Reforma administrativa arriesga la llegada de nuevas empresas

En riesgo. La iniciativa de AMLO pondrá en duda la relocalización de empresas que buscan mudarse de Asia a nuestro país

JESSICA MARTÍNEZ

La iniciativa de reforma en materia administrativa que fortalece la rectoría del Estado sobre particulares, ha causado preocupación en representantes de la iniciativa privada quienes han advertido posibles afectaciones en las inversiones, tras la falta de certidumbre jurídica.

Y es que empresarios señalan que las reglas en negociaciones, son elementos claves que se establecen en los tratados internacionales –como el propio T-MEC– y que buscan los inversionistas en la relocalización de las cadenas de valor en el país (nearshoring).

A finales de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa que, entre otras facultades, amplía el margen a las nuevas empresas para la revocación de contratos, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias.

El proyecto también plantea que en los contratos con la Administración Pública deben incluir de manera obligatoria la “cláusula exorbitante” en la que “el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público, general o social”.

“La presente iniciativa obedece al mandato constitucional de cuidar los recursos del erario en la contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas, al fortalecer la noción del contrato administrativo como aquel que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público”, se lee en el documento.

Mariano Calderón, socio de la firma de abogados Santamarina y Steta consideró que la iniciativa es sumamente desafortunada y va en contrasentido con el entorno económico del país y de la oportunidad de la llegada de nuevas inversiones por el nearshoring.

“Lo que buscan todas estas inversiones es certidumbre y seguridad jurídica y esta iniciativa genera el efecto contrario: abona a un elevadísimo grado de incertidumbre, a una absoluta inseguridad jurídica y abre la puerta a las actuaciones más discrecionales y arbitrarias por parte de la autoridad administrativa federal”, señaló.

INICIATIVA. Buscan cambios a la ley que afectarán nuevas inversiones en México.

“Por un lado decimos que estamos abiertos a la inversión y ávidos de recursos y queremos subir a esta ola del nearshoring, pero al mismo tiempo estamos pisando el freno generando incertidumbre e inseguridad jurídica, atentando contra la libre competencia, la libre concurrencia, contra la libertad de empleo, contra una serie de principios fundamentales que es lo que busca todo inversionista”, añadió.

“Se está pretendiendo una regresión en materia administrativa para darle la más amplia libertad, facultad y discrecionalidad al gobernante en turno de decidir qué en su opinión corresponde el interés general, el orden público y hacia qué pueden o no pueden hacer los inversionistas privados buscando

Se acaba el tiempo para un arreglo energético con EU

Los Numeritos Enrique Campos

Cualquier mañana de estas vamos a despertar con la noticia de que el Gobierno de los Estados Unidos va a poner al régimen de Andrés Manuel López Obrador un plazo fatal para que retire las trabas de acceso a las empresas de energía de América del Norte o bien se prepare para enfrentar un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC.

Fue en julio del año pasado cuando los gobiernos de Joe Biden y del canadiense Justin Trudeau emplazaron a México para iniciar plá- ticas conciliatorias referentes a las trabas que el Gobierno de López Obrador había impuesto a las inversiones privadas en el sector energético, tanto eléctrico, como petrolero y minero.

El reclamo era sencillo, no podría el régimen mexicano imponer nuevas reglas a través de decretos y leyes secundarias que son claramente violatorias de la propia Constitución mexicana y de los acuerdos internacionales entre ellos, y destacadamente, el acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC.

Cuando la entonces secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fue a explicar al Presidente que había razones jurídicas en los argumentos de sus contrapartes por los actos de discriminación, simplemente la corrieron de su puesto. López Obrador se encargó de mostrar su animadversión a su fiel colaboradora con el rechazo a un abrazo frente a las lágrimas de la ya exfuncionaria. Para ganar tiempo, López Obrador designó a su muy eficiente cobradora de impuestos, Raquel Buenrostro, quien con un equipo nuevo tuvo que llegar a aprender el ABC de las relaciones comerciales internacionales.

La estrategia presidencial ha sido acercar a algunos pocos empresarios extranjeros del sector energético a Palacio Nacional para arreglarse cara a cara sobre contratos de proveeduría, pero sin resolver el fondo de la disputa, algo que ha resultado inadmisible para el resto del sector y mucho menos para los políticos de Washington DC.

Así que tanto demócratas como republicanos creen que ya ha sido suficiente y piden que Joe Biden le ponga un alto a López Obrador con un ultimátum que, al parecer, está a punto de llegar con la contundencia de pedir el final de la discriminación empresarial de forma inmediata o el establecimiento de un panel.

No hay muchas dudas que una medida coercitiva a través de los mecanismos del acuerdo comercial sería de altísimo costo para los ex- siempre un beneficio y poner en ventaja al Gobierno frente al sector privado”, señaló. Y es que, en la iniciativa signada por el Presidente de la República, no existe ninguna definición que delimite bajo qué condiciones se podría ver afectado el interés público, general o social, y que provoquen la finalización de un contrato o la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias. portadores mexicanos, porque nadie espera que la visión dogmática del régimen de López Obrador tenga ninguna posibilidad de ganar en un panel de arbitraje como el que estaría a punto de establecerse.

“Va a quedar a la decisión y a la voluntad individualísima del funcionario que esté sentado en ese momento en la oficina de Gobierno el decidir y calificar si algo es de interés público, si algo es de orden público o no, si algo pesa más para el interés social o no”, advirtió. En ese mismo sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) añadió en un documento, que la propuesta da paso a una amplia discrecionalidad por parte del Estado en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.

Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador del T-MEC para México acotó que la referida reforma es contraria a los compromisos del tratado trilateral y a los objetivos de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Discrecionalidad y opacidad en condiciones de contratos y concesiones igual a incertidumbre jurídica”, compartió en su cuenta de Twitter.

En la iniciativa de reforma que todavía no entra en discusión en la Cámara de Diputados y que fue propuesta a finales de marzo, también aborda el tema de las licitaciones públicas, formulando ampliar la adquisición de bienes del nivel nacional al internacional, cuando las investigaciones de mercado evidencien que se poder obtener mejores condiciones de precio, cantidad y calidad, con el objetivo de evitar prácticas consideradas “corruptas”. En este punto, el documento refiere el caso de las compras de medicamentos para el sector salud, en el que las empresas “concertaban entre sí los precios para obligar al Gobierno mexicano a adquirirlos a costos desproporcionados frente a los existentes en el mercado internacional”. La Iniciativa puede ser aprobada aún en este periodo legislativo que termina el próximo 30 de abril.

Pero hay algo más, el sector energético está constituido por empresas de gran tamaño en comparación con los productores agrícolas afectados por otra idea dogmática que entorpece el comercio con Estados Unidos.

También está cerca de explotar la bomba del maíz modificado genéticamente que el régimen de López Obrador no ha podido justificar con una base científica para pretender limitar su importación el próximo año.

El poder de cabildeo de los agricultores tiene un gran efecto en los políticos estadounidenses cuando se acercan los tiempos electorales y allá también van a las urnas el próximo año. Así que los temas comerciales están próximos a regresar a los titulares en nuestro país.

RECORTES. Otras consultoras han tomado recientemente decisiones similares al respecto.

EY despide a más de 3 mil empleados

La firma británica EY, que recientemente renunció a escindir sus actividades de auditoría y consultoría, anunció este lunes el despido de unos 3 mil empleados en Estados Unidos debido, en particular, a las “condiciones económicas” y al “exceso de capacidad” en determinadas actividades.

Esto representa menos del 5% de la fuerza laboral del país, dijo el grupo en un mensaje enviado a la AFP.

Otras consultoras han tomado recientemente decisiones similares, empezando por Accenture, que anunció un plan de ahorro a finales de marzo que prevé la eliminación de unos 19 mil puestos de trabajo, o el 2.5% de su plantilla, repartidos en los próximos 18 meses.

Según informes de prensa, KPMG también anunció en febrero su intención de despedir a unas 700 personas en Estados Unidos, o alrededor del 2% de su fuerza laboral, mientras que McKinsey planeaba recortar 2 mil puestos.

En EY, la gerencia dice que los recortes de empleo “son parte de la gestión diaria de nuestro negocio” y “no son el resultado de la revisión estratégica recientemente completada”.

El grupo, que había hecho oficial en septiembre su intención de separar sus ramas de auditoría y consultoría para poder adjudicarse contratos en una u otra de estas actividades sin tener que preocuparse por posibles conflictos de interés, incluso desistió finalmente tras la oposición de sus asociados en los Estados Unidos. / AFP

DIRECTO Y SIN INTERMEDIARIOS, LOS PRODUCTORES OBTUVIERON