Estafa y despojo: Efraín se desentiende

En el año 2010, el directorio del PLRA autorizó la compra de una propiedad ubicada sobre la calle Iturbe, entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña, para la ampliación del local partidario. Los propietarios del inmueble acordaron la venta del terreno con las autoridades del PLRA. Se pagó solo el 25% de lo acordado. Los herederos de la legítima propietaria denuncian que fueron estafados por los dirigentes liberales y despojados de su propiedad, reclaman hoy el pago del total de lo acordado o, en caso de no abonar, que el PLRA desaloje el sitio. Efraín Alegre ignoró el reclamo y nunca se puso al día.

Fuente:

“La caja negra”

Los dueños del inmueble, la familia Zelada Fisher, fueron quienes ofrecieron el predio por la suma de G. 540 millones (poco más de 100 mil dólares al cambio de aquel entonces). Tras su muerte, en el 2011 la viuda Juvencia Fischer intentó concretar el negocio con el PLRA bajo ciertas condiciones para el cobro.

El equipo de “La caja negra” accedió al relato del hijo del matrimonio, Alcides Zelada Fisher, quien relató los detalles de las tratativas con los dirigentes del PLRA. Esto se hizo mediante el liberal Aníbal Franco, quien los puso en contacto con la entonces presidenta del partido político, Amanda Núñez, y el tesorero Ramón Gómez Verlangieri. A pedido de los liberales, se acordó efectuar la transferencia con la escribana Maribel Esteche.

En cuanto al pago, se resolvió dar 108 millones de guaraníes en cheque a la viuda y el remanente de 432 millones de guaraníes ejecutarlo por etapas. Iba a pagarse la mitad tras la cesión de derechos a favor del PLRA y la otra parte luego de una mensura judicial. Pese a que se cumplieron con las condiciones impuestas, la familia no pudo recibir el dinero que había sido depositado en la escribanía, según la denuncia.

Con el paso de los años, la señora Juvencia Fischer entró en una profunda depresión ante la pérdida de su inmueble al no cobrar la totalidad por la venta. A ello se sumó un suceso que le marcó profundamente: el crimen de Rodrigo Quintana, ocurrido en el 2017 en el interior de la sede partidaria.

La familia de la Señora Juvencia no quiso accionar legalmente contra el PLRA por el incumplimiento para evitar crear más conflictos y preocupaciones a la anciana mujer, por lo que optó más bien por enviar colacionados a quienes no cumplieron con lo pactado.

Fue así que se comenzaron a enviar colacionados a Amanda Núñez, Ramón Gómez Verlangieri y la escri-