CINCO NUEVOS PROYECTOS ENTRAN A ESTUDIO

Quito, EM

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de cinco nuevos proyectos relacionados con la modernización del servicio notarial, evitar conflictos de intereses en la administración pública, tráfico de vida silvestre, reformas a la Ley de Inquilinato, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La parlamentaria

Daysi Yuquilema explicó que, con el proyecto de Ley de Notarías Digitales, de iniciativa del exlegislador John Vinueza, es dotar al Estado las herramientas legales, tecnológicas y digitales en todos los procesos, entre ellos el notarial, para ser más eficientes en beneficio de la ciudadanía. Sobre este tema, también avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Notarial propuesto por el legislador Blasco Luna.

Además, conoció el proyecto de reformas al artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, referente al tráfico de vida silvestre, presentado por Johanna Moreira, quien dijo que, según la Unidad de Protección del Medio Ambiente, en lo que va del año se han decomisado 4.336 especies en varias provincias, lo que evidencia el tráfico de vida silvestre, por lo que se busca aclarar y ampliar la norma penal para sancionar este delito que puede estar ligado a delincuencia organizada transnacional.

Como cuarto punto inició el estudio del proyecto de Ley para Prevención de Conflictos de Intereses en la Administración Pública, presentado por los asambleístas Eitel Zambrano, Nathalie Arias y María José Plaza. Zambrano recordó que esta propuesta se ajusta a normas constitucionales y de tratados internacionales, que demandan de los estados la implementación de sistemas destinados a fortalecer la transparencia y prevenir los conflictos intereses, criterios que fueron compartidos por las legisladoras María José Plaza y Nathalie Arias, quien señaló que el proyecto abarca a la totalidad de los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular.

Por último, avocó conocimiento de las reformas a la Ley de Inquilinato, de iniciativa de la asambleísta Ana

María Raffo. La legisladora enfatizó que el proyecto está enfocado en actualizar la norma que tiene cerca de 23 años de vigencia. Advirtió que esta ley contiene tasas y multas en sucres, lo que impide la correcta aplicación de la norma.

También enfatizó que el cobro de una garantía por arriendo de un bien responde a una costumbre comercial, ya que no está normada y genera abusos por parte de los arrendadores.

Cr Nica

Por orden del Presidente Guillermo Lasso