ZULEMA LOUZAN CANOSA PERIODISTA
Perfil en LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/view?id=116111274&trk=tab_pro
25 junio 2013 | Global | 1
Reportaje
ASEGURADO O FUERA DE COBERTURA
Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 abril, hace más de un año, la sanidad pública española pierde su universalidad y retrocede varias décadas. La nueva legislación exige cumplir nuevas condiciones para acceder a la prestación sanitaria de forma gratuita y dificulta el acceso a los colectivos más vulnerables. POR ZULEMA LOUZÁN CANOSA
E
mpezaba a notarse que el reloj estaba a punto de marcar las doce del mediodía, la hora fijada del encuentro. El lugar de la convocatoria se había acordado frente al antiguo Hospital La Fe del barrio de Campanar. Las plazas de aparcamiento escaseaban y los alrededores ya comenzaban a llenarse de grupos de gente que caminaban hacia una misma dirección, en sentido literal y metafórico. Todas esas personas acudían a la cita con un mismo objetivo: luchar por un bien tan preciado como la sanidad pública, que en España vive uno de sus peores momentos. La mañana de ese domingo 17 de febrero de 2013, denomi2 | Global | 25 junio 2013
nado para la ocasión “17-F”, el tiempo parecía estar del lado de los manifestantes. La subida de las temperaturas se mostraba en sintonía con el calor que desprendían el enfado y la indignación que se respiraban en el ambiente. Al paso de la marcha, Valencia se tiñó de batas blancas, megáfonos, pancartas, pegatinas, carteles, chapas y folletos. Pero la ciudad se inundó, sobre todo, de un espíritu ciudadano, una complicidad que unió a profesionales sanitarios y usuarios, que salieron a la calle para reivindicar juntos una sanidad pública, gratuita y universal. Hace algo más de un año, el Gobierno del Partido Popular aprobaba el Real Decreto-Ley (RDL)
16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Una norma de título tan pomposo como contradictorio con la realidad, que elimina la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras su entrada en vigor el 24 de abril de 2012, garantiza el acceso a la atención sanitaria gratuita únicamente a aquellas personas que cumplan la condición de “asegurado.” Para ello es necesario estar dado de alta en la Seguridad Social, ser pensionista o percibir prestación o subsidio por desempleo. En caso de haber agotado estos dos últimos, hay que figurar inscrito como de-
Foto: Alessandro Grassani
mandante de empleo. Aquellos que no cumplan ningún requisito, se considerarán “asegurados” siempre que sean españoles, de la Unión Europea, o extranjeros con permiso de residencia y además no superen los 100.000 euros de ingresos al año. Esta cifra sirve también como límite para los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca y sean beneficiarios de sus padres. “Hasta ese momento, todos
UNA TRABAJADORA SOCIAL ATIENDE A UN INMIGRANTE EN LA CONSULTA DE MÉDICOS DEL MUNDO DE VALENCIA
“TODOS LOS ESPAÑOLES TENÍAN DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA POR EL HECHO DE SERLO. AHORA YA NO ES ASÍ”
los españoles tenían derecho a la asistencia sanitaria simplemente por el hecho de serlo. Ahora ya no es así. Si no estás dentro de alguna de las situaciones que establece el RDL, pero eres ciudadano español, tienes que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a que te declaren una situación de incapacidad para financiarte la sanidad pública”, aclara Arturo León, Secretario General de Sanidad de 25 junio 2013 | Global | 3
Reportaje
Foto: Z. L. C.
ARTURO LEÓN, EN SU DESPACHO DE LA SEDE DE CC.OO. EN VALENCIA
Comisiones Obreras del País Valencià. “Antiguamente se llamaba que te declararan la ‘condición de pobreza’, el INSS certificaba que tú no tenías medios y se asumía la asistencia sanitaria,” recuerda. La precipitación con que se redactó la norma evidenció una imprecisión que llevó a que no se supiese exactamente en qué circunstancias los mayores de 26 años sin cotización previa, seguirían contando con la prestación sanitaria gratuita. En el texto original del RDL, únicamente se contemplaban como beneficiarios los descendientes menores de esa edad o aquellos que acreditasen una discapacidad de grado igual o superior al 65%. El malestar que se creó enseguida hizo rectificar al Gobierno. “Hicieron una modificación, mediante una orden, 4 | Global | 25 junio 2013
porque realmente era una barbaridad. No se sabía cuál era el límite y la opinión pública se les vino encima”, detalla Arturo León. Los ciudadanos de países de la Unión Europea podrán vivir más de tres meses en España, si cuentan con recursos económicos “para no convertirse en una carga para la asistencia social” y disponen de un seguro de enfermedad “que cubra todos los riesgos” en el territorio español. En el caso de personas procedentes de países extracomunitarios, deberán demostrar su residencia mediante un permiso en vigor. En caso contrario, ya no será suficiente
LOS RESIDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA PODRÁN PERMANECER EN ESPAÑA SI CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS
con estar empadronado. Los inmigrantes en situación irregular recibirán asistencia sanitaria gratuita sólo en caso de urgencias, “hasta el alta médica” y por embarazo, parto y postparto. Los menores de edad, tal y como se lee en la norma, serán atendidos “en las mismas condiciones que los españoles.” DEL ASEGURAMIENTO A LA UNIVERSALIDAD. “Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.” Estas palabras marcaron un hito para la sanidad española y pertenecen a la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. De hecho, ésta inició el modelo sanitario –universal, público y gratuito- tal y como se conocía hasta abril del año pasado, aquel del que España presumía ante el mundo. Esta transformación supuso un cambio del modelo Bismarck, de Alemania, fundamentado en la seguridad social, al modelo Beveridge, del Reino Unido, basado en un sistema nacional de salud. Fina Fombuena, profesora de Trabajo Social en la Universitat de València, tiene muy claro lo que significó. “Yo creo que lo más importante fue la normalización y el respeto a las diferencias. La primera porque solamente existía un único sistema de salud y el segundo porque se tenían en cuenta las
circunstancias de cada uno, de la vida que había llevado. Todas las personas iban a estar atendidas en el mismo lugar público, con las mismas garantías de calidad, de confidencialidad. No podemos perder eso”, apunta. En los inicios de la Transición, existían importantes problemas en materia de atención sanitaria. En el informe “Spain Health System Review”, elaborado en 2010 por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede leer que la atención sanitaria sufría una “coordinación pobre” y una “inadecuada organización”. La
algunas diferencias, ya que allí, aunque la financiación es pública, funciona con aseguradoras privadas. Eduardo Zafra es médico adjunto en excedencia del Hospital La Fe y desde hace varios años se dedica a la gestión en la Conselleria de Sanitat. Recuerda muy bien cómo funcionaba la sanidad pública antes de aquella reforma. “En aquella época, también había aquí aseguradoras privadas pero no tenían ningún peso. Había una aseguradora pública que era el INSS, que prestaba los servicios a través del Instituto Nacional de Previsión (INP). En realidad era un sistema sanitario para los trabajadores y sus familias, fundamentalmente. De hecho, no toda la población estaba cubierta, sólo se cubría un porcentaje elevado, entre un 70-80%, pero quedaba un 20% que, si eran muy pobres, los atendía la Beneficencia, en el
Fotos: Z. L. C.
EDUARDO ZAFRA, FRENTE AL HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA. DERECHA: FINA FOMBUENA, EN SU DESPACHO DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
atención primaria, uno de los pilares fundamentales de un sistema sanitario de calidad, estaba “severamente subdesarrollada y separada de las principales redes”, indica el documento. La cobertura universal podía considerarse aún una hermosa utopía y el sistema dividía a la población, literalmente, en categorías. Había tres clases de ciudadanos, que se distribuían entre “aquellos con necesidades de atención sanitaria y acceso restringido a la limitada red de atención de beneficencia; la mayoría de trabajadores asalariados cubiertos por la red de la Seguridad Social; y los grupos de alto nivel socioeconómico que en su mayor parte utilizaban sanidad privada, especialmente para atención primaria y preventiva”, describe la SESPAS. El sistema era similar al que actualmente existe en Alemania, con
25 junio 2013 | Global | 5
Reportaje Los gobiernos autonómicos ante la exclusión de los inmigrantes irregulares EUSKADI Ha rechazado firmemente el RDL desde el principio y atenderá a este colectivo en las mismas condiciones anteriores al mismo. En junio de 2012 se aprobó un decreto autonómico en el que se reconocía el derecho de acceso a los inmigrantes irregulares. Se ha aumentado el periodo de empadronamiento requerido de tres meses a un año. CANTABRIA No reconoce el acceso a nuevos usuarios, aunque mantiene los existentes. Exige permiso de residencia a las personas sin recursos y a los enfermos crónicos se les continuará proporcionando tratamientos comenzados antes del 1 de septiembre de 2012. Las patologías crónicas están igualmente sometidas a facturación al país de origen (si hay convenio), al paciente o al seguro médico. GALICIA El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se declaró “no partidario de disminuir la asistencia sanitaria.” Se ha creado el Programa Galego de Protección Social. Requisitos: 183 días de empadronamiento, previos a la entrada en vigor del RDL y carecer de recursos económicos. La validez es de un año y es renovable. ASTURIAS Se atenderá incluso sin tarjeta sanitaria, incluidas las consultas con el especialista. Se ha creado un registro específico para personas sin tarjeta sanitaria, mediante el cual se dará cita, se pasará consulta y se mantendrán los historiales clínicos. Se ha propuesto la prescripción de medicamentos mediante ONG en receta blanca con sello oficial. CASTILLA Y LEÓN Se ofrecerán prestaciones a los que tenían tarjeta sanitaria antes del RDL. Se asegura atención a los enfermos crónicos, con enfermedades infecciosas y otras patologías graves. Pago del 100% del precio de los medicamentos. EXTREMADURA Cumplirá las instrucciones del RDL y la atención sanitaria conllevará la facturación y obligación de pago, ya sea por parte del país de origen (si hay convenio), si no tienen recursos, o a través de convenio especial. Los pacientes con VIH, cáncer, diabetes u otras patologías graves, deberán suscribir también un convenio especial para continuar el tratamiento. Pago del 100% del precio de los medicamentos. ANDALUCÍA Se ha mostrado contraria al RDL desde el inicio y atenderá en las mismas condiciones previas a éste. Lo hará mediante un documento de asistencia temporal que ya se utilizaba para este colectivo. MADRID Cumplirá lo indicado por el RDL. Inició su aplicación antes de su entrada en vigor, aunque posteriormente rectificó y anunció que mantendría el acceso hasta el 31 de agosto de 2012. Se han dado instrucciones para no emitir tarjetas nuevas si el interesado carece de Número de Identificación de Extranjería (NIE) y de no renovar las tarjetas sin recursos. Se mantendrán los tratamientos de enfermos crónicos y los iniciados antes del 31 de agosto de 2012. Se garantiza el acceso en casos de salud pública y otras patologías graves. Los demás pacientes deberán firmar un convenio especial. CASTILLA-LA MANCHA Los inmigrantes irregulares no podrán acceder a la tarjeta sanitaria. Los enfermos crónicos tendrán atención gratuita. Pago del 100% del precio de los medicamentos, incluso para menores y embarazadas. Se publicó una lista de precios de los servicios en la que se incluyen los supuestos contemplados en el RDL.
6 | Global | 25 junio 2013
LA RIOJA Se cumplirá lo dispuesto en el RDL. La portavoz de Sanidad del Partido Popular en La Rioja defendió la norma como “necesaria” para garantizar la sostenibilidad. Tendrán asistencia gratuita los casos de enfermedades que afecten a la salud pública y los supuestos del RDL. NAVARRA Los empadronados antes del 30 de abril de 2012 mantendrán la tarjeta sanitaria. Se ha legislado para incluir los convenios especiales indicados en el RDL. Exige para éstos empadronamiento de más de un año y las cuotas a pagar son superiores a las fijadas por el Gobierno central. Se concederán subvenciones para personas sin recursos. ARAGÓN Se atenderá en las mismas condiciones siempre que se firme un compromiso de pago y el reconocimiento de la deuda. Este precepto se aplicará también en las excepciones que contempla el RDL. Pago del 100% del precio de los medicamentos. Se exige la acreditación de falta de recursos económicos a menores y embarazadas. Se garantizan las medicinas en caso de enfermedades que afecten a la salud pública. CATALUÑA Se atenderá en las mismas condiciones anteriores al RDL. Se ha creado una tarjeta especial para los inmigrantes irregulares, pero que no dará acceso a la tarjeta europea. Existen dos tipos de tarjeta, una para atención primaria y otra para especialidades. Es necesario un pasaporte y tres meses de empadronamiento. No se ha especificado la situación de los pacientes con VIH.
BALEARES Cumplirá lo marcado por el RDL. Se comenzó a restringir el acceso un mes antes de su entrada en vigor mediante la retirada, no emisión y no renovación de tarjetas sanitarias, incluso con el derecho reconocido. Según la oposición, la Conselleria ha dado instrucciones para el bloqueo de los historiales clínicos de los inmigrantes irregulares. COMUNIDAD VALENCIANA Los que tuvieran la tarjeta sin recursos antes del RDL pasarán automáticamente a una nueva modalidad. Ésta no reconoce la asistencia gratuita, pero se establecerán condiciones específicas de facturación o gratuidad de las urgencias. La Conselleria indicó al personal sanitario que, aunque sí se facturará, no se cobrará a las personas sin recursos económicos. CANARIAS Se han retirado las tarjetas sanitarias. Se seguirá atendiendo a los que ya tuvieran un proceso abierto antes del RDL. Seguirán tratándose las enfermedades que afecten a la salud pública. La situación varía dependiendo de las provincias o incluso de casa isla. El gobierno autonómico indicó que “por humanidad” no dejará a nadie desasistido por no poder costearse la atención. MURCIA Se ha aplicado la retirada de las tarjetas sanitarias, aunque mantendrá el acceso para aquellos que ya lo tuvieran reconocido y con una enfermedad crónica registrada en su historial antes del RDL. Se ha propuesto un método para atender a los pacientes con VIH, cáncer e insuficiencia renal. Si el país de origen tiene convenio con España, se recogerán datos para enviar la facturación.
Rechazan el RDL y han dispuesto herramientas para seguir atendiendo a este colectivo en las mismas condiciones. Han llevado a cabo algún tipo de acción contra el mismo Aplican el RDL pero han buscado alternativas para seguir garantizando el derecho a los inmigrantes irregulares. Cumplen el RDL de forma estricta, contemplan condiciones y supuestos muy restrictivos o han ido incluso más allá de lo indicado en el RDL. Comunidades que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad: Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Euskadi Fuente: Médicos del Mundo (Noviembre 2012) y elaboración propia (Junio 2013)
25 junio 2013 | Global | 7
Reportaje
Foto: Z. L. C.
RICARDO CAMPOS, EN SU DESPACHO SINDICAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Hospital General -de la Diputación- y, si eran muy ricos, la sanidad privada,” explica. AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS. El Hospital General es el lugar de trabajo de Ricardo Campos, oftálmologo, desde hace treinta años. Conoce muy bien la evolución que supuso la LGS de 1986. “Puso en valor el mero hecho de ser ciudadano, cambió la caridad por derechos. Todo ciudadano, por el mero hecho de estar en España y ser español, tenía derecho a la prestación sanitaria pública, gratuita y universal”. Continúa explicando que “cuando se aprobó, el Estado tuvo que asumir de golpe a siete millones de personas que estaban fuera de la cobertura sanitaria”. Y ¿cómo se las arreglaban aquellos que no eran destinatarios de la prestación? “El que podía se rascaba el bolsillo y el que no, acudía a un centro de Beneficencia. De hecho, este hospital atendía a los pobres. La Beneficencia era caridad, prestación sanitaria de tipo caritativo”, resalta. Fombuena va más allá y destaca la desigualdad social que producía el modelo anterior. “Era terrible. Entonces se elaboraban Padrones de Beneficencia para que fueran atendidos los que no cabían en ningún sitio. Les pagaban los gastos, en parte lo que sería hoy la Conselleria de Sanitat, 8 | Global | 25 junio 2013
“CON LA LEY GENERAL DE SANIDAD DE 1986, EL ESTADO ASUMIÓ DE GOLPE A SIETE MILLONES DE PERSONAS SIN COBERTURA SANITARIA” y en parte los ayuntamientos, que corrían con los gastos farmacéuticos.” Para mayor segregación, relata que “a estas personas las atendía un médico diferente al de la mayoría, estaban estigmatizadas y siempre era una decisión absolutamente arbitraria del consistorio. Unos estaban en el Padrón de Beneficencia y otros no. Aquello era el modelo de la injusticia porque no se hacían públicos los criterios de inclusión. Y yo creo que la universalidad ha sido una lucha de muchos colec-
tivos, entre ellos los trabajadores sociales. La sanidad no se puede discutir. No puedo comprender este retraso”, expresa, irritada. SANIDAD PARA (CASI) TODOS. Aunque la Ley General de Sanidad de 1986 abrió de par en par las puertas a la universalidad en el acceso, el sistema estaba aún lejos de llegar a toda la ciudadanía. Se necesitaron sucesivas mejoras legislativas que ampliasen ese derecho. A partir de la década de los 90, España pasó de ser un país de emigrantes a convertirse en receptora de una inmigración cada vez más numerosa. El boom inmobiliario se encontraba en pleno apogeo en ese momento, así que aquella explosión migratoria respondía a una demanda interna de mano de obra. El consecuente aumento del nivel de vida de muchos españoles requería también los servicios de los inmigrantes,
que ocuparían trabajos que la población española ya no estaba dispuesta a hacer. Esta situación requería plantear la protección de la salud de este nuevo colectivo en aumento. En el año 2000, se modificó –con el rechazo del Gobierno del Partido Popular- la Ley de Extranjería y ésta reconoció, por primera vez, el derecho de los extranjeros a la sanidad pública y gratuita. Todo inmigrante, en cualquier situa-
ción administrativa, mediante la inscripción en el Padrón Municipal, podía obtener la tarjeta sanitaria. Los no empadronados accedían a la sanidad sólo en una serie de supuestos. Los mismos a los que se ha vuelto en la actualidad. Aunque para muchos podía ser complicado empadronarse, Fombuena lo vio como un gran avance. Desde la experiencia adquirida tras haber trabajado muchos años en un ayuntamiento, cree
La búsqueda de la universalidad
que “el empadronamiento fue lo que más ayudó y protegió a estas personas, con todas las dificultades que supuso, eso ya dependía de los ayuntamientos.” Aún así, su balance del proceso es positivo. “Creo que las trabas administrativas no han sido un problema para la inmensa mayoría. En el municipio en el que yo estaba, se empadronaron el 80% de los inmigrantes.” María Areta, profesora titular
1989 Se aprueba el Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre y la Orden de 3 de noviembre de 1989, que extienden el derecho a personas sin recursos y no vinculadas a la Seguridad Social. 1992 El artículo 21 del Real Decreto 851/1992 reconoce la protección a titulares de pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo. 1996 La Ley Orgánica 1/1996 de los Derechos del Menor reconoce la asistencia sanitaria en su artículo 10. 2000 Los extranjeros ven reconocido este derecho con el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La norma permitió el acceso mediante el empadronamiento, independientemente de la situación administrativa 2003 La Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS, estableció un principio de no discriminación de aquellos colectivos con especiales dificultades de acceso a las prestaciones sanitarias. 2004 Las mujeres víctimas de violencia machista obtuvieron el reconocimiento de acceso al SNS con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 2008 El artículo 26 del Real Decreto 8/2008 y la Resolución de 25 febrero de 2008 amplía el derecho a españoles residentes en el extranjero y retornados, y españoles de origen que vuelvan a España. 2011 La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, pretendió dar cobertura a toda la población, ya que había algunos colectivos todavía desprotegidos en materia de asistencia sanitaria. En la Comunidad Valenciana 1989 La Generalitat se adelantó tres meses a la legislación estatal con el Decreto 88/1989, de 12 de junio, que además creo la tarjeta sin recursos. 2000 Se aprueba el Decreto 26/2000, de 22 de febrero, por la que se amplía el derecho a extranjeros no empadronados sin recursos económicos y se crea la tarjeta solidaria. 2008 La Ley 6/2008, de 2 de junio de Aseguramiento Sanitario garantizó el derecho a aquellas personas que pudiesen encontrarse en una determinada situación de desprotección legal. Con el requisito del empadronamiento, recuperaban sus derechos los parados que hubieran agotado la prestación por desempleo o los autónomos que hubieran cesado su actividad. 25 junio 2013 | Global | 9
Reportaje de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid) analizó en 2011 este tema en el XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Explicó que en ese momento, “los extranjeros no empadronados carecían de cobertura sanitaria y, aunque podían acudir a los centros públicos del SNS, lo harían como pacientes privados, abonando el coste de la atención recibida.” La autora indica que algunas autonomías “dispensaban un tratamiento normativo singular, reconociendo el derecho a la asistencia sanitaria, aun cuando careciesen de residencia legal y no se hallasen inscritos en el Padrón, si bien con distinto alcance”. Hasta finales de 2011, ni si-
quiera todos los españoles tenían acceso a la sanidad pública. Una de las medidas aprobadas durante los últimos meses del anterior Gobierno, fue la Ley de Salud Pública. Extendía el derecho de acceso a la sanidad pública a “todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.” Según publicó El País en su día, 250.000 españoles estaban excluidos de este servicio, ya fuesen parados que habían agotado la prestación, aquellos que nunca cotizaron o profesionales asegurados mediante mutuas. Todo eso forma ya parte del pasado. VUELTA A LA CASILLA DE SALIDA. El acceso a la sanidad deja de
Foto: Z. L. C.
LA PLATAFORMA PARA LA MEJORA Y DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA VALENCIANA, QUE ENCABEZÓ LA MANIFESTACIÓN DEL 17-F
10 | Global | 25 junio 2013
ser un derecho de ciudadanía para vincularse, otra vez, a la cotización a la Seguridad Social. Ésta sólo financia una parte de las mutualidades de los funcionarios. Sin embargo, la mayoría de españoles aún piensa que la
EL ACCESO A LA SANIDAD DEJA DE SER UN DERECHO DE CIUDADANÍA PARA VOLVER A VINCULARSE A LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
totalidad del SNS se sufraga con las cuotas de los trabajadores y desconoce que en realidad se hace mediante impuestos. Con el Pacto de Toledo de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó un
Fotos: Z. L. C.
LOS DISTINTOS COLECTIVOS CONVOCANTES DEL 17-F COLOCAN LAS PANCARTAS EN EL CENTRO DE LA PLAZA DE LA VIRGEN DE VALENCIA. DERECHA: LA PERIODISTA REIS JUAN FUE LA ENCARGADA DE LA LECTURA DEL MANIFIESTO
informe que proponía dicho cambio. El consenso se alcanzó con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999. Esta norma establecía que los servicios de carácter universal -entre ellos, la sanidad- serían directamente financiados por el Estado mediante las transferencias presupuestarias a las comunidades autónomas. Ésa es la gran paradoja actual, la sanidad la pagan con sus impuestos todos los que residen en España, sea cual sea su situación administrativa. Pero sólo unos pocos tienen garantizada su gratuidad. Campos recurre al sarcasmo para analizar el panorama: “El RDL es un giro en el tiempo, “Regreso al futuro” como la película, no. Regreso al pasado. Nos
devuelve a una situación anterior a la LGS del 86, la de la Seguridad Social, en la que sólo tenía derecho a dicha prestación el que tenía contrato laboral o era funcionario.” Un punto de vista con el que María José Beltrán, enfermera del Hospital Provincial de Castellón, no está de acuerdo. Comenzó su trayectoria en este centro hace veintinueve años y está convencida de que “si no se hubieran tomado medidas correctoras, el sistema sanitario español no hubiera podido garantizar la asistencia sanitaria a los usuarios en muy poco tiempo. Tal vez entonces hubiéramos tenido que retroceder al sistema anterior. He conocido el hospital antes de la LGS y volver a dicha situación es
impensable en la actualidad.” Beltrán desempeña el cargo de confianza de Directora de Enfermería en el hospital castellonense desde hace quince años. Asegura que “en patologías especiales (SIDA, tratamientos oncológicos…) se garantiza en todos los supuestos la asistencia sanitaria, pero se deben cumplimentar ciertos trámites administrativos para su autorización.” Sin embargo, una cosa son las garantías y otra los hechos, que demuestran lo contrario. El Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD) es una plataforma colaborativa impulsada por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFYC), Médicos del Mundo y Cáritas. Creada en noviembre de 2012, está formada por 45 enti25 junio 2013 | Global | 11
Reportaje El acceso a la sanidad pública en seis países de la Unión Europea BÉLGICA Residentes autorizados Deben registrarse en una de las seis aseguradoras sin ánimo de lucro. Pagan una cuota de afiliación más una cantidad fija establecida por ley, conocida como “ticket modérateur,” que depende de los ingresos. Las personas sin recursos acuden a los centros de asistencia social (CPAS). Inmigrantes indocumentados Tienen acceso a la asistencia mediante el sistema de “Asistencia Médica Urgente” (AMU), para ello deben cumplir una serie de condiciones y el CPAS reembolsa los gastos al médico. Se cubren enfermedades como hepatitis o VIH, mediante el sistema de reembolso. No hay sistema especial para embarazadas o partos y las mujeres deben solicitar la AMU. ALEMANIA Residentes autorizados Es obligatorio un seguro público para los trabajadores (y parados) con bajos ingresos. Deben saldar las deudas con la aseguradora retroactivamente desde 2007. Hasta entonces, sólo reciben el reembolso de las urgencias. Los autónomos con altos ingresos deben hacer lo mismo pero desde 2009. Las contribuciones dependen de los ingresos, excepto para los autónomos y los estudiantes mayores de 30 años con un mínimo de catorce semestres de matrícula. En su caso, las cuotas dependen de su estado de salud, edad y sexo. Desde 2013, los pacientes ya no pagan por las consultas, aunque pagan un 10% de los medicamentos, un mínimo de 5€ y un máximo de 10€ por receta. Los menores están exentos de este pago. Hay ayudas sociales incluso para las personas sin hogar aunque éstas deben costearse el copago farmacéutico. Inmigrantes indocumentados Los funcionarios están obligados a informar sobre ellos a Inmigración. Como resultado, estas personas procuran no ir al médico, incluso en casos graves, por miedo a ser deportadas. Desde 2009, se permite el amparo en la confidencialidad médica al personal sanitario y de servicios sociales, sólo en caso de urgencias.
FRANCIA Residentes autorizados Se financia vía impuestos y contribuciones personales. La Seguridad Social se basa en un sistema progresivo y cubre el 65% de los gastos médicos. El 35% restante se cubre mediante mutuas, algunas de ellas sin ánimo de lucro. Las personas con bajos recursos económicos cuentan con un sistema gratuito, la Couverture maladie universelle (CMU) y hay ayudas para personas sin hogar. Inmigrantes indocumentados Los que vivan en Francia más de tres meses y cuenten con menos de 661€ al mes, tienen derecho a la Ayuda Médica Estatal (Aide Médicale d’Etat, AME). Es válida por un año y da acceso gratuito a la cobertura total. Aquellos que dispongan de ingresos mayores no tienen derecho a ninguna cobertura y deben pagar los costes totales. Si no pueden probar la residencia, sólo tienen derecho a urgencias. Los menores tiene acceso al AME desde su llegada. Los ciudadanos de la Unión Europea sin hogar deben probar que no tienen cobertura en su país de origen. GRECIA Residentes autorizados Se basa en un seguro obligatorio que se financia con las cuotas de los trabajadores e impuestos. En los últimos años se han producido reformas sustanciales, como una reducción del 40% de la financiación a los hospitales públicos. El acceso es gratuito en el momento del uso y el copago farmacéutico es del 25%. Desde 2011, cuesta 5€ entrar en un hospital o centro de salud y todas las intervenciones y consultas se pagan. Las personas con bajos recursos pueden acceder a la tarjeta social, que permite acceso gratuito a la atención y a las medicinas. Inmigrantes indocumentados Acceden a este servicio sólo en casos de emergencia o si hay riesgo para su vida. Se garantiza el tratamiento de VIH y otras enfermedades infecciosas graves, hasta que se “estabilice” el estado de salud. Se les puede detener y/o deportar si se consideran un “riesgo” para la salud pública .
PAÍSES BAJOS Residentes autorizados Todos ellos, así como los que trabajan o pagan impuestos están obligados a disponer de seguro sanitario, que cubra la cartera básica. Aquellos con pocos recursos económicos pueden solicitar una ayuda para su pago. Inmigrantes indocumentados Tienen derecho a tratamientos urgentes y “médicamente necesarios”, así como enfermedades que afecten a la salud pública. En la práctica, tienen acceso a la cartera básica. Las aseguradoras deciden el tratamiento y el tipo de atención en base al tiempo de residencia. Deben pagar los costes totales en efectivo, en el momento, o a plazos y les envían factura a su casa. Las aseguradoras les cobran directamente en sus hogares. Tienen cubiertos los embarazos, partos, y tratamientos de VIH y hepatitis. Los menores de edad están en la misma situación que los adultos, excepto en medicina preventiva y vacunación. REINO UNIDO Residentes autorizados El National Health System (NHS) se financia vía impuestos y se divide en atención primaria y atención secundaria. La primera la conforman médicos de familia (GPs), dentistas, farmacéuticos y oculistas, todos independientes. La asistencia se gestiona mediante administraciones de atención primaria (PCTs). La segunda cubre especialistas, cirugía y urgencias. Se pagan 7,65£ (9€) por receta, con descuentos a partir de un determinado número de recetas. Están exentos los mayores de 60, menores de 18, embarazadas, crónicos y personas con alguna prestación pública. Aquellos con pocos recursos económicos pueden pedir ayudas totales o parciales. Inmigrantes indocumentados No se mencionan en ninguna ley. Tienen acceso total a la atención primaria y pueden registrarse con un GP. El NHS cuenta con servicios gratuitos para cualquier persona, como accidentes y urgencias, planificación familiar y patologías contagiosas. En 2004 el VIH quedó sin cobertura, aunque en 2012 se volvió a incluir, gracias a la presión de las ONG.
Fuente: “Access to healthcare in Europe in times of crisis and rising xenophobia.” Médicos del Mundo Internacional (Abril 2013)
12 | Global | 25 junio 2013
dades que “velan por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos.” ODUSALUD ha publicado tres informes en los que recoge los casos de vulneración que sus asociados detectan. Hasta el 1 de abril de 2013 ya registraron 318 notificaciones, más de 63 casos mensuales. La mayoría de incidencias corresponden a inmigrantes irregulares. Aunque con cada nuevo informe, han ido en aumento los casos de extranjeros con permiso de residencia, comunitarios, solicitantes de asilo e incluso nacionales, que en el último informe fueron trece personas. “Las situaciones más graves detectadas se relacionan con la falta de acceso de pacientes crónicos a su tratamiento efectivo,” explican. Desde la puesta en marcha de ODUSALUD se han detectado casos tan alarmantes como un paciente con infección por VIH “que durante 30 días no recibió tratamiento antirretroviral”, dos trasplantados “cuya medicación se hace precisa” o incluso una paciente con cáncer de mama, cuyo seguimiento clínico fue interrumpido. ODUSALUD ha sabido hasta el momento de once casos de menores desatendidos, a pesar de sus garantías legales. Los responsables de ODUSALUD insisten en que su trabajo sólo es “la punta del iceberg”. “Esta situación afecta a un número importante de ciudadanos y ciudadanas, que no están accediendo a nuestros re-
cursos.” El pasado 24 de febrero, Jordi Évole mostró un buen ejemplo de la situación en que se han quedado los inmigrantes irregulares. En el capítulo “Soy inmigrante” de su programa Salvados, Évole entrevistó a Silvia Graciela Velázquez, una inmigrante uruguaya que vive en España desde hace casi diez años y que todo ese tiempo dice haber recibido atención médica. Ahora, con la nueva legislación, le retiraron la tarjeta sanitaria
“LAS SITUACIONES MÁS GRAVES DETECTADAS SE RELACIONAN CON LA FALTA DE ACCESO DE PACIENTES CRÓNICOS A SU TRATAMIENTO EFECTIVO”
por carecer de permiso de residencia. “No tengo papeles por no trabajar y no trabajo porque no tengo papeles… Es una espiral”, expresa. “Nunca coticé, siempre en negro, y he trabajado muchísimo, hacía de todo: recepcionista, limpiadora, cocinera, camarera, lo que viniera. No libré jamás en dos años y además cobraba una miseria. Nunca me quisieron hacer un contrato de trabajo,” prosigue. Sin tarjeta sanitaria, debe hacer frente a un gasto de 300 euros mensuales en los medicamentos que utiliza para tratar su enfermedad respiratoria crónica. “Yo pago im-
puestos, yo desde que me levanto, voy al supermercado y pago el IVA, pago impuestos,” contestaba, ante los prejuicios y la desinformación de muchos españoles. SIN PAPELES Y SIN SALUD. Ana Mato insiste en afirmar que “lo que sí ha cambiado a mejor es el avance de la universalización de la asistencia sanitaria pública”. Dijo esta frase en el Congreso para defender el RDL, que había entrado en vigor semanas antes. Antonia Olmos, antropóloga social de la Universidad de Granada, realizó un análisis crítico de las palabras de Mato en la revista digital Discurso y Sociedad: “Cabe aquí una reflexión en voz alta, algo irónica: ¿Es posible que si repetimos algo hasta la saciedad termine adquiriendo estatus de verdad absoluta?” La ministra añade que “ningún inmigrante, aunque tenga situación de irregularidad, se va a desatender en este país, porque siempre ha sido así y siempre lo será.” Olmos evidencia qué hay detrás de este argumento. “El sujeto legítimo de derecho es ciudadano español (aunque no todos y no sólo); y para el inmigrante extranjero en situación administrativa irregular lo que queda es la ‘beneficencia’: ¿podemos hablar de universalidad, entonces, cuando no reconocemos los derechos de manera universal, sino que otorgamos ‘ayuda a los necesitados’? La ministra dice sin decir y afirma sin afirmar que el concepto de universalidad que 25 junio 2013 | Global | 13
Reportaje Entrevista
Foto: Z. L. C.
Julián Marcelo. Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad (AVUSAN) AVUSAN nació a principios de julio de 2012, unos meses después de la entrada en vigor del RDL 16/2012. Su misión es defender los derechos de los usuarios de la sanidad, reivindicar su participación en la toma de decisiones y demandar la calidad de este servicio. Una organización con un nombre curioso, teniendo en cuenta los tiempos que corren. ¿Se pronuncia “AVUSAN” o “AVUSÁN”? Es AVUSAN, aunque sea con uve. La connotación del término nos importa. ¿Cómo surgió la idea de crear AVUSAN? La organización nació a partir del RDL. Teníamos una cierta idea, sobre todo centrándonos en personas mayores y enfermos crónicos. Pero al salir la ley, pensamos: “Es imprescindible que hagamos algo ya”. ¿Cuál es su valoración personal sobre el RDL 16/2012? Está muy clara. Soy una de las ochenta personas que mandaron una petición a la Defensora del Pueblo estatal, en la que le pedimos que promoviese la insconstitucionalidad. Nos dijo que no, muy argumentadamente. Nos parece que está mal que no se nos haya atendido, aunque sí ha dado algunas recomendaciones al Gobierno, como en el caso del pago del transporte sanitario. Nosotros vemos mal el RDL, para nosotros tiene una coartada, que es la de la crisis. Estamos convencidos de que en la mayor parte de las cuestiones buscan el ahorro, pero está mal y muy precipitadamente planteado. ¿Van a continuar con alguna otra acción? Con esta petición hemos agotado una vía dentro de la legislación española. Lo que exige la legislación europea es que hay que agotarlas todas para pasar a niveles europeos. Nosotros seguramente iremos a esos europeos. ¿Cuáles son los objetivos concretos que se plantea AVUSAN? Queremos liquidar esta ley a corto plazo, a medio plazo queremos intentar acabar con la de 1997 (Ley 15/1997, de 25 de abril, que permitió la privatización de servicios sanitarios). Pero a largo plazo hay una cuestión que es de donde vienen todos nuestros problemas. La sanidad no está considerada como derecho fundamental en la Constitución, pero curiosamente, la educación sí. Quere14 | Global | 25 junio 2013
mos que se equipare a ésta, porque es la única forma de que los usuarios pudiésemos funcionar como los consejos escolares. Queremos consejos de salud, que en los centros sanitarios tengamos alguna participación. Que las asociaciones de vecinos se relacionen de igual a igual con los profesionales, porque hay una tradición de gran desprecio. ¿Qué le parecen las medidas que afectan a los inmigrantes irregulares? En mi opinión es puro racismo, en el sentido de “tenemos que echarle la culpa a alguien de los problemas económicos”. Eso es, digamos, una molécula. Primero, porque los llamados “sin papeles” son muy pocos y jóvenes, no suelen tener muchos problemas, no son grandes usuarios. ¿Qué podría hacer la Generalitat Valenciana para intentar evitar la aplicación del RDL 16/2012? Puede hacer tanteos. Por ejemplo, los vascos dicen que lo de los inmigrantes no lo aplican. Se ha buscado una manera de decir “bueno, aquí en principio a los inmigrantes se les atiende.” El problema es cómo y con qué consecuencias les atienden. Se deja a como le dé la gana al médico. Éste no puede derivar ni dar recetas. Los inmigrantes procuran no ir, eso está claro. Por eso hay ciertas autonomías que han, digamos, “legalizado” esa atención, sin mayor problema. ¿La población general es consciente de las consecuencias de todo lo que está ocurriendo con la sanidad pública? El 80% del gasto en medicación va a un 20% de la población, básicamente mayores de 65 años y enfermos crónicos. Una persona joven no va mucho al centro de salud, no lo conocerá mucho. Es un problema de minorías, pero éstas están muy tocadas y lo que se contagia es a los familiares de éstas. La población general no, pero se ha creado muy mala imagen. Ocurre como con la dependencia, si no tienes a alguien en la familia… Y además, la sociedad lo oculta. Desde la perspectiva del usuario, ¿qué aspectos deberían mejorarse en la sanidad pública? Es muy mejorable en la participación, no es verdad que la haya. No es solamente que el paciente pueda pegar tres broncas al enfermero que pasa por ahí… Eso tiene que funcionar, con los consejos de salud. Una mejor organización coordinadora y mayor transparencia, ésta hace falta porque de ahí salen las estadísticas de cómo funciona el sistema, lo que te permite trabajar para mejorar la salud.
Foto: Z. L. C.
maneja el Gobierno en el RDL tie- supuestos contemplados en la ne que ver sólo con algunos”, re- ley: “Este RDL cubre la atención flexiona. de parto y postparto, pero éste A pesar de promesas, garantías último acaba y las mujeres quey discursos políticos prefabrica- dan desprotegidas. Se trataría dos, la realidad entona una melo- también de un seguimiento ginedía bien distinta a la que expresa cológico.” Quizá desde ese mola partitura de este nuevo precep- mento, si las cosas se complican, to. Desde Médicos del Mundo de esas mujeres tengan que quedar Valencia, Amparo Picazo, vocal de Inclusión Social, afirma que “en el preciso instante en que se puso en marcha esto, eran 16.000 las personas que se habían quedado sin la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, así de golpe.” Y continúa diciendo, desconcertada, que “esos pacientes iban al centro de salud, sacaban su tarjeta, se la pasaban por el ordenador y les decían ‘esta tarjeta está anulada’ y a algunos se la rompían delante de ellos. Eso es una brutalidad”. Zafra no duda de que con el RDL “se trata básicamente de cambiar el modelo sanitario, dejando fuera a los colectivos más vulnerables y de introducir una serie de medidas económicas para AMPARO PICAZO Y JAVIER GONZÁLEZ, EN LA SEDE DE una teórica sostenibilidad MÉDICOS DEL MUNDO EN VALENCIA del sistema, pero que en realidad perjudican a los más po- en manos del azar. Al igual que el bres y a los más enfermos.” resto de inmigrantes que viven en Javier González, coordinador la clandestinidad administrativa. autonómico de Médicos del Mun- Probablemente su única opción do en la Comunidad Valenciana, sea esperar a que el personal de no ve demasiado claros algunos Admisión de una ventanilla de
hospital, decida que lo que les ocurre es una urgencia. “Lo que pedimos es que se vuelva a lo que había. Que se restituya el modelo anterior, que era sostenible de la forma en que estaba diseñado.” ¿AHORRAR? EN SALUD. 873.000 tarjetas sanitarias de extranjeros no residentes dadas de baja. El Gobierno se enorgullece de este dato en el balance de resultados de su Plan Nacional de Reformas 2013. “Es urgente devolver la confianza a la sociedad en nuestro sistema de salud y, para ello, es imprescindible que garanticemos su sostenibilidad”, recalcó Mato en el Congreso. Con el retiro de la asistencia gratuita a este colectivo, el Gobierno prevé un ahorro de 500 millones de euros. En la teoría, porque en la práctica “lo que no atiendas de manera ordinaria, va a acabar siendo muchísimo más caro porque, si un proceso que se puede solucionar en atención primaria acaba en urgencias, el gasto es mayor”, aclara León. Cree que el Gobierno está dando una idea equivocada, ya que “lo que transmiten es que gastamos más de lo que podemos, cosa que no es cierta porque España gasta un 2% menos que la media de la UE”. Añade que el sistema sanitario español “es internacionalmente reconocido como uno de los me25 junio 2013 | Global | 15
Reportaje jores y más eficientes, por lo tanto, gasta menos y aún así es de los mejores.” Zafra lo confirma y añade que “lo que se ahorran por la no atención gratuita de los inmigrantes irregulares es muy poco dinero.” Para Fombuena, con esta medida, el Gobierno muestra “una falta de visión que no se lo creen ni ellos” y, en su opinión, “roza el cinismo, porque este razonamiento lo puede hacer cualquier persona sin ninguna especialidad: si yo ahora mismo estoy malita y me dejo de tratar, dentro de dos años voy a estar malísima (y el gasto va a ser mayor), es todo absurdo.” Picazo reitera este punto de vista: “Cuando no tratas una enfermedad en su inicio o dejas de tratar una que es crónica, a la larga, eso es más costoso, económica y socialmente; como el coste social les importa un comino, tendrían que calcular el coste económico.” La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en su análisis del RDL, que califica de “verdadera contrarreforma sanitaria”, señala que los inmigrantes no regulares suponen “una presión sobre el sistema asistencial muy pequeña y, por lo tanto, producen un gasto muy reducido” y piensa que con esta normativa “se les obliga a
saturar más aún las ya saturadas urgencias.” LA TIRANÍA DEL LENGUAJE. La ministra de Sanidad se ha empeñado en grabar a fuego en la mente de la ciudadanía la idea del turismo sanitario. Extranjeros que vienen a España atraídos por las prestaciones de la sanidad pública. Su discurso es ambiguo, mezcla continuamente a la población de la Unión Europea con la de otros países. Unos vienen en busca del sol y la playa de la costa mediterránea; los otros, en busca de una vida digna. Mato presenta como problema económico a los primeros, pero culpabiliza a los segundos. “En este caso se usa el discurso del ‘turismo sanitario’ para reducir los derechos de un determinado tipo de inmigrante extranjero, difícilmente confundible con el turista jubilado de procedencia europea. Es decir, sigue operando la lógica de la ‘inmigración como problema’ que culpabiliza al inmigrante del malestar social en todos sus aspectos,” razona Olmos. “Casi todos los inmigrantes son jóvenes, en edad de trabajar, encima muchos lo hacen en precario y están pagando sus impuestos. Aunque no tengan papeles, no les interesa ir a médicos, ni ponerse de baja, porque son los tí-
“CUANDO NO TRATAS UNA ENFERMEDAD EN SU INICIO O DEJAS DE TRATAR UNA CRÓNICA, A LA LARGA, ESO ES MÁS COSTOSO” 16 | Global | 25 junio 2013
picos que van de jornaleros por ahí y si no estás, no cobras” opina Campos, que apela a una “leyenda negra” cuando se dice que los inmigrantes consumen recursos. “Y sobre ese famoso turismo sanitario, aquí hay conciertos con todos los países. El que viene y se opera y no se le cobra, es por dejadez de la Administración en la facturación. Lo que está claro es que la persona que vive aquí, por muy inmigrante que sea, contribuye aquí y tiene los mismos derechos que todo el mundo,” afirma. En respuesta al argumento del Gobierno, desde la FADSP contestan que “a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre el supuesto impacto del ‘turismo sanitario’, éste no ha sido acreditado más allá de la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y facturar adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros que no pertenecen al grupo anteriormente señalado [irregulares].” León está completamente de acuerdo y cree que “desde el Gobierno se ha proyectado la imagen de que vienen a consumir recursos de manera desproporcionada, cuando en realidad los que vienen en las pateras no son enfermos crónicos, vamos a decirlo claramente. Son los más sanos y jóvenes. ¿Quién consume recursos del SNS en mayor cuantía? Los alemanes, los ingleses, que tienen establecida una se-
Ellos o nosotros
Así ven los españoles el acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad pública
¿Conoce las medidas del Gobierno sobre la atención sanitaria a inmigrantes?
¿Qué le parecen estas medidas?
No 8,9%
Inaceptables, aún teniendo en cuenta los problemas económicos 37%
Aceptables, teniendo en cuenta la situación económica 63%
Sí 91,1%
En lo que respecta a los inmigrantes irregulares, usted es partidario de que...
¿A qué tipo de inmigrantes cree que afectan?
Sólo a los irregulares 78,9%
...tengan el mismo acceso que los españoles
A todos 21,1%
...haya alguna limitación en las prestaciones o en el pago
28,4%
71,6%
¿En qué medida le parecería adecuado que se cobre a los países de origen?
¿Y que se les exija un seguro?
100%
100% 85,6%
75,6% 54,3%
50%
23,5%
50%
13,5%
33,1%
31,3%
0%
5,3%
8,2%
Nada
Poco
Bastante
Mucho
0,9% Ns/Nc
0%
10,9%
12,6%
Nada
Poco
Bastante
42,5%
Mucho
0,9% Ns/Nc
¿En qué grado cree que ha podido haber abusos en el uso de la sanidad? 100%
79,9% 18,2%
51,6%
50% 28,3%
0%
4,1% Nada
14,1% 1,9% Poco
Bastante
Mucho
Ns/Nc
Fuente: Encuesta de opinión del Consejo General de Enfermería (Septiembre 2012)
25 junio 2013 | Global | 17
Reportaje EL GOBIERNO NO DUDA EN VALERSE DE LOS PREJUICIOS DE LOS ESPAÑOLES. PARA REFORZARLOS, RECURRE AL USO DEL LENGUAJE CON EL CALIFICATIVO DE “INMIGRANTES ILEGALES” gunda residencia y que han estado utilizando el sistema sanitario español.” Si bien piensa que “tienen derecho a la libre circulación dentro de la UE, están empadronados aquí, tienen una vivienda y tienen una cobertura sanitaria de su país, si éste no les cubre determinados procesos o técnicas sanitarias, en España sí.” El problema reside en la inadecuada gestión de esos gastos. “A la hora de recuperarlos no se ha sido ni diligente ni parece que la norma [anterior] permitiera una recuperación total de los mismos.” Durante los tiempos de bonanza, en España “la sanidad pública ha sido la hermana rica, financiaba todos esos procedimientos y ha habido una falta de facturación muy relevante.” Zafra habla del caso concreto de la costa levantina. “Es una zona de atracción turística importante, hay grandes colonias de extranjeros, sobre todo ingleses y alemanes. Además, con una edad media avanzada. A muchos de ellos la prestación se la dábamos aquí, aunque tenían su seguro allí.” Aunque todo eso comenzó a cambiar. “Por lo que dicen mis compañeros de Facturación, hubo un momento en que eso ya no era para los que residían aquí, sino para los que venían ex pro18 | Global | 25 junio 2013
feso, para entrar por Urgencias, en lista de espera… Entonces sí se generaba un cierto turismo y eso sobrecargaba el gasto de la Conselleria.” Pero, ¿era posible venir a España con el único objetivo de operarse, aún si se disponía de cobertura en el país de origen? “Es que a lo mejor no tenían cobertura allí. Muchos ciudadanos no disponen de servicios que lo cubran todo. Los ingleses, por ejemplo, a partir de cierta edad, tienen problemas de prestación. La diálisis peritoneal no se la hacen si tienen más de no sé cuántos años... Aquí los derechos son mucho mayores. En otros países, ponerle una prótesis de cadera a una persona muy mayor no está indicado, prefieren que se quede en silla de ruedas.” Ahora las cosas son distintas. Zafra señala que “a eso se le puso freno hace un par de años o tres.” El Gobierno no duda en valerse de los prejuicios asentados en la población española. Recurre, para reforzarlos, una y otra vez, al uso del lenguaje. Con el calificativo de “inmigrantes ilegales.” Antonio Peña, abogado gaditano experto en migraciones y Derecho de Extranjería, describe el fenómeno en el portal jurídico Lex Nova. “Las personas no pueden ser
consideradas ilegales, solamente sus actos pueden ser calificados como tales” y añade que dicha afirmación “no puede tener otro calificativo que el de aberración jurídica”. El resultado de ello es que “se criminaliza a la persona, se la deshumaniza, se la convierte en un delincuente por el hecho de no ser residente legal; esta actitud humilla a todo inmigrante, regular o irregular, por cuanto se generaliza esta concepción de delincuente al simple hecho de ser extranjero, ser inmigrante,” sentencia. EL TRABAJO COMO COMPROMISO SOCIAL. Algunos de esos inmigrantes acudían al Centro de Salud Font de Sant Lluís de Valencia, que atiende a los barrios de Na Rovella, Monteolivete y En Corts. Allí trabaja María José Mendoza como médica de familia. Es el final de la semana y la jornada de trabajo ha terminado ya. La consulta está un poco destartalada. Sobre todo hay muchos documentos encima de la mesa. Queda un espacio justo para el ordenador. No es el lugar de trabajo de una persona desordenada, sino el de alguien que cree firmemente en lo que hace. Todos esos papeles representan su dedicación como médica y su compromiso con los pacientes. Es una mujer inquieta y meticulosa y no lo ha sido menos en el momento tan frustrante que vive en su profesión. “Desde el punto de vista ético tú te debes a tus
MARÍA JOSÉ MENDOZA, EN LA ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD FONT DE SANT LLUÍS
Foto: Z. L. C.
“ES UN RETROCESO INADMISIBLE, DEJAR A LA GENTE QUE ESTÁ EN LA SITUACIÓN MÁS PRECARIA, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL, FUERA DE LA ATENCIÓN SANITARIA” enfermos. Me parece socialmente injusto y éticamente inaceptable,” manifiesta, en opinión de la reciente reforma. Como profesional con amplia experiencia en la sanidad pública, vive este cambio como un viaje en el tiempo. “Es un sistema público financiado a través de impuestos y que consiguió la universalidad con la LGS del 86. Y acceso para personas sin recursos con un decreto del año 89. Es un retroceso inadmisible, dejar a la gente que está en la situación más precaria, desde el punto de visto económico y social, fuera de la atención sanitaria. Eso me parece fundamental, es un dato más del reparto desigual del esfuerzo de las personas y de los grupos sociales, en colaborar para resolver la crisis. Es profundamente injusto,” expresa. El 1 de septiembre entró en vigor la retirada de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes irregulares. Era sábado, así que María José
no vio la lista actualizada hasta el lunes. “Tengo acceso a mi listado de pacientes, así que el día que se produjo el cambio tenía uno anterior y comparé, vi cómo aparecían.” Aún tenían médico asignado, figuraban los nombres y las fechas de nacimiento, pero se había borrado el número de la Seguridad Social. En el apartado de la acreditación se lee “pendiente de reconocer aseguramiento”. María José se preocupó de imprimir su lista y poder hacer así balance de cuántos de sus pacientes –con los que considera imprescindible “una relación de confianza”- se habían visto afectados. Los marcó con rotulador fluorescente y les asignó un número a cada uno. “Yo conté 32 personas en mi consulta, por eso puse los números, los señalé para hacerme una idea de a cuánta gente afectaba. La Administración no me lo iba a decir,” cuenta. En abril de este año, los pa-
cientes desaparecieron de las listas. Como médica, María José ha encontrado su manera de rebelarse contra la ley. “De entre los que han desaparecido y ya no van a venir, me he preocupado de ver si alguno de ellos es crónico. Y los llamaré yo. Lo que he hecho es comprometerme conmigo misma a tenerles localizados e identificados y a facilitarles las cosas. A quitarles angustias, remitirles a la trabajadora social, a decirles que no les van a cobrar.” Es lo que puede hacer, pues la única forma de que lleguen a las consultas es “que les citen ahí fuera [en Admisión],”dice. Afirma que es su forma de ejercer la objeción de conciencia, algo que cree que no se ha concretado de ninguna forma, sino que se ha tratado “de una actitud de denuncia y protesta.” Su caso no es habitual, es la única que ha hecho un seguimiento de los pacientes borrados de su lista. “Yo sí que 25 junio 2013 | Global | 19
Reportaje Los principales cambios que afectarán al paciente Nueva cartera de servicios TIPO DE CARTERA
GRATUITA/ COPAGO
SERVICIOS
Común básica del SNS
Gratuita
Prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y transporte sanitario urgente
Común complementaria del SNS
Copago*
Prestación farmacéutica, ortoprotésica, con productos dietéticos y transporte sanitario no urgente
Común accesoria del SNS
Copago* y/o reembolso
Todo aquello que, sin carácter de prestación, ayude a la mejora de una patología crónica pero que no se considere esencial
Complementaria de las CC.AA.
Gratuita
Técnicas, servicios o actividades adicionales que podrán incorporar las autonomías y que financiarán con sus propios presupuestos. Es obligatorio que incluyan, como mínimo, las tres categorías de la cartera común del SNS.
*La cantidad que pagará el usuario en cada caso se establecerá en base a los mismos criterios que en el nuevo copago farmacéutico
Transporte sanitario no urgente
Copago farmacéutico*
TIPO DE PACIENTE
PRECIO
APORTACIÓN
RENTA
General
5€ por trayecto
60%
100.000€ o más
Enfermos crónicos
1,60€-3,30€ al mes
50%
18.000€ a 100.000€
Perceptores de pensiones mínimas y parados de larga duración
Gratis
40%
Menos de 18.000€
10%**
Con desplazamiento frecuente
Máximo de 10€ al año
Pensionistas, excepto los incluidos en los dos primeros casos
* Cifra de la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del IRPF
**Pensionistas con enfermedad crónica o tratamiento de larga duración
Cuota anual (año 2012) del convenio especial para no “asegurados”
RENTA
TOPE MÁXIMO MENSUAL
EDAD
Menos de 18.000€
8€
Menores de 65 años
18.000€ a 100.000€
18€
Mayores de 65 años
me he molestado en hacer esto. Aunque les expliqué lo que había hecho, no sé de ningún compañero que hiciese lo mismo.” Algún colega de profesión le ha preguntado el porqué, si “probablemente muchos se hayan marchado o hayan sido deportados.” Ella contes20 | Global | 25 junio 2013
CUOTA ANUAL 710,40€ 1814,80€
ta que, de ser así, “no le habrían contestado el teléfono” y que “no es que hayan desaparecido y se hayan vuelto a su país; están aquí, en el barrio.” De sus 32 casos, ha podido localizar a cinco de ellos. Una paciente se presentó por voluntad
MÍNIMO MENSUAL 59,20€ 155,40€
propia por una urgencia. A otra la llamó ella porque le preocupaba su estado, aunque sin éxito. “Localicé a una chica que es portadora de hepatitis B, o sea, con capacidad de contagio. La he tenido, la conozco. El viernes la avisé. Me dijo que pediría hora para hoy [lu-
nes] pero como piensa que le van a facturar, no lo ha hecho.” En su centro de salud acordaron seguir atendiendo cada uno a los que antes eran sus pacientes. Éstos van a poder acudir a la consulta con una tarjeta provisional de cartón que la Conselleria ha indicado mediante instrucción interna. “Si acuden a la trabajadora social para conseguir esa tarjeta, ella les pondrá a mano nuestro nombre, para que no les vea cada vez una persona distinta.” La orden de la Conselleria ha sido que se les atienda y facture. Se entrega un parte de asistencia como paciente privado. “El problema es que la gente sin recursos no va a poder pagar esa factura. La Conselleria dice que no se va a cobrar.” Sin embargo, hecho el trámite, la huella permanece. “Una vez generada una factura, eres deudor con una administración pública. Tú puedes decir que no la vas a reclamar pero yo no sé qué va a hacer el Gobierno dentro de seis meses.” La atención está asegurada y ninguna institución podría ordenar lo contrario. Al margen del juramento hipocrático, sería un delito, tipificado en el Código Penal español. El planteamiento del Gobierno es cobrar por el servicio. Muchos quizá no vuelvan a atravesar las puertas de la consulta. María José cree que esta situación ha creado “mucha inseguridad” y que “lo que no puede ser es que les factures y digas que luego no
les vas a cobrar.” En la pantalla de su ordenador siguen archivadas las historias clínicas, que todavía puede consultar pero que ya no podrá modificar. TASA A LA ENFERMEDAD. La ley no sólo afecta a los inmigrantes irregulares y a personas no aseguradas. El copago farmacéutico implantado por el RDL, ha dejado con el agua al cuello a los que cuentan con lo justo. Algunos de ellos, como Salvador Blanco, se ven obligados a tomar medidas
PAGO EL 10% DE LAS TIRAS REACTIVAS Y LA INSULINA Y LAS PRECISO TRES VECES AL DÍA, COMO MÍNIMO, PORQUE SIN ESO ME MORIRÍA
extremas. El año pasado, este jubilado de 70 años decidió hacer huelga de medicación. Es diabético insulinodependiente y toma “más o menos diecisiete pastillas diarias”. Cinco no están financiadas y paga por ellas “unos 200 euros al mes.” El 29 de agosto pidió recetas a su médica, y uno de sus fármacos más caros, ya no estaba financiado. A pesar de que faltaban dos días para la entrada en vigor de la ley. Pasó tres meses sin tomarlo. “Yo no puedo pagar 24 euros a la semana, lo que me costaba esa caja de pastillas.” En principio su médica no le ofreció una alternativa. “Cuando se vio obligada
por mis presiones, me dio otro medicamento.” Ahora cuenta que “lo más curioso” es que el medicamento anterior “vuelve a estar financiado.” La receta de Salvador, de más de 5000 euros al año, es interminable. Paga el 10% con un máximo de 18 euros. “En la Generalitat son muy listos, no hay tope, vas pagando todo pero luego no te lo devuelven. Hace seis meses que no me han devuelto un chavo. Últimamente sí he notado que cuando llegas a treinta y pico de euros, lo congelan. ¿Por qué no a los 18? Hay cinco autonomías que lo hacen.” Explica que afronta el coste de medicamentos que necesita para vivir. ”También pago el 10% de las tiras reactivas y la insulina, y las preciso tres veces al día, como mínimo, porque sin eso me moriría.” Tiene otros gastos adicionales, derivados de su enfermedad. Ha reducido la toma de un fármaco de 35 euros al mes, que debería tomar tres veces al día. Lo hace sólo una. “Así me cuesta 10 euros, hay que ahorrar.” Otros, como Laura Marcelo, viven toda su vida con un trastorno mental. Nunca ha podido independizarse a causa de su enfermedad. Sus padres, ambos jubilados, cobran una “pensión por hijo a cargo,” al tener Laura reconocida la discapacidad del 65%. Tiene 40 años y no ha trabajado nunca, hace varios años lo intentó, aunque “fue por pocos meses, 25 junio 2013 | Global | 21
Reportaje
Fotos: Z. L. C.
LAURA MARCELO, SENTADA EN EL CLAUSTRO DE LA NAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. IZQUIERDA: SALVADOR BLANCO, CON SU CARPETA DE DOCUMENTOS Y RECETAS, EN LA PUERTA DE UNA FARMACIA DE SU BARRIO
debido a mis incapacidades,” aclara. A pesar de no haber cotizado y ser pensionista, hace unos meses vio con desconcierto cómo la Administración le había asignado un 40% de copago, como trabajador en activo. Su situación la limita a la hora de reclamar sus derechos. “Para las personas que tenemos enfermedad mental, estas cuestiones burocráticas son un mundo, porque nos liamos.” Laura ni siquiera sabía cuál era su situación en la Seguridad Social. “Cuando iba a por medicación, me decían ‘no, no tienes que pagar porque eres pensionista’. Quiero decir, a parte está el desconocimiento o desinformación que hay, sumada a personas que tienen dificultades para cualquier cuestión burocrática.” Los psicofármacos son de los 22 | Global | 25 junio 2013
“YO CON 375 EUROS NO PUEDO VIVIR, LA CUESTIÓN MÉDICA ES YA UN LUJO” medicamentos más caros y, lograr que un paciente llegue a aceptar la toma de medicación con disciplina, es un triunfo. “Si ya es difícil -no en todos los casos- que un enfermo mental tome la medicación, si encima se le ponen problemas y [el gasto] tiene que salir de una pensión que no llega, la cuestión se vuelve completamente imposible,” expresa. “Yo con 375 euros no puedo vivir, la cuestión médica es ya un lujo.” Está de acuerdo con la decisión de Salvador, que se ve obligado a limitar sus tomas. Sin embargo, Laura no lo tiene tan fácil. “Yo no puedo decir ‘me tomo una al día’, no es que esté en peligro mi salud, como la de otras personas,
sino que el enfermo mental es el único que no tiene decisión sobre eso.” Julián Marcelo es el padre de Laura y amigo de Salvador. El 17F, a través de un megáfono, gritaba que “la sanidad no se vende, se defiende”. Aquella movilización terminó en la Plaza de la Virgen, un lugar emblemático de la capital valenciana que se llenó de miles de personas. Mostraban su descontento ante el recorte de derechos que están sufriendo con la excusa de la crisis económica. Reis Juan, ex periodista de Radio Nou, puso el broche final a la jornada de protesta. “Es necesaria una respuesta más amplia, que todos y todas participemos en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, que forma parte de nuestro patrimonio común. Mantenerla es nuestro derecho y defenderla es nuestro deber.”
25 junio 2013 | Global | 23
Reportaje
24 | Global | 25 junio 2013