Edición Especial - Aniversario 78 años Comercio y Justicia

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1939 - 2017

78° ANIVERSARIO

Clima de negocios

Nuevas leyes buscan facilitar el comienzo y el desarrollo de actividades productivas y se perfila un escenario favorable para pequeños y medianos emprendedores. Paralelamente, las energías limpias captaron el interés de los inversores. La apuesta por las fuentes renovables plantea oportunidades y desafíos para distintos sectores.


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Índice

Editorial

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El nuevo paquete normativo. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Análisis de expertos: SAS y fideicomisos (Néstor Cáceres). ¿Una figura que alienta al emprendedor y también al evasor? (Marcos Sequeira)

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Capital de riesgo en Córdoba. Impulsada por políticas nacionales y locales, la industria del venture capital levanta vuelo. Los directivos de cinco firmas dan su visión sobre el contexto actual y hablan de sus planes.

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Varios son los temas que comenzarán a cobrar velocidad en la planificación del Gobierno para los próximos dos años. Incluso veremos algo de esa vertiginosidad en el período que resta de 2017 con cuestiones cuyos debates tendrán gran impacto en la vida de los argentinos. Superadas las elecciones Legislativas de medio término, la Administración nacional ya anticipó que les dará prioridad a los cambios que considera claves en sectores diversos. Las cuestiones coyunturales y urgentes a tratar -tales como metas de inflación y reducción de déficit- comparten agenda con modificaciones en la matriz energética, cambios en procesos jurídicos y las reformas tributaria y laboral reclamadas por algunos sectores, y ya anticipadas por el Gobierno. Este contexto plantea una posibilidad de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas y para los emprendedores. En ese marco, la provincia de Córdoba corre con ventaja: el ecosistema emprendedor cordobés es uno de los más consolidados en el país. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), la Ley de Emprendedores y la Ley Pyme (con poco más de un año de vigencia y con números que permiten pensar en un crecimiento positivo) constituyen un escenario de gran potencial para alrededor de cuatro millones de personas. Este suplemento de Comercio y Justicia se concibió con el espíritu de reflejar esas oportunidades de negocios. Pero también consideramos imprescindible aportar la visión de los especialistas sobre los riesgos y falencias que deben corregirse en esta ecuación por demás compleja. Es un gran signo de interrogación cómo se instrumentarán controles y normas que eviten la informalidad tributaria, permitan el acceso al financiamiento y aumenten de la formalización del empleo. Desafíos que intentamos reflejar en estas páginas. Pablo José De La Vega Editor

Energías renovables. EPEC busca hacer pie en fuentes limpias con varios proyectos. El sector productivo debe adaptarse a un sector muy competitivo. La oferta educativa se actualiza.

Staff

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Redacción Cecilia Pozzobon, Natalia Riva, Carolina Klepp, Alfredo Flury, Cristina Musteikis, Silvina Bazterrechea y Pilar Viqueira

Diagramación Luis Yong

Coordinación Editorial Pilar Viqueira

Corrección Alfredo Barrionuevo

Opinión. Los jóvenes abogados ante el desafío de innovar (Segundo Carranza Torres). Bajar impuestos para no asfixiar la iniciativa individual (Lis Carolina Dadá).

Fotografía Leo Luna

Producción comercial: Carlos Abriola y Jimena Arredondo

PROPIETARIO: Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda. - CUIT: 30-70797446-6 DIRECCIÓN: Consejo de Administración Comercio y Justicia Editores Coop. de Trabajo Ltda. Redacción, Administración y Talleres Gráficos:

Félix Paz 310, Córdoba, Tel/Fax 351 4880088 E-mail: redaccion@comercioyjusticia.info / comercial@comercioyjusticia.info

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Periódico elaborado con material reciclable. Colabore organizando su descarte junto a otros papeles, sin mezclarlo con materia orgánica, metales, vidrios, etc.

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Justicia 2020. Detalles del proyecto de ley que busca regular los procesos colectivos.

comercioyjusticia.info

cyjpuntoinfo

Diario Comercio y Justicia. Fundado el 2 de octubre de 1939, editado e impreso en Córdoba, República Argentina por Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda. Se prohíbe la reproducción sin citar fuente.


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SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. EL SISTEMA PROPICIA GESTIONES ÁGILES, SENCILLAS Y POR INTERNET

Una legislación que apunta a facilitar las actividades de los emprendedores LEO LUNA

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

El Poder Ejecutivo logró poner en marcha el nuevo tipo societario. El objetivo es que la gente que quiera hacer negocios ahorre costos y tiempo y lance su proyecto en horas. La modalidad rige sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero podría extenderse a todo el país en doce meses. En Argentina se crean unas 60 mil empresas por año y la meta es que, con las nuevas herramientas, sean más de 100 mil

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egún las estadísticas del Doing Business del Banco Mundial (BM) sobre qué tan fácil es hacer negocios en un país, Argentina está en el 116º puesto entre 190 países. En cuanto a buenas prácticas regulatorias en la región, figura 21ª entre 33 naciones. Las dificultades para los hombres y mujeres de negocios son diarias, y el presidente Mauricio Macri, quien proviene de ese sector, trató de revertir la situación. Por ello, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un paquete de leyes con el que buscaba darle impulso a la actividad emprendedora, basado en la premisa -varias veces repetida- de que las pequeñas empresas son las principales generadoras de empleo y, por ende, uno de los vehículos para combatir el desempleo y la pobreza. Entre ese grupo de normas figuraba la que posibilitaría la creación de empresas de manera simplificada. Luego de varios meses de tratamiento, el Parlamento sancionó la iniciativa y el Gobierno lanzó oficialmente el registro de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) a fines de septiembre. El nuevo tipo societario permite la constitución de firmas de manera sencilla, rápida y desde una computadora, ahorrando costos y haciendo menos trámites, limitando la responsabilidad al patrimonio que se aporte y sin necesidad de salir a buscar un socio.

Registro Como el registro de las SAS había sido puesto en marcha dos semanas antes, al momento de su presentación los funcionarios nacionales se dieron el luLa SAS tiene jo de informar sobre antecedente la habilitación de 146 en otros países. Por emprendimientos en Autónoma ejemplo, en Chile, el ladeCiudad Buenos Aires (CA40 por ciento de las BA) durante los 10 días hábiles previos, 750 mil empresas precisando que 40 informales que fueron unipersonales, una situación existían se “inédita” en la historegularizaron con ria argentina, según la creación de ese aseguraron. En ese sentido, el tipo societario. secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, precisó que hasta ese momento, desde la reforma del Código Comercial sólo había ocho. "En 15 minutos se pueden constituir este tipo de sociedades, y a las horas comenzar a operar y a pagar sus impuestos", dijo el ministro de

UNIPERSONALES. Cuando se presentó el registro ya había 40 firmas con un solo socio habilitadas en la ciudad de Buenos Aires.

Industria, Francisco Cabrera, ante la prensa, en el marco del acto realizando en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca. "Es un cambio sumamente interesante, ya que rompe el camino de obstáculos que tiene el emprendedor argentino para constituir una empresa", sostuvo. Por su parte, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, subrayó que el objetivo final de la nueva política en materia societaria es “generar inversión, crecimiento de la economía y más trabajo". En tanto, Germán Garavano, titular de la cartera de Justicia, subrayó que la implementación de las SAS es “muy importante”, y señaló que aunque se trata de una medida que “parece simple”, nunca antes se avanzó al respecto. Las SAS tienen antecedentes en otros países. En Chile, por ejemplo, 40 por ciento de las 750 mil empresas informales que existían se regularizaron con la creación de aquel tipo societario, y actualmente 67 por ciento de las nuevas firmas que se crean en el país trasandino se hacen con el formato de SAS. En Colombia, ese porcentaje asciende a 70 por ciento.

Beneficios Entre otros beneficios, la legislación

ARCHIVO TELAM

El Ministro de Industria, Francisco Cabrera, valoró que la implementación de las SAS "es un cambio sumamente interesante”, al romper el camino de obstáculos que tenía el emprendedor argentino para constituir una empresa. permite abrir una cuenta bancaria simplificada y digitalizar firmas, libros y poderes; incorporar uno o más accionistas y emitir acciones a diferente precio. Para ello se necesita un capital social equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El valor del trámite ronda cinco mil pesos, y contempla los gastos de inscripción y publicación automática en el Boletín Oficial. Además, la normativa posibilita que el costo de aquél se incluya como inteContinúa en la página 4

FRANCISCO CABRERA, ministro de Industria.


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Viene de página 3

chos y las eventuales pérdidas de legajos y de libros societarios”, acotó.

gración del capital inicial. Paralelamente, junto con la inscripción se obtiene el CUIT de la persona jurídica de forma automática. La cifra en juego para poner en marcha las compañías que adopten la nueva modalidad es considerablemente menor que la que se debe disponer para crear una Sociedad Anónima (SA), una figura que implica erogaciones por la escritura y honorarios de escribanos y gestores. El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Sergio Brodsky, resaltó la ventaja comparativa de la SAS respecto a otros tipos societarios. "Considerando el costo aproximado de la escritura pública, la publicación en Boletín Oficial y la compra de los libros físicos que requiere una SA, el costo total de constituir una SAS puede llegar a representar 75 por ciento menos que la primera", remarcó. Al respecto, Cabrera precisó que el

Visto bueno Los trámites abreviados para constituir sociedades tuvieron el visto bueno de los emprendedores (al menos, así surge de los últimos números que maneja la IGJ), y se enmarcan en la impronta modernizadora que la gestión de Macri intenta implementar en la Administración Pública. Ibarra afirmó que las SAS serán “un emblema” de lo que se puede lograr cuando el Estado se pone “al servicio de las verdaderas necesidades de los argentinos”. Al respecto, destacó que antes del régimen se tardaba entre 55 días y un año y medio para poner en marcha un negocio. "La velocidad no atenta contra el control", subrayó. En esa línea, detalló que en Argentina actualmente se crean unas 60 mil empresas por año y detalló que la meta es que, con las nuevas herramientas, sean más de 100 mil ■

COSTOS. Constituir una SAS puede salir 75 por ciento menos que una SA.

tema se trabajó en los ministerios de Industria, Modernización y Justicia, conjuntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con la Dirección de Inspección General de Justicia (IGJ) de la CABA. Expectativas Las expectativas que se generaron con las SAS son muchas. Cabrera declaró que “la creación del empleo ahora viene por el emprendedorismo” y subrayó que esa tendencia se verifica en países con economías estables, como Estados Unidos, en

donde casi la totalidad de los nuevos puestos de trabajo proviene de empresas con menos de cinco años de operatoria. “Hay un flagelo en la economía argentina que es la informalidad”, indicó, valorando que las SAS contribuirán a bajarla. A su vez, Garavano resaltó que que las SAS protegerán jurídicamente a las personas que empiezan negocios en sus hogares. “También se cumple con el objetivo de desburocratizar los procesos de creación de empresas y se agrega transparencia, ya que se eliminan las demoras de despa-

Mariano Mayer. Secretario de Pymes.

Cada provincia deberá adherirse a la nueva normativa. El secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, estimó que en el plazo de un año la modalidad estará en marcha en todas las jurisdicciones


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OPINIÓN

Normas que nos acercan al mundo

HAY ACUERDO. EL SISTEMA TIENE BENEFICIOS

Comparativamente, algunas ventajas ARCHIVO

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Por Alejandro H. Ramírez (*) PARA TÉLAM

Con la sanción de la ley de emprendedores Nº 27349, Argentina ha incorporado herramientas que facilitan la constitución, el desarrollo y el financiamiento de las pymes, poniendo al país a la altura de aquellos que más las apoyan en la región. Dentro de las herramientas creadas por la ley se destaca la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) como un nuevo tipo societario que se incorpora a las alternativas que tienen las pymes y los emprendedores al momento de comenzar una empresa. Las SAS otorgan un esquema sencillo, ONU. El organismo flexible y digital, que otorga ventajas frente destacó el rol de las pequeñas y a las figuras existentes. No debemos olvidar que el último ti- medianas empresas en la po societario pensado para las aqué- promoción de llas fue la Sociedad de Responsabili- la innovación. dad Limitada (SRL), creada en 1932 (ley 11645); es decir, hace 85 años, y modificada por última vez hace 34. Asamblea General de las Naciones Unidas, al La SRL nunca llegó a satisfacer por completo declarar el 27 de junio Día Internacional de las a las necesidades de las pymes y no logró su- Microempresas y las Pequeñas y Medianas perar, en varios aspectos, a las Sociedades Empresas, una resolución que fue impulsada Anónimas (SA). por la Misión Permanente de En este sentido, Argentina ante ese organismo la SAS está pensada internacional, con el apoyo Se les ha reconocido a específicamente del ICSB (International Counlas pymes y a los para brindar una escil for Small Business, por sus emprendedores el rol tructura jurídica mofundamental que tienen siglas en inglés) y copatrocinada luego por 45 países, que derna y flexible, que en toda economía. representan a más de cinco se ajuste a las neceEn el mundo, alrededor mil millones de personas. sidades de las pede 95 por ciento de las En mayo se celebró en la queñas compañías empresas es pequeñas o Organización de las Naciodel siglo XXI. Una de sus mamedianas y representan nes Unidas (ONU) la reunión yores novedades 70 por ciento del empleo del grupo de trabajo de “Microempresas y Pequeñas y es que en 24 hodel sector privado. Medianas Empresas”, en el ras el emprendemarco de la Comisión de las dor tendrá una sociedad lista para operar comercialmente Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, que está trabajando en la necesidad impeen el mercado formal. riosa de las economías en desarrollo de contar con una normativa que facilite el registro Ciudadano Se recibe el concepto de “ventanilla única” y se de las pymes, así como en la creación de ficentralizan en un solo paso los desgastantes guras societarias simplificadas. Las comisiones han tenido en cuenta la 14 que se debían hacer, los cuales podían llegar a tardar hasta dos años, cambiando el con- reciente sanción de la ley argentina de cepto de “ciudadano cadete” del Estado por el emprendedores, que ubica al país a la de Estado al servicio de los ciudadanos. vanguardia internacional. La importancia de facilitar la creación de nuevas empresas nace como un expreso Desarrollo sustentable pedido de la Asociación de Emprendedo- Todos estos trabajos se vienen desarrollando res de Argentina (ASEA), que como parte en función de los objetivos planteados por la de la Asociación de Emprendedores de La- ONU para la agenda 2030 de Desarrollo Sostetinoamérica ya ha impulsado medidas si- nible, en la cual se plantea la necesidad de centrar la atención en la importancia de las pemilares en Chile y México. Se les ha reconocido a las pymes y a los queñas y medianas empresas para promover emprendedores el rol fundamental que tie- la innovación y el trabajo en el mundo. Los beneficios que han creado las SAS en la nen en toda economía: más de 95 por ciento de las empresas del mundo es pyme y re- región son notables y la Organización de los presentan 70 por ciento del empleo del sec- Estado Americanos (OEA) también ha elaborado documentos recomendando adoptar figutor privado mundial. Ese dato fue destacado recientemente por la ras similares a la SAS ■ * Profesor de Derecho Societario de la Universidad Austral.

DIGITALIZACIÓN. Agiliza la constitución y el desarrollo del giro comercial.

Hay acuerdo respecto a que la nueva normativa sobre Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) tiene beneficios, al brindar simplicidad y agilidad a la hora de constituir, estructurar y desarrollar nuevas empresas. Los expertos en la materia coinciden al citar entre los principales beneficios de las SAS los siguientes: ■ Pueden ser unipersonales, a diferencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), que requiere por lo menos dos socios. Tampoco tiene un número máximo de integrantes, como ocurre en las SRL, que aceptan hasta 50. ■ Puede prescindir de la sindicatura, algo que la distingue de la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). ■ El capital social es muy bajo, siendo el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, mientras la Sociedad Anónima (SA) exige 100 mil pesos. ■ Puede constituirse por instrumento público o privado y el capital puede dividirse en acciones que, a su vez, admiten distintas clases (ordinarias, preferidas o escriturales), lo que no ocurre en la SRL. ■ La inscripción puede realizarse en 24 horas y se promueve la digitalización tanto de ese paso como de las notificaciones, lo que acelera significativamente todos los plazos de registración y de modificaciones estatutarias. ■ También está autorizada la integración de un aumento de capital inferior a 50 por ciento sin necesidad de publicar edictos. Las facilidad para hacer gestiones es otra fortaleza de la figura. La Inspección General de Justicia (IGJ) habilitó en la plataforma Trámites a Distancia (TAD) varias opciones para llevar a cabo gestiones vinculadas a la nueva figura, a saber: ● Transformación a SAS. ● Transformación de SAS a otro tipo societario. ● Apertura o cierre de sucursal en jurisdicción provincial de una sociedad domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). ● Apertura o cierre de sucursal en CABA por sociedad domiciliada en jurisdicción provincial. ● Traslado de domicilio. ● Aprobación de texto ordenado. ● Comunicación de manifestación. ● Solicitud de renuncia. ● Cancelación sin liquidación por inactividad. ● Disolución y nombramiento de liquidador. ● Liquidación y cancelación registral. ● Disolución, nombramiento de liquidador y liquidación y cancelación registral. Notificaciones En tanto, la IGJ informó que rige la modalidad electrónica, a través de la TAD, para los trámites de solicitud de informes, pedidos de copias (simples y certificadas) y certificados (de vigencia, de vigencia por cambio de jurisdicción, de domicilio, de medidas cautelares y de matrículas), y que los emprendedores podrán recibir notificaciones y documentos sin necesidad de concurrir al organismo ■


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FACILITACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SAS. CÓRDOBA NO SE ADHIRIÓ AL PROGRAMA DE LA NACIÓN

La Provincia aclaró que tiene plataforma propia para el registro de personas jurídicas LEO LUNA

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ace pocas semanas, el Ministerio de Producción de la Nación puso en marcha el Programa de Facilitación para la Implementación del Régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), con el objetivo de suministrarles a las provincias las herramientas necesarias para la constitución digital de estas firmas en sus registros públicos. Sin embargo, Córdoba no se adhirió al programa porque cuenta con su propia plataforma on line de registro de personas jurídicas, tanto para las SAS como para las Sociedades Anónimas (SA). Así lo confirmó a Comercio y Just ic ia el director General de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), Guillermo García Garro. “En el marco del Programa de Modernización e Innovación Tecnológica de la Provincia, la IPJ lanzó la plataforma en su sito web oficial, y desde allí se permite la constitución de Sociedad por Acciones Simplificada a través de Internet. Esto está vigente desde antes que la Nación lanzara este programa”, explicó García Garro. En tanto, detalló que, además, como se accede desde Ciudadano Digital, el sitio está vinculado a todos los trámites y organismos de la Provincia. En efecto, para ingresar a la opción on line de la IPJ se debe estar registrado en Ciudadano Digital, la plataforma que permite hacer trámites variados y obtener los servicios digitales que brinda el Estado local. Asimismo, para poder visualizar la aplicación de IPJ se debe ser usuario nivel 2 o superior. Según detalló el funcionario, para gestionar la constitución on line de SAS hay que elegir entre las opciones “Modelo Aprobado por IPJ” o “Instrumento Redactado por el Ciudadano” y cargar los datos requeridos. Paralelamente, indicó que se debe obtener un turno para presentar la documentación en la mesa de entrada del organismo, y que si el interesado eligió el modelo aprobado por la repartición el trámite culminará en un plazo promedio de seis días.

Modelo El modelo estándar tiene la finalidad de simplificar los requerimientos y agilizar los trámite de inscripción, ya que la fiscalización del organismo se limita al objeto social, un punto que debe ser redactado por el ciudadano. “El objetivo de la Inspección de Personas Jurídicas es brindar un

El Ministerio de Finanzas modificó las tasas retributivas de servicios, para que se disponga sin cargo la conformación express de las SAS y las SA que utilicen los modelos de acta constitutiva y de estatuto social propuestos y aprobados por la IPJ

MINISTERIO DE FINANZAS. A pedido de la IPJ, la cartera modificó tasas retributivas de servicios.

TRÁMITES. En la Inspección de Personas Jurídicas.

marco legal que favorezca la creación de nuevas empresas en Córdoba, desburocratizando, simplificando procedimientos y reduciendo costos, permitiendo que la constitución esté al alcance de los emprendedores”, señaló García Garro. Asimismo, remarcó que a pedido de la Dirección General el Ministerio de Finanzas, modificó las tasas retributivas de servicios establecidas, para que se disponga sin cargo el servicio de constitución express de SAS y de SA cuando se utilice el modelo de acta constitutiva y de estatuto social propuesto y aprobado por la IPJ.

Convocatoria Al parecer, el Programa de Facilitación para la Implementación del

Régimen de SAS se dirige a provincias que están más atrasadas en materia tecnológica, ya que, además de Córdoba -y hasta el momento- otras grandes jurisdicciones, tales como Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos no lo aplicaron. Si bien el plazo para hacerlo ya venció, la Secretaría de Emprendedores y Pymes de la Nación indicó que no planean difundir los resultados de la convocatoria y reiteraron que cada jurisdicción debe solicitar adherirse al convenio de colaboración. A partir de ahora, tal como expresa la resolución 467-E, los beneficios fiscales y el régimen de fomento a las inversiones se asignarán, según el orden de presentación en tiempo y forma.

Estrategia En su momento, el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, exhortó a sus pares en las provincias a difundir los beneficios del paquete normativo que entró en vigencia este año. Lo hizo durante la cuarta edición del Consejo Federal, del cual participaron representantes de las áreas de gestión Pyme de todo el país. “Nuestra estrategia sigue siendo, al igual que el año pasado, poner el foco en generar impacto en la mayor cantidad de pymes posible. Por eso seguimos trabajando en mejorar las condiciones en que las empresas se desenvuelven y también en cómo nacen”, afirmó Mayer en el encuentro ■

Estadísticas locales Según datos suministrados por la IPJ, en Córdoba se conformaron 99 sociedades con constitución express, de las cuales 63 son SA y 36 son SAS. “Están aprobadas desde que se lanzó la plataforma on line”, aclaró el director General del organismo, Guillermo García Garro.


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BOLSA DE COMERCIO. FUNCIONARÁ JUNTO A INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTUDIOS JURÍDICOS

Se conformó un instituto para atender las necesidades de firmas pequeñas y medianas ARCHIVO

El objetivo del área será evaluar distintos aspectos vinculados al funcionamiento de las pymes en el territorio cordobés. Se sumará a la oferta de servicios que ya tiene disponible la entidad

“Hoy las pymes representan 50 por ciento del empleo en el ámbito nacional y 99,3 por ciento del total de empresas que hay en la Argentina, dando empleo a 3,2 millones de personas”, precisó Diego Dequino, economista del IIE.

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n el marco de uno de los tradicionales almuerzos de análisis de coyuntura económica, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), Horacio Parga, anunció la próxima puesta en marcha de un nuevo instituto: el de la Pequeña y Mediana Empresa. El área se sumará a la oferta de servicios para asociados que ya ofrece la entidad gremial empresaria, como el Instituto de Investigaciones Económicas (IEE) y el Instituto de Estudios Jurídicos (IEJ), que funciona desde hace un año. Según se explicó, el objetivo de la flamante dependencia será evaluar distintos aspectos vinculados al funcionamiento de las pymes en el territorio de Córdoba. Asimismo, complementará los servicios de arbitraje para dirimir conflictos comerciales -llevados a cabo por el Tribunal de Arbitraje- y los que brinda la Sociedad de Garantía Recíproca Avales de Centro, con la que pretenden mejorar las

MAXIMILIANO MAUVECÍN. Titular del nuevo Instituto Pyme de la Bolsa.

condiciones de acceso al financiamiento por parte de las pequeñas empresas y canalizar el ahorro local a través del mercado de capitales. “La puesta en funcionamiento de Avales del Centro nos llevó ocho años de arduo trabajo. Finalmente logramos el visto bueno de la Nación. Muchas pymes podrán finan-

ciarse con esta nueva herramienta”, puntualizó Parga. El objetivo de la SGR es otorgar avales, servicios financieros y no financieros sobre la base del conocimiento de nuevos socios, de su entorno y de la relación con sus negocios, para facilitar que pequeños emprendimientos accedan a

financiamiento formal. Maximiliano Mauvecin es el flamante titular del nuevo Instituto Pyme. Ante los empresarios presentes en el marco de la Jornada Federal de Asesoramiento a Pymes, llevada a cabo el 28 de septiembre -y cuyo eje central radicó en cómo financiar el desarrollo de las empresas en el mercado de capitales- aseguró que el plan es acercar y poner a su disposición todas las herramientas con las que cuenta la bolsa ■


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El fideicomiso y las Sociedades por Acciones Simplificadas LEO LUNA

Por Nestor Cáceres nestorcaceres@arnet.com.ar

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l 12 de abril se sancionó la ley 27349, por medio de la cual, entre otras disposiciones, se crean las nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Si bien han transcurrido pocos meses, ya se pueden percibir importantes ventajas prácticas respecto de las tradicionales Sociedades Anónimas (SA) o Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Las SAS pueden ser unipersonales, inscribirse en los Registros Públicos por medios digitales, los cuales deben tramitarlas en el plazo de 24 horas, siendo dicho plazo el mismo que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para otorgar la CUIT. También se pueden constituir con objeto plural, no específico como en las SA de la Ley General de Sociedades (19550). Se les otorga una mayor autonomía de la voluntad en lo atinente a los mecanismos de toma de decisiones de las asambleas y de la organización de su administración (directorio en las SA). Al no estar incluidas en la ley 19550, no están sometidas a las rigideces de dicha ley. Sin dudas, estas nuevas sociedades facilitarán el desarrollo de emprendimientos de todo tipo al eliminar trabas burocráticas, y los antecedentes en países como Colombia y Chile, entre otros, demuestran que han sido muy exitosas. La mayor rapidez en la constitución de los fideicomisos y la inexistencia de obligaciones de registración de los contratos y sus modificaciones hasta Con la legislación de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial en agosto del año las nuevas SAS, en la 2015, ha sido una de las cuestiones que se contempla una que han influido en la utilización de mayor agilidad en los los fideicomisos, aun a pesar de las distorsiones tributarias de los fiscos trámites formales y que han alterado su naturaleza de mayor flexibilidad en el “vehículo” de protección patrimonial. modo de funcionamien- Con la legislación de las nuevas SAS, en la que se contempla una mato, se deberá evaluar su yor agilidad en los trámites formales y con mayor flexibilidad en el modo conveniencia de funcionamiento de éstas, se deante la alternativa de berá evaluar su conveniencia ante la constituir un fideicomi- alternativa de constituir un fideicomiso de administración u operativo. so de administración Aun así, los fideicomisos se caracteu operativo rizan por la separación de la propiedad de los bienes fideicomitidos de las partes intervinientes, lo cual, agregado a la obligación del fiduciario de rendir cuentas a los fiduciantes y/o beneficiarios, les brinda mayor transparencia. En el caso de transferencia de bienes por parte de los fiduciantes-beneficiarios, que luego deben retornar a éstos, si se constituyera una SAS implicaría reducciones de capital, si bien cabe mencionar que en las SAS los aportes irrevocables pueden permanecer en esa condición hasta 24 meses. Si, en forma alternativa, los propietarios de bienes los vendieran a las SAS, la

NÉSTOR CÁCERES. Contador público. Especialista en Derecho Tributario.

sociedad mantendría un importante pasivo que podría tornar frágil el derecho de propiedad de los bienes por parte de la sociedad. En el caso de los fideicomisos, si bien limitada en el tiempo y sujeta al objeto del fideicomiso, la propiedad fiduciaria es plena. También en aquellos fideicomisos en los que son usuales las cesiones de derechos de beneficiarios, dichos derechos pueden representar bienes específicos del fideicomiso (por ejemplo: departamentos y afines). En el caso de las SAS no se podrían realizar dichas cesiones transfiriendo acciones de las SAS, representativas del capital. En los fideicomisos de construcción al costo, el Fisco y la jurisprudencia han convalidado, en la medida en que los aportes representen precisamente el costo de las respectivas unidades, que éstas sean adjudicadas a los fiduciantes beneficiarios por las sumas aportadas, situación que no sería procedente en las SAS. Al respecto, la AFIP ha interpretado que en la disolución o reducción de capital de sociedades hay onerosidad como consecuencia de la contraprestación de las respectivas acciones rescatadas por la sociedad y al valor de plaza de los bienes. En otros aspectos, en el caso de los fideicomisos sucesorios, en los que la transmisión de los bienes a los beneficiarios no es onerosa, las transferencias no están sujetas a tributación. Tampoco las SAS serían aptas para constituirse con el fin específico de “garantía”. En consecuencia, cabe concluir que el fideicomiso seguirá siendo un medio adecuado para diferentes finalidades que impliquen transferencias patrimoniales, más allá de cuestiones que se podrían mejorar en la legislación de fondo, tales como considerarlos un patrimonio de afectación y otorgarles personería jurídica.

Ganancias

Sin dudas, los resultados de las SAS son rentas de tercera categoría incluidas en el artículo 49 de la ley del impuesto a las Ganancias. El interrogante es si las SAS deben tributar a la alícuota de 35% como una sociedad de capital o, por el contrario, deben atribuir los re-

sultados a cada socio, lo cual permitiría a éstos (o al único socio, en el caso de las unipersonales) computar deducciones y aplicar la escala progresiva del impuesto. La duda surge porque el artículo 69 enumera en diferentes incisos los tipos societarios y en ellos no están incluidas las SAS. Se podría agregar que cuando se dispuso la condición de sujetos del impuesto a los fideicomisos en los que el fiduciante no es beneficiario, se los incorporó expresamente. Aun así, esta modificación era necesaria porque el artículo 69 comienza disponiendo que las sociedades de capital y los fideicomisos no constituyen sociedades. El fideicomiso seguirá No obstante, aun cuando no siendo un medio están enumeadecuado para radas en forma diferentes finalidades expresa, dicho artículo 69 que impliquen comprende a transferencias patrimolas “sociedades de capiniales, más allá de tal”, entre las cuestiones que se cuales están comprendidas podrían mejorar en la las SAS. legislación de fondo, Desde este tales como considerarpunto de vista, también cabe los un patrimonio de interpretar que afectación y otorgarles no se estaría violando el personería jurídica principio de legalidad en el caso de que, vía reglamentación, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o la AFIP interpretaran que las SAS, por ser sociedades de capital, están comprendidas en el artículo 69 de la ley del impuesto a las Ganancias y, por ende, están obligadas a tributar a la alícuota de 35 por ciento. Me inclino por esta última interpretación ■


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Nueva figura: ¿apoyo al emprendedor y también para al evasor? LEO LUNA

Por Marcos Sequeira

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entro de la "ley ómnibus" 27349, el Estado nacional creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Ya se ha escrito mucho sobre las "virtudes" de éstas: posibilidad de tener un solo socio, así como inscripción registral y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por medios digitales y en forma casi automática, entre otros aspectos. Sobre las “dificultades”, la atención ha sido fijada en lo que hace a su tratamiento tributario, particularmente en orden al impuesto a las Ganancias. Es cierto que en Chile esta figura ha contribuido al desarrollo regional, sobre todo de los pequeños emprendimientos. No obstante, en mi modesta opinión, la experiencia del país vecino no puede ser traspasada a la República Argentina, ya que hay cuestiones de idiosincrasia que nos diferencian. Específicamente, nuestros colindantes poseen una cultura tributaria que dista mucho de la nuestra. En Chile se compra un helado en la playa y el heladero le emite un comprobante fiscal. En Argentina, si bien se ha avanzado mucho en este aspecto, todavía "hay que luchar" para que nos proporcionen una factura en legal forma. En las ciudades más importantes, donde la Dirección General Impositiva (DGI) concentra el empleo de sus recursos (Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe), este problema tiende a desaparecer. Sin embargo, basta con distanciarse 15 o 20 kilómetros de Córdoba para comprender que la reticencia a entregar facturas es significativa. Ni que hablar en provincias vecinas, sobre todo en el norte “Es cierto que en Chile de nuestro país, esta figura ha donde lograr que entreguen un contribuido al desarrollo nos comprobante válido es casi una fantasía regional, sobre todo de (La Rioja, Catamarlos pequeños emprendi- ca, Jujuy, Santiago del Estero y otras).

mientos. No obstante, en mi modesta opinión, la experiencia del país vecino no puede ser traspasada a la República Argentina, ya que hay cuestiones de idiosincrasia que nos diferencian”.

Automaticidad

Estas razones me hacen dudar sobre qué va a suceder con las SAS en el país, pues sería de necios soslayar que pueden ser otra "alternativa" útil para perpetrar delitos; entre ellos, el de la evasión. La automaticidad que el legislador les ha conferido para acceder a cuentas bancarias, inscripciones impositivas y demás, sumada a la ausencia de los controles que prevé la ley 19550 para todas las -demás- sociedades comerciales, así como seguramente facilitarán el desarrollo de emprendimientos de toda clase, es probable que reemplacen el medio hasta ahora más empleado para incumplir fraudulentamente las obligaciones tributarias: las

MARCOS SEQUEIRA. Especialista en Derecho Penal Tributario.

"usinas de facturas". Esperemos que en unos meses no estemos dando cuenta de que estas "usinas de facturas" hayan sido sustituidas por "usinas de sociedades anónimas simplificadas".

“Estado bobo”

Descreo que el legislador de la ley 19550 haya sido "exagerado" al momento de establecer requisitos, formas y controles. Por eso no veo motivo para que las SAS sólo deban cumplimentarla de modo "supletorio" y en tanto sus disposiciones no se contraríen con esta ley especial. Desde ya que el problema de la burocracia podría haber sido enfrentado de otra manera, por ejemplo, dotando de recursos humanos y materiales a la Inspección de Personas Jurídicas y organismos análogos y atacando, mediante controles permanentes, la burocracia estatal de la administración pública. En fin, hay otros medios que podrían habernos permitido suprimir un "Estado perezoso", sin volver a recrear la figura del "Estado bobo".

Experiencias

Existen experiencias, a saber: cuando se sancionó la ley 24977 -de Monotributo-, en realidad, titulada como "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes", los objetivos del Gobierno eran prácticamente idénticos a los que ahora se invocan para justificar la creación de las SAS, como es el de facilitar el desarrollo de los pequeños emprendimientos comerciales, industriales y de servicios, mediante un mecanismo "sumamente ágil" para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales. ¿Qué pasó desde el año 1998 a la actualidad? En estos casi 20 años transcurridos, tenemos distintas situaciones: 1) Monotributistas que se esfuerzan por pagar la "cuota". Sobre ellos, paradójicamente, la DGI ejerce una presión cada día más creciente. 2) Contribuyentes que realizan todo tipo de "argucias" para mantenerse en este régimen. Aquellos que, según la ley, deberían pagar sus impuestos y la seguridad social por el "régimen general", pero que "se la rebuscan" para no ser excluidos. A ellos les sobran los recursos necesarios para pagar "la cuota". Sobre estos últimos, también el Fisco ejerce progresivamente más y mejores controles. Pero esta "presión" es mejor

soportada, "porque saben que están en falta". Como sea, una normativa que se sancionó para captar un pequeño sector, hoy representa la mayoría de los contribuyentes argentinos, y se encamina a tener, nada más y nada menos, que casi 10 por ciento de la población argentina dentro de su padrón. Actualmente, el número de monotributistas supera holgadamente tres millones. Hemos tenido presidente y presidenta monotributistas. A partir de este dato, podemos hacer correr nuestra imaginación y llegar a conclusiones infinitas. Con todo, decíamos que el Estado realiza ingentes esfuerzos por evitar el denominado "enanismo fis“El problema de la cal". Estos esfuerzos no sólo provie- burocracia podría haber nen de los organissido enfrentado de otra mos de recaudación, sino también manera, por ejemplo, del Congreso que, consecuentemendotando de recursos te, de igual manera ha ido introducien- humanos y materiales a do cambios en la la Inspección de Persoley de monotributo que la hacen hoy nas Jurídicas y organisprácticamente incomprensible has- mos análogos, y atacanta para los experdo, mediante controles tos. Ergo, ya nada queda de la "ley permanentes, la burodel régimen simplificado" y, no obscracia estatal de la tante ello, la mayoría de los ciudada- administración pública”. nos argentinos son monotributistas. Esto me lleva a opinar, espero equivocarme, que con las SAS suceda algo similar. Que tratando de evitar su empleo con fines fraudulentos, el Estado conspire con el objetivo de su creación. Que, como sucede con los monotributistas, "paguen justos por pecadores". Si revisamos la historia, los "justos" son generalmente los más "indefensos" ■


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Estudio Jurídico Nayi y Asociados saluda a Comercio y Justicia por su trayectoria de 78 años dedicados a informar diariamente a la comunidad y a aportar valor al ejercicio de la profesión,

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ÚLTIMO INFORME DE LAVCA. Analizó el entorno regulatorio para las inversiones de privados en 11 países

Un contexto adecuado impulsa el desenvolvimiento del capital del riesgo en Córdoba

TELAM

Natalia Riva nriva@comercioyjusticia.info

Respaldada por políticas provinciales y nacionales, la industria de los fondos de capital de riesgo levanta vuelo, de la mano de un grupo de aceleradoras de empresas. El mayor desafío es que se desarrollen emprendimientos de alto impacto que permitan darle retorno a la industria y generar casos de éxito para replicar el modelo con mayor volumen y escala.

INCIPIENTE. En Córdoba, los VC no tienen más de cinco años y son un grupo reducido.

D Aunque la industria tiene realmente muy poca escala, se estima que habrá más inversores interesados y que ello generará un efecto contagio sumamente positivo

e a poco, la industria del venture capital (VC, o capital de riesgo) -que consiste en financiar start-ups en fase de crecimiento con elevado potencial y riesgo- se va desarrollando en Argentina, y también muestra signos de crecimiento en la provincia de Córdoba. El último informe elaborado por la Latin American Venture Capital Association (Lavca) sobre el entorno regulatorio para las inversiones de capital privado en 11 países de América Latina, mostró que Argentina fue el que más evolucionó en el último año, por encima de mercados como Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Panamá, México o Brasil. El documento mide 13 indicadores diferentes, como impuestos, derechos de los accionistas minoritarios, restricciones a los inversores institucionales y desarrollo de los mercados de capitales, y otorga un puntaje por cada uno, que luego se suman para conformar una calificación general por país. Un dato alentador surge de la última cumbre sobre esta industria, realizada a principios de octubre, convocada por Lavca en Nueva York. Argentina fue la sorpresa de la temporada resultó el segundo país elegido en la región después de Brasil-. Chile, con un mercado maduro, figuró en el último lugar de las preferencias. Lo anterior se traduce en una gran oportunidad para el segmento de las empresas medianas locales que tienen un negocio sano y con poten-

cial y quieren pasar a un nuevo nivel, pero necesitan recursos que son escasos o caros. El ecosistema emprendedor cordobés es uno de los más consolidados en el país. La provincia cuenta con una importante red de entidades (cerca de 60) que trabajan con autonomía pero, al mismo tiempo, de forma articulada, en pos de la promoción del emprendedorismo. Por otra parte, también hay muchas personas con ideas o proyectos originales que se destacan por su innovación. En este contexto, la figura del VC en Córdoba es bastante nueva, pero avanza.

Un fuerte impulso que recibieron las aceleradoras de empresas este año vino de la mano del apoyo del Gobierno local, por medio del programa "Córdoba Acelera", destinado a la promoción de emprendimientos de base tecnológica (EBT) con alto potencial de impacto. Recientemente, el plan seleccionó a cinco aceleradoras, entre las que se repartirán 25 millones de pesos para emprendedores. El programa prevé que en los próximos dos años por cada peso que pondrá la Provincia el sector privado aporte lo mismo. Las empresas aceleradoras seleccionadas en esa oportunidad fueron Incutex, Alaya Capital Partners, Inno-

va SV, Cites y Xpand Ventures. Comercio y Justicia dialogó con representantes de cada una de estas entidades para trazar un panorama de la realidad del VC en Córdoba. "La industria de VC en Córdoba finalmente está tomando impulso, principalmente a partir del fomento de las líneas de Gobierno. Aunque la industria tiene realmente muy poca escala, empezamos a ver más inversores interesados y eso genera un efecto contagio sumamente positivo. En Argentina, luego de varios años de casi nula actividad (principalmente, por temas jurídicos e impositivos adversos) estamos volviendo a ver actividad y se espera

Alaya Venture Capital

Incutex

Innova SV

Invierte en emprendimientos de base

Invierte en emprendimientos de tecnolo-

La entidad selecciona, impulsa y poten-

tecnológica en etapas tempranas, con un producto o servicios validado, equipo de al menos dos emprendedores y mercado regional o global.

gía en etapa temprana que tienen potencial de crecer rápidamente y desarrollar modelos de negocios que capturen oportunidades de la economía digital.

cia emprendimientos disruptivos, de base tecnológicas, con el objeto de globalizarlos.

Tiene ventanilla abierta permanente, se

Muchos emprendedores se contactan di-

variado, que incluye proyectos de soluciones inteligentes para la construcción.

puede postular a través de la página web www.alaya.vc. Adicionalmente hace convocatorias específicas por vertical.

rectamente a través de la web www.incutex.com.ar

Los interesados pueden postular su

Llevan invertidos cerca de US$2 millones

startup a través de la web www.innovasv.com

A fin de este año tendrá un total invertido de US$3,6 millones en 14 emprendimientos.

en 15 emprendimientos. Está constituyendo un nuevo fideicomiso de US$1 millón para permitir participaciones en inversiones en etapa temprana.

Actualmente cuentan con un portfolio

Ofrecen un programa de internacionalización de experiencias en el exterior, posibilitando la aceleración en países como Estados Unidos, México y Chile.


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de América Latina. Argentina fue el que más evolucionó durante el último año TELAM

En Argentina falta que inversores institucionales comiencen a invertir en la práctica de venture capital. Esta industria en EEUU está impulsada por fondos de Pensión y Endowments de las universidades, además de family offices e individuos

CONTEXTO. Según los expecialistas, cada vez más personas se animan a emprender.

que en el próximo año se produzca un dinamismo mucho mayor en las inversiones", aseguró Luis , gerente de Alaya Capital Partners. Por su parte, Leandro Pisaroni Gerbaldo, manager de Incutex, consideró que en este momento se están generando las condiciones apropiadas para que la industria pueda desarrollarse. "La creación del Fondo Fiduciario Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fonce), junto con la Ley de Emprendedores impulsada por la Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA), es un ejemplo muy claro de que se apuesta por el desarrollo de la industria. El resurgimiento de la Asociación Argentina de Capital Privado,

Emprendedor y Semilla (Arcap) tiene el objetivo de institucionalizar una industria, que hasta hoy ha sido prácticamente inexistente", señaló. Sin embargo, Pisaroni Gerbaldo destacó que en Córdoba aún hay muy poca actividad de inversión privada en emprendimientos en etapa temprana, y muy pocos casos en los cuales el estadio de inversión corresponda a VC propiamente dicho. "Con la creación de Kalei Ventures -lo que estoy trabajando dentro de Incutex-, apostamos a que haya un salto cualitativo y cuantitativo en la industria. Este nuevo fondo participaría en inversiones un poco más avanzadas y también daría la posibilidad a inversores e instituciones

Xpand Venture

Cites

Se concentra en áreas en las que Ar-

Se dirige a emprendedores cordobe-

gentina tiene un fuerte potencial: agtech, insurtech, e-commerce.

ses en el sector de la tecnología para el agro, base de datos e inteligencia artificial.

Tiene convocatorias abiertas en la web www.xpand.ventures y también se contacta con emprendedores en eventos o ferias internacionales. Analiza varios puntos para elegir un proyecto, como modelo de negocio, mercado, competencia, producto, tracción y potencial de crecimiento.

Los montos en los que invierten van de los 50 mil a 250 mil dólares.

Se puede postular desde su sitio web www.cites-gss.com. El proceso de aceptación consta de cuatro fases y tiene como finalidad optimizar y clarificar la instancia de acceso al programa de incubación. Entre servicios sus servicios ofrece capacitación, soporte y mentoreo y ofrece la posibilidad de adquirir una inversión de 500 mil dólares.

que puedan participar en este tipo de inversiones", adelantó. "Desde hace unos cinco años Córdoba se ha posicionado como uno de los motores del emprendedorismo en Argentina", declaró, por su parte, Pablo Garriga, responsable en Córdoba de Xpand Venture, y agregó: "Eso también ha originado que los VC empiecen a crecer en la provincia. En cuanto a Argentina, también han crecido a la par de grandes ideas innovadoras que han ido surgiendo (recordemos que de los nueve unicornios en América Latina, cuatro son argentinos). Desde el Gobierno nacional y el provincial se ve también un desarrollo en pos de apoyar a esta industria y a los emprendedores con distintos programas de inversión y leyes". Para Matías Ochoa, responsable de Marketing y Ventas de Innova SV, Córdoba está dando los primeros pasos en esta industria. "Si nos comparamos con otros países que tienen un ecosistema mucho más desarrollado, como Estados Unidos, Chile o México, estamos a unos cinco años para alcanzar el estadio de ellos. De todos modos, creo que éste ha sido un año en el que se dieron algunos factores políticos que ayudan al crecimiento, por lo que vienen buenos tiempos. Por ejemplo, en la provincia, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender es un gran impulso, y en el ámbito nacional, fue muy positiva la ley de Emprendedores", valoró. Los representantes coinciden en que uno de los principales desafíos que

enfrenta la industria del VC en Argentina -y, particularmente, en Córdoba- es el desarrollo de emprendimientos de alto impacto que permitan darle retorno a la industria y generar casos de éxito para replicar el modelo con mayor volumen y escala. "Hasta aquí no tenemos muchos casos de éxito que permitan mostrar el camino a los emprendedores e inversores locales. Tenemos que tener más exits (ventas de empresas)", precisó . En ese sentido, Garriga indicó que "el principal desafío es encontrar proyectos sólidos y disruptivos, para luego sumar inversores locales y globales para financiar nuevos emprendimiento de base tecnológica”. Asimismo, detalló que en la actualidad se están mejorando las condiciones de financiamiento, para que las ideas se transformen en producción. “Esta situación crecerá cuando haya más exits, cuando haya emprendedores con inversiones por detrás y luego comprados por firmas globales", acotó. Por su parte, Pisaroni Gerbaldo dijo que en Argentina falta que los inversores institucionales comiencen a apostar a la práctica de VC. “Esta industria, en EEUU, está impulsada por fondos de Pensión y Endowments de las universidades, además de family offices e individuos. Hoy en día, estos actores en Argentina no están presentes en la industria", explicó. Los especialistas también acuerdan en que el contexto es favorable para hacer crecer la industria en el país. "Definitivamente, Argentina es

el país con mayor avance el último año, producto de todas las medidas que se han tomado para normalizar la industria y fomentar el emprendedorismo. Estuve en Nueva York, en el summit anual de Lavca, y era uno de los temas de conversación para toda la región el hecho de que Argentina está nuevamente en el mapa de inversiones", destacó .

Engranajes En palabras de Garriga, "cada vez más personas se animan a emprender”, porque, entre otras cosas, hay más ayudas del Gobierno, como las leyes para armar Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). “Sin duda, están girando muchos engranajes que hacen mover el ecosistema emprendedor”, estimó. "Hace un par de años estábamos en el último lugar del ranking", recordó Pisaroni Gerbaldo, quien opinó que la promoción de la Ley de Emprendedores, con la creación del Fondce, las alternativas de beneficios fiscales para la inversión y la incipiente regulación para la actividad de los fondos “sumó puntos”. "Además de eso, otros cambios en la coyuntura, como el de la percepción de la corrupción, la eliminación de controles cambiarios y el control de la inflación han permitido que Argentina pueda subir algunos lugares en el ranking. Todavía queda mucho por hacer, porque seguimos en los últimos lugares del ranking en el ámbito regional", expresó el manager de Incutex ■


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CAMBIO DE TENDENCIA. LA CANTIDAD DE OFERTAS PROVENIENTES DE DISTINTOS SECTORES AUGURA U

Córdoba busca hacer pie en renovables Alfredo Flury aflury@comercioyjusticia.info

En noviembre se conocerán los resuntados de la nueva ronda del Renovar II licitada por la Nación, que captó el interés de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), así como de numerosos grupos privados. Los precios y el cupo por región son claves para saber cuáles quedarán vigentes

EPEC. La firma provincial se interesó por la nueva ronda del plan Renovar licitada por la Nación.

C

on una matriz eléctrica prácticamente sin presencia de energías alternativas, la nueva ronda del RenovAr licitada por la Nación concitó el interés de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), así como de numerosos grupos privados. Los precios y el cupo por región son claves para saber cuáles quedarán en pie. La nueva oportunidad para contratar proyectos de energías renovables -que días atrás abrió el Mi-

nisterio de Energía y Minería, en el marco del denominado RenovAr II, incluyó 22 proyectos para la Provincia, por 316,4 megavatios. Se trata de apenas un 3,6 por ciento del total de 9.343 megavatios ofertados a nivel país, y que correspondieron a 228 proyectos. De ese total, 5.240 megas correspondieron a parques fotovoltaicos y 3.808 a energía eólica. Mucho más atrás se ubicaron las propuestas de biogás y biomasa y de pequeñas ini-

ciativas hidráulicas. Con todo, la licitación -la tercera que se concreta en el marco de los RenovAr, y cuyos resultados recién se conocerán el 29 de noviembre- sólo adjudicará proyectos por 1.200 megavatios, y deja sus primeras conclusiones. Por lo pronto, el enorme interés manifestado por empresas públicas y privadas en este tipo de energías, y el escueto cupo a adjudicarse en función de la importante oferta recibida, llevan a presumir que los precios por los cua-

les se contratarán las iniciativas deberían ubicarse muy por debajo del valor referencial dispuesto por el Gobierno. En el caso de Córdoba, el cupo por el que competirá en su región es de 100 megavatios, por lo que, aun adjudicándose todo el volumen disponible, apenas un tercio de las ofertas presentadas para radicarse en la jurisdicción tendrá asegurado su futuro. Como fuere, la cantidad de ofertas, principalmente de privados, habla de por sí de un cambio de ten-


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UNA DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA

con proyectos por 316,4 megavatios dencia que promete diversificar la matriz eléctrica en Córdoba. Sucede que hoy -salvo casos específicos de biogás adjudicados en las rondas anteriores de los RenovAr, así como un proyecto de eólica que resultó elegido en la Ronda 1,5 del plan (y a excepción delos emprendimientos privados que ya operaban, como el de Aceitera General Deheza)- la provincia no contaba con intención de peso de avanzar en esa línea.

Estrategias En ese marco, EPEC no tenía entre sus estrategias iniciativas de este tipo, si bien tiene un importante flujo de energía derivado de las grandes centrales hidroeléctricas. En las rondas anteriores del RenovAr, de octubre y noviembre del año pasado, se habían adjudicados tres proyectos. En primera instancia, tras una mejora de ofertas, resultaron beneficiarios una propuesta de biogás de la Cooperativa de Huinca Renancó, por 1,62 megavatios, y otro de Bioeléctrica Río Cuarto SA, por 1,1 megas. También resultó adjudicada una iniciativa por 48 megavatios para un parque eólico en la zona de Achiras, en el sudoeste provincial.La firma está vinculada al empresario Nicolás Caputo, cercano al presidente Mauricio Macri.

Nueva chance Con esos antecedentes, marginales para una provincia en la que EPEC ostenta casi el monopolio en materia de generación, con 1.853 megas instalados –hay usinas gestionadas por privados que inyectan energía al sistema -por ejemplo- Gecor, en Río Tercero, o Maranzana, en Río Cuarto, propiedad del grupo Albanesi, las nuevas ofertas prometen un cambio de tendencia. De acuerdo con los datos oficiales surgidos del acto de apertura de ofertas del RenovAr II, en Córdoba

hubo 22, cinco de las cuales tienen como actor a EPEC, asociada a grupos de diferente tipo. El resto son iniciativas privadas. En el caso de la EPEC, ofertó 71,5 megavatios. De ese total, 70 megas corresponden a dos proyectos de energía solar, uno por 30 mw, en San Francisco del Chañar, y otro por

Hasta ahora, Argentina sólo tenía 185 megavatios instalados entre eólico y solar, que cubrían apenas dos por ciento de la demanda actual, mientras Uruguay, por ejemplo, tiene más de mil megas. 40 megas, en Arroyo Cabral. En tanto, hay tres proyectos de pequeñas centrales hidráulicas de 0,5 megavatios cada una, ubicadas en Cruz del Eje, Boca del Río y Pichanas. Las chances de la compañía parecen ciertas para adjudicarse las pequeñas hidros, ya que la oferta presentada, en general, no logra cubrir el cupo de demanda habilitada desde el Ministerio de Energía. Por eso, habrá que ver los precios que ofertará por los parques fotovoltaicos. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de propuestas presentadas, la competencia y el cupo disponible exigirá precios muy finos para poder adjudi-

carse los proyectos. La licitación total del RenovAr II aparece con valores referenciales que, en el caso de la eólica se ubican en 56,25 dólares el megavatio hora y en el caso de la solar de 57,04 dólares por megavatio hora. Respecto a las propuestas privadas, las más importantes corresponden a energía solar. Allí se destacan un proyecto de 80 megavatios de Ener Renewable SA en la localidad de La Paz; otro por 27 megas de Energías Sustentables SA en Villa Dolores; una iniciativa de 20 megas de Harz Energy en Villa de María de Río Seco y otra de la misma empresa, por 17 megas, en Villa Cura Brochero. Por su parte, en eólica hay dos propuestas, una por 59,85 megas en Achiras, de la empresa Puerto, y otra de 24,15 mw en Lavalle, de la firma Yentas Energía.

Inversión En biogás, hay numerosas iniciativas. Aczia proyecta en San Francisco una inversión para instalar una potencia de 2,4 megas; Biomass Group prevé 1,2 megas; Bioeléctrica otra iniciativa también por 1,2 megas. Cecilia Debenedetti propone 2 megas; Biogeneradora Centro va con 2 megas en Santa Catalina; Antigua Estancia Don Roberto propone un mega, al igual que Clear Energy en dos ubicaciones: Gigena y Villa del Rosario. En biomasa, Lorenzatti Ruetsch van por tres megavatios en Ticino. En tanto, Emerald Resources propone 0,5 mw en Las Junturas. Finalmente, en pequeñas hidráulicas, sólo EPEC presentó propuestas por un total de 1,5 mega a partir de los tres proyectos ya mencionados.

Cronograma Según el cronograma informado por la Nación, el 20 de noviembre se concre-

tará la comunicación de la calificación de las ofertas; el 23 de noviembre se abrirá el sobre económico, y el 29 de ese mes se adjudicarán las propuestas. En tanto, el 15 de mayo del año que viene se fijó como lafecha límite para firmar los contratos con las adjudicatarias. Por lo demás, en todos los proyectos presentados para Córdoba, EPEC proveerá el transporte necesario para inyectar la generación al sistema. Más allá de ese dato, la empresa provincial había recibido más de 20 propuestas privadas para ir en sociedad a la licitación por más de 800 megava-

tios. Finalmente, presentó cinco. Las licitaciones del RenovAr apuntan a cumplir con la ley 27191, promulgada en octubre de 2015 y reglamentada en marzo del año pasado. La norma fija como objetivos para 2018 cubrir ocho por ciento de la demanda energética con fuentes alternativas y, para 2025, alcanzar 20 por ciento. Hasta ahora, Argentina sólo tenía 185 megavatios instalados entre eólico y solar, que cubrían apenas dos por ciento de la demanda actual, cuando Uruguay, por ejemplo, tiene más de mil megas ■


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SENADO NACIONAL. TRAS LA CAMPAÑA, LA CAMARA SE PREPARA PARA DEBATIR EL PROYECTO

La legislación de Generación Distribuida podría sancionarse antes de fin de año El próximo año, los usuarios comerciales, residenciales o industriales podrían inyectar energía renovable a la red eléctrica, si así lo desean. Están excluídos las compañías que tengan 25 por ciento de participación de personas jurídicas extranjeras y los grandes clientes con potencias superiores a 300 KV

E

n septiembre, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que establece un régimen para que los usuarios residenciales y las pymes puedan generar energía renovable e inyectar en la red eléctrica pública el exceso que generen por encima de su consumo. El texto -que salió del recinto con varias modificaciones- establece, entre otras previsiones, que sólo podrán acceder al nuevo sistema los usuarios, las cooperativas o las pymes del mercado de la electricidad, con excepción de las compañías que tengan 25 por ciento de participación de personas jurídicas extranjeras y los grandes clientes con potencias mayores a 300 KV. Además, crea el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis), que tiene como objetivo, entre otros, aplicar bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos y garantías para la ad-

quisición de otros instrumentos destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables. También incorporó un capítulo para fomentar la industria nacional, por medio del denominado “Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida” a partir de fuentes renovables (Fansiged). Cuando el articulado recibió media sanción, el diputado Juan Carlos Villalonga (PRO), uno de sus impulsores, valoró que se trata de “un perfecto complemento” para la ley 27191, aprobada en 2015, una legis-

lación que le dio marco al ingreso de las energías renovables al mercado eléctrico mayorista y permitió el desarrollo del programa Renovar. “Lo novedoso es que hablamos de energía distribuida con fuentes renovables del lado del usuario; es decir, del lado del consumo. Esto es absolutamente nuevo, no está previsto en ninguna norma que rija el mercado

eléctrico”, indicó Villalonga. Superado el proceso elec cionario, se estima que el Se nado debatirá el texto -que re cibió aportes de cámaras em presariales, de entidades no gubernamentales y del secto público- durante noviembre ya que las comisiones de Mi nería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda es tarían dispuestas a tratarlo. Si se sanciona la ley, e próximo año los usuarios comerciales, residenciales o industriales podrán inyec tar energía renovable a la red eléctri ca, si así lo desean. Por lo pronto, en Córdoba, las coo perativas de servicios públicos, acto res fundamentales del sector eléctri co desde hace más de 90 años, po intermedio de los cuadros técnicos de las federaciones que las nuclean FACE Córdoba y Fecescor, ya están ca nalizando dudas y consultas ■


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EN CRECIMIENTO. Si bien es un área que en Argentina está en plena etapa de “nacimiento”, ya cosechó US$4.000 millones en concepto de inversiones sólo durante el año pasado

El desafío que plantean las fuentes limpias es lograr que el sector productivo se acople a un mercado de altísima competencia Natalia Riva nriva@comercioyjusticia.info

Gustavo Gil, director del Centro INTI, adelantó que la entidad trabaja en el perfeccionamiento de la articulación entre los proveedores locales y los desarrolladores, mediante -por ejemplo- herramientas que faciliten la medición del contenido nacional. Sin embargo, precisó que son pocas las iniciativas que proponen una integración de componentes nacionales superior a 30 por ciento

Una meta ineludible del diseño de la normativa que acompañe los próximos pasos del Plan RenovAr es el perfeccionamiento de la articulación entre los proveedores locales y los desarrolladores, mediante -por ejemploherramientas que faciliten la medición del contenido nacional

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o se puede dudar de que, en términos de desarrollo de mercado en energías renovables, los dos últimos años fueron fabulosos. Dejamos de ser uno de los países más rezagados de la región para pasar a estar mejor posicionados en lo que respecta al tamaño del mercado. Esto, gracias a que se establecieron medidas concretas y mecanismos de subastas de proyectos con muy buena aceptación. Por ejemplo, el Gobierno nacional recibió el pasado 19 de octubre ofertas por 9.403 mw de generación eléctrica por la licitación de proyectos de la Ronda 2 del Programa RenovAr, lo que significa ocho veces más de los 1.200 mw ofrecidos para adjudicar en distintas tecnologías y regiones, con inversiones asociadas por unos 11.000 millones de dólares”, explicó a Comercio y Justicia Gustavo Gil, director de Energías Renovables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cabe recordar que la ley 27191, promulgada en 2015 y sancionada en 2016, tiene como meta la contribución de fuentes de energía renovables hasta alcanzar ocho por ciento del consumo de energía eléctrica nacional para 2018, y una ambiciosa rampa creciente de metas, hasta escalar a 20 por ciento para el año 2025. En este contexto, el especialista considera que los principales desafíos que enfrenta el sector no son tanto cuantitativos sino cualitativos: “El reto es lograr que el sector productivo se acople a un mercado de altísima competencia, con una oferta de bienes y servicios internacionales muy nítida y muy agresiva, que hacen muy difícil que la industria nacional sea competitiva”, destacó Gil. Paralelamente, opinó que existe una gran oportunidad, que tiene que ver con no solamente con la posibilidad de atender a la demanda presente y nacional, sino también de salir a competir en el mercado internacional.

Desde hace seis décadas, el INTI es el brazo tecnológico del Estado y actualmente acompaña al Ministerio de Energía en el proceso de ejecución de los proyectos sobre fuentes limpias. Además de la evaluación técnica que realizó en 2016, el organismo es responsable del seguimiento y control del cronograma de inversiones; de la evaluación, control y certificación del

GUSTAVO GIL. Director de Energías Renovables del INTI.

PLATAFORMA. El desarrollo del INTI permite verificar el origen nacional de los bienes electromecánicos.

Componente Nacional Declarado (CND); de la verificación del destino de las importaciones; del relevamiento de los criterios de calidad del equipamiento utilizado y de la realización de auditorías técnico-contables. “El rol del INTI en este proceso es de gran importancia. El plan RenovAr implica un salto de calidad en la generación de potencia renovable en el país,

y la asistencia tecnológica del organismo será en buena medida la condición de transparencia y cumplimiento de los proyectos, al tiempo que se traccionan esquemas de participación progresiva de la industria nacional. Una meta ineludible del diseño de la normativa que acompañe los próximos pasos del Plan RenovAr, es el perfeccionamiento de la articulación entre

los proveedores locales y los desarrolladores, mediante -por ejemplo- herramientas que faciliten la medición del contenido nacional”, puntualizó.

Ceres Según un informe del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano, “la mayoría de los


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GEOGRAFÍA IDEAL. Argentina posee un gran atractivo para los inversores extranjeros que no encuentran mercados en otros países.

proyectos adjudicados en las licitaciones que lograron precios competitivos no priorizaron la incorporación de componentes nacionales”. “De los 59 proyectos que pasaron la revisión técnica, sólo 19 propusieron una integración de componentes nacionales superior a 30 por cinto, el valor de participación mínimo que permite acceder a un certificado fiscal por los componentes nacionales, uno de los beneficios impositivos de la ley 27191”, sostiene el reporte. El Ceres señaló, además, que “a pesar del elevado potencial en materia de energía de fuentes renovables que posee la Argentina, su participación en la matriz energética primaria del país se mantiene en niveles muy bajos y es aún menor en el sistema nacional de generación eléctrica”. En ese sentido, indicó que si bien la producción de energía eléctrica de fuentes renovables aumentó 78 por ciento entre 2011 y 2016, pasando de 1.500 GWh a 2.600 GWh, su participación actual sobre la oferta total se encuentra en torno a 1,9 por ciento.

Registro de proveedores Atendiendo a los datos anteriores, con el fin de aumentar la integración local en las obras, el INTI creó recientemente el Registro de Proveedores de Energías Renovables (ReProER). Gil detalló que se trata de una plataforma online en la cual los fabricantes

El ReProER constituye una herramienta fundamental para una medición clara y precisa del contenido nacional. Si bien la carga de datos corre por cuenta de los fabricantes, el código de producto que brinda la plataforma incrementa la trazabilidad en todas las instancias de los proyectos. Este desarrollo le da un mayor grado de previsibilidad al mercado, y sienta las bases para la incorporación progresiva de componente local

locales pueden inscribirse. Cumplido ese paso, a partir de la verificación de sus datos y del origen de sus bienes, se les otorga un código de producto que puede ser consultado por los desarrolladores de proyectos para solicitarles una cotización. El registro virtual se lanzó el pasado 10 de octubre, durante una jornada que reunió a las empresas adjudicatarias en las rondas 1 y 1.5 del plan RenovAr. En menos de una semana había recibido más de 30 solicitudes de inscripción por parte de proveedores locales de componentes. Otra de las iniciativas que apoyó el INTI para impulsar la fabricación local de equipos y componentes fue la reciente creación de la Cámara Argentina de Fabricantes de Equipos de Energía Solar Térmica (Cafeest), conformada por más de 20 productores de calefones, termotanques y climatizadores solares. Si bien algunos dispositivos como las celdas para paneles fotovoltaicos (para generar electricidad) son mayormente importados, en el país existen muchas empresas con capacidad para proveer componentes, puntualizó Gil. “Creemos que hay unas 150 o 200 empresas en condiciones de proveer partes y equipamiento con altos estándares de calidad”, aseguró.

Cómo funciona La plataforma desarrollada por el INTI permite, fundamentalmente, verificar el origen nacional de los bienes fabricados, según la reglamentación vigente, posibilitando que se resuelva la gestión de la exención de derechos de importación para aquellos fabricantes locales que necesitan insumos y partes importadas para finalizar sus productos. Además, la información compilada en el registro permitirá detectar oportunidades de desarrollo para la industria nacional. “El ReProER constituye una herramienta fundamental para una medición clara y precisa del contenido nacional. Si bien la carga de datos corre por cuenta de los fabricantes, el código de producto que arroja la plataforma incrementa la trazabilidad en todas las instancias de los proyectos. Este desarrollo le da un mayor grado de previsibilidad al mercado, y sienta las bases para la incorporación progresiva de componente local”, sostuvo el directivo. En tanto, el especialista aclaró que la metodología utilizada para las auditorías es aplicable sólo a las rondas 1 y 1.5 del plan RenovAr, y no a los proyectos correspondientes de la ronda 2 convocada por el ministerio de Energía y Minería de la Nación, cuya presentación de ofertas técnicas y económicas venció el mes pasado ■

20 mil puestos de trabajo son, según los cálculos oficiales, los que crearán lo emprendimientos “verdes” en curso.


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Subsidio, concurso y beca para incentivar a investigadores

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a Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lanzó un subsidio para proyectos de energía y ambiente, uno de los temas fijados como prioritarios por la casa de altos estudios. Se financiarán iniciativas de entre $300.000y $1.500.000 para la adquisición de bienes de capital y gastos corrientes. La medida es impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en el marco del Programa Institucional y Multidisciplinar, que tiene como objetivo promover trabajos de investigación, desarrollo o producción artística que puedan proyectarse a la sociedad o al sector productivo. Para acceder a la financiación, los proyectos deben estar integrados por al menos tres equipos de investigación pertenecientes a tres facultades o dependencias académicas de la UNC. Los criterios de evaluación están basados en la relevancia académica,

LEO LUNA

en la cantidad de integrantes del grupo y su trayectoria; en la articulación para el enfoque multidisciplinar y su impacto en la sociedad o en el sector productivo. Los interesados pueden presentar sus ideas hasta el 30 de noviembre. Por otra parte, este año se premiarán propuestas orientadas a las energías renovables que estimulen y promuevan los procesos de trans-

ferencia de conocimiento y tecnología entre Argentina y Francia. El concurso es impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y tiene como objetivo apoyar áreas prioritarias para ambos países. Los planes deberán estar orientados a energía eólica, fotovoltaica, biomasa y geotermal. Podrán participar investigadores o grupos de

investigación de universidades, centros de investigación y empresas de base tecnológica. El premio será de 12 mil euros para un investigador senior del grupo ganador, con el fin de que destine el dinero al desarrollo de un proyecto de innovación tecnológica entre Francia y Argentina en un laboratorio, universidad, centro de investigación, polo tecnológico o firma de base tecnológica local que trabaje en temas relacionados a la iniciativa. En tanto, se distinguirá a un investigador junior con tres mil euros, que serán destinados a planes con potencial de cooperación con Francia. El concurso es organizado por el Institut Français d’Argentine en Argentina, con la participación de la empresa Total, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Para más información, comunicarse con bilateral@mincyt.gob.ar Paralelamente, la embajada de India en el país impulsa la participación

de argentinos en la convocatoria a becas completas para realizar cursos de capacitación técnica en el campo de la energía solar. La iniciativa forma parte del “Programa de tecnologías en energía solar y su aplicación”, que se llevará a cabo entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre en el Instituto Nacional de Energía Solar indio. Entre los requisitos para postularse, los aspirantes deberán contar con estudios de posgrado en el campo de la física o ser graduados de carreras como ingeniería eléctrica, electrónica o mecánica; tener entre 25 y 45 años; experiencia laboral mínima de cinco años y conocimientos de inglés aplicados al campo laboral. La beca cubre pasajes de avión, visa y seguro médico, así como costos del curso y el alojamiento. También se entregará un estipendio mensual de 25.000 rupias que permitirá cubrir gastos de alimentación, entre otros ■


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OFERTA. LAS ALTAS CASAS DE ESTUDIO FORMARÁN PROFESIONALES PARA UN NUEVO PARADIGMA AMBIENTAL

Carreras universitarias relacionadas con fuentes energéticas sustentables Ana Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

En Córdoba, Río Cuarto y Villa María se brindan novedosas alternativas educativas. Se trata de dos licenciaturas, una maestría y de la apertura de una titulación en ingeniería inédita en el país

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as energías renovables son un campo de estudio con futuro. ¿Qué ofrecen en esta materia las universidades radicadas en la provincia? Dos licenciaturas, una ingeniería y una maestría conforman el menú para 2018. La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) propone desde 2011 la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. El egresado de esta carrera podrá “coordinar y/o participar en equipos interdisciplinarios para la formulación de programas, planes y proyectos relacionados con las energías renovables, elaborar informes de evaluación de impacto ambiental, desempeñarse como auditor ambiental en el sector privado o público y proponer técnicas y procedimientos para lograr la optimización del uso sustentable de recursos naturales”. Los graduados también estarán formados para “proponer técnicas y procedimientos para lograr la optimización del uso sustentable de recursos naturales”. La carrera tiene una duración de cuatro años. Por informes e inscripciones: Entre Ríos 1431 (Villa María), teléfonos 0353-4539110/111, admisión unvm@gmail.comhttp://www.unvm.e du.ar/carreras/licenciatura-ambientey-energias-renovables . Por su parte, la Universidad Siglo 21 ofrece la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, que se iniciará en marzo de 2018. Durará cuatro años y perfilará al egresado como un profesional capacitado para coordinar y/o participar en el diseño de políticas de intervención y gestión de las energías renovables. También podrá desarrollar proyectos energéticos en forma independiente o para empresas, incluyendo el asesoramiento en materia de uso estratégico de los recursos. Asimismo, la casa de altos estudios

EN ACCIÓN. El interés por invertir en la industria energética alternativa se observa tanto en el ámbito provincial como en el nacional.

sostiene que el graduado podrá “coordinar y/o participar en equipos interdisciplinarios para la formulación y evaluación de proyectos, planes y programas de planificación territorial y desarrollo urbano sustentable”. Al mismo tiempo, señala que la carrera lo preparará para realizar investigaciones en materia de desarrollo sostenible. Los interesados pueden obtener más información al teléfono 0810-555-0202. www.21.edu.ar. Otra novedad alentadora es el lanzamiento de una carrera inédita en su tipo en Argentina. Aún sin fecha confirmada, se prevé la apertura de la Ingeniería en Energías Renovables, que se-

rá dictada en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y tendrá una duración de cinco años. La medida surgió en respuesta a las limitaciones de los sistemas energéticos que se usan actualmente y por la necesidad de generar un cambio de paradigma. El proyecto de creación ya fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad y se aguarda la confirmación de recursos del Gobierno nacional, para solventar docentes adicionales e iniciar el dictado de clases el próximo año. “Creemos que la nueva carrera es una oferta que puede tener mucha aplicación y que los futuros graduados tendrán una interesante salida laboral”, especifi-

có Miriam Martinello, decana de la Facultad de Ingeniería de la UNRC. Los titulados podrán trabajar en instalaciones eléctricas y térmicas aplicando energías renovables. En este contexto, la decana Martinello estimó que“con más gente formada en estos temas, más se van a usar las energías alternativas”. El objetivo de la UNRC es formar profesionales aptos para comprender, explorar, innovar y mantener fuentes sustentables, de acuerdo con las necesidades de los individuos ylas de la comunidad, al propender a que identifique recursosy genere soluciones estratégicas e innovadoras en el campo de la generación de energías renovables y su uso eficiente ■

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Inversiones El jueves 19 de octubre, el Gobierno nacional recibió 228 ofertas por 9.403 MW de generación eléctrica por la licitación de plan RenovAr, que apunta a la generación de energías de fuentes eólica, solar fotovoltaica, biomasa, pequeños aprovechamiento hidroeléctricos y biogás. La actividad supone un impacto en inversiones y generación de mano de obra en empresas ubicadas en todo el país.

Eólica, solar y biomasa La Universidad Tecnológica Nacional - Regional Córdoba (UTN) propone una maestría en Energías Renovables orientada a las fuentes eólica, solar y biomasa. El magíster estará capacitado para la evaluación y análisis de alternativas, así como para el diseño, planificación e implementación de propuestas vinculadas con la gestión energética, por medio de la adquisición de los conocimientos necesarios para la creación de fuentes alternativas. También podrá evaluar escenarios existentes considerando variables políticas, económicas, sociales y ambientales. La carrera de posgrado dura dos años y prepara profesionales para la gestión e implementación de redes energéticas complejas que combinen la utilización de diversas fuentes. “El graduado podrá desarrollar técnicas para la solución de problemas que den respuesta a las necesidades energéticas”, agrega la UTN. La fecha de inscripción comenzará en febrero de 2018 y la maestría se iniciará en abril próximo. Más información consultar a eposgrado@frc.utn.edu.ar INGRESO 2018. Las inscripciones para la maestría comienzan en febrero.


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OPINIÓN

Los jóvenes abogados y el desafío de innovar

Bajar impuestos para no asfixiar la iniciativa individual * Lis Carolina Dadá

* Segundo Carranza Torres

Si miramos a nuestro alrededor notaremos que existe una palabra que resuena en todas partes: “innovación”. Este término, entendido sencillamente como la introducción de un cambio que supone una novedad, es la principal preocupación de las empresas, de las familias, de las personas, de los gobiernos y de todos los actores que mueven el mundo. Vivimos en un entorno con cambios fascinantes, repentinos, y con avances que cada vez son más rápidos. Si nos adentramos en el ambiente que rodea a los abogados,encontramos enfoques totalmente tradicionalistas, estructurados, conservadores y reticentes a introducir cambios.

Nuestro desafío es ser creativos, salir de la zona de confort y plantear cambios en la manera en la que trabajamos, para que la abogacía pertenezca al mudo de la innovación. Un abogado es más que alguien facultado por la ley para intervenir en un pleito.

En este marco, los jóvenes abogados, que nacimos, crecimos y vivimos siempre rodeados de tecnología e innovación, nos encontramos frente a la oportunidad de subirnos a la ola innovadora y traerla a un campo que siempre le fue esquivo: el derecho y la profesión. Edward De Bono afirmó que la creatividad implica romper con patrones establecidos para mirar las cosas de otra forma. Nuestro desafío es ser creativos, salir de la zona de confort y plantear cambios en la manera en la que trabajamos, para que la abogacía pertenezca al mundo de la innovación. Un primer paso es plantearnos que un abogado es más que alguien facultado por la ley para intervenir en un pleito: debemos vernos como un eslabón necesario en la cadena generadora de valor. Sólo con la innovación, con la creatividad y abandonando la “zona de confort” vamos a poder ir por ese camino. Acrecienta nuestro desafío el hecho de que nos toque trabajar teniendo como base un marco normativo disperso, complejo y excesivamente regulador. Las normas vigentes regulan situaciones que nunca fueron imaginadas por quienes las escribieron y las promulgaron. Por ello, se nos impone la tarea de dar vuelo a la creatividad: cuanto más creativos seamos en la interpretación de las leyes más respuestas encontraremos para las necesidades de nuestros clientes. Nuestro reto es romper estructuras y de* Abogado.

mostrar nuestro valor para dar soluciones novedosas y acordes a la complejidad del mundo que nos rodea. Si no logramos desestructurar el pensamiento e ir un poco más allá de lo que un texto legal dice, nunca lograremos innovar. Sólo en la medida en que seamos creativos realizaremos aportes valiosos y útiles, que jerarquizarán nuestra profesión y tendrán un valor agregado para los clientes. Nuestra capacidad creativa tiene que plasmarse en respuestas jurídicas novedosas que redunden en soluciones reales y concretas acordes a la complejidad y especialización del mundo actual.

Viejas costumbres No obstante, las posibilidades no se restringen a las tareas que nos tocan ejecutar. Por el contrario, los cambios también deben alcanzar la manera de mostrar nuestra profesión de abogados frente al mundo. Tenemos que plantearnos la posibilidad de romper las estructuras y dejar atrás viejas costumbres, que nos alejan cada vez más de los códigos con los que se maneja la gente que no pertenece al mundo jurídico. Si lo que pretendemos es dejar de ser ajenos al ambiente innovador, debemos hablar su mismo lenguaje. La interacción abogado-sociedad viene, en general, cargada de formalismos que son trabas a la espontaneidad en la relación con los clientes, contrapartes y personas en general. Por eso, es nuestra función indagar en lo que la sociedad espera de nosotros y mostrarnos más abiertos a los cambios. Para empatizar realmente, debemos mostrarnos como pares, rompiendo las jerarquías y dejando atrás las rectitudes propias de nuestra profesión. Si queremos evitar quedarnos fuera de las interacciones interdisciplinarias, necesariamente debemos aggionarnos, para tener relaciones más descontracturadas que nos permitirán ser parte de los procesos innovadores.

Imaginemos a dos madres con similares ingresos que llevan las cuentas de sus hogares de manera ajustada, que deciden crecer económicamente y subir sus niveles de vida invirtiendo en un negocio. Para que eso pueda concretarse,ambas deben reducir los gastos de sus casas en el menor tiempo posible. Sin embargo, la primera, ante el descontento de su familia por el ajuste, cambia de opinión y toma dinero prestado, pero pronto se da cuenta de que no puede solventar los gastos. Se le hace imposible mantener su emprendimiento y termina desistiendo. En tanto, la segunda resuelve el problema en otro sentido, ya que entiende que -mientras más pueda invertir- mayor será su posibilidad de obtener ganancias. Si quedó claro el ejemplo, no hace falta pensar mucho para darse cuenta de que, finalmente, la última tomó la decisión más dura, pero la correcta. Nuestro país se asemeja al hogar de la primera madre, ya que hace 70 años que optó por elevar el gasto sin parar. Si bien actualmente hay planteos en pos de reducir los impuestos para que crezca la economía, el déficit fiscal impide que se avance en ese sentido. Bajar la carga tributaria implica que antes disminuya el gasto. Según los últimos datos, el nuestro es el segundo país en el mundo que más impuestos les cobra a las empresas, y llegan a representar nada menos que 137,4 por ciento de sus beneficios. En las provincias se usa una lógica similar. El Observatorio de Finanzas Públicas del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), que viene realizando un seguimiento de la evolución en los últimos años la presión fiscal en Córdoba -es decir, la que surge de los impuestos, tasas y fondos que recauda la jurisdicción- observó que se incrementó continuamente hasta alcanzar valores máximos históricosdel Producto Bruto Geográfico estimado hasta el año 2015

(9,40 por ciento), cuando hasta hace unos años se mantuvo relativamente estable y nunca superaba cinco por ciento. En definitiva, muchos candidatos hablan de bajar los impuestos, pero pocos dicen cómo reducir el gasto que sostienen, fondeado por los contribuyentes, porque asumir el costo de bajar el gasto público puede costarles elecciones.¿Se imagina a un político que tenga como eje de campaña términos como “reducir” o“ahorrar”? Por el contrario, desde hace años las propuestas se reducen a explicar en qué o en quién se debería gastar más, porque la ciudadanía está acostumbrada a esa lógica.

Transición La transición en este sentido debe tomarse en serio y, vía dialogo, explicar cuáles fueron las consecuencias de las malas decisiones económicas. Argentina tiene incorporada la cultura de la “dádiva” del “Estado paternalista”, del cual se desprenden dos elementos principales: un gobierno que toma malas decisiones y ciudadanos que se acostumbran a las malas decisiones. El gasto público responde a un relato populista y estatista (“todo dentro del Estado, nada fuera de él”), pero las políticas intervencionistasasfixiaron la iniciativa individual y empresarial. Educar económicamente es el camino, que implicará decir, entre otras cosas, que para distribuir riqueza primero debe ser creada y que la prosperidad se alcanza con libertad.

* Asambleísta de la Coalición Cívica.

Oportunidad

Prioridades de la posible reforma: revisar tributos ineficientes y atacar la evasión

El desafío que tenemos los jóvenes abogados es decidir el rumbo de la abogacía con vistas al futuro. Somos la generación que mayor capacidad de adaptarse a los cambios ha mostrado en la historia y debemos plantearlos en la forma de ejercer nuestra profesión. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar los destinos de nuestro trabajo y hacer de los abogados profesionales innovadores, creativos e integrados al mundo de la tecnología. Está en nosotros aprovechar la oportunidad, porque, como dijo Steve Jobs, “las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian”.

A principios de año, según uno de los últimos informes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (World Economic Forum), entre 2016 y 2017 la carga impositiva sobre la producción en Argentina es la más elevada de las 138 economías analizadas. La entidad –que utiliza indicadores como la facilidad para abrir un negocio- supervisó, entre otros ítemes, el referido a la proporción total de impuestos que la economía formal paga en comparación con las ganancias. Durante 2018, según se prevé, se debatirá en el Congreso Nacional la reforma tributaria que prepara el Gobierno. El viceministro de Economía, Sebastián Galiani; el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, y el diputado Luciano Laspina (Cambiemos) están a cargo de perfilar la iniciativa, que se discutirá mientras la carga fiscal del país se ubica en alrededor de 32 por ciento del PBI, superando en 40 por ciento el nivel promedio de América Latina y el Caribe (que se ubica en 22,8%). Se estima que las prioridades de la propuesta del oficialismo serán: revisar los tributos ineficientes; reducir distorsiones y atacar la evasión y la elusión fiscal.


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ASUNTO PENDIENTE. DESDE EL AÑO 2009 LA CORTE SUPREMA RECLAMA QUE SE DICTE UNA NORMATIVA QUE

Justicia 2020: afinan detalles del anteproyecto Silvina Bazterrechea sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Se estima que en noviembre el ministro Germán Garavano tendrá en sus manos la iniciativa que deberá ingresar al Congreso para su tratamiento. Tras varios meses de trabajo, la comisión de expertos retoca los últimos aspectos de la legislación

ARCHIVO CYJ

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ntes de fin de año, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, tendrá en sus manos el anteproyecto de ley que busca regular el proceso de acciones colectivas, y la intención del Gobierno es ingresarlo al Congreso para su rápido tratamiento y aprobación. La legislación en la materia es una deuda pendiente en el país. Para paliar el vacío legal, la Justicia,por medio de la Corte Suprema, fijó pautas en el marco de la causa “Halabi”, allá por el año 2009. Sin embargo, es necesario contar con una norma general que regule la problemática en su conjunto. Así lo entendió el Gobierno nacional y, bajo esa premisa, incluyó el tema en la agenda del programa Justicia 2020. Javier Wajntraub es uno de los coordinadores de la comisión de expertos que está redactando el anteproyecto de ley. El funcionariole confirmó a Comercio y Justicia que el trabajo estará concluido en noviembre y resaltó su importancia, habida cuenta de las miles de causas que se tramitan actualmente en los tribunales del país. Sólo en la Capital Federal, hay 1.900 acciones de clase inscriptas

Argentina sólo cuenta con retazos normativos y acordadas de la Corte.

JAVIER WAJNTRAUB. Comercio y Justicia dialogó con el experto, que integra la comisión que están redactando el anteproyecto.

vos y acordadas de la Corte Suprema”, explicó, acotando que -si bien esas medidas facilitaron las cosas para los litigantes- persisten las dificultades y los desafíos. Semanas atrás se llevó a cabo en Córdoba un nuevo foro para continuar con el debate sobre los aspectos centrales que deberá contener la normativa. La discusión giró en torno a aspectos tales como la definición sobre cuáles son los casos susceptibles de ser enjuiciados colectivamente; quiénes estarán legitimados para actuar; cómo se notificará a los miembros del grupo; cómo se instrumentará la posibilidad de ejercer el derecho de autoexclusión y qué alcance tendrá la sentencia, entre otros temas.

(Javier Wajntraub, coordinador de la comisión de expertos del Ministerio de Justicia de la Nación) Competencia

en el Registro de Acciones Colectivas de la Corte Suprema, y otras 300 fueron interpuestas en la provincia de Buenos Aires.

Córdoba

En Córdoba, en cambio, este tipo de demandas aún es incipiente: durante el último año se planteó una decena de acciones judiciales y se estima que, en total, no superan la veintena. En tanto, cabe recordar que la Provincia no cuenta con un registro que permita calcular con exactitud la cantidad de procesos colectivos que se tramitan en los tribunales locales. Wajntraub fue claro al referirse a la problemática que significa el vacío legal. “En la actualidad,Argentina sólo cuenta con retazos normati-

Uno de los puntos más discutidos en la comisión es el relativo a la competencia. Según pudo conocer este medio, se prevé mantener a la Justicia Federal como un fuero de excepción, para evitar que se transforme en el “árbitro final” de la casi totalidad de los procesos colectivos. Ése es el criterio del Máximo Tribunal en la materia, que ya ha reconocido en diversos precedentes que el solo hecho de que haya personas afectadas domiciliadas en distintas jurisdicciones no genera necesariamente competencia federal sobre el asunto. Respecto de la jurisdicción, la iniciativa prevé que la demanda se interponga en el mismo lugar en el cual se produce la afectación del derecho. No obstante, aclara que si la asociación que interpone la acción pretende que tenga carácter interjurisdiccional o interprovincial, deberá litigar en don-

de tenga su sede. Asimismo, si bien la comisión evaluó la creación de un fuero especializado en materia de procesos colectivos, ello no quedó plasmado en el anteproyecto.

Representantes

Teniendo en cuenta que las acciones de clase tienen un representante, que es generalmente el abogado principal de la demanda, quien representa los intereses de todos los miembros del grupo aunque no tenga un mandato, si no se garantiza el control de las cualidades de aquél la sentencia podría afectar derechos y garantías fundamentales. Consultados por este medio, los especialistas coincidieron a la hora de señalar que la legitimidad de quienes planteen la demanda será amplia, respetando el modelo constitucional vigente. Sin embargo, detallaron que para la procedencia de la acción deberá existir caso concreto. Aunque se plantea una legitimación "amplia", la idea de la comisión es plasmar requisitos. En el caso de las asociaciones intermedias, por ejemplo, se exigirá un tiempo de constitución (antigüedad), demostrar idoneidad en la materia y tener los balances al día, entre otros. La intención es darles “seriedad” a los procesos y que aquellos que se presenten a litigar no sean "me-

ros aventureros", precisó Esteban Laguinge, abogado cordobés y miembro redactor de la iniciativa. En términos generales, todos coinciden en que si se pretende que el sistema de tutela colectiva de derechos funcione, la ley debe establecer mecanismos de incentivos adecuados, y proporcionales al interés público y a las finalidades que persiguen en términos de acceso a la Justicia. En ese sentido, la disyuntiva se centra en la posibilidad de incorporar el beneficio de litigar sin gastos automático (Justicia gratuita) o, simplemente, contemplar sólo la excepción del pago de la tasa. Si bien éste es uno de los aspectos sobre los cuales la comisión aún sigue debatiendo, se estima que la mayoría se inclinará por la segunda opción. Sin embargo, como el pago de la tasa de justicia es una facultad delegada a las provincias, ese aspecto dependerá, en definitiva, de lo que resuelva cada jurisdicción una vez que decida adherirse a la normativa nacional. Un dilema similar se planteó oportunamente en Córdoba con las demandas vinculadas a la Ley de Defensa de Consumidor.

Notificación

En los procesos colectivos, la publicidad y la notificación son trascendentales para garantizar la validez constitucional.

Litigios cada vez más complejos La razón de la presencia tan amplia de las acciones de clase se basa en su versatilidad. Otro factor que incide es que en la medida en que los litigios se tornan cada vez más complejos, la capacidad de actores individuales para asumir los costos disminuyen en forma correlativa.


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OTORGUE CERTEZA Y FIJE PAUTAS CLARAS. EL GOBIERNO TOMÓ NOTA E INCLUYÓ EL TEMA EN LA AGENDA

de ley que regulará procesos colectivos ARCHIVO TELAM

Sobre el punto, Laguinge precisó que se incorporarán medios "más eficientes, más modernos y de menor costo". Actualmente, los tribunales notifican a los involucrados por medio del Boletín Oficial y la publicación de la información en dos medios impresos. "La idea es que la persona tenga conocimiento efectivo de lo que está sucediendo, porque la gente no lee el Boletín Oficial", sostuvo el letrado. La notificación es sumamente importante, entre otras cuestiones, porque una vez iniciado el proceso los afectados tienen la posibilidad de pedir ser excluidos, ya sea porque no se sienten representados en la acción de clase o bien porque prefieren -por ejemplo- interponer una demanda individual.

Autonomía individual La comisión apunta a la importancia de que la normativa que se está perfilando les asegure a los miembros del grupo un margen de autonomía individual, permitiéndoles, cuando fuera posible y según el caso, optar por excluirse del proceso colectivo e iniciar su propio camino para reclamar sus derechos. Esa posibilidad estará garantizada en el anteproyecto y será una alternativa que tendrá el afectado; incluso hasta último momento, lo que implica que cualquier ciudadano que participe en una demanda colectiva tendrá tiempo de excluirse antes del dictado de la sentencia judicial.

Alcance de la cosa juzgada El alcance de la cosa juzgada generó controversia y es uno de los tópicos que sigue en debate dentro la comisión. Hay quienes sostienen que un proceso con control del representante colectivo por parte del juez, con adecuadas notificaciones a los miembros del grupo y con un efectivo derecho de éstos a apartarse, justificaría constitucionalmente una cosa juzgada de doble vía y definitiva; esto es: gane o pierda el legitimado colectivo, la discusión no puede reeditarse. Por el contrario, otros advierten de que en un sistema procesal en el cual aquellos tres factores no están debidamente regulados: la cosa juzgada debe ser más flexible y habilitar -en algunos supuestos específicos- a volver a discutir el conflicto colectivo o, cuanto menos, a dejar a salvo las acciones individuales de los miembros del grupo.

Registros En abril del año pasado, por medio de la acordada 12/16, la Corte Suprema aprobó el “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, que fija reglas que ordenan el trámite en los tribunales nacionales y federales de todo el país, con el fin de asegurar la eficiencia práctica del Registro Público de Procesos Colectivos que creó en el 2014. La Máxima Instancia advirtió sobre “un dispar cumplimiento de la obligación de informar por parte de los distintos tribunales nacionales y federales”, y destacó que hay juicios en los que se ventilan pretensiones idénticas o similares en diferentes tribunales del país. Si bien la Corte invitó a los superiores tribunales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a celebrar convenios que permitan compartir información y facilitar el acceso recíproco e ilimitado a los registros, la dinámica que esperaba no se concretó. Sobre la cuestión, Wajntraub fue tajante y opinó que la ley debe dejar en claro que es necesario que funcione un registro público de acciones colectivas. “Es fundamental para el éxito de estos procesos”, opinó.

Deuda El primer registro de procesos colectivos fue creado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Luego lo implementó la provincia de Salta. En Córdoba, como no hay un instrumento similar, la Fundación Tercera Generación, que trabaja en casos judiciales de incidencia colectiva, le pidió formalmente al Tribunal Superior que, mediante una acordada, dispusiera la creación de una base de datos. Luego, a instancia de la Asocia-

RIACHUELO. La causa por contaminación fue una de las acciones colectivas resonantes que analizó la Corte.

ción Civil de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), el legislador de Unión por Córdoba (UpC) Germán Pratto, presentó un proyecto de ley al respecto. La iniciativa preveía que el registro fuera “público, gratuito y de acceso libre” y que se inscribieran en forma ordenada “todos los procesos colectivos radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, tanto los que tengan por objeto bienes colectivos como los que promuevan la tutela de intereses individuales homogéneos, cualquiera fuere la vía procesal por la cual tramiten, la instancia y el fuero ante el que estuvieren radicados”. El articulado sigue sin ser abordado por la Legislatura Unicameral.

Caso paradigmático En el año 2004, un grupo de veci-

nos interpuso una demanda en contra del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 44 empresas por los daños y perjuicios que sufrió a raíz de la contaminación del río Matanza-Riachuelo. El 20 de junio de 2006, la Corte se declaró competente e intimó a los demandados a que presentaran un plan de saneamiento de la cuenca. También les ordenó a las firmas que procedieran a informar sobre los recaudos que tomaban para detener y revertir la polución de la zona. Finalmente, el 8 de julio de 2008, el Alto Cuerpo dictó un fallo histórico y determinó la responsabilidad de los accionados en materia de prevención y recomposición del daño ambiental ■

El fallo “Halabi” y los primeros lineamientos La causa “ Halabi” fue iniciada por el abogado Ernesto Halabi, quien promovió un amparo cuestionando la ley 25873, que autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas sin que se determinara en qué casos y con qué justificativos. El letrado reclamó que se declarara la inconstitucionalidad de la norma porque consideró que violaba el derecho a la privacidad, en su condición de consumidor y, además, el derecho a la confidencialidad, en su calidad de abogado. Al pronunciarse, la Corte fijó el criterio que deben seguir los tribunales en materia de procesos colectivos. Entre los puntos centrales estableció que: -Se debe resguardar el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. - Se debe verificar la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos indi-

viduales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. -Se debe arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, para asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer como parte o contraparte. - Se deben implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. Pese a todo, ni el fallo "Halabi" ni la significativa jurisprudencia posterior de la CSJN (o sus reglamentaciones) han remediado los serios inconvenientes que produce la necesidad de tramitar y decidir conflictos atípicos y complejos como son los que tramitan en el marco de procesos colectivos, con estructuras judiciales y reglas procesales que no fueron concebidas para la materia.


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