Judicial Si falla el sistema de alternativas al proceso penal, habrá más gente con condena de prisión
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El narcotráfico y la ruta del dinero en la mira de la Justicia
El Ministerio de Justicia prepara el marco legal para el cliente de trata En los últimos cinco años se hicieron aproximadamente 2.700 allanamientos para descubrir redes de explotación de personas. Más de 1.560 víctimas fueron rescatadas en los primeros diez meses de 2013. Ahora, busca penalizar a quienes alimentan este delito: los clientes Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
E
l ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, fue contundente al establecer como uno de los principales objetivos de 2014 “completar el marco legal para ir contra el cliente de la trata, que es la pata principal de un delito que expresa el retorno a la esclavitud y el único negocio en donde el cliente nunca tiene la razón”. Días atrás la cartera de Justicia distribuyó un informe estadístico que indica que desde la sanción en 2008 de la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se rescataron 5.884 personas tras 2.745
allanamientos. Asimismo, el informe re- de la trata de personas, y en ese sentido veló que más de 1.560 víctimas de este en la Argentina “se renovará y profundidelito fueron rescatadas durante los pri- zará el año entrante con la sanción defimeros diez meses de 2013. nitiva de la ley que penaliza al cliente, En este sentido, Alak sostuvo que “esta porque, como decía Cervantes, los delilucha se convirtió en tos siempre tienen una política de EsEl 52% de las personas liberadas en la espalda un tado de primer orcastigo”, dijo el funeran víctimas de explotación den en el país, que cionario. laboral, mientras que el 48% lo ya tiene alcance reLas estadísticas gional en el marco eran con fines sexuales Según las cifras ofide un proceso de integración cada vez más vigoroso con los ciales entre abril de 2008 y octubre de 2013, el número de víctimas rescatadas a gobiernos hermanos de Sudamérica”. Lo cierto es que desde el ministerio se- las redes de trata asciende a 5.884. Las estadísticas, difundidas por el Proñalan que el 2014 será el año en que se ultimarán los detalles para perseguir a la grama Nacional de Rescate y Acompañacadena delictiva que se encuentra detrás miento a las Personas Damnificadas por
el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indican que el número de rescates se incrementó de manera notoria durante los últimos tres años, y que el 52% de las personas liberadas eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 48% restante eran sometidas a explotación sexual. Las víctimas son en un 88% mayores de edad y un 55% de nacionalidad extranjera. A su vez, el estudio señala que durante el 2013, la principal causa de denuncia a la línea 145 fue por explotación sexual en un 70%, por personas desaparecidas en un 12%, y por explotación laboral en un 5%. También se comprobó que la gran mayoría de los llamados –el 60%– provenía de la región que incluye a la Ciudad
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de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, seguido por la región de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero con un 14 por ciento.
víctimas para luego informar a los juzgados cuáles son los indicadores que se detectaron para considerar que se está en presencia de una situación de trata de personas. “Se lleva a las víctimas a un refugio donde permanecen hasta que prestan declaración testimonial. Además funciona el equipo jurídico porque estas víctimas desconocen totalmente sus derechos”, explica Gatti haciendo referencia al marco de protección que se da a estas mujeres. Lo cierto es que dentro de los elementos constitutivos del delito, según la última modificación de la ley se encuentran no sólo el ofrecimiento de una víctima, sino que también la captación, el traslado, el transporte, el acogimiento de una víctima con fines de explotación. En lo que se refiere a las penas establecidas para este delito, con la ley original la pena de trata era de 3 a 15 años y con la modificación esa pena pasó de cuatro años la mínima, para que ningún caso sea excarcelable, hasta 15 años la máxima. “Tenemos algunos juicios que han concluido con condenas de 14 años, por ejemplo. No hay que perder de vista que
La proliferación del delito Según lo explicó el titular de la Procuraduría de Trata de Personas, Marcelo Colombo, la proliferación del delito de trata se debe en parte a la “connivencia dentro de alguna de las esferas del Estado” y destacó la incapacidad de los operadores judiciales de “ponerse en los zapatos de las víctimas”. “Las reglas del sistema prostibulario han sido naturalizadas por los operadores de la Justicia. Al colocarlo como algo incuestionable nos llevó a no analizar detenidamente algunas causas”, aseguró Colombo. “La trata debe entenderse como un delito que se comete de manera organizada, con expectativa de permanencia y donde actúan dos o tres personas. El máximo objetivo es obtener beneficios económicos poco comparables con otros mercados ilegales. Además, para que exista este grupo de personas cometiendo
Colombo marca una “incapacidad de los operadores judiciales de ponerse en los zapatos de las víctimas” este delito debe haber connivencia dentro de alguna de las esferas del Estado para que la organización o mercado ilegal pueda proliferar”, subrayó el fiscal. Colombo establece una distinción entre explotación sexual de terceros y lo que es el ejercicio autónomo de la prostitución: “Una cosa es si en plena libertad uno decide poner en venta su cuerpo y cobrar dinero. En cambio, la explotación de la persona ajena en los términos de la trata está pensada por un tercero, un proxeneta, que administra un sistema prostibulario y se beneficia económicamente de la cantidad de mujeres que integran ese prostíbulo”.
Detectar la explotación En conversación con BAE, Zaida Gatti, responsable del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, explicó que una vez que se producen los allanamientos se toman entrevistas individuales a cada una de las
Las redes de trata avanzan con actividades de lavado de dinero o narcotráfico
Procesaron a siete acusados de integrar una organización de explotación sexual En más de 40 allanamientos fueron rescatadas 57 víctimas y se desbarataron cuatro redes de trata con conexiones entre sí, que manejaban hasta ocho prostíbulos históricos del centro porteño. El juez federal Ariel Lijo dictó el procesamiento de siete integrantes de cuatro redes de trata y explotación sexual que manejaban 19 prostíbulos de Capital Federal, mientras que otros tres miembros clave de estas organizaciones se encuentran prófugos. Además, el juez ordenó el embargo por un millón de pesos a cada uno de los acusados. Lo hechos indican que el Juzgado Federal N° 4 llevó a cabo 40 allanamien-
tos con la Policía Metropolitana y la participación de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), en los que fueron halladas 57 mujeres en situación de explotación sexual. Además del rescate de una gran cantidad de víctimas, se trata de un caso importante dado que las organizaciones manejaban, cada una, hasta ocho prostíbulos históricos del centro porteño, y sus propietarios se habían dedicado a esta actividad delictiva durante años, sin que las decenas de investigaciones judiciales tramitadas contra ellos produjeran consecuencia alguna, hasta ahora.
Dentro de los elementos constitutivos del delito figura no sólo el ofrecimiento, sino la captación, el traslado, entre otros la trata de personas puede ser también un delito asociado a otros como el narcotráfico, u homicidios en los lugares de explotación”, explica Gatti. Lo cierto es que el ministerio avanza fuertemente sobre la penalización al cliente o usuario de trata “porque consideramos que el cliente es responsable porque las víctimas estén en ese lugar, porque forman parte de la demanda y ha sido una pelea difícil porque por un lado la prostitución autónoma no está penada, pero la experiencia nuestra nos indica que no existe la prostitución autónoma”, sostiene Gatti. En este camino, en 2013 se presentó un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado y que a principios de 2014 será tratado en Diputados para que exista una sanción legal al cliente de trata. “Otro debate que vendrá de la mano de esto será también sancionar al clientes de la prostitución”, explicó Gatti.
CAUSA El tribunal supremo de la Nación ordenó al juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, que investigue si existe una red de trata de personas en el sur bonaerense y en la Villa 1.11.14, tras la denuncia de la madre de una víctima de 15 años. El fallo lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. El máximo tribunal, siguiendo un dictamen del procurador general adjunto Eduardo Casal, dispuso que la Justicia Federal de Lomas de Zamora investigue el caso de una adolescente de 15 años con retraso mental y madurativo que pudo ser captada por una red de trata para prostitución y tráfico de drogas. La causa se inició el 16 de
La Corte Suprema ordenó investigar una red de trata en el sur en la villa 1.11.14 marzo, cuando la madre de la adolescente presentó una denuncia “para ubicar el paradero de su hija”, quien no había llegado a la casa de una amiga adonde se dirigía. Seis días después, la mujer recibió una llamada telefónica de un número desconocido, en la cual “su hija le manifestó con tono de voz lloroso que se encontraba en la casa de unos tíos de unas personas”, que luego determinó “se ubicaría en Longchamps”. Asimismo, la mujer dejó constancia en la denuncia de que esa vivienda “pertenecería a un hombre que se dedicaría al narcotráfico y usaría a la menor
para ‘pasar droga’ entre sus ropas”. Rápidamente se movilizó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Deli-
Se trata del caso de una adolescente de 15 años que fue secuestrada para ser prostituida to de Trata, que tras el hallazgo de la adolescente reconstruyó los hechos. En el expediente, se subrayó que “luego de despedirse de su hermana, la niña se dirigió a la estación de trenes de Burzaco
para encontrarse con una amiga, quien le pidió que la acompañara hasta la estación de Alejandro Korn”, desde donde se dirigieron a un “domicilio desconocido”. En ese lugar, se registró en el expediente, abordaron un automóvil y “dentro del rodado había otros tres individuos con armas de fuego que la amenazaban, mientras le vendaban los ojos y le tapaban la boca”. Luego la trasladaron hasta una vivienda de dos plantas y la dejaron sola en el piso de arriba, maniatada y con los ojos cubiertos, desde donde oyó gritos de otras mujeres. En uno de esos días de cauti-
verio, que no pudo precisar, “la subieron a la camioneta diciéndole que irían a un prostíbulo situado en Longchamps; luego la trasladaron a un galpón de la Villa Betharram, en Adrogué, y después a la Villa 1-11-14 del barrio de Flores, donde junto a otras jóvenes la exhibieron y la ofrecieron por sumas de dinero”, según la denuncia. Según se desprende de la causa, la adolescente “finalmente logró escapar de su cautiverio y fue encontrada por su madre en una plaza de Burzaco el 26 de marzo, con ropas sucias y en estado de exaltación”. Asimismo, consta que la adolescente debió ser internada en dos clínicas psiquiátricas, donde manifestó conductas suicidas y dijo que durante el secuestro fue sometida a “maltratos y abusos sexuales”.
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Si falla el sistema de alternativas al proceso penal, habrá más gente con condena de prisión La Unidad Fiscal de Ejecución Penal recibe alrededor de 3.500 expedientes por mes judicial@diariobae.com
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os fiscales Diego García Yomha, Guillermina García Padin y el fiscal ad hoc Gustavo Plat forman parte de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, que depende de la Procuración General de la Nación. Los fiscales trazaron para BAE el parámetro actual que se atraviesa en torno del sistema de ejecución de penas . “Encontramos no sólo una falta de coherencia en las penas, sino que también causas que llevan sin resolverse entre uno y dos años”, indican. Lo cierto es que la cantidad de notificaciones que llegan a la Unidad ronda los 3.500 expedientes por mes, lo que significa un cúmulo de trabajo muy elevado. En este contexto, desde la Procuración buscan, mediante esta Unidad, establecer políticas con criterios unificados, dado que –según lo señala Plat– “no se proponían criterios políticos y de gestión de intervención en materia de ejecución penal, lo cual generaba penas dispares”, donde por un delito de similares características a algunas personas se les aplicaban penas de 100 horas y a otras de 500. En lo que respecta a la suspensión del juicio a prueba –explican los fiscales– “hemos encontrado causas del año ’96, con ausencia de control por parte de los juzgados –principalmente a causa de la cantidad de trabajo que tienen–, pero se trata de causas que no fueron atendidas”. Desde la oficina se encargan de llevar adelante el seguimiento de la ejecución de la pena, de la sus-
Se pretende avanzar con un nuevo modelo de ejecución de la política criminal pensión de los procesos a prueba, las penas de prisión en suspenso, las penas de efectivo cumplimiento. En este contexto, “desde la procuración se buscó romper con la idea del fiscal natural. Se trata de la primera experiencia en ese sentido donde se aleja esta idea de compartimentos estancos y se busca dar mayor dinamismo a los procesos”, sostiene Yomha. Desde la Unidad manifiestan una visión crítica sobre los criterios con que los tribunales resuelven el contenido de las medidas: “Estamos advirtiendo que las razones con que se suspenden los procesos, o se aplica una pena en suspenso, no tienen un sentido, una consistencia que esté claramente establecida; parece que depende de cada tribunal y creemos que es necesa-
rio darle a esto cierta organización, unificación”. Asimismo indican que “hoy se establecen penas cortas y no se consideran las alternativas que propone la ley”. Otro de los temas que se detectaron es que
La mayoría de los casos con suspensión de juicio a prueba estaban vencidos por uno o dos años en lo que se refiere a “la suspensión del juicio a prueba, la mayoría estaba vencida por uno o dos años, entonces ahora buscamos darle movimiento a las causas que habían quedado frenadas, porque si falla el sistema de alternativas al proceso penal, termina repercutiendo en más gente presa”.
Cambio de modelo Al desembarcar con esta nueva modalidad de trabajo, los fiscales advierten que se encontraron frente a un “panorama complejo, dado que la fiscalía recibía la vista, fijaba criterios que no compartimos, dado que a veces resultaban contradictorios entre sí, por lo que estamos tratando de establecer criterios más sólidos”. Se busca entonces avanzar con un nuevo modelo de ejecución de la política criminal y de articular las tareas de las diferentes agencias estatales que participan de la ejecución. “En el área de los no privados de la libertad cuando controlamos suspensión del proceso a prueba, o las reglas de conducta en el marco de penas en suspenso, es muy importante la actividad del Patronato de Liberados. Entonces no se trata sólo de la inter-
vención en el marco del proceso judicial, sino que también de intervenir con una visión más global que permita ver todo el proceso”, sostiene Yomha. Para reflejar cómo está organizado el sistema: las 30 ventanillas de los tribunales orales, los 3 tribunales orales de menores, 3 en lo penal económico y los 14 juzgados en lo correccional emiten diariamente sentencias por de efectivo cumplimiento por juicio común, por juicio abreviado, suspensiones del proceso a prueba, penas en suspenso; todo esas sentencias emitidas cotidianamente terminan siendo controladas en tres juzgados de ejecución y esta unidad fiscal que interviene. Sumado a esto, según una estadística de la Corte en 2012 había activos sólo en los juzgados de ejecución un número aproximado de 39.000 expedientes. En este plano se trata de un trabajo intenso sobre el que se está avanzando desde la Procuración General de la Nación –a través de esta unidad– con el firme objetivo de hacer un seguimiento a los procesos y evitar que los temas se estanquen, como venía sucediendo. Asimismo, buscan avanzar en la promoción de una efectiva reinserción social de las personas condenadas a prisión, el control y seguimiento de las condiciones y reglas de conducta para aquéllas y de las que están sujetas a alguna restricción en su libertad, así como también la consideración de los intereses de la víctima, la prevención de su potencial revictimización y el suministro de información sobre el desarrollo del proceso, cuando quiera contarse con ella.
CONVENIO
El Consejo de la Magistratura de la Nación firma acuerdo con AFIP y Anses Desde el organismo que se encuentra ultimando los detalles para cerrar un convenio con AFIP y Anses permitirá destrabar los trámites jubilatorios de magistrados y funcionarios que en este momento se encuentran paralizados. La decisión fue tomada en el marco del último plenario realizado días atrás y tiene como fin regularizar las deudas generadas en concepto de aportes previsionales, comprendidos en el régimen especial de la ley 24.018. Luego de sucesivas negociaciones entre Mario Fera, Diego Bossio y Ricardo Daniel Echegaray –en representación del Con-
sejo de la Magistratura, la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos, respectivamente– acordaron un proyecto donde los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que se avengan a regularizar los saldos adeudados y poder así acogerse al beneficio jubilatorio, podrán cancelar esos aportes adeudados a partir de julio de 1994 en adelante mediante un plan de facilidades de pago de hasta 60 cuotas, cuyo cumplimiento estará a cargo del Consejo y devengará un interés de financiación del 6% anual. Los interesados deberán
suscribir sus declaraciones juradas rectificativas correspondientes, con la salvedad de que por las deudas devengadas entre julio de 1994 y abril de 2007 inclusive, no resultarán exigibles los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la ley 11.683. Frente a esta iniciativa de la presidencia, el pleno del Consejo delegó en Fera la facultad de firmar un convenio con la AFIP y el Anses, que permitirá entonces que completen sus aportes previsionales estos magistrados y funcionarios que, en su momento, habían optado por el régimen de capitalización y que por ello en este
Buscan destrabar los trámites jubilatorios de los magistrados momento no pueden acceder a los beneficios que contempla la ley 24.018. La propuesta del presidente del Consejo dará prioridad a quienes ya tienen iniciado el trá-
mite de obtención de beneficio, quienes serán convocados a la brevedad para incluirlos en la primera declaración jurada rectificativa a presentar por el Consejo ante el Anses.
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Martes 10 de diciembre de 2013 Editora: Sabrina Santopinto E-mail: Judicial@diariobae.com Publicidad: 5550-8600 E-mail: silvina.ussia@diariobae.com
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Sanciones penales para la corrupción empresaria
La opinión de Juan María R. Estévez Doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal Empresario por la Univ.Austral
E
n el marco de una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, un grupo de expertos trabaja desde hace más de un año en un proyecto de reforma integral del Código Penal, que pronto será presentado en sociedad. La comisión se integra con el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Carlos Arslanian; los diputados Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, la ex diputada María Elena Barbagelata y el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. El resultado del trabajo motivará fuertes debates políticos e ideológicos, más allá de los técnicos y jurídicos, dada la trascendencia del trabajo.
El proyecto de reforma integral del Código Penal pronto será presentado a la sociedad Muchas pueden ser las razones que hayan inspirado una modificación de esta envergadura. Sin embargo, el deseo de modernizar la legislación para adaptarla a las nuevas realidades debería ser su norte principal. Es decir, contar con una legislación que capte las nuevas formas de criminalidad para dar una eficiente respuesta desde el Estado. Este contexto ofrece una inmejorable oportunidad para revisar y abandonar el paradigma
minal, se trata de crear incentivos para que las empresas adapten su actividad empresaria al más estricto cumplimiento de la ley. Continuar con la postura filosófica por la cual las empresas quedan fuera del sistema punitivo del Estado importa una cómoda ceguera ante los hechos y nos aleja de una sociedad que pretenda ubicarse a la cabeza en la lucha contra la criminalidad empresaria. Esta responsabilidad penal de las empresas se ensambla con la exigencia de contar con un empresariado privado comprometido con la responsabilidad social que también incluya la prevención de lesiones de bienes jurídicos básicos de los ciudadanos como la vida y la integridad física. La organización defectuosa de estructuras empresariales en el ámbito de los servicios públicos, por ejemplo, ha dado
Existe la necesidad de modernizar la legislación para adaptarse a nuevas realidades del país
El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni es uno de los impulsores de la reforma penal que impide la responsabilidad penal para las empresas por delitos cometidos por sus directivos que se escudan tras su estructura. En este sentido, si bien es cierto que cada vez son mayores las demandas de la ciudadanía por contar con una dirigencia pública honesta y transparente, no solemos medir con los mismos parámetros al sector empresario privado. En el mundo, casos emblemáticos como el de la empresa multinacional Siemens en Ale-
mania y Word - Com en los Estados Unidos han obligado a las empresas privadas a desarrollar procesos y sistemas de cumplimiento de las disposiciones legales a fin de crear una cultura empresarial respetuosa de la ética y la legalidad. Asimismo, la obligación de contar con miembros del directorio que asuman el rol de verdaderos oficiales de cumplimiento de normas estatales contra la corrupción permite dar un paso hacia a una cultura de cumplimiento de la
ley que permita trazar las bases para un desarrollo empresarial en el marco de la legalidad. Se sabe que no es posible hacer frente a la corrupción pública sin encarar con todo el rigor de la ley la actuación del sector privado que le resulta funcional. Así, es contradictoria la voluntad de enfrentar la criminalidad económica sin contar con un sistema legal que reconozca que las empresas puedan responder frente al sistema de justicia penal. En términos de política cri-
INVESTIGACIÓN
El narcotráfico y la ruta del dinero en la mira de la Justicia La mayor cantidad de las causas por estupefacientes se radican con un 30% del total en la Ciudad de Buenos Aires, seguido por Mendoza, Córdoba, Rosario y Salta con cifras que van del 13 al 7% respectivamente. Uno de los datos que alarman a la Procuraduría de Narcocriminalidad –que depende de la Procuración General de la Nación– es que no existen índices de contrabando de estupefacientes en Bahía Blanca, “lo cual es llamativo si entendemos que se trata el primer puerto de exportación de la Argentina”, explica el fiscal titular de la oficina encargada de investigar los casos de narcotráfico, Félix Crous. “O hay unos niveles de eficiencia de la Aduana enormes, o todos tienen un apego a la ley increíble, o pasa todo. Para mí esa zona es crítica porque esos números no parecen reales”, sostiene Crous al tiempo que analiza el mapa del narcotráfico en la Argentina, un país que dejó de ser lugar de paso de la droga para convertirse en productor. Otras cifras llamativas y que preocupan
a las autoridades –explica el fiscal– son las muertes en Rosario: “Si me mido por lo que se decomisa en Rosario debo determinar que no se está ante una situación crítica, pero si veo los otros indicadores que demuestran que tiene el número de homicidios más alto de la Argentina, la visión es otra”, e indica que es alto el porcentaje de población detenida por contrabando de estupefacientes siendo que el mayor porcentaje pertenece a mujeres que hicieron del contrabando su forma de vida.
La crítica situación de Córdoba “El caso de Córdoba es alarmante: la droga se decomisaba y se la robaba la policía. En este caso no importa cuánta droga se secuestra sino que el problema es el Estado comprometido”, Crous reflexiona respecto de las llamadas “zonas liberadas”, donde la policía local tiene connivencia con las redes de narcotráfico. “Estoy convencido de que un fenómeno masivo no podría tener la magnitud que tiene si quienes tienen el control del territorio no tu-
Aumenta el narcotráfico en Córdoba vieran un grado de connivencia o de regulación sobre ese crimen”, sostiene. En este contexto el Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac investiga el presunto lavado de dinero y el destino de los bienes ilícitos en la causa que involucra a autoridades jerárquicas de la Dirección de Drogas de la Policía de la Provincia en actividades del narcotráfico. La causa investiga el posible blanqueo de capitales de origen ilícito llevado a cabo por una asociación conformada por diversas au-
muestra de accidentes evitables que con una adecuada cultura de legalidad y prevención no habrían sucedido. Si de modo decidido optamos por combatir la corrupción en todas sus manifestaciones, la empresa como verdadera institución del sistema legal de nuestro país no puede continuar aislada del sistema penal del Estado. El proyecto de modificación del Código penal debería leer esta realidad para no nacer desactualizado.
toridades jerárquicas pertenecientes a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba. Entre las personas apuntadas se encuentra el comisario mayor Mario Nieto (retirado) –quien se desempeñaba como titular de la oficina mencionada– y el comisario mayor Rafael Gustavo Sosa, quienes junto a distintos subalternos de la dependencia a su cargo procedieron a la comisión de una serie de delitos de diversa índole, muchos de ellos generadores de réditos económicos. El fiscal a cargo de la investigación, Enrique Senestrari, logró comprobar que los miembros de la asociación elaboraron sumarios policiales basados en información falsa, incorporando a los procedimientos personas ajenas a las fuerzas de seguridad que actuaban como agentes encubiertos y/o provocadores para la compra de estupefacientes u operaciones relacionadas con dichas sustancias. Además tomó conocimiento de que los imputados cobraban periódicamente montos de dinero a cambio de brindar consentimiento y protección para permitir la venta de droga, así como también que procedían a la sustracción de todo o parte de los narcóticos que eran secuestrados en los allanamientos motivados en las falsas investigaciones promovidas por ellos mismos.