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política
Opinión
Gabriel Boragina
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Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas.
Me he referido otras veces a este asunto pero en forma tangencial y -en general- concerniente a determinados temas puntuales (por ejemplo, el cierre del banco central)[1]. Separemos las cuestiones:
¿Qué es un legislador liberal?
Según la mayoría de la gente cree que un ‘’legislador liberal’’ es el que únicamente puede surgir de un ‘’Partido Liberal’’, en especial de los que en alguna parte de su nombre oficial tengan las palabras ‘’liberal’’, ‘’libertad’’ o similares. Esto es un gravísimo error. Muchos partidos que han tenido o tienen actualmente expresiones que incluyen los términos indicados no sólo no son
El legislador liberal
liberales sino que hasta incluso adoptan posturas francamente antiliberales. Lo primero para ser legislador liberal es -precisamente- ser liberal de palabra y de conducta, lo que no es monopolio de ningún partido político, ni tiene relación alguna con el nombre del partido en cuestión. Las ideas liberales deberían impregnar a todos los partidos políticos, siendo deseable incluso que lo hicieran en aquellos de origen socialista. Esto no es utópico. Ya ha ocurrido. Un caso célebre fue el PSOE español en la época de Felipe González, que, de la mano de su entonces ministro de economía, Solchaga Catalán, debió haber sido el primer Partido Socialista que en el gobierno se vio (ya fuera forzado o convencido) decidido a adoptar ciertas medidas de corte liberal. En Argentina, pasó algo levemente parecido durante el primer gobierno peronista de Menem. Por la misma vía de razonamiento, es preferible la proliferación de múltiples partidos liberales, y no, como sostienen algunos, un partido único liberal. Es realmente patético que alguien que se diga a si mismo ‘’liberal’’ propicie en materia política un partido liberal monopólico.
¿Cuál es el papel de un legislador liberal?
Legislar implica una actividad que puede revestir dos modalidades: una positiva y otra negativa. Más del 90% de la legislación argentina hoy es de orden positivo, es decir, de leyes que imponen algo a alguien. El que impone es el legislador, y el sujeto impuesto (a quien se le impone) es el legislado (y lo impuesto es también a este último denominado ciudadano asimismo). Un legislador liberal no debería votar o proponer leyes del primer tipo (afirmativo) que imponen cargas u obligaciones a otros, que impliquen afectar derechos propios o de terceros, porque tales normas nada tendrían de liberales, en la medida que obligan a llevar a cabo o cumplir con ciertas conductas de orden positivo (de dar, de hacer, o de no hacer) no acordadas con terceros. Por descarte (y por doctrina) las leyes que debería votar o proponer, debe-
rían ser todas de orden negativo, es decir, derogatorias de leyes positivas o afirmativas. Por ejemplo, si un proyecto de ley crea y obliga a pagar un nuevo gravamen, el legislador liberal no sólo debería votarlo negativamente sino que debería proponer otra ley que derogue todas las demás leyes que hayan creado otros impuestos confiscatorios, excesivos o innecesarios. Su éxito como legislador, al final de su periodo, estaría determinado por la cantidad de leyes positivas que impidió que se sancionaran o de leyes negativas que consiguió que se aprobaran. De todos modos, las cosas no son tan sencillas.
Nuestra realidad
En el pasado fui entusiasta con la idea de que muchas medidas de corte liberal podrían ser más fácilmente tomadas si el liberalismo podía incorporar en el congreso nacional un número suficiente de legisladores liberales. Hoy me doy cuenta de lo simplista de mi suposición, dado que la cuestión es bastante más compleja de lo que entonces suponía. Los factores que complejizan el punto son de varios órdenes. Vamos a enumerarlos y tratarlos por separado seguidamente:
1. Factores supralegales
En el caso argentino el mayor obstáculo para una gestión legislativa liberal lo representa el texto mismo de la Constitución nacional luego de la desafortunada reforma ocurrida en 1994. El resultado de tal modificación fue una mixtura de normas que se superponen unas a otras en unos casos y se contradicen mutuamente en los restantes. Poco o nada queda de aquella maravillosa CONSTITUCIÓN liberal originaria inspira-
da por el genial Juan Bautista Alberdi. Como indiqué en la nota citada[2] el obstáculo mayor -a mi humilde modo de ver- lo representa el art. 75 inciso 19º en cuanto le confiere al congreso las siguientes atribuciones: ‘’19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento’’ Sin decirlo de esta manera, dicha norma le otorga rango constitucional al estatismo más rancio en todas sus formas, y no daría cabida a ningún proyecto de ley de contenido liberal. Para peor, tampoco es la única clausula en este sentido. Está más que claro que, ninguna ley del congreso puede obtener los objetivos programáticos que estatuye el inciso 19º. Sólo el mercado libre podría lograrlos. Sin embargo, la constitución no los pone en manos del mercado sino del congreso. Pero hay otros ingredientes de orden cultural que examinaremos a continuación rápidamente:
2. Educación cívica y constitucional
El otro punto problemático está constituido por el pavoroso desconocimiento e ignorancia del texto constitucional por parte de la población. No sólo el grueso de la gente ignora la Ley Fundamental sino que los más ignaros ‘’interpretan’’ o directamente inventan normas ‘’constitucionales’’ de acuerdo a lo que escuchan o ven en algún programa periodístico (de los muchos que consumen ávidamente durante todo el día) o leen en los diarios, o en las redes sociales. Este analfabetismo ciudadano puede tener que ver con la mentalidad fascistoide del argentino promedio y con la inobservancia de la misma constitución nacional durante largos periodos en la que fue desconocida por los propios gobiernos argentinos, tanto durante las numerosas intervenciones militares del pasado como en los gobiernos civiles de corte populista después de ellas. Incluso muchos que apoyan a cierto candidato ‘’libertario’’ de moda, parecen ignorar que gran parte de las propuestas de su ídolo chocan con varias cláusulas constitucionales, y -cuando se les hace notar este punto- no pocos de ellos sugieren que -en dicho caso- se deben ignorar o directamente pasarse por alto esos textos constitucionales, a fin de que su líder idolatrado quede con ‘’el camino allanado’’ y ‘’manos libres’’ para hacer lo que quiera, a la usanza de cualquier otro dictador populista de los tantos que han abundando en estas tierras.
[1] http://www.accionhumana.com/2022/10/ sobre-el-cierre-del-banco-central.html [2] Ver nota anterior.
Opinión
Marcelo Javier de los Reyes
Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).
Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado. Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa -y por ende el gobierno y la ciudadanía- deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana. Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país - italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas. El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue
Un enfoque equivocado
asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos -Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres- que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados. Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos (1). Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales» (2). En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández -hijo del intendente de San Martín de los Andes-, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres (3).
Los araucanos
Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmen-
Sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo.
te, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro» (4), es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches» (5). Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana. A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista -el más primitivo de los estadios religiosos- y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían. Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.
Aculturación e invasión de La Pampa
Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la
Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano. Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones -nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520- fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano); en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk«. Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadoresrecolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro «Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen», afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira. Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos. Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro «Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina» (6), que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro «La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores» (7). Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones
Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
«ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes. Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales,
La situación actual
Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán. Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «MapucheTehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano. Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice
Libro de Rodolfo Casamiquela “Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina”
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos. Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.
Libro de Roberto Edelmiro Porcel “La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores “.
