18 I Valor + IMarzo 2012 I Comercio y Justicia
PUBLICACIÓN MENSUAL DE COMERCIO Y JUSTICIA EDITORES COOP. DE TRABAJO LTDA. CÓRDOBA, ARGENTINA JULIO 2017
Cooperativas - Mutuales - Pymes - Asociaciones Civiles - Fundaciones - Clubes - Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
CAPACITACIÓN
Nuevo plan de formación vía Internet
Los directivos de tres entidades del interior que gestionan el servicio manifestaron sus inquietudes por la superposición normativa. Plantearon que es necesario que la legislación se estandarice, para que los municipios puedan adoptarla como parámetro y armonizarla con las cláusulas de los contratos de concesión que suscribieron. También evaluaron que es conveniente que en temas sensibles los argumentos políticos se dejen de lado y que se prioricen las consideraciones y recomendaciones de los expertos.
Se presentó la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social. La plataforma incluye una amplia oferta académica.
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UNIVERSIDAD
Mutualismo y cooperativismo en dos carreras Derecho y Ciencias Económicas dictarán contenidos específicos. Se consideran herramientas esenciales para los futuros profesionales.
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El enfoque técnico debe guiar la regulación del agua Pág. 3
Collage, luis Yong
ilustraCión: luis Yong
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La economía solidaria sigue trabajando para generar oportunidades
Nueva red para educarse a distancia l Grupo de Empresas Sociales de Trabajo Asociado (Gesta) lanzó la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, una plataforma que permitirá estudiar carreras de grado, tecnicaturas, cursos y diplomaturas. El sistema cuenta con dos nodos tecnológicos que permitirán un funcionamiento más dinámico en el cursado on-line, que será vía intranet. De la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Villa María para presentar el sitio oficial www.redgesta.com participaron el titular de Gesta, Miguel Ángel Olaviaga; Alejandro Russo, por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Federación de Mutualidades de Córdoba (Femucor), así como representantes de las entidades de la Red Gesta: Nahúm Mirad, de la Mutual Conexión; Roberto Iglesias, de Aldea Global, y Alberto Calvo, de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor). Hay más de 300 opciones de formación, en instituciones y universidades con títulos oficiales y validez nacional. La oferta educativa provienen de los institutos de Formación y Educación Superior, Virasoro y Santo Domingo y de las universidades de Belgrano y Fasta. La estructura digital permite una mayor dinámica y calidad en la presentación de los contenidos, ya que está respaldada
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SUPERANDO BARRERAS. Con la plataforma www.redgesta.com se busca ampliar el acceso a la educación.
por Arsat y el nodo Silica, la red nacional que maneja 75 por ciento del tráfico en la web que se cursa en Argentina. La Red Gesta nació potenciando las ventajas competitivas del grupo y sus más 25 años de capacitación y formación. A ello se suman las experiencias de Aldea Global; de Colsecor -integrada por más de 220 cooperativas y pymes de todo el país que prestan
servicios de televisión por suscripción y telecomunicaciones- y de la Red Experimenta de la Mutual Conexión, en la cual comunicadores sociales trabajan para brindar formación y capacitación.
Maestría En tanto, a poco tiempo de iniciarse la Maestría en Entidades de la Economía So-
cial, la primera de su tipo en América Latina, la CAM firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que abre un nuevo panorama educativo para profesionales y dirigentes, al regular condiciones especiales de costos y accesibilidad. Entre los objetivos del posgrado, cuyo segmento presencial se dicta en la UNR, figura el de lograr una sólida capacitación teórica y práctica mediante el estudio profundizado y especializado de las cuestiones jurídicas, económicas, políticas, antropológicas y sociológicas vinculadas a la problemática de las entidades de la economía social, a fin de que los operadores del sector puedan comprender su dinámica desde una perspectiva que les permita desarrollar aptitudes reflexivas y críticas y transferirlas a la gestión. Está destinada a egresados con título universitario, pero excepcionalmente serán admitidos quienes posean preparación y experiencia laboral acordes con las exigencias de la titulación, que tiene vinculación académica con entidades superiores, como la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (Ruess). Para facilitar la participación, se acordó que la carrera también se desarrollará a distancia. Paralelamente, la CAM implementará una bonificación especial de 25 por ciento del costo total del curso para entidades o federaciones asociadas n
Futuros abogados y contadores egresarán con formación sobre mutuales y cooperativas l Ministerio de Educación de la Nación aprobó la incorporación de contenidos sobre mutualismo y cooperativismo en los planes de estudio de las carreras de Abogacía y Contador Público. La medida incluye a universidades nacionales y provinciales, públicas y privadas, y se enmarca en las acciones que la Secretaría de Políticas Universitarias viene desarrollando por medio del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, en apoyo al fortalecimiento de la inclusión de las problemáticas de las entidades en las funciones de docencia, investigación y extensión de las altas casas de estudios. Las nuevas asignaturas son consideradas esenciales para la formación de los futuros profesionales del derecho y las ciencias económicas. La licenciada María Estela Lauritto, coordinadora de aquel programa, precisó que -conforme al procedimiento previsto en artículo 43 de la Ley de Educación Superior- le corresponde al Estado nacional, en acuerdo con el Sistema Universitario, nucleado en el Consejo de Universidades, definir qué carreras son "de riesgo" y requieren regulación, en tanto su ejercicio puede comprometer el interés público; esto es, poner en peligro la salud, la seguridad o
los bienes de los habitantes. Así, indicó que la potestad estatal implica la definición de la formación mínima y obligatoria con la cual deberán egresar los poseedores de los títulos.
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Demanda
Contenidos específicos Los estudiantes de Abogacía abordarán los nuevos contenidos en el marco de su formación general en Derecho Privado. Así, en la materia "Personas Jurídicas Civiles y Comerciales" se incorporaron los componentes cooperativas y mutuales. Por su parte, los alumnos de Ciencias Económicas que opten por ser contadores tomarán contacto con material sobre mutualismo y cooperativismo en el área jurídica de la currícula, por separado de sociedades comerciales y asociaciones civiles.
"Es conocida la demanda del movimiento cooperativo y mutual por el reconocimiento en los estudios universitarios de las cooperativas y mutuales y la importancia de que los profesionales universitarios conozcan sus particularidades y su especial modo de actuación en el contexto económico empresarial", planteó la experta en gestión pública. Asimismo, Lauritto valoró que el hecho de que los futuros contadores y abogados cuenten con formación específica constituye un gran avance para la comprensión y mejora de los procesos de gestión de firmas cooperativas y mutuales. En esa sintonía, manifestó que el paso que se ha dado "debe comprometer también la atención y la acción del sector cooperativo y mutual", para lograr la incorporación de contenidos mínimos en el conjunto de carreras declaradas de interés público (y que se declaren en el futuro), así como en las instancias de revisión de estándares que periódicamente se realicen n
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Los cooperativistas del interior coincidieron a la hora de evaluar la normativa vigente n Córdoba, la prestación del servicio de agua se descentralizó hace más de dos décadas, cuando el Estado provincial les dio a los municipios que quisieran tomar a su cargo la tarea la oportunidad de hacerlo. La mayoría de las comunas optó por celebrar contratos de concesión con empresas cooperativas, que -luego de planificar y concretar enormes inversiones- asumieron el doble rol de usuarias y proveedoras. Para interiorizarse en las problemáticas y desafíos que enfrenta el sector -en especial, por los costos y los aumentos de tarifas- Valor+ dialogó con Raúl Hoya y Víctor Gianandrea, de Fecescor (tesorero y presidente, respectivamente), y con Roberto Mancino, de FACE (vocal titular). Hoya preside la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios Públicos de Unquillo-Mendiolaza; Gianandrea es el titular de la Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva, mientras que Mancino dirige la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Aunque enfrentan desafíos distintos en sus ciudades, hubo coincidencia entre los entrevistados a la hora de señalar que lo óptimo sería que la regulación del servicio quede en cabeza de los municipios; ello así, porque son instituciones de la comunidad, al igual que las cooperativas, y el mejor escenario es del trabajo en conjunto, para potenciarse en la tarea de diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. No obstante, precisaron que esa modalidad colaborativa a veces no se logra, entre otras cosas, por cuestiones políticas y por las particularidades de cada localidad.
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"El servicio de agua debe regularse con una mirada técnica, no política"
Superposición normativa En tanto, apuntaron a la superposición de regulaciones -que se agudiza en las ciudades que están cerca de la capital, ya que por una razón geográfica el Ersep tiene la posibilidad de llevar a cabo mayores controles- como uno de los factores que complican el funcionamiento de sus empresas. En ese sentido, explicaron que la coexistencia de normas genera vacíos y áreas grises, que se traducen en conflictos a la hora de definir tarifas, cargos de infraestructura y calidades de servicio. "Es normal que los municipios tengan una participación poco activa en términos de control del servicio, porque existe confianza mutua entre las instituciones", subrayó Hoya, e indicó que cuando el Ersep interviene en el desarrollo de la actividad y requiere soluciones, respuestas e inversiones no toma en cuenta los términos y exigencias de los contratos de concesión ni el impacto de sus planteos en el plano tarifario. Así, el cooperativista de Unquillo explicó que el Ersep tiene facultades de contralor por sobre el titular del servicio, que fijó condiciones que no ne-
cesariamente están en línea con las pautas que el ente pretende aplicar. Hoya, Gianandrea y Mancino aclararon que el sector no pone en tela de juicio lo relacionado con los análisis de calidad y destacaron que las cooperativas le dan suma importancia a esa variable, por la simple razón de que también son usuarias y porque, en función de su tipo de organización, trabajan teniendo en mira el bienestar de las poblaciones que integran. Con respecto a las tarifas, hicieron hincapié en que las estructuras de costos de explotación son diversas para cada compañía, ya que se relacionan con las características de las zonas a las que proveen, con sus fuentes de abastecimiento y otros factores. De esa manera, sostuvieron que las regulaciones, por sí mismas, son buenas, pero puntualizaron que cuando deben definirse aumentos con los órganos deliberativos, en audiencias públicas, las motivaciones políticas interfieren mientras se analizan las medidas propuestas, y que los representantes suelen dejar de lado la información,
los cálculos y los argumentos técnicos. Partiendo de la base de que lo lógico es que las reglas de la prestación las imponga cada comuna, estimaron que el Ersep debería limitarse a ejercer un control de tipo "macro" y estandarizar la normativa vigente. Bajo esa premisa, propiciaron que dicte normas básicas de funcionamiento, para que los municipios las adopten como parámetros mínimos a cumplir dentro de lo que establecen las cláusulas de sus respectivos contratos de concesión, a fin de que cada titular pueda gestionar el servicio teniendo en cuenta tanto las notas típicas de su sector como sus necesidades y prioridades. En ese contexto, recordaron que las federaciones hicieron un trabajo conjunto con el Estado provincial para actualizar la normativa vigente, que aportaron mucha información y experiencia, y que siguen aguardando novedades. Los directivos manifestaron que toda la regulación y, por ende, el tema tarifario, que es el más sensible, debería enfocarse con una mirada técnica, no política. Paralelamente, reiteraron que el modelo cooperativo se basa en la relación de cercanía con los usuarios y que, por ese motivo, lo último que busca es que la prestación se encarezca. Sin embargo, hicieron hincapié en que la metodología de cálculo no puede quedar sujeta a la voluntad política de los concejales, ya que al abordar las discusiones hay que tener en mira los numerosos elementos que afectan los precios, como el valor del combustible y las inversiones que deben hacer las empresas n
DIRECTIVOS. Raúl Hoya y Víctor Gianandrea, de Fecescor, y Roberto Mancino, de FACE. La problemática de la regulación fue el eje del diálogo que mantuvieron con Valor +.
Las gestiones en marcha por el saneamiento Otra inquietud que manifestaron Hoya, Gianandrea y Mancino se relaciona con el saneamiento. Todos resaltaron que hay gran compromiso en la materia por parte de las cooperativas. Concretamente, Mancino alertó sobre el hecho de que "las plantas envejecen rápidamente y que necesitan auxilios de la Nación y de la Provincia". Cabe recordar que el Consejo Asesor de Políticas sobre Agua Potable y Desagües Cloacales, creado por la resolución 157/2015 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, está realizando una importante tarea de actualización de la normativa que regula los servicios públicos de suministro de agua potable y desagües cloacales.
Propuestas Fecescor y FACE Córdoba, como representantes de las cooperativas de servicios públicos, fueron convocadas para participar del trabajo, y desde hace varios meses elaboran propuestas para la confección del anteproyecto de reforma del régimen legal vigente. Entre los aportes que realizaron para armonizar la legislación pueden destacarse los siguientes: -Unificación del sistema en lo que se refiere a condiciones de concesión, impulsando la rúbrica de títulos habilitantes y suprimiendo los permisos precarios. -Ante la diversidad de controles, redefinir los roles institucio-
nales, para evitar las competencias superpuestas entre la Provincia, los municipios y el ente regulador. -Establecer mecanismos regulatorios de revisiones tarifarias, verificables en forma periódica o ante la variación porcentual de precios, destinados a afrontar los costos de operación y las inversiones de mantenimiento correctivo y preventivo, para permitir el cumplimiento de las metas contractuales. -Propender a la extensión de los plazos de concesión del servicio, actualmente limitados a 15 años. -Definir normas en defensa de la institucionalidad de la prestación por encima del interés político circunstancial.
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Mercado eléctrico: prestadoras buscan diálogo con el gobernador Las declaraciones de Juan Schiaretti sobre el esquema tarifario generaron malestar en el sector cooperativo. FACE y Fecescor expusieron sus argumentos y le solicitaron una audiencia al mandatario ecientemente, ante la prensa, el gobernador Juan Schiaretti responsabilizó a las cooperativas eléctricas por el costo de la energía en el interior. Los dichos del mandatario -quien, en lo medular, manifestó su preocupación por el sistema de regulación y las diferencias de tarifas- generaron malestar en el sector, que planteó que es necesario que haya diálogo directo, para que las prestadoras puedan manifestar su experiencia sobre el funcionamiento integral del mercado eléctrico. Con ese cometido, la delegación cordobesa de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) y la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor) le solicitaron una audiencia a Schiaretti.
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Asimetría En la nota que le cursaron, destacaron que la asimetría tarifaria no se explica de manera exclusiva por cuestiones de distancias geográficas y plantearon que es indispensable que se diseñe una herramienta que
permita compensar los costos de la prestación del servicio de energía eléctrica en las vastas extensiones rurales que están a su exclusivo cargo y en centros urbanos con escasa densidad poblacional, en donde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) no opera. FACE y Fecescor recordaron que acompañaron con sus propios recursos -y de manera permanente- obras de electrificación que le correspondían a aquella firma, y que no solventó por falta de posibilidades financieras, para dar respuesta al crecimiento económico del interior. Además, señalaron que las cooperativas, con su intachable historial de pagos, mediante la cancelación en tiempo y forma de sus facturas de compra de energía, aceptaron ser garantes de los instrumentos a los que debió acudir la EPEC para financiarse. "Aportamos por disposición del Estado provincial, a través de leyes o resoluciones administrativas, para permitir que la EPEC avance con obras que le son propias", enfatizaron las entidades.
Municipios Asimismo, indicaron que también asumieron el rol de entes recaudadores, por la necesidad que tienen los municipios, y que deben incorporar en las facturas las tasas y cargos que establecen las autoridades, las cuales, en la mayoría de los casos, son abusivas y contribuyen a encarecer el servicio.
En tanto, afirmaron que son discriminadas a la hora de acceder a los fondos nacionales previstos para compensación de tarifas y para el desarrollo eléctrico del interior. En ese sentido, subrayaron que mientras la EPEC se hace de esas partidas en carácter se subsidios, las cooperativas acceden vía préstamo, luego de atravesar un procedimiento "riguroso y burocrático" y "sujeto a la buena predisposición y voluntad" de la compañía provincial. Por otra parte, precisaron que acompañan financieramente la atención de "situaciones de emergencia y precariedad económica" mediante sistemas propios de tarifas solidarias, en virtud de los programas oficiales vigentes, y sostuvieron que las propuestas estatales para sumarse a esos planes se circunscriben al traslado de las demandas de los pobladores de los grandes centros urbanos a las cooperativas. Finalmente, FACE y Fecescor, por medio de sus presidentes -Omar Marro y Luis Castillo, respectivamente- destacaron la importancia de los argumentos con sustento técnico a la hora de emitir declaraciones sobre la materia. "Entendemos que el mercado eléctrico nacional y provincial requiere un profundo análisis y rediseño, en el que sin dudas los mejores resultados serán logrados con un trabajo comprometido, participativo e integral, en un marco de diálogo constructivo en los ámbitos pertinentes", sostuvieron las entidades en su pedido de audiencia n
Servicios para 70 por ciento del territorio Las cooperativas eléctricas prestan servicios en 70 por ciento del territorio provincial y abarcan casi todo el interior. El sector distribuye alrededor de 35 por ciento de la energía que se consume en Córdoba y el ciento por ciento de las líneas rurales. De hecho, las entidades se constituyeron básicamente para atender a las necesidades de los pequeños pueblos, hace ocho décadas, y fueron actoras fundamentales para su desarrollo económico, social y cultural. Sin su soporte, ningún emprendimiento industrial, agropecuario o comercial podría haber prosperado.
A partir de noviembre las cooperativas de servicios serán agentes de percepción del impuesto a los Ingresos Brutos
El Inaes habilitó un sitio web para tramitar certificados de vigencia de matrícula
Mediante la resolución 17/17, el Ministerio de Finanzas de la Provincia prorrogó hasta el 1 de noviembre la normativa que incorpora a las cooperativas de servicios públicos como agentes de percepción del impuesto a los Ingresos Brutos. La medida modificó la resolución 12/17, que establecía como fecha inicial el 1 de agosto. Algunas firmas están solicitando que los contribuyentes que estén exentos les acerquen las constancias que acreditan su situación, a saber: constancia de inscripción, comprobante de exención o nota en que acredite que por su actividad o profesión no deben pagar Ingresos Brutos. Según informaron varias empresas, no cuentan con precisiones sobre el encuadramiento de sus asociados en Rentas y, por lo tanto, quienes estén exentos deberán detallarlo, ya que si se realiza la percepción el importe no podrá recuperarse.
Para facilitar y agilizar gestiones, el Inaes posibilitó que cooperativas y mutuales soliciten certificados de vigencia de matrícula por medio de trámites a distancia, en el sitio web tramitesadistancia.gob.ar Asimismo, con el fin de que los destinatarios puedan verificar la autenticidad de los certificados que se les presenten, la página tiene una aplicación en la cual se pueden consultar los documentos que emite el instituto. En tanto, los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional podrán relevar la validez a través del sistema de gestión documental electrónica que implementó el Poder Ejecutivo.
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