Judicial Amplio consenso para avanzar en un nuevo esquema acusatorio
BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 4 de marzo de 2014
Reclaman una reforma en el Sistema Penitenciario Federal
“Atravesamos un momento histórico de transformación legislativa”
Luego de que la Presidenta anunciara reformas de peso para la Justicia, BAE Negocios dialogó con una de las figuras más influyentes en el área: el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Reforma Procesal Penal, los códigos Penal, Civil y Comercial, la revisión de las normas contencioso administrativas y defensa del consumidor son algunos de los ejes de la agenda legislativa Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
E
l secretario de Justicia de la Nación y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, es en este momento una de las piezas más importantes del oficialismo en el tablero del ajedrez judicial. Álvarez fue un eslabón fundamental para destrabar la elección de las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura, donde el Frente para la Victoria se alzó con las comisiones más importante del organismo, la de selección y la de disciplina. Días atrás el joven secretario de Justicia fue anfitrión –junto al ministro de Justicia Julio Alak– de un multitudinario encuentro de referentes judiciales –llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata–, en donde se debatieron los ejes de varias de las iniciativas que este sábado fueron señaladas den-
tro de la agenda legislativa por la mandataria Cristina Fernández: avanzar en el debate de una reforma procesal penal, convertir en ley la unificación de los códigos Civil y Comercial, materializar el nuevo Código Penal, cerrar el capítulo del Digesto Jurídico y por último revisar la normativa existente sobre defensa del consumidor para fortalecer los derechos de los usuarios. En el Congreso Federal de Reformas Legislativas, que se llevó a cabo en la ciudad balnearia durante tres días, juristas, magistrados, fiscales y referentes del área judicial debatieron y expusieron acerca de la necesidad de implementar un sistema acusatorio, se abrió el debate por la sistematización de la normativa contencioso administrativo federal y se puso de manifiesto la necesidad de avanzar con una reforma al sistema penitenciario. Álvarez tiene 32 años y una firme militancia que se canaliza en ideas nuevas que buscan abrirse paso en el Poder Judicial. Es
contundente al señalar el norte de su gestión y los objetivos pensados para el sistema judicial, varios de los cuales tuvieron el sello de la Presidenta en el anuncio oficial ante los representantes del Congreso. El 2014 será un año donde se buscarán intensas reformas para el sistema de Justicia y la agenda legislativa así lo indica. Los actores judiciales ya comenzaron a debatir. –¿Cuál es la importancia de los temas debatidos en este Congreso? –Éste fue un debate enriquecedor con las máximas autoridades judiciales del país. Tratamos la necesidad de una nueva ley del servicio penitenciario, dado que tenemos una legislación sancionada durante la dictadura. La búsqueda de un Código Contencioso Administrativo: hoy tenemos una nueva ley de medidas cautelares, un proyecto de ley de responsabilidad del Estado, y buscamos un código que regule la actividad de este Estado, que es un Estado presente y eficiente. Y debatimos sobre la ne-
cesidad de tener un Código Procesal Penal, como la experiencia de la mayoría de las provincias que pasaron de un sistema inquisitivo a uno acusatorio; el mundo va hacia eso, y la Argentina, a nivel nacional y federal, aún no emprendió ese camino. –De un tiempo a esta parte se puso especial foco en las reformas judiciales, ¿se seguirá por este camino? –Estamos generando un proceso histórico de transformación legislativa que este Gobierno comenzó en 2003. En aquel momento se buscó una Corte distinta, de calidad comparativamente con la Corte adicta de la década del ’90. Luego vino la discusión en profundidad: en una primera etapa el derecho de fondo y en el 2012 avanzamos con el Código Civil y Comercial, que es la columna vertebral del sistema jurídico argentino. Luego avanzamos con un proyecto de Código Penal, que es el corazón de este sistema. Pero primero necesitábamos simplificar la normativa: avanzamos con el
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tamos discutiendo mucho el rol del consumidor en nuestro país. Considero que así como el peronismo generó la justicia laboral, donde había muchas diferencias, hoy, en el Siglo XXI, tenemos que dar un debate importante para poner sobre la mesa que el consumidor tiene que ser defendido y necesitamos una legislación que sea indubio pro consumidor. –¿Cuál es la reforma que se busca llevar a cabo en el sistema penitenciario? –Desde 2007 que logramos poner a un civil al frente del sistema penitenciario, ve-
“Vamos a trabajar intensamente sobre la defensa de los derechos de los consumidores”
"A veces nos acusan de autoritarios, pero siempre nos sometimos a las instituciones de la democracia", sostiene Álvarez, quien fue protagonista en las jornadas que compartió con el ministro Julio Alak y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich Digesto y de 30.000 normas sancionadas, 3.000 están vigentes. Así avanzamos con nuestra legislación de fondo. –De ahí se dio paso a la etapa estructural… –En 2013, con el tema de la ley de medios, con el caso Marita Verón… la Presidenta, el 9 de diciembre, convoca a democratizar el Poder Judicial y de ahí pasamos a la etapa estructural: ingreso democrático, cámara de casación, declaraciones juradas, publicidad de los actos. Lejos de haber sido como instalaron algunos medios una “fallida reforma judicial”, hoy tenemos el 90 por ciento de los artículos vigentes y se van reglamentando; la de ingreso democrático se reglamentó en enero; la de declaraciones juradas, el año pasado; la del Consejo de la Magistratura, la estamos empezando a trabajar. –¿Cuáles son los planes para la etapa que atravesamos en la actualidad?
–Esta tercera etapa es la de los códigos procesales. Luego de tener el Código Civil y Comercial avanzaremos sobre la normativa procesal, donde la oralidad será sin dudas un eje. Poner en marcha el debate hacia una reforma procesal penal… –Hay muchos jueces que se resisten puntualmente a esta reforma… –Es importante dividir el rol del juez, que tiene que tomar decisiones sobre la causa,
“Se están estudiando varios anteproyectos para avanzar en la reforma procesal penal” del rol del investigador, que es el fiscal. El Código Procesal Penal debe llevarse a cabo progresivamente porque necesita de recursos para su aplicación… creo que lo más importante es la aplicación en la justicia nacional, donde está la mayor cantidad de
causas de delitos comunes. Luego hay que empezar por las provincias, probablemente por el norte del país, donde tenemos problemas de muchísimas causas y pocos juzgados federales, y ahí va a ser importante que los fiscales tengan un rol activo […] para esto se va a tardar años seguramente en aplicarse, pero tenemos que empezar. –¿Hoy se están debatiendo proyectos de Código Procesal Penal? –Tenemos a estudio varios anteproyectos muy buenos y hoy estamos juntando a todo el arco ideológico del Poder Judicial, a todos los ministros de Justicia del país, abogados, magistrados y fiscales para debatir el tema. –Uno de los temas mencionados por el jefe de Gabinete en este Congreso fue la reforma a la normativa de Defensa del Consumidor… –Nos pasa en este plano que tenemos una ley recontra vigente pero poco utilizada. Es-
Los entretelones en las negociaciones del Consejo –¿Cómo fueron las negociaciones en el Consejo de la Magistratura? En el Consejo se vio algo que está reflejado en este Congreso: el consenso. En el Consejo logramos una votación unánime, y nunca se había logrado esto. Se había instalado un poco la idea de que llegaba La Cámpora a llevarse todo por delante. Es la clásica estigmatización a la que estamos acostumbrados, pero nosotros teníamos bien en claro lo que veníamos a hacer. No hay que perder de vista que se trata de un órgano colegiado, que somos dos de trece en un bloque que no es mayoría. –¿Cómo fueron los entretelones de la votación para la fórmula presidencial? –Desde que llegamos nos planteamos ver cómo lograr unanimidad con nuestros seis votos. La propuesta inicial fue designar a un juez como presidente del Consejo, en algún momento rondó la posibilidad de designar a un abogado, pero terminamos decidiendo por unanimidad votar a un juez como presidente, y poner al oficialismo en dos comisiones clave como son acusación y selección. Creo que, contrario a lo que se pensaba, fue un gesto muy importante que uno de los integrantes de La Cámpora pueda presidir la comisión más importante –la de
selección– que es el termómetro del Consejo. Esto muestra una madurez política de los integrantes del Consejo que permitieron que eso suceda. Hubo consenso. –¿Cuál fue la situación con el presidente en ejercicio en ese momento, Mario Fera? –Fera siempre era tomado como el séptimo voto, es decir, el voto necesario para inclinar la balanza para un lado u otro. Creo que tomó una posición muy inteligente al abstenerse de participar y dejar que el resto llegue al consenso. Tan notorio fue eso que el resto lo designó como presidente de la Comisión de Administración, nada más y nada menos, que es una de las cosas que más le preocupa al estamento de los jueces. Creo que los representantes de la lista Celeste a través de Fera, y los de la lista Bordó a través de Sánchez Freytes hicieron un trabajo central. –El área de la administración de los fondos es por estos días un tema muy complejo… –Estamos estudiando el tema. En el momento en que asumí organicé una reunión con el entonces presidente del Consejo –Fera– y el jefe de Gabinete para debatir la razón por la cual se originó este desfase monetario. La Corte puso mil millones de pesos de sus fondos para poder sostener al Consejo… era un problema estructural. El
presupuesto del Consejo es de todo el Poder Judicial –de los 16.000 empleados– y el de la Corte es propio. El Ejecutivo le dio el presupuesto para que lo ejecuten, pero sin embargo hay una deuda de 200 millones de pesos al mes, según lo estimó el hoy administrador Germán Krieger. Todo esto lo estamos analizando, porque estamos hablando de algo tan importante como el salario de 16.000 trabajadores. –¿Cuáles son los objetivos ahora que empiezan su gestión dentro del Consejo? –Vamos a ir por el lado que mostramos: buscamos generar un consenso. Ahora es importante llevar a cabo el reglamento porque sin esto no hay jurados ni concursos. Hay que destrabar algunas ternas complicadas, hacer caminar los 60 concursos en trámite y los 190 que deben ser convocados. Que haya un tercio de los cargos del Poder Judicial vacantes es muy perjudicial para la población, para el sistema, para la propia democracia. –¿Cuál es su visión sobre la existencia de jueces subrogantes? –Hay tres tipos de subrogantes: jueces que subrogan, secretarios o conjueces. Considero que bien reglamentado cualquiera de estas tres alternativas son posibles. Si el consenso lo evalúa, nosotros lo apoyaríamos.
nimos viviendo una transformación constante. Estamos en condiciones de avanzar en una nueva ley con otra lógica y eso va a ser una dialéctica central en dirección a la reinserción social. Nuestra premisa es la protección de los derechos humanos. Se está planeando una comisión de redacción para avanzar en este tema. –¿En qué instancias está una posible implementación del juicio por jurados? –Cristina hizo un proyecto, que es a todas luces muy posible. Primero necesitamos el Código Procesal y de ahí en más el paso siguiente sería el juicio por jurados. –Circularon versiones que indican que desde adentro del Consejo intentarían volver con la elección popular de jueces… –La Corte ya dijo que es inconstitucional. Ésta es una cuestión saldada para la Corte. Claramente el año pasado pensamos que todo lo que pusimos en la ley era lo mejor para activar un sistema –me refiero al Consejo– que estaba frustrado […] para muchos no debería existir este órgano. Nosotros propusimos una ley y en parte fue declarada inconstitucional. Ahora estamos en el Consejo trabajando bajo las condiciones que tenemos y tratando de generar la mayor celeridad posible. A veces nos acusan de autoritarios, pero siempre nos sometimos a las instituciones de la democracia. La inconstitucionalidad del ingreso al Consejo la respetamos y estamos trabajando de esta forma. Lo más importante de todo es la instalación del debate en la sociedad y eso se generó y se sigue generando. –¿Cómo ve la cada vez más delgada línea que hay entre la política y la Justicia? –La sentencia es también un hecho político. Claramente nunca dije en los medios que mi idea es que los jueces hagan política, como salió publicado. Yo sí dije que quiero que los jueces tengan conciencia social. En el Consejo de la Magistratura sí hacen todos política, porque es básicamente un órgano político. Pero en cada juzgado, el juez cuando dicta una sentencia eso es un hecho político, como toda actividad humana; es un hecho político porque es parte de un hecho social. Es interesante instalar en el debate la idea de que no hay una objetividad unívoca y absoluta con relación a los criterios que establecen las normas. La norma deja siempre un abanico de posibilidades, de muchos matices de grises, y es en ese marco que el juez toma sus decisiones. Es muy fácil responder de Perogrullo que los jueces no hacen política, sino que hacen justicia. Acá hay que diferenciar a la política partidaria que es lo que no deben hacer, pero cuando hablamos de política nos referimos a la toma de decisiones. –¿Son presionados los jueces? –Creo que las presiones más intensas vienen de las tapas de los diarios. Considero que ningún representante de ninguno de los tres poderes puede ser llevado de la oreja por la tapa de un diario.
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Consenso para avanzar en el cambio del Código Procesal Penal Ya existen anteproyectos que están siendo analizados por especialistas en la materia judicial@diariobae.com
“A
travesamos la crisis de los modelos inquisitivos y es necesario revisar los roles de jueces y fiscales y sus funciones de investigar y juzgar”, así la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, daba inicio a la última fecha del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 24 al 26 de febrero y que abordó uno de los ejes incluidos por la Presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias. Gils Carbó fue una de las figuras más esperadas del evento y expuso sobre la necesidad de avanzar con un modelo acusatorio, como el que ya están llevando a cabo la mayoría de las provincias. En entrevista con BAE Nego cios, la procuradora general sostuvo que “el sistema acusatorio es el más adecuado para garantizar la seguridad democrática porque implica definir los roles que debe tener cada actor principal del proceso”. “Es necesaria la modernización de la Justicia. El modelo acusatorio es pasar de una cultura del trámite a una cultura del litigio”, explicó Gils Carbó haciendo hincapié en la intención de que sean los fiscales
quienes lleven adelante la investigación de los delitos y los jueces quienes juzguen. Los expertos que abordaron este panel hicieron referencia a la crisis de los modelos inquisitivos –como el que hoy tiene la Argentina–, que son progresivamente descartados, como viene sucediendo en toda América latina. En referencia a las experiencias disímiles sobre las que se avanza en las provincias, se señaló la importancia de “unificar el sistema procesal penal”, camino en el que, todo parece indicar, se está em-
“Atravesamos la crisis de los modelos inquisitivos”, Gils Carbó barcando el estamento político y judicial en los próximos meses. El eje de debate de los expositores –en la que fue sin dudas la jornada más intensa del congreso– rondó en torno de la búsqueda de un modelo procesal más idóneo que garantice “una verdadera seguridad democrática que conlleve a la paz social. El modelo acusatorio sería más apto para estos objetivos porque cambia la lógica inquisitiva de excluir a la víctima del proceso y los fiscales tienen la responsabilidad de apo-
Sabrina Santopinto* ssantopinto@diariobae.com
F
ue mucha la expectativa del estamento judicial en torno del discurso de la jefa de Estado en la inauguración de las sesiones ordinarias. Viejos temores que parecían olvidados y que vinieron de la mano de la debatida democratización de la Justicia de 2013 se pusieron nuevamente de manifiesto frente a las tentativas de los anuncios oficiales. Y la verdad es que no fue para menos. Como ya se había anticipado hace algunos días –de la mano del jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich– la Presidenta avanzó sobre la que será la agenda que marcará el ritmo de la Justicia para 2014: la concreción del Código Civil y Comercial será el primer eslabón, para luego alcanzar la materialización del nuevo Código Penal, que por estos días se encuentra a estudio de la mandataria y que ya es prácticamente un hecho. Asimismo, su círculo más cerca-
Gils Carbó fue una de las expositoras más esperadas en el Congreso de Reformas Legislativas yar su participación”, sostuvo. El ministro de Justicia fue enérgico al indicar que “es necesario un sistema simple como el acusatorio. ¿Quién lo prohíbe? –preguntó al auditorio–, la verdad es que todos lo piden”.
Combate al crimen organizado Gils Carbó catalogó este proceso de reforma como “un verdadero giro de timón en el combate de los delitos federales que están englobados en el crimen organizado”. En este plano, se refirió a la alternativa de suprimir la delegación de la investigación en la policía y avanzar en la conformación de cuerpos especializados e interjurisdiccionales para investigar los delitos más complejos como el narcotráfico o el lavado de dinero, línea en la que ya se encuentra avanzando la Procuración. “Hoy existe la delegación policial y es la policía quien aporta la prueba y define los autores de los hechos y esto es una clara deformación de la persecución penal”, advierte Gils Carbó, al tiempo que señala una gran preocupación por “el grado de abandono de la persecución de la criminalidad económica, dado que se persiguen delitos sencillos como los robos o los hurtos, pero cuando se tra-
ta de temas complejos el sistema no tiene una respuesta adecuada”. Ante esto, la procuradora aprovechó para pedir por la implementación de una policía judicial especializada y de analistas criminales, todo en el marco de una planificación estratégica del sistema procesal. En este contexto, sostuvo que desde su gestión se avanzó con la modernización del Ministerio Público mediante la creación de cuerpos especializados como las procuradurías de Criminalidad Económica, Narcocriminalidad,
Se necesitarán más fiscales para afrontar la reforma Lesa Humanidad, Trata de Personas y Violencia Institucional. Gils Carbó denunció un ínfimo nivel de delegación de causas a manos de los fiscales: “Sólo un 7% de las causas son delegadas por los jueces para su investigación”. Consultada por BAE Negocios sobre el plazo en el que se espera esta reforma, la procuradora vio este año como auspicioso e hizo hincapié en que existen en el país juristas expertos para darle forma al código, dado que ellos mismos han participado del diseño de los
textos de otros países latinoamericanos. Asimismo, explicó a BAE Ne gocios que para la aplicación del sistema acusatorio sería claramente necesario que se multiplique el número de fiscales, lo cual conllevaría una mayor inversión. Consultada sobre las posibles resistencias a este modelo, minimizó las posibles trabas dado que “se trata de sistemas que América latina ha implementado. Los procesos inquisitivos de los expedientes, de la oscuridad de los procesos que duran décadas, han sido descartados, sólo Uruguay y Argentina siguen con este modelo inquisitivo”, aunque definió a la Justicia como “conservadora” y algo reticente al cambio. Por otra parte, fue contundente al sostener que es necesario que el Ministerio Público y las autoridades judiciales sean quienes definan la política criminal, en vez de delegar esto en la policía. “El modelo acusatorio es sólo un instrumento que va a servir para que tengamos una verdadera seguridad democrática mientras haya políticas que así lo definan y eso es el resultado de nuestro trabajo conjunto. Veo todas estas iniciativas como algo muy promisorio para el estamento judicial”, concluyó.
Un llamado de atención para los jueces no ya trabaja en el reordenamiento de la normativa contencioso administrativa y en el diseño del código procesal penal. Sin dudas uno de los principales puntos de la agenda, y sobre los que el oficialismo dará una feroz batalla, refiere a la sanción de nuevos instrumentos que defiendan a los usuarios y consumidores del avance de los sectores monopólicos. Notoria es la importancia que estampa el Gobierno sobre el cuidado de los precios, por lo cual desde el Frente para la Victoria ya avanzan a toda velocidad para legislar en pos de terminar con las relaciones comerciales abusivas. Porque justamente parece que de eso se trata: de imprimirle al sistema judicial mayor velocidad y herramientas para desburocratizar los procedimientos y que, en definitiva, “se legisle para que la Justicia actúe”. “Un poquito de control popular no le
viene mal a nadie”, fiel a su estilo desafiante, Cristina no perdió la oportunidad de dirigir un mensaje contundente a la magistratura que luchó a capa y espada para echar por tierra una de las patas más significativas del proyecto de reforma judicial, como fue la declarada inconstitucional elección popular de magistrados. En este sentido, la Presidenta puso el foco en que se pueda controlar al Poder Judicial como ocurre con el resto de los poderes del Estado y dejó deslizar un comentario solapado que no debería pasar desapercibido: recordó que los jueces están exentos de pagar Ganancias, una vieja lucha sobre la cual este año se podría volver a dar batalla. La realidad es que éste se presenta como un año en donde el oficialismo tendrá amplio poder de acción no sólo en las reformas de procedimiento –como lo son las modificaciones o crea-
ciones de los reclamados códigos–, sino que también jugará posiciones estratégicas en el Consejo de la Magistratura de la Nación donde se alzó nada más y nada menos que con las comisiones de selección y acusación. Cristina fue directo al punto débil de la Justicia y elevó sin vueltas un mensaje a magistrados y fiscales: “Necesitamos que se muevan más”. Sobran las palabras para esa última bajada de línea: los encargados de legislar darán curso a las normas de procedimiento necesarias y hartamente reclamadas. Será entonces el turno de los magistrados de acompañar este proceso de transformación, abordando la Justicia desde un lugar que hoy tal vez se ve lejano e improbable para algunos protagonistas del sistema: una Justicia ágil y resolutiva. *Editora del Suplemento Judicial
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Reclaman un nuevo sistema penitenciario federal Los especialistas piden que se trabaje en el marco de las garantías constitucionales judicial@diariobae.com
la importancia de trabajar en instancias de resocialización.
L
a problemática que atraviesa hoy el sistema penitenciario fue centro de la escena de debate en el Congreso de Reformas Legislativas organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Las cifras oficiales que reflejan una realidad que la Justicia necesita atender: “De las personas detenidas sólo un 27% tienen condenas y un 73% son procesados. El sistema actual de la justicia nacional y la federal nos coloca en el dilema del garantismo y la eficiencia”, indicó la jefa de los fiscales. Por su parte, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, conversó con BAE Negocios y sostuvo que reformar el sistema penitenciario es primordial dado que “sigue siendo un lugar que no garantiza la posibilidad de reinserción social de la persona que atraviesa una instancia carcelaria y es un lugar donde se siguen violando derechos”. La defensora señaló como uno de los puntos más conflictivos del actual sistema penitenciario la falta de orientación hacia la resocialización de los detenidos, frente a lo cual denunció la existencia de “abusos, malos tratos, torturas, y una tasa de suicidios muy alta”. Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, aseguró que “la prevención empieza por la educación, porque vemos que hoy el 80 por ciento de los privados de la libertad no tuvieron acceso a la alfabetización o no terminaron la escuela primaria”, y afirmó que el nuevo Sistema Penitenciario Fede-
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El abuso de la prisión preventiva
La defensora Stella Maris Martínez destacó la necesidad de enfocarse en métodos de resosialización ral “dará un salto de calidad en el servicio y tendrá las garantías que dictamina la Constitución Nacional”. En ese sentido, el ministro señaló que en el sistema penitenciario “estará el cumplimiento de la pena” por parte del condenado “más su resocialización, para que estudie, trabaje y tenga su vínculo familiar fortalecido”, y agregó que en la actualidad el 75 por ciento de los reclusos “estudian o trabajan y reciben un sueldo, del cual el 80 por ciento va a su familia”. Por su parte, la defensora hizo hincapié en que el sistema actual, tal como está estructurado, resulta inservible para la sociedad, para los presos, para sus familiares y a los eslabones más bajos del servicio penitenciario. En este contexto, la defensora fue contundente al pedir la mo-
ntre los focos de trabajo en el área judicial que la presidenta de la Nación mencionó ante el Congreso se encontró el reordenamiento de la legislación contencioso administrativa. Éste fue un anuncio ya esperado y que los juristas venían reclamando desde hace tiempo. Así fue que, en el marco del Congreso de Reformas Legislativas llevado a cabo en Mar del Plata, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que el Gobierno buscará impulsar este año la creación de un Código de Procedimientos en lo Contencioso-Administrativo Federal en el Congreso Nacional. Ante este escenario, fue así que especialistas en la materia debatieron sobre la necesidad de un nuevo marco en lo contencioso administrativo federal, con el foco puesto en delimitar cuál debe ser el procedimiento jurídico que regule los litigios que se generen por decisiones del propio Estado. En este contexto, Fernando Raúl García Pullés, miembro del Comité ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, sostuvo que “aprovechando las
dificación de la ley del servicio penitenciario para “cambiar definitivamente su ideología y disminuir la cantidad de gente privada de libertad, apostando fuertemente a medidas alternativas a la prisión y obviamente haciendo uso de un sistema de
El 80 por ciento de las personas privadas de su libertad no tuvo acceso a la alfabetización procedimiento mucho más rápido que permita no tener gente privada de su libertad con prisión preventiva”. Un costado tal vez más polémico sobre el que avanzó la jefa de los defensores fue la idea de “desmilitarizar el servicio penitenciario. Hay que hacer una apuesta muy fuerte para traba-
jar y educar a los presos de menor peligrosidad. Bastaría una buena seguridad perimetral y dentro del edificio el contacto tiene que ser con educadores”. Para Martínez la decisión en esta reforma es política: “O se vuelve a apostar a un sistema en el cual se base todo en la seguridad, o se cambia totalmente el paradigma y se apuesta a la reinserción”. A esto, la jueza María Laura Garrigós de Rébori agregó como un punto a rever la cantidad de dinero que se invierte en el servicio penitenciario, dado que “no se está logrando nada. Nos cuesta mucho mantener a los presos, las cuestiones edilicias, la seguridad y ese dinero no está rindiendo. Hay que pensar que se está mal gastando esa plata y se está desperdiciando el tiempo de esa persona”, enfatizó en torno de
SE AVANZA EN LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO
La reorganización de las normas contencioso administrativas en la agenda legislativa experiencias del Código Civil y Comercial de la Nación es necesario regular el marco contencioso administrativo, pero sólo en las materias que sean especiales”. El especialista en la materia señaló asimismo que la legislación que se diseñe debe ser cercana a la gente y debe también ser acatada por los jueces. “Es positivo que el Estado debata sobre cómo quiere ser controlado”, explicaron en el panel, y coincidieron varios de los oradores en que “el Estado no es un particular más”. Lo cierto es que el contencioso administrativo es un fuero que funcionaba como la “caja de resonancia de asuntos que
el sistema político no puede solucionar”, por eso los especialistas coincidieron en que cualquier iniciativa que venga a reordenar este ámbito será bienvenida. El recientemente nombrado defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, conversó con BAE Negocios y sostuvo la importancia de “renacionalizar el proceso contencioso para proteger al Poder Judicial”. Por su parte, el camarista platense Gustavo Scaparotel acompañó la importancia de avanzar con esta normativa y señaló que “cuando hay un juicio al Estado por una empresa, cada uno de nosotros somos los que sufrimos las consecuencias”.
La defensora general de la Nación fue ampliamente aplaudida al empezar un discurso enérgico en el que más allá de apoyar la reforma pidió por que se ponga el foco en trabajar en un equilibrio entre fiscales, defensores y magistrados. “Queremos un juez que dirima el conflicto sin apoderarse del trabajo de los demás”, dijo contundente la defensora. Sobre el proceso de profesionalización del sistema indicó preferir que “sean los fiscales quienes dirijan la investigación y no la policía. No creamos que la policía hace una investigación ordenada, sino que más bien acumula pruebas”, dijo la defensora refiriéndose a la necesidad de profesionalizar el proceso. Martínez generó revuelo en el auditorio cuando se refirió a “la presión sobre los defensores y los acusados por firmar los juicios abreviados” y catalogó de vergonzoso el hecho de que toda la población carcelaria dependa de los tres jueces de ejecución existentes. La defensora ve con buenos ojos los aires de reformas para la Justicia dentro de lo cual destacó la importancia de la nueva integración del Consejo de la Magistratura de la Nación: “Tengo muchas esperanzas de que se logren nombrar los jueces necesarios para que se avance con celeridad y por ejemplo no tengamos el 60% de los presos con prisión preventiva”.
El panel estuvo integrado también por Laura Monti, procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien hizo referencia a la habilitación de la instancia contenciosa administrativa, frente a lo cual sostuvo que “el Estado en juicio frente a los particulares no debe comportarse de la misma forma en la que los particulares litigan entre sí”. En este sentido, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, conversó con BAE Negocios y destacó que “la legislación existente en la materia no difiere de la legislación para los conflictos entre un particular y otro, y cuando el Estado es parte o interviene en un juicio no es un particular común. Primero, que el Estado nunca se puede insolventar, y trabar el patrimonio de esta forma es complejo. Tratar al Estado como un actor común es una falacia”. En ese sentido, advierte el peligro de que se utilicen “medidas cautelares para entorpecer la vida estatal y la función de la cosa pública, y en alguna medida pueden ser aprovechadas para entorpecer la vida de un gobierno”.