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DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN YUCATÁN

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) señala que las cinco principales causas de discriminación en Yucatán son ser pobre, la apariencia o vestimenta, tener alguna discapacidad, la preferencia sexual y ser indígena.

La Encuesta Estatal sobre Discriminación, a cargo del Centro de Investigación Aplicada de la Codhey, indica que 94.9 por ciento de los yucatecos ha escuchado sobre el tema de la discriminación.

Y aunque los habitantes de Yucatán consideran que en la entidad existe menos discriminación que en otras regiones del país, también reconocen que este problema ha aumentado en los últimos años.

Actualmente se han visibilizado casos de discriminación en centros de diversión para jóvenes, como fue el pasado mes de mayo, cuando "cadeneros" de un antro del norte de la ciudad prohibieron la entrada a un muchacho con discapacidad motriz.

De igual forma, asociaciones civiles y altruistas denuncian que empresas yucatecas discriminan a personas portadoras del VIH, frenando su contratación o siendo despedidos cuando sus jefes se enteran que padecen la enfermedad, aunque no presenten síntomas. Asimismo, se han reportado casos de discriminación hacia jóvenes por su preferencia sexual, como fue el caso de las preparatorias Uno y Dos de la UADY, donde directivos y profesores reprendieron a jóvenes del mismo sexo por sus manifestaciones afectivas en el Día de San Valentín de este año.

Sin duda, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, sobre todo las indígenas y del medio rural, las cuales desconocen sus derechos humanos, son víctimas de violencia de género y están al margen del desarrollo económico.

El mercado laboral yucateco prácticamente está cerrado para las mujeres transexuales.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación revela que 42.6 por ciento de la población indígena en Yucatán que en el último año solicitó información sobre algún trámite, servicio o programa de Gobierno, le fueron negados los datos, sin dar explicación alguna.

El estudio indica que los principales ámbitos donde las personas indígenas fueron víctimas de discriminación son en los servicios médicos, calle, transporte público y en la familia.

HOMOFOBIA

No obstante que en Yucatán se han aprobado leyes en favor de la comunidad LGBTI+, activistas aseguran que en la entidad se siguen violentando sus derechos.

En entrevista, el director de la Red de Personas Afectadas con VIH (Repavih), Pablo Alemán Góngora, afirma que en Yucatán las personas homosexuales siguen siendo objeto de discriminación.

Indicó que tienen una veintena de reportes de empresas yucatecas que suspendieron su relación laboral con personas portadoras del VIH, o bien, les exigen un certificado de salud a candidatos a ocupar puestos donde conste que no son seropositivos.

"Actualmente se han reducido los casos de discriminación a personas homosexuales que son portadoras del VIH, sin embargo, lamentó que todavía en Yucatán se presentan casos de despedidos en empresas cuando los jefes se enteran que alguno de sus empleados padecen la enfermedad”.

Afirmó que es necesario fortalecer campañas de información sobre el tema, porque se debe brindar las mismas oportunidades laborales a las personas infectadas con este virus.

Reconoció que hay avances para proteger y garantizar los derechos de las personas homosexuales, como es la ley que permite hoy el matrimonio igualitario, pero falta mucho por hacer por la comunidad LGBTI+.

"Los miembros del colectivo LGBTI+ no solo deben vivir con miedo a ser discriminados, sino que además sufren constantes amenazas de grupos radicales y homófobos", advirtió. En Yucatán, el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores domésticos avanza de manera lenta y la discriminación en su contra es una deuda histórica.

Al cierre del pasado mes de mayo, solo 700 de estas personas se encuentran afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando en la entidad 56 mil yucatecos y yucatecas se dedican a estas labores de forma remunerada.

Al respecto, Raquel Aguilera Troncoso, presidenta de la asociación Propuestas Sociales y Alternativas Sociales para el Desarrollo, señala que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela que en Yucatán hay más de 56 mil trabajadoras del hogar, no obstante, reconoce que el número de afiliación en al IMSS es muy bajo.

Manifestó que el padrón de trabajadores y trabajadoras domésticas, que se elaboró el año pasado, evidenció que estas personas son víctimas de violencia, discriminación y del desconocimiento de sus derechos laborales, como un trabajo remunerado que debe ser garantizado.

Indicó que se trata de un cambio normativo reciente en materia laboral y de seguridad social, que busca reivindicar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del hogar y exigir las obligaciones de sus empleadores.

Por ello, indicó que se requiere un cambio de mentalidad y de cultura laboral, tanto de los trabajadores como de los empleadores.

La activista precisó que este sector está conformado en su mayoría por mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, indígenas y provenientes de áreas rurales, las cuales no cuentan con prestaciones de ley, contratos por escrito, acceso a servicios de salud reproductiva y seguridad social, licencias de maternidad, acceso a servicios de cuidado para sus hijos e hijas, ni vacaciones pagadas.

Asimismo, indica que la principal razón de abandono del empleo de trabajadoras del hogar fue por que las condiciones laborales se deterioraron o implicaban riesgos personales o de salud, en el 67.5 por ciento de los casos. Además, su salario está por debajo del mínimo nacional y

Estudiantes luchan por erradicar de las instituciones la violencia de género y la discriminación.

enfrentan formas de violencia y discriminación en el trabajo, como despidos por motivo de embarazo, acoso y violencia sexual.

Comentó que esta situación de desventaja impide a quienes desempeñan esta labor tener acceso a oportunidades de trabajo digno y, en consecuencia, generar un proyecto de vida en condiciones de igualdad.

"Las personas trabajadoras del hogar viven una continua violación a sus derechos humanos”, puntualizó.

MUJERES TRANS

Las mujeres transexuales en Yucatán han provocado que terminen en una extrema exclusión social y discriminación, sobre todo en el mercado laboral, el cual prácticamente se encuentra cerrado para ellas.

Al respecto, la activista y coordinadora de Yucatrans, Asociación Transgénero, Muñeca Aguilar Martínez, consideró que las autoridades estatales deben incluir a las mujeres trans en su agenda política para no seguir provocando discriminación en la sociedad yucateca.

"Aun se cree que las personas trans son agentes de contagio de enfermedades de transmisión sexual o que incluso son portadoras de VIH, y eso trae como resultado que no puedan acceder a empleos dignos”, afirmó.

“Actualmente sólo podemos emplearnos en shows antreros, en la prostitución, como estilistas, costureras o siendo maestras de baile en fiestas de XV Años”, lamentó.

INFANCIA

En Yucatán existen políticas públicas en favor de la infancia, sin embargo, un amplio sector de esta población, sobre todo indígena, es objeto de violencia, discriminación y abuso físico y psicológico, situación que quedó evidenciada durante el confinamiento que impuso la pandemia. Al respecto, el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán advierte que en el Estado hay niños y niñas que están protegidos por sus familias en cuanto a vivienda, alimentación y salud, mientras que otros, como infantes indígenas de municipios del interior de la entidad, carecen de todos estos derechos.

Mientras haya violencia institucional en cuanto a la impartición de justicia y exista falta de recursos para la niñez vulnerada no se harán valer los derechos sobre las infancias", indicó Gina Villagómez, representante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán.

Afirmó que la pandemia derivó en una situación de violencia institucional hacia los niños y niñas mayas, pues muchos fueron discriminados de la educación a distancia por carecer de herramientas tecnológicas, lo que hoy ha derivado en un grave rezago educativo en el nivel básico.

RACISMO

Jorge Fernández Mendiburu, representante del Grupo Indignación, señala que existe un retraso importante en Yucatán para prevenir el racismo y la discriminación. El activista reconoce que en Yucatán no hay instituciones que hagan un trabajo de difusión y registren casos de discriminación y de racismo, esto a pesar de que hay una ley para prevenir la discriminación en el Estado.

Manifestó que en Yucatán no hay una comisión específica para prevenir el racismo en los términos que establece la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Insistió que en el Estado no hay una institución sólida con una ley fuerte para prevenir, documentar y sancionar la discriminación, aunque el Gobierno Estatal tiene la obligación de combatirla.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Aunque la iniciativa privada y el Gobierno Estatal realizan esfuerzos por la inclusión, en Yucatán las personas con discapacidad son víctimas de discriminación laboral, pues apenas representa el 4.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en la entidad.

Un amplio sector de la población infantil, sobre todo la indígena, es objeto de violencia, abuso físico y psicológico.

Por ello, ambos sectores buscan ampliar la oferta laboral entre la población vulnerable con plazas en las áreas de producción, administración y de todas los niveles de las empresas.

Al respecto, la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iipedey), María Teresa Vázquez Baqueiro, indicó que el último Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que 196 mil 683 personas con alguna discapacidad se declaran aptos para desarrollar una actividad económica, pero 2 mil 22 dicen no estar empleados en la actualidad.

ÁMBITO UNIVERSITARIO

En los últimos años ha tomado fuerza la lucha de los estudiantes universitarios por erradicar de las instituciones la violencia de género y la discriminación.

Por ello, a principios del mes de junio, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) presentó una propuesta para fortalecer el protocolo para atender, prevenir y sancionar la violencia de género y la discriminación.

Al respecto, el rector de la UADY, José de Jesús Williams, afirmó que la propuesta se encuentra en la Comisión Permanente Legislativa para evitar estas conductas en la institución.