Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE El trato discriminatorio del Estado en su conjunto hacia las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar y la negativa, muy notoria en los últimos años, a avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales, preocupa profundamente a quienes trabajamos por impulsar una agenda para la igualdad en México. El proyecto de sentencia propuesto (Amparo Directo 9/2018) en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evidencia una vez más la discriminación estructural de la que son objeto este grupo poblacional, en su mayoría mujeres de escasos recursos. Legitima un trato asimétrico en materia de seguridad social argumentando que el tipo de labor que realiza este grupo de trabajadoras es de carácter especial y que por ello deben negárseles los derechos sociales de los que son titulares el resto de personas trabajadoras formales. Consideramos que la SCJN elude la situación de desventaja en la que objetivamente se encuentran este grupo de trabajadoras dada su condición socio-económica y la naturaleza irregular de la relación laboral producto de nuestras leyes federales. Con ello, legitima la permanencia de un orden jurídico que obstaculiza su acceso a una vida digna. Asimismo, juzgamos desalentador que determine que el régimen voluntario de seguridad social cumple con los estándares constitucionales y convencionales del derecho humano a la seguridad social, cuando éste las excluye del acceso a prestaciones fundamentales como guarderías y deja a voluntad del empleador el otorgar o no la inscripción. Además, la negativa o dilación inexplicable del Ejecutivo a enviar el Convenio 189 de la OIT al Senado para su ratificación, revela la falta de voluntad política para sentar las condiciones de igualdad necesarias para combatir las graves prácticas discriminatorias hacia las trabajadoras del hogar. El Poder Legislativo, por su parte, ha demorado en legislar los cambios necesarios a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para terminar con esta desigualdad de trato contraria al mandato constitucional de Derechos Humanos. Hacemos un llamado urgente al Estado en su conjunto para revertir desde ahora las prácticas discriminatorias que históricamente han atentado contra los derechos fundamentales de una de las poblaciones más vulneradas, y que han colocado a México en una posición vergonzosa y de retraso internacional en el reconocimiento y protección de los derechos de este sector.
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