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Ministerio de la Mujer revisará sumario que blanqueó caso de acoso
La medida administrativa fue tomada el 22 de octubre del año pasado.
Ministerio de la Mujer revisará el sumario que blanqueó al ex jefe de escritorio en Itaipú. La abogada Melisa Vargas, funcionaria perteneciente al servicio de atención del Ministerio de la Mujer, afirmó que se interiorizará sobre la denuncia de acoso sexual y laboral contra Gerardo Atanasio Soria Dávalos, alto funcionario de Itaipú y conocido en la binacional como el “jefe de escritorio”.
Al respecto indicó que procederá a revisar el desarrollo del sumario que le fue impuesto al empleado y que terminó por blanquearlo tras ser encajonado.
La medida administrativa fue instruida en octubre del 2022 por el director jurídico Juan Rafael
ITAIPÚ NO TENÍA
Caballero. “Si se realizó la apertura de un sumario es porque existen los indicios previos. Vamos a colocarnos a disposición (de la supuesta víctima) para saber si ella realizó una denuncia penal independientemente a no encontrar una respuesta en su institución. Se monitoreará también el sumario para ver si se cumplió con ciertos requisitos, eso es lo que hay que saber, tendría que ver eso para tener una mayor certeza del caso”, mencionó mediante una entrevista con el programa “Pase lo que pase”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Vargas indicó que el protocolo de actuación ante las denuncias similares requiere del cumplimiento efectivo de varias estipulaciones como, por ejemplo,
Antecedentes del “jefe de escritorio”
Soria Dávalos es un funcionario que saltó a la fama por su cargo de “jefe de escritorio” que le habían asignado en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19, hasta que lo ubicaron en un puesto más serio y pasó a cumplir funciones como director del área de Responsabilidad Social de Itaipú con un ingreso mensual de G. 52 millones. Según sus últimas declaraciones juradas de bienes presentadas a la Contraloría General de la República, el funcionario tiene además ingresos en concepto de intereses cobrados, lo que sugiere que se dedica al negocio crediticio, aunque no especifica de dónde proviene ese importe que percibe y que al año suma G. 252 millones.
la designación de una persona que se encargue de recepcionar la denuncia de la supuesta víctima, realizar averiguaciones dentro de la institución afectada, garantizar la confidencialidad y en el caso de corroborarse la acusación proceder al establecimiento de las sanciones contra el denunciado.
“La violencia laboral debe resolverse en el ámbito interno administrativo de la institución o de una empresa. Haciendo la salvedad de que el acoso sexual también se encuentra tipificado en el Código Penal, entonces, independientemente a que se realice una denuncia en la institución, ella cuenta con la potestad de realizar la denuncia en la Fiscalía para que se investiguen los hechos”, manifestó la abogada.
Competencia Analizan Aplicaci N De Ley
Explican que la Fiscalía tuvo que abrir una investigación propia.
La ex ministra de la Mujer María José Argaña afirmó que la Itaipú Binacional no tenía competencias para cerrar una investigación por acoso sexual de forma interna, dado que este hecho está tipificado como punible, por lo que se tuvo que haber informado al Ministerio Público sobre la denuncia en contra del “jefe de escritorio” Gerardo Soria, quien fue blanqueado por la institución.
En contacto con La Nación/ Nación Media, la ex ministra indicó que existen una serie de leyes que protegen a las personas en contra del acoso y la violencia en el ámbito laboral, y en este caso en específico, la Fiscalía tuvo que abrir una investigación propia, independientemente de las gestiones administrativas iniciadas por Itaipú. La Ley 1626/2000 de la Función Pública y el Código Laboral protege el derecho a no ser acosado sexualmente y trabajar en un ambiente libre de acoso y violencia, manifestó Argaña y agregó que también existen tratados y convenios internacionales con los cuales hay un compromiso, asumido por parte del Ministerio de la Mujer en representación de la República del Paraguay.
Mesa interinstitucional busca avanzar en la implementación de la medida.
“No pudieron resolver de forma interna porque es un hecho punible y es la Fiscalía la que debe dar término a la investigación, por más de que ellos hayan hecho una de forma independiente, además el Ministerio de la Mujer debe actuar de nexo”, detalló.
El senador Fernando Silva Facetti, vicepresidente de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, participó de una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la ley que establece los sistemas de monitoreo por dispositivos electrónicos como tobilleras y pulseras.
El parlamentario expresó que la implementación de la ley ayudará en gran medida a descomprimir las superpobladas penitenciarías del país, pero el principal obstáculo para su implementación es el aspecto presupuestario, situación que se viene analizando con todas las instituciones para buscar la mejor opción y que no genere un costo excesivo al Estado.
“La reunión fue muy productiva y de hecho pudimos avanzar bastante sobre la posible vía para el funcionamiento del proyecto. La próxima semana vamos a tener una reunión con los representantes de las empresas”, anunció, agregando que en la mesa de trabajo se ofrecieron las diversas alternativas existentes para materializar la aplicación de la mencionada ley.
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