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Eugenio Raúl Zaffaroni
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
Dos miércoles / 18 / julio / 2012 56. No se puede prevenir lo que no se conoce La criminología cautelar necesariamente debe ocuparse de señalar los medios para reducir los delitos violentos, toda vez que la criminología mediática no sólo oculta otros riesgos sino que tampoco se ocupa de reducir la propia violencia criminal que magnifica, pues impulsa medidas que con frecuencia los potencian fabricando criminales, los que a su vez le resultan funcionales. Por consiguiente, la criminología cautelar debe confrontar con el pánico moral por un lado, pero apoyar el temor racional –y por ende la cautela– frente a los riesgos reales causantes de cadáveres anticipados, sea que provengan del delito violento, de otros riesgos minimizados mediáticamente o del propio poder punitivo. Para eso es necesario investigar los riesgos que constituyen las diferentes fuentes de muerte violenta en cada sociedad y proponer las medidas preventivas adecuadas. En última instancia, debe propugnar por la instalación de una criminología preventiva de estado. Esta tarea no se agota mejorando el sistema penal, pues éste tiene una reducida eficacia preventiva y, además, es un mecanismo lento, que casi nunca se mueve, sin contar con que a veces es él mismo quien lo produce, en ocasiones en forma de masacre y, además, siempre llega tarde, cuando el daño ya se ha consumado. En todo el mundo, el sistema penal se mueve muy poco. Incluso hay casos en los que la regla es no moverse, como en el aborto. Por ende, es claro que hay que llegar antes que haya un muerto, y esto debe ir por otros cauces, sin perjuicio de mejorar todo lo posible el sistema penal para que tenga la
mayor eficacia dentro de sus limitadas posibilidades y, sobre todo, para que no se descontrole y acabe siendo un agente masacrador. Recordemos que hay en principio dos clases de prevención: la primaria y la secundaria. La prevención primaria es la que opera sobre la fuente misma de la conflictividad; la secundaria –dicho brevemente– sería la policial o de vigilancia. Esto es verdad, pero a condición de considerar que se trata de dos extremos en un espectro que puede abarcar múltiples modelos intermedios. Todas las cifras del mundo según los datos de la ONU indican que hay una relación inversa entre el nivel de vida –medido por el ingreso per capita– y la muerte violenta. La distorsión la producen los USA, debido justamente al efecto reproductor de su propio sistema penal; es el único país del mundo con alto índice de homicidios y a la vez con alto ingreso per capita. Esto indica que la regla de que las curvas del homicidio y del ingreso per capita se cruzan se verifica, siempre que no haya una extrema polarización del ingreso y que el propio poder punitivo no obstaculice de alguna manera la tendencia general. Esta última es una razón más para reafirmar la cautela en el ejercicio del poder punitivo. Todo lo que los estados destinan a represión, por precario que sea, es muy caro, lo que no es un dato menor, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros países, que deben invertir en desarrollo e infraestructura. Todo lo que se destine a evitar violencia es economía en el mediano plazo, pues, por lo menos importa un ahorro en represión. Cuando se pregunta por las me-
didas preventivas concretas, las respuestas son vagas: se aconsejan medidas en salud, educación, asistencia social, deporte, etc. Siempre se supo que subiendo el nivel de vida baja el delito violento y sube el astuto; así lo señalaba Nicéforo hace un siglo (baja el homicidio y sube la estafa). Pero el criminólogo no se puede quedar sentado esperando que suba el producto aconsejando medidas de sentido común. ¿Qué debe hacer? Tomemos como ejemplo indicador el homicidio. El universo de homicidios dolosos de un país del Cono Sur no es muy grande. Escribamos en una planilla una docena de preguntas elementales: 1) lugar; 2) hora; 3) circunstancia; 4) relación entre víctima y victimario; 5) medio usado; 6) datos personales de la víctima (edad, estado civil, profesión, instrucción, domicilio, etc.); 7) del victimario; 8) informe socio-ambiental (en todos los expedientes se hace); 9) motivo presunto; 10) presencia de tóxico (alcohol, otros; en caso afirmativo grado alcoholemia si lo hubiera); 11) circunstancias en que se conoció el hecho; 12) hallazgo del cadáver. Si las respondiésemos en todos los homicidios y luego trabajásemos sobre los datos obtenidos, podríamos responder muchas preguntas interesantes: ¿Cuáles son los homicidios más frecuentes? ¿Por violencia familiar, celos, disputas entre borrachos, grescas entre bandas, robo, secuestro, etc.? ¿Qué perfiles tenemos de víctima? ¿Quiénes están en mayores riesgos? ¿En qué circunstancias aumentan los riesgos de victimización? ¿En qué segmentos sociales predominan unos y otros riesgos? ¿Qué perfil de victimario tenemos? ¿A qué faja etaria corresponden según los diferentes tipos
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de homicidios? ¿Qué signos de riesgo previos existen? Y muchas más. Además, si esto lo hiciésemos durante cuatro o cinco años, veríamos cómo varía la dinámica del homicidio en el país, cuáles aumentan, bajan y se mantienen. Es bastante sencillo y elemental. Pero nadie lo ha hecho. Si queremos ocuparnos de los adolescentes de barrios precarios en conflicto con la ley (no digo homicidas, porque el número es muy reducido y por lo tanto no significativo para extraer consecuencias generales), lo primero que observaremos es que –como es obvio– no todos los del barrio lo están, sino un grupo minoritario de ellos. Si formulásemos también una docena de preguntas y las aplicásemos a ese universo, nos resultarán las variables indicadoras de riesgo más frecuentes. Así, supongo que la deserción escolar puede ser un factor de riesgo, pero en verdad no lo sabemos ni tampoco en qué medida incide. Puede ser más importante la procedencia de un hogar violento o el uso de tóxicos por los padres, no lo descarto, pero estas son hipótesis y no verificaciones, cuando de estas últimas es de lo único que pueden resultar los indicadores de los aspectos de mayor relevancia preventiva y sobre los cuales se debe actuar. Sabemos que si mejorásemos todo tendríamos menor número de homicidios y de muchachos en conflicto con la ley, pero no podemos mejorar todo, de modo que de momento debemos saber dónde poner la mayor atención y destinar los mayores esfuerzos. ¿Será muy difícil hacerlo? ¿Costará millones y millones? No, no costaría ni un 1% de lo que se invierte en seguridad, pero nos serviría para
invertir de la manera más eficaz el 99% restante. Por supuesto que se trata de datos groseros, y ejemplifico sólo para dar una idea de metodología. La misma se podría seguir en violencia intrafamiliar o de género, en muertes de tránsito, en robo de automotores, de lesiones en riña, en la disposición de denunciar, en zonificaciones por delitos, en estafas, en abigeato, etc. Nadie puede prevenir si antes no agota los recursos técnicos para saber qué es lo que debe prevenir. No hay táctica posible sin un cuadro de situación. Esto parece tan elemental que no encontramos más argumentos para reforzarlo: muchas veces la evidencia obstaculiza la argumentación, porque nadie se ocupa de lo evidente; nadie hace una tesis para demostrar que los objetos pesados caen hacia abajo. El cuadro de situación se configura en base a muy pequeños cuadros locales, que en ocasiones detectarán marcos conflictivos sobre los que se puede actuar, como la inmediatez de viviendas de clase media o alta con barrios precarios. Hay líderes, personas respetadas, modos de establecer puentes de comunicación: si tenemos que vivir juntos no nos matemos, veamos cómo hacerlo, qué intercambiar. La prevención de la violencia no dista mucho de requerir un modelo análogo al sanitario. Sería inimaginable un sistema de salud en que cada funcionario decidiese cómo invertir según su personal evaluación. En zonas con enfermos de Chagas-Mazza tendríamos hospitales llenos de quirófanos vacíos, porque el proyectista es cirujano. Vacunaríamos o no, según lo que reclamen los medios, formaríamos especialistas que no tendrían trabajo, enviaríamos tomógrafos don-
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de no hay electricidad. Cualquier medio masivo de comunicación denunciaría brotes y epidemias, las personas tendrían pánico al viajar, desinfectarían los zapatos cuando entran a sus casas. Esto, que sólo es un disparate imaginario, no dista mucho de lo que hacemos en materia de prevención de la violencia. No hay estadísticas ingenuas ni investigaciones objetivas en el sentido de ciencia pura. Todas tienen una intencionalidad, de modo que, para evitar confusiones es menester precisar qué se busca y qué se quiere obtener, lo que si bien es elemental en toda metodología de investigación, en la criminología cautelar debe subrayarse, para que quede bien manifiesta: la prevención de la violencia con el objeto de abatir sus índices de producción de cadáveres. 57. La dignificación policial La criminología cautelar debe prestar especial atención a las policías, que en nuestra región padecen diferentes grados de deterioro, que será menester diagnosticar para emprender un proceso de reconstrucción institucional. El investigador deberá desdramatizar muchas situaciones, porque el oncólogo que se desmaya cuando mira la radiografía no sirve. Lo hecho está hecho, las policías están en buena medida autonomizadas, los ámbitos de recaudación se han permitido. Con escándalo y reacciones espasmódicas y contradictorias nada se puede resolver sin un previo análisis de la realidad y una táctica de rectificación adecuada. Salvo los casos intolerables, no se trata de imputar a personas, pues éstas se formaron en instituciones que la política descuidó
Cuatro miércoles / 18 / julio / 2012 durante muchas décadas; los deterioros tienen causas estructurales que son a las que se debe apuntar. En principio, no todas las policías de la región padecen el mismo grado de deterioro, lo que ni siquiera sucede con todas las de un mismo país, en particular si se trata de un país extenso y federal. Por ende, se debe analizar cada caso y proceder a detallados diagnósticos particulares antes de tomar cualquier medida, especialmente porque la función policial no puede detenerse; es una nave que debe repararse en navegación, con todos los problemas que eso implica. Dos deben ser los objetivos para eliminar la recaudación autónoma: las formas de compensación legal antes de obturar los canales de recaudación ilegales y procurar la distribución equitativa de los nuevos beneficios legales. En este sentido, no cabe duda que la sindicalización del personal policial puede aportar soluciones más igualitarias. Debe tenerse en cuenta que los nuevos beneficios no pueden limitarse a mayores emolumentos, sino a un general cuidado de las condiciones laborales, sanitarias, asistenciales, previsionales, etc., lo que requiere un interlocutor que sea expresión de todo el personal. En la actualidad, la policía todo terreno tiende a desaparecer, reemplazada por policías especializados conforme a las diferentes funciones y, sobre todo, a la distinción entre la función de seguridad pública y de investigación criminal. La tecnificación policial no obedece sólo a mayores conocimientos, sino también a la formación cívica e ideológica del personal. Si bien en toda institución debe pri-
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mar un criterio pluralista, el límite son las ideologías incompatibles con la convivencia democrática y las garantías constitucionales. El personal debe formarse de preferencia en las universidades y no ser por completo entrenado en ghettos profesionales; esto permitirá abatir prejuicios absurdos y destruir estereotipos. Por otra parte, el personal policial es muchas veces la más próxima representación del estado que tiene el habitante –y a veces la única–, por lo cual debe tener un mínimo de entrenamiento para manejar la conflictividad cotidiana, aconsejar, orientar a la población, derivar los planteos a las diferentes agencias del estado con capacidad para resolver. La comisaría, la escuela, el hospital y el municipio deben coordinarse, porque de eso depende que se resuelvan muchos conflictos que de otro modo pueden volverse violentos e incluso costar vidas humanas. Los cuerpos policiales no deben ser demasiado numerosos, pues números tan excesivos que incluso superan en algunos países los de las fuerzas armadas, dificultan en extremo toda posibilidad de control. Debe suprimirse la pura meritocracia estadística, que deriva en prácticas viciadas. El control de la calidad del servicio debe ser valorado conforme a criterios de eficacia preventiva y no de puro número. En definitiva, si en un circuito policial no sucede nada grave, es natural que tampoco haya un número elevado de procedimientos. La regla de oro debe ser la
menor molestia posible a la población. Con lentitud pero sin pausa se debe pensar en una aproximación al modelo comunitario, a una policía con inserción barrial, municipal, local, porque para la prevención es fundamental la imagen pública de la policía y ésta se construye localmente, genera confianza con su actuar y su buena inserción en el medio. Si bien en nuestros países no sería muy imaginable la elección popular de los jefes policiales, no estaría demás pensar en consultas locales acerca de la evaluación pública de las policías y en consejos de vecinos, puntos de encuentro con instituciones públicas y privadas, ONGs locales. Es altamente recomendable que
la criminología cautelar reúna los datos sobre cada organización policial en forma de survey, valiéndose de todos los medios técnicamente conocidos: documentos e información oficial, entrevistas anónimas con personal subalterno, con las cúpulas, las víctimas de delitos, las personas que hayan sufrido detención, la población, análisis de los sueldos para establecer si ha habido deterioros en cuanto a la capacidad real de compra, análisis de las sanciones y de las bajas, entrevistas con personal retirado, etc. Sólo después de obtener este survey sería prudente ensayar una táctica de transformación con menores riesgos. Toda modificación de las condiciones laborales debe explicarse muy claramente a todo el personal,
pues de lo contrario se corre el riesgo de que las cúpulas o algunos grupos internos hagan correr versiones alarmistas o rumores apocalípticos con el objeto de generar malestar y resistencia. La operatividad del sistema penal cambiará fundamentalmente con la modificación de las estructuras de estas agencias, porque su extracción social y la proximidad al conflicto real la colocan en mucha mejor situación para comprender su naturaleza; no olvidemos que el movimiento de desmanicomialización lo impulsaron los enfermeros. Las opiniones concretas del personal policial, contra todo lo que el prejuicio corriente puede hacer creer, son con frecuencia mucho más cautelares que las que provienen de los integrantes de los otros segmentos del sistema, que guardan una considerable distancia de la realidad conflictiva. 58. La prisión como factor de riesgo Dado su efecto reproductor, la prisión es otro factor específico de riesgo. Varios son los interrogantes al respecto: ¿No hay en realidad otra opción que la contención de seguridad en jaulas de oro psicotizantes o en campos de concentración? ¿Era totalmente falsa la ideología “re”? ¿No tiene remedio la crisis del discurso del personal penitenciario? No lo creemos así. Pero veamos. Si por ideología “re” se entiende que el preso debe tratarse como un aparato peligroso a ser introducido en un taller de reparaciones para
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devolverlo en condiciones de circular, esto no sólo es falso sino también inhumano y, además, de imposible funcionamiento. En este sentido no hay ningún fracaso, sino que nunca funcionó ni podía hacerlo. Los republicanos norteamericanos no descubrieron nada nuevo, sino que tomaron como pretexto lo que todos sabíamos y, precisamente por eso postulamos siempre que la prisión se usase en la medida exactamente inversa a la que ellos practican, o sea, mínima e indispensable, como último recurso. Con ese objeto se ampliaron en abanico las instituciones que primero se inventaron para reducir la prisionización, o sea, la condenación y la libertad condicionales. Eso dio lugar a las llamadas penas alternativas, que es preferible llamar penas no privativas de la libertad. Se introdujeron en muchos códigos, pero a poco causaron una general desilusión, porque los tribunales fueron remisos a usarlas y en lugar de despoblar las prisiones funcionaron como una ampliación de la red punitiva, o sea que siguió subiendo el número de presos y además se aplicaron estas penas no privativas de libertad. Desde entonces pensamos que el único modo de reducir la prisionización es el establecimiento de cupos, o sea, determinar cuál es la capacidad de cada establecimiento y limitar el número de presos a esa capacidad, sometiendo al resto, en orden de menor gravedad o mayor proximidad al egreso, a penas no privativas de libertad. Como hay una general resistencia a esta solución, las cárceles se siguen degradando con el consiguiente efecto reproductor. En los foros mundiales de gobiernos, como los congresos de la
Seis miércoles / 18 / julio / 2012 ONU, los representantes de los países centrales se niegan a proyectar cualquier tratado que los obligue a un mayor control de las prisiones, pese a que los organismos de derechos humanos dependientes de la propia ONU formulan frecuentes condenaciones a los estados en este sentido. En algunos países la situación ha alcanzado límites insólitos, porque funciona un sistema de cupos de facto, porque sus prisiones están tan superpobladas que no caben más presos ni siquiera en las condiciones más deplorables, por lo cual las órdenes de detención se cumplen a medida que se producen nuevas vacantes en las prisiones, que se llenan mediante la selección que llevan a cabo las policías, lo que les abrió una nueva fuente de recaudación autónoma. De toda forma, el futuro de las prisiones es incierto. Con una nueva generación de chips se podrá monitorear a una persona sin necesidad de institucionalizarla, demarcándole circuitos de circulación y provocándole sensaciones paralizantes o dolorosas si se aparta de ellos, lo que no es un buen panorama futuro por cierto, dado que el número de presos tiene límites presupuestarios –aún en los Estados Unidos–, en tanto que el control electrónico puede ser mucho más barato y generalizado. Sin duda habrá empresas interesadas en vender por lo menos un chip por habitante. Tampoco se sabe qué sucederá cuando se caiga el sistema. Pero todo esto pertenece al ámbito de la futurología pesimista y no quiero deprimirlos más. Volvamos a nuestro tiempo. Dijimos que el personal penitenciario se halla anómico ante la crisis de los discursos “re” y afir-
mamos que no es la pura prisión de seguridad la única alternativa. Lo cierto es que nos hallamos ante un número de personas institucionalizadas y debemos pensar qué hacer, cómo tratarlas, pues un trato es menester dispensarles. La población de nuestras prisiones se compone en su mayoría de infractores contra la propiedad y de pequeños pasadores de tóxicos prohibidos. Dejo de lado otros casos, que representan una minoría, algunos más problemáticos por su sintomatología, otros menos, porque son agresores u homicidas ocasionales, que seguramente no volverán a la prisión. El carne de cárcel, que vuelve una u otra vez hasta que –como vimos– se cae del estereotipo por edad, es en nuestra región el delincuente contra la propiedad y el pequeño comerciante de tóxicos o las mulas usadas por otros. Son infractores que han hecho de sus ilícitos una forma de sobrevivir, por cierto que nada fácil y bastante deteriorante y dañosa. Estas personas no llegan a la cárcel por lo que hacen, sino porque eligieron mal una forma de superviviencia. Los white collar realizan conductas más dañosas, pero sólo excepcionalmente llegan a la prisión, porque los presos no saben usar medios muy sofisticados y, como vimos, son primitivos, poco menos que se entregan al poder punitivo, llegan enmarcados con un estereotipo inconfundible, casi ataviados con un uniforme de su actividad. En la prisión se les debe deparar un trato. ¿Cuál? La anomia del personal penitenciario responde a que el discurso “re” lo coloca frente a una misión imposible. No obstante, a veces sucede que el preso no vuel-
ve más y estos casos son considerados como “éxitos resocializadores”. ¿Pero en verdad es la ideología “re” que ha funcionado o es otra cosa? ¿No será algo diferente que han hecho sin darse cuenta del todo? ¿No estarán haciendo prosa sin saberlo? Creo que sí. Cuando reparamos más cercanamente en estos casos vemos que se trata de supuestos en que la persona ha cambiado su autopercepción; en lugar de reforzar la introyección del estereotipo conforme a las demandas del rol desviado, se percibe a sí mismo de otro modo y elabora un proyecto existencial diferente. Si se quiere llamar a esto re-algo no me opongo, pero lo importante es que nos demos cuenta de qué se trata. En estos casos el preso ha aprendido que asumiendo el rol conforme al estereotipo, lejos de desempeñar el papel de macho, fuerte, valiente, desafiante, vivo, que se las sabe todas, en realidad ha cumplido el papel de tonto útil al poder punitivo. Se ha dado cuenta de su desvío y de que le engañaron y le hicieron tomar el camino errado por el que sólo puede construir su propia ruina y jugar a favor del poder punitivo. Fue víctima de una mala pasada, de una elección existencial tremendamente catastrófica en lo personal. No porque ha sido malo, sino porque ha sido tonto. En principio, cabe presuponer que el trato humano y no degradante impone velar ante todo por la vida y la salud del preso. Pero esto es sólo un presupuesto bastante elemental, aunque no siempre observado, a juzgar por el alto número de muertes violentas en las prisiones, incluso en sistemas más o menos cuidados. Pues bien, contando con ese presupuesto elemental no siempre observado, lo cierto es que nadie pue-
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de obviar los efectos estructurales de la prisión que responden a su esencia de institución total, pero pueden hacerse grandes esfuerzos por no acentuarlos y, básicamente, eliminar del trato todo lo que contribuya a degradar la autopercepción, a lesionar su dignidad en una medida mayor que la impuesta por el hecho de estar preso. Nunca he sabido, por ejemplo, por qué se somete a revisiones vejatorias a las visitas, cuando es más sencillo revisar al preso antes de devolverlo al pabellón. Tampoco entiendo por qué forma parte del folklore penitenciario que las requisas se hagan con un ruido infernal y arrojando todas las pertenencias de los presos al piso. Si el preso por infracciones de supervivencia está preso, no tanto por lo que hace sino porque lo hace mal, porque ha elegido un camino para sobrevivir que lo lleva a su destrucción y que es funcional a la legitimación del poder punitivo, lo cierto es que está preso por su vulnerabilidad, de la que forma parte central la introyección del estereotipo, o sea, su propia autopercepción, que le otorga un alto nivel de vulnerabilidad frente al poder punitivo. Si el preso está preso por su vulnerabilidad, de lo que se trata (llámeselo re-algo o como se quiera) es de ofrecerle –no imponerle– la oportunidad de elevar su nivel de invulnerabilidad, no conforme al precepto sé bueno, sino no seas tonto. Algo así como: eres un ser humano, tienes que darte cuenta que esa imagen que te construiste de ti mismo es falsa, te degradas a ti mismo y te haces funcional al poder, te hacen creer sabido y te usan como gil, te están usando, explotan tu ingenuidad. Te ofrecemos la oportunidad de que te avives. ¿Te hacen creer que la pró-
xima va a ser la buena? No, no hay buena, es una trampa más. Los que la hacen bien no vienen aquí. Esto es lo que a veces se hace sin saberlo y son los casos de resocialización que muestra el personal, que en verdad son resultado de un aumento de su nivel de invulnerabilidad. Si un preso ingresa casi analfabeto y egresa como ingeniero electrónico, se ha logrado cambiarle su autopercepción, expulsar de su interior el estereotipo introyectado y, consecuentemente, elevarle su nivel de invulnerabilidad frente al poder punitivo; quien expulsa al estereotipo de su interior también lo hace de su exterior, pues comienza a sentirse portador de un disfraz. No es nada sencillo llevar a cabo esta tarea. El impacto de la revelación del engaño manipulador del poder punitivo puede ser fuerte, el estereotipo se resiste a esta suerte de exorcismo. Cuando alguien se siente defraudado, estafado, víctima de un engaño, de una traición, sea en la amistad, en el amor o en el dinero, se deprime. Mucho mayor debe ser la depresión cuando se trata nada menos que de la elección existencial misma. Todo dependerá de que la introyección haya sido muy prematura, preparada desde la niñez, o sufrida posteriormente y en forma más o menos súbita, de la fragilidad de la personalidad, del grado de inmadurez afectiva. De no llevarse a cabo con el cuidado necesario y por manos técnicas, la duda respecto de la elección puede llevarlo a reafirmarla mediante un hecho violento y absurdamente suicida. No es fácil aceptar que la perversidad del poder punitivo le ha engañado y usado como una cosa sin valor
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hasta el extremo de llevarlo al fondo social de marginado entre los marginados, de excluido de los excluidos. Este trato que ofrezca –insistimos en que no se trata de imponer– la posibilidad de superar el alto nivel de vulnerabilidad, requiere una técnica, una suerte de clínica de la vulnerabilidad, en la que, por supuesto, los psicólogos tienen un amplio campo de acción especializada. Conozco la tradicional desconfianza crítica respecto de la clínica criminológica, pero hay una diferencia sustancial con esa vieja clínica, que buscaba la criminogénesis individual para tratarla, pues lo que proponemos es una clínica que busque y trate la prisiogénesis. Personalmente –y pese a que conozco los prejuicios de las escuelas psicológicas– creo que no saldría sobrando que quienes encaren esta tarea le echen una buena leída a los escritos de Viktor Frankl, aunque no se comparta su marco teórico, porque la experiencia vivencial que reflejan es muy importante para colocarse en la situación del otro. De cualquier manera, un trato y una clínica de la vulnerabilidad son posibles y su teorización tendría enorme valor para dotar de un nuevo discurso no contradictorio al personal penitenciario. Si se quiere sostener que sería una nueva versión de re-algo es una cuestión opinable y terminológica, pero lo cierto es que no se trata de ninguna empresa imposible, sino altamente digna para revalorar la difícil tarea del personal penitenciario. Equipo de trabajo:
Romina Zárate, Alejandro Slokar, Matías Bailone y Jorge Vicente Paladines
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