Cuadernos Políticos, número 22, México, D.F., editorial Era, octubre-diciembre de 1979, pp. 75-90.
Eugenio Rivera Tres fases de la política económica en Chile (1973·1978)
La derrota inapelable que sufrió el movimiento popular en el año 1973 significó un profundo cambio en la correlación de fuerzas a favor del conjunto de la burguesía. Este cambio se reprodujo en el aparato del Estado, al asumir las FFAA la dirección del gobierno desplazando en sus funciones a aparatos estatales como el parlamento y los partidos políticos en los cuales se centraba en el pasado la fuerte resistencia que el movimiento popular oponía al bloque dominante. Esta nueva situación constituye el elemento determinante de la nueva política económica que impulsaría la Junta Militar y por ende su explicación fundamental. En este sentido, la tarea central que asumía el Estado dirigido por las FFAA no era otra que traducir en una nueva estructura económica el cambio en las relaciones de fuerza. La existencia de un bloque en el poder interesado en el objetivo mencionado no implica que se eliminen las contradicciones que enfrenta a las diversas fracciones que participan de él. Por el contrario, la lucha por la hegemonía dentro del bloque y por tanto dentro del aparato estatal constituye un segundo elemento explicativo de la política económica de la Junta Militar, ya que el carácter específico de la nueva estructura económica dependería en definitiva del desarrollo concreto de la lucha interburguesa. La política económica de la Junta Militar ha sido en este sentido muy exitosa, ya que ha logrado efectivamente traducir en un nuevo modelo económico la correlación de fuerzas resultante a partir del año 1973. Las formas concretas que éste asume corresponden al resultado que en el curso de estos años ha venido teniendo el enfrentamiento interbur~és. Deseamos realizar un análisis que se centre en el comportamiento de las distintas fracciones de clase del bloque en el poder en Chile,1 con el objeto de develar la profunda racionalidad que se esconde detrás de la política económica del régimen militar, que a menudo aparece como pragmática y contradictoria. Sólo de esta manera es posible comprender y observar en toda su magnitud la transformación que ha sido introducida en la formación social chilena. 1 Utilizamos el concepto de bloque en el poder en los términos definidos por Nicos Poulantzas en Poder político y clases sociales en el estado capitalista, Ed. Siglo XXI, México, 1969.
Creemos que de esta manera contribuimos a superar un vacío en el estudio de la Junta Militar, ya que la mayoría de los trabajos se atienen al marco del análisis económico y a declaraciones generales sobre el carácter de clase de la misma. Lo anterior ha tenido importantes consecuencias. En los primeros años, frente a las cifras catastróficas que presentaba la economía chilena, se pretendía ver el fracaso económico de la Junta en lo que no era sino un proceso mediante el cual se echaban las bases para el nuevo modelo económico, lo que llevaba a que permanentemente se estuviese anunciando la "pronta caída" del gobierno. 2 Lo equivocado de tal análisis es evidente. En la actualidad, se intenta negar que la economía capitalista se encuentra en vías de recuperación (y lo que es más importante: sobre nuevas bases) aduciendo por ejemplo que existe un alto nivel de cesantía, como si ello en abstracto jugase algún papel dentro de la lógica capitalista de la ganancia. El no recurrir al estudio concreto de las clases tiene por consecuencia política que la izquierda aún no termina de comprender que la Junta ha establecido un nuevo marco para la lucha de clases en Chile, el cual, aunque nos pese, ha de constituir el punto de partida de cualquier estrategia democrática y popular. I.
DESARROLLO DE LAS FRACCIONES BURGUESAS BAJO EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR
La historia del capitalismo en Chile en los últimos treinta años no mostraba otra cosa que la incapacidad de los distintos sectores sociales para resolver a su favor el empate político y social que caracterizaba a la formación social.3 El mantenimiento de esta situación era posible en la medida en que ninguno de los sectores intentaba cambiar radicalmente la correlación de fuerzas. Ello implicaba evidentemente un estancamiento que se hacía cada vez más intolerable para el conjunto de la sociedad. El gobierno de Frei, al agudizar las contradicciones que culminarían con el triunfo de la Unidad Popular, demostraba que esta situación no podía seguir mucho más. El gobierno de la Unidad Popular, si bien no buscaba destruir el Estado burgués, abrió un amplio cauce a las luchas populares, que progresivamente empezaron a atentar no sólo contra una fracción específica de las clases dominantes sino que por el contrario evolucionaban hasta amenazar el punto
2 Es el caso de James Petras, "Les contradictions s'exacerbent au sein de la Junta", Le Monde Diplomatique. París, junio de 1975 3 Esto no significa que durante todo este periodo el bloque en el poder no fuese burgués, sino simplemente que debido al alto nivel alcanzado por el movimiento popular, éste era incapaz de organizar a la sociedad a través del Estado con vistas a impulsar un desarrollo capitalista que superara el estancamiento.
tope del sistema capitalista: el Estado burgués. Esta amenaza llevó a que las distintas fracciones burguesas hicieran pasar a segundo plano sus contradicciones internas, para concentrar todas sus fuerzas en su lucha con el movimiento popular. De esta manera se generó una dinámica que necesariamente debería terminar con el triunfo de uno de los grupos en conflicto, lo cual abriría las posibilidades para que el sector triunfante pudiese implementar su proyecto económico social sin trabas, ya que el carácter total del enfrentamiento implicaba una derrota a largo plazo para el vencido. Es por eso que, si bien el periodo de Salvador Allende expresaba el punto máximo de la crisis que atravesaba desde 1953 el capitalismo chileno, significaba también la posibilidad de superarla por un periodo relativamente largo. Esta encrucijada decisiva para las clases dominantes se va a resolver a favor de éstas al ser derrocado Salvador Allende. Desde el punto de vista de la supervivencia del sistema capitalista, el bloque dominante se encontraba absolutamente unido. Los miembros del bloque en el poder estaban además de acuerdo en institucionalizar o cristalizar la nueva correlación de fuerzas en una nueva fase de desarrollo capitalista. Con la derrota del movimiento popular reunía por fin la burguesía las condiciones para hacer realidad este desarrollo, en la medida en que estaba al frente de un movimiento popular absolutamente inerme política, sindical y militarmente. Esta situación iba a permitir echar sobre las espaldas del proletariada y las otras capas populares el alto costo de la transformación del sistema capitalista chileno necesaria para una nueva fase. Esta nueva correlación de fuerzas entre las clases de la formación social chilena se materializaba en el aparato del Estado, que sufre a consecuencia del golpe militar una profunda transformación. Los aparatos del Estado en que el movimiento popular había adquirido una cierta influencia son simplemente destruidos (parlamento, partidos políticos)4 o en su defecto reconstituidos a partir de otros aparatos, como es el caso del ejecutivo o de algunos partidos políticos burgueses, cuyas funciones son asumidas por las FFAA. De esta forma, el Estado expresaba en su constitución la nueva correlación de fuerzas y en ese sentido asumía la tarea de impulsar una política que expresara los intereses globales del bloque en el poder, a saber, reconstituir el funcionamiento del sistema capitalista chileno y crear las condiciones para que en Chile fuese posible abrir paso a una nueva fase de desarrollo capitalista. La magnitud de la tarea era evidente, y la represión del movimiento popular expresaba que el bloque en el poder no iba a dejar de tomar ninguna medida que fuera necesaria para cumplir con ella. La agudización en la lucha entre las clases fundamentales de la sociedad y el hecho de que las 4 Utilizamos el término aparato de Estado en forma amplia, de manera que incluya instituciones como los partidos, sindicatos, etcétera.
contradicciones en el seno de las clases dominantes pasaran a un segundo plano no implicó que estas contradicciones desaparecieran ni tamo poco que durante el periodo de la Unidad Popular la lucha interna fuese dejada de lado. Muy por el contrario, en la lucha contra el movimiento popular se fueron creando las condiciones para resolver el problema de cuál sector asumiría la hegemonía dentro del bloque en el poder, una vez que la contradicción fundamental estuviese resuelta. La evolución de la lucha dentro del llamado en ese entono ces Frente Opositor no ha sido objeto de investigación cien· tífica. Por razones comprensibles, la investigación se ha centrado en el campo de la izquierda, dejándose de lado el estudio del campo burgués y su accionar contra el gobierno de Salvador Allende. A pesar de este vacío creemos poder entregar algunos antecedentes que nos ayuden a entender la política que va a desarrollar la junta militar en los primeros tiempos. A fines de la década de los sesentas la burguesía industrial ocupaba el lugar hegemónico en el bloque en el poder. El programa de la Unidad Popular buscaba estatizar el núcleo más importante de este sector con el objeto de crear el área estatal de la economía, al cual le cabía un papel fundamental en el proyecto económico a largo plazo que levantaba la Unidad Popular. En mayo de 1972 los avances logrados en este sentido son resumidos por Salvador Allende en su segundo Mensaje al Congreso en 1972: El área social reúne hoy 43 empresas que eran propiedad estatal antes del 4; de noviembre de 1970, más 55 que se han incorporado por decisión del gobierno. Otras 83 están bajo control público transitorio como consecuencia de infracciones legales que motivaron su intervención o requisición.5 Sin embargo, la situación era diferenciada según las ramas de la producción. En aquellas ramas vinculadas a los sectores más modernos y dinámicos, en los cuales existía una gran participación extranjera, el proceso de estatización avanzó con rapidez en la medida en que el gobierno decidió entrar en conversaciones con los propietarios en la forma siguiente: En relación con el capital extranjero vinculado a los monopolios criollos, la fórmula general fue la de obtener acuerdos cuyos principios esenciales eran: el control por parte del gobierno, mediante el traspaso parcial o total de derechos a un precio convenido y la continuidad del apoyo técnico y del abastecimiento [ ... ] Los acuerdos más importantes en este terreno se obtuvieron con IBM, Coates (hilos de coser), RCA (electrónica), corporaciones de la rama automotriz y
5 Cit. en La economía chilena en 1971. Instituto de Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1972. p. 425.
empresas metalúrgicas.6 Una situación parecida se pudo observar en el sistema bancario, donde a fines de noviembre de 1971 el proceso de estatización había sido prácticamente completado. La gran excepción en este sector la constituyó el Banco de Chile, el mayor en el sector privado. El Banco de Crédito e Inversiones, también de los más grandes, tampoco fue adquirido por el Estado −sólo intervenido tempranamente−, ya que las acciones se encontraban en su gran mayoría en manos de la familia Yarur, que se negó a venderlas. En torno al primer establecimiento se organizó un activo frente en contra del gobierno. De hecho se estableció un poder comprador de acciones que competía con el poder comprador del gobierno. Con una gran campaña propagandística fue posible evitar, hasta bastante avanzado el proceso, que el gobierno a través de la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) asumiera el control del banco. A pesar de que en 1972 tuvo lugar un cambio en el directorio que expresaba el predominio estatal, el sector privado mantuvo en su poder un poco menos del 50% de las acciones, lo que implicaba mantener un importantísimo poder financiero, sobre todo teniendo en cuenta la situación desmedrada en que estaban los otros sectores de la burguesía, en especial las distintas capas de productores meramente industriales cuyas empresas ya en un número superior a las trescientas por esa época se encontraban de diferentes formas en manos del gobierno. Encabezaba esta lucha por el mantenimiento del Banco de Chile en manos privadas el grupo Vial, más conocido como el "grupo de los pirañas", el cual a través de poder comprador establecido pudo acumular una importante cantidad de acciones que sería la base para que después pudiese tomar el control del banco, centro principal de la fracción financiera de la burguesía. Sus posiciones dentro de la institución bancaria no eran solamente de poder económico, sino también de poder político que en la pugna interburguesa por la hegemonía se demostraría decisivo. Es interesante observar cómo esta burguesía financiera en desarrollo fue adquiriendo un peso decisivo en los partidos y movimientos políticos de la oposición y con ello indirectamente sobre las FFAA, lo cual sería de gran importancia para determinar el carácter de la política que impulsaría la Junta. Testimonio de ello son las declaraciones de Pablo Rodríguez, jefe de Patria y Libertad seis años después del golpe: Sería hipócrita negar que me di cuenta de la posibilidad de ser utilizado por la derecha [...] Cuando me reunía con empresarios como Manuel Cruzat, Javier Vial, Jorge Yarur (todos los cuales encabezan hoy los grupos económicos más importantes) y otros, les hablaba de nuestra 6 Alberto Martínez, "El área de propiedad social y mixta del sector industrial durante el gobierno de la UP", en Investigación Económica, revista de la Facultad de Economía de la UNAM, México, abril de 1977, vol. XXXVI, n. 2.
concepción de empresa y de la urgente necesidad de transferir a los trabajadores una parte sustancial del capital. Recuerdo que ninguno ponía objeciones si, a cambio, lográbamos derrotar al gobierno de Allende. Ahora parece ridículo. A seis años nosotros perdimos importancia y ellos la ganaron.7 Más allá de la poca convincente ingenuidad del dirigente fascista, queda clara la activa participación de los representantes más importantes de la fracción financiera en la actividad tendiente a derrocar el gobierno de Allende. Más decisivos aún eran los contactos con el Partido Nacional y a través de él con las FFAA. La confluencia del trabajo de acercamiento hacia los militares con el trabajo que se venía desarrollando desde el comienzo de la década, de los setentas tendiente a presentar en lo económico un proyecto que satisficiera los grandes objetivos que ya hemos delineado, sería de gran importancia cuando llegase el golpe militar. Todo el accionar de la fracción financiera se conjugaba con la actividad de una burguesía agraria en formación cuya producción estaba orientada principalmente al mercado externo. Este sector se comenzó a desarrollar bajo el gobierno de Frei y fue sólo en pequeña medida afectado por el gobierno de Allende. La gran importancia asignada por el gobierno de Frei a la diversificación de exportaciones llevó a que se impulsaran programas, en especial a través de la CORFO, tendientes a desarrollar la agricultura de exportación.8 Especial atención le fue brindada a la promoción de la producción de fruta de vino y a la plantación de bosques destinados a la exportación de madera y de celulosa. Una situación similar fue posible observar en las ramas relacionadas con el mar, donde la industria pesquera de exportación tuvo un fuerte desarrollo. Bajo Allende, estos sectores pudieron seguir desarrollándose debido a que la política seguida bajo Frei no fue cambiada esencialmente. De hecho, las normas que se habían dictado en ese gobierno respecto a la inexpropiabilidad de las tierras productoras de uva y madera siguieron vigentes bajo la Unidad Popular. Ello dejó a estos sectores en un muy buen pie y más aún comparado a los grupos industriales, lo que −sumado al aumento de influencia política al lograr movilizar a importantes sectores campesinos a pesar de ser objetivamente favorecidos por el gobierno de Allende− trajo como resultado que en el momento del advenimiento del régimen militar constituyeran una fracción muy poderosa de la burguesía. 7 Hoy, n. 97, p. 22, semana del 4 al 10 de abril de 1979. 8 Al respecto ver "Entrevista a Raúl Saez, vicepresidente de la CORFO bajo Frei", Mensaje, vol. XXVII. n. 278, mayo, 1979, Santiago.
En el sector industrial fueron las empresas vinculadas a la producción agrícola más directamente las que mejor pudieron sobrellevar y en definitiva en muchos casos evitar la expropiación. El caso de las empresas productoras de celulosa es importante debido a que se ubicaron en su gran mayoría en la categoría de empresas mixtas, lo que permitió que las fracciones burguesas vinculadas al sector fueran capaces de consolidarse económicamente, quedando en muy buen pie para extender sus actividades bajo la Junta Militar. Como requiere mención especial el caso de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, la industria privada más grande del país, con una larga tradición exportadora. Esta empresa, propietaria de grandes extensiones forestales, poseedora en la práctica del monopolio de la producción del papel (80% de la producción) e importante exportadora de celulosa, es el núcleo económico encabezado por Eleodoro Matte. Al igual que en torno al Banco de Chile, se desarrolló alrededor de esta empresa uno de los enfrentamientos más decisivos entre el gobierno y la oposición. Merced a las movilizaciones realizadas, se evitó que la producción del papel pasara a manos del Estado y se fracturara este monopolio privado, lo que permitió al grupo mantener parte importante de su poder económico. Junto a ello es importante recordar que en esta batalla el problema político9 fue de especial relevancia, lo que permite pensar que en definitiva sería este hecho un importante punto a favor de estos sectores en la lucha por la hegemonía en especial en el frente militar. A nivel propiamente político, el predominio de las fracciones financieras y exportadoras vinculadas al sector primario se expresó en el progresivo aumento de la importancia del Partido Nacional, que desplazó a la Democracia Cristiana de la conducción del bloque opositor. Los demócrata-cristianos, poseedores de una concepción desarrollista, se encontraban mucho más vinculados a los sectores industriales y en especial a las empresas que se habían desarrollado bajo el gobierno de Frei, como la industria electrónica, la automotriz y en general la metalmecánica. Este sector fue casi completamente expropiado o en su defecto intervenido durante el gobierno popular. A nivel ideológico, el papel jugado por El Mercurio adquirió una importancia notable. La cadena periodística que encabeza pertenece a un antiguo clan familiar, el Edwards, y se ha desarrollado hasta transformarse en el vocero de los intereses generales de la burguesía, en especial de los sectores financieros y los vinculados a la exportación de productos agrícolas y del mar. Todos los antecedentes anteriores apuntan a señalar que durante el gobierno de la UP se producen grandes cambios en la composición del bloque en el poder, entre ellos un desplazamiento de la hegemonía de la gran burguesía industrial a los sectores financieros y agroexportadores de la burguesía 9 La derecha desarrolló una campaña propagandística por medio de la cual la lucha por la no estatización de la empresa se igualaba a una supuesta lucha por la libertad de prensa.
monopólica. Esta situación es decisiva desde la primera fase de la política económica de la Junta Militar, si bien esta fase tiene como contenido central la reconstitución básica del sistema capitalista, lo cual requería un compro· miso entre las diferentes fracciones hasta el momento de derrotar definitivamente al movimiento popular. Es importante revisar la conformación del bloque en el poder a fin de poder estudiar los comportamientos diversos de las distintas fracciones que han determinado el desarrollo bajo la Junta, a partir de que el movimiento popular fuera totalmente desplazado de la toma de decisiones. En primer lugar hemos de señalar la existencia de una fracción industrial surgida con el proceso de sustitución de importaciones, y que tiene un importante desarrollo bajo el gobierno de Frei. Esta fracción va a ser especialmente afectada por el gobierno de Allende en lo económico. En lo político su progresiva pérdida de influencia se expresará en el desplazamiento del PDC por parte del Partido Nacional en la dirección del bloque dominante. En segundo lugar, jugará un papel decisivo una fracción financiera que vive un fuerte desarrollo bajo el gobierno de la Unidad Popular en base al importante mercado especulativo que tiene lugar en ese periodo. Este sector logra mantener importantes puntos de poder, como son los más grandes bancos privados: el Banco de Chile y el Banco de Crédito e Inversiones. Este sector va a asumir desde un principio la hegemonía en el régimen militar. En la primera fase estará en proceso de consolidación, por la importante influencia que aún mantiene en esa época la burguesía industrial. Es en la segunda fase que se consolida, lo que se muestra en la política del shock que abre en abril de 1975 un segundo momento en la política económica. Con ello la burguesía financiera se extenderá definitivamente al conjunto de la economía, dando lugar a que se profundice una diferenciación de intereses en su interior. Así surgirá una fracción financiera vinculada a la agroindustria, a las exportaciones agrícolas y del mar, que luego de finalizada la política de shock −en estrecha unión con el sector meramente agrícola orientado hacia la exportación− asumirá la hegemonía inaugurando la tercera fase de la política económica a fines de 1976. Por otra parte adquirirá igualmente una fisonomía particular otra parte de la fracción financiera que extiende su influencia principalmente al sector industrial moderno. Ésta sufriría en la tercera fase al igual que el sector industrial a causa de las medidas económicas que, a pesar de tender a una política más expansiva, siguen siendo principalmente restrictivas. El proceso de modernización del campo que tuvo lugar a partir de la Reforma Agraria de Frei había dado nacimiento a una nueva burguesía agraria. Dentro de ella se desarrollaría un importante sector
dirigido a la exportación, que fue muy poco afectado por la política de la UP (en términos relativos). Bajo la Junta Militar tendría un gran crecimiento, por la política tendiente a favorecer permanentemente las exportaciones. Este grupo mantiene importantes vinculaciones con el sector financiero con intereses en la exportación. A modo de ejemplo se puede señalar que el actual ministro de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata, copropietario de COEXPORT −una de las cinco empresas que controlan el 70% de las exportaciones de fruta fresca−, era a la vez presidente del Banco Santiago, cuyos intereses principales se ubican en la exportación de celulosa y de harina de pescado, a la par de la actividad bancaria.10 El conjunto de estas fracciones conforma el actual bloque en el poder en Chile, siendo su enfrentamiento interno el hilo rojo que nos permitirá analizar la evolución de la política económica de la Junta. II.
LA PRIMERA FASE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA JUNTA MILITAR (SEPTIEMBRE 1973-MARZO 1975)
1. Reconstitución del sistema capitalista Las primeras medidas que tomó la Junta tendían a restablecer los mecanismos básicos del
10 El Banco de Santiago pertenece al grupo financiero Cruzat-Larraín, considerado como el más poderoso. Al grupo pertenecen, tras la reciente venta de las acciones del Estado de Celulosa Constitución, cuatro de las empresas más grandes de la producción de celulosa. Junto al sector agrario orientado a la exportación, existe una fracción vinculada a los catorce cultivos tradicionales (trigo entre otros), que se orienta en lo fundamental al mercado interno, y que ha sido por momentos perjudicada por la política económica de la Junta, lo que la ha llevado a asumir posiciones opuestas al gobierno. Estos sectores se ubican en especial en la zona sur del país.
funcionamiento capitalista y a consolidar la aplastante victoria sobre el movimiento popular de manera que fuese posible superar no sólo la crisis nacida bajo la UP sino la gran crisis que atravesaba el sistema capitalista chileno en los últimos veinte años. Casi huelga señalar que junto a la represión de dirigentes políticos, fueron suprimidos todos los partidos populares y la Central Única de Trabajadores. Todo esto traducía a nivel del Estado la derrota de las clases populares y creaba las condiciones para impulsar una política económica que sólo respondiese a las "necesidades técnicas" del sistema económico, es decir, a los intereses exclusivos del bloque burgués en el poder, excluyente de otros intereses, al contrario de lo que había sido el caso en los veinte años anteriores. Sobre esta base se toman las siguientes medidas: a] Restablecimiento de los precios relativos: se suprimieron todos los controles estatales de los precios, con unas pocas excepciones, dejando actuar libremente la "ley de la oferta y la demanda". Esto produjo un alza inmensa del costo de la vida que se reflejó en una inflación que superó 500% en el año 1973. La gran consecuencia de lo anterior fue la expropiación del 50% de los ingresos de las masas populares, lo que redujo la participación de los asalariados de un 61% a un 42% del ingreso nacional. Con ello el gobierno militar dejaba claro qué sector social pagaría el costo de la superación de la crisis. El restablecimiento de los precios relativos interesaba a todas las fracciones burguesas. Sin embargo, la radicalidad del proceso expresaba la poca influencia de los sectores industriales. Efectivamente, la medida produjo una fuerte caída del poder adquisitivo, que se tradujo primeramente en una caída de la demanda industrial. Los sectores más afectados eran ciertamente aquellos de la mediana y pequeña industria, como también algunas grandes industrias que, habiendo sido afectadas por la crisis política anterior, tenían grandes problemas de liquidez, que se acentuaban con la baja de las ventas. b] Devaluación permanente del peso: el dólar estaba sometido a los más variados sistemas, existiendo por tanto una gran variedad de precios. En corto tiempo la Junta Militar llevó el dólar a un precio único, que en términos generales estuvo permanentemente sobrevalorizado, con el objeto de favorecer a los sectores exportadores, que como hemos visto ocupaban un lugar preponderante en el bloque de poder. c] Reprivatización de la economía: este proceso fue vinculado desde un principio a la lucha antinflacionaria. Como señalaba El Mercurio: "La mayor y más efectiva medida de estabilización monetaria podría ser, en estos momentos, la colocación entre el público y a su valor comercial de los enormes contingentes de acciones y derechos de empresas que el Estado tiene en su poder".11 11 Cit. en Pablo Santillana, Chile: análisis de un año de gobierno militar. Prensa Latinoamericana, Buenos Aires, 1974, p. 36.
El equipo económico no demoró en seguir este consejo. Así, en diciembre de 1974, es decir apenas 13 meses después del golpe militar, El Mercurio hacía el siguiente balance que es citado por Andre Gunder Frank: "[...] de las 480 empresas que se encontraban bajo el control del Estado en septiembre de 1973, 220 han sido devueltas a sus propietarios, 26 están siendo devueltas, 56 fueron vendidas, 59 están siendo, negociadas o a la venta, 51 están bajo análisis, 18 casos están en estudio y 20 permanecerán temporalmente o permanentemente públicas".12 d] Detención de la reforma agraria: un proceso similar tuvo lugar en el campo, donde mediante la simple restitución de la totalidad del predio expropiado o mediante el otorgamiento de reservas adicionales se llegaba a lo siguiente: "Ambos mecanismos han permitido 'regularizar' 61% del total de los predios expropiados de 1965 a 1973, devolviendo a sus ex-dueños y restando a los campesinos 229 164 hrb, equivalentes a 26% del total de la superficie expropiada".13 2. Hacía una nueva estructura económica. Las medidas arriba enunciadas, a pesar de que favorecían a unas fracciones más que a otras, respondían globalmente al interés del conjunto del bloque en el poder por restablecer el funcionamiento del sistema capitalista. La situación variaba en la medida en que estuvieran al orden del día políticas tendientes a crear las condiciones para una nueva fase de desarrollo capitalista, ya que ello implicaba profundas modificaciones en la estructura productiva y consecuentemente en la estructura de clases. La lucha por la hegemonía era también la hecha por el carácter concreto que asumiría el nuevo modelo económico. Cada nueva fase de expansión capitalista presupone una crisis económica y un proceso de centralización destinada a crear la base financiera y técnica para la expansión posterior del capitalismo. Esto implicaba que algunos sectores burgueses, según transcurriera la lucha de clases, serían "sacrificados" en la fase previa al esperado boom, objetivo que unificaba sin embargo al contradictorio bloque en el poder. Este otro paquete de medidas estaba relacionado con los siguientes problemas: el papel del Estado; la política estabilizadora y la inflación; el tratamiento del capital extranjero, las tarifas arancelarias y el Pacto Andino. a] El papel del Estado y el gasto fiscal En el seno del Estado se impuso con rapidez una concepción respecto a la actividad estatal en la 12 An open letter about Chile to Arnold Harherger and Milton Friedman", Urpe, The Review of Radical Political Economics, vol. 7, n. 2, 1975. 13 José Calderón, "La política de la junta militar chilena en el sector agropecuario. Antecedentes y perspectivas". Comercio Exterior, vol. 27, n. 12. México, diciembre de 1977, p. 1422.
economía que contradecía toda la historia chilena. Según esta concepción la función del Estado se reducía a: "[...] proporcionar un marco legal y monetario estable, hacer respetar los contratos, juzgar las disputas y protegemos contra la coerción que quisieran imponernos nuestros conciudadanos".14 Después de que durante cuarenta años el Estado había asumido un papel preponderante en la inversión, en la asignación de crédito, en el control del comercio exterior, etcétera, se pretendía revertir el proceso de una cada vez más amplia intervención directa del Estado en la economía. Esta nueva evolución fue puesta en relación con el predominio del monetarismo en el equipo económico que en forma cada vez más importante asumía la dirección económica.15 Creemos que lo importante es destacar que el predominio de esta concepción y la reversión de la intervención estatal expresaban los cambios ocurridos en el bloque en el poder y en especial el desplazamiento de la burguesía industrial por la fracción financiera de la burguesía del sitial hegemónico del bloque. De hecho históricamente el desarrollo industrial en Chile había implicado que paralelamente el Estado asumiera un papel de apoyo directo a este desarrollo, lo cual se manifestó en el carácter que tuvo la CORFO en los primeros veinticinco años de existencia y en la intervención estatal para que en la asignación del crédito se asegurara bajas tasas de interés. De esta manera el banco central fijaba los niveles de la tasa de interés. En la nueva situación el objetivo de la fracción hegemónica era asumir el papel fundamental en el mercado financiero, lo que implicaba que el Estado abandonara sus funciones tradicionales. Junto a ello se hacía indispensable que el Estado se deshiciera del conjunto del sistema bancario que había sido estatizado en el periodo de la Unidad Popular. El desarrollo industrial había exigido además, de parte del Estado, la imposición de un creciente proteccionismo como única forma de que las industrias nacionales pudiesen competir con las firmas transnacionales que se empezaban a extender hacia América Latina. Los nuevos grupos hegemónicos no requerían de una protección de esa naturaleza, debido a las condiciones naturales y a los bajos salarios; por el contrario, la plena apertura al exterior, por su carácter exportador, constituía condición de su desarrollo. 14 Milton Friedman, "Falacias de la planificación", Ercilla, n. 2088, Santiago" 18 de agosto de 1975, p. 18. 15 Ejemplo de ello aparece muy gráficamente en la siguiente cita: "Su aplicación [de la teoría monetaria de Friedman] incondicional y dogmática a un país subdesarrollado como Chile [...] no dista de ser un nuevo intento de traslación automática e irreflexiva de modelos provenientes de países desarrollados a realidades y contextos completamente diferentes, esta vez con el agravante de que su aplicación se inscribe en el marco de una política singularmente brutal". Friedrich Ebert Stiftung, Forschungsinstitut, Chile: antecedentes sociopolíticos y política de estabilización, Trabajos del Departamento de Países Subdesarrollados, n. 44. Bonn, 1977, p. 15.
Más allá de los argumentos ideológicos, la intervención estatal, más que reducirse cambiaba de carácter y dirección. En primer lugar, el Estado asumía la responsabilidad de fijar los salarios tanto en el sector privado como en el sector público. En segundo lugar, aseguraba un importante apoyo al sector exportador en forma directa a través de subsidios (como para la industria forestal) y en forma indirecta por una política cambiaria que mantenía constantemente caro el dólar. En tercer lugar, y decisivo en todo el periodo del régimen militar hasta ahora, el Estado aumentaba en forma brutal la actividad del aparato represivo, la cual asumía un carácter directamente económico. En el gasto fiscal supuestamente excesivo se han concentrado las críticas de los nuevos sectores hegemónicos bajo la Junta Militar. Como hemos señalado, la inversión fiscal ya antes de Allende sobrepasaba el 70% de la inversión total, y evidentemente era fuente de trabajo para importantes sectores industriales. Según los economistas de la Junta, en el desmesurado gasto del aparato estatal radicaban la causa fundamental de la inflación que permanentemente había azotado a la economía chilena. Por ello se hacía necesario según los mismos economistas reducir drásticamente este gasto como única manera de terminar con la inflación. b] La política estabilizadora y la inflación Existía consenso entre las distintas capas burguesas que las medidas estabilizadoras tenían que venir en primer lugar a través de la reducción del déficit fiscal. Al plantearse la discusión sobre las medidas concretas a aplicar para alcanzar el objetivo señalado terminaba esta unidad de criterios. Para eliminar el déficit fiscal existían dos caminos: reducir el gasto o aumentar los ingresos del fisco. La segunda alternativa permitía al Estado mantener sus niveles de demanda, a pesar de que se combatía la inflación, evitando así perjudicar a los sectores industriales para los cuales una baja de la demanda estatal traía consigo una fuerte caída de su actividad económica. Al respecto el economista Ernesto Tironi (vinculado a la democracia cristiana) señalaba lo siguiente: "Por definición un déficit es la diferencia entre gastos e ingresos. En consecuencia puede reducirse tanto disminuyendo los gastos como aumentando los ingresos. Esto último raramente se menciona, aun cuando su efecto sobre la inflación sea igual a la reducción de los gastos, con la diferencia de que incluso puede acarrear otras ventajas adicionales bajo algunas circunstancias como las actuales en que existe un alto desempleo” 16 No era en absoluto casual, ni tampoco se podía achacar a una supuesta ignorancia por parte de los dirigentes de la junta, el que "raramente' mencionaran la segunda alternativa. A través de ciertas medidas en la lucha contra la inflación la gran burguesía financiera estaba interesada en apoderarse de 16 "Mercado de capitales, déficit fiscal e inflación", Mensaje. vol. 24. n. 237. Santiago, marzo-abril de 1975, p. 91.
las empresas e instituciones financieras que aún se encontraban en manos del Estado y de paso de algunas otras empresas arrancándolas directamente de manos de sectores industriales en la medida en que una reducción del gasto fiscal radical provocase una fuerte crisis económica. El alto precio del cobre, que permitía mantener relativamente bajo el déficit fiscal debido a los altos ingresos del fisco por ese concepto, y sobre todo el peso que aún mantenían los sectores industriales en el régimen hicieron que las medidas estabilizadoras no fueran lo radicales que hubieran deseado los sectores financieros. Esta situación del campo de fuerzas fue claramente expresada por Jorge Cauas, ministro de Hacienda, quien en abril de 1975 introduciría las medidas que él mismo en noviembre de 1974 había condenado por las siguientes razones: [...] Detener bruscamente la inflación implica eliminar de inmediato el déficit fiscal y reducir bruscamente el crédito al sector privado o generar un déficit desmedido de la balanza de pagos [...] Un simple análisis de estas medidas nos da una idea de las catastróficas consecuencias que tendría una política de este tipo [...] La eliminación del déficit [...] en la práctica se traduciría en cientos de miles de funcionarios públicos cesantes, [lo que] indudablemente tendría repercusiones sobre la actividad del sector privado [ ... ] En síntesis, el costo social, en términos de pérdida de producción, empleo e ingresos de una política económica como la mencionada sería altísimo y estamos seguros que la mayoría de los chilenos no estaría dispuesta a aceptarlo.17 Esto significaba que las fuerzas de la fracción industrial eran suficientes para evitar la aplicación radical de la política estabilizadora. A pesar de ello, existía ya un cierto predominio de capas financieras en el gobierno. En el año 1974 se introdujeron medidas restrictivas que provocaron, como ya señalamos, una seria crisis de realización. Por otra parte también había sido posible imponer una política tendiente a privatizar una serie de empresas, lo que muestra que una política que supuestamente apuntaba a disminuir el déficit fiscal, por el contrario tendía a cerrar las posibilidades de disminuirlo, como señala Tironi: La libertad de precios ha permitido además suprimir automáticamente los subsidios, e incluso generar utilidades, en muchas empresas productivas bajo el control de CORFO. Sin embargo, en los momentos que esto comienza a ocurrir, se procura vender esas empresas a particulares, con lo cual el Estado se bloquea a sí mismo una vía para captar ingresos y reducir el déficit fiscal a largo plazo.18 17 Cit. por Friedrich Ebert Stiftung, op. cit., P. 17. 18 Ernesto Tironi, op. cit., p. 92.
Del trozo citado se desprende el verdadero contenido de la política estabilizadora aplicada. Esto quedó demostrado en 1974 cuando, según cifras oficiales, la inflación alcanzó más de 375% (y más de 600% según el Banco Mundial), "a pesar de los grandes esfuerzos estabilizadores". Pero será en la segunda fase cuando se dibujará en toda su dimensión. c] El tratamiento del capital extranjero, las tarifas arancelarias y el Pacto Andino Desde la época de Frei existía el convencimiento entre los distintos sectores de la burguesía de que la apertura al exterior constituía una imperiosa necesidad para que la economía chilena saliera del marasmo en que se encontraba desde 1953. El Pacto Andino, y previamente la ALALC, habían nacido en estos marcos. Con excepción de sectores de los medianos y pequeños productores industriales que sobrevivían por los fuertes niveles de protección, el conjunto de las clases dominantes era partidario de una apertura al exterior. Esta apertura comprendía dos aspectos principales: una nueva definición de las condiciones en que se recibiría la inversión extranjera y en segundo lugar una disminución de los altos niveles de protección. Si bien el bloque dominante podía superar la resistencia que podría originarse en los sectores industriales pequeños y medianos, no podía dejar de poner atención a las dificultades que surgirían entre los propios partidarios de la apertura al exterior. En efecto, el acuerdo general se debilitaba cuando se entraba a tratar el tipo de reducciones que deberían sufrir las tarifas arancelarias y si las nuevas condiciones para la inversión extranjera habrían de ser impuestas aun a costa del abandono del Pacto Andino. Respecto a las tarifas arancelarias la situación era la siguiente:
El Mercurio del 23 de marzo [1974] anunció el decreto que promulgaba la libertad de importación, dejando de regir a partir de este momento los cupos por glosas y las cuotas por importador [...] Hasta febrero de 1974 los aranceles aduaneros eran del orden del 500% al 600%. A principios de marzo sufrieron una nueva reducción. Todos los aranceles superiores al 220% fueron disminuidos hasta el nuevo nivel de 200%. Y los que oscilaban entre el 59 y el 220% se rebajaron en un 10%. El 5 de junio el ex-ministro de Hacienda, vicealmirante Gotuzzo, anunciaba que el arancel máximo quedaba reducido a un 140%, señalando que es propósito del gobierno que la nueva estructura arancelaria contenga derechos aduaneros que como máximo alcancen cifras del orden del 60%. Este nivel se alcanzará, progresivamente, hacia comienzos de 1977.19 En las reducciones propiamente dichas, no existían mayores problemas entre los sectores más
19 Pablo Santillana, op. cit., p. 53 ss.
importantes de las clases dominantes por lo moderado de las reducciones.20 El problema radicaba en que los niveles de protección deseados estaban en crasa contradicción con los aranceles en estudio en el Pacto Andino. La discusión con los otros miembros del Pacto Andino se centró alrededor de las condiciones para la inversión extranjera, ya que el estatuto del inversionista entraba en contradicción con la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena.21 Los puntos cruciales se referían a que la empresa extranjera podía reexportar sus ganancias al exterior sin ningún límite, no teniendo tampoco la obligación de transferirse a capitales nacionales después de quince años. La Junta intentó evitar el problema señalando que el acuerdo entre los miembros del Pacto afectaba solamente a las empresas que querían gozar de los beneficios provenientes del mercado común. Esta interpretación violaba el espíritu del compromiso tendiente a fijar condiciones iguales para la inversión extranjera en la región y no fue aceptada por los demás miembros, lo que obligó al gobierno a aceptar ese "modus vivendi [que] consiste, simple y llanamente, en la estricta imposición de las disposiciones de la decisión 24, aplicándose el decreto 600 sólo en sus aspectos periféricos".22 La aceptación del criterio expresado por los demás países miembros es una muestra que la burguesía industrial chilena, que tenía interés en desarrollarse justamente en función del mercado común, disponía de la suficiente fuerza para impedir que la Junta insistiera en su criterio, incluso so pena de tener que abandonar el Pacto Andino. Otra va a ser la situación en 1976, cuando los sectores financieros y agroexportadores se hayan fortalecido tanto que les va a permitir pasar por encima de los sectores industriales, abano donando Chile el Pacto. La fuerza del sector industrial se llegó a expresar en la primera fase también en la política de reducción arancelaria de la Junta Militar que debía llegar a una tarifa máxima de 60% en un periodo de tres años, hasta 1977. Este nivel, si bien exigía un aumento de eficiencia de las empresas para poder competir con las empresas extranjeras, no constituía un gran problema para una buena parte de los productores del sector. Por otra parte, el periodo de tres años era 20 Las reducciones llegarían a una meta donde los aranceles máximos serían de 60%. Sin embargo, este acuerdo cambiaría en el momento en que el ministro de hacienda Sergio de Castro (que remplazó a Jorge Cauas) anunció que se reducirían todos los aranceles a un 10% mediante un proceso que se iniciaba en el momento del anuncio (diciembre de 1977) y culminaba en junio de 1979. 21 La Decisión 24 se refería principalmente al tratamiento que se daría a la inversión extranjera en la región, aspirando a uniformar las reglamentaciones con el objetivo de evitar que los inversionistas extranjeros actuaran desde posiciones de fuerza frente a países aislados. El acuerdo planteaba la obligación de transformación de las empresas extranjeras en mixtas o nacionales al cabo de un cierto plazo. 22 Orlando Sáenz, "Decreto 600 y Decisión 24", Qué Pasa, n. 199, Santiago, 13 de febrero de 1975, p. 17.
suficientemente largo para que los establecimientos industriales pudiesen ir preparándose para los menores niveles de protección. Resumiendo, la primera fase se caracterizaba principalmente por una unidad de criterios dentro del bloque en el poder en la perspectiva de consolidar la nueva correlación de fuero zas entre las clases dominantes y los sectores populares, de restablecer los mecanismos básicos del sistema económico y de devolver a los antiguos propietarios las empresas confiscadas y/o intervenidas. Sin embargo, la forma concreta en que se desarrollan estas medidas, como asimismo el comienzo de la aplicación de otras políticas que llevaron a una crisis de realización que se une a los problemas que arrastraban las empresas industriales desde la época de la UP, trae como consecuencia un debilitamiento de la fracción neta mente industrial de la burguesía. Como contrapartida, el gran desarrollo que tiene la actividad bancaria debido a las altas tasas de interés, como también los sectores exportadores por la política de subsidios y el mantenimiento de un dólar caro, producen un fortalecimiento de las fracciones financiera y exportadora de la burguesía. Esto explica en lo fundamental la política aplicada en la segunda fase, conocida como "del shock".23 IV LA SEGUNDA FASE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA (ABRIL 1975-AGOSTO 1976): CONSOLIDACIÓN DE LA HEGEMONÍA DE LA BURGUESÍA FINANCIERA Y AGROEXPORTADORA EN EL BLOQUE DE PODER 1.Las condiciones políticas e ideológicas para la aplicación de la política del shock La evolución de los distintos sectores burgueses a nivel económico se articula a importantes acontecimientos de oro den político e ideológico que permitirían superar la fuerte oposición que necesariamente tenía que provocar una política tan restrictiva como la que se empieza a aplicar en abril de 1975. Durante toda la fase anterior se venía produciendo un progresivo desplazamiento de los cuadros demócrata-cristianos que habían asumido funciones de responsabilidad en el Estado. Por otra parte, antiguos dirigentes medios y técnicos del mismo partido sufrían una evolución que los alejaba de posiciones del partido. Los principales aparatos económicos del Estado eran copados por funcionarios profundamente vinculados a los más fuertes grupos financieros, muchos de los cuales habían venido elaborando un programa económico desde la campaña presidencial de 1970, cuando habían constituido el equipo asesor del candidato de la derecha Jorge Alessandri.
23 Véase Memoria Anual del Banco Central de Chile 1974: informes sobre crecimiento de exportaciones y expansión de la actividad bancaria.
De gran importancia fue la muerte del entonces ministro de Defensa, general Bonilla, el cual aparecía desde el gobierno de Frei con contactos con el partido demócrata cristiano. Su desaparición implicaría el fin de las "preocupaciones sociales" relacionadas con el impulso de cooperativas y de las empresas de trabajadores, iniciativas a las que los demócrata-cristianos asignaban gran significación. Desde el punto de vista ideológico, es bueno recordar la fuerte campaña desarrollada en contra del "mal empresario", que supuestamente no se quería "apretar el cinturón" y transferían en forma indiscriminada todos los costos a los precios.24 Esto se vinculaba a la campaña contra el Estado proteccionista, que favorecía la existencia de ese tipo de empresario. De esta forma, al introducir la violenta baja, del gasto fiscal, la Junta pretendía que desarrollaba una política antimalos empresarios, la cual no era otra cosa que una política antindustrial. Hubo cambios de gabinete. Jorge Cauas25 asumió con plenos poderes la conducción del equipo económico de la Junta, secundado por Sergio de Castro en el Ministerio de Economía, quien era la cabeza de los llamados "Chicago Boys", grupo de economistas en su mayoría insertados en los grupos financieros.
2. Objetivos de la segunda fase Si durante la primera fase hubo un acuerdo global en el poder, la segunda fase va a implicar una agudización de las contradicciones interburguesas, pues se entra ya a definir en función de qué fracción se va a impulsar la superación de la antigua crisis capitalista. Como vimos, esto implicaba también definir a cargo de qué sector quedaría el peso del financiamiento del proceso. La nueva política aparecía como una respuesta a la persistencia de la crisis monetaria, expresada en que la inflación alcanzaba entre enero y marzo un 60.5%, y en la crisis del mercado externo (debido a la caída de los precios del cobre y al alza del precio del petróleo), lo que amenazaba dejar un déficit en la balanza de pagos de ese año de 900 millones de dólares. La política del shock, anunciada el 24 de abril por el ministro de Hacienda Cauas, contemplaba en lo fundamental las siguientes medidas: reducción del gasto fiscal de un 25%, aumento del impuesto a la renta de un 10%, aplicación de sobretasas de 10% al consumo de bienes suntuarios, eliminación de la gran mayoría de los subsidios y 24 El excomandante en jefe de la Fuerza Aérea jugó un papel muy importante en esta campaña. Véase Gustavo Leigh Guzmán, "Discurso en el Rotary Club de Santiago", miércoles 26 de marzo de 1975, Ercilla, n. 2071, Santiago, 9 de abril de 1975, p. 8. 25 Jorge Cauas, economista, ejecutivo del Banco Central bajo Frei es uno de los técnicos de la democracia cristiana que apoyarán a la Junta Militar. Luego de dejar el Ministerio de Hacienda en diciembre de 1976, fue durante un año embajador en Estados Unidos para luego asumir la presidencia del Banco de Santiago en abril de 1978 en remplazo de Alfonso Márquez de la Plata, nombrado a su vez ministro de Agricultura.
excepciones a la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA). Junto a ello, el gobierno aceleraría el proceso de privatización de las empresas en manos del Estado. Con todas esas medidas se aspiraba a eliminar el déficit fiscal por la vía de la reducción del gasto; según Cauas, "las alzas de precios deberán decrecer sustancialmente en el segundo semestre del presente año". La reducción del gasto fiscal llevaría a una caída de la demanda y con ello de la actividad privada y pública, con sus consecuentes repercusiones en el comercio exterior al producir una violenta baja en las importaciones. El principal objetivo explícito era entonces la reducción del déficit por venir y sobre todo la derrota de la inflación. El déficit externo alcanzó 200 millones de dólares, cubriéndose con préstamos externos. En lo que toca a la inflación, se mantuvo en los niveles de 1974, alcanzando en 1975 un 340%. El aparente "fracaso" conllevaba un gran éxito en los objetivos que podemos denominar reales, consistentes en: a] creación de un mercado de capitales; b] depuración en el sector industrial; c] desarrollo del sector exportador. a] Creación de un mercado de capitales La fracción financiera estaba convencida de la necesidad de un nuevo mercado de capitales. La historia financiera chilena denotaba un sector financiero de la economía muy poco desarrollado, con una fuerte intervención estatal y con una amplia legislación tendiente a controlar estrechamente la actividad bancaria. El sistema bancario tenía un papel muy poco significativo en los sistemas de financiamiento de construcción de viviendas, por ejemplo, debido al importante papel de las cooperativas de ahorro y préstamos. Lo mismo sucedía respecto a los diferentes instrumentos de ahorro, controlados mayoritariamente por la banca estatal. La política restrictiva de la Junta crea los instrumentos que posibilitan un nuevo desarrollo. Los altos niveles de inflación arrastraban altas tasas de interés, cuyos beneficiarios ,exclusivos eran quienes controlaban las sociedades financieras, que captaban el ahorro de individuos para ponerlo a un alto costo a disposición de los establecimientos industriales que enfrentaban serios problemas de liquidez debido a la crisis de realización provocada por la reducción del gasto fiscal. La política cambiaría completaba la tarea. Se mantenía un dólar caro, supuestamente destinado a provocar una disminución de las importaciones, pero cuyo objetivo central era dejar aún en' mejores condiciones a los grupos financieros que conseguían créditos muy baratos en el mercado internacional, prestando a altas tasas a su vez en Chile. Esta situación provocó una fuerte transferencia de capitales del sector industrial al financiero, significando a la larga la quiebra para muchas industrias.
En razón de los procesos descritos, el sector bancario concentra una gran cantidad de capital-dinero proveniente del sector industrial y evidentemente de los asalariados, que veían diluirse mes a mes los aumentos de salarios por una inflación promedio mensual de cerca de 35%. El capital acumulado de esta manera era a su vez utilizado en la compra de las empresas bancarias, industriales y agroindustriales de las que el Estado se venía deshaciendo, a precios muchas veces irrisorios. Junto a este tipo de ayuda que la acción estatal prestaba, se desarrollaron campañas a fin de desprestigiar los instrumentos bancarios dependientes del Estado o de las cooperativas. Por ejemplo, aduciendo que el SINAP (sistema nacional de ahorro que reunía a las cooperativas) era un foco de inflación, el gobierno decidió congelar los ahorros con el consiguiente desprestigio de la institución y el flujo de los :ahorros hacia la banca privada. A fines de 1975, las únicas instituciones "confiables" eran los bancos y las financieras en manos de los grandes grupos financieros. En abril se produjo un alza inmensa de la tasa de interés real, llegando 'en junio a un 11.9% en el caso de los bancos y a 15.3% mensual en el caso de las financieras.26 A fines de año, la mayor parte de los bancos habían sido vendidos a la fracción financiera de la gran burguesía. b] Depuración en el sector industrial En 1975 la producción industrial cayó en un 28.2% (según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas). En muchos sectores esta situación fue evaluada como el final de la producción industrial en Chile. Sin embargo, la supuesta liquidación de la industria representó su profunda depuración. Una primera muestra de ello es el interés de los grandes financistas en comprar las empresas industriales en poder del Estado o empresas que habían entrado en quiebra. Un poco más tarde se da una tendencia parecida, si bien más lenta. El capital extranjero procedió a readquirir la mayoría de las empresas captadas por el Estado bajo la Unidad Popular. Vemos así cómo los grupos financieros estaban sumamente interesados en que se produjese un proceso de centralización en el seno del gran capital industrial. En términos generales se asignaba a la industria posibilidades de desarrollo, a condición de que desapareciera la llamada industria ineficiente y provocando fusiones destinadas a crear condiciones para poder competir internacionalmente, y tomando en cuenta las grandes inversiones que posibilitaría la fuerte concentración para luego de la crisis impulsar una expansión industrial. De esta forma, mientras que gran cantidad de empresas 26 Las Sociedades Financieras son instituciones que cumplen funciones similares a los bancos, con la diferencia de que estuvieron en un principio (1974·1976) bajo una reglamentación mucho menos rigurosa, lo que entre otras cosas les permitía cobrar tasas de interés altísimas. Jugaron un papel muy importante en el afianzamiento económico de los grupos en los primeros años de la Junta Militar, ya que a través de ellas se produjo la transferencia de capitales del sector industrial al sector financiero.
quebraron, los establecimientos vinculados a la actividad financiera pudieron solventar la crisis, teniendo lugar fusiones destinadas a monopolizar algunas ramas industriales. El ejemplo más gráfico es la línea blanca electrónica que está en un 80% en manos del grupo encabezado por Javier Vial y que mediante la modernización de sus instalaciones y en base a acuerdos con transnacionales está en capacidad de exportar una serie de productos. c] Desarrollo del sector exportador Las buenas condiciones que creaba la política de devaluaciones del peso, junto con los subsidios adjudicados por el Estado (al sector forestal por ejemplo) y la activa búsqueda de nuevos mercados por parte del instituto para el fomento de las exportaciones, Prochile, llevaron a una fase de gran desarrollo. Constituido en lo fundamental por productos agroecuarios, del mar, mineros y agroindustriales, este sector pudo de esta manera consolidarse dentro del bloque en el poder de manera definitiva. La marcha atrás de la reforma agraria y el establecimiento en el agro de empresas capitalistas bajo la forma de sociedades anónimas lo dinamizaron.
3. Consecuencias de la segunda fase Las medidas económicas adoptadas fueron aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional pues significaron nuevos lazos de dependencia. Ello −con la tradicional receta de subordinar la actividad económica interna a las condiciones del mercado externo− llevó a una fuerte recesión económica, contrarrestada con el apoyo en préstamos del FMI. La centralización y concentración de esta fase ponen a la orden del día con más fuerza que antes el desarrollo de contradicciones dentro de la misma fracción financiera. Estas contradicciones tenían su base en la lucha por adquirir tal o cual empresa o apropiarse de mercados, y en el proceso de diferenciación que permitió su extensión a diferentes ramas económicas. La diferenciación principal se da entre los ubicados en la producción agroindustrial para la exportación, o mineros y del mar, y aquellos que junto a su gran peso bancario tienen sus intereses principales en el sector propiamente industrial. Es decir que las contradicciones interburguesas alcanzan un nuevo nivel, haciendo los grupos financieros de cabeza en la lucha fraccional. Alrededor de ellos se polarizan las contradicciones que desde antes estaban presentes. Éste es el marco de una nueva fase que se inaugura con la espectacular revaluación del dólar y la salida de Chile del Pacto Andino. V.TERCERA FASE: PREDOMINIO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL INTERIOR DE LA BURGUESÍA FINANCIERA. HACIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
l. Unidad y lucha en el bloque dominante Desde mediados del año 1976 hasta el presente, la relación entre la economía y la política va a cambiar profundamente. En la primera y segunda fase el enfrentamiento interburgués se localiza fundamentalmente a nivel económico, apareciendo muy mediatizado a nivel político. En la tercera se comienza a dar un desplazamiento de la economía a la política. Una razón importante es la necesidad de impulsar un proceso en lo político que tienda a crear un régimen capaz de asegurar una permanencia a la intensa reforma llevada a cabo en la economía. Esta reforma, es decir sus rasgos principales, estaba bastante adelantada al final de la segunda etapa. Quedaba sin embargo, por impulsar una transformación de los mecanismos legales para adecuarlos a la nueva estructura económica. Ello significaba: la definitiva apertura al exterior de la economía, fijando las tarifas arancelarias definitivas; la consolidación del carácter subsidiario de la actividad estatal y la desestatización de los mecanismos básicos de la economía (por ejemplo, la reducción de la importancia del Banco Central en su papel regulador, el destierro de la reforma agraria, la modernización del sistema monetario y bancario, etcétera). Estos objetivos políticos y económicos nuclean al bloque en el poder. Es cierto que tanto respecto a las reformas económicas como al tipo de régimen existen importantes diferencias entre las distintas fracciones de la burguesía que hemos delineado, pero subsiste el interés general de que el actual régimen elabore un sistema que dé viabilidad a largo plazo a la nueva estructura económica. Por otra parte, sin embargo, las contradicciones burguesas sufren un desarrollo relacionado con el manejo coyuntural de la economía, que en el fondo expresa opciones a largo plazo y que favorecen al sector actualmente hegemónico dentro del bloque. Esta situación concentra las contradicciones de la actual fase, las que tenderían a agudizarse en la medida en que las reformas estructurales se vayan consolidando. 2. La política económica en la tercera fase: consolidación de la nueva economía. (Fines de 1976 a
fines de 1978) Entre fines de 1976 y principios de 1978 se ubica el mercado externo en el centro de la lucha interburguesa. En octubre de 1976, el ministro de economía Sergio de Castro dio a conocer la decisión del gobierno de insistir en sus criterios respecto a la necesidad de mejorar las condiciones para los inversionistas extranjeros, como asimismo de rebajar los altos niveles de protección arancelaria. Según el equipo económico, la eliminación de la discutida Decisión 24 era absolutamente indispensable para aumentar
el flujo de capital extranjero hacia el país, elemento que juega un papel básico en el éxito del proyecto económico de la Junta Militar. Los restantes países miembros del Pacto insistieron también en su propia posición, lo que llevó a que Chile se retirara del Acuerdo. Lo que en el año 1974 no había sido posible, era en este momento impuesto por los encargados de la dirección de la política económica. Los sectores industriales si bien estaban también a favor de mejorar las condicione; de manera que aumentara el flujo de capitales desde el exterior, y la fracción financiera vinculada en especial a la industria manufacturera recibieron la noticia de que el país abandonaba el Pacto Andino como un balde de agua fría. En efecto, Rolf Lüders, alto ejecutivo del grupo Vial, señaló al respecto: "Sin embargo, especialmente para el sector industrial de tecnología media y avanzada, le resulta muy difícil desarrollar de inmediato actividades que puedan competir internacionalmente [...] Por ello, pienso que Chile debe hacer todo lo posible por permanecer en algún esquema regional más o menos efectivo. Yo pienso que el Acuerdo de Cartagena cumplía con los requisitos del caso desde el punto de vista económico"27 Además, con el abandono del Pacto Andino, se abría el camino para introducir una reducción radical de los aranceles de importación. Según el programa definido en 1974 se debería llegar a una tarifa máxima de 60% a mediados de 1977. Esta meta, que debería ser alcanzada a través de reducciones progresivas, contemplaba niveles considerados incluso por los sectores industriales como prudentes, si bien deberían darse según su opinión mayores plazos para que la industria pudiese adaptarse a las nuevas condiciones. El mismo Lüders declaraba al respecto: "En lo inmediato, soy partidario de una reducción en la velocidad de disminuir los aranceles, con el fin de evitar principalmente que el peso de la readecuación caiga sobre los hombros de los empresarios y trabajadores en momentos en que el costo del capital es altísimo y las posibilidades de empleo muy bajas".28 Pero la política económica toma otra orientación. El ministro de Castro decidió adelantar en diciembre de 1976 el programa de reducción de aranceles. El adelanto realizado en diciembre servía a la industria en Chile en la medida en que se dirigía especialmente a los productos que ingresaban como insumos en la producción del sector. Sin embargo, esta medida constituía el precedente para luego cambiar radicalmente la política. En diciembre de 1977, a pesar de que repetidamente se había señalado que se dejarían tarifas arancelarias prudentes con objeto de proteger la producción industrial, el ministro de Castro anuncia que todos los aranceles se rebajarán a un 10% (con la excepción de la pro27 Ercilla, n. 2 156, Santiago, 24 de noviembre de 1976, p. 21. 28 Ibid., p. 21
ducción automotriz) y ello mediante reducciones periódicas que culminarían en junio de 1979. Ello constituía un nuevo duro golpe a la fracción industrial, incluida la parte de la fracción financiera vinculada en especial a la industria manufacturera, la cual habría de realizar aún mayores esfuerzos para poder adaptarse a las nuevas condiciones. Esta medida actuaba en cambio en función de los productores de la agroindustria partidarios de una apertura absoluta al exterior como forma de ampliar sus exportaciones. Las empresas transnacionales sin inversiones directas en Chile veían con muy buenos ojos esta política que les permitía llevar sus productos al mercado chileno sin restricción alguna prácticamente. La política económica de esta fase conllevaba sin embargo, algunas medidas tendientes a favorecer a los grupos vinculados a la producción industrial. De esta manera en junio de 1976 se va a reevaluar en un 10% el valor del peso. La misma medida se volvería a tomar en marzo de 1977. Consecuencia directa de lo anterior fue una importante caída de la inflación (que en el año 1977 llegaría a aproximada. mente a un 60%, casi un tercio de la de 1976). Sólo después de echar las bases económicas del nuevo sistema se decidía la Junta Militar efectivamente a luchar frontalmente contra la inflación. Esta medida, en conjunción con otras tendientes a introducir algunas mejoras salariales, en especial para los sectores medios y altos y para liberalizar el crédito interno, trajo como efecto una recuperación de la demanda agregada que permitió una recuperación progresiva de la actividad industrial. En el mismo sentido actuó el pequeño aumento del gasto público, dirigido especialmente a levantar los niveles de actividad de la industria de la construcción, profundamente deprimido desde el año 1975. Esta política menos restrictiva iba a permitir que a fines del año 1978 se alcanzaran los niveles de producción industrial del año 1969, que se venían tomando como base de comparación. Sin embargo, esta recuperación ha sido absolutamente insuficiente para los sectores industriales, de tal manera que sus diversos voceros vienen exigiendo un cambio radical en la política económica que se ha caracterizado hasta ahora por mantener como objetivos fundamentales la tenencia por parte del Estado de importantes reservas internacionales, permitiendo ampliar progresivamente las importaciones de productos extranjeros y perjudicando a la producción industrial en la medida que no le es posible aumentar sus niveles de actividad. Esta situación se reflejó en las bajísimas tasas de inversión de los años 1977 y 1978 Y fue llevada al extremo en junio del presente año, cuando se tomaron nuevas medidas tendientes a restringir el gasto fiscal. Todo esto no significa sin embargo que exista una tendencia a la destrucción de la industria en Chile. Por el contrario, la gran concentración de la propiedad que ha
tenido lugar en el país, como también el cada vez más fuerte entrelazamiento entre los grupos criollos con las grandes empresas multinacionales, crea las condiciones para que aumenten los niveles de actividad, sobre todo si se produce un cambio radical en la política económica. Esto último no parece posible bajo la actual Junta Militar, frente a la cual los sectores industriales, incluidos los sectores financieros vinculados especialmente a la industria manufacturera, permanecen como elementos subordinados en el bloque en el poder, mientras que la alianza entre los sectores financieros vinculados a la producción agro industrial y del mar y los sectores de la agricultura de exportación mantienen su hegemonía en el interior. La política económica del gobierno ha expresado en todo el periodo el objetivo central del bloque en el poder: construir una nueva estructura económica en la perspectiva de abrir paso a una nueva fase de desarrollo capitalista. Es .justamente porque la Junta Militar ha cumplido esta tarea que le ha sido posible al régimen de Pinochet mantenerse en el poder a lo largo de estos seis años. Esto no ha impedido que se desarrollen fuertes enfrentamientos intergurgueses; muy por el contrario, de ellos ha ido naciendo el nuevo modelo económico que hoy día impera en Chile. A fines del año 1977, se habían creado en Chile las condiciones fundamentales del nuevo sistema. Se ponía a la orden del día un proceso de institucionalización de los mecanismos económicos, pero sobre todo de los mecanismos políticos, por medio de los cuales el bloque en el poder busca darle viabilidad a largo plazo al modelo económico impuesto. En esta perspectiva es que se inscriben las profundas reformas que impulsa el régimen militar, como son la reforma previsional, la reforma administrativa, la nueva institucionalidad laboral, la nueva Constitución, etcétera. Si bien el objetivo global responde al conjunto del bloque en el poder, su implementación provoca también un aumento de las contradicciones interburguesas. Ello se ve profundizado en la medida en que las políticas económicas coyunturales siguen respondiendo en lo fundamental a la fracción financiera con intereses en el agro orientado a la exportación y a la fracción propiamente agrícola también orientada hacia los mercados externos, perjudicando a los sectores subordinados del bloque en el poder. Esta agudización de la lucha se expresa en la creciente oposición de la democracia cristiana (en la que se articula también una oposición pequeñoburguesa vinculada al aparato estatal) y en el surgimiento abierto de fuertes contradicciones dentro de las FFAA, cuya máxima expresión fue el conflicto que terminó con la salida del general Leigh. A pesar de todo, la política de la Junta se ha abierto un poco más a los sectores industriales. El interés de los mismos en que se institucionalice una correlación de fuerzas tal que la defensa de los
intereses populares no rebase los límites que los hacen funcionales al sistema, significa que las fracciones subordinadas de la burguesía limiten aún su oposición. El avance del proceso de institucionalización y la agudización de la lucha en torno a la definición de las políticas de corto plazo, de las cuales dependerá (una vez que se termine con las reformas estructurales fundamentales) el desarrollo de las diferentes fracciones, hará progresivamente más fuerte la oposición burguesa. Esto, unido al alza del movimiento sindical (en lo fundamental subordinado a la oposición burguesa), podría llevar a que a largo plazo −y con objeto de consolidar un modelo político que incorpore un movimiento sindical funcional− tenga lugar un acercamiento de una mayoría del bloque en el poder a un proyecto democristiano que permita a la DC asumir el gobierno, lo cual evidentemente significaría un cambio de hegemonía en el bloque pero de ninguna manera un cambio radical de sus componentes. A nuestro juicio éstos son los marcos que han de constituir el punto de partida de una estrategia verdaderamente popular y democrática recordando que no sólo se ha producido un cambio dentro de la burguesía, sino que también existe una nueva correlación de fuerzas en su relación con el movimiento popular y que éste mismo ha sufrido profundas modificaciones como resultado de los cambios en la estructura económica. Berlín, agosto de 1979.