Proyecto minero-energético en el Oriente Antioqueño: sus impactos sobre el territorio

EL PROYECTO MINERO-ENERGÉTICO EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO Sus impactos sobre el territorio

A los campesinos del Oriente antioqueño

Oscar Alberto Correa S. Director

Coordinador: Elkin Ramírez Abogado Especialista en Derecho Constitucional

Investigador: Fabián Emilio Restrepo García Magister en Estudios Contemporáneos de América Latina, Universidad Complutense de Madrid

Edición: Véronique Draily Trabajadora Social y Criminóloga de la Universidad Católica de Lovaina

Mayo 2015

Con el apoyo de:

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ÍNDICE 1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4

2.

LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA EN ANTIOQUIA ................................... 9

3.

LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO ....... 13 3.1. Primer periodo de configuración territorial: colonización e implementación del proyecto hidroeléctrico de Oriente ......................................................................... 13 3.2. Segundo momento: el proyecto minero–energético, entre la guerra y la violación de los derechos humanos....................................................................... 18 3.3. Tercer momento: los vencedores en la guerra implementan su modelo económico, el proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño .................... 24

4. EL PROYECTO MINEROENERGÉTICO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO Y SUS IMPACTOS SOBRE EL TERRITORIO............................................................................. 32 4.1. El desarrollo del proyecto minero en el Oriente antioqueño ............................ 32 4.2. El desarrollo del proyecto hidroeléctrico en el Oriente antioqueño ................. 39 5. ORIENTE ANTIOQUEÑO: UN MODELO DE DESARROLLO QUE ATENTA CONTRA EL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN .............................................................................. 45 5.1. Porvenir II: un ejemplo de la historia de despojo en el Oriente antioqueño .... 45 5.2 Termales Espíritu Santo ................................................................................. 53 6.

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 58

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 60

INDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Explotaciones Oro y Plata en Colombia Gráfico 2: Explotaciones Oro y Plata en Antioquia Gráfico 3: PIB agrario vs. PIB total entre 2001 y 2010 Gráfico 4: Acciones armadas de las FARC y combates por iniciativa de las Fuerzas Militares entre 1991 y 2003 Gráfico 5: Acciones armadas del ELN y combates por iniciativa de las Fuerzas Militares entre 1991 y 2003 Gráfico 6: Operaciones militares en el Oriente antioqueño entre 1998 y 2003 Gráfico 7: Materiales en exploración y explotación en el Oriente antioqueño (en %) Gráfico 8: Extensión de las áreas otorgadas a empresas o personas con más de seis títulos mineros (en hectáreas) 2

Gráfico 9: Títulos mineros por municipio – Año 2012 Gráfico 10: Expedientes hidroeléctricos de CORNARE al año 2012 Gráfico 11: Expedientes hidroeléctricos de CORNARE a junio de 2014 Gráfico 12: Evolución del número de Desaparecidos en San Carlos. 1980 - 2005 Gráfico 13: Evolución del número de Homicidios en San Carlos. 1986 - 2003 Gráfico 14: Número de homicidios San Carlos, por sectores. 1983-2005 Gráfico 15: Histórico de los Desaparecidos de San Carlos y Nariño entre 1990 y 2012

INDICE DE MAPAS Mapa 1: Desplazamiento y obras de minería e hidroeléctricas en el departamento de Antioquia (año 2014) Mapa 2: Dinámica demográfica de Antioquia a mediados del siglo XIX Mapa 3: Dinámica demográfica de Antioquia a principios del siglo XX Mapa 4: Cambios en la vocación productiva del Oriente antioqueño Mapa 5: Evolución de la intensidad de las acciones paramilitares entre 2000 y 2003 Mapa 6: Zonas de Mayor Actividad Paramilitar (año 2012) Mapa 7: Reporte gráfico de títulos y solicitudes vigentes en el departamento de Antioquia – año 2014 Mapa 8: Densidad de Predios Abandonados y/o Despojados en Antioquia – Año 2014 Mapa 9: Ubicación de Porvenir II Mapa 10: Ubicación del proyecto Termales Espíritu Santo

INDICE DE TABLAS Tabla 1: Necesidades Básicas Insatisfechas en el Oriente antioqueño – 1993 Tabla 2: Desplazamiento forzado en municipios del Oriente antioqueño y población municipal (Año 2012) Tabla 3: Áreas con título de exploración y explotación minera por municipio en el Oriente antioqueño - año 2012 (en hectáreas y porcentaje de la superficie municipal) Tabla 4: Estado de los expedientes hidroeléctricos de CORNARE por municipio y por zona, a junio de 2014

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1. INTRODUCCIÓN La región del Oriente antioqueño ha ido adquiriendo en las últimas décadas una creciente importancia económica que la perfilan en la actualidad como una de las zonas de mayor interés en el departamento de Antioquia. La región cuenta con importantes fuentes de minerales, estratégicos para la industria y la construcción; su enorme riqueza hídrica hace de ella una zona de especial interés para proyectos hidroeléctricos y su adecuada infraestructura y cercanía con Medellín, en especial los municipios del Altiplano, la convierten en un lugar de interés para la expansión industrial proveniente del área metropolitana.

Estas condiciones favorables permitirían suponer que la región experimenta un importante proceso de desarrollo que se reflejaría en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; sin embargo, al observar con detenimiento el proceso histórico que ha vivido el Oriente de Antioquia en los últimos cincuenta años, la realidad se torna diferente. En la región, se han impuesto dinámicas de saqueo del territorio, despojo y expulsión de sus habitantes y una tensa problemática de violencia, que giran en torno a la explotación de sus recursos naturales, y que han conducido a un complejo proceso de recomposición territorial.

Realizar un ejercicio de análisis sobre las condiciones actuales del territorio supone una lectura socio-histórica de características sistémicas, que nos permita entender las formas en que se han articulado los diferentes actores que influyen en la región y que le han dado vida a las relaciones de poder y dinámicas de explotación económica. Este proceso podría dividirse en tres momentos o periodos históricos en los cuales la región ha sufrido modificaciones importantes en términos de su funcionamiento interno y sus relaciones con factores externos, esto en un proceso de doble vía en el cual las condiciones exógenas y endógenas se retroalimentan constantemente.

Esos momentos corresponden, en primer lugar, a los procesos de colonización y consolidación del territorio mediante la implementación inicial del proyecto hidroeléctrico y la configuración regional del territorio, es decir, la consolidación simbólica y administrativa del Oriente antioqueño en tanto unidad territorial; luego, al periodo de la violencia y sus impactos en la re-configuración del poder en la región; y finalmente, al resurgimiento de los intereses geoeconómicos sobre el Oriente antioqueño, es decir, la re-consolidación de la explotación mineroenergética en la región.

A partir de la década de los años setenta, con la implementación del modelo neoliberal, en el mundo se restablecen las dinámicas centro-periferia que habían prevalecido en los primeros años del capitalismo y que sufrió un leve

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estancamiento durante la época de implementación del modelo de Sustitución de importaciones adelantado por la CEPAL en la región latinoamericana durante los años 1960 (Prebisch, 1981). Con la consolidación del neoliberalismo, los países del norte aumentan exponencialmente su demanda de materias primas y recursos naturales a los países de la periferia capitalista; así se establece un modelo extractivista basado en los monocultivos, la explotación de las fuentes de energía, entre ellas los hidrocarburos, y el establecimiento de grandes proyectos mineros a manos de empresas extranjeras asentadas en los países subdesarrollados. En este sentido, en el transcurso de las últimas cuatro décadas, se impuso un discurso favorable a la intervención del capital extranjero en las economías nacionales, con el pretexto de incentivar la creación de empleos y aumentar los recursos del Estado.

En países como Colombia, se han implementado políticas de incentivos para la atracción de empresas trasnacionales que se encargan de explotar sus fuentes de riqueza natural; esos estímulos van desde las garantías de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, hasta la represión de la protesta social. Así, la política minera implementada en el país durante los últimos cuarenta años ha privilegiado a las grandes empresas en desmedro de las comunidades y del medio ambiente: ha sido irresponsable con la población de los territorios en los cuales se ejecutan los grandes proyectos, no se ha preocupado por crear los mecanismos adecuados de protección del medio ambiente y no ha logrado transferir las ganancias generadas por la actividad minera a verdaderos procesos de desarrollo que le permitan al país modernizar sus sistemas de producción y garantizar a las personas óptimos niveles de bienestar.

De tal manera, en Colombia, las políticas mineras buscan beneficiar a las grandes empresas, sin importar que en ocasiones sus actividades de explotación vulneren los derechos de las comunidades. El creciente peso de los commodities en la economía mundial ha sellado un vínculo estrecho entre las clases dirigentes y las empresas trasnacionales, en el cual las primeras aumentan su poder y las segundas sus ganancias. Con el fortalecimiento de las relaciones entre clases dirigentes y empresas minero-energéticas, se han consolidado en el país una serie de modelos de desarrollo que dan la espalda a las realidades locales, que a su vez modifican el funcionamiento de las dinámicas socio-económicas e influyen en la conformación de sus entramados políticos.

En este sentido, el llamado boom internacional de la minería en el siglo XXI, ha tenido en Colombia una especial relevancia que se puede constatar con el aumento de la actividad minera a partir de los primeros años de la década pasada.

El crecimiento de la actividad minera en el país cuenta con el apoyo y protección del Estado que la privilegia sobre otras actividades, incluso desconociendo 5

muchas de sus funciones de promoción y garantía del bienestar social: así queda consignado en el Código Nacional de Minas que, en su artículo 13, declara “de utilidad pública e interés social la industria minera”; con ello, los intereses de las empresas dedicadas a dicha actividad prevalecen frente a las necesidades comunitarias y su derecho a la autodeterminación. Con fundamento en esta declaración “podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo”. De esta forma se allana el camino para la concentración de la tierra, la expulsión de poblaciones y el saqueo de recursos naturales a manos de empresas trasnacionales.

En el siguiente gráfico se muestra cómo, a partir del año 2000, las explotaciones de oro y plata experimentaron un crecimiento exponencial según cifras de la Agencia Nacional de Minería.

Gráfico 1 Explotaciones de Oro y Plata en Colombia (en toneladas) 70000 60000 50000 40000 Oro 30000

Plata

20000 10000 0 1990

1995

2000

2005

2010

2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Nacional de Minería

En el gráfico se observa cómo, a partir del año 1995, la explotación de oro presenta un crecimiento exponencial al pasar de 20.000 toneladas en ese año a casi 70.000 toneladas en el año 2012. Por su parte, la explotación de la plata, a pesar de no mostrar la gran actividad del oro, también presenta un especial

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incremento a partir del año 2005, al pasar de menos de 10.000 toneladas en ese año a 20.000 toneladas en el 2012.

De estos datos se puede inferir que el funcionamiento de las grandes empresas mineras y sus relaciones con el Estado han marcado el devenir de las regiones y localidades en los últimos años: el proceso de explotación de los recursos mineros, que obedece a un fenómeno de capitalismo tardío, permite enriquecer a un número reducido de personas a la vez que empobrece a las grandes masas poblacionales; de este proceso se desprenden las diferentes realidades sociales, económicas, políticas y militares que se viven en los territorios. Estos fenómenos hacen parte de las “relaciones interescalares” (Aramburo, 2014) propiciadas por el capitalismo en su fase de globalización, cuando se generan relaciones vinculantes entre las diferentes escalas de territorialidad, es decir, entre los ámbitos internacional, nacional, regional y local. De esta manera podemos afirmar que los procesos de explotación minero-energéticos potenciados durante las últimas dos décadas obedecen a procesos económicos globales que terminan por influir en los diferentes ámbitos subnacionales.

Así las cosas, la política económica trazada a nivel internacional por los diferentes agentes de la globalización -empresas trasnacionales y organismos económicos de carácter internacional- y a nivel nacional por las autoridades del Estado central, termina por generar cambios importantes en los niveles sub-nacionales, regional y local. Sin embargo, esos impactos no pueden ser determinados a priori por quienes lideran los proyectos de explotación de los recursos naturales, en otras palabras, los efectos generados sobre los territorios no pueden ser planificados con precisión desde los estamentos internacionales y nacionales en la medida que los territorios, en tanto unidad de ejecución de los proyectos, cuentan con factores específicos que determinan su funcionamiento en los micro lugares y que los niveles internacional e incluso nacional no pueden controlar.

En este sentido, son los territorios los lugares en los cuales se construyen las verdaderas relaciones de poder, se recrean los impactos del modelo de explotación económica y se transforman las relaciones políticas que enmarcan el comportamiento de las personas en su cotidianidad. Así las cosas, el territorio como concepto sociológico no se limita a la espacialidad geográfica en la que se desarrollan determinadas actividades sociales, políticas, culturales y económicas; bajo esta perspectiva el territorio se convierte en una variable más de análisis que, en conjunto con las demás, permite explicar cómo se relacionan los procesos sociales con sus ámbitos geográficos, de qué forma se refuerzan y cómo se modifican mutuamente. Las doble relaciones encarnadas entre el territorio y los fenómenos sociales, económicos y políticos que en él se presentan, permiten aclarar cómo se dan las relaciones regionales de institucionalización y 7

desinstitucionalización, cómo el territorio produce sujetos y cómo los sujetos producen territorio (Aramburo, 2014).

El territorio, en tanto construcción social, logra entonces relacionar lo simbólico, lo material y lo político de forma diferenciada, con lo que se puede hablar de territorialidades plurales que se diferencian en función de sus procesos de pertenencia, comportamiento y control de un área geográfica en específico. Por lo tanto, las territorialidades deben ser entendidas como construcciones sociohistóricas, configuradas por grupos sociales y culturales que han materializado sus formas de representación, sus prácticas sociales y políticas, en procesos determinados de relacionamiento intersubjetivo, material y espacial (Cairo, 2001).

Así, podemos hablar de territorialidades superpuestas (Aramburo, 2014) en la medida que, en un mismo espacio geográfico, se pueden consolidar diferentes sentidos territoriales, construidos a partir de relaciones culturales, fenómenos armados, prácticas políticas y modelos de explotación de recursos. Así las cosas, frente a la implementación del modelo minero-energético en el país a partir de la década del setenta, resulta importante preguntarse cuáles son sus impactos en la configuración territorial de las regiones.

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2. LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA EN ANTIOQUIA Mediante el decreto 934 del 9 de mayo del 2013 que reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, el gobierno nacional niega la autonomía de las entidades territoriales para decidir sobre la implementación de proyectos mineros en sus territorios; al considerar que la actividad no hace parte del ordenamiento territorial, el gobierno se asegura de no contar con interferencias de los gobiernos regionales y locales a la hora de ejecutar sus políticas mineras1. Así hay que resaltar cómo la expedición de estas y otras medidas legales impulsadas desde el gobierno central demuestran su interés por blindar la actividad minera frente a las acciones ciudadanas y de las autoridades locales y departamentales, lo cual representa un cierre de la participación democrática en el tema. Las decisiones sobre la implementación de proyectos mineros quedan lo suficientemente lejos de la influencia ciudadana para garantizar su ejecución sin mayores tropiezos. Por lo tanto no es de extrañar que las cifras de explotación minera conserven una tendencia similar entre los niveles nacional y regional.

En el siguiente gráfico se destaca a evolución de las explotaciones de oro y plata en el departamento de Antioquia con intervalos de 5 años, según datos de la Agencia Nacional de Minería.

Gráfico 2 Explotaciones de Oro y Plata en Antioquia (en toneladas) 30000 25000 20000 Oro

15000

Plata 10000 5000 0 1990

1995

2000

2005

2010

2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Nacional de Minería

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Sin embargo, es importante señalar que el Consejo de Estado ha fallado recientemente una acción de nulidad que suspende la implementación de este decreto, aunque es probable que esta decisión del Consejo de Estado sea impugnada.

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En el gráfico se observa cómo Antioquia sigue la tendencia del país en materia de explotación de oro y plata: la explotación de oro en el departamento pasó de 5.000 toneladas en 1995 a más de 25.000 en el año 2012, lo que representa un aumento del 500%, con un promedio de crecimiento del 100% por periodo de 5 años.

Desde mediados de la década del noventa, la tendencia de las explotaciones mineras se presenta al alza y resulta poco probable que dicha tendencia cambie en la medida que las autoridades nacionales se esmeren en propiciar un escenario favorable para su fortalecimiento, incluso en desmedro de los intereses regionales y el bienestar de sus habitantes.

A pesar de las afectaciones que la implementación de estos proyectos generan sobre la estabilidad de las regiones, no han sido pocas las élites regionales que han encontrado en su ejecución una forma rápida de aumentar sus riquezas y poder. En este contexto, se consolida una doble relación interescalar: en la primera, se vinculan los intereses de empresas trasnacionales sobre los recursos naturales con las acciones de las autoridades y élites nacionales y regionales que se benefician de su explotación; en la segunda, se observan organismos internacionales de cooperación y apoyo humanitario, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que a nivel nacional y regional se oponen a la explotación y saqueo de los territorios, trabajando de forma conjunta con las comunidades afectadas.

Sin embargo, las tensiones suscitadas entre estas relaciones interescalares no se han resuelto históricamente de forma legal y democrática; de hecho, las disputas por el territorio y la implementación de modelos de desarrollo favorables a los intereses de los diferentes grupos de poder, han sido el motor de la violencia y la violación de derechos humanos en el país. Así las cosas, los mecanismos utilizados para establecer el control sobre el territorio y los recursos naturales han dejado a su paso una densa estela de agresiones a la población civil, tal como se muestra en el mapa 1.

Como se puede observar, las regiones en las que se presentan mayores índices de desplazamiento son el Nordeste, Bajo Cauca, Urabá y el Oriente antioqueño, territorios en los que se percibe una coincidencia directa con la ubicación de proyectos de explotación minero-energéticas; de allí se puede deducir que las acciones violentas y la violación de los derechos de las poblaciones en el fondo perseguían el control del territorio y de sus recursos naturales, y se develan las razones ideológicas que subyacen en la guerra, que provienen de aquellos grupos interesados en implementar los proyectos de explotación de recursos.

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Mapa 1 Desplazamiento y obras de minería e hidroeléctricas en el departamento de Antioquia (año 2014)

Fuente: Elaboración Propia con datos de UARIV

La historia de la explotación minero-energética en el departamento ha sido cargada de episodios de violencia y despojo, y el fenómeno resulta particularmente complejo en la medida que se transitan los límites entre la legalidad y la ilegalidad. Como se ha mostrado en las líneas anteriores, el proyecto minero cuenta con respaldos legales a nivel nacional, en el seno de un Estado cuya apuesta frontal es incentivar la actividad; sin embargo su ejecución en los territorios no se desarrolla dentro de los márgenes de la civilidad, en tanto que suele producir fuertes escenarios de conflictividad que se han resuelto históricamente con el uso de la violencia.

De esta manera se consolida una ecuación compleja en la cual la legalidad instalada desde el orden nacional se confunde con la ilegalidad en la que se desenvuelve la explotación minera en el orden territorial. Sin embargo, el tema no 11

se reduce a la legalidad o ilegalidad de las explotaciones minero-energéticas, quizás un tema de mayor calado provenga de la legitimidad con la que cuentan dichas explotaciones. En este sentido, el diseño institucional que determina el desarrollo de la actividad económica tiende a alejar los escenarios de toma de decisiones de las comunidades afectadas, lo que no contribuye a la legitimación de los proyectos económicos.

Así las cosas, la ejecución de proyectos minero-energéticos modifica las dinámicas territoriales en términos culturales, de producción y relaciones de poder; su implementación es impuesta desde los niveles centrales del Estado, ignorando las características regionales y las demandas específicas de la población. En este contexto, son el escenario propicio para el surgimiento de conflictos que se desarrollan en los microcosmos sociales, en las localidades, en las veredas o en el barrio.

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3. LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO Para comprender los verdaderos efectos que la implementación del modelo minero-energético ha generado en las dinámicas territoriales del Oriente antioqueño, se hace necesario recurrir a una mirada histórica que nos permita entender las dinámicas sociales, económicas, políticas y medio ambientales que configuraron su territorio, y dimensionar de manera más acertada la forma cómo se han modificado con la ejecución de los grandes proyectos mineros e hidroeléctricos.

El Oriente antioqueño tiene una extensión de 706.471 hectáreas en las cuales se ubican 23 municipios; el territorio cuenta con una gran diversidad de climas que van de zonas templadas a los páramos, pasando por el altiplano. Esa condición geográfica le otorga una gran diversidad de riquezas naturales y cultivos, lo que ha propiciado diversas olas de migraciones para la colonización de sus zonas de frontera agraria. De otro lado, su ubicación geográfica hace de esta región un lugar de gran valor geopolítico en la medida que ha sido lugar de tránsito obligatorio para las mercancías que van del centro de Antioquia a otros departamentos del país como Tolima, Huila, Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca.

El Oriente antioqueño se ha configurado alrededor de estos valores geoeconómicos; su disposición de recursos y su ubicación geográfica han propiciado diversos periodos de colonización y la reestructuración de sus dinámicas poblacionales. En el centro de su configuración socio-espacial se encuentra la disputa de los diferentes actores sobre el territorio.

3.1. Primer periodo de configuración territorial: colonización implementación del proyecto hidroeléctrico de Oriente

e

El proceso de expansión demográfico en Antioquia se ha generado desde el centro hacia la periferia. Para mediados del siglo XIX, los lugares con mayor densidad poblacional se encuentran en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Rionegro, según la densidad por kilómetro cuadrado, tal como se muestra en el siguiente mapa. En términos generales, las dinámicas poblacionales de la época se producen en torno a los lugares que representan una mayor rentabilidad económica, fenómeno que no cambiará con el paso del tiempo.

En el mapa 2 puede verse que los territorios que superan los cuarenta habitantes por kilómetro cuadrado son Medellín y algunos municipios vecinos, dejando claro cuál es el centro desde donde se irradian las dinámicas de crecimiento 13

demográfico en el conjunto del departamento. Para este periodo, más de la mitad del territorio antioqueño no presenta una densidad poblacional superior a los veinte habitantes por kilómetro cuadrado.

Mapa 2 Dinámica demográfica de Antioquia a mediados del siglo XIX

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INER

La importancia en términos de control económico y político de municipios como Marinilla y Rionegro, que desde el siglo XIX representan el centro de desarrollo para el Oriente cercano y logran consolidar dinámicas de cohesión social y política, se traduce en importantes procesos de crecimiento comercial e industrial, que por supuesto se reflejan en aumentos demográficos y procesos de urbanización más o menos planificados; estos procesos fueron sin duda favorecidos por su cercanía con Medellín y sus óptimas condiciones en términos de infraestructura. Por su parte, los municipios más alejados del centro del 14

departamento presentan procesos de colonización más dispersos y se constituyen en el refugio de campesinos desposeídos y expulsados de sus territorios por las dinámicas de expansión ganadera; en ellos, las dinámicas de asentamiento poblacional no se registran desde una política planificada, obedece más bien a un proceso desorganizado producido por las tensiones entre latifundio y minifundio que han caracterizado la estructura agraria del país (PNUD, 2005).

En los siguientes setenta años, las dinámicas de poblamiento del Oriente antioqueño conservarán su tendencia y se extenderán a la mayoría de los municipios del Altiplano y algunos de las subregiones de Bosques y Embalses.

Bajo la misma relación crecimiento poblacional-oportunidades económicas, el Oriente del departamento de Antioquia presenta en los primeros años del siglo XX un importante crecimiento demográfico, como se muestra en el siguiente mapa.

Mapa 3 Dinámica demográfica de Antioquia a principios del siglo XX

Fuente: Elaboración Propia con datos del INER

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En el mapa se observa cómo el crecimiento de la densidad poblacional se produce en la mayoría del departamento, en especial en la región del suroeste que, en esta primera mitad del siglo XX, ofrece densidades superiores a los cuarenta habitantes por kilómetro cuadrado. Para la época, el Oriente antioqueño cuenta con un promedio de treinta habitantes por kilómetro cuadrado, lo que significa que en los primeros años del siglo pasado no existen aún fuertes intereses económicos sobre la región.

En esta época, el país experimenta una expansión de sus zonas de frontera agraria bajo el impulso del gobierno nacional; así, la Ley 200 de 1936 consagra la expansión de las zonas de frontera agraria e incentiva la colonización campesina de lugares alejados. Estos movimientos demográficos hacia las zonas apartadas explican el aumento demográfico en subregiones como Páramos, Bosques y Embalses, cuya ubicación distante de los centros urbanos del país había excluido históricamente.

Esta colonización accidentada del Oriente antioqueño -signada por campesinos sin tierra que fueron expulsados de otros lugares del país por el latifundio y llegaron a la región para arrebatarle a la selva una porción de tierra en la cual subsistir con sus familias- propicia el surgimiento de importantes centros poblados y cabeceras municipales, sin que ello signifique el nacimiento de una región. En realidad, durante la primera década del siglo XX, y con mayor razón en años anteriores, no es posible hablar del Oriente antioqueño en términos de región unificada, es decir, de territorialidad en la cual se presentan procesos socioculturales comunes.

En ese entonces, las dinámicas de colonización y crecimiento demográfico del Oriente antioqueño conservan la tendencia proveniente de mediados del siglo XIX; los municipios del llamado Oriente cercano mantienen procesos de crecimiento, fortalecimiento comercial y consolidación industrial, en tanto que las subregiones alejadas de los grandes centros urbanos continúan al margen de los procesos de crecimiento demográfico y consolidación económica.

Sin embargo, para mediados del siglo XX, con la instauración de los grandes proyectos hidroeléctricos de Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas, además de megaproyectos como la autopista Medellín-Bogotá y la red de líneas eléctricas, las subregiones alejadas del Oriente antioqueño adquieren una gran importancia en términos económicos, lo que ha de modificar las territorialidades culturales, productivas, políticas y militares de la región para los próximos años. Con la implementación del modelo minero-energético en el Oriente antioqueño, se crean las bases para los nuevos fenómenos de migración, desplazamiento, exclusión y reconfiguración del territorio.

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En la década de los años sesenta, la región es el escenario de la implementación de varios modelos de desarrollo que empiezan a generar tensiones sociales. En la subregión del Altiplano, en cabeza de Rionegro y Marinilla, el establecimiento de un modelo basado en la industria y el comercio impulsa la llegada de numerosas familias en busca de empleo; la tenue vocación agraria de esta subregión se ve modificada y los trabajos asalariados en las recién llegadas empresas textiles se transforman en las principales fuentes de empleo, a la par con el comercio.

Asimismo, muchas familias ricas se desplazan al Oriente cercano, comprando fincas de recreo, encareciendo los costos de la tierra y cambiando la vocación productiva.

Como parte de la búsqueda de soluciones a la crisis energética que vive el país en la década de los años setenta, se proyecta el Oriente antioqueño, en especial las subregiones alejadas de los principales centros urbanos, como sede de distintas hidroeléctricas que aprovecharían la riqueza hídrica de las cuencas del río Nare (PNUD, 2010). De esta forma, se producen importantes cambios en las dinámicas territoriales del Oriente lejano, esa región retirada de las dinámicas comerciales e industriales de Medellín, y el Oriente próximo adquiere por medio de la implementación del complejo hidroeléctrico Peñol-San Rafael-San Carlos y la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, una creciente importancia para las élites antioqueñas.

De esta forma, el llamado Oriente lejano pasa de ser una región de poblados dispersos, de frontera agraria colonizada por campesinos sin tierra y aventureros que construyen pequeños asentamientos alrededor de los caminos de arrieros que conectan a Antioquia con los departamentos del centro del país, a convertirse en una región unificada por los intereses geoeconómicos de las élites nacionales y departamentales; éstas cuentan con el apoyo de poderes municipales, pero construyen de espaldas a las poblaciones locales un modelo de desarrollo que ignora las dinámicas territoriales en términos culturales y economía campesina.

En ese complejo escenario, se confrontan dos fuerzas excesivamente desiguales: de un lado, el Estado nacional con apoyos departamentales y de élites locales; del otro, grupos de campesinos y habitantes de las cabeceras municipales que ven en la implementación de estos proyectos una amenaza a sus formas tradicionales de vida. Como resultado, y ante el desconocimiento de las opiniones de los pobladores locales excluidos por el Estado, se consolida en el Oriente antioqueño un gran movimiento cívico, que tiene como principal efecto la unificación política de un territorio que históricamente se había caracterizado por su segregación y disparidad en términos de participación y conformación de movimientos sociales.

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La incapacidad del Estado para tramitar el descontento social, que crea las condiciones propicias para el surgimiento y fortalecimiento del movimiento cívico del Oriente -el cual llega a disputarle el poder regional a los tradicionales partidos liberal y conservador (Uribe, 2010)- se traduce en el desarrollo de una política de persecución y exterminio de los líderes y miembros de los movimientos sociales del territorio, ejecutada por poderes locales con el auspicio, por acción u omisión, de las autoridades políticas y militares tanto de nivel nacional como departamental.

De esta forma, se da inicio a la sombría etapa de la violencia en la región, que se llevaría a lo largo de cuatro décadas de confrontaciones armadas y vulneración de los derechos y que, a la postre, modificaría todo el escenario territorial a favor de la implementación del proyecto minero-energético en el oriente de Antioquia.

No resulta extraño entonces que los escenarios de confrontación armada y vulneración sistemática de los derechos de las comunidades concuerden con los territorios en los cuales las élites nacionales y departamentales presentan intereses económicos para el desarrollo de proyectos minero-energéticos. En este sentido, se crean escenarios de territorialidades superpuestas en los cuales se conjugan dinámicas de violencia, formas culturales y de producción campesina, intereses geoeconómicos y procesos de expulsión poblacional.

3.2. Segundo momento: el proyecto minero–energético, entre la guerra y la violación de los derechos humanos La implementación del proyecto hidroeléctrico y la ejecución de megaproyectos en las zonas alejadas del Oriente antioqueño llevan entonces a que la región sea asumida por primera vez como una unidad territorial, más allá de una sumatoria de pequeñas poblaciones aisladas y pobres. A la par que, para las élites nacionales y regionales, el Oriente se transforma en una región de alta importancia geoeconómica, las organizaciones sociales logran crear mecanismos regionales de acción colectiva que permiten integrar las territorialidades diversas en una sola plataforma de lucha que se concentra en la oposición a la implementación del modelo de desarrollo diseñado desde el gobierno nacional.

El proceso iniciado en la década de los sesenta tarda veinte años en lograr su nivel más alto de desarrollo. En los años ochenta, el proyecto hidroeléctrico y la construcción de grandes y megaproyectos alcanzan su máxima expresión y propician cambios en la vocación productiva de la región. Sin embargo, los beneficios de la implementación de los proyectos hidroeléctricos y mega obras no se ven reflejados en las condiciones de vida de las personas, en otras palabras, los supuestos provechos de la ejecución de este modelo de desarrollo no se

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vieron reflejados en las condiciones de vida de los habitantes de la región, tal como lo demuestra la siguiente tabla.

Tabla 1 Necesidades Básicas Insatisfechas en el Oriente antioqueño – 1993 San Francisco Cocorná Argelia San Luis San Rafael Alejandría San Vicente San Carlos Concepción Nariño Granada Abejorral Guarne El Carmen de Viboral Sonsón EL Peñol Santuario Marinilla La Unión Guatapé El Retiro La Ceja Rionegro

76,57% 62,08% 59,90% 58,25% 57,78% 56,46% 56,27% 53,60% 51,71% 50,03% 46,03% 43,61% 35,92% 35,39% 34,93% 32,93% 31,72% 29,39% 28,45% 26,55% 25,94% 20,45% 17,57%

Fuente: PNUD 2010

De tal manera, la ejecución de los proyectos hidroeléctricos y de infraestructura no logra restituir las fuentes de empleo destruidas por su ejecución, con lo cual, en lugar de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, se afectan sus condiciones materiales de existencia. Así las cosas, se presenta un primer cambio en las dinámicas territoriales de la región -que tiene que ver con los cambios en los patrones culturales y de producción campesina instaurados desde mediados del siglo XIX mediante las lógicas de colonización campesina- que se ven 19

abruptamente afectadas por la ejecución de grandes proyectos de infraestructura e hidroeléctricas; estas alteraciones en las dinámicas productivas son el reflejo de un fenómeno que se vive en el país en su conjunto, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 3 PIB agrario vs. PIB total Años 2001 y 2010

3,0 1,8 1,7 -0,4

-1,1 -0,02

2008

2010 __

Fuente: DANE

En el gráfico se observa la drástica disminución de la actividad agraria en el país con respecto a otros sectores que contribuyen al PIB nacional. El descenso de la actividad agraria en Colombia no sólo se explica por el abandono histórico al que ha estado sometida la agricultura por parte de las instituciones estatales, sino también por el cambio de vocación productiva de tradición agrícola en muchas regiones del país, como es el caso del Oriente antioqueño. En el mapa 4 se recrean esos cambios de producción.

El mapa muestra los lugares en los cuales se han presentado cambios en las vocaciones productivas a raíz de la implementación de megaproyectos; se resalta la construcción de la autopista Medellín-Bogotá y la presencia de proyectos hidroeléctricos.

20

Mapa 4 Cambios en la vocación productiva del Oriente antioqueño

Estos cambios en las territorialidades culturales y productivas, propiciados por la ejecución de grandes obras de infraestructura, se acompasan con modificaciones en las dinámicas políticas y las relaciones de poder; se asiste al surgimiento de movimientos de protesta social y a la respuesta violenta de persecución y exterminio auspiciada por poderes locales en colaboración con estamentos del orden departamental y nacional, respuesta que experimenta su máxima expresión en los primeros años del siglo XXI. Así las cosas, a los cambios de producción y surgimiento de intereses geoeconómicos, se les suman procesos de violencia y exterminio dirigidos a las comunidades en las que se desarrollan los proyectos hidroeléctricos.

21

La implementación de proyectos minero-energéticos supone una disputa sobre recursos limitados, en especial el acceso a la tierra y recursos naturales, cuya característica esencial es la imposibilidad de su reproducción; por lo tanto, su apropiación por uno de los actores del sistema significa su negación a las demás partes. Esta mirada estructuralista a los procesos de disputa sobre los recursos, que supone la implementación del proyecto minero-energético, permite entender el surgimiento de la violencia y su degradación en el tiempo.

Como hemos visto en líneas anteriores, el proceso de colonización del Oriente antioqueño, iniciado en el siglo XIX, ha sido protagonizado, en especial en las zonas más alejadas, por campesinos sin tierra que han migrado a la región para consolidar procesos de apertura de la frontera agraria, establecer nuevas zonas de cultivo y asentarse en comunidades campesinas. Ese proceso, desarrollado durante casi un siglo, sufre una brusca interrupción a mediados del siglo XX con la primera etapa del proyecto hidroeléctrico en la región, llevando a que las comunidades campesinas se vean abruptamente despojadas de sus tierras y excluidas de sus formas tradicionales de producción.

Esa situación favorece el surgimiento de conflictos sociales entre las poblaciones y las empresas que lideran la implementación de los proyectos hidroeléctricos.

Lamentablemente, la incapacidad de los gobiernos nacional y regional para tramitar estos conflictos en el marco de la legalidad y la democracia, propició el surgimiento de la violencia; en un primer momento, significó la persecución y asesinato de los líderes del movimiento cívico del Oriente, pero, posteriormente, tomó la forma de una disputa territorial librada entre los grupos guerrilleros, paramilitares y las Fuerzas Militares por el control del territorio.

La guerra vivida en el Oriente de Antioquia entre 1970 y 2010 supuso un elevado índice de violación a los derechos humanos. En los reportes de desplazamientos por año de la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se observa un incremento claro a partir de los años 1998-1999 con un pico particularmente alto entre los años 2000 y 2002, para luego reducirse progresivamente para llegar en 2009-2010 a cifras de dos dígitos en el número de desplazados en los diferentes municipios del Oriente antioqueño. La siguiente tabla presenta el número de personas víctimas de desplazamiento en los municipios de la región, registradas por la UARIV hasta el año 2015. Como lo precisa la entidad, una persona pudo haber sido desplazada en varias ocasiones y ser reportada como tal varias veces durante el periodo en cuestión, lo que explica que en algunos casos el número reportado de víctimas de desplazamiento supere la población total del municipio. Sin embargo, los datos relativos al número de habitantes permiten tener una idea del peso del fenómeno del desplazamiento forzado en los diferentes municipios, por lo que nos parece importante aportar acá 22

esta información. En la tabla, un ratio desplazados/población municipal igual a 1 significaría que el número de víctimas de desplazamiento sea equivalente al número de habitantes del municipio. Ratios muy altos evidencian entonces múltiples episodios de desplazamiento sobre una misma población y muestran que los municipios de Granada, San Francisco, San Luis, Argelia, San Carlos, Cocorná, San Rafael, Alejandría y Nariño han sido particularmente afectados por esta modalidad de victimización.

Tabla 2 Desplazamiento forzado en municipios del Oriente antioqueño y población municipal (Año 2015) Ratio Rango desplazados/ Rango según No de población según ratio desplazados municipal

Número de desplazados (*)

Población municipal (**)

San Carlos Granada Cocorná San Luis San Rafael Sonsón Argelia Nariño San Francisco Abejorral El Carmen de Viboral San Vicente

33.582 31.184 30.006 28.491 21.502 20.643 20.395 16.883 16.000 8.727 7.975 6.934

16.064 9.859 14.972 10.939 12.980 35.405 8.699 17.291 5.318 19.290 46.751 17.197

2,09 3,16 2,00 2,60 1,66 0,58 2,34 0,98 3,01 0,45 0,17 0,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 1 6 3 7 11 4 9 2 12 17 13

La Unión Alejandría El Peñol El Santuario Marinilla Concepción La Ceja Rionegro Guatapé Guarne El Retiro

6.870 5.395 4.602 4.258 3.350 2.661 1.552 1.419 1.287 1.043 541

19.119 3.466 15.889 27.120 53.374 3.463 52.723 120.249 5.279 47.797 19.108

0,36 1,56 0,29 0,16 0,06 0,77 0,03 0,01 0,24 0,02 0,03

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14 8 15 18 19 10 20 23 16 22 20

(*) Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (**) Fuente: DANE. Proyecciones de poblaciones municipales con base en el censo de 2005.

23

La concordancia entre territorialidades relacionadas con la ejecución de proyectos minero-energéticos, la protesta social y la violencia y vulneración de derechos a la población, se explica por el interés económico y político que se cierne sobre ellos, y que se expresa a través de una variedad de técnicas de apropiación y control del territorio. En esa disputa por la tierra y sus recursos, las comunidades afectadas fueron las primeras en perder el pulso, pues sus dinámicas de lucha, que se valían de acciones simbólicas y protestas no violentas para reivindicar sus derechos a la producción y a una vida digna, no pudieron competir con la violencia y el uso de las armas. En cambio, la táctica de terror implementada por los defensores de los megaproyectos logró, con relativa facilidad, eliminar físicamente a sus opositores y les permitió adueñarse de los territorios. Sin embargo, en la década de los setenta, se confrontaron con la llegada de las guerrillas en el terreno, dando origen a más de cuarenta años de guerra y disputa armada por la región.

Más de cuatro décadas de enfrentamiento armado le significaron al modelo de explotación minero-energético un significativo retroceso en su desarrollo. Durante este periodo, los proyectos no pudieron ser ejecutados, atentando directamente contra los intereses de las empresas mineras e hidroeléctricas, de las élites nacionales, regionales y locales que se beneficiaban económica y políticamente de su implementación. Sin embargo, los desenlaces de las confrontaciones armadas mostraron el triunfo del accionar paramilitar asociado a operativos militares, la eliminación de las resistencias sociales y la derrota de las guerrillas en la región, lo que permitió implementar una nueva dinámica territorial fundamentada en la violencia y la represión para garantizar protección a los intereses de las empresas y élites vinculadas al proyecto minero-energético.

Así las cosas, no resulta extraño que para la primera década del siglo XXI, justo en el momento en que el vínculo entre paramilitares, Fuerzas Armadas y élites político/económicas sellaban su predominio sobre las guerrillas, se reactive el proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño.

3.3. Tercer momento: los vencedores en la guerra implementan su modelo económico, el proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño Durante más de cuatro décadas, el Oriente antioqueño presenció una fuerte confrontación entre los actores del conflicto armado, guerrillas, paramilitares y ejército disputándose el territorio y dejando saldos que constituyen una verdadera catástrofe humanitaria. Sin embargo, la guerra ha dejado otra consecuencia, silenciosa, de la que poco se habla, pero que reviste igual importancia que los

24

costos humanitarios directos; se trata de la apropiación del territorio por los vencedores de la guerra quienes, en defensa del modelo minero-energético, instauraron prácticas de terror que conllevaron al desplazamiento sistemático de las poblaciones ubicadas en zonas de su interés. Así, pasados cuarenta años, pudieron retomar el rumbo y reiniciar sus proyectos económicos.

En Colombia los vínculos entre el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas es un fenómeno que no ha terminado de ser esclarecido. Sin embargo, no se puede negar su existencia; la guerra en el país propició una macabra combinación de las formas de lucha en las cuales se conjugaron los intereses de las élites económicas y políticas, con las acciones del ejército nacional y el paramilitarismo.

Con esta estrategia, no sólo se buscaba derrotar a las guerrillas, sino también garantizar el statu quo y permitir la implementación de proyectos económicos acordes a los intereses dominantes. En este sentido, influenciados por las doctrinas de la seguridad nacional2, la connivencia entre paramilitares y Fuerzas Militares buscaba instalar una política sistemática de terror, llevando al desalojo de poblaciones de territorios donde el accionar insurgente se cruzaba con posiciones estratégicas de explotación económica o transporte, sin importar que en el proceso se tuvieran que sacrificar a miles de inocentes.

Una mirada histórica al conflicto del Oriente antioqueño permite develar esa práctica; las acciones militares en el territorio presentan un crecimiento significativo a partir del año 1998, respaldado por una escalada de la operatividad paramilitar en la región. Los siguientes mapas dan cuenta de la intensidad del conflicto entre los años 2000 y 2003.

2

Durante el periodo de la segunda posguerra mundial, los Estados Unidos, influenciados por el ejército francés, implementaron la “Política de seguridad nacional”, que buscaba combatir la influencia del comunismo en los países del tercer mundo. En el caso de América Latina, la Escuela de las Américas, por medio de la cooperación militar, formó a más de diez mil militares de la región en las técnicas de lucha contra la subversión, entre las cuales la más efectiva era generar terror y desplazar las poblaciones en las cuales el fenómeno guerrillero tuviera alguna influencia.

25

Mapa 5 Evoluci贸n de la intensidad de las acciones paramilitares entre 2000 y 2003

2000

2001

2002

2003

Fuente: Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH.

26

Lo que llama la atención de este aumento en las operaciones paramilitares en la región es que coincide con un periodo en el cual la actividad guerrillera presenta un significativo descenso, tal como se muestra en el siguiente gráfico, confirmando que el propósito de estas estructuras armadas no se limita a la acción contrainsurgente, sino que trasciende hacia intereses de control territorial y recursos naturales. En el gráfico, se observa cómo, a partir del año 1998, se presenta un incremento constante de los combates entre las FARC y fuerzas del Batallón Juan del Corral en la región, lo que limita significativamente la maniobrabilidad de las fuerzas guerrilleras, forzándolas a replegarse y abandonar el territorio.

Así, a partir del año 1999, el aumento constante en los combates entre las FARC y las Fuerzas Militares, se lleva a desmedro de las demás actividades guerrilleras.

Gráfico 4 Acciones armadas de las FARC y combates por iniciativa de las Fuerzas Militares entre 1991 y 2003 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Combates

Sabotajes

Hostigamientos

Piraterìa Terrestre

Asalto a Poblaciòn

Emboscadas

2001

2002

Fuente: Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

27

2003

Igual suerte corren los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave del ELN, pues el ejército despliega nutridas operaciones militares en su contra, lo que fuerza a estas estructuras a replegarse hacia sus lugares de retaguardia y finalmente a desaparecer de la región. Algunas de las operaciones militares realizadas sobre el territorio en este periodo son: ‒ Operación Meteoro en el año 2002: Se dispusieron 2.500 hombres del ejército a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá y se instalaron retenes cada 3 kilómetros con el objetivo de recuperar la vía. ‒ Operación Marcial Norte en el año 2003: Fue dirigida por la Cuarta Brigada del Ejército en el municipio de San Francisco en contra de los frentes 9 y 47 de las FARC y el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Esta operación debilitó de manera significativa las estructuras militares de estos grupos. ‒ Operación Espartaco en el año 2004: Se llevó en los municipios de San Carlos, San Luis y Sonsón en contra de los frentes 9 y 47 de las FARC y el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. El siguiente gráfico da cuenta de las acciones desarrolladas por el ELN y de los combates presentados con las Fuerzas Militares.

Gráfico 5 Acciones armadas del ELN y combates por iniciativa de las Fuerzas Militares entre 1991 y 2003 60 50 40 30 20 10 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Combates

Sabotajes

Hostigamientos

Retenes

Emboscadas

Series7

2000

2001

2002

Piraterìa Terrestre

Fuente: Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

28

2003

El gráfico muestra que la presencia del ELN en la región empieza a fortalecerse en el año 1991, lo que se puede medir con el incremento de los sabotajes y hostigamientos. En 1999, se presenta un aumento en el número de combates entre el ELN y las Fuerzas Militares, evidenciando un fortalecimiento de la respuesta de este actor al final de los años noventa.

Asimismo, existe una relación directa entre el incremento de la operatividad de los grupos paramilitares y la disminución de la influencia guerrillera en la región. Esta dinámica del conflicto tiene su apogeo con el aumento de las operaciones militares en el territorio, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfico 6 Operaciones militares en el Oriente antioqueño entre 1998 y 2003

Fuente: Informe de Derechos Humanos del Oriente antioqueño 2013.

Al comparar el Mapa 6 con los gráficos 5 y 6, se puede observar que este crecimiento de las operaciones militares en la región coincide con la amplificación del accionar paramilitar, demostrando una estrecha connivencia entre ambos actores para la consolidación del control territorial, lo que implicó no sólo la derrota de los grupos guerrilleros, sino también el desplazamiento y despojo de los territorios.

El desenlace de más de cuarenta años de disputa por el territorio se sella entonces con las operaciones militares de los primeros años del siglo XXI. Es así 29

que, en el año 2005, la séptima división del ejército declara al Oriente antioqueño como una zona de consolidación, es decir como una zona en la cual ya no se cuenta con presencia de grupos guerrilleros. Sin embargo, no sólo los grupos guerrilleros han sido expulsados del territorio, también los grupos sociales han sufrido una brutal y efectiva persecución; su eliminación significa un terreno abonado para retomar los proyectos minero-energéticos.

No resulta extraño entonces que los proyectos minero-energéticos se adelanten en aquellas regiones en las que se presentaron mayores índices de conflictividad y violación de derechos hacia las comunidades. En el siguiente mapa, se muestran las zonas de mayor actividad paramilitar.

Mapa 6 Zonas de Mayor Actividad Paramilitar (año 2012)

Fuente: Informe de Derechos Humanos del Oriente antioqueño 2013

30

Como se observa en el mapa existe, una directa correspondencia entre los lugares de interés geoeconómico y la actividad paramilitar; la táctica de estas estructuras se fundamentó en propiciar el terror que conminó a las comunidades a abandonar sus territorios, tal como lo demuestran las cifras de desplazamiento presentadas en la tabla 2 y que coinciden con estos mismos territorios.

Estas zonas, en las que otrora se libraban cruentas disputas por el territorio, en la actualidad son solicitadas para la explotación minero-energética; de hecho, al tradicional interés hidroeléctrico en el Oriente antioqueño, se le ha sumado una creciente demanda por licencias de exploración y explotación minera. Así, la región ha sido declarada zona de reserva minera por el gobierno nacional con lo que se abre la puerta para la depredación del territorio a manos de empresas trasnacionales.

31

4. EL PROYECTO MINEROENERGÉTICO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO Y SUS IMPACTOS SOBRE EL TERRITORIO Por más de cuarenta años, el conflicto armado y las tensiones sociales suspendieron la implementación del proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño. La disputa entre comunidades afectadas, que buscaban defender su territorio, y grupos interesados en controlar la región para explotar sus recursos, le abrió la puerta a uno de los episodios más dolorosos del departamento de Antioquia. En esta lucha, las empresas mineras e hidroeléctricas, el ejército y grupos de poder regional fueron los vencedores, en buena medida gracias al apoyo de las estructuras paramilitares presentes en la zona; por medio del terror, estas últimas lograron controlar el territorio y establecieron un nuevo orden con el fin de velar por los intereses del gran capital en desmedro de las comunidades.

Así las cosas, las veredas desalojadas por la guerra son, en la actualidad, el escenario de los proyectos minero-energéticos; de hecho, en los últimos años, la región ha sido el escenario de un crecimiento significativo de estos dos sectores de actividad.

4.1. El desarrollo del proyecto minero en el Oriente antioqueño El incremento de la actividad minera en la región del Oriente antioqueño responde a dinámicas internacionales que, a partir de la década de los ochenta, son impulsadas por aumentos espectaculares en los precios de los minerales. El oro por ejemplo pasó de 200 dólares por onza en 1980 a 1.100 dólares en 2008. De ahí que, en los últimos años, el interés de las empresas mineras trasnacionales por expandir sus actividades a países poco industrializados, entre ellos Colombia, ha aumentado significativamente. Este fenómeno internacional coincide con el periodo de resolución de la guerra en el Oriente de Antioquia y propicia un fuerte incremento de la exploración y explotación minera en el territorio a mediados de la primera década del siglo XXI. Con base en la información suministrada por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia (ver gráfico 7), se puede resaltar la prevalencia del interés por metales preciosos (especialmente oro, plata y platino) y minerales metálicos (cobre, molibdeno, plomo, zinc), que no corresponde con las tradicionales explotaciones mineras de la región (mármol, materiales de playa, caolín y arcillas).

32

Gráfico 7 Materiales en exploración y explotación en el Oriente antioqueño (en %)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia (año 2014)

La creciente importancia de la explotación de metales preciosos y minerales metálicos se debe en gran parte a la presencia de empresas extranjeras en el territorio. En particular la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti tiene gran influencia en el Oriente antioqueño, con 26 licencias de exploración y explotación minera sobre un total de 18.557 hectáreas, un área que corresponde al 35% del total del territorio concesionado en la región, superando por más de cuatro veces a su más fuerte competidora, la empresa Cementos Río Claro, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño (ver gráfico 8).

Gráfico 8 Extensión de las áreas otorgadas a empresas o personas con más de seis títulos mineros (en hectáreas) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA SA IVAN TORO NARANJO SUMINISTROS DE COLOMBIA SA CEMENTOS RIOCLARO S.A 0

5000

10000

15000

20000

Fuente: elaboración propia con datos de la secretaria de minas de la gobernación de Antioquia

33

El interés de las grandes empresas trasnacionales por los metales preciosos y semipreciosos ubica entonces al Oriente antioqueño en los círculos del comercio de materias primas del capital mundial, una situación que supone para los habitantes de la región presiones cada vez mayores.

Para propiciar su establecimiento y expansión en Colombia, las empresas mineras han desarrollado una acción de lobby muy eficaz hacia el gobierno nacional y hacia el Congreso de la República, y de hecho su capacidad para influir en esta institucionalidad ha sido demostrada en los últimos 15 años; con el impulso de una normatividad fuertemente favorable al ingreso de capital minero internacional, se abrió el camino a las compañías extranjeras para la obtención de concesiones sobre el suelo y el subsuelo que les permitan la exploración y explotación de sus recursos no renovables.

En este sentido, la ley 685 del 2001, o Código de Minas, en su artículo 13, declara la minería como una actividad de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases, con lo que abre la posibilidad de expropiar, a solicitud de la parte interesada, los bienes inmuebles y demás derechos establecidos sobre los mismos, toda vez que interfieran con el ejercicio y eficiente desarrollo de esta actividad.

Por su parte, la ley 1450 del 16 de junio de 2011, por medio de la cual se adoptó el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, establece en su artículo 108 la creación de Zonas de Minería Especial; así, dispone que: “La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en zonas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera. Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer.”

Estas zonas son territorios destinados a la actividad minera, en los cuales no se desarrollan proyectos mineros en la actualidad pero que se proyectan para futuras intervenciones. Ahora bien, con el establecimiento de los contratos de concesión especial, el artículo 108 de la ley 1450 del 2011 revive el artículo 5 de la ley 1382 del 2010 -por medio de la cual se buscaba la reforma del Código de Minas-, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. El referenciado artículo permite prorrogar la etapa de exploración cada dos años hasta por 11 años, de

34

ser necesario, modificando la reglamentación que limitaba el tiempo de exploración al permitir una sola prórroga por dos años.

De tal forma, en la actualidad, las reglamentaciones legales en materia de actividad minera velan por los intereses de la gran minería y permiten destinar enormes porciones de los territorios a esta industria, contrariando en muchas ocasiones las vocaciones productivas de sus habitantes.

En materia de otorgamiento de licencia para la exploración y explotación minera en el Oriente antioqueño se tiene consolidada la siguiente información: según cifras de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de Antioquia, a julio de 2012 se habían otorgado 89 títulos para la exploración minera (45 de ellos ubicados en zona de Páramo) y 22 títulos para la explotación; además en ese mismo año, 174 solicitudes se encontraban en trámite. El 88% de los títulos mineros otorgados a empresas mineras, tanto nacionales como internacionales, se concentraba en 8 de los 23 municipios del Oriente antioqueño; éstos son: Sonsón, La Unión, La Ceja, Argelia, San Luis, Cocorná, San Carlos y Rionegro (Gráfico 9).

Gráfico 9 Títulos Mineros por Municipio – Año 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia.

De acuerdo con la información proporcionada por la misma institución, estos títulos abarcaban un área total de 53.188 hectáreas, lo que corresponde a un 7,60% de la superficie de la subregión. Se destacan los municipios de Sonsón y La Unión con 12.706 hectáreas y 8.926 hectáreas respectivamente dedicadas a la actividad minera.

35

Al comparar el área destinada a la exploración y explotación en relación con el área total de los municipios, la situación se revela más preocupante aún en algunos municipios, en particular en La Unión, por el alto porcentaje de territorio dedicado a la actividad minera. En la siguiente tabla, se relacionan las extensiones destinadas para exploración y explotación minera con la extensión total de los municipios. Es importante aclarar que parte de los títulos otorgados involucran territorios de varios municipios sin que se tenga claridad sobre la extensión correspondiente a cada uno; por lo tanto los valores presentados en la tabla se construyeron de acuerdo con el área del municipio en el cual se registra la actividad, lo que puede generar cierto margen de variabilidad respecto a la realidad del territorio.

Tabla 3 Áreas con título de exploración y explotación minera por municipio en el Oriente antioqueño - año 2012 (en hectáreas y porcentaje de la superficie municipal) Municipio La Unión Cocorná Nariño San Francisco Rionegro San Luis Sonsón El Peñol Guarne Argelia San Carlos Marinilla San Vicente Abejorral La Ceja El Retiro Concepción Alejandría El Carmen Granada

Área del Municipio 19.800 21.000 31.300 37.200 19.600 45.300 132.300 14.300 15.100 25.700 70.200 11.800 24.300 49.700 13.100 24.300 16.700 14.900 44.800

Área con títulos mineros 8.926 4.106 4.765 5.257 2.406 4.625 12.706 1.309 1.324 1.284 2.938 470 701 1.339 203 265 156 98 249

18.300

61

36

Porcentaje 45,08% 19,55% 15,22% 14,13% 12,28% 10,21% 9,60% 9,15% 8,77% 5,00% 4,19% 3,98% 2,88% 2,69% 1,55% 1,09% 0,93% 0,66% 0,56% 0,33%

En ese municipio, la información disponible registra 1 título compartido con Granada.

El Santuario

7.500

Guatapé

6.900

NA

NA

36.200

Los títulos que se otorgaron en este municipio se ubican en territorios compartidos con otros municipios y ya están registrados en los datos anteriores.

NA

53.188

7,60%

San Rafael

TOTAL

700.300

NA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Minas del Departamento y Planeación de la Gobernación de Antioquia

Para el año 2014, el mapa 7, entregado por la Agencia Nacional de Minería, muestra la extensión de los territorios donde existen títulos de exploración y explotación, los territorios que se encuentran bajo algún tipo de solicitud, y aporta datos de gran interés sobre las Zonas de Minería Especial del Oriente antioqueño.

Así, se puede observar que se establecieron Zonas de Minería Especial fundamentalmente en dos subregiones (en azul claro en el mapa): en la zona de Páramos se ha declarado un total de 7 bloques mineros (Bloques: 166, 176, 177, 180, 183, 186 y 191), uno de ellos creado directamente sobre el área de páramos, otro en jurisdicción de los municipios de Sonsón y Abejorral, tres en jurisdicción de Nariño y dos en el municipio de Argelia. A su vez, en la zona de Altiplano se evidencia la existencia de tres bloques mineros, dos en el municipio de La Unión y uno en el de Carmen de Viboral (Bloques: 287, 288 y 289), donde llegan incluso a superar el 50% de los territorios. En total se tienen declarados en todo el Oriente del departamento, 10 bloques mineros.

Según la información entregada, no únicamente las Zonas de Minería Especial son cotizadas por las empresas mineras para su exploración y explotación. Entre los municipios con títulos aprobados (áreas en rojo en el mapa) se destacan los municipios de Sonsón, Nariño, La Unión y San Luis, pero también se identifican titulaciones en los municipios de Abejorral, El Carmen de Viboral, Rionegro, Marinilla, San Carlos, San Rafael, Concepción y Cocorná. Asimismo, grandes extensiones de territorio, algunas en Zonas de Minería Especial, han sido solicitadas por empresas mineras en los municipios de San Vicente, Argelia, Nariño, Sonsón, Abejorral, Concepción, San Rafael, San Luis y San Francisco, y 37

en algunos casos ya sobrepasan la mitad de las áreas totales municipales (áreas en azul oscuro).

En este sentido, si se relacionan las extensiones que en la actualidad presentan actividad minera con los territorios proyectados para hacerlo, se puede concluir que el gobierno nacional espera comprometer más del 50% del territorio de la región en minería.

Mapa 7 Reporte gráfico de títulos y solicitudes vigentes en el departamento de Antioquia – agosto 2014

Fuente: Agencia Nacional de Minería.

Más aún, buena parte de las solicitudes mineras se ubican en zonas que cuentan con algún tipo de protección legal, como son las Reservas Forestales, fenómeno que se presenta con especial relevancia en las subregiones de Páramos y 38

Bosques, reconocidas por sus enormes riquezas forestales, hídricas y de biodiversidad. En el mapa 7, se sobreponen los territorios que cuentan con actividad minera o que se proyectan para tenerla en el futuro, con zonas de reserva forestal, parques naturales y zonas de restricción. El resultado de esta superposición muestra una fuerte coincidencia entre las Zonas de Minería Especial y Zonas de Reserva Forestal en los municipios de Abejorral, Sonsón, Nariño y Argelia, lo que genera gran preocupación en cuanto a los efectos que se puedan generar en los ecosistemas de la región, en particular en el páramo de Sonsón, de gran importancia ecológica por su riqueza hídrica y su biodiversidad.

4.2. El desarrollo del proyecto hidroeléctrico en el Oriente antioqueño A estas tensiones sobre el territorio generadas por la industria minera, se suman las tradicionales obras hidroeléctricas que, desde los años sesenta, se ejecutan en la región y que han experimentado un notable crecimiento a la par de los proyectos mineros en los primeros años del siglo XXI. Al respecto, es importante resaltar que las licencias para la construcción de proyectos hidroeléctricos no dependen de una única entidad. En el Oriente antioqueño, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas del río Negro y Nare –CORNARE– es la entidad encargada de otorgar licencias ambientales y concesiones de agua a las empresas y particulares interesados en la construcción de proyectos hidroeléctricos con capacidad inferior o igual a 100 MW, en tanto que las autorizaciones para las grandes obras de generación de energía y represamiento de aguas dependen de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–.

Anotemos que las centrales que generan una producción de energía inferior o igual a 10 MW (la mayoría de los proyectos presentados en la región) no requieren licencia ambiental para su implementación (a menos de ser destinadas a operar en Zonas Interconectadas; Decreto 2820 de 2010, artículo 9) y además están exentas del pago de transferencias al Estado (Ley 99 de 1993, artículo 45); el único requisito es la obtención de una concesión de agua para la producción de energía. En consecuencia, estas pequeñas centrales se están construyendo sin ninguna consideración para el medio ambiente a la vez que implican un aprovechamiento privado del uso de los recursos naturales (en específico del agua) sin que ello se revierta en ingresos para el Estado.

En 2011, un estudio del gobierno departamental sobre el “Potencial Hidroeléctrico de Antioquia” al año 2010 -entendido el potencial como la capacidad identificada desarrollada (centrales en operación) y por desarrollar (proyectos en construcción 39

y en estudio)- ubicaba al Oriente antioqueño en el segundo lugar del departamento en capacidad hidroeléctrica, con 5.806,43 MW, después del Norte de Antioquia que presentaba un potencial de 8.069,29 MW. El estudio estimaba en 23.947 MW el potencial total en Antioquia, 20.418 MW para proyectos de más de 100 MW y 3.529 MW para centrales menores a esta capacidad. En la región del Oriente, más del 80% de los proyectos tenían una capacidad superior a 100MW. En esa época, las centrales en operación ofrecían una capacidad instalada de 2.312,61 MW, mientras los proyectos por desarrollar totalizaban un potencial de 3.490,82 MW. Estos datos, aportan una idea del interés y de la presión que existen sobre la región en cuanto al desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos.

El siguiente gráfico muestra el número de solicitudes presentadas a CORNARE en el año 2012 para la construcción de proyectos hidroeléctricos, el cual se contrasta con las solicitudes aceptadas ese mismo año.

Gráfico 10 Expedientes hidroeléctricos de CORNARE al año 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CORNARE

Se puede observar un mismo comportamiento entre el número de licencias otorgadas y el número de licencias en trámite, lo que muestra cierta proporcionalidad a la hora de adjudicar permisos ambientales para la construcción de proyectos hidroeléctricos, siendo sin embargo menos las licencias en trámite.

Esa tendencia se invierte en el año 2014, tal como lo muestra el gráfico 11. Para este año el número de licencias otorgadas supera el de licencias en trámite.

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Gráfico 11 Expedientes hidroeléctricos de CORNARE a junio de 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de CORNARE

A 2012, 49 solicitudes de autorizaciones para la construcción de centrales y microcentrales en la subregión del Oriente estaban en trámite en CORNARE, entre las cuales 13 eran solicitudes de licencias ambientales y 21 de concesiones de agua; hasta ese mismo año, se habían concedido 29 permisos, entre ellas 4 licencias ambientales y 19 concesiones de agua. A junio del 2014, la entidad había otorgado 49 autorizaciones (de las cuales 7 eran licencias ambientales y 39 concesiones de agua) y se encontraban en trámite 37 expedientes (entre ellos, 7 para licencias ambientales y 4 para concesiones de agua). Además de mostrar un fuerte interés hacia la producción hidroeléctrica en la región, estos datos dan cuenta de una tendencia a la intensificación de la actividad hidroeléctrica en los municipios del Oriente antioqueño, propiciada por mayores facilidades para acceder a los permisos de la autoridad ambiental, en particular para proyectos iguales o inferiores a 10 MW que no requieren licencia ambiental.

En la tabla 4 se evidencia la importancia de la subregión Páramos para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico con un total de 26 proyectos de centrales y microcentrales identificados, destacándose los municipios de Sonsón y Abejorral con 12 y 8 proyectos hidroeléctricos respectivamente.

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Tabla 4 Estado de los expedientes hidroeléctricos de CORNARE por municipio y por zona, a junio de 2014 Municipio

Otorgado

En trámite

Sonsón Abejorral Argelia Nariño Total zona de Páramos Carmen de Viboral La Ceja Marinilla San Vicente El Retiro Total Altiplano San Luis Cocorná Total zona de Bosques Granada Alejandría San Carlos San Rafael Total zona de Embalses TOTAL ORIENTE ANTIOQUEÑO

2 8 3 1 14 5 5 0 2 1 13 6 6 12 1 3 1 1 6 45

10 0 1 1 12 1 0 4 0 0 5 1 0 1 3 0 1 0 4 22

Fuente: Elaboración propia con datos de CORNARE

Hay que recordar además que este panorama no tiene en cuenta los proyectos con capacidad superior a 100 MW, cuya competencia es del ANLA, y que son susceptibles de generar considerables impactos tanto ambientales como sociales en la región del Oriente antioqueño, como es por ejemplo el caso del proyecto Porvenir II sobre el cual nos detendremos en el siguiente capítulo.

En términos generales, el incremento de los proyectos tanto mineros como hidroeléctricos en el Oriente antioqueño demuestra que el modelo de explotación de recursos naturales a manos de las élites internacionales y nacionales ha logrado mantener su paso después de cuatro décadas de interrupción forzada; a la región han regresado las grandes obras y con ellas los cambios de vocación productiva del territorio que afectan profundamente las dinámicas culturales y propician el surgimiento de conflictos sociales.

Cuando se retoma el análisis de las violaciones de los derechos humanos en el Oriente antioqueño, llama la atención la coincidencia entre los territorios destinados y solicitados para actividades minero-energéticas con los predios 42

abandonados y/o despojados en razón del conflicto armado. En el siguiente mapa se puede observar la densidad de este fenómeno en el departamento de Antioquia.

Mapa 8 Densidad de Predios Abandonados y/o Despojados en Antioquia Año 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Unidad de Restitución de Tierras.

Como se observa, las regiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño registran los mayores índices de desplazamiento. Para el caso del Oriente, se puede constatar la superposición de los territorios que se encuentran o se destinan a proyectos minero-energéticos con los lugares en los cuales, por causa del conflicto armado, se ha producido despojo y desplazamiento.

Esta coincidencia reafirma la hipótesis según la cual el conflicto armado ha sido motivado por el interés geoeconómico sobre el territorio y sus recursos, lo cual ha sido cierto no sólo en el pasado: en la actualidad la actividad minera sigue vulnerando los derechos de la población de la región y afecta las posibilidades de 43

retorno y restablecimiento de las víctimas de desplazamiento. Con ello se abre la pregunta por la revictimización de los pobladores que, en el marco de la ley 1448 del 2011, han venido reclamando la titularidad de sus predios y las garantías de retorno digno a sus parcelas; además, pone en cuestión la persistencia de la vocación agraria de muchos municipios del Oriente antioqueño, amenazada por las actividades minero-energéticas, con lo cual no sólo se modificarían las dinámicas de explotación y producción económica, sino las relaciones comunitarias y culturales que de ellas se desprenden.

Para quienes han estudiado las dinámicas de la región, el Oriente antioqueño vive un retorno a su historia pasada; así lo reseña un líder comunitario en entrevista realizada para el presente informe y que pidió no ser nombrado:

“Si uno se fija bien, en el Oriente están pasando las mismas cosas que en los años sesenta: llegan las grandes empresas con capital para ejecutar proyectos de explotación hidroeléctricas; y ahora mineras también se vuelcan al territorio para comprar predios, presionar a las autoridades y a las comunidades para realizar sus inversiones, le prometen a la gente empleo, un mejor futuro, salir del atraso, como si ser campesino fuera una vergüenza. Y luego cuando la gente se da cuenta que esas promesas no se cumplen, es cuando vienen los conflictos. Y ya es demasiado tarde, porque las empresas no van a perder todo el dinero que han invertido en exploraciones y estudios.

Entonces vuelven otra vez las presiones armadas y las amenazas, por ejemplo en Granada y Cocorná, y seguro que en otras partes también.

Ya se sabe de la existencia de grupos armados que protegen los proyectos, que son los mismos paramilitares de antes. Ese es el caso de Granada donde alias “Patillas” es el encargado de la seguridad de las empresas hidroeléctricas, ese que fue paramilitar mucho tiempo y que ahora se moviliza en camionetas grandes y anda armado. Entonces ¿qué va a pensar la gente? puesto que son los mismos; es de lógica que tengan miedo y no digan nada. Da tristeza como se repite la historia sin que nadie diga nada”.

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5. ORIENTE ANTIOQUEÑO: UN MODELO DE DESARROLLO QUE ATENTA CONTRA EL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN La titularización de recursos naturales en los mercados del capital mundial, la adquisición masiva de tierras, el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, la apertura a la inversión extranjera, el acaparamiento del uso del suelo y del subsuelo y/o de la propiedad de tierras en países en desarrollo por parte de capitales extranjeros y nacionales poderosos, productivos y financieros, son rasgos distintivos de la etapa contemporánea de globalización capitalista (Garay, 2013).

En esta etapa del capitalismo globalizado, el eje central del sistema se encuentra en el óptimo funcionamiento de las empresas trasnacionales y el sector financiero mundial; al alrededor de este eje se construyen todas las demás relaciones entre los actores del mercado mundial, incluyendo a los niveles nacional y regional en los que se desarrollan los proyectos de explotación de recursos.

El modelo de desarrollo implementado bajo la influencia de la globalización capitalista, que se materializa en los países del Sur con la ejecución de proyectos de explotación minero-energéticos, avanza en contravía de las formas de producción tradicional, de las dinámicas culturales y de las estructuras de poder propias de las comunidades locales, es decir, se contraponen a las formas de vida de quienes habitan los territorios.

En este sentido, de los múltiples casos del Oriente antioqueño, la Corporación Jurídica Libertad, mediante el presente informe, ha privilegiado dos proyectos que en la actualidad generan significativas tensiones en la región; uno de ellos, de explotación minera, ubicado en la subregión de Páramos y ejecutado por la empresa Termales Espíritu Santo (T.E.S.S.A), y el otro, de explotación hidroeléctrica, implementado en el Municipio de San Carlos por la empresa CELSIA, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño.

5.1. Porvenir II: un ejemplo de la historia de despojo en el Oriente antioqueño San Carlos es uno de los municipios del Oriente antiqueño donde se ha vivido con mayor intensidad las consecuencias de la implementación de proyectos hidroeléctricos. Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, se inició en territorios del municipio la construcción de las centrales hidroeléctricas de Punchiná, Jaguas, Playas y Calderas. Sin duda estas obras alteraron las

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tradiciones productivas de los campesinos de desplazamiento y transformación en las formas de vida.

la

región,

generando

Como respuesta a la implementación de estos proyectos, en el transcurso de las décadas de los setenta y ochenta, el movimiento cívico tuvo un papel importante en el municipio al lograr que las poblaciones afectadas por los proyectos se movilizaran y reivindicaran sus derechos a la producción y bienestar, y el respeto a sus dinámicas culturales específicas.

Los reclamos del movimiento cívico frente a la arbitrariedad de las autoridades para la construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos generaron una violenta reacción por parte de quienes los ejecutaban, propiciaron la persecución y asesinato de importantes líderes sociales del municipio y el desplazamiento de los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos. Con ello, San Carlos iniciaba un largo periodo muy doloroso de su historia, que estaría signado por la violencia y la violación de los Derechos Humanos.

Gráfico 12 Evolución del número de Desaparecidos en San Carlos 1980 - 2005 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fuente: Elaboración propia con información del libro “Nunca más contra nadie”

Como se puede ver en el gráfico 12, a partir de 1980 las desapariciones forzadas empiezan a ser utilizadas en el municipio de San Carlos como modalidad de

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represión contra los líderes de la comunidad que defienden su derecho al territorio.

Al respecto es importante resaltar que esta modalidad de victimización es una de las que más impacto psicológico tiene sobre la población y fue una de las técnicas de mayor utilización por los grupos paramilitares; ello explicaría su crecimiento exponencial a partir del año 1995, momento que coincide con el fortalecimiento de la presencia de esos grupos ilegales, y su permanencia en el año 2005, cuando ya no se registra presencia guerrillera en el municipio. Por lo tanto, se puede afirmar que la desaparición forzada fue una herramienta manejada principalmente por grupos paramilitares y su utilización deja ver el interés de estos grupos por ejercer control sobre el territorio.

Gráfico 13 Evolución del número de Homicidios en San Carlos 1986 - 2003 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Fuente: Elaboración propia con información del libro “Nunca Más contra nadie”

En el gráfico 13 se puede observar cómo, entre los años 1996 y 2003, se vivió el periodo de mayor violencia y violación de Derechos Humanos en el municipio, lo que corresponde con la etapa de consolidación de la presencia de las Fuerzas Militares y del paramilitarismo en la región y la reactivación de los proyectos hidroeléctricos. Como se puede ver en el gráfico 14, la actividad armada se concentró en las veredas que representan interés para los proyectos hidroeléctricos.

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Gráfico 14 Número de homicidios en San Carlos, por sectores 1983 - 2005

140 120 100 80 60 40 20 0

Fuente: Elaboración propia con datos del libro “Nunca Más contra nadie”

En la actualidad, resulta especialmente ilustrativo el peso que tiene sobre la población de San Carlos la reactivación del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, adelantado sobre el río Samaná por la empresa CELSIA, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño considerado como el cuarto productor de electricidad del país.

El proyecto Porvenir II se encuentra en la fase final de estudio para el otorgamiento de la licencia ambiental. La hidroeléctrica está diseñada para ofrecer una capacidad instalada de 352 megavatios; está previsto que entre en operación a finales del año 2018. En caso de ser aprobado el proyecto, se inundarían 1.092 hectáreas, pero para retiro y espejo de aguas se destinarían aproximadamente unas 3.000 hectáreas de tierra productiva, afectando territorios de los municipios de San Carlos, San Luis y Puerto Nare, con efectos ambientales que se extenderían hasta el municipio de Caracolí (estos dos últimos municipios de la subregión del Magdalena Medio).

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Mapa 9 Ubicación de Porvenir II

El proyecto ha generado una gran presión sobre las comunidades campesinas que se ubican en las zonas de influencia de la hidroeléctrica, muchas de las cuales fueron desplazadas en las décadas de los setenta y ochenta, durante la primera etapa del proyecto minero-energético en el Oriente, tal como lo demuestra el siguiente relato de un campesino de la región.

“El proyecto hidroeléctrico por el cual me vi afectado fue el de la represa Punchiná. Yo vivía con mis padres, porque aún era soltero, en la vereda Puerto Velo del corregimiento del Jordán, vereda a la cual salían todas las personas del corregimiento del Samaná. Era como un centro a donde salían a vender los productos de las fincas. Entonces la empresa que construyó el proyecto compró a los propietarios de la región los predios. A mi padre le compró la finca, la casa donde vivíamos y un negocio mixto de tienda y cantina que teníamos.

“En cuanto los efectos económicos, lo que pasó fue que tuvimos que vender cuando estábamos muy bien instalados en una tierra donde teníamos café, montañas con madera, ganado, la casa y la tienda que nos daba muy buenos resultados pues era finalmente de lo que vivíamos. Entonces nos compraron pero a la brava porque mi padre

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pedía una plata y ellos nunca quisieron darla y un lunes llegó un doctor delgado quien le dijo a mi padre que si les iba a vender o venía el juzgado, que porque nos iban a expropiar. Entonces mi papá tuvo que vender porque no tenía quien lo defendiera. Entonces mi padre se fue para el Jordán y con plata que le dieron compró una tierra en Samaná que después que él murió nos quedó a los hijos. Es en la parte de tierra que a mí me tocó que me encuentro ahora, y que la empresa Celsia pretende que venda. Cuando nos desplazamos de Puerto Velo, yo me fui para Samaná porque estaba recién casado y me tocó empezar de nuevo, a trabajar con agricultura, porque nos desubicaron. Entonces esencialmente los efectos económicos fueron muchos porque en Puerto Velo éramos más o menos ciento cincuenta personas al lado y lado del río. Otras familias vendieron, se vinieron para el pueblo, compraron una casita donde vivir y pronto estaban sin nada, sabiendo que en Puerto Velo tenían como vivir. Y en el pueblo se dedicaron a gastarse lo que les habían dado, entonces les tocó arrimarse a donde los hijos a que los mantuvieran y finalmente murieron pobres, como les pasó a tres tíos míos (lo mismo le sucedió a todos los campesinos que se vieron obligados a vender sus fincas para las hidroeléctricas). Como efecto económico se debe decir que fuera de lo mal que le va a uno con el desplazamiento, nos tocó contratar un abogado para que nos defendiera. Mejor dicho toda la estabilidad se perdió.

“Desde lo social también los impactos fueron muy negativos porque nosotros éramos del Jordán y al irnos para Samaná tocó llegar a conocer gente nueva. También al irnos de Puerto Velo, el viaje a San Carlos se complicó porque siempre veníamos en el carro que se cogía en Puerto Velo, y al irnos para Samaná tocaba venir a Puerto Velo caminando o en bestia porque no había carretera. Durante la construcción del proyecto, lo social fue terrible porque en Juanes había muchos casinos. Hubo muchos muertos y se propagó la prostitución, también la venta de vicio era terrible, el madre solterismo también porque llegaban personas foráneas que cuando se les acababa el trabajo volvían a sus tierras y dejaban a las mujeres e hijos.

“Con el desplazamiento de las veredas Puerto Velo, La Linda, La Llore y Balseadero se rompió el tejido social, la hermandad, porque ya no seguíamos juntos y las personas que habitaban las veredas tomaron rumbos diferentes.

“Con lo ambiental, lo primero es decir que desaparecieron todas las tierras que estaban a la orilla del río y con ellas toda la producción de la 50

zona, porque las tierras se enfriaron y ya no era lo mismo. Con el espejo de agua llegaron las tormentas eléctricas a la región, por ejemplo en Samaná anualmente se pierden cualquier cuarenta reces que mueren con las tormentas eléctricas.

“Los ríos que represaron fueron el río San Carlos, el río Guatapé y parte del río Nare. En estos ríos había mucho pescado y oro, productos que le daban sustento a los campesinos de estos lugares, pero de eso no se habló en esa época y tampoco nadie reclamaba compensaciones por esas pérdidas.”

En el relato de este campesino, queda claro cómo las comunidades que fueron desplazadas por los proyectos hidroeléctricos de los años 1970-1980, que además sufrieron los embates de la guerra en sus territorios, se ven ahora nuevamente amenazadas por la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico, que pretende despojarlas de sus territorios, esos de los cuales fueron expulsadas hace tan sólo tres décadas. Evidentemente, buena parte de las comunidades afectadas no se muestran de acuerdo con la construcción del proyecto. Así continúa su relato el campesino de la región.

“Para mí, lo mejor fuera que eso no se hiciera porque a uno lo descuadran y uno ya no sabe qué va a pasar. Lo primero es que las comunidades conozcamos a fondo cuál es el proyecto, sus impactos y todos los derechos que tenemos. También es importante que las comunidades nos unamos en defensa del interés de todos y que no olvidemos lo que sufrimos con los otros proyectos.”

En el marco de la resistencia de las comunidades campesinas, pesqueras y mineras artesanales afectadas por el proyecto, se celebró el 3 de julio de 2014 la Audiencia Pública Ambiental impulsada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– en la cabecera municipal del municipio de San Carlos, que contó con la presencia de más de 1700 personas de los cuatro municipios afectados por Porvenir II. Durante las nueve horas que duró la audiencia, se escucharon argumentos a favor y en contra del proyecto por parte de autoridades y organizaciones sociales y ambientales; resultó llamativa la postura de las comunidades campesinas que se mostraron divididas frente a la construcción del proyecto.

Según uno de los líderes comunitarios entrevistados, la división en los puntos de vista se debe esencialmente al trabajo previo que la empresa CELSIA ha realizado en las comunidades campesinas de San Luis, buscando legitimar el proyecto y

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mostrando los supuestos beneficios económicos que éste les generaría a los habitantes; en este sentido apuntó el líder comunitario: “Lo que pasa es que ellos (los de la empresa) no son bobos, cuando vieron la resistencia que tenían del lado de San Carlos, se fueron para San Luis. Pero claro, si es que nosotros acá en San Carlos ya sabemos lo que sucede con esos proyectos, ya tenemos la experiencia de tres proyectos grandes en los cuales las comunidades salieron muy afectadas, en cambio como del lado de San Luis no tienen experiencia en hidroeléctricas, la empresa se aprovecha de eso.

“Pero igual da tristeza ver a las comunidades afectadas enfrentadas entre sí por estas cosas. Deberíamos entender que debemos estar juntos, porque nuestro enemigo son ellos. Pero si estamos separados entonces eso nos debilita y les queda más fácil implementar sus proyectos”.

La división en las posturas de la comunidad podría tener otra explicación de carácter estructural al interior de las comunidades mismas; en este sentido, resulta importante apuntar que en las comunidades rivereñas es común encontrar familias que viven a las orillas de los ríos, que no son propietarios de la tierra y que por lo general basan su sustento en las actividades económicas directamente relacionadas con el río, como la pesca y la minería. Sin embargo, en esas estructuras sociales existe otro tipo de actor que se caracteriza por ser propietario de predios de mediana o gran extensión dedicados por lo general a la ganadería; por lo tanto la actividad económica de este grupo no depende directamente del río.

Estas diferencias en las estructuras sociales de las comunidades afectadas podrían explicar las posturas divergentes frente a la implementación del proyecto; de un lado, para las comunidades rivereñas dependientes del río, no existe una correspondencia entre los dineros que se recibirían de la empresa y la destrucción producida, y no se lograría compensar con ello la pérdida de las fuentes tradicionales de ingreso, ni tampoco la destrucción de las formas de vida y de los entramados culturales; del otro lado, los medianos y grandes propietarios no verían alteradas sus dinámicas culturales, sus actividades económicas pueden ser reproducidas con facilidad en otros lugares y, por si fuera poco, los dineros recibidos de la empresa en calidad de propietarios también serían mayores. Pero más allá de ofrecer una lectura valorativa sobre las diferentes posturas de la comunidad, para este informe resulta importante resaltar el efecto desestabilizador de los proyectos hidroeléctrico, en este caso del proyecto Porvenir II.

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5.2. Termales Espíritu Santo Los Termales Espíritu Santo son sin lugar a dudas la postal más reconocida del municipio de Nariño. Este lugar constituye el punto de referencia para las personas ajenas al pueblo, a pesar de estar ubicados a 162 kilómetros de Medellín y no presentar óptimas condiciones en sus carreteras de acceso; el lugar es un referente turístico importante para la subregión de Páramos en el Oriente antioqueño. Sin embargo, tras su belleza y potencial turístico, se presenta una serie de fenómenos socio-económicos muy interesantes para quien quiera analizar los efectos sociales y ambientales de la explotación extractivista de los recursos naturales, y que deberían generar preocupación en las autoridades.

En los círculos sociales de Nariño, hablar de los “Chechos” es mencionar un grupo familiar de gran poder económico y social en el municipio. Esta familia proveniente de Granada y con grandes negocios comerciales en el centro de Medellín, es la propietaria del complejo turístico Termales Espíritu Santo. Posee grandes extensiones de tierra en las inmediaciones de los termales y ha obtenido una concesión de agua para la instalación de una minicentral, además de ser dueña de un contrato de concesión para la explotación minera de oro y sus derivados en el territorio.

Sin embargo, sobre la concesión minera en la zona de influencia de los Termales Espíritu Santo, se han hecho varias especulaciones; inicialmente, se la asignaba a la empresa Anglo Gold Ashanti quien había demostrado su interés por el territorio.

En este sentido, se expresó el personero de Nariño: “Ellos sí estuvieron por ahí (la empresa Anglo Gold Ashanti), hicieron estudios durante casi dos años, tenían ingenieros, pero al final como no encontraron nada o quien sabe, no les habrá justificado el negocio; porque se fueron así, de la noche a la mañana y nadie supo más nada de ellos. Los que sí quedaron fueron los Chechos, pero igual esa gente toda la vida ha sido de la región, todo el mundo los conoce y sabe que son los dueños de eso allá”.

La presencia de los “Chechos” en Nariño debe ubicarse 15 o 20 años atrás, según un habitante del municipio: “Ellos llegaron acá comprando tierras, que en esta región nunca han sido muy caras, porque están muy lejos y prácticamente son monte; pero como ellos sí tienen mucha plata y no tenían que ponerse a trabajar la tierra, se fueron haciendo cada vez con fincas y comprando matas de monte y así se fueron haciendo dueños de veredas enteras”.

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En cabeza de don Arsecio Gómez, la empresa T.E.S.S.A ha logrado consolidar un triángulo de negocios con proyecciones económicas importantes, en el cual se vincula el proyecto turístico Termales Espíritu Santo con una licencia de aprovechamiento de aguas concedida por CORNARE para la construcción de una minicentral hidroeléctrica y un contrato de concesión para explotación de oro y sus derivados otorgado por la Secretaria de Minas del Departamento de Antioquia. En el siguiente mapa, se muestra la ubicación de estos proyectos.

Mapa 10 Ubicación del proyecto Termales Espíritu Santo

Fuente: CORNARE, Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

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Por medio del expediente número H7055005, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia concede contrato de concesión (D2655) a la empresa T.E.S.S.A. para la explotación de oro y sus asociados en el municipio de Nariño, en un área con una extensión de 2.557 hectáreas que corresponden a un 8% del total del territorio municipal, el cual tiene un área de 31.300 hectáreas. De otro lado, mediante expediente número 054830201869 otorgado por CORNARE, se concede una autorización de aprovechamiento de aguas a la empresa Termales Espíritu Santo para la construcción de una minicentral en la Vereda El Uvital del municipio de Nariño.

Para el caso de Nariño, es importante resaltar que a pesar de ubicarse en un importante corredor de movilidad para los grupos guerrilleros -en especial para el frente 9 de las FARC que utilizaba este territorio como zona de retaguardia que lo conectaba con el departamento de Caldas-, en comparación con municipios como San Carlos la disputa por el territorio no se refleja en dramáticas cifras de violación a los derechos humanos. En el siguiente gráfico, se puede observar la diferencia en el número de desaparecidos de los dos municipios para el periodo que va de 1990 a 2012.

Gráfico 15 Histórico de los Desaparecidos de San Carlos y Nariño 1990 - 2012

San Carlos

Hombres

Nariño

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de DDHH del Oriente antioqueño 2012

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La diferencia marcada en las cifras de estos dos municipios, tomados como ejemplo, demuestra la existencia de lógicas diferentes en las dinámicas que subyacen los intereses por el territorio en la región del Oriente. Tal como se ha sostenido a lo largo de estas líneas, existen en la región territorios que, históricamente, han presentado un interés estratégico para la apropiación de sus recursos, lo que se tradujo en altas cifras de vulneración de los derechos durante las décadas de violencia que la azotaron; sin embargo, con la consolidación del control militar bajo la orientación de las élites regionales, los intereses por el aprovechamiento de los recursos naturales han incrementado y han llegado a territorios donde años atrás no se conocían.

Este sería el caso de Nariño, un municipio que aparece en la actualidad en la lista de los municipios que suscitan un nuevo interés geoeconómico. Esta situación se tradujo en dos solicitudes de concesiones para el aprovechamiento de aguas destinadas a minicentrales hidroeléctricas y en un 15% del territorio municipal solicitado para exploración o explotación minera. Así las cosas, con historias y realidades propias, diferentes a las que se vivieron en otros municipios de la región, no ha tardado en llegar a Nariño el boom minero-energético. Lo llamativo del caso es que su lejanía con respecto a los lugares de mayor actividad económica ha significado para el municipio una relativa autarcía socio-económica; las élites de poder locales han logrado aprovechar de las condiciones de tierra a bajo costo, retraso institucional, bajas dinámicas de control y vigilancia por parte de los órganos de control, las cuales han facilitado de alguna manera la apropiación del territorio a manos de privados. No queda claro si está dinámica de apropiación de los recursos locales se ha llevado dentro de los límites de la legalidad, pero en el mejor de los casos, lleva a cuestionar seriamente la implementación de un modelo de desarrollo que expulsa a las personas de sus territorios, generando dinámicas de migración campo-ciudad que a su vez se traducen en dinámicas de exclusión y pobreza.

En este sentido, según un importante líder social de la región entrevistado para el presente informe: “Con Termales Espíritu Santo se está conformando un proyecto económico muy grande. Allá, los “Chechos” han comprado muchas tierras, pero su tradición campesina, que comparten con las personas a las que compran estas tierras, ha propiciado que los tratos se cierren de palabra, es decir, ellos pagan y las personas saben que vendieron, pero no en todos los casos se generan escrituras o documentos de compra venta, lo cual dificulta documentar el caso. Pero usted va a la zona y todos los campesinos saben que ellos son prácticamente los dueños de estas dos veredas (Puente Linda y Los Naranjos).

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“Además de comprar tierras, ser los dueños del proyecto turístico, tener licencia para la microcentral hidroeléctrica y de concesión minera, también han construido algunas obras de infraestructura para sus actividades económica. Hasta hace poco estaban con la idea, yo no sé si lo hicieron o no, de construir una carretera que llevara del pueblo a los termales, la idea era reducir en más de la mitad el tiempo del viaje”.

Así las cosas, en el caso de Termales Espíritu Santo y del grupo económico al cual pertenece, se ha conformado una especie de poder paralelo con el cual el grupo, a partir de su gran capacidad económica, ha logrado sortear los embates de la guerra. Según el líder social entrevistado: “En realidad no existen pruebas ni indicios de que ellos hubieran tenido algo que ver ni con guerrillas ni paramilitares; la cosa fue, como a muchos en el territorio, que les toco pagar o contribuir con los diferentes grupos, pero como su poder es tan grande, tampoco les molestaba mucho.”

Sin embargo, indirectamente, el desplazamiento generado por la violencia, sumado al abandono estatal y lo apartado de la región con respecto a los centros económicos, terminó por beneficiar las actividades económicas del grupo, ya que estas condiciones se tradujeron en tierras a bajo costo y poco o nulo control institucional de sus actividades; en este caso, se presentó una especie de vacío de poder que fue aprovechado por el grupo, el cual se constituyó en un poder paralelo al Estado que está orientando en torno a sus actividades económicas una parte importante del modelo de desarrollo del municipio.

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6. CONCLUSIONES

A lo largo de los últimos dos siglos, el Oriente antioqueño ha escrito su historia en torno a los conflictos que opusieron a diversos actores económicos y políticos para el control sobre la región y a los esfuerzos que desplegaron para adquirirlo o mantenerlo.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las disputas por el territorio y el acceso a sus recursos naturales fueron exacerbadas por la aparición de grandes proyectos hidroeléctricos y de explotación minera, que enfrentaron a los grupos económicos interesados en estas actividades con las comunidades locales. Estas pugnas degeneraron en la implementación de un proyecto armado de persecución y exterminio de los movimientos sociales opuestos a la implementación del modelo minero-energético. Así, los intereses económicos en juego en el Oriente Antioqueño abrieron las puertas a un periodo de violencia y violación de Derechos Humanos que duró más de cuarenta años. Los datos presentados a lo largo de este informe muestran cómo la población civil siempre ha sido la principal víctima de las acciones de los grupos paramilitares apoyados por las Fuerzas Militares, los cuales han sido los responsables de la dramática situación humanitaria que se vivió en la región durante estas cuatro décadas.

Sin embargo, las consecuencias de esta violencia no sólo se expresan en número de muertos, desaparecidos y desplazados sino también en la transformación radical de las relaciones de poder y de la vocación económica del territorio; así, en el Oriente antioqueño se consolidaron unas dinámicas de poder regional propicias a los intereses geoeconómicos de las élites nacionales, departamentales y empresas trasnacionales, las cuales se favorecieron con el despojo de las tierras de las poblaciones campesinas, de pescadores y mineros artesanales.

En este punto se encuentra una de las principales conclusiones del informe: el actual impulso de los proyectos minero-energéticos en el Oriente antioqueño es el resultado de la consolidación de una hegemonía armada entre grupos paramilitares y Fuerzas Militares que sirvió los intereses de los promotores de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros a costa de los derechos de las comunidades locales.

Desde principios del siglo XXI, se está asistiendo a la reactivación del modelo minero-energético en el Oriente antioqueño, amparado por una normatividad favorable a los capitales internacionales, e impulsado por acciones institucionales que se llevan en detrimento de los intereses de las poblaciones locales, y sin consideración por la dignidad de las víctimas. Esta situación crea condiciones

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propicias a la reaparición de la violencia en la región. Las comunidades en resistencia y afectadas por los proyectos minero-energéticos volvieron a movilizarse a través de importantes procesos de asociación y acciones de incidencia para la defensa de su territorio. Pero estas iniciativas van en contravía de los intereses económicos de las élites políticas, de las empresas nacionales y transnacionales, y se están presenciando en el Oriente nuevos episodios de represión de la protesta social y de los movimientos que actúan para la defensa del territorio, apoyados una vez más por grupos paramilitares bajo la nueva figura de “bandas criminales”.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos presentes en el Oriente antioqueño ven con preocupación la vulneración de los derechos de las comunidades locales a causa de la implementación del modelo minero-energético y se están asociando a los movimientos locales para acompañarlos en su proceso de resistencia, buscando que no se repitan los fenómenos de persecución, desplazamiento y exterminio que sufrieron las comunidades y movimientos sociales de la región hasta años recientes. El presente informe es un aporte en esa dirección.

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