Oaxaca es el estado con el mayor grado de impunidad en México, llega a 100%: Activistas

bramiento dentro de una estructura que no funciona. Si no observamos la grave crisis de la procuración de justicia en Oaxaca nos vamos a quedar solamente en la crítica al nombramiento de una persona”.

de justicia, la democracia y los derechos humanos en el estado”, reflexionó EDUCA.

Destacó que “México atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia, corrupción e impunidad. El nuevo sistema de justicia penal fracasó debido a que no avanzó, a la par de las reformas y modificaciones constitucionales, la capacitación de los ministerios públicos, la profesionalización de operadores y funcionarios, el incremento al presupuesto y tampoco se logró contar con una policía profesional y confiable.

El índice de impunidad federal alcanzó, tan sólo en el año 2021, 96.1%, superior a la de años anteriores (México Evalúa).

Lamentaron que “en materia de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano difícilmente inciden en las acciones de los operadores de la justicia en el país en casos graves contra personas defensoras y periodistas y, aunque existen convenios de cooperación, casi no se permite su coadyuvancia en las investigaciones. En México la justicia no llega”, sintetizaron.

Respecto a Oaxaca, mencionaron que en el actual gobierno de la 4T, es decir, los últimos cuatro años, se han cometido 34 asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y el territorio y estos crímenes permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia.

Aunado a esto, en los dos primeros meses del actual gobierno estatal ocurrieron 25 feminicidios y la mayoría de los perpetradores siguen libres.

Además, existen expedientes rezagados de casos graves: la Masacre de Agua Fría (2002); los crímenes contra activistas de la APPO (2006-2007); el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010), sólo por mencionar algunos de los casos de mayor resonancia.

Con todo y la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, los casos no avanzan, entonces, este panorama nos revela un estado de desinterés, rezago e impunidad en la impartición de justicia en Oaxaca.

Entonces, “la designación de Rodríguez Alamilla, viene a ser otro nom-

En cuanto “a los casos de personas defensoras, que como EDUCA acompañamos, no se han logrado avances. No hay una actuación de la Fiscalía en lógica de derechos humanos, se abren carpetas de investigación como ‘homicidios cualesquiera’, debido a la falta de claridad de la Fiscalía que no entiende el papel que juegan las personas defensoras en la sociedad. Además, no hay recursos para medidas cautelares, ni un sistema de protección”.

Insistieron en que “la justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político. (ya que ) las actuaciones de la Fiscalía son poco transparentes y eficaces”. También recalcaron, “existe mucha responsabilidad de la Federación y del Poder Judicial en estos casos. De muy poco ha servido que desde la sociedad civil se propongan iniciativas de ley, protocolos, medidas de protección, si estas no se cumplen y la justicia no llega a las víctimas y sus familias”.

“Consideramos que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia en Oaxaca. En principio, se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución que sirva, transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión”.

Exhiben en video a dos colaboradores de Layda Sansores y una senadora morenista recibiendo dinero

Raúl Pozos aparece recibiendo cuatro fajos de billetes de 500 pesos que, según la reportera sumarían un millón de pesos, y los habría recibido en mayo de 2011, a escasas semanas de las elecciones en Campeche.

El reportaje hace énfasis en que antes de ser colaborador de Layda Sansores, Pozos militaba en el PRI, partido al que renunció el 17 de agosto de 2020 según dijo en un video porque “ya no es el partido al que yo me afilié hace muchos años”.

Luego se sumó a la campaña de Sansores y obtenido el triunfo, el 16 de septiembre de 2021 fue nombrado secretario de Educación. Preguntado sobre la recepción del dinero, titubeante, Pozos afirmó que el dinero era para hacer “gestiones de ¿cómo se llama? De la gente que nos solicitaba cosas, apoyo (sic)”.

Respeto de las fechas solo atinó a decir que acudió al Palacio de Gobierno entre 2017 y 2018, cunado era senador y lo hacía para atender las demandas de la ciudadanía.

En tanto, la actual senadora morenista, Rocío Abreu Artiñano, aparece en dos videos de distintas fechas en la misma oficina, también en fechas previas a las elecciones estatales.

Abreu formaba parte de la alianza entre el PRI y el Partido Verde, pero en septiembre de 2019 renunció y se unió a las filas de Morena.

En una primera respuesta a la periodista por las grabaciones negó haber recibido el dinero, pero luego refirió que habría sido utilizado para cumplir con actividades gubernamentales.

En un primer momento la senadora negó haber recibido dinero, pero al decirle que había videos de la recepción de dinero dijo que habría sido para hacer el pago de algún derecho: “unos derechos que tenían de cuestiones, no sé, tengo que buscarlos, eran cuestiones de unos impuestos (sic.)”, relató la senadora.

El tercer personaje es Armando Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la mandataria. Al igual que sus compañeros, fue grabado manipulando fajos de dinero que fueron depositados en bolsas de papel. Toledo Jamit no respondió a la solicitud de entrevista de N+.

Dalila Escobar Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el testimonio del exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en el juico a Genaro García Luna:

Había una relación, y eso se puede probar estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México y resulta que no sabía y que sólo le llamó la atención la pecera o el acuario en la casa de García Luna”.

Dijo que aunque participó como testigo en el proceso judicial estadunidense, este exfuncionario “no dice nada” y “sería bueno que se hiciera una reconstrucción sobre la época de este embajador que habló ayer”, de quien recuerda que vino a sustituir a un embajador que se confrontó con Felipe Calderón.

Wayne llegó a la salida del embajador estadunidense Carlos Pascual para evitar “distraer” la relación entre México y Estados Unidos, en 2011, por las críticas que el diplomático hizo al gobierno del panista en torno a la guerra contra el narcotráfico y de las que expresó descontento el expresidente panista.

“Se atrevía a hacer juicios este embajador (Pascual) sobre lo que estaba a pasando en México sobre el comportamiento de las instituciones de seguridad”, recordó López Obrador, mientras que Wayne fue representante de Estados Unidos en México cuando había más violencia, dijo.