Diputados iniciará la etapa de recolección de pruebas en juicio político a miembros de la Corte

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados iniciará el próximo jueves el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en sus funciones y otros cargos que sustentan el proceso de remoción que impulsa el oficialismo.

Tras haberse habilitado el jueves pasado la admisibilidad de dicho proceso, la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reunirá desde las 11 para fijar el cronograma de trabajo de la segunda etapa del juicio político.

En esa reunión se analizarán los nombres de los testigos que puedan brindar testimonio sobre los 14 expedientes y las más de 60 causas avaladas para ser analizadas por la mayoría oficialista en la última reunión de la comisión.

El Frente de Todos (FdT), con sus 16 integrantes (sobre 31 totales) habilitó esta instancia, en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, que entre los dos suman 15, vieron frustrada su propuesta de inadmisibilidad para impedir la continuidad del procedimiento. De cara a la reunión del próximo jueves, la diputada nacional María Rosa Martínez, del FdT anticipó: “Creo que hay que convocar a aquellas personas que puedan aportar a la prueba vinculada a las acusaciones”. “Supongamos que algún particular está convocado y se resiste a asistir, o no quiere asistir. Puede ser convocado por la fuerza pública. Además habrá documentación respaldatoria y una serie de elementos que hacen a la posibilidad de llevar adelante el proceso de prueba como en cualquier juicio. Seguramente, para su defensa y descargo, serán citados los acusados”, explicó Martínez. En diálogo con la prensa, la diputada por Buenos Aires, precisó también que “los cuatro acusados podrán venir, presentar un escrito o enviar un abogado defensor” que los represente.

También resta saber cual será la postura que tomará la Coalición Cívica -integrante de JxC- en la etapa que se inicia. Sucede que debido a la metodología de resolución de la admisibilidad, los dos integrantes de ese bloque tuvieron que aclarar que estaban de acuerdo sólo con el juicio político a Lorenzetti, en base a un proyecto propio presentado en 2016, aunque debieron confluir en el dictamen general de rechazo.

De hecho, en la última reunión, la diputada Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, denunció que junto al presidente de la bancada, Juan López -el otro integrante de la comisiónestán “hartos de recibir aprietes de Lorenzetti”. Fuentes parlamentarias estiman que el proceso de prueba se podría extender por dos o tres meses más, por lo que concluiría a fines de abril, con un dictamen que avalaría la acusación a partir de la mayoría que el FdT ostenta en la Comisión.

Allí, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el ple- nario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta). Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario en el cual la correlación de fuerzas se le presente como más favorable. De acuerdo a los expedientes que avanzan en la comisión, se deben fundamentar que los cuatro jueces incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1” para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.

Otro de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

El trabajo de la comisión de Juicio Político se inició el jueves 26 de enero, cuando el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de (JxC) de hacer fracasar el inicio de las sesiones. Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del principal interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte. En la segunda reunión, desarrollada el jueves 2 de febrero, expusieron la mayoría de los firmantes de los 14 expedientes dando los fundamentos que motivaron dichas presentaciones.#

Ataque a Cristina

La justicia volvió a rechazar pedido de Gabriel Carrizo

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó nuevamente otorgar prisión domiciliaria a Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre último, tras señalar que existen “riesgos procesales” que impedirían morigerar la modalidad de su detención.

“Considero que subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo afronte el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado”, sostuvo la magistrada en un fallo de 6 páginas firmado ayer.

Segundo intento

Se trata de un segundo intento realizado por la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano, presentado el 23 de enero último bajo el pretexto de que el procesamiento de su defendido se encuentra firme pero “su detención con carácter cautelar se tornaba de prolongación incierta”.

Para este nuevo intento, su abogado defensor propuso que sea enviado a la casa de su supuesta pareja con la que habría convivido días antes de ser detenido a mediados de septiembre pasado. La profesional que realizó la entrevistas para el caso relató también que “la relación dataría de hace poco más de un año, y la habrían mantenido en reserva de sus entornos sociales y familiares, a pesar de asegurar haber tenido contactos con regularidad durante ese periodo”, según surge del fallo de Capuchetti.

Al rechazar el nuevo pedido para acceder a la detención domiciliaria, la jueza sostuvo que “no se verifica ninguno de los supuestos mencionados en los artículos citados para que se proceda” a ese beneficio, a la vez que sostuvo que “no se ha incorporado en esta incidencia elemento probatorio o desarrollado circunstancia procesal alguna que modifique el escenario que motivó la denegatoria del primer planteo efectuado en este mismo incidente”. “Los reparos procesales que la defensa pueda guardar respecto a la celeridad con la que la investigación avanza actualmente a la siguiente etapa plenaria, pueden ser canalizados a través de los planteos que la parte estime correspondientes, y además deben ser contextualizados en el tramo actual en el que se enmarca el proceso”, respondió la jueza al planteo de la defensa de Carrizo.

“No obstante ello -continuó-, el arresto domiciliario no resulta el instituto para dirimir tales pretensiones, máxime siendo que el tiempo de detención preventiva que viene sufriendo Carrizo no luce desproporcionado en relación a la gravedad del hecho que se le enrostra, la complejidad de la investigación y los preceptos legales que regulan el instituto (Ley 25430)”.#

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