de las organizaciones civiles.

LAS ORGANIZACIONES CIVILES BUSCAN ESPACIOS DE FORMACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA COMO UN MEDIO PARA RESOLVER DE MEJOR MANERA LAS DEMANDAS Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES

Un elemento para reflexionar sobre el fortalecimiento de las capacidades de las OSC, es la vinculación con los espacios de formación académica y de investigación científica; si bien existe un fuerte cuestionamiento hacia las universidades públicas y privadas, en relación a sus dinámica cotidiana, en donde se ven desarticuladas entre la construcción del conocimiento académico y científico, en relación con lo que llamamos “la realidad social”. A pesar de lo anterior, existe una demanda generalizada, o una veta de esperanza, en donde se visualiza como un aliado estratégico a las universidades y centros de estudio, en especial a las escuelas públicas, como una posibilidad para la formación y profesionalización de las organizaciones civiles. 117

SE VISUALIZA COMO UN ALIADO ESTRATÉGICO A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE ESTUDIO, COMO UNA POSIBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES

Desde otro nivel de análisis, se ha profundizado sobre la problemática que se genera en torno a la capacitación y a la transferencia metodológica, desde el contexto del Distrito Federal: I. Para finales del 2012, el registro de organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal, se tiene un recuento de 1,532 organismos civiles; cada una de ellas, responde a diversas necesidades y condiciones de formación interna de su personal y de su estructura organizativa, que en buena medida responde a la especialización de sus respectivos objetos sociales. II. A diferencia del ámbito federal, no existe una instancia gubernamental que represente la vinculación y seguimiento en la relación con las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad capital, tarea que en lo federal se ve centrada en el Instituto Nacional para el Desarrollo Social (Indesol), pero que a nivel del Gobierno del Distrito Federal no existe una contraparte clara y definida; no sólo para la gestión de recursos y programas de coinversión, sino también para la formación y fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de las OSC en el DF. 118

III. Desde la perspectiva de la corresponsabilidad, las organizaciones sociales y civiles han buscado en diferentes ámbitos y niveles del Gobierno del DF para incidir en el diseño de la política pública en favor del desarrollo social en la Ciudad de México. Si bien es necesaria la formación de capacidades en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, desde las OSC, resulta de mayor urgencia la formación de las funcionarios públicos, en especial a los encargados en la relación con las organizaciones civiles, para mejorar sus mecanismos de diálogo, construcción de acuerdos de vinculación OSC-GDF, así como la definición de agendas sociales. En contraparte, es necesario incrementar las capacidades de gestión e incidencia política, desde las OSC, para la diseño de la política pública en la Ciudad de México. IV. Por último, cabe señalar que la condiciones de infraestructura y de servicios con los que cuenta la ciudad capital, son en mucho sentido superiores a otros estados y ciudades del país, por lo tanto, las facilidades para generar espacios de formación, sean de forma presencial, o en su caso, en el uso de las nuevas tecnologías (cursos, talleres y diplomados en línea); en particular, se debe profundizar en fortalecimiento de las capacidades en el uso y en el acceso de las nuevas tecnologías, para la operación de las organizaciones civiles, en especial para la formación continua y en el acceso de la información pública.

Ana MarĂa Salazar de Convergencia y Rafael Reygadas de la UAM-Xochimilco

Alfonso PĂŠrez en el debate

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Panel: El nuevo rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la reforma política del Distrito Federal con Agustín Basave del Consejo Consultivo para la Reforma Política del Distrito Federal, Jorge Carbajal de Arkemetría Social y Pilar Berrios de Convergencia.

Agustín Basave del Consejo Consultivo para la Reforma Política del Distrito Federal

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Capitulo III

El papel de las Organizaciones Civiles en la reforma politica del Distrito FederaL

El nuevo rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la reforma politica del Distrito Federal Por Jorge Carbajal Arkemetría Social, AC

l Distrito Federal se caracteriza por tener un status jurídico diferente a las demás entidades federativas, ya que es la sede de los Poderes de la Unión y oficialmente la capital del país. Sin embargo, también se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de población y por contar con una gran oferta de servicios de cualquier índole: empresariales, recreativos, culturales, educativos, de salud, gubernamentales, etcétera. Aunado a esto, el Distrito Federal también se caracteriza por un dinamismo participativo de la ciudadanía que ha impulsado en la historia reciente importantes transformaciones políticas y sociales tanto en el ámbito federal como local.

EL DISTRITO FEDERAL TAMBIÉN SE CARACTERIZA POR UN DINAMISMO PARTICIPATIVO DE LA CIUDADANÍA QUE HA IMPULSADO EN LA HISTORIA RECIENTE IMPORTANTES TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO LOCAL.

La conjunción de estos elementos representa un desafío al gobierno local para generar las condiciones de desarrollo económico y social sustentables y a la vez procesar democráticamente las necesidades y demandas de los distintos grupos de la población. Ante este desafío es necesario continuar y profundizar la reforma política en el Distrito Federal con la finalidad de propiciar una mejora sustancial en la gobernabilidad, la actividad administrativa y la participación ciudadana. La reforma política del Distrito Federal es el procedimiento jurídico-político que tiene como objeto el rediseño institucional de sus tres órganos de gobierno (la Asamblea Legislativa del DF, la Jefatura de Gobierno del DF y el Tribunal Superior de Justicia) y de los distintos órdenes de gobierno que conforman su Administración Pública. Un breve recuento de las estructuras jurídico-políticas del Distrito Federal La configuración del Distrito Federal a inicios del siglo XX En los inicios del siglo XX el Congre123

so de la Unión tenía facultades plenas para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal. El debate en ese entonces giraba en torno a dos dimensiones: »» Desde el punto de vista jurídico, en el sistema federal mexicano no existía una subordinación del gobierno de ninguna entidad federativa al gobierno federal o viceversa, por lo que no existiría salvaguarda de los poderes federales, si éstos quedaran asentados en el territorio de un estado, con lo que se atentaría a la unidad nacional y se propiciaría el rompimiento del pacto federal. »» 2.Desde el punto de vista político, la teoría y la historia probaban que no era conveniente la coexistencia, sobre un mismo territorio, de un poder federal y un poder local. Este debate se concluyó al establecer en segundo plano al Distrito Federal, respecto de la federación y de los poderes de los estados. Sin embargo, de manera paralela la ciudad había desarrollado formas híbridas en donde se combinaban la autonomía de los pueblos y viejos barrios bajo el sistema municipal descentralizado, que contrastaba con el centralismo impuesto al gobierno de la ciudad central. En la etapa revolucionaria se le otorga a la ciudad un breve e inestable status de estado con gobernador designado, respetando el régimen municipal, todos con sus cabildos y presidentes municipales. La Constitución de 1917 reconoce en su artículo 73 que el territorio del Distrito Federal se divide en 13 municipios organizados cada uno a través de un 124

ayuntamiento de elección popular directa. La etapa post-revolucionaria Desde el siglo XlX, los ayuntamientos del Distrito Federal habían demandado que este territorio se erigiera en estado de la federación o la expedición de una ley que organizara debidamente la vida municipal para evitar los continuos conflictos con el gobierno general y detener la erosión de los servicios municipales, pero la violencia, el desorden administrativo, la bancarrota financiera de los ayuntamientos, la corrupción y la lucha desatada por el control de la ciudad, dieron lugar a la reforma de 1928, con la que el general Álvaro Obregón presentó una iniciativa con la que desaparecen los 13 municipios reconocidos en marzo de 1903, contraponiéndose al “ala dura” de diputados constituyentes representada por Heriberto Jara e Hilario Medina, que en 1917 habían tratado de garantizar la libertad de ese tercer orden de gobierno para la capital. Eliminado el municipio, el Departamento del Distrito Federal se creó como órgano centralizado y dependiente del gobierno federal, al frente del cual estaría un jefe (o regente) nombrado por el presidente de la República. El territorio mantuvo la subdivisión en 13 demarcaciones pero administradas a través del sistema de órganos desconcentrados, al frente del cual se ponía un delegado político, nombrado por el regente, por acuerdo con el presidente. Evolución del Distrito Federal entre 1971 y 1988

Después de varios decenios sin cambios en el ámbito jurídico de la Ciudad de México, a finales de 1970 mediante reformas a la Ley Orgánica para el Distrito Federal, se modificó la cantidad de delegaciones que integran el ámbito local. El Distrito Federal se dividió en 16 Delegaciones. De esta manera, a lo que fue la Ciudad de México se agregaron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, como nuevas demarcaciones además de las que existían hasta esa fecha. Al reformarse la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en 1970, se intentó crear una estructura vecinal capaz de participar de forma activa en las decisiones de las demarcaciones administrativas a través del Consejo Consultivo del la Ciudad de México. Bajo el nuevo esquema los ciudadanos tendrían facultades de información, opinión y proposición al jefe capitalino sobre obras y servicios a desarrollar en las delegaciones. Las deficiencias de este mecanismo de semi-representación ciudadana estaban a la vista de todos. Por ejemplo, la ciudadanía no se sintió identificada con el mecanismo de participación porque fue instalado desde el gobierno; a los vecinos únicamente se les permitía opinar y hacerlo en temas administrativos, alejados de las principales directrices sociales, políticas y económicas de la metrópoli, entre otras. En 1978 se publicaron nuevas reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal con las cuales se cambiaron las facultades de los delegados y para promover una mayor participación ciudadana se crea-

ron dos nuevas figuras: las asociaciones de residentes y los comités de manzana. Con los ajustes al artículo 73 de la Constitución se introdujeron las figuras del “referéndum” y la “iniciativa popular” para aprobar o iniciar leyes o reglamentos relativos al DF. Desafortunadamente, nunca se emitió un reglamento para su aplicación y en la reforma política de 1986-1987 desaparecieron de la Constitución. La reforma política reciente Los primeros avances significativos hacia un gobierno democrático local La reforma política del Distrito Federal forma parte de un proceso que inició varias decenios atrás cuando se crea en 1986 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, resultado de demandas ciudadanas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales. En esta coyuntura las organizaciones sociales de damnificados de los sismos de 1985 generaron una fuerte presión al gobierno federal para llevar a cabo estas reformas. A la samblea se le otorgaron facultades para emitir bandos y reglamentos, de hacer trabajo de gestoría y participar en el nombramiento de magistrados del Tribunal e iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. Posteriormente en 1993, se otorgan facultades legislativas específicas a la Asamblea. Además, se crea la figura de una elección indirecta para el jefe de gobierno; la Asamblea tendría facultades para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto y aparece125

ría la figura de los “consejos de ciudadanos” para cada delegación con funciones de supervisión y consulta, una suerte de acompañamiento de los delegados, pero con atribuciones muy limitadas. Esta reforma estuvo precedida de un plebiscito ciudadano que en marzo de 1993 logró, sin recursos ni publicidad, que cerca de medio millón de ciudadanos se pronunciaran por la figura de elección directa del jefe de gobierno. Después en 1996, se aprueba una reforma consensada por todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión. En dicha reforma se otorgan mayores facultades legislativas a la Asamblea y se reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir mediante voto directo al jefe de Gobierno; además, se crean los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales integrados por elección popular. El artículo 122 constitucional, que sale de esta reforma, deja al DF con una serie de candados para el ejercicio del gobierno que en vez de fortalecerlo y dotarlo de una estructura fuerte y autónoma para enfrentar los retos de gobernabilidad en la ciudad capital, establece reglas que debilitan el gobierno y lo hace dependiente de la buena voluntad de los poderes federales. También en 1996 se realizaron las elecciones de consejeros ciudadanos, en las cuales prevaleció un alto abstencionismo y un abierto desinterés de la ciudadanía por participar en un proceso, en el que se limitó la actuación de los partidos políticos al control del proceso electoral. 126

En el año 1997 se elige por primera vez mediante voto directo al jefe de Gobierno. En el 2000 se eligen por primera vez los delegados de las 16 demarcaciones territoriales en las que está dividido el territorio de la ciudad capital. Además, directamente vinculada a la reforma de 1996 se promulga una nueva Ley de Participación Ciudadana, según la cual los comités vecinales son las principales instancias de representación de la ciudadanía y que establece la posibilidad de recurrir a instrumentos tales como el referéndum, el plebiscito, la consulta pública, etcétera.

CON LA REFORMA DE 1996 SE PROMULGA UNA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGÚN LA CUAL LOS COMITÉS VECINALES SON LAS PRINCIPALES INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Antecedentes inmediatos del proceso de la actual reforma política 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una iniciativa de reforma constitucional ante la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa fue discutida y aprobada por esta cámara. 2002, el Senado resuelve rechazar en su totalidad la iniciativa de reforma. La ALDF presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional.

2004, la SCJN resuelve que no procede la controversia constitucional. 2009, la ALDF crea la “Comisión Especial para la Reforma Política del DF” con la finalidad de reformular la iniciativa presentada anteriormente. 2010, se presenta nuevamente una iniciativa ante el Senado. Se turna a la Comisión del Distrito Federal y no se discute. ¿Qué contiene la iniciativa de reforma política del DF de 2010? Los objetivos principales de la iniciativa de reforma política del Distrito Federal que se presentó en 2010 ante el Senado son: a) Redefinir la naturaleza jurídica del Distrito Federal, mediante un nuevo ordenamiento jurídico, manteniéndose como sede de los Poderes Federales y capital del país. b) Rediseñar el esquema de competencias. c) Mejorar el funcionamiento de la Administración Pública local. d) Fortalecer los órganos autónomos del Distrito Federal (como el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos). Los puntos principales de la propuesta legislativa se enlistan. 1) Emisión de un nuevo ordenamiento que defina la naturaleza jurídica del Distrito Federal como sede de los Poderes Federales, capital de los Estados Unidos Mexicanos y entidad federativa (sin equipararse con los

otros estados). 2) La ALDF deberá llegar a funcionar como un Congreso local que ejerza facultades plenas con la finalidad de legislar en todas la materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión (p. e. seguridad pública, responsabilidad de los servidores públicos, deuda pública, expedición y reforma del Estatuto de Gobierno). 3) Fortalecer los órganos autónomos del Distrito Federal: Instituto Electoral, Comisión de Derechos Humanos, Contaduría Mayor de Hacienda, Instituto de Acceso a la Información Pública. 4) Permitir que la ALDF participe en el procedimiento de reforma constitucional como el resto de las legislaturas locales (Constituyente permanente), sin necesariamente equipar a la ALDF con un órgano legislativo local (conservar su carácter sui generis, dadas las particularidades). 5) Transferir la facultad de aprobar la deuda pública del Distrito Federal a la ALDF 6) Determinar que el Distrito Federal participe obligatoriamente en el Sistema de Coordinación Fiscal (aportaciones federales de manera proporcional a su capacidad recaudatoria). 7) Dotar al jefe de Gobierno la facultad para designar y remover libremente al procurador de Justicia y al secretario de Seguridad Pública, sin la autorización del presidente de la República. 8) Otorgar la facultad de designación de un 127

jefe de Gobierno con el carácter de interino o sustituto a la ALDF, salvo en el caso de remoción del mismo, en cuya hipótesis el Senado sería el órgano facultado para llevar a cabo dicho procedimiento. 9) Promover la reforma que permita dotar de autonomía a la Procuraduría General de Justicia del DF y a la Contraloría General del DF. 10) Instaurar un régimen de responsabilidades de los servidores públicos del DF. 11) Incluir al Tribunal Contencioso Administrativo dentro de la esfera de competencia del Tribunal Superior de Justicia del DF.

12) Transferir la facultad de conceder el indulto a reos sentenciados por la comisión de delitos del orden común del Ejecutivo Federal hacia el jefe de Gobierno. 13) Dotar de personalidad jurídica y patrimonio propio a las delegaciones (autonomía para prestar servicios públicos y capacidad recaudatoria propia; también incluiría la facultad de contar con cuerpos de seguridad propios). 14) Establecer un órgano colegiado de representación política en las delegaciones que ejerza funciones de deliberación, decisión y vigilancia con respecto al jefe Delegacional. 15) Establecer un Consejo de Delegados Políticos del DF con capacidad decisoria sobre las políticas públicas y los servicios públicos que preste la Administración Pública central en cada una de sus demarcaciones territoriales. 128

16) Creación de mecanismos institucionales de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el Gobierno del DF. 17) Establecer las bases para la celebración de acuerdos y la creación de figuras asociativas de carácter metropolitano. 18) Delimitar una nueva jurisdicción político-administrativa para el DF, como sede de los Poderes Federal y capital del país, así como, para sus respectivas delegaciones. Un nuevo impulso para consolidar los avances institucionales Hoy en día existe un nuevo impulso por parte del gobierno y los partidos políticos locales para avanzar en la reforma política del Distrito Federal que involucra necesariamente cambios constitucionales. Este nuevo esfuerzo pretende incorporar como parte del proceso la participación de otros sectores como la academia y las organizaciones de la sociedad civil. »» ¿Qué contiene la iniciativa de reforma política del DF que presentó el jefe de Gobierno en el presente año 2013? Los principales ejes de la propuesta son: ◆◆ Conservar la sede de los Poderes Federales y a través de un nuevo ordenamiento jurídico otorgarle al Distrito Federal una nueva división político-administrativa en función de ser considerada la capital de los Estados Unidos Mexicanos.

◆◆ Rediseñar el esquema de competencias de los órganos de gobierno del Distrito Federal. En este caso, la Asamblea Legislativa funcionaría como un Congreso local que ejerza facultades plenas con la finalidad de legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión. ◆◆ Mejorar el funcionamiento de la Administración Pública local en sus distintos niveles en particular, los órganos político-administrativos denominados delegaciones. Lo que resultaría en una mayor autonomía y libertad presupuestaria a éstas, además de la posibilidad de contar con cuerpos de seguridad propios. ◆◆ Fortalecer los órganos autónomos del Distrito Federal tales como el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos. Como se puede observar, en general la propuesta del jefe de Gobierno actual recupera los objetivos y puntos principales de la iniciativa presentada en 2010 por la ALDF ante el Senado. La diferencia es que ahora se busca ampliar el consenso sobre la necesidad de completar la reforma política del Distrito Federal, ya que las condiciones del contexto político y la estrategia utilizada parecieron no favorecer la discusión y eventual aprobación de la iniciativa por parte del Congreso de la Unión en 2010. En este sentido, una de las primeras ac-

ciones del jefe de Gobierno fue la creación de la Unidad para la Reforma Política, asignando la tarea a Porfirio Muñoz Ledo como comisionado de dicha área. Como parte del decreto que crea dicha área, también se establece la conformación de un Consejo Consultivo, integrado por las siguientes personas: - Elisur Arteaga Nava -José Agustín Ortiz Pinchetti -Bernardo Bátiz Vázquez -Miguel Concha Malo -José Alberto Aguilar Iñárritu -Alejandro Rojas -Rosalinda de León -Ifigenia Martínez Hernández -Raúl Carrancá y Rivas -Agustín Basave Benítez. -Arnaldo Córdova Por su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de la Comisión Especial para la Reforma Política, con el acuerdo de los distintos partidos políticos locales y en coordinación con el jefe de Gobierno, anunciaron que se llevarían a cabo foros delegacionales sobre la reforma política del Distrito Federal, para informar y consultar a la ciudadanía sobre este proceso. ¿Qué se tiene que hacer para avanzar en la reforma política? Ruta crítica 1. El primer paso consiste en reformar la Constitución en los artículos 44 y 122. Al respecto, el artículo 44 constitucional establece: 129

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. Por su parte, el artículo 122 constitucional establece las bases de los poderes y órganos que tienen competencia y facultades para el gobierno en el Distrito Federal. En el caso de los poderes locales, establece las facultades y bases de conformación de la Asamblea Legislativa, del jefe de Gobierno y del Estatuto de Gobierno. Para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional, el propio texto en el artículo 135, establece el procedimiento: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. 2. El segundo paso consiste en la abrogación del Estatuto de Gobierno, y la promulgación de una Constitución local. Para ello se requiere convocar a una asamblea o congreso constituyente. En este sentido, es importante considerar los siguientes elementos (para más detalles ver Anexo 1): 1. Los procesos constituyentes son álgidos, van de 6 meses a un año (a excep130

ción de Bolivia). 2. En el caso de México, los transitorios de la reforma constitucional son definitorios; en Quintana Roo y Baja California Sur hubo uno que estableció la obligatoriedad de convocar a la elección de un Congreso Constituyente. 3. En los casos donde preexistían poderes que se sintieron relegados (Venezuela) se apeló a la Suprema Corte de Justicia para dirimir el conflicto. 4. En Bolivia, Ecuador y Venezuela hubo participación de los diversos sectores en las diferentes etapas: discusión de los temas y revisión del anteproyecto. 5.A partir de lo anterior, resultan preocupantes diversos aspectos de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera: a.Que sea el jefe de Gobierno quien redacte el anteproyecto de Constitución. Debe ser la propia Asamblea Constituyente a través de una comisión redactora* (experiencia de 1856). b. Que el Senado sea quien designe a los miembros que conformarán la Asamblea Constituyente (base 3 del 5º. transitorio). Elección realizada por el Instituto Electoral del Distrito Federal. c. El art. 4º transitorio que establece que una vez aprobada por la Asamblea no podrá ser vetada por ninguna autoridad. Debemos incorporar la necesidad de un referéndum. (reforma constitucional de 2012 –art. 35, Ley de Participación Ciudadana local).

d. En el 5º. transitorio debe incorporarse dentro de las facultades de la Asamblea Constituyente el generar mecanismos de consulta con los diversos sectores sociales (academia, organizaciones sociales, sindicatos, indígenas, etcétera). e. Debe quedar claro cómo será la conformación de la Asamblea (base 2 del 5º. transitorio). ¿Por qué 11 constituyentes?, ¿quién los designará?, ¿cómo?, ¿cómo se designará el presidente de la Asamblea? (base 5, inciso b 5º. transitorio). Representatividad de los diversos sectores. 6. En su momento, considerar la reforma al art. 116 de 2012, en el cual se establece el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley. Controversia constitucional. Además, en el diseño de la nueva Constitución local es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: -Que se incorporen mecanismos de exigibilidad de los derechos sociales. - Se debe cuidar la extensión del texto constitucional. Sus contenidos deben ser breves y concisos y no incorporar elementos de carácter reglamentario o coyuntural.

secundaria El nuevo órgano legislativo creado a partir de la Constitución local será el encargado de proponer, discutir y aprobar la nueva legislación secundaria, tal como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. El Pacto por México y el proceso de reforma política del DF El Pacto por México es un documento que contiene diversos acuerdos sobre reformas y cambios institucionales necesarios para el desarrollo del país; quienes lo promueven son los representantes de los tres principales partidos políticos a nivel nacional y el Ejecutivo federal. Este documento contiene un punto relativo a la reforma política del Distrito Federal, que detalla las siguientes acciones: »» -Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República. »» - Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal. »» - Se revisarán las facultades del jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

- No caer en la tentación de poner la norma lejos de la realidad. Que la norma no resulte compleja para su cumplimiento, sobre todo cuando no reflejan el comportamiento social.

»» -En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde con la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

3. El tercer paso es la reforma a la legislación

»» -Se definirá un esquema del 131

Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República. Nuevamente, en los puntos generales contenidos en este pacto sobre la reforma política del Distrito Federal hay coincidencias con las iniciativas presentadas tanto por la ALDF en 2010 como por la Jefatura de Gobierno. Si bien esta plataforma puede impulsar el consenso y avanzar en la reforma política del Distrito Federal, desde las organizaciones civiles y sociales habrá que estar muy atentos para que esta reforma trascienda la lógica de negociaciones partidistas, y se reconozca y garantice el derecho de la ciudadanía a participar a lo largo de todo el proceso.

SI BIEN ESTA PLATAFORMA PUEDE IMPULSAR EL CONSENSO Y AVANZAR EN LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, DESDE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES HABRÁ QUE ESTAR MUY ATENTOS PARA QUE ESTA REFORMA TRASCIENDA LA LÓGICA DE NEGOCIACIONES PARTIDISTAS, Y SE RECONOZCA Y GARANTICE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR A LO LARGO DE TODO EL PROCESO

El rol de las organizaciones civiles en el proceso de Reforma Política del Distrito Federal 132

Como hemos visto en el recuento histórico sobre el proceso de reforma política en el Distrito Federal, el papel de las organizaciones civiles y sociales (sobre todo en los últimos decenios) ha sido fundamental para impulsar los cambios institucionales necesarios para la conformación de un gobierno democrático local. En este proceso los avances realizados no se pueden entender sin la vigorosa participación ciudadana y la movilización social en la ciudad. La experiencia del plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993 influyó de manera importante sobre la reforma política del Distrito Federal. Éste marcó una nueva forma de participación de la sociedad civil que puso en el centro del debate la demanda ciudadana de mayor democratización en la capital del país. Exigencia que no cesa y que logra un nuevo posicionamiento cuando los movimientos sociales y civiles formulan la Carta por el Derecho a la Ciudad, a través de la cual se le da dimensión universal a la demanda de democratización. Este proceso social tuvo la capacidad de lograr compromisos de los tres órganos de gobierno al firmar la Carta por el Derecho a la Ciudad, ocasión en que manifestaron su acuerdo para que ésta fuera la base para la conformación de la Constitución de la ciudad. Y esta nueva etapa no es la excepción. Por el contrario, hoy más que nunca se requiere que las organizaciones civiles y sociales del Distrito Federal se involucren en el proceso de reforma política por dos importantes razones:

Por un lado, se requiere dotar de mayor legitimidad al proceso. Este es un asunto que no puede ser resuelto sólo entre partidos políticos y gobernantes. El proceso en sí mismo puede ser enriquecido por la contribución que desde las organizaciones civiles y sociales se pueda tener sobre puntos específicos de la reforma. Por otra parte, se requiere ampliar el consenso sobre la necesidad de llevar a cabo esta reforma para que no dependa sólo de intereses o voluntades políticas. En este sentido, la participación de las organizaciones civiles y sociales puede generar mayor presión sobre los tomadores de decisión, elevando el

costo político para aquellos que obstaculicen el proceso. Entonces, desde las organizaciones civiles y sociales habrá que estar al tanto del proceso de reforma constitucional, como primer paso. No obstante, para las etapas subsecuentes, será importante definir un Constituyente abierto e incluyente de todos los grupos y sectores sociales. Además, la nueva Constitución local deberá reconocer e incorporar la vanguardia sobre enfoques como participación ciudadana y derechos humanos.

BibliografIa Juan Antonio Roque: Delegaciones del Distrito Federal: una reforma pendiente. Alberto Aziz Nassif y Alicia Ziccardi: El Gobierno de la Ciudad Capital Instituto Electoral del Distrito Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Asamblea Legislativa del Distrito Federal

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Detalles del recinto

Detalles de la Ley de fomento a las actividades de las organizaciones civiles para el desarrollo social del Distrito Federal

134

conclusiones

Conclusiones El presente recuento del Foro Balance de las Políticas de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito Federal, buscó congregar las diferentes voces y reflexiones en torno al aniversario número trece de la expedición de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal. Primero, las voces académicas y de miembros de organizaciones civiles de larga trayectoria expresaron la innegable democratización de la gestión pública y la existencia de una ciudadanía cada vez más crítica, participativa e interesada en temas de la agenda pública.

nifestó que uno de los principales problemas de desarrollo en las organizaciones civiles es precisamente el tema fiscal. El surgimiento de nuevas obligaciones fiscales con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que desapareció con la reforma fiscal del 2013, los candados para ser donatarias autorizadas y una constante ambigüedad en tanto la figura de las organizaciones civiles frente al fisco, se traducen en una debilidad interna y de operación de las organizaciones civiles.

En este sentido, expresaron que las organizaciones civiles han ganado el reconocimiento a su labor y su relevancia en la consolidación de la democracia participativa a través de la legislación federal y local. Concluyeron que pese a estos avances, aún persisten acciones de fomento que no representan una política de fomento integral y coordinada.

Se expresaron diversos ejemplos de las acciones de fomento que el gobierno local ha impulsado como el Programa de Coinversión que promueve un fondo de varias instituciones, en el que se ha impulsado la profesionalización de las organizaciones civiles en temas como la perspectiva de género y derechos humanos. Otros programas son: Mejoramiento Barrial, Ollín Callam, Programa de Financiamiento para la Asistencia y Integración Social (Profais), el Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de México, así como los consejos de desarrollo social delegacionales y del gobierno del DF.

En el análisis del marco normativo y régimen fiscal se afirmó que a la fecha no existe una homologación de leyes y otras normas relacionadas con el fomento y lo fiscal en lo local y federal. De igual forma, se ma-

Sin duda, estas acciones son representativas, aunque diversas evaluaciones han demostrado una constante distancia entre los gobiernos que las delinean y las organizaciones civiles, lo cual no contribuye al ejerci-

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cio de corresponsabilidad que han adquirido estos dos actores. En tanto, la agenda de las organizaciones asistentes al foro reconoció la capacidad de éstas para incidir en las políticas públicas en temas de avanzada que han convertido a la Ciudad de México en la más vanguardista en el ejercicio de distintos derechos humanos. Sin embargo, no todas las organizaciones están en condiciones de incidir, por lo que se propuso la formación y fortalecimiento de redes, la profesionalización y la transferencia de herramientas metodológicas y materiales entre las organizaciones civiles, tanto para incidir, como para visibilizar su quehacer en la sociedad y fomentar una cultura participación ciudadana. En el tema de la reforma política, se subrayó la innegable participación de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso, el cual que se demanda sea más democrático y recopile las voces de los diferentes actores involucrados y no se convierta en un mero proceso político-administrativo que margine a su ciudadanía. Sin duda, la realización de este balance a trece años de la publicación de la Ley de Fomento del Distrito Federal nos ha permitido recopilar, desde diversas visiones, una serie de características de las acciones de fomento que las administraciones locales han impulsado, así como sus resultados y retos. En este sentido, los resultados del foro han permitido delinear la siguiente propuesta con el fin de impulsarla en las instancias correspondientes e incidir en la materia,

concerniente a todas las organizaciones de la sociedad civil. Propuesta: el ABC del programa de fomento Se proponen las siguientes líneas estratégicas para fortalecer la actual política de fomento: 1. Reactivar el Consejo de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles en el Distrito Federal. Además de todos los consejos consultivos y de participación ciudadana, como órganos de fiscalización y de gestión de la política pública. 2. Realizar el Programa Anual de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles en el Distrito Federal con los siguientes ejes: a. Transversalización en todos los órdenes de gobierno de esta política de fomento. Que haya un área especial dedicada introducir el tema en todas las instancias de la Administración Pública. b. Fortalecer y promover los espacios institucionales de participación en los tres órdenes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. En este sentido, se pone énfasis en la transparencia y rendición de cuentas de estos espacios y la evaluación de sus resultados. c. Fortalecer las capacidades de las OSC, su formación y profesionalización a través de un programa de fortalecimiento desde la Administración Pública. d. Acceso a recursos públicos y estímulos 137

fiscales. En este sentido, se propone que el acceso a los recursos sea más equitativo, transparente y articulado.

f. Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública en la política de fomento.

e. Promoción de la articulación de las OSC a través de redes y otras figuras de trabajo en conjunto.

g. Visibilización y posicionamiento de las OSC tanto en la ciudadanía como en los servidores públicos.

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ANEXOS

ANEXO 1. (CapItulo III) Cuadro 1. Cuadro analítico de procesos constituyentes en México y América EXPERIENCIA

Constituyente de 1856

156 diputados Una comisión redactora de 7 miembros (5 liberales y 2 moderados).

Constituyente de 1917

224 diputados comisión dictaminadora: 5 miembros

Quintana Roo

7 diputados propietarios y sus suplentes (de acuerdo al tamaño de la población)

Bolivia

Ecuador

Venezuela

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CONFORMACION

TIEMPOS

INSTRUMENTOS

1856-1857

19 de septiembre de 1916 se expidió la convocatoria. 22 de octubre se realizaron las elecciones 1º. De diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. El 19 de septiembre se aprueba la iniciativa de reformas en el Congreso federal. El 24 de septiembre el Senado declara que la reforma fue aprobada por los congresos estatales. Decreto presidencial 8 de octubre que establece en un transitorio que debe haber elección del Congreso Constituyente. Elección de diputados 10 de noviembre de 1974 12 de enero de 1975 se promulga la Constitución.

Elección

transitorio que obliga a la elección de un Congreso Constituyente. elección

255 asambleístas

2 de julio 2006 elecciones 10 de diciembre de 2007 aprobación por 164 de los 255 asambleístas 25 de enero 2009, referéndum

Elección Comisiones. El Movimiento al Socialismo - MAS tuvo la dirección de once comisiones, PODEMOS 137 la de cuatro y el resto se distribuyó entre las representaciones menores. No sólo los pueblos originarios estuvieron en este proceso, con ellos participaron las organizaciones sociales y comunitarias, y algunos partidos políticos de todo el país referéndum

130 asambleístas

el 15 de enero de 2007, Rafael Correa cumplió una de sus promesas electorales: convocó una consulta popular para saber si el pueblo ecuatoriano querría o no una Asamblea Constituyente. La Asamblea fue convocada en noviembre de 2007. Referéndum 28 de septiembre de 2008. Se promulga 20 de octubre de 2008.

consulta elección referéndum (“mal llamado” consulta)

131 miembros (104 correspondientes a las circunscripciones regionales, 24 de la circunscripción nacional y 3 representantes de los pueblos indígenas).

La ANC se desarrolló entre agosto de 1999 y enero del 2000.

--recepción de propuestas de los diversos sectores. --controversia constitucional --discusión de los temas --revisión del anteproyecto

Convivencia y comida

La presente memoria del foro: A 13 años de la Ley de Fomento. Juntos Construyamos. Política de fomento en el Distrito Federal de la Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en Desarrollo de la Ciudad de México se terminó de imprimir en diciembre de 2013 en la Ciudad de México, con 500 ejemplares impresos en papel 100% reciclado

RED DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA INCIDENCIA EN EL DESAROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO