EDITORIAL Es hora de combatir el delito

En esta semana han ocurrido dos actos delictivos que han conmocionado a la población. Uno, es que tres sicarios en el distrito de San Miguel han acribillado a balazos a seis miembros de una familia (dos esposos, dos hijos y dos abuelos). El otro es que después de 58 días de secuestrado el empresario José Gabriel Silva Vásquez logró escapar de sus captores; los secuestradores exigieron un millón de dólares “por rescate”; los delincuentes también tenían secuestrado a su trabajador José Luis Camargo de 23 años. El secuestro fue en Los Olivos; la Policía ya había informado que detuvo a varios secuestradores que son venezolanos; uno tenía un celular con el que coordinaba el cobro “del rescate”. Simultáneamente, aquí en Lima donde “trabajan” los gobernantes, diariamente en diversas modalidades se producen cientos de delitos contra la propiedad y la vida. Lo informan cada día los medios periodísticos escritos, radiales, televisivos. La Policía Nacional exhibe públicamente en programas televisivos a los delincuentes que han sido detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía con la respectiva denuncia; muchas veces agregan que delincuentes ya han sido detenidos antes por otros delitos o están requisitoriados. Si los han vuelto a detener es porque o el fiscal y/o el juez en lo penal les dio libertad. Lo evidente es que siguen cometiendo delitos en agravio de la población.

El “desarrollo” de la delincuencia está evidenciando muchas deficiencias. Citaremos algunas: 1.- En el Código Penal vigente no se ha impuesto penas severas por los delitos y establece “privilegios” a los delincuentes por razón de edad o el valor de lo hurtado o robado. 2.- El plazo de prescripción “es benigno”. 3.-

El Código Procesal Penal debe fijar plazos perentorios para procesar las causas penales y los fiscales y jueces (de todos los niveles) deben cumplirlas bajo responsabilidad. Actualmente en los actos delictivos los fiscales demoran indefinidamente para concretar la denuncia penal y los jueces penales procesan al delincuente en mucho tiempo; la dilación es inadmisible. Para muestra señalemos sólo los procesos por corrupción contra políticos electos. 4.- El Ministerio de Justicia no presenta proyectos para nuevos códigos sustantivos y procesales para que se debatan y aprueben en el Congreso. No “parches” ni copias.

Las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativos y Judicial tienen la obligación legal y moral de garantizar la seguridad de todos contra la delincuencia.. (Roberto Rendón).