Columnista invitado

Graves consecuencias del referéndum de Vizcarra

El Concejo de la Municipalidad provincial de San Miguel acordó declarar en emergencia administrativa y financiera a la Municipalidad Provincial de San Miguel por un plazo de noventa días. Así lo dio a conocer el alcalde de esta provincia, Ing. José Carlos Quiroz Calderón, mediante conferencia de prensa.

El burgomaestre provincial manifestó que el acuerdo de Concejo se tomó después de conocer el informe de cada una de las gerencias de esta municipalidad, hecho que permitió tener conocimiento del estado situacional administrativo y financiero en el que se recibió la Municipalidad, encontrándose un perjuicio económico cercano a los tres millones de soles, en agravio de la Municipalidad Provincial de San Miguel, por parte de la anterior Gestión Municipal de esta provincia. El mencionado perjuicio económico es por los conceptos del pago de instrumen- tos de gestión desactualizados, deudas de órdenes de bienes y servicios, falta de pago a personal, falta de dinero para terminar ejecución de obras, así como el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria. Si bien es cierto, el anuncio se realizó el untimo fin de semana, y la declaratoria se formalizó en sesión ordinaria del Concejo Municipal de esta provincia, el 17 de febrero del presente año, mediante el Acuerdo de Concejo N° 013 – 2023- CMPSM. En ese sentido, la medida tomada tiene como objetivo efectuar las reformas, cambios y reorganizaciones que fueran necesarias para optimizar sus recursos y funciones, adecuando su organización y la prestación de servicios para el logro de los fines y objetivos en beneficio de la población, respetando los derechos laborales, facultado al señor alcalde, disponer y efectuar las acciones que sean necesarias para la defensa y cautela de los derechos e intereses de la municipalidad, observando las normas legales vigentes y los sistemas administrativos del Estado. Asimismo, con la declaratoria de la emergencia administrativa y financiera se busca pedir auxilio económico al Estado y adoptar medidas como reducción de personal, incentivar al retiro voluntario y fortalecer el trabajo para la gestión de recursos propios, así como facilitar a la Procuraduría Pública las investigaciones necesarias. Cabe mencionar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes también el Gerente General, Asesor Jurídico, Jefe de Planeamiento y Presupuesto, Jefe de Recursos Humanos, Gerente de Infraestructura y Secretario General de esta Municipalidad, quienes sustentaron la información relacionada a sus respectivas áreas.

Fuente: MPSM

Sedacaj cuenta con nuevo gerente general se trata del Ing. Daniel Sánchez

El último fin de semana ubieron varias reuniones, y el Alcalde Cajamarca Joaquin Ramirez Gamarra en la condición de Presidente de la Junta General de Accionistas, visitó la EPS Sedacaj y sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo Gerente General Ing. Daniel Sánchez. Con él y otros funcionarios, analizó las acciones inmediatas que realizarán en conjunto, tanto Sedacaj así como la Municipalidad de Cajamarca, a fin de que se siga implementando nuevas acciones que conlleven a brindar más agua a los cajamarquinos.

Así mismo, aprovechó para felicitar al Directorio, por haber tenido la feliz iniciativa de nombrar como Gerente General al Ing. Daniel

Sánchez, quien aportará sus conocimientos en favor de todos los usuarios cajamarquinos, dada la alta capacitación que posee, expresó finalmente.

Fuente: Sedacaj

¿Para qué sirvió aquel referéndum antidemocrático del traidor Vizcarra? Para disimular –y justificar- su manifiesto golpe de Estado, después de clausurar el Congreso y dirigir transitoria, dictatorialmente el país vía decretos de urgencia; bajo la falacia: un referéndum para “mejorar la democracia” que, según dijo, “la había devaluado el fujimorismo”. Hablamos del “referéndum” donde manipuló al pueblo para: 1) Sustituir el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia; 2) Aprobar/desaprobar el financiamiento a los partidos políticos; 3) Aprobar/desaprobar la reelección de los legisladores; y 4) Aprobar o desaprobar la bicameralidad. A la luz de las consecuencias, amable lector, es evidente que lo único que cosechó aquel “referéndum” de Vizcarra fue mayor desgobierno, debilitar la democracia, y dilapidar dinero del pueblo; regalándole millones a cuanto títere con cabeza se le ocurra formar lo que acá les decimos “partidos políticos”. ¡En rigor una mera etiqueta que sirve de vientre de alquiler, y opera solo para satisfacer intereses personales del “promotor del partido”! En consecuencia, desmejora la calidad de quienes postulan a la presidencia de la República y/o a una curul legislativa, y resquebraja sensiblemente nuestra vida democrática. Pero claro. Vizcarra también montó la escena del “referéndum” para echarle tierra al cúmulo de escándalos que le perseguían. Como el affaire con ese sujeto Richard “Swing”; o hacerse vacunar no una ni dos, sino tres veces en secreto; o adquirir solo “pruebas rápidas”, en lugar de moleculares, propiciando así la muerte de 200,000 seres humanos a quienes, además, antes había dejado sin oxígeno y sin camas UCI de puro miserable y corrupto que es. El caso del cambio de nombre “Consejo Nacional de la Magistratura” por “Junta Nacional de Justicia” fue otro dolo. ¿En qué se diferencian? ¡Repetimos, más burocracia! Pero, por ejemplo, la ineficiencia –y sobre todo la corrupción- al interior del poder Judicial sigue a tope. A tal punto que ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional para poner coto a una corruptela inaugurada después del “referéndum” de marras. Estamos refiriéndonos a la mala praxis de algunos jueces que, vía medidas cautelares, detienen el trámite de lo que se le ocurra a Juan Pueblo sin que medie fecha de caducidad. Siempre y cuando Juan Pueblo sea amigo de un magistrado. ¡O de jueces temporales o supernumerarios! Esos a los que calumniaban los caviares durante el régimen Fujimori, y hoy se multiplican exponencialmente con el silencio cómplice que les garantiza aquella Junta de Justicia pletórica de caviares.

Ejemplo, el juez John Paredes Salas, quien lleva más de cuatro meses sin resolver la apelación de una fiscal, sobre un amparo que admitió dicho juececillo para bloquear la acción constitucional del Congreso de nombrar al Defensor del Pueblo, tras la renuncia de Walter Gutiérrez. ¡En este caso, hablamos de un juececito “supernumerario” que le ha impedido al Congreso desempeñar sus funciones constitucionales! Igual pasó con el Colegio de Abogados, al que otro juececito, probablemente marxista, le impidió que designase a su delegado ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Sospechosamente, ganó las elecciones un comunista!