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Solicitan que Pedro Castillo y exministros paguen S/68 millones de reparación civil por golpe
Medida alcanzaría a Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros para que abonen de manera solidaria dicho monto
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 11 votos a favor el dictamen que le permitirá a la presidenta Dina Boluarte despachar de forma remota cuando esté fuera del país, tras la propuesta que presentó el Ejecutivo a inicios de semana.
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presidentes en ejercicio, y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales”.
La Procuraduría General del Estado, a cargo del procurador Daniel Soria, ha solicitado 67.771.048 soles de reparación civil a favor del Estado por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
El requerimiento se hizo ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez su- premo Juan Carlos Checkley, quien deberá determinar si la referida institución es admitida como actor civil en el proceso por rebelión que se le sigue al exmandatario.
Además de Castillo, el monto requerido por la Procuraduría también sería abonado, de ser hallados culpables del fallido golpe de Estado, por los expremiers
Aníbal Torres y Betssy
Chávez; y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Mincetur).
Los exaltos funcionarios son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de rebelión, alternativamente por conspiración. Solo en el caso de Castillo Terrones se le investiga, además, por abuso de autoridad y grave pertur- bación de la tranquilidad pública.
Los cinco implicados en el fallido golpe de Estado se encuentran con medidas coercitivas dictadas por el Poder Judicial. Pedro Castillo es el único de este grupo al que se le impuso prisión preventiva por un periodo de 18 meses, los cuales los cumple en el penal de Barbadillo.
Fiscal Domingo Pérez presentó 144 elementos de convicción contra PPK
La defensa del exmandatario, exprimer ministro y exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, afirma que no existe ninguna prueba que demuestre que el imputado lavó dinero de presunto origen ilícito.
Según el requerimiento acusatorio del fiscal José Domingo Pérez, compuesto por 29 cuadernos y 5.668 folios, durante la indagación se obtuvieron 144 elementos de convicción que probarían que Kuczynski montó una organización criminal para aprovechar los cargos públicos y obtener beneficios ilícitos mediante supuestas “asesorías” a la constructora brasileña Odebrecht.
Pérez también acreditó 128 elementos de convicción contra el exsocio de
Kuczynski, el chileno Gerardo Sepúlveda Quezada; 32 contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner; y 121 contra su exchofer José Bernaola Ñufflo.
El fiscal atribuye a Sepúlveda, Kisic y Bernaola haber participado del esquema de corrupción que organizó Kuczynski, con la finalidad de presuntamente lavar alrededor de US$12 millones, producto de asesorías con Odebrecht para los proyectos IIRSA Sur 2 y 3; Trasvase de Olmos; Rutas de Lima y Transportadora de Gas del Perú.
El predictamen, que obtuvo también cinco votos en contra y 1 abstención, estuvo listo para su análisis 3 días después del ingreso formal del proyecto al Congreso.
El texto establece que “de no contar con vice -
En esta decisión, votaron a favor los congresistas Hernando Guerra García, Martha Moyano, Patricia Juárez, César Revilla y Arturo Alegría (Fuerza Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Luis Aragón (AP), María del Carmen Alva (AP) y Wilson Soto (AP), Álex Paredes Gonzales (Bloque Magisterial).
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó también la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de imponer mandato de comparecencia con restricciones a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán en la investigación vinculada al caso Lava Jato.
Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, Susana Villarán habría concertado con directivos de la empresa O.A.S Sucursal Perú y Lamsac afín de favorecer- los con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.
Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, Susana Villarán habría concertado con directivos de la empresa O.A.S Sucursal Perú y Lamsac afín de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012. | Fuente: Andina
