Revistqa Regional de Trabajo Social by Hector Cabo

REVISTA REGIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Revista Regional de Trabajo Social

Publicación Cuatrimestral de Trabajo Social de Uruguay y la Región

Año 25 - Nº 52 - Mayo - Agosto 2011

Tema: Derechos ciudadanos y políticas sociales

Indexada en Directorio y Catálogo LATINDEX- UNAM

Edición Impresa: ISSN 0797-0226 Trabajo social (Montevideo, Impresa)

Edición en línea: ISSN 1688-7891 Trabajo social (Mdeo, En línea)

ANÁLISIS Y DEBATE

Pérdida de confianza en el orden actual. Leonardo Boff ................ 2 El Federalismo Artiguista y la integración regional. Gustavo Dans .......................................................................................... 4 Tercermundismo de Estados Unidos. Hamlet Hermann .................... 10 ¿Comienza una revolución anticapitalista?. Atilio Borón ....................... 11

Año 25 - Mayo- Agosto 2011 Editorial Eppal Santiago Labandera 705 (11700) Montevideo - Uruguay Telefax (0598) 2308 44 49

La Reforma Social. De cada quien según su ingreso y a cada quien según su necesidad Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social - MIDES .......................... 12

Director Editorial Héctor Cabo

La exclusión y la políticas sociales. Burocracia y desafíos para el Trabajo Social

Coordinadora de Redacción Blanca Acosta

Sebastián Giménez ................................................................................ 16

Comité de Referato Teresa Porzecanski - Uruguay Sonia Sanz - Argentina Norah Castro - Bolivia

Insumos para una política pública de seguridad en clave de derecho ciudadano. Eduardo Pirotto ..................................................................................... 22

Consejo de Redacción Blanca Acosta Gustavo Dans Teresa Dornell Delfina Fragomeni Jim Larsson José María Licalzi Cristina Luzzo Magdalena Terrero

¿Gobernar la comunidad? Reflexiones sobre la letra escrita de una política social que aborda el consumo de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Ana Laura Candil ................................................................................... 30

Aportes teórico-metodológicos para repensar la categoría familia. Laura Cafaro, Cecilia Epansandín ........................................................... 40

Reg. MEC. Carpeta Nº 107/86 - Inc.1725 Impresión: mastergraf srl. Gral.Pagola 1823 - Tel 2203 47 60 Dep. Legal Nº 339.718/11 Comisión de Papel Edición amparada al Decreto 218/96.

Desafíos de la práctica profesional del Trabajo Social en el escenario actual de las políticas de protección social en Venezuela Irey Gómez Sánchez - Luis Alarcón Flores ............................................ 52 ESPACIO ADASU Memoria 2010-2011, Reglamentación Profesional, Evaluación XI Congreso Nacional de Trabajo Social y Primera Conferencia Latinoamericana de Bienestar Social y Trabajo Social, Declaratorias ......................................................................................... 65

Por suscripciones a la Edición Impresa y/o en línea Tel/fax (598) 2308 4449 E-mail: eppal@internet.com.uy www.revistatrabajosocial.com

Ilustración de tapa: Pintura constructiva, 1929. Joaquín Torres García Revista Regional de Trabajo Social -

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Análisis y Debate

Gustavo Dans*

Las interpretaciones de las causas de la situación de emergencia económica permanente que vivimos todos, más allá que el epicentro sea en las economías de Estados Unidos, Europa y Japón, son infinitas, también lo son las respuestas políticas y sociales a los efectos que ella produce. Los movimientos de protesta, que oscilan entre la posibilidad y la imposibilidad de cambiar el sistema capitalista, expresan un profundo malestar social y un deseo de cambio: si falta todavía una estrategia política que permita encauzar ese malestar hoy podemos decir que cada día son más los que han perdido la confianza en el orden actual. Entre otras razones, porque para salvar este orden serán necesarios nuevos sacrificios, que apenas podrán disimular algunas medidas destinadas a mitigar los daños que provoca. Desde Análisis y Debate hemos intentado acompañar el desarrollo de la crisis económica y de sus impactos sobre nuestras sociedades. Esta vez, queremos poner el énfasis en recoger miradas diversas sobre los hechos sociales y políticos que se están produciendo en el mundo, recordando que la crisis económica es ante todo una crisis política.

Pérdida de confianza en el orden actual 1 Por: Leonardo Boff * En la perspectiva de las grandes mayorías de la humanidad el orden actual es un orden en desorden, producido y mantenido por las fuerzas y países que se benefician de él, aumentando su poder y sus ganancias. Este desorden se deriva del hecho de que la globalización económica no ha dado origen a una globalización política. No hay ninguna instancia o fuerza que controle la voracidad de la globalización económica. Joseph Stiglitz y Paul Krugman, dos premios Nobel de economía, critican al presidente Obama por no haber puesto freno a los ladrones de Wall Street y de la City en vez de rendirse a ellos. Después de haber provocado la crisis, todavía fueron beneficiados con inversiones mil millonarias de dinero público. Y volvieron, airosos, al sistema de especulación financiera. Esos excepcionales economistas son óptimos haciendo análisis pero mudos presentando salidas a la crisis actual. Tal vez, como insinúan, por es2

tar convencidos de que la solución a la economía no está en la economía sino en rehacer las relaciones sociales destruidas por la economía de mercado, especialmente la especulativa. Esta no tiene compasión y está desprovista de cualquier proyecto de mundo, de sociedad y de política. Su propósito es acumular al máximo y para eso tiene que someter estados, quebrar legislaciones, flexibilizar leyes de trabajo, y fundar economías nacionales, obligando a los países en crisis a privatizar todo lo que es vendible, lanzando al pueblo a pobreza y la desesperación. Para los especuladores, también en Brasil, el dinero sirve para producir más dinero y no para producir más bienes para quien los necesita. Aquí, el gobierno tiene que pagar más de cien mil millones dólares anuales por los préstamos adquiridos, mientras solamente dedica cerca sesenta mil millones a los proyectos sociales. Esta disparidad resulta éticamente perversa, consecuencia del tipo de

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Análisis y Debate sociedad que está obligada a mantener, que coloca como eje estructural central a la economía y hace una mercancía de todo, hasta de los bienes comunes necesarios para la vida, como el agua, las semillas, el aire y los suelos.

la vida, de cada sujeto social, de la humanidad y de la Tierra, considerada como Gaia y

No son pocos quienes sostienen la tesis de que estamos en un momento dramático de descomposición de los lazos sociales. Alain Touraine habla incluso de fase pos-social en lugar de pos-industrial. Esta descomposición social se revela por polarizaciones o por lógicas en oposición radical: la lógica del capital productivo, cerca de 60 billones dólares/año, y la del capital especulativo, cerca de 600 billones de dólares bajo la égida del greed is good (la codicia es buena). La lógica de los que defienden el mayor lucro posible y la de los que luchan por los derechos de la vida, de la humanidad y de la Tierra. La lógica del individualismo que destruye la «casa común», aumentando el número de los que ya no quieren convivir más, y la lógica de la solidaridad social a partir de los más vulnerables. La lógica de las élites que hacen los cambios intrasistema y se apropian de los beneficios, y la lógica de los asalariados, amenazados de desempleo y sin capacidad de intervención. La lógica de la aceleración del crecimiento material (Brasil) y la de los límites de cada ecosistema y de la propia Tierra. Existe una desconfianza generalizada de que del sistema imperante pueda venir algo bueno para la humanidad. Vamos de mal en peor en todo lo que se refiere a la vida y a la naturaleza. El futuro depende del caudal de confianza que los pueblos tienen en sus capacidades y en las auténticas posibilidades de la realidad. Y esta confianza está menguando día a día. Nos estamos enfrentando a este dilema: o dejamos que las cosas sigan así como están y entonces nos hundiremos en una crisis terminal o nos empeñamos en la gestación de una nueva vida social que sostendrá otro tipo de civilización. Los vínculos sociales nuevos no se derivarán de la técnica ni de la política actuales, despegadas de la naturaleza y de una relación de sinergia con la Tierra. Nacerán de un consenso mínimo entre los humanos, que debe ser construido en torno al reconocimiento y respeto de los derechos de Revista Regional de Trabajo Social -

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nuestra Madre común. A esta nueva vida social deben servir la técnica, la política, las instituciones y los valores del pasado. Vengo pensando y escribiendo sobre estas cosas desde hace por lo menos veinte años. Pero ¿quién escucha? Es voz perdida en el desierto. «Clamé y salvé mi alma» (clamavi et salvavi animam meam, diría desolado Marx).

ADITAL, 11 de Julio de 2011. * Teólogo, escritor y filósofo.

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Análisis y Debate

Gustavo Dans*

El Federalismo Artiguista y la integración regional El año pasado se conmemoró con notable fausto y presencia multitudinaria del pueblo argentino el bicentenario de la Junta de Mayo.1 Menos ceremonioso pero igualmente sentido, los orientales celebramos este año 2011, doscientos años del inicio de la gesta artiguista, que comenzó siendo un acto de adhesión a la Junta de Buenos Aires, para adquirir de inmediato su mayor proyección histórica con el Proyecto Federal de 1813. En estas breves notas que siguen a continuación nos proponemos rescatar del olvido algunas de aquellas ideas fundadoras, para proyectarlas con todo el esplendor que tienen sobre nuestro tiempo.

LA JUNTA DE MAYO En torno a la Junta de Mayo de 1810 y los sucesos que se irán precipitando en los meses y años siguientes, tienen influencia dos grandes escuelas políticas universales: la que viene de la revolución francesa cuyo ideólogo es Juan Jacobo Rousseau y la otra que se manifiesta en la obra de Montesquieu, y que se resume en una frase: si no se dividen los poderes, el hombre no será libre; pero si no se federan los gobiernos, tampoco lo será el Estado. El pensamiento de Rousseau sostiene la unidad, fundada en el principio de la soberanía nacional, absoluta y única. Esta construcción teórica que se remonta muy lejos en el tiempo, en el Río de la Plata incorpora los conceptos hispánicos sobre la soberanía popular, presentes en la Constitución española de Cádiz, y este todo conceptual se mezcla con poderosos factores económicos: el primero de los cuales es la herencia del poder colonial. Mariano Moreno, secretario de la Junta de Mayo, se ocupa de traducir y divulgar “El contrato social” de Rousseau, cuyas ideas serán impulsadas por la Sociedad Patriótica, una entidad que surgió a impulso de los amigos de Moreno, al producirse su muerte.

Bernardo Monteagudo, el más destacado de entre los miembros de la Sociedad Patriótica, presenta a fines de 1812 una Constitución completa inspirada en las ideas de Rousseau, que propone un solo régimen de gobierno, centralizado y fuerte, depositario de todas las potestades públicas: No hay más que un Estado, un gobierno, una soberanía, una justicia, una ley. Categórica definición que aseguraba la mejor defensa de los intereses de los hacendados y comerciantes de Buenos Aires, deseosos de conservar los monopolios y privilegios coloniales, los beneficios del libre comercio y las rentas aduaneras que este comercio generaba. Las disposiciones liberalizadoras del comercio entre España y América (adoptadas entre 1776 y 1778) van a acelerar los cambios económicos y políticos que estaban latentes en estas regiones. Esos cambios van a potenciar el crecimiento de algunos territorios y llevar la ruina a otros, particularmente aquellas regiones que habían florecido bajo la sombra del proteccionismo español y cuyo dinamismo económico reposaba en el comercio local, con otras Provincias, el Alto Perú,

Lic. en Ciencias Políticas - Universidad de Montreal. Integrante del Consejo de Redacción de la Revista Regional de Trabajo Social. Secretario Ejecutivo de la Red de Organizaciones Comunitarias y Sociales del MERCOSUR. pdr@adinet.com.uy 4

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Análisis y Debate Chile y con la capital del Virreinato. La Provincia de Buenos Aires tenía una posición de privilegio respecto de estos territorios, en primer lugar por ser sede del gobierno virreinal y la ciudad-puerto que controlaba el comercio, primero y exclusivo con España y luego con Inglaterra, Portugal y otros países. Pero todo su poder no era solo producto del comercio: ella misma tenía una numerosa población concentrada y una poderosa economía ganadera. Esta condición de nexo entre las economías regionales y las economías de otros países, con diverso grado de industrialización (Inglaterra, en primer lugar) le permitirá ganar por partida doble: en defensa de esos intereses será partidaria de un sistema político centralizado y fuerte, y promotora del libre comercio. La realidad de la Banda Oriental y de las provincias del litoral (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe) es distinta. En primer lugar, por ofrecer las mismas ventajas en materia de producción ganadera que Buenos Aires, y, en el caso de la Banda Oriental, disponer de puertos (Colonia, Maldonado y Montevideo) de salida para su producción. Las provincias del litoral tenían el río Paraná y el río Uruguay, navegables para los barcos de ultramar, como vía privilegiada de comunicación, pero el monopolio que ejercía el puerto de Buenos Aires, limitó el efecto positivo que tuvo para ellas la libertad de comercio. EL PROYECTO FEDERAL En el largo y forzoso exilio del Ayuí2, llegan a manos de José Artigas, los textos de las dos constituciones nacionales (1781 y 1787) y diversas estatales norteamericanas, como la de Massachussets (1779) que iba a inspirar la redacción de la Constitución de la Provincia Oriental del Uruguay en 18133, traducidas e impresas en julio de 1811 por el venezolano Manuel García de Sena.4 No pudo ser más oportuno. Aquellos textos lo ayudaron a ordenar sus ideas en cuanto al sistema de gobierno que mejor se adecuaba a las particularidades, diversidad de intereses y rivalidades de estos territorios y estos Revista Regional deTrabajo Social -

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pueblos, que él conocía como pocos. De la herencia española conserva solo los Cabildos, expresión de la soberanía popular, pero declina la tendencia centralizadora. Toda su obra política y jurídica es profundamente contraria a la centralización de los poderes. Es bueno también recordar que Artigas, tuvo ante sí el ejemplo de organización política de los pueblos originarios, chaqueños y pampeanos, cuyos asuntos eran resueltos en asambleas o consejos, donde los jefes no eran otra cosa que representantes de sus familias, tribus y naciones.

José Enrique Rodó5, escribe que el principal mérito de Artigas es “haber profesado con inquebrantable fe, cuando todos dudaban, los principios de la Independencia, la Federación y la República, y en comprender que los elementos necesarios para imponer aquel programa en los destinos de la Revolución estaban en el seno de las muchedumbres de los campos, cuyos instintos y propensiones nativa podían encauzarse como fuerzas orgánicas, dentro de la obra de fundación social y política que había de cumplirse para el porvenir de los pueblos”. Los líderes de la Junta de Mayo, en cambio, resisten uno a uno todos estos postulados. El Directorio proclama la Independencia en 1816, la cual, hasta ese momento, consideraba “prematura y peligrosa”. La República

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Análisis y Debate recién se afianza en 1820 cuando Artigas y los caudillos del Litoral disuelven el Congreso que convocara al Príncipe de Luca, haciendo fracasar el intento de instaurar un régimen monárquico en el Plata. La Federación recién en 1860, cuando el “Estado de Buenos Aires” se incorpora a la Confederación Argentina, luego de lograr introducir cambios a la Constitución Federal de 1853. El Proyecto Federal artiguista fue concebido para integrar la inmensa comunidad territorial del Virreinato (que en nuestros días ocupan Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y el Sur fronterizo de Brasil), procurando en sus bases de organización y funcionamiento dotarse de los instrumentos necesarios para superar la diversidad de situaciones, conflictos y rivalidades existentes. El proyecto trata de mantener unidos a los pueblos de esos vastos territorios utilizando como herramienta los pactos interprovinciales, en los cuales se reconoce la autonomía de las Provincias y los principios que consagran la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, la libertad de cultos, el proteccionismo in-

dustrial y la igualdad impositiva para los productos importados, entre otros. Concibe un sistema político territorial descentralizado donde se ensayan formas de democracia directa junto con la representativa: la designación de los miembros de los Cabildos en la plaza pública, convive con la figura del representante electo. Demicheli6 ordena la obra jurídico-política de Artigas de acuerdo con la siguiente secuencia: “a) las Instrucciones a los diputados orientales, contenidas en los tres documentos concordantes y complementarios del 5, 13 y 18 de abril de 1813; b) los dos proyectos constitucionales completos, que toman base en dichas Instrucciones: federal el uno, para el conjunto de las Provincias Unidas del Río de la Plata; territorial el otro, para la Banda Oriental como parte constitutiva de la nueva Confederación, ambos fechados también en 1813; y c) los diversos pactos interprovinciales recíprocos, con que inicia Artigas la organización preliminar del nuevo Estado por métodos sinalagmático, perteneciéndoles enteramente sus fórmulas originarias y la diná-

1 Los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata eran: “Cornelio de Saavedra representaba los cuerpos de milicias criollas; Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Juan José Paso, el grupo de los “intelectuales” imbuidos en las ideas de la “Ilustración”; Juan Larrea y Domingo Matheu, al sector de comerciantes, de tiempo atrás vinculados al tráfico con los ingleses; Martín de Azcuénaga y Manuel Alberti, estaban por el prestigio personal, como veterano militar y clérigo, respectivamente; Mariano Moreno, por su reconocido talento como primer abogado de la ciudad y por sus relaciones con los ingleses, pieza clave en el juego de intereses políticos y económicos de la Revolución”, Washington Reyes Abadie , Artigas y el Federalismo en el Río de la Plata, Ediciones de la Banda Oriental-La República, 1998, p.7 2 El Tratado de Pacificación promulgado el 27 de octubre de 1811 por la Junta de Mayo reconoce “la unidad indivisible de la Nación española, de la que forman parte integrante las provincias del Río de la Plata”. En virtud de este Tratado, los territorios de la Banda Oriental y de “entre Ríos” vuelven a jurisdicción del virrey. La respuesta del pueblo en armas será el Éxodo del Pueblo Oriental, episodio bíblico cuyo propósito es salvar la propia revolución. 3

Constitución descubierta en el Archivo Histórico de Madrid, publicada por primera vez en 1929, por el Dr. Emilio Ravignani.

Artigas conoce la obra política de la revolución norteamericana a través del libro de Thomas Paine “La Independencia de la Costa Firme” traducido al español por Manuel García de Sena con sus dos Constituciones y las Cartas de los Estados de Massachussets, Connecticut, New Jersey, Pensylvania y Virginia. 5

José Enrique Rodó, “Artigas”. Montevideo, 1950, p.8.

Alberto Demicheli. “Artigas y su obra jurídico-política”. Montevideo: Barreiro y Ramos, 1955. p.8

7 La Carta de 1813 es para “el pueblo que ocupa el territorio anteriormente llamado Campaña Oriental, y que acuerda solemne y mutuamente con cada uno de los otros formar él mismo en un cuerpo político, o Provincia libre, soberana e independiente con el nombre de Provincia Oriental del Uruguay” 8 Las dos bases fundamentales de la Constitución argentina, será: 1º ) La Confederación, con su doble régimen superpuesto de poderes y funciones nacionales, coexistentes con las potestades y derechos que se reservan las Provincias, en todo aquello no delegado expresamente al gobierno federal; y 2º) el régimen, también dual, de tripartición del gobierno, con su Ejecutivo único, su Legislativo doble y su Judicial múltiple (A. Demicheli, op.cit. p.32) 9

Ver: Análisis y Debate, Trabajo Social, Año 25, nº 51, páginas 8 a 11.

“Van a seguir las tensiones porque hoy se invirtió la situación. La Argentina es un país más proteccionista y Brasil más liberal. Antes era al revés. Esto genera algunos problemas e irritaciones; creo que en algunos momentos se negociará mejor que en otros, o más fácilmente con algunos sectores que con otros. Brasil tiene muchas inversiones, muchos intereses, y está totalmente comprometido econonómicamente con la Argentina. Y esto hace que la Argentina dependa más de Brasil”, dice Mónica Hirst, en y Bárbara Schijman , en Página Aires,0226 2 de -mayo de 2011, págs. 16 y(4-11) 17. Revista Regional de Trabajo Social -12, ISSNBs. 0797AÑO 25 - Nº 52 - 2011 6 la entrevista realizada por Natalia Aruguete

Análisis y Debate mica fecunda de sus dos primeras realizaciones: la Convención de la Provincia Oriental del Uruguay del 19 de abril de 1813, y el pacto básico de la Liga Federal de junio de 1815, que servirán más tarde de modelo a los grandes acuerdos que preparan el seguro advenimiento de la República Argentina”. La historia quiso que la Carta constitucional de la Provincia Oriental del Uruguay7, de cuño artiguista y vocación federalista e integrista, perdida tantos años en los archivos españoles, fuera suplantada por la Constitución uruguaya de 1828. La Constitución de Santiago Vázquez y Jaime Zudañez, con algunas innovaciones propias, será una adaptación del modelo de la Carta constitucional de Rivadavia de 1826, que las otras Provincias rechazaron. Este fue el primer paso que nos separó del proyecto federal. El segundo fue la proclamación de la Independencia, bajo la tutela de Argentina y Brasil, y aunque hasta el fin de la Guerra de la Triple Alianza, los procesos nacionales estuvieron impactados por los eventos regionales, iniciamos un camino que nos fue alejando de nuestra comunidad de nacimiento. El desprendimiento de la Provincia Oriental, como antes del Paraguay y de Bolivia, facilitó la consagración del poder de Buenos Aires sobre las Provincias, a pesar de los propósitos de la Constituyente de Santa Fe de 1853,8 que adoptó una Constitución federal que preparó el advenimiento de la República Argentina. Montevideo tuvo también su recompensa: la Constitución unitaria que adoptó la nueva República y las agitadas circunstancias que lo tuvieron como centro durante muchos años, hizo que finalmente impusiera su supremacía sobre el territorio de la Banda Oriental. UNA CONCLUSIÓN PROVISORIA La derrota del proyecto federal artiguista supuso la balcanización de los territorios del Virreinato del Río de la Plata, la consolidación de un poder central en torno de las ciudades puertos de Buenos Aires, Montevideo y Asunción, con el consiguiente desarrollo desigual de sus territorios, donde aquellos situados en la proximidad del área central tuvieron mayores oportunidades de desarrollo que las regiones alejadas del centro, particularmente las regiones fronteriRevista Regional de Trabajo Social -

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zas, y una marcada dependencia de los mercados externos a los cuales quedaron atadas nuestras economías de producción primaria destinadas a la exportación. La firma del Tratado de Asunción, creando el Mercado Común del Sur, abrió razonables expectativas en cuanto a revertir algunos de los efectos más negativos de aquel proceso – las desigualdades de desarrollo entre los países y al interior de los mismos, entre regiones ricas y regiones pobres -, de manera a echar las bases de una futura entidad política mayor que nos una en el respeto de las autonomías y particularidades que cada componente tiene y ha forjado en estos sufridos años de nuestras historias nacionales. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL La constitución del Mercado Común del Sur9 fue recibida con mucha expectativa por diversos actores políticos y sociales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La razón era sencilla, el MERCOSUR se constituía en una nueva oportunidad histórica para forjar una sólida integración regional y probablemente la única posibilidad actual de formular políticas propias de desarrollo nacional en el marco de ese proceso. La creación del MERCOSUR fue posible después del abandono de las teorías que hacían de la rivalidad argentinobrasileña, un eventual foco de conflictos permanentes y su sustitución por una política de cooperación y de alianzas estratégicas entre Argentina y Brasil. Con altibajos esa alianza ha continuado a pesar de las naturales diferencias y conflictos de interés y de las divergencias en temas que tienen que ver con la inserción internacional del bloque, como ocurrió en la Ronda de Doha o en las negociaciones con la Unión Europea. Las diferencias10 en parte tienen que ver con el hecho de ser Brasil el mayor exportador intra-zona y Argentina el mayor importador, en un vínculo comercial donde el primero coloca producción industrial y el segundo producción primaria, aunque sin llegar a los extremos del comercio bilateral entre China y Brasil, donde el 75% de las exportaciones brasileñas son soja y minerales sin procesar. Ambos países han tenido coincidencias estratégicas como fue el rechazo del ALCA, en 2005, por entender que se trataba de una política económica completa, que abarcaba comercio, inversiones, negocios y propiedad intelectual, francamente favorable a Esta-

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Análisis y Debate dos Unidos. Hubo también acuerdo en la formación de la UNASUR, de la cual llegó a ser su primer Secretario General, el Dr. Néstor Kirchner. El MERCOSUR ha sido un eje de la estrategia de política exterior de Brasil, que se complementa con la UNASUR, en tanto foro de concertación política, con capacidad para mediar en conflictos bilaterales, promover la paz y la formulación de políticas públicas regionales. Ambos acuerdos facilitan su proyección como actor global donde hace parte del Grupo de los 20 (al igual que Argentina), del Foro de Estabilidad Financiera, integra un espacio de creciente peso internacional como es el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y tiene avanzada su candidatura para ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta proyección mundial de Brasil, que no logra disimular sus fuertes contradicciones internas, con enormes déficits sociales ( más de 60 millones de pobres), educativos y en la organización del Estado, - a lo cual corresponde agregar fuertes desigualdades territoriales -, y cuyo crecimiento económico ha sido modesto en estos últimos cinco años en relación, por ejemplo, con la Argentina11, no se compadece con el liderazgo marginal que ha desarrollado en el MERCOSUR, que parece resumirse por momentos a sus relaciones bilaterales con Argentina.12 La “paciencia estratégica” con la cual trata sus diferendos con Argentina, ha estado ausente cuando se ha tratado de la agenda sobre temáticas complementarias que hacen a una integración más profunda (compras gubernamentales, inversiones, propiedad intelectual, política de competencia), pues no alcanza con acordar protocolos: hay que aplicarlos. Después de la crisis del 2001, que tuvo graves consecuencias para la sociedad argentina, su recuperación, de la mano de las políticas aplicadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se ha sostenido en tres pilares principales: 1) la reconstrucción del Estado y de su función como agente de desarrollo (promoviendo el desarrollo de la industria, de la ciencia, de la conectividad… ) , 2) el crecimiento de la demanda interna, alimentada por las políticas sociales y salariales y la mejora del empleo formal y 3) por los altos precios de los commodities. La 8

política exterior argentina refleja muy bien este arduo y difícil proceso de reconstrucción, sus confrontaciones y el aislamiento subsiguiente. Cuando se ha proyectado a la región ha quedado demasiado enganchada en su relación con Brasil: lo que no le ha impedido discrepar con su socio regional en foros internacionales. Como Brasil, la República Argentina presenta desigualdades sociales y territoriales marcadas. El 70% de las exportaciones está concentrada en cuatro Provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La zona cuyana, el NEA y el NOA, aunque han crecido por encima del promedio nacional en los últimos 10 años, no han podido revertir esta concentración que tiene raíces profundas en el tiempo.13 El MERCOSUR tiene diversas materias pendientes. A los efectos de nuestro análisis, donde pretendemos vincular el proyecto federal artiguista con el proceso de integración regional, nos parece del caso destacar dos de fundamental importancia: las asimetrías y la integración de las áreas de frontera asuntos inseparables, en general, uno del otro. Las asimetrías es una materia insoslayable en un proceso de integración en el cual participan dos países grandes, Argentina y Brasil, y dos países pequeños, Paraguay y Uruguay. Innecesario hacer la demostración del grado que llegan a tener esas asimetrías. El MERCOSUR se dio una agenda de cooperación con el Fondo de Convergencia Estructural de Convergencia, que no es otra cosa que el reconocimiento de esas diferencias de niveles de desarrollo. El FOCEM es importante, pero insuficiente. Esta atado a la lógica de la gestión intergubernamental y resulta engorroso formular un proyecto y lograr su efectiva realización cuando en su gestión intervienen las Cancillerías, Ministerios y hasta oficinas especializadas. En la mayoría de los casos, los fondos FOCEM han sido destinados a proyectos “nacionales” o Binacionales, donde hay un ejecutor principal, generalmente un Ministerio. Ocurre que las asimetrías entre los cuatro países se reproducen al interior de cada uno de ellos: hay territorios ricos y territorios pobres (Estados federados, Municipios, Provincias o Departamentos de menor desarrollo respecto de otros). La mayoría de esos territorios están situados en regiones fronterizas. Estas regiones no tienen una dinámica económica relevante para su desarrollo y su inserción en la economía nacional-internacional pasa por

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Análisis y Debate la producción de materias primas, lo que se ha visto acrecentado en los últimos años por la presencia de empresas transnacionales en la minería, los agro-negocios y el complejo forestalcelulósico. Está ocurriendo que el crecimiento que estas inversiones generan va acompañado por graves problemas sociales y ambientales: la producción crece, pero no hay desarrollo, porque las tareas del desarrollo son un asunto de todos, no solo de técnicos, funcionarios y empresarios. El caso de Uruguay es ejemplar en esta materia. Alberto Methol Ferré, decía que Uruguay es “constitutivamente” frontera y casi sólo eso, en cuanto frontera pudo ser “Banda Oriental” o “Provincia Cisplatina”, Argentina o Brasil. Esa es la esencia de su frontera americana, pero pudo más su frontera oceánica, que era entonces Gran Bretaña. El Océano se impuso sobre la tierra, y surgió el Uruguay como zona “neutralizada”, ni argentina, ni brasileña. No por nuestro poder, sino porque el poder del mar inglés era el más fuerte. La primacía de la “frontera oceánica” costó varias décadas de convulsiones. Entonces la frontera americana quedó como un “bulto” detrás de nosotros. Despojados los Gobiernos departamentales fronterizos de poderes efectivos y recursos para promover su desarrollo en armonía con sus vecinos argentinos y brasileños, han sido condenados a la asistencia del Gobierno central para atender las crecientes y cada vez más complejas demandas sociales. Pero esta no es una situación definitiva, pues ahora vuelve la “frontera americana” bajo la forma del MERCOSUR.14

Hay señales auspiciosas, en nuestros días, que se expresan en la preocupación de los gobiernos del MERCOSUR, por enfrentar las asimetrías15 fomentar el desarrollo fronterizo, y la disposición a encarar obras de infraestructura de mutuo beneficio en esas áreas (interconexión eléctrica, ferroviaria, vial y otros). Sin embargo, las cuestiones de fondo pasan por jerarquizar las políticas nacionales de integración fronteriza, que deben ser acompañadas de potestades a los gobiernos locales para implementar con sus vecinos fronterizos políticas de desarrollo local y regional, donde los actores estatales y de la sociedad civil puedan consensuar proyectos de desarrollo, ambiental y socialmente sostenibles en el tiempo. El Consejo Consultivo de Estados Federados, Municipios, Provincias y Departamentos es una instancia de suma importancia para ocuparse de estos asuntos estratégicos en el proceso de integración fronteriza. Acercar a los territorios fronterizos y a sus habitantes la capacidad de consensuar diagnósticos, definir agendas y tomar decisiones sobre los temas relacionados con su desarrollo, hacen la diferencia entre una construcción destinada a facilitar exclusivamente el comercio y un proyecto regional que nos lleve a una integración política, económica, social y cultural profunda, como la que seguramente vislumbró Artigas, cuando rodeados de indios, criollos y negros, vio tan lejos en el tiempo.

Entre 2005 y 2010 Argentina creció 7,05% promedio, Brasil lo hizo a una tasa de 4,26%; en materia de inversión, los coeficientes son 22,46% y 18,03% respectivamente.

Marcel Vaillant recuerda en una entrevista en la Radio El Espectador (http://www.espectadornegocios.com/xcore/ xcore_print.php?m=amp&nw=MzYxNQ==) que el MERCOSUR no alcanza a constituirse en una zona de libre comercio con cobertura universal, entre otras cosas, por los impuestos a las exportaciones por parte de Argentina, lo que implica un desvío de las condiciones establecidas en el Tratado de Asunción.

Las exportaciones de San Juan son el oro y los vinos de Mendoza. En el NOA, el crecimiento de sus exportaciones tiene que ver con las minas de cobre de Catamarca; en el NEA, el aumento viene de la industria forestal con la pasta de papel. Allí está también la soja, el maíz y la fibra de algodón. Casos ejemplares de crecimiento sin desarrollo.

Dans, Gustavo D. y Vassallo Miguel (1993) Integración y Desarrollo Regional en áreas de frontera, Montevideo, EPPAL-Programa de Desarrollo Regional, págs. 21 y 22.

La instalación de industrias en las regiones fronterizas de menor desarrollo relativo para impulsar el comercio intrazona y la sustitución de importaciones de fuera del bloque, podría ser un camino.

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Análisis y Debate Tercermundismo de Estados Unidos 2 Por: Hamlet Hermann ** El pueblo de Estados Unidos, con la debida excepción de los multimillonarios, está sufriendo una profunda sensación de crisis y de ansiedad por lo incierto de su futuro. El destino manifiesto que, supuestamente, “Dios” le había otorgado al imperio para extenderse ilimitadamente, tiene ahora un costo tan alto que no puede soportarlo. Los estadounidenses no acaban de entender por qué ocurren tantos fracasos mientras se les dice que son el país más poderoso y rico del mundo. Empiezan a preguntarse ¿por qué sus tropas con el mejor armamento y la más alta tecnología no ganan un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo puede ser posible que países atrasados como Corea, Vietnam, Irak y Afganistán hayan podido resistir y hasta vencer al imperio más poderoso de la historia? Al margen de que Estados Unidos es considerado la principal potencia económica mundial, ¿por qué los principales países productores del mundo no quieren que les paguen sus productos y materias primas en dólares? ¿Qué ha provocado que la omnipotente moneda haya decaído tanto, hasta el punto de devaluarse constantemente? ¿Por qué sus gobiernos han tenido que endeudarse hasta la exageración y su economía sigue en caída libre? ¿Quién puede explicarle a los trabajadores estadounidenses que sus principales acreedores son los chinos, supuestamente los principales enemigos comunistas? ¿Por qué se habla del progreso de los comunistas de China, de los subdesarrollados de Brasil y de los atrasados de la India mientras Estados Unidos retrocede y se endeuda hasta donde ya no puede pagar? ¿Por qué sus casas se devalúan rápidamente mientras todo se encarece? ¿Por qué los bancos que crearon esta enorme crisis son los que se apoderan del fruto de sus ahorros y el gobierno, en vez de castigarlos, los premia con enormes cantidades de dinero? ¿Por qué 10

tienen que trabajar mucho más sin poder recuperar el nivel de vida que una vez tuvieron? ¿Qué pasó con el “Manifest Destiny” y el “In God We Trust”? ¿Es porque han empezado a desconfiar del Dios que tenían que inventan sectas religiosas que les expliquen sus crisis en nombre de otros dioses? ¿Por qué hay que inventar ahora un pasado de éxitos para justificar la discriminación de décadas anteriores? ¿Por qué el centro político de Estados Unidos se ha movido tanto hacia la derecha? Y sobre todo esto, Obama ha perdido la credibilidad que pudo haber acumulado durante sus años de campañas electorales. Esto, gracias a que no ha cumplido con las promesas de entonces, sino que ha actuado en contrario a lo que dijo que haría desde la Casa Blanca. El nunca fue un personaje progresista, ni mínimamente liberal. Escogió su gabinete entre los representantes del sistema financiero, los bancos y lo que en Estados Unidos se llama FIRE (Fuego), Finance, Insurance and Real Estate. A esto habría que sumarle la selección de los generales del Pentágono que mejor sirven al complejo militar industrial. Equivocados nosotros cuando asumimos con nuestra atrasada cultura política que el color, la ascendencia o la raza determinan la posición ideológica y política de alguien. Muchos pensaban que si un negro ocupaba una posición de poder en Estados Unidos tendría que ser progresista. Grave error que Obama nos ha ayudado a entender con su parcialización absoluta hacia el poder financiero y los industriales de la guerra. El siempre fue, dentro de la dicotomía racista, un “house boy”. Aquel que en los tiempos del esclavismo vivía con los blancos, era su sirviente y no se vinculaba con la población que trabajaba en el campo y luchaba contra el sistema de plantación. Obama es cómplice y no víctima de la cúpula que maneja los destinos de la superpotencia. Fuimos nosotros los equivocados al pensar que podía ser liberal por el solo hecho de tener un color de piel diferente a los WASP. Una vez, Obama dijo a la periodista Diane Sawyer: “Prefiero ser un buen presidente durante un solo período que uno mediocre durante dos”. Debería ser fiel a ese planteo y no postularse para la reelección, ahora que confirma haber superado la política belicista y de endeudamiento de George W. Bush.

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Página 12, Buenos Aires, 1º de Julio de 2011,p.23 Ingeniero, escritor, ensayista - Santo Domingo

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¿Comienza una revolución anticapitalista? Por: Atilio A. Borón *** En un pasaje memorable del Manifiesto Comunista Marx y Engels sostienen que con su ascenso la burguesía desgarró impiadosamente el velo ideológico que impedía que hombres y mujeres percibieran la verdadera naturaleza de sus relaciones sociales ahogando “el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta”. La actual crisis del capitalismo y las crecientes protestas y movilizaciones populares en contra de las políticas de ajuste promovidas por el FMI, el BM y el Banco Central Europeo corrobora que las palabras del Manifiesto son de una fuerza profética incomparable. La nueva crisis general del capitalismo ha sumergido las ilusiones fomentadas por los mentores y beneficiarios de la democracia liberal “en las aguas heladas del cálculo egoísta”. Como decía una de las pancartas enarboladas en la Puerta del Sol de Madrid “esto no es una crisis, es una estafa”. Y de la mano de ese doloroso descubrimiento iba otro: la estafa no sólo se ejecutaba en el terreno económico. No menor era el fraude montado en el ámbito político al haber inducido al grueso de la población a creer que la sórdida e inescrupulosa plutocracia bajo cuya férula se desenvolvían sus vidas era una democracia. Por eso las quejas y reclamos exigiendo una “real democracia ya”, una “democracia verdadera” que reemplace a la pseudodemocracia cuyo interés excluyente es la preservación de la riqueza de los ricos y el poderío de los poderosos. La crisis tuvo por efecto hacer consciente a los pueblos del mundo desarrollado que tanto ellos como nosotros en el Sur global somos víctimas de un sistema que, habiéndose despojado de los ropajes que ayer disimulaban su verdadera naturaleza, somete a unos y otros a “una explotación abierta, descarada, directa y brutal”. Y que lo que llaman democracia es en realidad la dictadura de la oligarquía financiera, que como lo recordaba el Che en la Conferencia de Punta del Este, es incompatible con la democracia. Días atrás el Financial Times de Londres hizo público un informe sobre las remuneraciones que percibían los máximos ejecutivos de las más grandes empresas. La nota decía que “en lo que respecta a los banqueros la era de la contención (salarial) ha terminado”. Revista Regional de Trabajo Social -

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En 2010, mientras el mundo continuaba su caída libre hacia el desempleo de masas, las ejecuciones hipotecarias y el empobrecimiento generalizado de la población, la “retribución media de los máximos responsables de los 15 mayores bancos europeos y estadounidenses aumentó un 36 por ciento, hasta (alcanzar una media anual de) 9,7 millones de dólares”. En España, conmovida hasta sus cimientos por la oleada de manifestaciones de los “indignados”, el presidente del BBVA, Francisco González, se conforma con ganar unos 8.000.000 de dólares al año mientras que su colega del Banco Santander, el más importante de España, fue más ambicioso y calmó su ansiedad al ver recompensado sus esfuerzos en pro de sus ahorristas con trece millones de dólares. Ante esta situación cabe preguntarse por el destino de estas orgullosas y arrogantes pseudo democracias, desmitificadas al calor de una crisis que demostró que son fraudulentos regímenes políticos puestos al servicio de las oligarquías y la opresión de los pueblos. ¿Serán estas protestas y movilizaciones el precipitante de una revolución anticapitalista? Difícil de saber, aunque parece ser cierto que “los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como antes”, para usar la clásica formulación de Lenin. Las protestas que hoy conmueven a Europa tal vez puedan ser la antesala de una revolución anticapitalista, pero ésta es un proceso, no un acto. La lucha de clases y la resistencia al imperialismo y sus “perros guardianes” en el sistema financiero mundial (el FMI, el BM, el BCE) pueden hacer que lo que al principio comenzó como una protesta contra el desempleo, la reducción salarial y los recortes en las prestaciones sociales terminen siendo el motor que impulse una hasta hace poco improbable e imprevisible revolución en el corazón del capitalismo desarrollado. Es demasiado pronto para saber, Pero lo que sí sabemos es que de ahora en más las cosas serán distintas: que los condenados de la tierra no quieren seguir viviendo como antes y los ricos comienzan a percibir que no podrán seguir dominando como antes. Son condiciones necesarias -si bien no suficientes- de una revolución, lo cual no es poca cosa.

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Página 12, Buenos Aires, 21 de junio 2011, p.21 Politólogo y sociólogo argentino

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La Reforma Social «De cada quien según su ingreso a cada quien según su necesidad» Ec. Daniel Olesker Ministro de Desarrollo Social MIDES

Siempre hemos sostenido que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, el Uruguay ha tenido experiencias múltiples en ese sentido. Basta recordar el crecimiento económico de 1974 a 1980 durante la dictadura que llevó a la más importante concentración y exclusión de la riqueza y el ingreso que haya vivido el país; pero también hay que recordar la década de los 90‘ en la que, con importante crecimiento económico, la distribución permaneció estancada y la exclusión social aumentó. Es lo que llamamos modelo LACE (liberal, aperturista, concentrador y excluyente). Por ello, no hay otra manera de modificar las condiciones de distribución para transformar el crecimiento concentrador y excluyente, en distributivo e incluyente, que con la acción del Estado. La experiencia internacional muestra que los mejores niveles de distribución del ingreso están en los países que, habiendo alcanzado importantes niveles de crecimiento, al mismo tiempo, y simultáneamente, desarrollaron políticas activas de distribución.

¿Cuáles son esas políticas activas del estado que actúan sobre la distribución del ingreso? Al menos tres: a)

las que actúan sobre los ingresos, es decir sobre salarios y jubilaciones.

las que actúan sobre el mercado de trabajo aumentando la cantidad y la calidad del empleo.

las políticas de acceso con justicia social y calidad a los servicios sociales.

La reforma social que estamos construyendo se sustenta en 5 pilares que la definen como de incluyente y distributiva. 12

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Ministro de Desarrollo Social, Ec. Daniel Olesker - Foto: Inés Filgueiras/MIDES

De cada quien según sus ingresos a cada quien según sus necesidades

Lo que diferencia una política social de izquierda de una política social excluyente y conservadora, es la separación tajante entre, la contribución al financiamiento de dichas políticas, de su utilización, y por ende, respecto al acceso a ellas. Es decir que de una parte las personas beneficiarias de la política social contribuyen a su financiamiento según su ingreso (sea a través de impuestos como en el caso de la educación, o a través de contribuciones a la seguridad social como en el caso de salud), y reciben el beneficio según sus necesidades, que en general están asociadas a su edad, su sexo, su localización en el territorio, entre otras. El concepto de igualdad en una reforma social que pretende socializar el servicio está basado en esos dos pilares respecto al financiamiento y al acceso que se resume en la frase del subtítulo muy cara para nosotros: “De cada quien según su ingreso a cada quien según su necesidad”

Carácter universalista del acceso

El segundo fundamento de las políticas sociales incluyentes o socializantes es su carácter universal, es decir que están diseñadas para el conjunto de los ciudadanos del país. No son acciones focalizadas para dar respuesta a un problema concreto sino acciones en las que convergen todos los ciudadanos. Revista Regional deTrabajo Social -

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Obviamente la igualdad junto a la universalidad suponen, por un lado, como se dijo en el punto anterior, contribuciones financieras diferentes bajo el lema de que paga más quien tiene más; y por otra parte, ello no excluye que en ese marco haya prioridades en el proceso de construcción de la política. Así fue con niños y adolescentes en la reforma de salud, pero en 2016, a 9 años de iniciada, todos los demás sectores quedarán incluidos en el FONASA. Por ello, la aparente contradicción entre universalidad y focalización se salda cuando, como en nuestro caso, se diseñan al mismo tiempo políticas universales con una adecuada focalización que prioriza los sectores de mayor vulnerabilidad.

Conducción del Estado

El tercer componente de una política social es la conducción del Estado. Ha quedado más que demostrado -y el Uruguay de los 90 es un vivo ejemplo de ello- que el mercado no es bueno para generar inclusión social y acceso con justicia social a la política social. Sólo el Estado puede garantizar universalidad (nadie invertiría sino hay conducción pública en una policlínica en el medio del campo), justicia social (nadie podría sino el Estado recaudar y luego gastar según prioridades) y accesibilidad. Cuando el mercado define el acceso, sólo acceden los que pueden pagar. La salud mental que ingresa en setiembre al SNIS, es un ejemplo; hoy que no esta en el sistema y se debe pagar privadamente, sólo acceden los que la pueden pagar, más allá de las necesidades de cada quien.

Participación social

El cuarto componente de una política social incluyente es la participación social, es decir, que los ciudadanos organizados en sus diferentes formas (sindicatos, organizaciones de usuarios, organizaciones de mujeres, entre otras) participen en las políticas sociales en sus tres fases: en el diseño, en la ejecución y en la toma de decisiones. La reforma de la salud, la seguridad social y la ley de educación son ejemplos más que notorios de esta visión de construcción de poder popular.

Incremento presupuestal para complementar los recursos del desarrollo de la política social.

Finalmente todo lo anterior sería letra muerta sino acompañáramos esta estrategia de recursos económicos. Tres ejes de la política social relevantes (educación, salud y protección social) han sido receptores de recursos. Para estos sectores el gasto se ha duplicado en precios constantes en 6 años. En síntesis la reforma social del gobierno no es sólo una respuesta a la coyuntura. Es un cambio estructural que socializa el acceso, lo universaliza, le da justicia social y pone acelerador en el tránsito hacia una sociedad de iguales.

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Rafael Puente*

Educación Popular e Historia Este tema se presenta a modo de introducción de lo que será un mayor desarrollo de la temática en un próximo artículo a cargo de este connotado autor.

La educación popular es transformadora porque su método es la pregunta, y no una serie de respuestas previamente elaboradas (a preguntas que nadie se hace). Al plantear preguntas, o mejor al promover espacios en que surjan y se encadenen las preguntas, estamos provocando el despertar de conciencias. Por supuesto no lo estamos garantizando, ya que la provocación por sí misma no garantiza nada, pero estamos haciendo lo más que se puede hacer sin manipular, que es crear condiciones para el diálogo creativo.

gran mayoría de nuestros pueblos ha sido lamentablemente rutinario, memorístico, una aburrida acumulación de datos, de fechas, de lugares -preferentemente batallas-, de nombres de personajes ilustres -o malignos-; datos que además resultan menos importantes que la humilde regla de tres. De ahí la importancia de acudir a la Historia, así con mayúscula, desde la perspectiva de la educación popular; o de hacer educación popular a partir de la Historia.

Si el diálogo se da y las conciencias se agitan, la transformación empieza a ser posible, ya que su condición de posibilidad es la aparición de sujetos autónomos, capaces de seguir preguntándolo todo, es decir portadores de conocimiento crítico. Sin ese tipo de sujetos la transformación es aparente, no pasa del sobresalto, o del asalto, de la bronca espontánea y efímera. Tal ha sido desgraciadamente el caso de muchas revoluciones latinoamericanas, a la larga casi todas exangües.

Si volvemos a la Historia a partir de preguntas, si buscamos en todo el proceso de un pueblo la explicación de sus problemas actuales, si olvidamos la mayor parte de las fechas y los nombres, y en lugar de eso nos concentramos en el sentido de los acontecimientos, en los intereses profundos de los sujetos históricos -empezando evidentemente por el sujeto central, que es la sociedad civil, y no en el sujeto super estructural que es el estado-, entonces la Historia se convertirá en mecanismo apasionante y fecundo de educación popular.

Ahora bien, la educación popular será más eficaz y profunda cuando las preguntas sean más amplias y colectivas, cuando tengan que ver con el destino de pueblos enteros. Se puede indagar ese destino a partir de lo que pasa en el presenta, a partir de la coyuntura, pero esa indagación no dejará de plantear más y más preguntas que inevitablemente nos llevarán a los orígenes, a tiempos pasados, a herencias recibidas -casi siempre herencias pesadas-, es decir nos llevarán a la Historia, así con mayúscula. Sin embargo el contacto que han tenido con la historia la

En el caso de Bolivia hemos empezado preguntándonos cómo llegó a articularse su territorio -tan heterogéneo y poco previsible- y cómo se explica su proceso de involución histórica comparado con el proceso de relativa evolución de los demás países de Sudamérica-, hemos dado con la clave que es la minería -razón de ser de este país nuestro- y a partir de ahí han empezado a resultarnos comprensibles la mayor parte de nuestros males, y estamos pudiendo descartar soluciones ilusorias. La cosa es no parar de preguntar.

Rafael Puente (nacido en Pairumani, Cochabamba, en 1940) tiene formación académica en Filosofía y Letras, como también en Psicopedagogía; no es historiador de profesión, lo que lo indujo a apasionarse por la historia y al intento de reescribirla ha sido por una parte su actividad como educador popular -a lo largo de cuarenta años-, y por otra su militancia política revolucionaria, que lo llevó a ser parte -en dos diferentes momentos, 2006 y 2008- del gobierno de Evo Morales. Actualmente está terminando de escribir un libro titulado “RECUPERANDO LA MEMORIA, una historia crítica de Bolivia”, y es responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política del MAS.

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Sebastián Giménez*

LA EXCLUSIÓN Y LAS POLÍTICAS SOCIALES Burocracia y desafíos para el Trabajo Social El presente trabajo aborda el problema de la exclusión social, herencia del modelo neoliberal que por años primó en la Argentina. La exclusión social dio lugar a una sociedad más heterogénea, haciendo que la división dicotómica entre empresarios y trabajadores propia de la sociedad capitalista tradicional se volviera una ilusión y todo se complejizara más, como plantea Juan Villarreal. Se analizan las características generales de las políticas sociales llevadas a cabo por el neoliberalismo y las actuales, haciendo énfasis en la Asignación Universal por Hijo. Se visualiza la trama de la organización burocrática, ejemplificando en los requisitos que se solicitan a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Por último, se reflexiona sobre el Trabajo Social y el papel que puede cumplir para buscar trascender el accionar burocrático y facilitar un abordaje más flexible y acorde con las necesidades de las personas y familias excluidas. PALABRAS CLAVE: EXCLUSIÓN SOCIAL, POLÍTICAS SOCIALES, BUROCRACIA E INTERVENCIÓN PROFESIONAL.

This paper addresses the problem of social exclusion, a legacy of the neoliberal model that prevailed for years in Argentina. Social exclusion led to a more heterogeneous, making the dichotomous division between employers and employees own traditional capitalist society would become an illusion and everything is more complicate, as suggested by Juan Villarreal. It discusses the general characteristics of social policies undertaken by neoliberalism and the current emphasis on universal child allowance. Displays the plot of the bureaucratic organization, exemplifying the requirements that apply to beneficiaries of the universal child allowance. Finally, we reflect on social work and the role it can play to look beyond the bureaucratic actions and facilitate a more flexible approach and according to the needs of individuals and families are excluded. KEYWORDS: SOCIAL EXCLUSION - SOCIAL POLICY - BUREAUCRACY AND PROFESSIONAL INTERVENTION.

Introducción En el presente trabajo se intenta abordar el problema de la exclusión social, herencia del neoliberalismo que sumió a muchos sectores de la población en la desocupación y la miseria. El modelo neoliberal ejecutó, ante la emergencia de la exclusión social, políticas sociales focalizadas y compensadoras mientras el modelo económico continuaba expulsando a vastos sectores de la población. Luego de la crisis del 2001, se configuró un Estado que comenzó a intervenir promoviendo otros tipos de políticas sociales, de alcance mucho más am-

plio y no actuando sólo sobre la emergencia. Una de las más emblemáticas fue, a fines del 2009, el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo. Se plantea la trama burocrática que implican los requisitos que deben cumplir los beneficiarios. Por último, se reflexiona sobre el papel que puede cumplir el trabajo social para enriquecer esta política social de protección social que reciben las personas y familias excluidas. Aproximaciones a la exclusión social El modelo neoliberal, que se comenzó a implementar en nuestro país a partir de los

Lic.Trabajo Social, Universidad de Buenos Aires. Profesor de Enseñanza Primaria, Normal N°1, Buenos Aires. Trabaja en el CERI (Centro Educativo de Recursos Interdisciplinarios) Nº 19 y en la Escuela de Educación Especial nº 37 para no videntes “F. Gatti», Bs. As. sgimenez5804@yahoo.com.ar.. 16

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lineamientos dados por la última dictadura y se profundizó en la década del 90, estableció la primacía del mercado y la disminución del Estado, que dejó de garantizar los derechos sociales, lo que trajo aparejada la emergencia de la pobreza y exclusión social a gran escala. El modelo, siguiendo a Estela Grassi y Norberto Alayón(2004)1, alumbró una sociedad más pobre, pero fundamentalmente más desigual. El Estado apareció subordinado al poder exterior y mostró una impronta clasista, ya que legalizó la expropiación de los derechos del trabajo. Testigo de esto fueron las sucesivas reformas laborales implementadas recortando derechos de los trabajadores sucesivamente durante los gobiernos de Menem y De La Rúa. Otro aspecto importante fue que el trabajo en sí mismo se convirtió en un bien escaso, por la desocupación de dos dígitos que provocó que muchos sectores poblacionales cayeran en la miseria y la exclusión social. En nuestro país los derechos sociales a la vivienda, a la salud y a la educación aparecieron siempre vinculados fuertemente al trabajo. Quien trabajaba gozaba de una serie de protecciones, obra social y la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y desarrollarse personalmente. Sin trabajo, los derechos sociales de muchos se convirtieron en enunciados sin forma de realización. No sólo los trabajadores formales se vieron privados de derechos sino que los desocupados quedaron en una posición peor, careciendo de toda inserción en la economía y la sociedad. En síntesis, excluidos de la sociedad. La exclusión fue un fenómeno tan significativo que cambió la forma de pensar la sociedad en su misma estructura. Juan Villarreal (1996)2 aportó que la simplificación de la homogeneidad social capitalista, con la exis-

tencia de los burgueses y los asalariados en una economía organizada de esta forma clasista y dicotómica tradicional, se volvió una ilusión conceptual. Por la exclusión social, la sociedad se hizo más heterogénea y difusa. Aportó el mismo autor que los sectores sociales excluidos aparecieron desvinculados de las estructuras jerárquicas del Estado, la fábrica y el sindicato. Repasando los tres ámbitos nombrados, el Estado les brindó en el neoliberalismo una asistencia focalizada, insuficiente y miserable para paliar su situación. En la fábrica les fue imposible insertarse en un contexto de desocupación masiva donde, en no pocas familias excluidas, más de una generación no pudo insertarse en el mundo del trabajo. Desde los sindicatos, fue interesante el esfuerzo de la CTA para representarlos, una praxis en construcción aún hoy. De los tres ámbitos (Estado, fábrica, sindicato), este trabajo tomará al Estado, analizando las políticas sociales que se ejecutaron y se llevan actualmente a cabo y tienen como destinatarios a las personas y familias excluidas. Analizando las políticas sociales. En el modelo neoliberal, las políticas sociales se centraron en atender focalizadamente a los más pobres, mientras no se establecía ningún tipo de acción que permitiera revertir el deterioro social y la cada vez mayor exclusión social. Con mucha suerte, afirmó Carlos Vilas (1997)3, se brindaba una cartilla de programas destinados a compensar las consecuencias del modelo económico vigente. Se institucionalizaba de esta forma una política asistencial destinada a atender la emergencia, sustituyéndose derechos básicos por asignaciones insuficientes y meramente paliativas de la situación de deterioro social.

Grassi, Estela; Alayón, Norberto (2004). El ciclo neoliberal en la Argentina. La asistencialización de la política social y las condiciones para el desarrollo del trabajo social. En Globalisation and Social Work: Perspectives from the left. Editado por Iain Ferguson, Michael Lavalette and Elizabeth Whietmore Routledge. Londres. 2 Villarreal, Juan (1997). La exclusión social. Ed. Norma. Buenos Aires. 3 Vilas, Carlos M. (1997) De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo. En Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, vol. 36, n° 144, Buenos Aires. Revista Regional de Trabajo Social -

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Siguiendo a Estela Grassi y Norberto Alayón, durante el neoliberalismo “la política social global se asistencializó: las intervenciones sociales se focalizaron en los débiles, como contrapartida de las reglas del mercado (con las que “juegan” quienes tienen éxito en la adaptación al mismo), instituidas estatalmente como regulaciones del conjunto de la vida social y reproducidas, a la vez, en los discursos y en dichas intervenciones sociales”.4 Había que ayudar a los débiles, mientras el mercado continuaba rigiendo la vida social y aumentando la desigualdad. Este tipo de programas compensadores continúan en la actualidad en no pocos municipios y ciudades. Si bien el neoliberalismo adoptó la focalización como paradigma, esto no significa que en la actualidad este tipo de programas y planes sociales hayan desaparecido ni que tengan necesariamente que desaparecer. Lo importante es que no sea el único tipo de política social que encabeza el Estado la meramente paliativa, mientras consiente que la desigualdad se reproduzca sin control como en el neoliberalismo. Un ejemplo de política social focalizada es el programa de Atención a familias en situación de calle,5 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Consiste en un subsidio a familias en situación de calle, que se otorga con fines habitacionales o para cubrir todo tipo de gasto emergente de dicha situación. La iniciativa es focalizada, dirigida hacia un grupo poblacional bien definido y el monto de la asignación y la duración de la misma también aparece pautado. Es un programa compensador, que atiende la emergencia y obviamente no actúa sobre las causas: la desigualdad, la pobreza, el derecho social a la vivienda digna en deuda. En contraste con la focalización, se pueden nombrar las políticas sociales universales. Algunos ejemplos son las políticas sociales de creación de empleo, fomento de la actividad económica, atención de la salud y educación pública y distribución del ingreso. Luego de la crisis del 2001, comenzaron a aplicarse este tipo de políticas a ni18

vel nacional aunque es materia de debate el alcance y los resultados que tuvieron. No es ajena a esto la conflictiva situación en el INDEC, que provoca que no se cuenten con cifras de indicadores sociales confiables. Horacio Verbitsky, en sus columnas en Página 12, lo llama no sin razón Instituto Nacional de Exterminio de la Credibilidad. Lo que apareció incuestionablemente fue que el Estado comenzó a intervenir en la economía y la sociedad con instrumentos que excedieron la sola atención de la emergencia. El Estado fomentó el incremento de la actividad económica en el mercado interno desde una posición activa. Se registraron grandes tasas de crecimiento y una disminución del desempleo. Se estatizaron las AFJP, definiendo que todos los retiros y jubilaciones (que ampliaron muy significativamente su número de beneficiarios) fueran pagados por el Estado, que también pasó a recepcionar la totalidad de los aportes. Otra política social significativa que se encaró en estos últimos años fue la apertura de paritarias, ámbitos en que los distintos sindicatos pudieron volver a discutir con los empresarios aumentos de salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, derechos que habían sido conculcados por el neoliberalismo. Por el impacto que generó el crecimiento de la actividad económica y la disminución de la desocupación, el gobierno creyó innecesario, por lo menos hasta el año 2009, implementar una política social específica que atendiera a los sectores poblacionales excluidos que continuaban, a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos, siendo significativos. En el 2008, en una entrevista con Página 12, Alicia Kirchner, en contra de la universalización de las políticas sociales, afirmaba que: “Yo no tengo un argumento en contra pero lo que digo es que si tenés 9 mil millones para darle, por ejemplo, cien pesos por niño por qué no emplearlos en desarrollar más trabajo, más escuelas, que le dan otro tipo de calidad de vida a la gente”.6 Tiempo después, cuando se hizo evidente que el modelo de post-convertibilidad y el crecimiento económico de por sí no al-

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canzaba y persistía un núcleo duro de la desocupación y de la exclusión social, tuvo lugar entonces el lanzamiento por decreto presidencial de la Asignación Universal por Hijo (en adelante, la A.U.H). La AUH no puede definirse como una política social estrictamente universal ya que se establecen requisitos que deben cumplir los beneficiarios para recibirla, aunque su alcance es mucho más amplio respecto de otros programas focalizados que existen. Si no es universal en sentido estricto, sí puede considerarse como una política con intención de universalizarse. Muestra de esto son las distintas ampliaciones que se fueron realizando, la última la de incluir como beneficiarias a las embarazadas desde el tercer mes de gestación. La AUH, al estar dirigida a los sectores excluidos tan heterogéneos, tan amplios y complejos como se vio en el primer apartado de este trabajo, tiene la necesidad e ir reconfigurándose y redefiniéndose. Como afinando para llegar y abarcar mejor el terreno sinuoso y complejo de la exclusión. Los beneficiarios de la AUH deben reunir ciertas condiciones para recibirla. Y los requisitos remiten, sin querer queriendo, a un tipo de organización burocrática, que busca analizarse en el siguiente apartado.

La trama burocrática Para definir las características de una organización burocrática considero atinado aludir a uno de los principales especialistas en esta materia, el gran pensador alemán Max Weber. Este autor planteó que la burocracia era valorada positivamente y útil al capitalismo “cuanto más acabadamente logra despojar a los asuntos oficiales del amor, el odio y demás factores personales, irracionales y emocionales que escapan a todo cálculo”.7 La burocracia establece reglas impersonales, en un esquema organizativo rígido y desprovisto de valores, hacia la automatización. En el caso que se trata aquí, que son los requisitos para recibir la AUH pero que puede hacerse extensivo también a otros planes sociales, este aspecto aparece como organizador pero también incluye el riesgo de excluir a sectores de la población necesitados de ayuda y protección social.

Grassi; Estela y Alayón, Norberto. Op.cit.. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Guía de Servicios Sociales 2011. Pág. 67.Consultar en http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/fortal_soc_civil/pdf/guia-de-servicios-sociales-2011.pdf 6 Piqué, Martín. “La política social no es sólo asistencia”. Entrevista a Alicia Kirchner, en Diario Página 12 del 21 de Septiembre de 2008. Se puede consultar en D:\documentos\debate\Página-12 El país “La política social no es sólo asistencia”.mht 7 Weber, Max (1991). ¿Qué es la Burocracia? Ediciones Leviatán. Buenos Aires. Pág. 62 5

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Por un lado, la organización que brindan los requisitos en las tramitaciones permite transparentar la asignación del subsidio. Si fuera el caso de que la persona o grupo familiar solicitante cumple con todos ellos, no puede negársele el subsidio, reduciendo de forma positiva la influencia de factores subjetivos y discrecionales en los entes receptores de la demanda (la ANSES, etc). Pero también es necesario apuntar el caso de que, no cumpliendo con los requisitos, la familia solicitante se comprueba que precisa la asignación. Y en este caso, la burocracia se transforma en una barrera para la efectiva llegada de la protección social a quienes más los necesitan. Apuntó Max Weber que en la burocratización, “la resolución «objetiva» de los asuntos presupone primeramente una resolución conforme a normas calculadas y sin tomar en cuenta a las personas».8 La pregunta que surge cuando uno se interna en la trama burocrática es si la compleja trama de la sociedad actual y la heterogeneidad de los sectores excluidos pueden abordarse desde el esquema rígido de la burocracia, y sin tener en cuenta a las personas y situaciones particulares. En el siguiente apartado, se mencionan los requisitos que se exigen para percibir la AUH, intentando un análisis de cómo la organización burocrática puede constituir una limitación para la efectivización de los derechos de las personas. Los requisitos. Y para no olvidarme de lo que fui / mi patria y mi guitarra las llevo en mí/ Una es fuerte y es fiel / la otra un papel. Joan Manuel Serrat Es importante consignar primero que la AUH es una valiosa iniciativa porque permite mejorar el ingreso y situación social de muchas personas y familias. También merece destacarse el hecho de que la tramitación es simple y accesible, contando con el recurso de las dependencias de ANSES de todo el país. Otro aspecto a considerar es que es una 20

de las primeras iniciativas que se proclama como universal para atender a los sectores excluidos de la población. No atiende una emergencia específica, sino que trata de brindar un piso de protección social anteriormente ausente, al constatarse que pese al crecimiento económico y la solidez macroeconómica, continúan siendo significativas la cantidad de personas y familias excluidas. Señalar que es una política social focalizada no implica dejar de reconocer que es una medida de gran alcance a nivel nacional, cubriendo un amplio espectro de la población al que nadie había tenido mucho en cuenta. La existencia de requisitos sin embargo es la confesión de que es una política focalizada, que no por eso deja de ser valiosa. Siguiendo el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1602/09, los requisitos para recibir la AUH son: “a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años previos a la solicitud. b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante Documento Nacional de Identidad. c) Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas y curatelas los testimonios judiciales pertinentes. d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del artículo 2o de la Ley N° 22.431, certificada por autoridad competente. e) Hasta los CUATRO (4) años de edad inclusive-, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los CINCO (5) años de edad y hasta los DIECIOCHO (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos. f) El titular del beneficio deberá presentar una declaración jurada relativa al cumpli-

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miento de los requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas, de comprobarse la falsedad de algunos de estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan”.9 Los requisitos se fueron modificando y también extendiendo. El último ejemplo, como ya se consignó, fue la incorporación de las mujeres embarazadas como beneficiarias de la asignación a partir del tercer mes de gestación. Se modificó el requisito E, ya que se amplió la asignación a los niños que concurren a establecimientos privados con subsidio estatal. En el establecimiento original de este requisito no aparecían contemplados los casos de niños de familias de reducidos ingresos y que eran becados en colegios privados. Esto es una muestra de cómo las distintas y complejas realidades son difíciles de abarcar en su totalidad, volviéndose necesario el reajuste y evaluación permanente de la iniciativa. El requisito B establece la tenencia de DNI. Muchas personas y familias provenientes de países limítrofes en condiciones de pobreza cuentan con residencia precaria, lo que les imposibilita recibir la AUH. Por otro lado, la obtención del DNI de estas familias es costosa en términos monetarios y en tiempo, sin dejar de reconocer algunas mejoras en este sentido con el Programa Patria Grande y los centros de documentación rápida ampliamente extendidos. Somos testigos como trabajadores sociales de que muchas veces las familias carecen de documentación, habiendo estado durante muchos años sin inserción en el mercado laboral y en la sociedad en su conjunto. La Patria, siguiendo la cita de Joan Manuel Serrat que encabeza este apartado, fue sólo un papel por muchos años, y como tal se lo cuidó. Considero entonces necesario habilitar una mirada que incluya este tipo de situaciones, para que la ayuda se materialice y no se enrede en los laberintos burocráticos, procurando atender las características particulares y únicas de cada grupo familiar.

tores excluidos que se vio en el primer apartado exige un abordaje más complejo que la sola fijación de normativas y requisitos. Es necesario humanizar el abordaje para extender la asignación allá donde se la necesite, para hacerla cada vez más universal. Es evidente que el Trabajo Social puede aportar mucho para enriquecer esta política social, por ser una disciplina que se ubica en un lugar de mayor cercanía con las personas y familias excluidas. Burocracia y desafíos para el trabajo social. En contraste con la deshumanización y automatización burocrática de la que se habló en los apartados anteriores, el Trabajo Social puede aportar un abordaje integral de la problemática, considerando la complejidad de la cuestión social y trabajando sobre las posibilidades y necesidades de los sujetos. Nuestra disciplina puede aportar una mayor humanización de las acciones que a veces se definen muy lejos de la gente, apostando también a la participación democrática. Es importante tener en cuenta que “...la democratización, entendida como un proceso de distribución y transferencia de poder, consiste en que los ámbitos decisionales de los problemas se trasladen lo más cerca posible de donde éstos se generan.”10 De esta forma, una política cuyo marco regulatorio lo brinda un decreto como la AUH sería interesante que habilite también la descentralización para que se adecúe a las características de cada lugar y no bajar ya definida y con requisitos inmodificables, aún cuando estos sean accesibles. Cuando se actúa desde marcos rígidos, algunas personas y familias pueden quedar afuera. La burocracia, de esta forma, marca el límite, la barrera. Y la realidad de nuestra sociedad altamente compleja y de los sectores excluidos no puede ser abarcada en su integridad con una forma de abordaje tan esquemática y que se presume objetiva. Alfredo Carballeda manifiesta con acierto que “los sistemas clásicos de protección y acción social, basados en la aplicación de

Además, la gran complejidad de los secRevista Regional de Trabajo Social -

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Eduardo Pirotto1

Insumos para una política pública de seguridad en clave de derecho ciudadano Política de Justicia y seguridad ciudadana Existe un amplio consenso en considerar, como característica o requisito de una política de justicia en un estado democrático de derecho, entre otros, la necesidad de impulsar un conjunto de medidas de prevención general, dirigidas a combatir todas aquellas situaciones que exponen a la sociedad al riesgo de conductas delictivas y que vulneran derechos humanos. Esas medidas son de carácter, político, económico y social, educacionales y culturales, de salud, vivienda y urbanismo. A ellas se suman, cada vez con mayor vigor, las medidas de comunicación y participación social, es decir aquellas capaces de crear los vínculos solidarios y articuladores del conjunto de la sociedad.2 En las últimas décadas nuestro país, ha sufrido un creciente incremento de la violencia y la criminalidad, con el consiguiente deterioro de los parámetros de seguridad clásicos de una sociedad integrada y con altos índices de cohesión social, como lo fue

Uruguay en tiempos ya lejanos. Asistimos por lo tanto a un endurecimiento del clima de convivencia. No es esta la oportunidad de señalar las causas de un fenómeno complejo, que no solo afecta nuestro país, sino que está presente también en los países de la región y más allá de la misma. Sí, admitir necesariamente el dato de la realidad que hace que el tema ocupe el primer lugar en las preocupaciones de la población y amenace con transformarse en un freno al desarrollo integral de la sociedad uruguaya y sus habitantes. Esto dicho teniendo presente que puede existir una realidad objetiva (el número y la calidad de los delitos) y una subjetiva (el temor y la inseguridad producto de diversos factores coadyuvantes). Importa destacar en consecuencia la importancia y gravitación que tiene una política integral y asociada con intervención de las diferentes agencias del estado y que promueva la participación social y ciudadana en el abordaje de temas que preocupan a los habitantes de nuestros barrios, ciudades y localidades del país.

1 Licenciado en Servicio Social, egresado de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Miembro colaborador de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. epitrotto@adinet.com.uy 2 Andrés Dominguez Vial señala cuatro requisitos de una política de justicia en un estado democrático de derecho: 1) debe apoyarse en una legislación armónica y estable, fundada en la igualdad ante la ley, surgida de un proceso democrático y aplicada por instituciones sometidas a control y fiscalización; 2) debe impulsar un conjunto de medidas de prevención general, para combatir todas aquellas condiciones que exponen a la sociedad al riesgo del desarrollo de conductas delictivas(económicas, sociales, etc); 3) represión adecuada y proporcional de los delitos, poniendo el acento en la protección de eficaz de las víctimas; 4) medidas de prevención especial, orientadas a asegurar la reinserción social de la persona culpable del delito, la neutralización de los factores que pueden producir la reincidencia, la eficacia social intimidatoria del cumplimiento de la ley penal. En “Policía y Derechos Humanos”, Policía de Investigaciones de Chile, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Los requisitos señalados por el autor tienen la virtud de facilitar la identificación de las diferentes áreas sobre las que deben desplegarse acciones de manera simultánea: operativa (todo lo que permite mejorar las condiciones de trabajo y los recursos de la policía y los operadores del sistema judicial); legislativo (la adecuación de normas legales); preventivo (despliegue de acciones que atiendan * las múltiples causas de la violencia y la criminalidad). 3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994): “Informe sobre desarrollo humano 1994: Nuevas dimensiones de la seguridad humana”. Fondo de Cultura Económica. México. Pág. 26. 4 PNUD (2006): “Gobernabilidad local, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Marco para la Acción”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pág. 12. Regional deTrabajo Social - ISSN 0797- 0226 - AÑO 25 - Nº 52 - 2011 (22-25/57) Revista 22

Seguridad Humana: derechos humanos El derecho a la seguridad ciudadana, a pesar de no estar reconocido en forma expresa en ningún instrumento internacional de derechos humanos, en el ámbito internacional de Naciones Unidas se viene acuñando el concepto de “seguridad humana”, por lo cual la seguridad ciudadana es considerada como una de sus dimensiones. En el “Informe sobre Desarrollo Humano: nuevas dimensiones de la seguridad humana” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, se establece que la seguridad humana significa “seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, y además protección contra situaciones dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad”. El Informe citado consigna que “Actualmente, para la mayoría de las personas, el sentimiento de seguridad se debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, la seguridad del ingreso, la seguridad en la salud, la seguridad en el medio ambiente, la seguridad respecto al delito: son estas las preocuRevista Regional deTrabajo Social -

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paciones que están surgiendo en el mundo acerca de la seguridad humana”. 3 Es por este carácter multicausal, integral y global que toda política social puede tener impactos directos o indirectos en los hechos o situaciones que generan mayor o menor seguridad pública. El PNUD plantea además que las políticas de seguridad ciudadana enmarcadas en este concepto de Seguridad Humana se definen como “(…) el conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo por diferentes actores estatales y sociales abocados al abordaje y resolución de aquellos riesgos y conflictos (concretos o previsibles) violentos y/ o delictivos que lesionen los derechos y libertades de las personas, mediante la prevención, control y/o represión de los mismos”.4 Como se puede apreciar, son intervenciones públicas que cuentan con la participación de diferentes actores, pero es el Estado el que debe administrar los conflictos o situaciones de riesgo que puedan poner en juego el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó recientemente el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.5

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En dicho informe se abordan las materias relacionadas con la violencia y la criminalidad, llamando la atención sobre como estos fenómenos sociales gravitan sobre la vida cotidiana de las personas, formulando recomendaciones a los estados miembros y a las organizaciones de la sociedad civil. Específicamente esas recomendaciones abordan estrategias y acciones para prevenir y reducir el impacto de la delincuencia y la violencia en los planos individual y comunitario. El Informe señala que “la seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados” y puntualiza que “indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad.” Pasa entonces a tener peso un modelo diferente de policía y acorde con esto, una política más acorde con la participación ciudadana. Desde la perspectiva del Informe de la CIDH, que es la perspectiva de los derechos humanos, se establece que “cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas”. Recientemente, la Federación Iberoamericana de Ombudsman emitió el Informe sobre Seguridad Ciudadana, recogiendo la experiencia de los ombudsman que atienden las demandas de los ciudadanos sobre diversos aspectos que vulneran sus derechos. Como se expresa en la Introducción del Informe, “cristaliza la vocación de esta organización de servicio al progreso de la región, desde el entendimiento de que poco puede avanzarse sin la previa reflexión compartida sobre la situación jurídica y fáctica de los derechos humanos y en especial de las debilidades en su

protección y de las vías más adecuadas para superarlas”.6 Los actores para construir seguridad Tradicionalmente, los problemas vinculados a la seguridad pública se han considerado casi exclusivamente como un asunto policial y de las fuerzas de seguridad del estado. Inclusive no han faltado las propuestas de involucrar a las fuerzas armadas adjudicándoles tareas de control y disuasión. Seguramente pesan aún en algunos sectores las definiciones de seguridad nacional de la época donde al amparo de la guerra fría, las fuerzas de seguridad estaban orientadas a la seguridad territorial y nacional más que a los problemas de seguridad (cotidiana) de la población. En este contexto se retroalimenta un día sí y otro también, la idea (mito) de que los emergentes de violencia y delito, exigen respuestas policiales y penales más duras. A contrapelo de que teórica y empíricamente, la experiencia demuestra lo inocuo de insistir con esas medidas, que solo han contribuido a distorsionar el sistema de justicia agravando aún más la situación y llevando al colapso de las cárceles. Por el contrario, se requiere la intervención de múltiples actores además del servicio policial, es decir, todos aquellos actores que deben desplegar los efectores de las políticas señaladas en salud, educación, vivienda, etc. Pero además, se requiere promover espacios de participación y comunicación con los ciudadanos. Es en ese sentido que podemos rescatar como experiencias concretas en nuestro país, las que se comenzaron a desarrollar desde 2005 por el Ministerio del Interior a través del Programa “Convivencia y Seguridad Ciudadana” implementado entre otras herramientas, a través de las Mesas Locales.7 Además de estas, se convocaron otras instancias que permitieron congregar a diferentes actores públicos y privados para el intercambio y el estudio de temas vinculados a la

El Informe fue aprobado por la CIDH en diciembre de 2009. “Seguridad Ciudadana: VIII Informe sobre Derechos Humanos.” Federación Iberoamericana de Ombudsman. Trama Editorial (2011) 7 El autor fue Coordinador Nacional del Proyecto en el marco del acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior y el PNUD. (2005-2009) 6

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violencia y la criminalidad: violencia en el deporte, abigeato, violencia intrafamiliar, etc. En suma, el trabajo asociado entre las diferentes agencias del estado, las iniciativas privadas y las asociaciones de la sociedad y la comunidad, tuvo estas manifestaciones para encarar con varias miradas un complejo problema que, repetimos, abarca mucho más allá que la intervención policial y de los operadores del sistema del control penal. El inicio de un camino: Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana Las Mesas Locales surgen con el objetivo de gestionar una combinación de medidas: de mejora de la prestación de los servicios policiales; de prevención social a través de programas multisectoriales focalizados que atiendan situaciones de vulnerabilidad y aborden causalidades de la violencia; y de prevención situacional para recuperar los espacios públicos locales y su utilización en un clima de convivencia. Idealmente, se integraban con: - Un representante del Ministerio del Interior (Oficial responsable de la Seccional Policial) - Un representante del Gobierno Local - Representantes de otros organismos públicos que se consideren relevantes para abordar los problemas de la zona y de las acciones a emprender. - Representantes de organizaciones sociales y vecinales de la zona delimitada territorialmente, para la generación del diagnóstico local y establecer acciones, priorizando temas. En suma, esta experiencia iniciada y puesta en funcionamiento a partir del 2005, partía de la necesidad de la construcción de una metodología sostenible en tres etapas claves: 1. La generación de un espacio de actores de diversa índole en el cual la Seccional Policial tiene un protagonismo local y central, pero no único. 2. El intercambio y posterior elaboración de un diagnóstico zonal, que procura identificar las principales problemáticas que afectan desde el enfoque de la convivencia soRevista Regional de Trabajo Social -

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cial y la seguridad ciudadana un área territorialmente definida. 3. El Diseño de posibles líneas de intervención que procuran ser recogidas en un Plan de Acción Local. Con esta concepción y convicción se inició una gestión de intervención territorial a nivel local. Instancias locales –que partieron generalmente desde foros ciudadanos, auto convocados o promovidos desde organismos públicos o de instituciones sociales- donde los vecinos planteaban sus preocupaciones relacionadas con la seguridad. Cientos de encuentros en todo el país, principalmente en los centros urbanos, permitieron dibujar un cuadro de situación y ensayar respuestas que transcendieran planteos anteriores y tradicionales, aunque no necesariamente excluyentes, como “vecino alerta”, comisiones vecinales de seguridad, serenazgo, etc. Además de los emergentes surgidos en agrupamientos vecinales y otras organizaciones de la comunidad, muchas otras demandas provenían desde otros organismos públicos: Intendencias, juntas locales, Ministerio de Desarrollo Social, PIAI, plazas de deportes, centros de estudio (escuelas, liceos, colegios privados), centros CAIF, sociedades de fomento rural, etc. Una larga lista de preocupaciones de diversa naturaleza fueron tratados en dichas instancias, y esto permitió hacer un primer ordenamiento e intento de sistematización. El siguiente cuadro refleja las principales preocupaciones recogidas en esas instancias de encuentro. Ante la lista de problemáticas planteada se iniciaba un análisis de las mismas y centrando la “mirada” en la naturaleza diferente de muchas de las demandas. La primera es que de las quince (15) categorías presentadas cinco (5) están relacionadas con niñez-adolescencia-juventud evidenciando la importancia con la que son tratadas las temáticas que se relacionan con dichas franjas etarias por parte de las diferentes comunidades en el país. La segunda es la posibilidad de agrupar las problemáticas en dos categorías. Una

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Cuadro 1_Problemáticas “más importantes” definidas por las diversas comunidades participantes del proyecto Mesas Locales

consistía en proponerse abordajes, aportes específicos institucionales y sobre todo, apuntar a que se trata de construir “seguridad” y para ello es necesario un esfuerzo sostenido, rompiendo el mito de que pequeñas acciones a nivel local no conducen a resultados y que la única salida son medidas represivas y el incremento de las sanciones penales. Inventario de algunos acuerdos surgidos de estas instancias Sin desmedro de la intervención de varias instituciones nacionales y/o departamentales, señalamos las que a nivel local tienen un papel central para un trabajo asociado:

estrictamente vinculada a la seguridad pública y otra que apunta fundamentalmente a causas sociales de inseguridad o de convivencia ciudadana. Estas posibles lecturas, entre otras, refuerzan la necesidad de apostar a la articulación interinstitucional para atender, desde un enfoque amplio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, las problemáticas identificadas. A esto se suma la importancia de la especificidad y la dimensión del ámbito territorial, en donde se busca fomentar y favorecer el intercambio entre las autoridades nacionales y locales, policiales, vecinos y otros organismos públicos, además de organizaciones sociales, buscando generar medidas concretas para enfrentar el carácter multicausal del fenómeno delictivo. Realizado y visualizado el “cuadro de situación o diagnóstico”, el paso siguiente 26

Servicio policial: promoción y fortalecimiento de la policía comunitaria de referencia barrial; actividades de información y difusión en la población sobre el funcionamiento de la policía local (seccional policial) con la gestión directa del oficial responsable y de la zona de seguridad; ubicación del servicio y teléfonos de denuncia y de emergencias; ante quién y donde formular quejas sobre malas praxis policiales; visualización de estadística del delito denunciado y georeferenciamiento de los principales delitos indicando zonas y modus operandi con recomendaciones para la prevención; identificación de zonas de riesgo y propuestas de patrullaje y presencia policial preventiva en días y horarios adecuados, etc. Gobierno local: intendencias, municipios, juntas locales, centros comunales zonales. Las funciones que le son propias a estos organismos y autoridades locales, como iluminación, caminería, recolección de residuos, parques públicos, acceso a transporte público, seguridad vial, campañas públicas para la prevención de incendios, descentralización de servicios, constituyen materias íntimamente vinculadas a la construcción de seguridad (prevención situacional). Acuerdos concretos en la recuperación de espacios públicos, fueron las acciones emprendidas

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en primera instancia, que tuvieron el valor pedagógico de la necesaria intervención asociada de al menos estos dos actores locales. Pero además, el intercambio activo de opiniones sobre otros temas de preocupación vinculados por ejemplo a episodios de violencia en la familia, en los centros de estudio, en el tránsito, en el deporte. El intercambio sobre las adicciones (drogas legales e ilegales) con iniciativas locales estableciendo ámbitos de referencia para informar, orientar y derivar. Algunos resultados de interés que surgen de la experiencia La asunción y reafirmación, por parte de todos los actores involucrados, del concepto de “integralidad en las respuestas” a los emergentes de violencia y criminalidad y, de la necesidad de encarar la gestión local de la seguridad. El desarrollo local de capacidades para implementar respuestas en clave de seguridad y convivencia fue convaliRevista Regional deTrabajo Social -

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dado a partir de las experiencias iniciadas en los diferentes territorios. De lo anterior se desprende el “descentramiento” del actor policial, como única respuesta a los emergentes de inseguridad. No obstante, la presencia insustituible del actor policial (Comisario o responsable a cargo de la Seccional Policial) y de las jefaturas zonales y departamentales en el ámbito de la Mesa Local como actor central en la coordinación y canalización de las demandas que le son propias y específicas. La presencia y la gestión en este ámbito de la policía local, incide positivamente hacia la comunidad como también posiciona mejor a los servicios policiales. Este ámbito permite a los gobiernos locales (intendencias, municipios) implementar respuestas coordinadas a las demandas de seguridad, que han pasado a ser parte del menú de preocupaciones que se plantean a los operadores institucionales de estos organismos departamentales.

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Del mismo modo el espacio se transforma en un ámbito para otros organismos públicos donde poder articular acciones e implementar intervenciones en el terreno a partir de las demandas que le son específicas. El ámbito de las mesas se confirma como un canal ordenado y permanente para la participación de los representantes de las organizaciones comunitarias. Esto habilita al intercambio de información, generación de debate sobre temas de interés actual y gravitante en la zona de residencia.

Ampliar la mirada a otras experiencias y realidades Muchos países de América Latina y en países desarrollados, han iniciado en los últimos años procesos que ponen en práctica políticas públicas para la construcción de seguridad en el plano local a través de la promoción del trabajo asociado. La experiencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá es pionera en esta línea de trabajo con logros importantes en reducción del delito y en mejorar las condiciones de seguridad.

Insumos necesarios Esta línea de trabajo –que podemos denominarla de prevención proactiva a nivel local- requiere definiciones políticas de largo plazo y concomitantemente, voluntad política y compromiso de los diferentes actores. En una situación de demanda social por seguridad, es indispensable una acción consensuada de todo el sistema político para que estas iniciativas alcancen rango de política de estado y puedan perdurar en el tiempo. Debe admitirse el “saber compartido”, es decir, admitir y promover la intervención de las agencias del estado, sobre todo aquellas de desempeño local, considerando que estos referentes institucionales locales, están en mejores condiciones para identificar las necesidades y los recursos de los habitantes de sus territorios respectivos. Se requiere por lo tanto otorgar a estos gobiernos las prerrogativas legales, ampliando los recursos que les son asignados que permitan generar las estructuras administrativas necesarias para la sustentabilidad de los proyectos. Se requieren conocimientos sólidos, es decir, las acciones deben apoyarse sobre una base científica. Para ello es imprescindible el monitoreo del delito y su evolución; la realización de encuestas periódicas de victimización y percepción de la seguridad y el concurso de expertos y organismos para la investigación y la evaluación de las intervenciones.

Bogotá - Colombia 8 Desde 1995 la Alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá puso en marcha una política integral de seguridad y convivencia ciudadana. En esta estrategia se comprometieron muchas de las instituciones de la Administración Central (Distrito Federal), el sector privado y la participación de la ciudadanía. Colombia no es ajena a la presencia de la violencia y el delito en la vida cotidiana de sus habitantes, sin olvidar las consecuencias de los enfrentamientos que desde hace décadas ocurren entre guerrilla, paramilitares y graves violaciones a los derechos humanos provocados por esos enfrentamientos. En los últimos años se ha sumado el crimen organizado en torno al tráfico de drogas. En 1997 el BID señalaba que Colombia ocupaba el tercer lugar en los países de América Latina con una tasa de 89,5 homicidios cada 100.000 habitantes, después de Guatemala y El Salvador que tenían para ese año una tasa de 150 homicidios cada 100.000 habitantes. En el mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaba que en 1997, en relación a las muertes en accidentes de tránsito, Colombia ocupaba el cuarto lugar en los países de las Américas con una tasa de 17 muertes cada 100.000 habitantes, después de Venezuela con una tasa de 21, y Cuba y El Salvador con una tasa de 18.

Criminalidad y violencia en América Latina: logros esperanzadores en Bogotá. Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá (995-2003) y Hugo Acero, subsecretario de seguridad y convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá (1995.2003). 28

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Esta realidad en materia de homicidios y de muertos en accidentes de tránsito pudo ser revertida en la ciudad Bogotá: los homicidios comunes pasaron de 4452 en 1993 a 1991 en el 2001, es decir, la tasa pasó de ser de 80 homicidios cada 100.000 habitantes a 30,4 y a 19 en el 2007. En el caso de las muertes en accidentes de tránsito se pasó de 1387 en 1995 a 45 en 2001, es decir una tasa de 24,3 cada 100.000 habitantes a 11.3 La ciudad de Bogotá registra también un descenso desde 1998 en otro tipo de delitos: rapiña, hurto en residencias, autos y motos, asaltos a establecimientos financieros y comerciales. Estos logros se deben a que se ha aplicado una política de seguridad integral, que se ha estado ejecutando desde 1995, que incluye diferentes proyectos y programas que pasan desde el fortalecimiento de las autoridades que tienen que ver con garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, como lo son las autoridades de policía y de justicia, y políticas públicas saludables que buscan prevenir delitos y violencias. Los resultados obtenidos en Bogotá se debieron en gran medida a la institucionalización del manejo de la seguridad y la convivencia ciudadana y a la definición progresiva de una política pública en la materia. Básicamente se puso el énfasis en establecer algunas medidas institucionales y el desarrollo de acciones innovadoras, algunas de las cuales se enumeran a continuación.

1. Institucionalización de la seguridad centrada en el Alcalde y con un fuerte liderazgo. 2. Creación de una estructura administrativa para la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana. 3. Coordinación institucional creándose los consejos de seguridad, el comité de orden público y ámbitos de intervención de otras instituciones que puedan contribuir a los temas de convivencia y seguridad ciudadana. 4. Creación de sistemas de información confiable. Se creó el Sistema Unificado de Información en Violencia y Delincuencia (SUIVD) (Información de la Policía y el Instituto de Medicina Legal) 5. Planes integrales de convivencia y seguridad, de resorte municipal, con intervenciones para la prevención de consumo de drogas, resolución pacífica de conflictos, control de armas y promoción del desarme de la población, etc. 6.Sistemas de evaluación externa de estas políticas: en acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, el principal diario nacional y una prestigiosa ONG, desarrollan el Proyecto “Como vamos Bogotá”, realizando seguimiento a la evolución del delito y a realizar encuestas de victimización y percepción de la seguridad. En un próximo artículo profundizaremos en el conocimiento de esta experiencia colombiana y de otras que se vienen desarrollando en países latinoamericanos y centroamericanos, así como las experiencias que se vienen implementando en países desarrollados.

Bibliografía Panorama de la violencia, la criminalidad y la inseguridad en Uruguay. Datos tendencias y perspectivas. (2008). Ministerio del Interior, Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, PNUD-Uruguay. Coordinador Rafael Paternain. Investigadores: Javier Donnangelo y Alejandro Vila. Asistente de investigación: Victor Gonzalez. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 12/2009. Comisión Interamericana Derechos Humanos. Seguridad Ciudadana. VIII Informe sobre Derechos Humanos. (2011). Federación Latinoamericana de Ombudsman. Programa Convivencia y Seguridad Ciudadana. Informes periódicos anuales al Ministerio del Interior y el PNUD: (2005-2009). Eduardo Pirotto Desafíos para desatar “nudos críticos” en la seguridad ciudadana del Uruguay: la importancia de actuar a tiempo. Banco Interamericano de Desarrollo. Setiembre 2009. Responsable del Informe: Gustavo Belis. Revista Regional de Trabajo Social -

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Ana Laura Candil*

¿GOBERNAR LA COMUNIDAD? Reflexiones sobre la letra escrita de una política social que aborda el consumo de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El presente artículo se enfoca en la versión oficial, la letra escrita, de una política social que toma como estrategia la intervención comunitaria. El caso que se piensa es el de un dispositivo estatal de abordaje a los consumos de drogas en la Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Se toman principalmente las intervenciones sociales que situadas en el barrio promueven la participación voluntaria de los sujetos y las llamadas mesas de gestión. En este escrito se realiza una exploración desde el Trabajo Social sobre la forma en que la recurrencia a la comunidad desde el gobierno afecta a determinados sujetos. A este fin, se toman dos grupos de fuentes secundarias: por un lado documentos oficiales de circulación, y por otro, textos teóricos. Una de las preguntas que se trabaja es: ¿a qué fines, más allá o más acá de los explicitados, se recurre a las comunidades desde el gobierno? PALABRAS CLAVE: POLÍTICAS SOCIALES, INTERVENCIÓN COMUNITARIA, GOBIERNO, DROGAS, CIUDADANÍA.

This article focuses on the official version, the letter written by a social policy that takes the strategy of community intervention. The case is thought of a device state approach to drug consumption in the Metropolitan Area of Buenos Aires, Argentina. They take mainly social interventions that promote neighborhood located on the voluntary participation of subjects and call management tables. In this paper an exploration is done from the Social Work on the way recurrence to the community from the government affects certain subjects. To this end, we take two groups of secondary sources: first official movement documents, and other theoretical texts. One of the questions which you work is: to what purpose, beyond or short of the explicit, recourse to the communities from the government? KEYWORDS: SOCIAL POLICY, COMMUNITY INTERVENTION, GOVERNMENT, DRUGS, CITIZENSHIP.

Introducción Este artículo surge a partir de una monografía realizada en el marco del Seminario “Teorías sociológicas sobre la comunidad”, dictado por el Prof. Pablo de Marinis en el Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El presente se enfoca en la versión oficial de una política social que toma como estrategia la intervención comunitaria. El caso que se piensa es el de un dispositivo de abordaje a los consumos de drogas en la Área

Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, que se compone de centros de atención ambulatorios donde se despliegan tanto espacios de tratamiento terapéuticos (individuales y grupales) como intervenciones comunitarias; y comunidades terapéuticas. Para ello, se intenta dar cuenta de algunas de las posibles consecuencias de las complejas mediaciones (e inversiones) que se establecen cuando se piensa que “la comunidad se vuelve posibilidad de cambio de la realidad de la sociedad” (SASIN: 2010: 2).

Licenciada en Trabajo Social, Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora en formación del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Becaria Conicet tipo I. Doctoranda en Ciencias Sociales, UBA. Docente Nivel de Intervención I anacandil@yahoo.com.ar 30

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Las políticas sociales actuales recurren al uso de la categoría comunidad frecuentemente, sobre todo en la última década, al menos declarativamente, en el imperativo de trabajar en, sobre y con la comunidad. El esfuerzo está centrado en explorar de qué manera su uso afecta a determinados sujetos, de qué manera los moldea. A este fin, se toman una diversidad de fuentes secundarias, principalmente documentos oficiales de circulación y textos teóricos, que posibilitan visualizar qué se da por implícito cuando se recurre a la comunidad desde el gobierno. Una versión de la política social: planificación social y niveles de intervención. La política social es la cristalización de la cuestión social en un momento histórico determinado, que enmarcándose en el modo de producción, acumulación y consumo, asume sus características: la política social de nuestro tiempo es la política social en la etapa actual del capitalismo. Al ser expresión de la cuestión social, aborda aquellas esferas de la vida que han llegado a erigirse como problemas sociales. Estos problemas, que son compleja e históricamente construidos, muchas veces se muestran –son mostrados– con una ilusoria autonomía, como si fueran escindibles entre sí y separados de su origen que es la cuestión social. A través de esta separación ficticia es que la política social se materializa en diferentes políticas sociales, ya que cada una, desde su diseño atiende un dominio, un fragmento de la cuestión social (DE PAULA FALEIROS: 2000). A su vez, las políticas sociales son intervenciones sociales del Estado que desarrollan una acción de gobierno, en el sentido de que ejercen “con respecto a sus habitantes, a las riquezas, a la conducta de todos y cada uno, una forma de vigilancia, de control” (FOUCAULT: 2006: 120), interviniendo sobre la vida de sujetos, grupos, poblaciones y también comunidades. Entonces, a través de la política social se ordenan, clasifican, administran y regulan diferentes maneras de vivir. En muchos casos, la política social es planificada, pensada con anterioriRevista Regional deTrabajo Social -

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dad a la acción o al despliegue de esta sobre sus destinatarios (quienes serán definidos y aglutinados bajo la condición de “poblaciónobjeto de intervención”). Pero incluso en esos casos se aplica un cuerpo de conocimiento obtenido de situaciones de intervención similares y justificadas a partir de la producción de las Ciencias Sociales. Entonces, para desarrollar una política social, es necesario un tipo particular de saber experto (acreditado como conocimiento científico) que piense, desarrolle, gestione y evalúe intervenciones tecnocientíficas. (HELER: 2010). A la vez las experiencias de intervención social retroalimentan ese saber experto dando lugar a técnicas cada vez más precisas de disciplinamiento social. Entonces, puede pensarse a la planificación como una de las formas para predecir,

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controlar y/o modificar fenómenos sociales (HELER: 2004). Sin embargo, eso que llamamos sociedad, pareciera mostrarse esquiva a la hora de ser intervenida. Surgen entonces modos de concebir y de intervenir en lo social aparentemente diferenciables. En el campo disciplinar del Trabajo Social, pero también en las políticas sociales, pueden visualizarse estos modos de concebir a lo social mutados en distintos niveles de intervención: comunidad, grupo y familia.1

La diversidad de la intervención comunitaria Dado que no se ha encontrado una suerte de definición de la comunidad en los documentos oficiales rastreados, se analizarán fragmentos que la infieren en distintos momentos de la política social, al detallar la finalidad de la misma: El desafío que plantea la intervención comunitaria radica, esencialmente, en la orientación y cohesión del capital social, entendiendo a este como las condiciones y actitudes con las que cuenta un individuo o grupo en relación a su capacitación, su nivel de instrucción, entorno social y la capacidad de vincularse tras las necesidades comunes. Asumiendo a la comunidad como protagonista del proceso tendiente a la mejora de su calidad de vida, inspirándose en el modelo del Estado de Bienestar y su superadora, la Comunidad Organizada (Informe de Gestión 06/07, SADA – MSAL – GPBA, 2007)

De este modo, es lícito pensar que lo social se hace asequible a través de distintas mediaciones. Aquí interesa pensar puntualmente las acciones que se despliegan en las llamadas intervenciones comunitarias de una política social en particular que tiene como objetivo el abordaje a los consumos de drogas. Las acciones estatales planificadas en la temática actualmente intentan inscribirse en modalidades de intervención no culpabilizadoras ni moralizantes teniendo como su leit motiv intervenciones comunitarias que proponen “salir de la rotulación del usuario de drogas representado como un sujeto desocializado, inadaptado y peligroso, para pasar a concebirlos como sujetos sociales que participan e interactúan con otros en su comunidad” (SADA: 2011). A partir de esta afirmación, surgen entonces algunas preguntas: ¿Con qué objeto se recurre a la categoría de comunidad en esas intervenciones? O mejor, ¿con que objeto se interviene en las comunidades?

Siguiendo la letra citada, el objetivo último de la intervención comunitaria enunciada es la “orientación y cohesión del capital social” que estaría conformado por las condiciones, actitudes, y capacidad de vincularse para mejorar su calidad de vida. De esta manera se llegaría a una comunidad organizada.2 Para que esto pueda ser posible, según versan esas líneas, la comunidad debiera ser la protagonista de este proceso. El norte estaría en el pasado (Estado de Bienestar) actualizado (Comunidad Organizada). Algo así como la necesidad de recuperar la comunidad para llegar a superar este momento de resquebrajamiento del entramado social enmarcado en un proceso de

1 Tal es la división que se establece entre ellos que tanto en los planes de estudio de la Universidad de Buenos Aires como en otras universidades del país, cada “nivel” cuenta con una materia en particular: Nivel de Intervención I (comunidad), Nivel de Intervención II (grupo) y Nivel de Intervención III (familia), y su correspondiente Taller de práctica pre-profesional: Taller Nivel II (diagnóstico), Taller Nivel III (proyecto) y Taller Nivel IV (abordaje familiar). Si bien es sumamente sugerente poder ahondar en estas separaciones analíticas que construyen realidad y conocimiento, excede ampliamente las intenciones de este trabajo. 2 Si bien se infiere que se hace una referencia directa a la “Comunidad Organizada” escrita por Juan Domingo Perón (Perón: 1950), sobre todo teniendo en cuenta la inscripción partidaria de la jerarquía institucional en concordancia con la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, no se continuará en esta línea de análisis a lo largo del escrito, ya que no es el objetivo del mismo.

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neoliberalización que se ha ido haciendo carne y sentido común (HARVEY: 2007). Desde una perspectiva diferente, actualmente se sostiene que la finalidad de la intervención comunitaria es la siguiente: Mejorar las condiciones de vida de los sujetos, grupos y comunidades, atravesados por la problemática del consumo, y que se encuentran generalmente alejados de los servicios sanitarios y sociales. (SADA: 2011)

En este fragmento se visualiza un corrimiento significativo en relación con la colectivización de la problemática del consumo tomando en cuenta la manera diferencial de acceso a bienes y servicios en la ciudad (HARVEY: 1973). Dentro de las llamadas intervenciones comunitarias se han englobado históricamente una diversidad de acciones de lo más llamativas: abordajes de sustancias psicoactivas particulares (Tabaquismo), prevención específica en algunos ámbitos (Prevención sobre el Uso de Alcohol y Drogas en el lugar de trabajo, Prevención en el Deporte), conformación de redes (Red Interreligiosa, Madres en Red, Mesa de Gestión/ Mesa de Políticas Públicas Integradas), creación de instrumentos legales de registro (Registro para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas), abordaje direccionado a una franja etaria (Consejo Consultivo Juvenil y Promotores Juveniles), promoción de trabajo no rentado (Voluntariado en Adicciones) y producción artística Actualmente, las acciones que se desprenden de la intervención comunitaria “priorizando la intervención con jóvenes, referentes comunitarios y familias” (SADA: 2011) son las siguientes: Participación en Mesas de Gestión Barriales y Locales. Diseño y ejecución de acciones preventivas desde distintas instituciones barriales que ubiquen en una dimensión colectiva el uso problemático de sustancias (jornadas recreativas y deportivas para jóvenes, capacitación a referentes comunitarios, espacios de encuentro para familias,etc.). Talleres de música, arte, oficios, expresión corporal, entre otros (SADA:2011) Revista Regional de Trabajo Social -

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A continuación, se analiza lo que se dice de la intervención barrial, ya que es una de las formas más incentivadas desde la acción estatal argentina de la última década y que independientemente de las diferentes jerarquías institucionales (y de los diversos enfoques que le imprimen) se sostiene como parte constitutiva de la intervención comunitaria.

La comunidad, el barrio y la mesa En las política sociales actuales pareciera verse un viraje en torno a ciertos espacios privilegiados para su accionar. Tal es el caso del barrio. El barrio se ha vuelto el espacio de las intervenciones que intentan superar los abordajes individuales y/o familiares, considerándose como un mediador entre las vivencias familiares y las condiciones estructurales: un lugar que se enuncia como accesible y a la vez como protagonista. No es casual que sea el barrio el enunciado de varios programas y no otras formas de referirse a determinados territorios, como ser: la ciudad, lo urbano, los conglomerados, el conurbano, el municipio, el interior, etc. En este sentido pareciera ser que lo barrial es el espacio donde se podrían encontrar las comunidades. En algunos de los materiales producidos durante la última década en el dispositivo de abordaje a los consumos de drogas propuesto podemos encontrar los siguientes enunciados: El barrio es el núcleo territorial por donde pasan las principales transformaciones sociales de la comunidad. (Campaña “Hablá con tu hijo”, SADA-GPBA, 2005) [Los] distintos ámbitos de la comunidad: iglesias, barrios, unidades sanitarias, etc. (Informe de Gestión 06/07, SADA – MSAL – GPBA, 2007)

Siguiendo a Tonnies, aunque un siglo y medio después, puede establecerse una analogía entre el barrio con las comunidades de lugar que implican vecindad: convivencia local, contigüidad de viviendas, bienes comunales (que podrían pensarse como espacios públicos, instituciones compartidas, etc.), trato y conocimiento mutuo (Tonnies: 1947: 33-35). En esta línea pueden cobrar sentido frases recurrentes en esta política

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social tales como “cerca para ayudarte”, “estamos cerca” que han sido utilizadas antaño en campañas de difusión.3 También, tomando a la cercanía territorial, el barrio puede ser leído como aldea: donde primaría el consenso como forma de relacionarse entre quienes en ella/el viven, generando una suerte de imaginario donde el acuerdo prima sobre el desacuerdo, y la habituación al trato con otros, declarativamente vecinos, haciendo referencia a algo que comparten además del territorio en el que viven sus vidas, generando una suerte de identidad compartida (TONNIES: 1947). En palabras de Nisbet, se estaría recurriendo a la comunidad: algo que excede la mera comunidad local. La palabra, tal como la encontramos en gran parte de los pensadores de las dos últimas centurias, abarca todas las formas de relación caracterizadas por un alto grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo. (NISBET: 1969: 71)

Las referencias a la comunidad y a los barrios, en los documentos oficiales suelen (solo de cierta manera) diferenciarse: el barrio por momentos sería una de las dimensiones de la comunidad (que nunca son las comunidades) junto con las instituciones que en él se localizan, pero por momentos éstas no serían parte del barrio sino que configurarían otro tipo de espacio. Posiblemente a partir de esta presunción es que pueden leerse las implicancias de otro tipo de apelaciones a la(s) comunidad(es). Por un lado nos encontramos en algunos de los discursos oficiales con el imperativo de la intervención en la(s) comunidad(es), pero, por otro lado, nos encontramos con la solicitud de protagonismo de las comunidades como motor de su propio cambio. Es decir, nos encontramos con una contradictoria enunciación de lo que de debería hacer el gobierno y de lo que deberían hacer las comunidades: necesidad de intervenir y a la vez, necesidad de protagonismo (y ¿autonomía?). Esto se manifiesta a partir de la necesaria participación de la(s) comunidad(es) para tratar los problemas sociales que la atraviesan, en 34

este caso, el consumo problemático de drogas. Y este llamado a la participación en la resolución del problema hace base, desde la versión oficial, en que al no gozar de buena salud el entramado social, entonces hay que re-construirlo: Se hizo claro que desde los dispositivos de atención, desde la tarea estratégica de educación, desde cada encuentro comunitario, desde cada grupo de voluntariado, de madres, de padres, de jóvenes; debíamos aportar a la reconstrucción del entramado social (…) esa tarea es colectiva y participativa de todos los actores, de los profesionales, de los usuarios, de la comunidad en todas sus formas de organización y de los distintos organismos de gobierno (Informe de Gestión 06/07, SADA – MSAL – GPBA, 2007)

En esta cita se hace referencia al “encuentro comunitario” posiblemente actualizando la visión de Tonnies donde en la comunidad lo que prima es el encuentro, lo compartido, la solidaridad orgánica. En la primera oración de la cita se da participación al Estado en este encuentro como un integrante más de esa comunidad enunciada. Pero inmediatamente luego, se hace referencia a “la comunidad en todas sus formas de organización y de los distintos organismos de gobierno”. Entonces, aquí el Estado es postulado como externo a la comunidad, pero incluye la dimensión de las organizaciones comunitarias y consecuentemente esas organizaciones que se encuentran dentro de la comunidad. El fragmento citado, por un lado, hace partícipe al Estado de la comunidad y por otro lado lo excluye de esta conformación. Este último movimiento, según Cravino, acarrea complejas atribuciones de responsabilidades: Apelar a la “comunidad” aparece en el imaginario estatal como sinónimo de proceso democratizador, cuando creemos que en realidad presenta facetas más complejas en cuanto a responsabilidad y conflictividades, las cuales son transferidas a las organizaciones barriales para que en ese ámbito sean asumidas o dirimidas (…) Esto mismo es utilizado en muchos casos como un mecanismo culpabilizador si ciertas acciones fracasan. Es decir, los obstáculos aparecen en los tiempos, mecanismos o incapacidades de las organizaciones para asumir el papel que les toca en estos procesos. (CRAVINO: 2004: 8)

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Uno de los espacios en los que se apela a la participación comunitaria en los barrios es a través de las llamadas Mesas de Gestión. A la vez que se incentiva la intervención barrial (o justamente por ello) se promueve la generación de espacios de intercambio y articulación de distintas organismos institucionales (con alcances territoriales muy diferentes), en muy diversos temáticas, y con muy diferentes fines.4 La política social que aborda los consumos de drogas se plegó a la denominación Mesa de Gestión o Mesa de Políticas Públicas, siendo en algunas ocasiones utilizadas como sinónimos.5 Merece unas líneas analizar las incumbencias de la nominación de este espacio. Recurriendo nuevamente a Tonnies: la mesa es la casa misma, en cuanto en ella cada cual tiene su lugar y obtiene la porción que le corresponde. Al igual que antes los compañeros se separaron y dividieron para atender cada uno a su tarea en el trabajo conjunto, en la mesa vuelven a reunirse para el necesario reparto del goce (TONNIES: 1947: 49)

La mesa, entonces, hace referencia al espacio compartido una vez que se vuelve del trabajo fuera del hogar/institución, en el que todos los comensales/participantes se sientan a ingerir/acordar lo que antes se ha cocinado/debatido. Es así que la manera en la cual es descripta la mesa de gestión es la siguiente:

En esa mesa se sientan sectores representativos de una comunidad para definir estrategias frente a este tema: referentes municipales de las áreas de salud y desarrollo social, dirigentes políticos, fuerzas de seguridad, iglesias, organizaciones no gubernamentales, entre otras instituciones (Plan Provincial de Atención a las Adicciones. Avances y planificación de gestión 2003-2007, SADA – MSAL – GPBA, s/f) [la mesa de políticas públicas integradas] tiene como misión generar redes en instancias territoriales concretas donde la comunidad y el Estado constituyan nodos insustituibles. (…) se busca revalorizar la experiencia de trabajo de actores formales e informales en los barrios y organizaciones. (Informe de Gestión 06/07, SADA – MSAL – GPBA, 2007)

Siguiendo a Cravino, la dislocación articulada Estado-comunidad-organización barrial cuando se postula para trabajar conjuntamente propiciando tendencias declarativamente democratizadoras, remite a una añeja y dificultosa frontera actualizada Los programas sociales (…) suponen que fronteras adentro nos encontramos con una comunidad al estilo de las sociedades tradicionales. Esto genera un fuerte problema que merece ser discutido porque se deja de lado la posibilidad de pensar el conflicto –junto con ello la heterogeneidad- como una de las características existentes y este es remitido a su interior para que sea procesado por los mismos miembros y en particular por aquellos que están constituidos en mediadores. Se supone una organización autónoma regi-

3 Cf.: las campañas “Cerca para ayudarte” y “Podés dejar las drogas” en http://www.sada.gba.gov.ar/ comunicacion/campanias/index.php consultado el 7 de diciembre de 2010. 4

Es necesario expresar que esta preponderancia de determinados espacios privilegiados para el accionar del gobierno, excede las temáticas o fracciones de la cuestión social. Es decir, se trata de un espacio que ha sido privilegiado en toda la política social actual, y en el que los abordajes a los consumos de drogas son una expresión más de un movimiento general. Cf.: a modo de ejemplo los siguientes lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina: “Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales” (http://www.desarrollosocial.gov.ar/enlaces/enlaces_PSC.asp consultado el 9 de diciembre de 2010), “Plan Ahí-Ahí con la gente” (http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/ahi/default.asp consultado el 9 de diciembre de 2010); “Centros Integradores Comunitarios (http://www.desarrollosocial.gov.ar/notas/CIC5.asp consultado el 9 de diciembre de 2010). 5

Excede las intenciones de este escrito ahondar en la gestión de las políticas sociales así como también la cada vez más recurrente apelación a terminologías provenientes de las Ciencias de la Administración a las Ciencias Sociales, pero se considera relevante mencionar este corrimiento ya que da cuenta de la concepción que se tiene de la política social cuando esta se reduce a la mera “gestión” entendida como aséptica, neutral y desinteresada. Revista Regional de Trabajo Social -

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da por normas endógenas y en las que el Estado no debe intervenir. (…) El punto es que esta característica esperada de organización y solidaridad casi mecánica deriva en una tipología desde las prácticas de los programas sociales. (…) Se califica reactualizando la visión acerca de la comunidad versus la sociedad, de los autores clásicos, de barrios “organizados” por lo tanto de buenos barrios o de barrios “desorganizados” y por lo tanto malos barrios. (CRAVINO: 2004: 12-13)

Entonces, si se acuerda con que los llamados a la participación a partir del diálogo de manera localizada territorialmente pueden implicar una cierta responsabilización implícita a la(s) comunidad(es) en la resolución de los problemas sociales, y que esto se realizaría de manera planificada, es pertinente considerar que “estos lenguajes moldean las estrategias (…) [y] configuran el territorio imaginado sobre el cual estas estrategias deberían actuar” (ROSE: 1996: 6). Territorio que posibilita formas de hacer particulares y que tienen lugar a partir de la contradicción entre el imperativo de la intervención estatal y el requisito de autoorganización de los distintos actores sociales. Aún con todos los recaudos que se puedan tener en estos casos, es posible pensar que lo que se postula, lo que se promueve de manera implícita como piedra de toque, es una suerte de “autonomía tutelada”. Lo cual no significa de ningún modo una división entre “buenos” y “malos”, o entre “lúcidos” y “miopes”, sino que implica considerar que las prácticas institucionales se dan en un contexto situado e histórico y que de ningún modo pueden ser leídas por fuera de la red de sentidos que le dan su marco de acción.

¿Gobierno de la comunidad? Una de las preguntas con las que inició este escrito fue: ¿Con que objeto se interviene en las comunidades? Luego de haber esbozado lo que ocurre cuando se recurre al barrio como forma de intervención comunitaria, podemos pensar junto con Rose que “la comunidad no es simplemente el territorio de gobierno, sino una manera de 36

gobierno” (ROSE: 1996: 11). La pregunta entonces se transforma en otra: ¿a qué fines, más allá o más acá de los explicitados, se recurre a las comunidades desde el gobierno? Pero por sobre todo, o antes que la pregunta anterior ¿qué y a quienes construye y qué y a quienes permite gobernar? la comunidad ha devenido una nueva especialización de gobierno: heterogénea, plural, interconectando individuos, familias y otros ensamblajes culturales de identidades y de lealtades que compiten entre sí (ROSE: 1996: 1)

Posiblemente a partir de esta nueva especialización de gobierno que se asienta en la vieja comunidad es que puedan entenderse, o al menos acercarse, a comprender estos intentos de que la participación voluntaria resuelve o podría colaborar a resolver los problemas sociales actuales: “con la colaboración de todos las cuestiones de gobierno se resuelven”. No es casual que en lo declarado comunitario (que se remonta a la concepción abstracta de lo común), sea la palabra la mediadora y no los recursos materiales, no el dinero, no la infraestructura y las condiciones de vida las que están en juego, sino la necesidad de participación articulada y en concordancia con las instituciones estatales para la resolución de los problemas sociales, en este caso del consumo (problemático) de drogas. Tomando una vez más a Tonnies: la vida comunal es posesión y goce mutuos, y es posesión y goce de bienes comunes. La voluntad de poseer y gozar es voluntad de proteger y defender. Bienes comunes, y males comunes; amigos comunes y enemigos comunes. Males y enemigos no son objeto de posesión y goce; no son objeto de la voluntad positiva sino de la negativa, de la indignación y del odio, es decir de la voluntad común de aniquilamiento (TONNIES: 1947: 43)

Esta vida comunal que ha sido esbozada por momentos en ese complejo conglomerado de estado-comunidad-organizaciones barriales-, pareciera declararse desde algunos documentos oficiales de ser-tener esos goces comunes de lo que hay que defender: el no consumo de drogas, la participación articulada y exenta de conflicto. Y los mismos males

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fantasmáticos comunes: las drogas, esas que dañan a los sujetos, esas que en medio de estos tiempos aportarían lo suyo para deteriorar el entramado social. Y, según Tonnies, esa supuesta voluntad de aniquilamiento conjunta que postulada y puesta en práctica homogeneíza diversos sujetos, distintos actores pero que de alguna manera iguala responsabilidades diferenciables. Es por esto que los seres humanos a ser gobernados –varones y mujeres, ricos y pobres- eran ahora concebidos como individuos que han de ser activos en su propio gobierno, pero cuya responsabilidad no seguiría siendo entendida como una relación de obligaciones entre el ciudadano y la sociedad promulgada y regulada gracias a la mediación del Estado: sino más bien, iba a ser una relación de lealtad y responsabilidad para con aquellos más cercanos y a quienes el propio destino está asociado (ROSE: 1996: 5)

Esta condición de ser deber ser activos en el propio gobierno, abre toda otra serie de interrogantes: ¿de qué manera opera el status de ciudadanía como garante de derechos (individuales) frente un Estado que podría responsabilizar a cada quien por su “propio destino” mediado por la pertenencia a cierta(s) comunidad(es)? ¿Cuál sería la abarcabilidad y ejercicio posible de ciudadanía en este entramado de relaciones?

Es por estas tensiones y por transitar estos interrogantes que vale el esfuerzo por releer los supuestos desde los cuales se enuncian las acciones de gobierno en situaciones particulares, ya que las técnicas de gobierno cada vez más precisas son también más escurridizas, aún cuando se sustentan en buenas intenciones y sinceros esfuerzos. Palabras Finales. En este trabajo se intentaron abordar algunas de las técnicas de gobierno cristalizadas en la letra escrita de un lineamiento de una política social particular que se enmarca en el movimiento de la política social general. No ha sido objetivo del mismo socavar la intervención social del estado, ni su versión oficial. Sino emprender una relectura sobre lo que se dice que se hace. Estas intervenciones, al igual que todas, están mediadas e impresas por quienes las llevan adelante en todos los niveles jerárquicos, con lo cual son modificadas, puestas en funcionamiento de diferente manera a través de los sujetos que haciéndola carne, la atraviesan. Quedan planteadas algunas preguntas, y queda también la necesidad de transitarlas.

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viene de pág. 21

políticas sobre poblaciones homogéneas desde una perspectiva de automaticidad a histórica no están en condiciones en la actualidad de responder a las necesidades concretas que plantea la complejidad de la cuestión social”.11 En esta cuestión social compleja, ya no es tan fácil universalizar. La automaticidad brinda rapidez pero poco lugar a la excepción. Y, en un contexto complejo, la excepción puede ser la regla. Leopoldo Marechal, en su libro Adán Buenosayres, relata de forma muy interesante la situación de un funcionario que recibe la visita de un señor necesitado de trabajo: “Me tendió su carta, como asustado: era un antiguo peón de cierto matadero en quiebra; necesitaba trabajo; mucha familia. Releí su carta y lo miré. No me dijo una palabra: se limitó a sonreír bajo sus grises bigotes y a mirarme largamente, con un lagrimón cristalizado en cada ojo, mientras a su lado la mujer adolescente callaba también y sonreía. Sentí de pronto que un calor interno me derretía la máscara. Entonces me volví al Secretario y le ordené: “Un nombramiento de peón, ahora mismo”. Sin traducir emoción alguna, el Secretario tomó un Digesto, lo abrió en tal página y me leyó un artículo: “La Dirección General no admitirá peones de más de cuarenta años”. Cerró el Digesto, y vi en sus ojos algo así como una luz de triunfo.” 12 La AUH, y esto también puede ser extensivo a otros planes sociales, tiene que dar lugar a la excepcionalidad, adecuando la

intervención a la realidad social concreta. Esto que planteo por supuesto tiene ciertos riesgos al empezar a intervenir la subjetividad en la evaluación de las personas y familias, pero nuestra disciplina de Trabajo Social puede hacerlo con los instrumentos y herramientas pertinentes para lograr la mayor objetividad posible en estos casos (entrevistas, visitas domiciliarias de corresponder, etc) y habilitar excepciones cuando las necesidades urgen y la situación lo amerita. Donde hay una necesidad, nace un derecho, dijo alguna vez una personalidad muy resistida por los sectores dominantes argentinos. Es interesante entonces habilitar esta mirada dada la gran heterogeneidad de los sectores excluidos y las distintas realidades sociales. Universalizar cada día más es el desafío. En una entrevista que le realizó Raquel Castronovo en el número 1 de esta revista, Carlos Vilas afirmó: “En todo caso, el TS está en contacto con los problemas. Entonces vos podés optar a la manera vieja, por una forma asistencialista o beneficente o lo que sea, o preventiva simplemente. Pero también tenés la alternativa de una dimensión de Trabajo Social que sirve para resolver los problemas o para ayudar a que la gente los resuelva, o haga el intento. Porque los problemas hay que resolverlos, porque sino es retórica. Entonces es necesario concientizar, explicar. No ser simplemente el burócrata, con un diploma de sociólogo, de antropólogo, que toma nota. “Ajá, si. ¿Edad?

Weber, Max (1991). Pág. 60.9 Decreto1602/09. Poder Ejecutivo Nacional Decreto1602/09. Poder Ejecutivo Nacional 10 Revello, M.R. (1999). Descentralización y participación: la experiencia montevideana. En Revista Affers Internacionals n° 47. Pág 150. 11 Carballeda, Alfredo (2005). Políticas de reinserción y la integración de la sociedad. Una mirada desde las Políticas Sociales. En Revista Margen n° 39. Se puede consultar en http://www.margen.org/suscri/margen39/polit.html 12 Marechal, Leopoldo (2000). Adán Buenosayres. La Biblioteca Argentina. Clásicos. Barcelona. Pág 507. 13 Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social n° 1 (2011). Conversaciones sobre lo público. Raquel Castronovo entrevista a Carlos Vilas. Ed. Por Carrera de Trabajo Social de Universidad de Buenos Aires. Pág. 17. Se puede consultar en http://www.trabajosocial.fsoc.uba.ar/web_revista/PDF/4_vilas.pdf. 14 Revista Debate Público. Op.cit. Pág. 17. 9

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Tanto. ¿Hijos? tanto” Hay que hacer el esfuerzo por comprender y no sólo conocer los problemas, acercarse al modo en que las personas lo viven, que no es usualmente como uno”.13 El burócrata, como se ve, posee una perspectiva muy limitada, formateada por órdenes y reglamentos que bajan jerárquicamente. Es interesante incorporar la perspectiva de ayudar a la gente a resolver los problemas, porque las soluciones o el intento y las búsquedas se dan muchas veces en el espacio concreto microsocial, articulando recursos y no puede esperarse que con un programa social, por más amplio y positivo que sea, todo vaya a solucionarse. Y para este trabajo hay que comprometerse de alguna forma, en oposición a la despersonalización burocrática.

En la misma entrevista, Carlos Vilas consignó que “…hay que poner emoción y pasión en lo que se hace, poner algo de afectividad. Esto no conspira contra la objetividad, pero impide que a uno las cosas, las injusticias, le resbalen…”.14 La cuestión es entonces revelarse contra la injusticia, apostando a la inclusión social desde el trabajo y la distribución del ingreso con políticas sociales que ataquen la desigualdad y que es prioritario que el Estado nunca abandone. Y en el día a día, propiciar y buscar formas de protección social de las personas y familias que excedan la burocracia y apuesten al trato humano y flexible ante realidades sociales complejas.

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Laura Cafaro* - Cecilia Espasandín**

Aportes teórico-metodológicos para repensar la categoría familia1 En esta ponencia pretendemos repensar la categoría familia y el abordaje de las políticas públicas en relación a las familias, desde la perspectiva de los teóricos de la modernidad reflexiva y sus críticos (Beck; Giddens; Scott Lash; Bauman). Los autores aportan al análisis del intrincado proceso de individualización y globalización que caracteriza la sociedad contemporánea y que tiene implicancias en la construcción de la ciudadanía. La individualización implica hacer responsables a los actores de las decisiones que tomen y de las consecuencias que las mismas puedan tener, existiendo una brecha cada vez más grande entre el poder tomar el control de ese destino y hacer las elecciones que realmente deseamos hacer; “(…) la otra cara de la individualización parece ser la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía” (Bauman, 2003:42). El concepto de ciudadanía que introduce Bauman permite reflexionar sobre la responsabilidad que se le asignan al individuo y a las familias en la construcción de sus trayectorias sociales. Desde las políticas públicas, la tendencia al “neo-familiarismo” supone la individualización de los riesgos sociales y la privatización de los problemas sociales; es decir, “tendencia ideológica a hacer de la familia una unidad, económica y política, de resolución de los problemas de la racionalidad global del modelo” (De Martino, 2001: 111). Los avances registrados en nuestro país en el campo de las políticas sociales “hacia las familias” (Goldani, 2006) deben ser analizados a la luz de los procesos de individualización que están dialécticamente ligados a los procesos de construcción de ciudadanía. PALABRAS CLAVES: FAMILIA – POLÍTICAS PÚBLICAS – CIUDADANÍA

In this paper we aim to rethink the family category and addressing public policy in relation to families, from the perspective of the theorists of reflexive modernity and its critics (Beck, Giddens, Scott Lash, Bauman). The authors provide an analysis of the intricate process of individualization and globalization that characterizes contemporary society and has implications for the construction of citizenship. Individualization means to hold accountable those involved in the decisions they make and the consequences that they may have, and there is a widening gap between the largest able to take control of that destiny and make choices that really want to do, «(...) the other side of the individualization appears to be corrosion and slow disintegration of the concept of citizenship «(Bauman, 2003:42). The concept of citizenship that allows Bauman introduces reflect on the responsibility assigned to the individual and families in building their social trajectories. From public policy, the trend of «neo-familism» is the individualization of social risks and the privatization of social problems, ie, «ideological tendency to make the family unit, economic and political resolution of the problems of global rationality model «(De Martino, 2001: 111). Progress in our country in the field of social policies «to the families» (Goldani, 2006) must be analyzed in light of the processes of individualization are dialectically linked to the process of building citizenship. KEYWORDS: FAMILY - PUBLIC POLICY - CITIZENSHIP

* Programa Primera Infancia, INAU. Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. laurac@fcs.edu.uy ** Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. espasa@fcs.edu.uy 1

Este trabajo es una versión ampliada de la ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Trabajo Social: Autonomía, Ética y Compromiso Social. ADASU- DTS/FCS/UR- UCUDAL, Montevideo, 12 al 14 de mayo de 2011.

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Introducción Las ciencias sociales estudian a la familia desde finales del siglo XVIII, momento en el que se da lugar a una “sociología de la familia” (CicchelliPugeault; Cicchelli, 1999). Esta etapa consistía en preguntarse sobre los orígenes de la misma, sobre sus transformaciones, basándose fundamentalmente en la observación, para luego deducir reglas generales e hipótesis susceptibles de explicar los hechos colectivos y proponer modelos que fueran capaces de responder a cómo cohesionar a los miembros de una sociedad ante el nuevo orden social. La familia era considerada como nuclear, donde quedaban claramente establecidos los roles de género. Modelo tradicional de familia con una organización patriarcal que otorgaba más autoridad al varón que a la mujer, ocultando las asimetrías existentes en la relación de género al interior de la vida en familia, la sexualidad y la división del trabajo. Actualmente, en este mundo globalizado con cambios radicales que se imponen a la condición humana, estamos asistiendo a profundas transformaciones en las dinámicas de las familias y la convivencia familiar. En Uruguay, nos encontramos, por un lado, con la reducción de los matrimonios, el aumento de las uniones consensuales, el descenso de la natalidad (Cabella, 2006); y por otro, con una multiplicidad y pluralidad de relaciones de parentesco hetero y homosexual. Como consecuencia, entonces, junto al modelo tradicional dominante, conviven nuevos arreglos familiares –que BeckGernsheim (2003) conceptualiza como “posfamiliar”. ¿Estas cuestiones interpelan al Trabajo Social? Claramente que sí, ya que la familia es un escenario de intervención profesional donde muchas veces las prácticas están penetradas desde discursos y paradigmas dominantes sin encontrar un lugar de reflexión y nuevos aportes desde donde nutrirnos. Revista Regional de Trabajo Social -

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Este trabajo apunta entonces a colocar en diálogo distintas tendencias teóricometodológicas contemporáneas que, a nuestro entender, aportan a pensar y repensar la categoría familia desde la pluralidad que la caracteriza hoy en día, ubicándola en un marco cultural, socio-económico, histórico y político concreto. La “fluidez” de la categoría familia Desde que se comienza a estudiar a la familia, muchos han sido los cientistas sociales que, desde una visión naturalizada de la familia nuclear, constituida fundamentalmente en torno a los vínculos conyugales y a una estricta división de las tareas basadas en

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el género, han contribuido a legitimar la brecha entre lo femenino y masculino, entre el mundo privado y el mundo público, mostrando como válido un único modelo de familia.

No obstante fuera cuestionable la validez empírica de esta tesis, el modelo de familia nuclear patriarcal se constituyó en un proyecto de vida a propiciar con toda solidez, en aras de legitimar el orden social imperante. La vinculación histórica entre la familia patriarcal y el proyecto de sociedad burgués fue tempranamente puesta de manifiesto (Engels, 1986).

Para ello, introducimos el aporte de Bauman (2003, 2003a), sociólogo polaco que analiza el mundo contemporáneo a partir de la coexistencia –según este autor- de procesos sociales que hacen a la primera modernidad y a la modernidad tardía, o en sus propios términos, a la modernidad “sólida” y a la modernidad “líquida”. Esta terminología metafórica hace referencia a la expresión “derretir los sólidos” que emplean Marx y Engels (1973) en el Manifiesto Comunista de 1848, para aludir a las transformaciones revolucionarias que lleva a cabo la burguesía contra todas las condiciones de vida de la época feudal. Pero el “espíritu moderno” burgués barre las viejas tradiciones del mundo sagrado feudal a través de la imposición de nuevas certezas –inspiradas en la racionalidad instrumental-, es decir, que “…todo esto no debía llevarse a cabo para acabar con los sólidos definitivamente ni para liberar al nuevo mundo de ellos para siempre, sino para hacer espacio a nuevos y mejores sólidos; para reemplazar el conjunto heredado de sólidos defectuosos y deficientes por otro, mejor o incluso perfecto, y por eso mismo inalterable” (Bauman, 2003: 9). Las estructuras de dependencia (o estamentos) fueron reemplazadas por otras ataduras; las clases sociales se constituyeron en los marcos que encuadraban las condiciones y los proyectos de vida del individuo.

Aún hoy, cuando nos encontramos ante una visible multiplicidad de relaciones de parentesco (familias nucleares, monoparentales, extendidas, etc.), tanto hetero como homosexuales, persiste la idea de la familia nuclear como modelo. El propio lenguaje con el cual se hace referencia a las transformaciones de la familia da cuenta de la fuerza normativa que se impone en la definición de familia. Por ejemplo, se habla de familias “reconstituidas”, para distinguirlas de aquellas que fueron una vez “normalmente” constituidas y se reconstituyeron a partir de un divorcio. En este sentido, entendemos que la diversidad de las familias requiere la construcción de nuevos referentes teóricos, así como la reinterpretación de los procesos familiares a la luz de las transformaciones históricas.

Los potenciales revolucionarios que fueron característicos de épocas precedentes y que articulaban el cambio de la situación individual con la transformación del orden social, no aparecen en la agenda política de hoy. Para Bauman, el momento actual de la modernidad fluida se caracteriza por la disolución de aquellos sólidos constituidos por “los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las acciones colectivas – las estructuras de comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas colectivas” (Idem: 11). El individuo ya no cuenta con puntos de orientación estables, “grupos de referencia” a partir de los cuales era posible guiarse y reproducir determinados códigos y conductas. La familia es una de las instituciones

El modelo de familia nuclear patriarcal se inspiró en la tesis sociológica inaugurada por Durkheim en la segunda mitad del siglo XIX, según la cual, el proceso de industrialización habría producido una contracción progresiva de la estructura familiar. Sin negar la importante difusión de este tipo de estructura familiar-nuclear a partir de la industrialización, diversos estudios demográficos y antropológicos subvierten esta tesis (ver Saraceno y Naldini, 2007). Demuestran la coexistencia de distintas estructuras familiares en una misma región y momento histórico, e incluso la preexistencia del modelo nuclear familiar en la propia Inglaterra antes de la Revolución Industrial.

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que ilustra las transformaciones propias de esta modernidad “líquida”.

¿Hacia la construcción de la propia biografía?

¿Y cómo define entonces este autor los fluidos? (…) los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar: ese espacio que, después de todo, sólo llenan “por un momento”. En cierto sentido, los sólidos cancelan el tiempo; para los líquidos, por el contrario, lo que importa es el tiempo. En la descripción de los sólidos, es posible ignorar completamente el tiempo; en la descripción de los fluidos, se cometería un error grave si el tiempo se dejara de lado”. (Bauman, 2003:8)

Ulrich Beck, Anthony Giddens y Scott Lash son algunos de los autores pertenecientes a la teoría de la modernización reflexiva que se empieza a perfilar a partir de los años ’70 y ’80 en Europa. Aportan una lectura de las transformaciones culturales que corren junto al proceso de reestructuración productiva y “crisis del estado de bienestar”.

Desde una postura problematizadora de la categoría familia, consideramos que este carácter “fluido” nos permite comenzar a repensar los contenidos “sólidos” inscriptos en las teorías tradicionales, que no nos estarían dando un marco explicativo frente a la actual situación de las familias. ¿Cómo nos inscribimos desde esas miradas tradicionales en una sociedad moderna tardía? ¿A qué situaciones estructurales se ven enfrentadas hoy las familias y con qué soportes cuentan? ¿Cómo explicamos las luchas de las parejas homosexuales porque se les reconozcan sus derechos como familia? ¿Cómo nos posicionamos desde esas categorías sólidas en una era de la inseminación artificial, fecundación in vitro, prestación de útero? ¿Cómo ubicamos el proceso de transformación de las relaciones de género que se orientan a la convivencia democrática y equidad de género, sin la opresión de un sexo hacia el otro? Todo esto nos habla de la complejidad de lo subjetivo y de lo familiar contemporáneo.

La tesis de Beck (1997, 2003) se apoya en la idea de que la modificación radical de las estructuras de la sociedad moderna se produce, no mediante revoluciones –como sostenía el marxismo-, sino por el propio curso de la modernización. Son las victorias del capitalismo, y no sus crisis, las que producen la nueva forma social; es decir: “no es la lucha de clases, sino más bien la modernización normal y la modernización que va más allá de esta lo que está disolviendo los perfiles de la sociedad industrial” (Beck, 1997:15). Beck identifica una radicalización de la modernidad, en el sentido de un cambio subrepticio, no planeado, que estaría rompiendo las formas sociales industriales – sus formaciones de clase, ocupación, familia nuclear, roles de género. Esta nueva fase de la modernidad la denomina “modernización reflexiva”, haciendo alusión a la reflexividad –en contraste a la reflexión- del proceso, es decir, para dar cuenta del carácter automatizado, no percibido, de esta fase de modernización. El riesgo aparece como un componente permanente en este proceso de transición, no sólo de los “sistemas expertos”2 –en términos de Giddens (1997)-, sino de todas las relaciones significativas de las sociedades modernas: familia, escuela, trabajo, carrera profesional y estratificación social. En esta sociedad, que Beck llama “sociedad de riesgo”, la lucha de clases es sustituida por la lucha por la distribución de los riesgos. El conflicto básico de la sociedad ya no lo cons-

Según Giddens, los “sistemas expertos” nacen como resultado de las revoluciones científico-técnicas y del incremento de la especialización de las distintas profesiones. Revista Regional de Trabajo Social -

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tituiría la producción y distribución de bienes, sino la distribución de los riesgos que acompañan a la producción de bienes: amenazas ambientales, de megatecnología nuclear y química, depauperación creciente, crisis financieras. Beck sostiene que esta “sociedad de riesgo” corre el peligro de la supervivencia de la especie, haciendo referencia a las catástrofes ecológicas, el terrorismo, etc. Este sociólogo alemán sostiene que el concepto riesgo “(…) designa una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos sociales, políticos, económicos e individuales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial” (Beck, 1997:18). Son sociedades donde todo está expuesto a la flexibilidad –empezando por el trabajo y la seguridad social- y el individuo tiene que ser capaz de manejar las oportunidades, amenazas y ambivalencias. El agotamiento de formas culturales específicas de vida –como la familia nuclear y los roles de género- y de fuentes de significado colectivas –como la conciencia de clase o la fe en el progreso- instala al individuo en la incertidumbre. “Ahora se espera de los individuos que sean capaces de dominar esas “oportunidades arriesgadas” sin que puedan, debido a la complejidad de la sociedad moderna, tomar las decisiones necesarias sobre una base bien fundada y responsable, es decir, considerando las posibles consecuencias” (Beck, 1997: 21). Pero si las formas organizativas de la sociedad industrial ya no aseguran la trayectoria de vida del individuo –como podía hacerlo el estado de bienestar-, entonces lo “liberan” para que construya su propia biografía. La paradoja que identifica Beck es precisamente que la sociedad de riesgo que deja desamparado al individuo, abre también la posibilidad de que sea el individuo quien decida por su vida –en tanto no hay expertos en cuestiones de riesgo. La cualidad imprevisible de las situaciones de riesgo (de trabajo, de salud, de medio ambiente) hace que no puedan tratarse como problemas de orden, y por lo tanto, 44

su superación queda librada a decisiones individuales, igualmente válidas desde el punto de vista probabilístico. “Por tanto, hay cada vez menos formas sociales (pautas de roles) que produzcan órdenes vinculantes y ficciones de seguridad relevantes para la acción. Esta crisis de las ficciones de seguridad de la sociedad industrial implica que se abren oportunidades y compulsiones para la acción, entre las que es preciso decidir permanentemente sin poder demandar soluciones definitivas, una exigencia que, a través del vivir y actuar en la incertidumbre, se convierte en una especie de vivienda básica” (Beck, 1997: 26). No obstante sus diferencias analíticas, Beck, Giddens y Lash coinciden en el supuesto de la progresiva liberación de la agencia respecto a la estructura. Para los teóricos de la modernización reflexiva, es la liberalización de los individuos frente a las estructuras, junto a la destradicionalización, lo que permite la emergencia del agente, el proceso de construcción autobiográfica mediante elecciones, donde la evitación del riesgo depende de elecciones individuales sobre el estilo de vida. La noción de construcción social del riesgo hace alusión a que el individuo es quien debería controlar las consecuencias no deseadas y la apreciación de los daños depende de su representación frente a los mismos. Robert Castel (1986, 2004), sociólogo francés que ha realizado contribuciones tan importantes, entre otras, en torno a las nuevas formas de vulnerabilidad y exclusión social (lo que él denomina “desafiliación”), aporta una mirada crítica en relación a los procesos analizados por los teóricos de la modernización reflexiva. Castel (2004) critica la noción de “riesgo” acuñada por Beck, que no distingue el riesgo –como contingencias de la vida que pueden ser dominadas mediante su socialización con programas de protección social- de aquellas amenazas frente a las cuales no es posible protegerse –como los nuevos riesgos vinculados a catástrofes ambientales, por ejemplo. Según Castel, la “cultura del riesgo” acaba fabricando peligros. “Las nuevas estrategias implican la disolución de la noción de sujeto o de individuo concreto que

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es reemplazado por una combinación construida de factores, los factores de riesgo” (Castel, 1986:219). Estas políticas preventivas “descomponen al sujeto concreto de la intervención y reconstruyen una combinatoria de todos los factores susceptibles de producir riesgos. Su primer objetivo no consiste en hacer frente a una situación peligrosa concreta, sino anticipar todas las figuras posibles de irrupción del peligro” (Castel, 1986:231). También cuestiona la tesis de que los riesgos atravesarían la vida de todos los individuos, a partir de los cuales se construirían las biografías personales, puesto que la distribución de los riesgos continúa anclada a las diferencias de clase. Si bien Lash (1997) coincide con Beck en su análisis sobre la liberación del individuo para crear sus “oportunidades de vida” –haciendo calculable lo incalculable de los riesgos-, Lash concibe las “narrativas vitales” como resultantes de un proceso contradictorio. En ese sentido, Lash no deja de mencionar que “mediante este cálculo de probabilidades que asume riesgos, frecuentemente nos encontramos en situaciones de “vergüenza”, es decir, nuestras autobiografías contradictorias, fragmentarias, quedan en evidencia.” (Lash, 1997:175). Unido a esto, agrega Sennet (2000) – socióloga norteamericano integrante de la “New Left” - la vergüenza al fracaso es el gran tabú moderno. Si bien hay miles de libros que nos explican lo que tenemos que hacer para triunfar, “por lo general callan en lo que atañe a la cuestión de manejar el fracaso” (Sennet, 2000:124). Este autor describe el cambio radical que ha tenido la concepción del trabajo desde un lugar estable, con una carrera profesional predecible, de la adhesión a una empresa a la que se era leal a cambio de un puesto de trabajo estable; a la actual situación de un mercado laboral flexible, con una movilidad ilimitada, que genera la absoluta incertidumbre como algo integrado a las prácticas cotidianas y la vivencia de la inestabilidad como algo normal. Sennet concluye que, en este panorama del nuevo capitalismo, “es posible que la corrosión del carácter sea una consecuenRevista Regional de Trabajo Social -

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cia inevitable. La consigna ‘nada a largo plazo’ desorienta la acción planificada, disuelve los vínculos de confianza y compromiso y separa la voluntad del comportamiento.” (Sennet, 2000:30) Tradición, confianza y compromisos simbólicos En el marco del análisis de la modernización reflexiva, Giddens sostiene que “(…) la tradición proporcionó un punto de apoyo a esa ‘confianza básica’ tan fundamental para la continuidad de la identidad; y fue también el mecanismo que guiaba otras relaciones de confianza.” (Giddens, 1997:105) La tradición es entendida como una narrativa ordenadora de las trayectorias individuales. Se trata de una construcción social utilizada para ejercer el poder (Hobsbawn en Giddens, 2000). Lo que plantean entonces los teóricos de la modernización reflexiva no es la ausencia de tradiciones, sino un proceso en el que la tradición, al ser puesta en cuestión, pierde su eficacia simbólica dejando de constituirse en ordenadora de la vida social. Frente a esto, Zizek – filósofo y psicoanalista nacido en Eslovenia que integra en forma muy original y brillante el pensamiento de Lacan con el marxismo - agrega que en todo cambio social hay un cambio simbólico donde el sistema se acomoda a la nueva situación, reestructurándose e integrando lo que inicialmente fue subversivo. Actualmente, la ficción simbólica ya no estructura la realidad sociosimbólica en la que participamos, lo que nos enfrenta a la necesidad de construir nuevas reglas de juego sin puntos simbólicos de referencia. Zizek sostiene que lo que falta en este momento es “(…) precisamente ese punto de referencia universal, y nos vemos entonces arrojados a un proceso de (re)negociación y (re)invención simbólicas radicalmente abiertas e interminables, sin que haya siquiera la apariencia de algún conjunto de normas presupuestas anteriores.” (Zizek, 2001:354) La reflexividad abarca todas las áreas de nuestra vida cotidiana, o al decir de este

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autor, las “coloniza” pasando a ser objetos de aprendizaje y decisión donde el sujeto finge tomar sus propias decisiones libres ya que, en realidad, se ve constantemente enfrentado a posicionarse frente a decisiones fundamentales sin tener una base adecuada de conocimientos para ello, lo cual en definitiva lo único que provoca es angustia. Zizek, por otra parte, suscribe a la desintegración y por consiguiente inexistencia del Otro como resultado de la reflexividad universalizada así como a las consecuencias ético políticas ocultadas por esta teoría en la vida contemporánea. Dice este autor en forma más que ilustrativa que “el sujeto se encuentra entonces en la situación kafkiana de ser culpable sin saber de qué (si acaso lo es de algo): me obsesiona de modo incesante la posibilidad de que ya haya tomado decisiones que me pondrán en peligro a mí y también pondrán en peligro a quienes amo, pero solo lo sabré demasiado tarde, o nunca.” (Zizek, 2001, 359). En este sentido, coinciden tanto Zizek (2001) como Bauman (2003, 2008) al sostener que esa “compulsión” por decidir libremente provoca angustia, miedo e incertidumbre ya que la libertad de elección/decisión “(…) no es la libertad de alguien que puede escoger libremente su destino, sino la libertad de alguien constantemente obligado a tomar decisiones sin conocer las consecuencias.” (Zizek, 2001:359). La incertidumbre, el miedo quedan integrados a las prácticas cotidianas de la sociedad de riesgo y parecen ajenos a los problemas de la estructura socio-económica. “La incertidumbre del presente es una poderosa fuerza individualizadora. Divide en vez de unir, y dado que no se puede decir quién podría despertarse en qué división, la idea de unos “intereses comunes”, se torna cada vez más nebulosa y al final se hace incomprensible. Temores, ansiedad y quejas nacen de una manera tal que se padecen en soledad.” (Bauman, 2001:35) En definitiva, estos dos autores proponen que hay que repolitizar radicalmente la economía – utilizando aquí palabras de Zizek (2001:376) - para generar efectivamente una 46

sociedad en que las decisiones que nos pueden afectar a largo plazo surjan de un debate público donde se le ponga de alguna manera un freno radical a la libertad del capital. Bauman, sin embargo, plantea algunas de las dificultades que observa para que esto sea posible considerando a título de ejemplo, la actual apatía política, la colonización del espacio público con las intimidades de la vida privada, y la falta de espacio para “(…) el ‘ágora’, ese espacio intermediario público/privado donde las políticas de vida se encuentran con la Política con mayúscula, donde los problemas privados son traducidos al lenguaje de la cosa pública y donde se buscan, negocian y acuerdan soluciones públicas para los problemas privados.” (Bauman, 2003:44) Individualización versus Ciudadanía Aquí introducimos otro concepto central en la teoría de la modernización reflexiva, que es el de individualización. Según Beck, la individualización es la “(…) desintegración de las certezas de la sociedad industrial y de la compulsión de encontrar y buscar nuevas certezas para uno mismo y para quienes carecen de ellas. Pero también significa nuevas interdependencias, incluso interdependencias globales. La individualización y la globalización son, de hecho, dos caras del mismo proceso de modernización reflexiva” (Beck, 1997: 29). Entendiendo la individualización como una tendencia en curso –y cuyo desarrollo no es homogéneo en el mundo-, la concibe como una nueva forma de autoconciencia de la sociedad. No obstante se trate de un proceso compulsivo, “reflexivo”, implica la auto-construcción, la elección individual de la biografía. Beck sostiene que, al mismo tiempo que la reflexividad e incontrolabilidad del desarrollo social “liberan” al individuo de pautas preestablecidas, lo recolocan como parte participante del mundo pautado por las amenazas; es decir que, por ejemplo, nadie queda afuera de las consecuencias de una catástrofe nuclear. En este sentido, al socavar el orden social inspirado en la racionalidad ins-

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trumental, la civilización del riesgo crea la base para una “autocrítica pluralista de la sociedad” (Beck, 1997: 24). El vaciamiento de las coordenadas políticas de la antigua sociedad industrial demanda una postura reflexiva, que ponga como objeto de reflexión a la propia reflexividad de la sociedad de riesgo. Pero, según Beck, esta postura crítica no puede realizarse desde los fundamentos políticos anteriores, sino a partir del reconocimiento de la ambivalencia en todas las áreas de la acción social (Beck, 1997: 26). Castel (2004) critica la idea de colocar la incertidumbre como principio general que gobierna el porvenir de la civilización. Al contrario, sostiene que la existencia de nuevos riesgos, percibidos como peligros o situaciones nocivas creadas por el desarrollo capitalista en su fase actual, no significa que no puedan dominarse, sino que deben crearse dispositivos diferentes a aquellos empleados para proteger los riesgos sociales “clásicos” (accidente, enfermedad, discapacidad, vejez). Frente a la erosión de los sistemas de protección social del estado-nación, surge la necesidad de instaurar instancias políticas transnacionales capaces de poner límites a las “nuevas formas planetarias de explotación” –responsables de daños que aparecen falsamente ineluctables (Castel, 2004: 81). Para Castel, la ideología del riesgo promueve la hiperindividualización de las prácticas y la privatización de los seguros, en tanto es el individuo, en calidad de portador de riesgos, que debe asegurarse –si puede pagarlo. En diálogo crítico con Beck, Bauman (2001, 2003) sostiene que la individualización es un destino y no una elección. Implica hacer responsables a los actores de las decisiones que tomen y de las consecuencias que las mismas puedan tener, existiendo una brecha cada vez más grande entre el poder tomar el control de ese destino y hacer las elecciones que realmente deseamos hacer. Concluye entonces que “(…) la otra cara de la individualización parece ser la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía” (Bauman, 2003: 42).

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Resulta aquí interesante el concepto de ciudadanía que introduce Bauman (2003) porque, de alguna manera, se puede ligar al tema de la construcción autobiográfica y al de la familiarización de lo social, es decir, la responsabilidad que se le asignan al individuo y a las familias en la construcción de sus trayectorias sociales. Y retomando nuevamente a Bauman: Víctimas de las presiones individualizadoras, los individuos están siendo progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos. En estas circunstancias, las perspectivas de que el individuo de jure se transforme en un individuo de facto (o sea, aquel que controla los recursos indispensables de una genuina autodeterminación) son cada vez más remotas. El individuo de jure no puede transformarse en un individuo de facto sin primero convertirse en ciudadano. No hay individuos autónomos sin una sociedad autónoma, y la autonomía de la sociedad exige una autoconstrucción deliberada y reflexiva, algo que sólo puede ser alcanzado por el conjunto de sus miembros. (Bauman, 2003:46) Frente a estas posiciones, queda claro que la individualización sólo es posible cuando se puede alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos como ciudadanos, accediendo a los derechos fundamentales políticos y sociales. La individualización no es la única forma de construcción de la individualidad, pero parece ser la hegemónica. Bauman (2001) considera que un rasgo actual característico justamente de las llamadas “historias narradas” es que articulan las vidas individuales ocultando la posibilidad de vincularlas a los modos de funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Agrega que estas condiciones y narraciones sujetas al proceso de individualización, tienen más maneras de contar una historia y de vivirla y que no se trata de “interpretar los riesgos eliminándolos” al decir de Beck, sino que “ser consciente de los mecanismos que ha-

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cen que la vida sea dolorosa, casi invisible, no significa neutralizarlos; sacar a la luz las contradicciones no significa resolverlas.” (Bourdieu en Bauman, 2003:225). Los sufrimientos se hallan fragmentados, dispersos y los/as sufrientes no logran ligarse con otros/as que padecen los mismo. El desgarramiento del lazo social nos sumerge entonces en la incertidumbre, inseguridad y desprotección. Cabe aclarar que, en este punto, los teóricos de la modernidad reflexiva presentan diferencias. Lash (1997), a diferencia de Beck y Giddens, plantea que la progresiva liberación de la agencia de la estructura –que está en la base de la tesis de la modernización reflexiva-, nos está enfrentando a una sociedad cada vez más polarizada en lo que él llama los “perdedores” y los “ganadores de la reflexividad” (Lash, 1997:149). Se interroga, entonces, sobre las “condiciones estructurales de la reflexividad”, es decir, cuestiona los límites que las desigualdades sistemáticas del capitalismo colocan a los individuos para la autoconstrucción de sus narraciones de vida. “Las oportunidades de vida en la modernidad reflexiva son cuestión de acceso no al capital productivo o a las estructuras de producción, sino del acceso a y del lugar en las nuevas estructuras de información y comunicación.” (Idem:150) La exclusión de estas estructuras se convierte en una exclusión de ciudadanía, tanto política y cultural de la sociedad civil y “la nueva clase baja de la modernidad reflexiva, que cada vez es más en algunos aspectos una subclase, está privada tanto de obligaciones como de derechos” (Idem:164). La “fluidez” de los vínculos humanos Otro eje de interés en esta búsqueda de nuevos elementos que “nutran” la categoría familia, son los que plantea Bauman (2005) cuando nos confronta a la visibilidad de la fragilidad de los vínculos humanos. Señala que la fragilidad e inseguridad en la constitución de los vínculos hace que los lazos que estrechemos se mantengan flojos para poder desanudarlos, ya que la moderna razón líquida ve opresión en los compromisos duraderos. Bauman critica nuevamente a la modernidad reflexiva, diciendo que en una sociedad “(…) supuestamente adicta a la reflexión, la confianza no recibe gran estímulo” (Bauman, 2005:122), de manera que los vínculos familiares y sociales que permitían tramar una segura red de interacciones humanas, también 48

se encuentran en estado de fluidez, fragilidad y transitoriedad. A su vez, plantea los miedos de las personas a constituir vínculos afectivos estables y una familia por ser imaginada como una hipoteca, como una alternativa riesgosa que se toma frente a un futuro marcado por la incertidumbre, y como todo riesgo, la posibilidad de perder puede ser inminente. A partir de ello, Bauman (2005) afirma que estamos en una sociedad con valores que cambian rápidamente, tal como los objetos de consumo, ligando esto a la fragilidad de las estructuras familiares y al lugar del hijo/a como objeto de consumo emocional, señalando que “los objetos de consumo sirven para satisfacer una necesidad, un deseo o las ganas del consumidor. Los hijos también. Los hijos son deseados por las alegrías del placer paternal que se espera que brinden, un tipo de alegría que ningún otro objeto de consumo, por ingenioso y sofisticado que sea, puede ofrecer” (Bauman, 2005:63). El tema de la reproducción y el nacimiento de los hijos se alejan de la cuestión del sexo y cuenta con la asistencia del poder. Aquí hace referencia a las tecnologías surgidas hacia mitades y fines del siglo XX, como ser la inseminación artificial, fecundación in vitro, donación de óvulos, prestación de útero, etc. Bauman dialoga aquí también con Giddens (1995), quien reconoce en la intimidad uno de los principales ámbitos para la transformación de la esfera privada y pública. Giddens (1995) habla sobre los cambios que la globalización ha generado en la vida íntima de las personas, en el sexo, la sexualidad y la familia. Algunos puntos importantes de la teoría de Giddens (1995) son: a) la exploración acerca de lo que él llama “relación pura”, es decir una relación de igualdad sexual y emocional y donde las relaciones se acaban porque dejan de satisfacer; b) lo que denomina la “sexualidad plástica”, es decir una sexualidad descentrada, liberada de las necesidades de reproducción, que estaría brindado, según Giddens, las condiciones para la reconciliación de los sexos; c) y el proceso reflexivo como compromiso colectivo del fenómeno social homosexual, a través de la popularización del vocablo auto-descriptivo “gay”. Nuevamente, frente a estas opiniones de un teórico de la modernización reflexiva, Bauman (2005)

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asume una postura crítica y sostiene que, si bien la “relación pura” es la forma predominante de unión humana, se atreve a concluir que el sexo, despojado de su antigua posición e implicaciones sociales, cristalizó la terrible y alarmante incertidumbre que habría de convertirse en la mayor pesadilla de la moderna vida líquida. Bauman introduce aquí que “la ‘purificación’ del sexo permite que la práctica sexual se adapte a esos patrones tan avanzados de compra/alquiler. El sexo puro es considerado como cierta forma de garantía confiable de reembolso económico, y los compañeros de un ‘encuentro puramente sexual’ pueden sentirse seguros, sabiendo que la ausencia de ‘ataduras’ compensa la molesta fragilidad de su compromiso.” (Bauman, 2005:73) Conclusiones En esta sociedad globalizada, con radicales transformaciones en el mundo del trabajo y en los sistemas de protección social, cabe señalar algunos aspectos fundamentales a la luz del análisis de los pensadores arriba presentados, que nos permiten repensar la categoría familia en el actual contexto cultural, socio-económico e histórico. En primer lugar, se destaca un aspecto fundamental que hace a las actuales políticas públicas. Esto es la tendencia a la individualización de los riesgos sociales y a la privatización de los problemas sociales. En este sentido, cuando De Martino (2001) define el “neo-familiarismo”, nos dice que es una “(…) tendencia ideológica a hacer de la familia una unidad, económica y política, de resolución de los problemas de la racionalidad global del modelo y, como tal, debemos reconocer sus contradicciones” (De Martino, 2001:111). No obstante la jerarquización reciente de sistemas integrales de protección social en el contexto de los gobiernos progresistas de Uruguay y la región, se identifica la persis-

tencia de rasgos característicos de las políticas públicas neoliberales. Entre las “visiones heredadas de los noventa”, destacamos la estrategias de focalización en la población “en riesgo” (Serna, 2010: 146). La gestión del riesgo como estrategia de intervención sociopolítica en Uruguay –y en el marco de los procesos de individualización social-, viene siendo estudiada en el campo del Trabajo Social (ver Ortega; Vecinday, 2009). Aún reconociendo que nuestras políticas sociales se inspiran en un horizonte de equidad social (ver Plan de Equidad), éstas incorporan “formas de ciudadanía social diferenciada y segmentada” a través de la reformulación de los derechos sociales como específicos a la participación en determinados grupos sociales –“vulnerables”- y sujetos a condicionalidades –contraprestacionesy disposiciones transitorias (Serna: 2010: 149). Los procesos de individualización y responsabilización de la asistencia social atraviesan nuestras políticas públicas. Pensando en nuestra sociedad uruguaya, la misma se caracteriza hoy fundamentalmente por la extensa precariedad de los empleos; por la segmentación educativa y residencial, donde escuela y vecindario son cada vez más homogéneos en su composición socio-económica y cultura, debilitando así – entre otras cosas - las redes de solidaridad y el sentimiento de ciudadanía; y caracterizada también por la segmentación social en su sentido más amplio, con cifras vergonzosas de pobreza, sobre todo en los sectores más vulnerables que son nuestros/as niños/as3 -fenómeno conocido como la infantilización de la pobreza. La segmentación es entendida aquí, al decir de Katzman (1996), como un proceso de formación de fronteras sociales y disminución de las oportunidades de interacción entre personas de origen socioeconómico y cultural distinto, que debilita el sentimiento de formar parte de una misma comunidad, con problemas a resolver que son de interés común.

De acuerdo al “Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay 2009” (UNICEF), la pobreza entre niños de 0 a 5 años es de 38,8%, entre los de 6 a 12 años de 36,9% y entre los adolescentes de 13 a 17 años de 31,4%.

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Es en este escenario donde se insertan actualmente las familias uruguayas, quienes han experimentado profundos cambios en su dinámica y convivencia. Entre otros cambios, aumentó el divorcio, se redujo la cantidad de matrimonios y aumentaron las uniones consensuales; descendió la tasa de fecundidad y se retrasó la edad promedio de la reproducción; aumentó la cantidad de episodios familiares que las personas atraviesan a lo largo de sus vidas; etc. En relación a los cambios familiares, no podemos dejar de lado el debate actual en torno al matrimonio igualitario y la homoparentalidad. En la búsqueda del reconocimiento legal de sus derechos, movimientos de diversidad sexual luchan por modificar algunas naturalizaciones instaladas en nuestra sociedad desde una visión heterosexual hegemónica. En julio del presente año, Argentina se convirtió en el primer país sudamericano en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. En nuestro país, se está instalando la discusión en torno al matrimonio igualitario, más allá del logro obtenido a través de la Ley No. 18.246 de diciembre de 2007, que considera unión concubinaria a la “(…) situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual.” (Art. 2). Por otro lado, la Ley No. 18.590 de setiembre de 2009, estaría habilitando la adopción de niños y niñas a parejas homosexuales, sin bien al no decirlo explícitamente creó un vacío legal que queda a criterio de los jueces considerar si la ley establece o no la posibilidad de la homoparentalidad. Nos preguntamos, entonces, ¿esta “fluidez” se puede interpretar desde la fragilidad de los vínculos sociales y familiares – al decir de Bauman - o también como la reinvención de nuevos arreglos familiares dejando de lado las “sólidas” estructuras heredadas de un pasado? En este sentido, los comportamientos familiares antes descritos para Uruguay –que corresponderían a la denominada “segunda transición demográfica”- parecen dar cuenta de ciertos procesos de individualización, vinculados a la auto-construcción biográfica, en términos de Beck. Según Cabella, “los deseos de realización individual y una tendencia cada vez más acentuada a la autonomía personal, constituyen los cimientos sobre los cuales se construyen las relaciones familiares en el marco de la STD” (Cabella, 2006: 81). Sugerimos, entonces, que la construcción de nuevos arreglos familiares puede ser fruto de la ampliación de 50

opciones individuales, frente a la erosión del modelo tradicional de familia nuclear patriarcal. Pero la posibilidad de crear la propia biografía –ya no atada a una estructura predeterminada- se da en condiciones de vida concretas, que ponen límites a las elecciones de vida del individuo. En tiempos de individualización creciente, los conflictos sociales desaparecen y se transforman en asuntos individuales, frente a los cuales las personas no han logrado encontrar una solución satisfactoria, a pesar de que supuestamente disponen de información suficiente para la construcción autoreflexiva de sus biografías. Surge entonces la pregunta de si, en el contexto actual de nuestro país y de nuestras familias, esto es posible, cuando no está garantizada la universalidad del acceso a los sistemas de protección para el ejercicio pleno de los derechos humanos. La tendencia a la individualización de los problemas sociales (De Martino, 2001); así como la fragilización de los soportes colectivos y la inexistencia del “ágora”, tal como lo señala Bauman (2003), atentan contra la búsqueda de soluciones públicas para los problemas supuestamente privados. Consideramos entonces, que no hay políticas públicas para familias sino políticas que se descomponen en áreas problemáticas que son vividas familiar e individualmente, con una ausencia del espacio público como condición importante para la adquisición de la ciudadanía. A nuestro entender, nos encontramos frente a un “vaciamiento” del concepto de ciudadanía. Y aquí surge otra interrogante, que es si no estamos regresando a posturas similares a aquellas que abordaban el “pauperismo” del siglo XIX concibiendo la miseria de las familias como “(…) “un germen patógeno nocivo para la cohesión social” (Cicchelli, V. y Cicchelli-Pugeault, C., 1999:16), sin que se pusieran en cuestión las desigualdades de clase existentes en la época. ¿No podemos hablar de “neo-pauperismo”, cuando las desigualdades sociales quedan actualmente invisibilizadas de las condiciones estructurales sociales, políticas, económicas y culturales? ¿No estamos analizando a las familias desde los valores hegemónicos de

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la sociedad globalizada cuando exponemos a sus miembros a la evaluación del riesgo social? En esta evaluación del riesgo social, ¿no estamos desintegrando al sujeto – al decir de Castel – en una “simple” combinatoria de factores de riesgo? ¿Qué posibilidades tienen, entonces allí, las familias y sus integrantes de construir sus propias biografías? Frente a políticas públicas que pueden ser vivenciadas como moralizantes –al trasladar al individuo la responsabilidad y culpa de la pobreza, el analfabetismo, la inserción (o no) en el mercado de trabajo, en el sistema educativo, así como en el mercado de consu-

mo-, los individuos y/o familias viven estas experiencias como fracasos individuales, por no haber adoptado las estrategias correspondientes a la evaluación de los riesgos a los que están expuestos, ni tomado las decisiones apropiadas para su superación. A modo de finalizar, parecería claro que frente a la diversidad de las relaciones familiares y de los cambios radicales a los que se ven enfrentadas las familias en este mundo globalizado, resultan importantes los aportes provenientes de los autores presentados en este trabajo, que nos brindan elementos teórico-metodológicos para ampliar nuestras reflexiones como Trabajadoras/es Sociales en nuestras intervenciones profesionales con familias.

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Irey Gómez Sánchez* - Luis Alarcón Flores**

DESAFÍOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL en el escenario actual de las políticas de protección social en Venezuela1

Existe un nexo histórico entre trabajo social y política social. Más allá de eso cada contexto social particular conforma un escenario en el que se conjugan diversos actores alrededor de un proyecto políticoeconómico, que determina formas específicas de protección social en las que esta disciplina tiene un rol clave. En el caso de Venezuela, durante el período 1999-2011 se presentan elementos normativos, institucionales, organizativos y políticos que redimensionan el escenario de las políticas nacionales de protección social. El objetivo de esta ponencia es analizar las políticas de protección social, las formulaciones jurídicopolíticas y las alternativas de gestión estatal al respecto, en este período. Desde el punto de vista metodológico, se analizan diversas dimensiones de las políticas, leyes y reglamentos en esta materia y en ese contexto las perspectivas de la práctica profesional del trabajo social. Se utiliza la técnica de revisión y análisis documental. Entre los resultados tenemos lo siguiente: el discurso y aplicación de las nuevas políticas sociales ha creado nuevas identidades, reafirmando a su vez el carácter legitimador que dichas políticas juegan en el proyecto socio-político nacional. De igual modo, en el plano normativo se recupera el modelo universalista, aún cuando su realización se ve interferida por los nudos críticos que históricamente vienen presentando dichas políticas. Se concluye que las distintas modalidades de protección social abren un reposicionamiento en el escenario profesional del trabajo social, sujetas al redimensionamiento de la práctica profesional y del contexto institucional y comunitario en el que se desarrolla la misma. PALABRAS CLAVE: PROTECCIÒN SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, PRACTICA PROFESIONAL.

There is a historical link between social work and social policy. Beyond thateach social context forms a scenario in which different actors come togetheraround a political-economic project, which determines specific forms of social protection in this discipline has a key role. In the case of Venezuela, during the period 1999-2011 are regulatory elements, institutional, organizational and political resize the stage of national social protection policies. The aim of this paper is to analyze social protection policies, legal and political formulations and alternatives to state management in this respect, in this period. From the methodological point of view, we analyze various dimensions of policies, laws and regulations in this area and in this context the prospects for social work practice. Technique is used to review and document analysis. The results we have the following: the discourse and application of new social policies have created new identities, in turn reaffirming the legitimacy that these policies play in the national socio-political project. Similarly, at the policy level universalist model is recovered, even when their performance is compromised by the critical points are presented historically these policies. We conclude that different forms of social protection in the open repositioning of social workprofessional stage, subject to the downsizing of professional practice and the institutional and community that develops it. KEYWORDS: SOCIAL PROTECTION, SOCIAL WORK, PRACTICE PROFESSIONAL.

* Universidad de Oriente. Escuela de Ciencias Sociales. Departamento de Trabajo Social. Nùcleo de Sucre. Cumanà, estado Sucre. Venezuela.gomezirey3@gmail.com ** Universidad de Oriente. Escuela de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Nùcleo de Sucre. Cumanà, Estado Sucre. Venezuela.

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Introducción Tal como lo hemos sostenido en otros trabajos, la política social venezolana en las últimas décadas ha sido una expresión de las contradicciones propias del modelo económico y del sistema político que le acompaña. De modo tal que su análisis pasa por la consideración de las particularidades de las distintas coyunturas económico-políticas del país, los factores condicionantes tanto externos y internos y su correspondiente impacto en las políticas públicas en general. Si tomamos en cuenta, los distintos modelos de política social entre ellos: el meritocrático, el institucionalista y el residual (Fleury cit. por Gómez y Alarcón, 2003), el caso venezolano se caracteriza por la coexistencia de diversas formas de política social, cuya implementación e importancia ha dependido del tipo de proyecto de desarrollo, del proyecto político y de las fuerzas sociales que lo han promovido en cada momento histórico, orientado principalmente a la búsqueda de modernización y desarrollo económico, la atención de la pobreza y legitimación de las fuerzas políticas en el poder. A su vez, la política social ha estado históricamente ligada al quehacer profesional del trabajo social, de ahí que el cumplimiento de sus funciones, así como la práctica y el espacio profesional están sesgados por variables que trascienden la esfera de lo que es el ejercicio de la disciplina, reflejando la relación Estado-sociedad civil en un contexto histórico determinado. Por otra parte, en el período 1999-2011 se estructura en Venezuela un escenario de protección social, caracterizado por la presencia de nuevos contenidos y procesos, que se han ido gestando al calor de las reformas

políticas, jurídicas e institucionales que otorgan otros sentidos normativos y políticoinstitucionales a los cursos de acción de la intervención social del Estado en este momento. En este contexto, el discurso y aplicación de las nuevas políticas sociales han creado nuevas identidades, tanto en los destinatarios como en los ejecutores, reafirmando a su vez el carácter legitimador que dichas políticas juegan en el proyecto socio-político nacional. 2 De igual modo, en el plano normativo se recupera el modelo universalista, aún cuando su realización se ve interferida por los nudos críticos que históricamente vienen presentando dichas políticas. Dada la importancia que este tema tiene, en este trabajo se analizan dichas políticas y las perspectivas del trabajo social, tomando como referente principal lo que ha sido la dinámica de las políticas de protección social en el área de vivienda y hábitat, la cual en este momento ha cobrado protagonismo, ante la coyuntura de desastre natural que vivió el país a finales del año 2010. 1. ANTECEDENTES: LA Política SOCIAL EN LOS AÑOS 90. Si tomamos en cuenta que la realización de la política social es una expresión de la relación Estado-sociedad, tal como lo señalan Molina y Morera (s/f), el análisis de las limitaciones que la misma presenta, deberían buscarse no en el propio y exclusivo proceso de su individualización como política/plan/programa o proyecto (policies), sino en un contexto institucional más amplio, a través del cual su aplicación cobra sentido. En el caso de Venezuela, la política social tradicionalmente se caracteriza por un “uni-

1 Este trabajo fue presentado como ponencia en el VI Congreso Internacional de Trabajo Social; VIII Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud; II Congreso Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional, realizado en la ciudad de La Habana-Cuba, del 23 al 27 Mayo de 2011. 2 Entre otros documentos, el contenido de este proyecto se expone en las líneas del Plan de la Nación 20072013, mejor conocido como Proyecto Nacional Simón Bolìvar (PNSB).

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versalismo segmentado” (Fleury, cit. por Gómez, 2007) ya que en su funcionamiento se presentan principios divergentes entre sí: por un lado, leyes, normas e instituciones que establecen u orientan la gratuidad e igualdad en el acceso universal, por otro, la gestión social cuya práctica tiende a concentrarse en la asistencia social de tipo clientelar y la ejecución patrimonial del gasto social. En parte, estas contradicciones tienen relación con el tipo de relación Estado-sociedad, predominante no sólo en Venezuela, sino también en otros países de América Latina, la cual reproduce la fragmentación y exclusión social, aunado a reformas sociales y políticas económicas fallidas. En referencia al sistema de protección social latinoamericano, tal cuestión se vincula a lo que Possas (1992:328), califica como los condicionantes político-administrativos que impiden el aumento de la eficiencia del aparato estatal en el desarrollo de las reformas sociales. Al respecto, Offe (1994) afirma que respecto a la política social existe una “subordinación positiva” de “los sistemas normativos y políticos-coercitivos” (a través de normas e ideologías) a la esfera económica. Reinterpretando dicho planteamiento, se plantea la hipótesis que en Venezuela, esta subordinación se orienta al sistema político, por el rol que éste tiene en la distribución de la renta petrolera y la utilización de esa renta en la búsqueda de legitimidad política y control social. Vale destacar que durante los años noventa, la retracción del Estado en el ámbito de la política social, formó parte de las estrategias económicas de reestructuración y ajuste, aplicadas en la mayor parte de los países de América Latina, como respuesta a la crisis de endeudamiento externo e insolvencia financiera que estos países sufrieron durante ese período. Tal retracción, en la situación particular de Venezuela, se puso de manifiesto en el ámbito social, destacándose la reducción y falta de eficiencia del gasto social; el predominio de la política social de carácter residual; la ausencia de un sistema de seguridad social en sentido integral; y en consecuencia la profundización de los déficits de servicios sociales de carácter pú54

blico y el acceso segmentado de la población de menores recursos en la provisión de bienes y de dichos servicios (Gómez y Alarcón, 2008). Específicamente, entre los años 1996 y 1998, se le dio continuidad al modelo de política social residual a través de la estrategia social del plan económico conocido como AgendaVenezuela (AV). En dicho modelo, se ofrecieron transferencias directas (monetarias y en especies) a los grupos más pobres, disminuyendo, la inversión social de carácter estructural de mediano y largo plazo, mientras se dedicaban altos ingresos al pago del servicio de la deuda externa.3 A su vez, el énfasis en programas sociales -que técnicamente representan la unidad mínima de asignación de recursos- desarticulados del resto de las políticas sectoriales, sin una adecuada integración con la política económica, reduce conceptual y operativamente la política social, durante el desarrollo de la antes mencionada agenda económica. La participación en el PIB de los programas sociales de la AV fue de apenas 1,4% y se redujo a 1,3% en el año 1997, esta cifra presentó un porcentaje menor del PIB. De igual modo, la inversión social dedicada a las políticas sectoriales se redujo. Por ejemplo, la inversión en salud como porcentaje de PIB, descendió de 2,63% en 1992 a 0,86% en 1997 (Gómez y Alarcón, 2008). En consecuencia, en ese momento se limitaron aún más las posibilidades de integración social ya que en vez de potenciar al sujeto como ciudadano con derechos, éste se hizo socialmente más vulnerable al recibir únicamente transferencias de bienes y servicios cualitativa y cuantitativamente menores, perpetuándose así su status o condición de pobreza. Es notorio que en este contexto de ajuste económico antes señalado, se produjeron grandes vacíos en el sistema de protección social nacional. En su lugar, el Estado se dedicó a administrar un sistema de dádivas que marcaron un retroceso de la política social, en sentido conceptual y operativo.4

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Esta reorientación y las restricciones acumuladas durante anteriores décadas, convierten el modelo de política social residual5 en un elemento favorecedor de la institucionalización y/o formalización de la mendicidad por parte del Estado.6 La participación en la distribución de las dádivas y beneficios sociales, le permitió a las fuerzas políticas en el poder – en su carácter de mediadores en la relación Estado-sociedad civil- capitalizar los beneficios de la intervención social del Estado. Se acentuaron las contradicciones antes mencionadas, centrando la política social en dádivas e intercambio de favores que convierten al usuario en mendigo frente a los actores políticos o burócratas que representan al Estado. Cuestión que a su vez mantuvo la función legitimadora de la política social como medio para compensar o en todo caso neutralizar los efectos socialmente indeseables de los planes económicos de ajuste. El panorama antes mencionado indudablemente complejiza el panorama de las políticas sociales para el nuevo milenio, específicamente en el período 1999-2010, a pesar

de los avances en sentido jurídico-normativo y la recuperación formal del ideario universalista, persisten los nudos críticos en su funcionamiento.7 Dada la importancia que tienen y su vinculación al quehacer profesional del trabajo social, a continuación se referirá el caso de las políticas de vivienda y hábitat en dicho período. 2. EL CASO DE LAS POLÌTICAS DE PROTECCIÒN SOCIAL EN VIVIENDA Y HÀBITAT: REFORMAS Y POLÌTICAS. La vivienda es uno de los activos más importantes en la superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En tal sentido, las políticas en materia de vivienda y hábitat se consideran un componente fundamental en las intervenciones públicas destinadas a la protección social. De igual modo, en una perspectiva de derecho, la posesión de este bien y las condiciones óptimas del hábitat constituye un derecho social que en el caso estudiado, está planteado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

3 Al respecto, aunque el gasto social en las áreas educativas y de salud, mostró cierto crecimiento entre 1996 y 1999 (de 33% en 1996 pasó a 40,8% en 1999 lo dedicado a educación; y en salud lo hizo de 29,2% a 38%, en los mismos años), no ocurrió igual en el área de “vivienda y desarrollo social” la cual más bien bajó de 25,5% en 1996 a 9,8% en 1999 (ILDIS, 2000, cit. por Gómez, 2007) 4

Cabe aclarar que lo criticable en este caso de la política social, no es su preferencia por las medidas de compensación y selectividad hacia los más pobres –cuestiones socialmente necesarias- sino los riesgos que conlleva la aplicación irracional de dichas medidas, su escaso impacto y la disminución de la inversión social de tipo estructural, permanente y a largo plazo. 5 La más insistente crítica a la aplicación de la estrategia económica neoconservadora en A. L. ha sido la ruptura que ella provocó del consenso social acerca del funcionamiento del sistema de bienestar social estatal. En contraste, con lo sucedido en buena parte de los llamados países desarrollados, en los que sí se mantuvo ese consenso y por ende, un piso mínimo que permite conservar los estándares de vida y cierta igualdad socioeconómica de la población (Minujin y Consentino, 1996). 6 Hemos acuñado este concepto en trabajos anteriores basados en la revisión realizada. En los años noventa, se reforzó e institucionalizó la “mendicidad desde el Estado”, al aumentar la pobreza y desigualdad entre los grupos más pobres. Tal situación se produce al fallar los mecanismos de solidaridad familiar o grupal, en la satisfacción de las necesidades básicas de estos grupos, activándose entonces mecanismos institucionales y/o personales que convierten al sujeto pobre en mendigo, debilitándose aún más su condición de ciudadano (Ver Gómez, 2007). 7 Al respecto, aunque el gasto social en las áreas educativas y de salud, mostró cierto crecimiento entre 1996 y 1999 (de 33% en 1996 pasó a 40,8% en 1999 lo dedicado a educación; y en salud lo hizo de 29,2% a 38%, en los mismos años), no ocurrió igual en el área de “vivienda y desarrollo social” la cual más bien bajó de 25,5% en 1996 a 9,8% en 1999 (ILDIS, 2000, cit. por Gómez, 2007)

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(CNRBV) aprobada en el año 1999. Hemos seleccionado este tema, por su complejidad y amplitud, no obstante, las respuestas públicas tradicionalmente se han ido limitando a la consideración de la demanda puntual de vivienda. El deber ser indica la necesidad de dar una atención integral lo cual implica construir un entorno social habitable, ubicando a la familia en un alojamiento con servicios públicos eficientes y accesibles, con acceso al mercado laboral y a la seguridad social. Tal cuestión ubica a estas políticas en la dimensión del desarrollo social sostenible y sustentable. Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que además de haberse centrado en la aten-

ción puntual de la demanda, las intervenciones públicas en vivienda y hábitat, tradicionalmente no han considerado el impacto psicológico que ocasiona en la esfera individual y familiar, la carencia del espacio privado o íntimo que toda persona necesita para su desarrollo individual y grupal, a la par de todas las consecuencias que trae la vulnerabilidad social de las familias más pobres ante situaciones de violencia social, falta de ciudadanía y desastres naturales. En Venezuela en los últimos años, se ha proyectado con mucha insistencia la dimensión cuantitativa de la problemática habitacional, específicamente lo relativo a la escasez de vivienda y las dificultades que vive la población para acceder al mercado privado inmobiliario.

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Según las cifras que revelan tanto el Consejo Nacional de la Vivienda, el Fondo de Desarrollo Urbano, como la Cámara de la Construcción entre los años 1999 y 2004 se programaron 159.000 unidades, pero solo fueron entregadas 91.000 viviendas (en 5 años). Esto equivale al cumplimiento del 58% de lo planificado y el déficit habitacional para ese momento, se ubicó en 1.800.000 viviendas. De igual modo se afirma que alrededor de 14 millones de personas viven actualmente en viviendas precarias mejor conocidas como ranchos y un 74 % de la población necesita una vivienda adecuada Revista Regional de Trabajo Social -

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(Olivares, 2011). En lo que respecta a las intervenciones públicas, desde el año 2004 hasta el presente se han formulado estrategias y decretado una variedad de leyes y reformas en materia de atención a la problemática de vivienda y hábitat (Ver tablas 1 y 2)). Tales acciones son indicativas de cambios en el marco normativo-jurídico que orientan la política social hacia un abordaje integral de dicha problemática, favorecedor en el acceso a la vivienda y hábitat por parte de los sectores de menores recursos Sin embargo, esto no es suficiente, ya que en la práctica no se ha

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podido avanzar con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de lo que estable la CNRBV, es decir, la construcción de “un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”. Una expresión de esta problemática social es que el déficit de vivienda se ha incrementado, estimándose en 2 millones de unidades habitacionales para este momento, con el impacto que esto significa en la calidad de vida de la población. Como han insistido algunos especialistas del tema, la construcción de un hábitat humanizado va más allá de la dotación de la vivienda (Cilento, 2006; Genatios, 2004), al respecto tanto el sector público como el privado han cometido errores en el abordaje, del lado público las respuestas han sido fragmentarias y claramente insuficientes e ineficientes,8 mientras que del lado privado, se actuó en algunos casos con extrema codicia y falta de ética.9 Entre las novedades del marco jurídico antes mencionado, cabe citar en el año 2007 la aprobación de una normativa que establece las condiciones mínimas que deben tener los bienes inmuebles o viviendas ofertados tanto por el sector público como privado. Así como también en el año 2009, la resolución que elimina el cobro del Impuesto por concepto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambas medidas representan un avance que busca facilitar el acceso equitativo a este bien tan importante. Sin

embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la situación habitacional en el ámbito nacional. Existen diversos críticas al respecto, entre ellas las siguientes: a) El intento de mudar a las personas del entorno citadino donde tienen su trabajo y proyecto de vida en general hacia otro espacio que no garantiza una adecuada inserción laboral y mejoras en la calidad de vida (esto fue visible en la ejecución del programa de atención a damnificados); b) la falta de equidad, transparencia y eficiencia en el acceso a las viviendas ofrecidas por el sector público y ausencia de regulación y control del mercado inmobiliario privado, que en su conjunto afectan los sectores de menores recursos económicos en la obtención de este preciado bien; c) el abordaje limitado y fragmentado que se ha hecho de la problemática habitacional, en comparación con el carácter integral que plantea el marco jurídico-normativo;10 d) La poca efectividad y escaso impacto que han tenido las políticas de rehabilitación urbana y de apoyo a la autoconstrucción en los sectores populares; e) la falta de continuidad, evaluación y seguimiento de las políticas habitacionales y la menor importancia otorgada en la asignación del gasto social en comparación con otras intervenciones públicas (salvo en coyunturas de atención a desastres naturales).11 En términos generales, la complejidad del problema exige soluciones estructurales, que

Al respecto ver: Gómez y Alarcón (2003) “Los nudos críticos de la política social venezolana de 1989 a 2001”; Márquez y Lima (2000). Venezuela: estado y política social (Nudos críticos y propuestas para desatarlos). 9 Al respecto se citan, los problemas institucionales (falta de continuidad en el gabinete ministerial: 8 ministros de vivienda y 9 ministros de infraestructura en lo que va del periodo gubernamental; la atomización y superposición de organismos públicos en el área: se crearon alrededor de 18 instituciones vinculadas con la atención en vivienda, muchas de ellas ya se han eliminado en los últimos años). 10 Esto afectó principalmente a los sectores medios que fueron víctimas de estafa inmobiliaria. Aunque en los últimos años del período estudiado, se han tomado acciones para atacar la falta de eficiencia y trasparencia y el abordaje fragmentado de la gestión pública. Esto se expresa en la eliminación de una parte de la maraña institucional (instituciones tales como: CONAVI, FONDUR, entre otras) y la centralización de las políticas de Vivienda y Hábitat en el nuevo Ministerio para la Vivienda y Hábitat, como ente rector en esta materia. 11 Estudios indican que a pesar de que Venezuela se encuentra entre uno de los países con mas alto porcentaje de gasto social de América Latina, en el período 1999-2006 los aportes asignados al rubro de vivienda y servicios conexos fueron uno de los bajos comparados con los del año 1984 (Aponte, 2006) 58

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impliquen atender eficazmente la situación de vulnerabilidad urbana y rural que vive la población. Esto pasa por realizar esfuerzos de cooperación técnico-financiera, institucional, en las que participen tanto el sector público como el privado y la comunidad organizada. Esta unidad supone trascender la polarización político-ideológica, en la que aparentemente se enfrentan discursos y perspectivas distintas en cuanto a lo que se hizo y/o ha dejado de hacerse. Por un lado, se plantean críticas a los planes gubernamentales, calificándose de populistas y poco viables, algunas de estas críticas se acompañan con propuestas que tienen un alto nivel técnico y de experiencia institucional (por ejemplo, las provenientes de expertos universitarios, como es el caso del Instituto de Ur-

banismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela) pero tales propuestas no están integrados o vinculados a la gestión gubernamental, por estar sus autores ubicados en perspectivas político-ideológicas distintas al gobierno. Por otro lado, se tienen los planes de construcción masiva de vivienda que ha ofertado el poder ejecutivo nacional. De igual modo, los grupos sociales afectados son numerosos, algunos han logrado articular esfuerzos para verse representados y tomados en cuenta en cuanto a sus particulares demandas, otros no aparecen aún y por tanto, se mantienen en mayor riesgo de permanecer en la exclusión. En la gráfica 1 se presentan varios actores, con intereses y expectativas diversas. Los

que representan al grupo de expertos universitarios, han tenido cierta resonancia en los medios, tienen una postura crítica hacia las políticas actuales de vivienda, algunos

con experiencia en la gestión pública, no obstante, están en la periferia con respecto a la toma de decisiones en la materia estudiada. Este grupo coincide en su reclamo

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acerca de la falta de continuidad en las políticas habitacionales (especialmente, la rehabilitación física de barrios iniciada en 1999), está en desacuerdo con la construcción aislada de viviendas, sin tomar en cuenta el hábitat en su conjunto. Proponen la búsqueda de otras opciones que implique mayor corresponsabilidad y alivien la carga del Estado (Ver Genatios y Lafuente, 2004; Cilento, 2006). Por su parte, los usuarios y la comunidad organizada, es un actor bastante fragmentado y heterogéneo, su aparición en la agenda pública fue forzada por la crisis causada por el desastre natural de finales del año 2010, en el cual se visibilizaron no sólo los sectores más pobres, sino también otros grupos de clase media que llevan años esperando por este bien y fueron víctimas de estafa por parte de grupos privados del negocio inmobiliario. Otro actor son los empresarios de la construcción y las inmobiliarias, están organizados y son vulnerables a las presiones, tanto del gobierno como de los usuarios, la falta de control ciudadano y del Estado, llevó a que algunos grupos económicos hicieran negocios ilícitos y dejaran de cumplir los compromisos contraídos con compradores de vivienda. De igual modo, las expropiaciones de tierras y las regulaciones del mercado han creado incertidumbre en el papel que este sector va a desempeñar en la solución de la problemática de vivienda y hábitat. Finalmente, el gobierno representado en la figura del Presidente de la República y su tren ministerial, ante las múltiples demandas y conflictos que enfrenta ha enfatizado en la construcción masiva de viviendas y la expropiación de la tierra urbana como opciones a la crisis planteada. Para algunos analistas políticos, este conflicto y el nivel de éxito que el gobierno logre alcanzar en el corto y mediano plazo, pueden incidir en el futuro respaldo electoral de los sectores populares al proyecto político de la “Revolución bolivariana. 60

3. - DESAFÌOS DEL TRABAJO SOCIAL EN LAS POLÌTICAS NACIONALES DE VIVIENDA Y HABITAT. En Venezuela la relación entre el trabajo social e intervención profesional en política social ha mostrado mayores avances en la formación académica que en la práctica de la disciplina como tal. Las distintas escuelas formadoras han realizado un esfuerzo por integrar las diversas propuestas de colegas latinoamericanos, bajo ideas tales como “integración y pluralidad metodológica” y “comprensión social compleja”. No obstante, en el campo de la praxis profesional, el activismo, la orientación tecnocrática tradicional y los problemas de funcionamiento de las instituciones públicas impactan negativamente el quehacer profesional. Puede afirmarse que en la experiencia venezolana el ejercicio profesional expresa una orientación “adaptativa-dominante” (Evangelista, cit. por Ribeiro, et. al, 2007), caracterizada por un mayor compromiso profesional con la práctica o ejecutoria de las políticas sociales pero carente de reflexión crítica y de investigación participante, necesarias para comprender la realidad social y trascender el objeto del trabajo social más allá de la atención puntual de las demandas sociales. En referencia al tema que ocupa este trabajo, se tiene que en el ámbito de las políticas en vivienda y hábitat, el espacio profesional del trabajador social –al igual que en el resto de las políticas sociales- no trasciende el rol de ejecutor de actividades que dan sentido a los diversos programas y/o proyectos principalmente en el nivel microsocial, sin tomar parte activa en la formulación, evaluación y seguimiento de esta política (tabla 3). Como se puede notar en la tabla 3, el quehacer del trabajador social se ha relacionado con la promoción y activación de dispositivos de participación social o comunitaria cuyos objetivos se ubican en la esfera de reproducción social. Indudablemente, la organización popular se ha incrementado, avivado por la urgencia de respuestas a las necesidades sociales y baja calidad de vida que

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sufren los sectores populares. En este caso, el papel del trabajo social ha sido un elemento importante en la potenciación de dicha organización y participación comunitaria en materia de vivienda y hábitat. Sin embargo, se mantiene la debilidad en la elaboración teórica del objeto del trabajo social ya que el rol profesional no se corresponde con la complejidad de la problemática habitacional y con las expectativas y posibilidades que crea el nuevo marco jurídico, normativo e institucional venezolano a partir del período en estudio. Particularmente, el pragmatismo ha impedido el análisis de las políticas de vivienda y hábitat desde su proceso de creación, gestión y resultados. Es paradójico, la alta presencia del trabajo social en la gestión de dichas políticas con su falta de investigación acerca de las mismas. Por tal motivo, no se ha dado en esta disciplina un debate acerca de las distintas dimensiones de este problema, entre ellas, la pertinencia y adecuación de las distintas reformas y políticas, el tipo de involucramiento de los usuarios o destinatarios, la contribución de los actuales dispositivos de participación comunitaria al desarrollo de la ciudadanía social y del sujeto político. Revista Regional de Trabajo Social -

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Al respecto, es oportuno considerar que existen escenarios que limitan o afectan el rol profesional del trabajo social. Entre ellos se pueden mencionar: las fallas en el funcionamiento de la institucionalidad social vinculada al campo de la vivienda y hábitat. Valga decir, la superposición de organismos y funciones, la poca efectividad en la asignación y ejecución del gasto social y el abandono de las acciones de mediano y largo alcance que van allá del otorgamiento de la vivienda, así como también, el descuido en la ejecución de los programas de rehabilitación a gran escala de los barrios o zonas populares. Por otra parte, en la atención de los problemas antes mencionados, en los últimos años se han tomado algunas medidas, entre ellas tenemos: la eliminación de una variedad de dependencias y organismos que suponían una carga burocrática para el sistema público nacional (CONAVI, FONDUR, entre otros). De igual modo, se ha promovido una mayor participación de la comunidad organizada (a través de los Consejos Comunales o Comités de Usuarios) en el diagnóstico y programación de estrategias para re-

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solver el problema. En este contexto, la organización popular ha dado pie al ejercicio de la contraloría social en el seguimiento de aquellos casos en los que es evidente, la situación de fraude inmobiliario por parte de grupos privados que por diferentes razones han vulnerado también los derechos sociales de la población. Esto ha generado respuestas positivas en términos de la restauración de los derechos sociales de las familias afectadas. Sin embargo, las familias que habitan los refugios aún permanecen en condiciones de indigencia. Con respecto al rol profesional, el trabajador social se ha destacado principalmente como auxiliar en el equipo de urbanistas, arquitectos, ingenieros que laboran en los organismos vinculados a las políticas de vivienda y hábitat. Como ya se ha mencionado, el trabajador social ha tenido un papel destacado en los últimos años en la promoción y creación de dispositivos de participación y organización popular, los cuales se han convertido en una vía o requisito primordial para el acceso a la vivienda en nuestro país. Este proceso de organización tiene indudablemente una trascendencia en la ejecutoria de la política social, sin embargo, no ha sido valorado en su justa dimensión en los espacios institucionales que promueven dicha participación12 y desde el trabajo social tiende a mantenerse en un nivel empírico, como lo afirmamos anteriormente, carente de investigación y de reflexión crítica. No hay que olvidar, que el escenario profesional se ve afectado por el pragmatismo, el inmediatismo y el burocratismo que caracterizan el funcionamiento de la institucionalidad pública en nuestro país. Tales elementos condicionan la práctica profesional. Por ejemplo, en el caso de la participación popular o ciudadana que se promueve desde las instituciones u organismos públicos de vivienda y hábitat, existe la tendencia a concebir dicha participación como una “etapa” en la que la población debe tomar ciertas iniciativas prácticas –que se

quedan en parte administrativa del procesopara lograr el acceso a este bien público. De ese modo, el trabajo social colabora en la tendencia a la despolitización de la participación ciudadana y en el debilitamiento en la construcción de sujeto político que haga valer el derecho a la vivienda y el hábitat en los términos planteados en el artículo 82 de la CNRBV. Al no develar las contradicciones allí presentes, esta disciplina limita las posibilidades de transformación social y construcción de ciudadanía, como objetivos que trascienden la mera ejecución de lo establecido en la planificación pública. Relacionando la discusión del abordaje profesional del trabajo social en materia de vivienda y hábitat a los posibles aportes a la elaboración teórica del objeto en esta disciplina, resalta que el eje central de este tipo de intervención es una expresión de lo que Zamanillo califica el binomio “necesidades sociales-recursos”. Esta perspectiva del objeto del trabajo social ha sido criticada y en el caso estudiado, reduce el ámbito de acción social profesional a la atención de la “carencia” de la vivienda, reforzando así el enfoque residual de la política social y el abordaje asistencialista del trabajo social. Dicho abordaje, tiende a minimizar o a invisibilizar el impacto psicosocial que dicha problemática trae y la vivencia de los usuarios con respecto a la misma. En consecuencia, si la preocupación central se queda en la demanda y otorgamiento de este bien, sin una perspectiva y abordaje integral en materia de vivienda y hábitat, ocurre un debilitamiento tanto de la política social como del trabajo social. CONCLUSIONES Más allá de la coyuntura de crisis que se ha presentado en Venezuela ante los efectos del desastre natural ocurrido a finales del año 2010, en materia de vivienda y hábitat se requiere un abordaje que garantice la atención integral de la población, con inter-

En el año 2006 se conformaron alrededor de seis (6) mil Comités de Tierras Urbanas en el territorio nacional, en su mayoría con apoyo técnico del trabajador social (Uzcategui, 2008) 62

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venciones públicas que hagan valer los derechos ciudadanos. El marco jurídico-normativo creado en este período, representa una oportunidad para el espacio profesional del trabajo social, en la medida que pueda traducirse en acciones de mediano y largo plazo, que sean sostenibles, racionales y estén fundamentadas en la participación de los distintos actores relacionados con el problema planteado. Para contrarrestar el enfoque residual de la política social, la intervención del trabajo social debe ubicarse en una perspectiva que haga énfasis en la comprensión compleja de la problemática habitacional, en la educación popular, la concientización, la movilización y participación de la población, de manera tal que se amplíe el involucramien-

to y la acción coordinada de los actores sociales (instituciones del Estado, especialistas, trabajadores sociales, representantes de la organización popular y el sector privado) en el diseño, financiación, ejecución eficiente, evaluación y control de las políticas de vivienda y hábitat. Dicha intervención debe trascender el asistencialismo y la simple gestoría o administración de proyectos que tienen muy poco impacto en la solución del problema. Como toda política pública, su creación y gestión debe apuntar no sólo a la solución tangible de los problemas prácticos de la gente, sino también a la construcción de una cultura política de reconocimiento y defensa de los derechos humanos.

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Este libro de la autora Cristina De Robertis, editado por Editorial LumenHumanitas es un homenaje a Herman Kruse, investigador y profesor del servicio social uruguayo y latinoamericano. Intenta reconstruir las grandes líneas de su trayectoria, recordar al hombre y rescatar su pensamiento para las generaciones actuales y futuras del trabajo social en Amérlica Latina. La Revista Regional de Trabajo Social adhiere a este noble emprendimiento de quien fuera co-fundador de esta publicación en el año 1986, integrando el consejo de redacción hasta el día de su desaparición física.

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espacio A D A S U 1 .COMISIÓN DIRECTIVA Estimados/as colegas: Queremos transmitir en el Espacio Adasu de la Revista de Trabajo Social Nº 52, que la Comisión Directiva elegida para el período 2009 - 2011, ha llegado a su finalización. Ha sido un período intenso que como hemos expresado en otras oportunidades, nos deja un sabor positivo de haber podido trabajar un conjunto temas que quedan encauzados como es la gestión institucional, los vínculos nacionales e internacionales, las relaciones con las dos universidades que forman Licenciados en Trabajo Social, UCU y UDELAR, y un proyecto de Reglamentación Profesional que ha tenido análisis y revisiones por parte del gremio y la Academia, estando en condiciones de retomar el contacto con el Poder Legislativo. Estos y otros temas nos ha convocado al grupo de la Comisión Directiva a trabajar por todas/os las/os colegas. Deseamos a los nuevos directivos éxitos en su tarea diciéndoles que cuentan con nosotros en esta nueva etapa.

2. ASAMBLEA ORDINARIA El día 12 de julio de 2011 se realizó la Asamblea Ordinaria perteneciente al período 2010 -2011. Transcribimos la Memoria y Balance presentada en la misma:

MEMORIA La memoria que nos ocupa corresponde al período 1 de abril de 2010 al 30 de marzo de 2011. Las actuaciones e intervenciones más destacadas se reseñaran a continuación. Cabe señalar que un sin fin de trabajos a nivel secretaría, de representación, si bien no han sido reseñadas en su totalidad, se llevaron a cabo, insumiendo tiempos, que obliga a una constante intercambio entre los/as directivos/as para acordar quien realiza la tarea. Es por todas/os conocida/o la realidad del multi empleo, esto está afectando la dedicación a la militancia, de todos modos, se pudo conformar un equipo que ha funcionado bastante bien hasta el momento que es el final de nuestro período. COMISIÓN DIRECTIVA Se realizaron 37 sesiones de Comisión Directiva. Asistencias: Cristina Luzzo 36, Ema Briano 32, María José da Rosa 23, Hilda Francia 19, Claudia Kuzma 19,Teresa Dornell 20, Olga Torres 22, Martín Batalla 19, María Apólito 1, Alejandro Gil 1.

AREA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA · El presupuesto se presenta para su mayor claridad en tres (3) cuadros: uno de ingresos otro de egresos y el tercero Nº de socios. · Se propone un nuevo Plan de Ctas., que permitirá ajustar registros respecto a gastos de las Filiales, así como un registro de las Comisiones que permitiría analizarlas. · Para el arreglo de la azotea de la casa se solicitaron dos precios, uno de los cuales luego de dos meses de dilatoria no se presentó, se aceptó la del Sr. Justino. Siempre se contó con el asesoramiento de la Arq. Teresa Buroni. · En el período se compraron: una impresora laser Brother HL-2140 a un costo de U$S 158,99 (dólares). También una pantalla para proyección. · Se resolvió pagar la revista “Trabajo Social” en forma financiada en tres pagos. · En el mes de agosto ingresa una nueva funcionaria para ocupar el cargo de auxiliar de secretaría. Se firma contrato por 89 días. · Se paga la cuota anual de la FITS, correspondiente al año 2009, U$S 220 (dólares).

ASAMBLEAS Nº de Asambleas Ordinarias 1, realizada el 14/05/ 2010. Nº de Asambleas Extraordinarias 2, realizadas el 26/10/2010 y el 17/07/2011.

· Se financia la participación de ADASU en la reunión del MERCOSUR en Paraguay por un valor de U$S1.500 mas $2.000. · A los 89 días se evalúa el desempeño de la fun-

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espacio ADASU cionaria Mayra García en su período de prueba, acordando la directiva que no quedará en el cargo. Se entrevista comunicándole la resolución lo cual fue aceptado por la Sra. García, quién plantea que no se sentía preparada para el cargo. Agradece la disposición y atención recibida. · Se incorpora para el cargo de auxiliar de secretaría a la srta. Valentina Russo. · Ante el pedido de licencia de la secretaria Lic. Hilda Francia, asume el Lic. Martín Batalla. · Se resuelve que a partir del 1º de enero las socias jubiladas paguen una cuota de $ 100. · Se realizaron trámites para la exoneración del pago de la contribución inmobiliaria ante la IMM. · Se firma un convenio ADASU-MIDES por Plan Juntos. Se realiza un llamado se presentaron 37 postulantes. El tribunal estaba constituido por Lics. Cristina Luzzo, Teresita Dornell, María José de Rosa y Martin Batalla. · Se recibe a la Ctra. Estela Garrido, por aclaraciones a informe presentad0o por la Comisión Fiscal. Esta comisión no se hace presente plantea la imposibilidad de asistir. · Las integrantes de la Comisión sobre Arancel Profesional: (Clara Piriz, Alicia Charquero y Carmen Amaral), plantean que tienen el material elaborado por la Regional Norte y que a la brevedad presentarán una propuesta. · Las colegas de Comuna Canaria, que se reúnen en nuestra sede, preparan un proyecto a presentar al gremio y al Intendente, sobre los cometidos y metodología de intervención de los profesionales de T.S. Todo lo cual se vincula con la escala salarial a definir en el nuevo presupuesto. Dicho Equipo de colegas participan con éxito tanto en la entrevista con el Intendente y Directora. De Promoción y Desarrollo así como con el gremio ADEOM Canelones, el reconocimiento profesional y el salarial.

· Se consulta al Dr. Delgado sobre nota de la Asistente Social Camila Vidal por no estar en el listado enviado por la UCU para la elección de la Com. Ética, Se le remite el informe a la interesada y la c. Fiscal. · Las colegas de la Intendencia de Salto Lic. C. Fernández; L. Lombardo, S. Ferreira y L. Duarte, solicitan asesoramiento e intervención pues se les ha bajado de grado. Dichas Licenciadas han ingresado por concurso a dicho organismo. INGRESOS DE SOCIOS/AS · En el presente período han ingresado a la asociación: 66 Licenciados en Trabajo Social y 23 estudiantes. DONACIONES · Se reciben una donación de libros por parte de familiares de Soraya Piazze. · Se recibe donación de libros de la Asistente Social Emma Briano. · Se envían libros a la filial de Tacuarembó y al colectivo profesional del INAU. Se reciben notas de agradecimiento de ambos colectivos. · También se reciben donaciones de libros y revistas de la UDELAR de la Prof.Teresa Dornell. VÍNCULOS INSTITUCIONALES · Se recibe de AUDU el proyecto de colegiación, el cual se elevará al P. Legislativo una vez que sea aprobado por todos las asociaciones gremiales universitarias. · Se participa regularmente en las reuniones del CUBS a través de la delegada Lic. Claudia Kuzma.

En estas instancias logran contribuir a los problemas gremiales planteados por los/las colegas.

· Se aceptan y difunden llamados para cargos Lic. T. Social en ONGS., y Organismos Gubernamentales: MIDES, INTENDENCIAS.

· Se recibe denuncia de cese de colegas en las Intendencias de Cerro Largo y Treinta y Tres. SE recibe a la colega de Cerro Largo Lic. Yandira Álvarez quién plantea su situación al quedar desafectada de la Intendencia.

· Se participa en la reunión sobre Gestión Estratégica en el Dpto. Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR.

En todas las instancias se contó con el asesoramiento del Dr. F. Delgado. Se solicitaron entrevistas a los intendentes involucrados, logrando solo reunirse con el Intendente de Cerro Largo. También se publicaron declaraciones al respecto en dos diarios: La diaria y el observador. También se enviaron notas a AUDU, PIT-CNT, CUBS Y ANONGS. · Reunión conjunta de la C. Directiva, C. Ética y Filial ADASU San José por la situación de las colegas en la ONG Andamio. · A la colega M. Erramuspe del Hogar Paysandú se la orienta personal y jurídicamente, pues por reestructura pasa a depender de una dirección administrativa de dicha Intendencia.

· La librería Kronopios realiza una feria de libros en la asociación los días 13 y 14 de abril. · Se eleva nota a Inst. Asistencia Técnica por el tema salarial. · Se apoya la candidatura de la Lic. Ana María Solari para el cargo de 1ª. Vice- Presidenta de AUDU. · AUDU solicita delegadas para integrar la comisión que va a trabajar en el Programa Juntos de la Presidencia de la República. Se proponen a las Lic. Cristina Luzzo y As. Soc. Raquel Conde. · Se conforman dos comisiones con delegados de la UDELAR y ADASU. La primera sobre Reglamentación Profesional integrada por Prof. Cristian Mirza, Rodolfo Martínez y Claudia Kuzman y la segunda Censo Profesional, Prof. Adela Claramunt, Ana Zeballos y Patricia Hauser.

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espacio ADASU · Comisión de Ética, ADASU facilitó la difusión y realización del acto eleccionario para elegir nueva comisión. · Cogobierno universitario, socias/os de ADASU son elegidos para: Claustro de Facultad CCSS. Lis. Cristina Luzzo, Shirley Arrigoni y Alejandro Gil; Consejo de Facultad CC.SS. Lic. Rosario Vila, Martín Batalla, María Apólito; Asamblea General del Claustro: Claudia Kuzman.

· CLAEH presenta propuesta de Diploma sobre Violencia Doméstica, tiene una bonificación del 20% para las/os socias/os. · Curso de Ética en Brasil, asiste Lic. Silvia Silva, integrante de la Com. De Ética residente en Salto. · Se mantuvo contacto con la Fundación Iberoamericana FUNIBER sobre cursos a distancia.

· Se envían notas de saludo a las/os colegas, que han asumido cargos políticos: As. Soc. Cristina Fynn, Lic. Lucía Dotti, Lic. Mariela Mazzotti, Lic. Dardo Rodríguez y Lic. Matías Rodríguez.

· Revista Regional de Trabajo Social: se suma al Cte. de Referato la Lic. Teresa Porzecanski. Además la revista fue indexada en el Catálogo y Directorio del Instituto LATINDEX de la Universidad de México-UNAM.

· Nueva Com. De Ética: Lic. Clara Piriz, Fernanda Methol y Fernando Leguizamón, suplentes: Raquel Conde, Rosa Barreix y Silvia Silva.

· Consulta vía encuesta a las socias sobre las acciones y su impacto del C.D. y como se podría mejorar. Responsables M. J.de Rosa y M. Batalla.

· Entrevista con Directorio del INAU por convenios con instituciones privadas.

· Año sabático propuesta de la Asistente Social Emma Menoni, se deriva al Dr. Delgado para su coordinación.

· Se integran como delegadas de ADASU a la Com. Colegiatura de AUDU Licenciadas H. Francia y M.J. de Rosa. · Invitaciones recibidas para jornadas de DD.HH. De la Dirección Gral. De Cárceles, de la Escuela de Nutrición de la UDELAR. Sobre negociación colectiva para los funcionarios de la salud. · Se recibe de Afiliados Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios el texto del Proyecto de ley con modificación al impuesto a la asistencia de la seguridad social: IASS. FILIALES. · Se concurre a las filiales con la finalidad de recibir aportes para mejorar su integración y organización como representantes de ADASU, así como temas de su interés. · Colonia: en junio concurren a Colonia Valdense Cristina Luzzo e Hilda Francia. · Pando: en julio van Cristina Luzzo y Emma Briano. · San José: concurren Olga Torres y María José de Rosa. · Reforma de Reglamento Interno: se aprueba en Asamblea Extraordinaria; previamente se consulto a las filiales sobre la propuesta de reforma de los arts. 39, 40,41 y 42 del cap. III. · Colegas de Artigas y Salto solicitan información para formar filial, se les envía Reglamento, y los datos para la conformación de las mismas. Desde la administración se les envía planillas. · Se recibe acta de conformación como filial de las colegas de Paysandú.

COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN de la Asociación en los medios de comunicación. · Radio Uruguay. · Radio: 1410, TV ciudad y Radio Nacional. · Participación entrevista Radio Uruguay, con motivo del día del Asistente Social. · Teresa Dornell elabora nota para su publicación en los medios. · Declaración del encuentro MERCOSUR a la prensa y a las/os socias/os. RELACIONES INTERNACIONALES · Mercosur: la reunión del Comité se realizó en agosto del 2010 en Paraguay. La agenda fue organizada por ADASU. · El Consejo Federal de Servicio Social de Brasil, invita a su congreso. Se envía nota de agradecimiento. · Se recibe información sobre las nuevas autoridades de la FITS. · Se intercambia correspondencia con la vice presidenta de la FITS para A. Latina, Lic. Laura Acotto. · Se intercambia información con las Ptas. Analía Fresco del Paraguay y Rosa Stein de Brasil. · Se envía nota a Analía Fresco de Paraguay, pidiendo aval a nuestra nota a presentar al subgrupo SGT11 Mercosur.

CAPACITACIÓN · Desde la UDELAR las Licenciada Silvana Maubriga de (politóloga) y la Lic. Adela Claramunt, se reúnen con la Directiva para definir temas para la formación permanente. · Lic. Claudia Kuzma .........elaboran una pauta para que las colegas del interior fundamentalmente, señalen las necesidades sobre capacitación se obtienen buen resultados con un total de 50 respuestas. Se sistematizan y elevan a la Facultad. · Se difunde por red los cursos de actualización para graduados. Revista Regional de Trabajo Social -

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CONGRESOS · Internacionales: Hong Kong FITS, confirman que cubren los gastos de inscripción, el hotel, el pasaje aéreo y 1.300 para gastos de traslados. Contrapartida de ADASU la traducción de la ponencia ($5.000).y la visa de ingreso a Hong Kong. · Reunión del Comité Mercosur, inicialmente se realizaría en mayo en el Uruguay. Se posterga hasta nuevo aviso luego del congreso en Hong Kong.

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espacio ADASU CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL · En julio la C.D. resuelve la realización del congreso nacional para el mes de marzo. En agosto en la primera reunión de la Com. Interinstitucional: ADASU, UDELAR Y UCU, allí se define su realización en mayo de 2011. · En octubre se integra a la interinstitucional la Pta. Del CUBS Lic. Mirta Sosa. · Se define como ponente Centrales invitar a: Lic. Teresa Mattus, Alex Murguía y Lic. Lorena Molina. · Se proponen y definen jornadas preparatorias del Congreso. Se forma un equipo para org. Dichas jornadas: M. Macedo, Nibya Gerpe y Alicia Faraone. · 1ª. Ética y DD.HH. ———Com. De Ética Autonomía y DD.HH. Profesora Adela Claramunt. Compromiso Social, Prof. Christian Mirza. · 2ª.Agenda Global, T.S. y Objetivos Del milenio, Claudia Kuzma y Mariela Solari. MESAS DE TRABAJO. MESA DE VIVIENDA: Integrada por Fernando Salerno, Cristina Luzzo, Raquel Conde, Silvia Calvo, Elba Da Costa y Alicia Charquero.

Dicha mesa sesionó hasta agosto de 2010. Han trabajado junto con colegas del MVOTMA, PIAI, Agencia Nacional de Vivienda y BHU, estudiando el rol profesional en el área, con el objetivo de incorporarlo a la reglamentación de la profesión. Un tema que se trabajo con principal hincapié fue el arancel profesional, entre otros. COMISIONES Comisión de “Arancel Profesional”: se conforma dicha Comisión integrada por los colegas Alicia Charquero, Carmen Amaral y Clara Piriz, habiéndose reunido en tres oportunidades avanzando con las cuestiones pertinentes al tema. Comisión de Derechos Humanos: Se crea el 28 de febrero de 2011, integrándola los colegas Mirta Macedo, Ángela Cavane, Carmen Decia, Joselin Angelotti y Alicia Charquero. Se han reunido en 4 oportunidades, abordando temas tales como objetivos, finalidad y metodología de la Comisión.

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3. REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL Hacemos llegar a todas/os las/os colegas el último documento sobre Reglamentación Profesional:

a) Carencia casi total de normas jurídicas referentes al ejercicio de la profesión de Asistente Social, de Licenciado en Trabajo Social o Licenciado en Servicio Social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Introducción El presente proyecto de ley apunta a la regulación de la profesión de Trabajo Social en lo relativo a la habilitación para su ejercicio en el territorio nacional ya sea en relación de dependencia, o en el ejercicio liberal de la profesión. Se concreta así una importante inquietud de la Asociación de Asistentes Sociales del Revista Regional deTrabajo Social -

Uruguay (ADASU) originada fundamentalmente en la apreciación de las dificultades que se encuentran en nuestro medio para el ejercicio de esta profesión y que son atribuibles a los siguientes factores:

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b) Dificultades para precisar o definir un ámbito de actuación necesaria de los Asistentes Sociales, Licenciados en Trabajo Social o Licenciados en Servicio Social. c) Falta de precisión con el objeto principal de otras profesiones que tienen cercanía en su quehacer dentro de las Ciencias Sociales. d) Competencia por parte de personas sin formación universitaria, que sólo ostentan ciertos cursos, de manera alguna equiparables al nivel de los universitarios de Trabajo

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espacio ADASU Social lo cual se procura proteger mediante esta regulación. e) Falta de protección de los derechos de los usuarios. Se pretende garantizar que los mismos reciban atención con el respaldo profesional universitario debido. f) Imperiosa necesidad de una reglamentación legal de la profesión para una positiva y real competencia dentro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), ante la ya instaurada libre circulación de profesionales entre los países miembros que ya cuentan con una reglamentación de la profesión, como es el caso de Brasil, Argentina y Chile. 2. Evolución histórica normativa de la formación profesional en el país. Para una mejor ilustración de la temática que se encara, es conveniente trazar un somero panorama acerca de cómo se fue forjando la profesión de Asistente Social, Licenciado en Trabajo Social o Licenciado en Servicio Social en el Uruguay y de los centros de formación que estuvieron involucrados en dicho proceso. Si bien la primera Escuela de Servicio Social en el Uruguay surge en el área privada, luego se crea otra del área pública y ambas continúan simultáneamente. A – Área Privada Año 1937 - Se funda la primera Escuela de Servicio Social del Uruguay (ESSU), que obtiene su personería jurídica por resolución del Poder Ejecutivo con fecha del 25 de febrero de 1938. Año 1978 - Se incorpora el referido Centro Docente, al Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Año 1985 - Se crea la Universidad Católica: “Dámaso Antonio Larrañaga” (UCUDAL) y el Instituto antes mencionado, se incorpora a ésta. B – Área Pública Año 1954 - Se funda la primer Escuela de Servicio Social, en la órbita del Ministerio de Salud Pública, y posteriormente pasó a depender del Ministerio de Instrucción Pública y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Año 1957 - El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República crea la Escuela Universitaria de Servicio Social (E.U.S.S.) que otorga el título de Asistente Social Universitario. Año 1968 - A partir de esta fecha queda funcionando exclusivamente una sola Escuela Pública y Universitaria que concedió la revalida de títulos a los egresados de las anteriores Escuelas. 70

Año 1992 - Se crea la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, a la cual se incorpora la carrera de Trabajo Social como formación de grado, pasando a ser Licenciatura en Trabajo Social. 3. Evolución cualitativa de la formación profesional En 74 años de trayectoria de la carrera de Trabajo Social, se puede apreciar la capacidad de desarrollar procesos de cambio y un constante y dinámico intento de superación técnica. Este proceso de cambio se produce a partir de interpelar la realidad con capacidad crítica y de hacer énfasis en una mayor formación en Ciencias Sociales, apoyados en la investigación científica tanto a nivel académico como en las intervenciones profesionales. En el año 1995 se crea el Área de Postgrados en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En el año 2005, al cumplirse diez años de su creación, se produjo una fuerte demanda de los Trabajadores Sociales por acceder a una mayor capacitación en cursos de Postgraduación y especialización por áreas temáticas. Actualmente existen las siguientes opciones de Postgrados: Doctorado en Ciencias Sociales con mención en Trabajo Social, Maestría en Trabajo Social, Especialización en Intervención Familiar, Especialización en Políticas Sociales. 4. Razones técnicas para definir y proteger legalmente la profesión. En la actualidad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay, otorgan el título de Licenciado en Trabajo Social y Licenciado en Servicio Social, respectivamente. El título es el instrumento habilitante para el ejercicio de una profesión, pero lo que determina su especificidad para una determinada profesión y sólo para ésta, en la generalidad de los casos, está dado por las competencias que sólo pueden ser cumplidas por quienes poseen ese título habilitante. Lo decisivo para que una competencia se perfile profesionalmente como sustancialmente autónoma respecto de otras es la existencia de un objeto específico de acción y una forma de relación e intervención, cuyo ejercicio esté reconocido por decisión

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espacio ADASU estatal que no puede ser sino acto legislativo, en exclusividad para los titulados de esa profesión. Este es el punto más importante en lo referente a la regulación legislativa que se propicia.

5. Consideraciones profesionales que fundamentan la solución Es ampliamente acordado y conocido que los Asistentes Sociales, los Licenciados en Trabajo Social y los Licenciados en Servicio Social perciben, desde hace bastante tiempo atrás, como fundamental que el ejercicio de la profesión tenga una reglamentación legal. La razón principal para ello, radica según se adelantó en la parte introductoria - en lo difícil que ha sido para los profesionales del Servicio Social defender un espacio profesional adecuadamente valorado, pero además específico de la disciplina. Esta afirmación puede ilustrarse señalando, por ejemplo, que en algunos ámbitos no se ha reconocido el rol del profesional en Servicio Social, así como en las reiteradas experiencias vividas por los y las colegas a quienes, - en el desempeño de cargos de Asistentes Sociales o de Licenciados en Trabajo Social - se les han asignado funciones que poco o nada tienen que ver con su formación profesional, o se les han encomendado tareas o adjudicado roles que no les corresponden, reduciendo o minimizando el ámbito profesional. Por otro lado, en determinadas circunstancias la profesión aparece disminuida y menoscabada cuando tareas que deberían ser cumplidas por Asistentes Sociales, Licenciados en Trabajo Social o Licenciados en Servicio Social, son otorgadas, mediante el artilugio de darles una denominación distinta o por otro mecanismo de diferenciación artificial, a personas que no tienen la preparación necesaria ni específica. Estos problemas se facilitan por la propia vastedad de “lo social”, que es proclive a la intervención de personas sin la debida capacitación, en contextos de agudización de la pobreza, con nuevas expresiones y manifestaciones sociales. Por esta razón, es necesario que se definan los ámbitos de competencia y las áreas o campos laborales para el ejercicio profesional del Servicio Social. En tal sentido, la sanción de una ley que defina cual es el espacio profesional y que reglamente el ejercicio de la profesión, no solamente es una manera de defenderla, sino también de asegurar el derecho que asiste a todo individuo solo o agrupado, a recibir la atención de un profesional idóneo, preparado exclusivamente en el área de su actividad.

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6. Antecedentes de Derecho comparado De lo que antecede surge la necesidad imperiosa de definición del ámbito del Servicio Social. Esta importancia se acrecienta dado el desenvolvimiento relativamente reciente de la profesión, su conexión con otras que abordan distintos aspectos de “lo social” y obviamente, la falta de reserva legal, para los Asistentes Sociales, los Licenciados en Trabajo Social o los Licenciados en Servicio Social, de actividades concretas como se da, en cambio, con otras profesiones universitarias de más larga trayectoria. A este respecto cabe destacar que nuestro país se diferencia, en América Latina, precisamente por esa ausencia total de regulación estatal de la profesión de Servicio Social. El colectivo profesional sensible y preocupado ante la falta de regulación, ha intentado mitigar en parte esta ausencia con la aprobación del Código de Ética en el año 2000. Vale decir que las dificultades prácticas que expresamos para el ejercicio de la profesión, han sido en cambio, ampliamente abordadas en diversas normas aprobadas en América Latina, las cuales ha sido consultadas para la elaboración de este Proyecto de Ley. En tal sentido tenemos: - Ley Nacional Argentina Nº 23.377. - La primera regulación dada en Brasil por la ley de 1957 y su reglamentación por decreto Nº 994 de 1962. - La más reciente ley brasileña No.8662 del año 1993. A ellas se agregan, entre otras normas de importancia, como ser: La Ley Nº 7342 del año 1985 de la Provincia de Córdoba Argentina. La Ley Chilena Nº 17.695 (Colegio de Asistentes Sociales). En Ecuador por la Ley de Ejercicio y Defensa de los Trabajadores sociales, aprobada por la Asamblea Constituyente el 10 de abril de 1967. La Ley de ejercicio profesional del año 1979 y la ley 53 de 1967 que reglamenta el ejercicio de la profesión de Trabajo Social en Colombia. 7. Antecedentes de importancia en nuestro derecho Sin perjuicio de la carencia normativa antes expresada, en lo que refiere a los antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico, cabe destacar lo dispuesto por el Art. 107 de la ley 16.134 de 1990, por el cual

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la profesión de “Asistente Social Universitario”, junto con la de “Psicólogo” (con títulos expedidos por la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” o reconocidos o revalidados por autoridad competente), quedan comprendidos en el Art. 29 de la ley 15.809 del 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el Art. 3 de la ley 15.851, del 24 de diciembre de 1986. Mediante esta norma las profesiones antes referidas quedan comprendidas dentro del escalafón “A” Profesional Universitario en el ámbito de los funcionarios públicos. También debe tomarse en cuenta la inclusión de nuestra profesión entre las que ingresan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Esta inclusión fue prevista originariamente en el artículo 45 de la Ley 17.738 y aprobada por el Directorio de dicha Caja el 14 de abril de 2004. En cuanto a las regulaciones de profesiones más recientes, se tuvo presente la Ley 17154 de agosto de 1999 que reglamenta el ejercicio profesional de la carrera de Psicólogo, que fuera reglamentada mediante Decreto 361/2002 del 17/09/2002.

PROYECTO DE LEY DE REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º Reconócese el ejercicio profesional del Licenciado en Trabajo Social o Asistente Social en la República Oriental del Uruguay, el que queda sometido al régimen de la presente Ley. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Artículo 2º Para el ejercicio de la profesión en el territorio nacional se requiere: a)Título de Asistente Social Universitario/a; Licenciado/a en Trabajo Social, Licenciado en Servicio Social expedido por la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay, y por otras Universidades nacionales que otorguen estos títulos y hayan sido reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 308/995. b)Titulos análogos a los mencionados en el literal anterior, obtenidos en universidades extranjeras y que hayan sido revalidados por la Universidad de la República conforme a las normas vigentes. 72

8. Contenido del Proyecto de Ley En el proyecto de ley en primer lugar se reconoce el ejercicio profesional del Trabajo Social (art. 1º.) En el artículo 2º. se determinan quienes están habilitados para el ejercicio de la profesión Posteriormente se definen los ámbitos de competencia para el ejercicio profesional y las áreas o campos laborales de los Asistentes Sociales, Licenciados en Trabajo Social y Licenciados en Servicio Social (artículo 3º). En el artículo 4º. se define el ámbito del ejercicio profesional tanto a nivel de libre ejercicio como en relación de dependencia. Finalmente, en el artículo 5ºse establece la obligación para toda institución pública o privada de cubrir los servicios profesionales con las personas habilitadas según el artículo 2º.antes descripto. Este último punto es de especial sensibilidad entre los colegas, por las razones expuestas en el numeral 5.

Artículo 3º Considerase ámbitos de competencia para el ejercicio profesional la investigación y abordaje de las problemáticas sociales mediante la coordinación, el diagnóstico, diseño, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos y programas; asesoría e intervención asistencial - socioeducativa, dirigidas a individuos, familias, grupos, organizaciones públicas o privadas, movimientos sociales y comunidades en el marco de las políticas sociales en el Uruguay; así como actividades de docencia, investigación y extensión académicas. Por tanto, el Trabajo Social se desenvuelve en diferentes áreas o campos laborales públicos o privados, tales como el jurídico, la salud, la vivienda, la infancia y adolescencia, la educación, el desarrollo social, entre otras. Es decir, en el marco de la defensa, promoción y garantía de los valores y principios de los Derechos Humanos. Artículo 4º El ámbito del ejercicio profesional lo constituye el libre ejercicio de la profesión así como las personas jurídicas, públicas y privadas en las que los profesionales cumplen su tarea. Artículo 5º A partir de la entrada en vigencia de la presente ley toda institución pública o privada que requiera los servicios profesionales descritos en el Artículo 3, está obligada a cubrir los cargos correspondientes con las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en el Artículo 2.

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4. EVALUACIÓN. XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL Las compañeras de la Comisión Directiva y de la Interinstitucional, Olga Torres, Teresa Dornell y Claudia Kuzma; realizaron la Evaluación del XI Congreso Nacional de Trabajo Social en base a 240 evaluaciones realizadas por los participantes. Temas: AUTONOMÍA, ÉTICA Y COMPROMISO SOCIAL HACIA “UN PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL” INTRODUCCIÓN El XI Congreso Nacional de Trabajo Social y la Primera Conferencia Latinoamericana de Bienestar Social y Trabajo Social tuvo lugar los días 12, 13, y 14 de mayo de 2011 en los salones de la Intendencia de Montevideo donde se congregaron estudiantes, docentes y profesionales nacionales y de la región, contando además con la presencia de distinguidos conferencistas internacionales (Chile, Argentina, México, Brasil). La organización estuvo a cargo de una Comisión Interinstitucional integrada por: miembros de la Comisión Directiva de Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), docentes de la Universidad de la República (UdelaR), de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Presidenta nacional y regional del Consejo Uruguayo de Bienestar Social (CUBS) y el apoyo del Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS). Revista Regional deTrabajo Social -

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Los ejes temáticos del Congreso propuestos para el debate colectivo fueron: Autonomía, Ética y Compromiso Social, bajo la consigna Hacia un Piso de Protección Social. La inclusión de la discusión sobre “Piso de Protección Social” responde a una de las principales líneas estratégicas establecidas y acordadas dentro de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), de la cual forma parte nuestra Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, a partir de la 34ª Conferencia Conjunta Mundial sobre Trabajo Social y Desarrollo Social realizada en Hong Kong –China en junio de 2010, organizada por primera vez con el Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS) y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS). En dicho evento, Uruguay conjuntamente con otros países de la región latinoamericana (Chile, Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia) participó también de la discusión sobre la Agenda Global que será elaborada durante el año 2011, y presentada finalmente a Naciones Unidas el próximo año 2012.

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espacio ADASU La FITS incorporó pues entre sus estrategias de trabajo primordiales, la iniciativa de “Piso de Protección Social” impulsada por Naciones Unidas a partir del año 2009, cuya meta consiste en universalizar bienes y servicios básicos de protección social que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos.

I.- ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONGRESO Una vez finalizado el Congreso, la Comisión Directiva de ADASU se abocó a procesar la información obtenida de la evaluación realizada sobre el mismo, a partir de los diversos aportes de los asistentes. A fines de una comprensión más acabada del proceso de evaluación efectuado por los participantes, el análisis se distribuirá en dos dimensiones básicas: (i) Dinámica del Congreso y (ii) Estructura del Congreso. Para viabilizar el proceso de evaluación en el desarrollo del Congreso se confeccionó un formulario que contenía 13 ítems: 9 de los cuales correspondían a preguntas cerradas y 4 a preguntas abiertas. De una asistencia de casi 400 personas se recibieron 240 formularios de evaluación. Las preguntas cerradas aludían a los ítems: tema convocante en el Congreso, difusión, organización, ponencias centrales, ponencias de mesa, coordinación de mesas, lugar físico, servicios y aporte que le generó el Congreso. Cada una de esas preguntas cerradas se debían contestar en base a una escala (Lickert) cuya valoración contenía cinco conceptos: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. A excepción de la pregunta referida a “cuanto le aportó el evento”, cuya valoración estaba contenía tres conceptos: Mucho, Poco, Nada. Las preguntas abiertas buscaron indagar: la pertinencia de los días en referencia a su adecuación, temas de interés, duración de evento y la categoría “otros” con la intención de ampliar las respuestas sobre lo que se considerara conveniente debatir o anexar. Es de destacar que muchos de quienes contestaron las preguntas cerradas realizaron aclaraciones de carácter cualitativo, que fueron tomadas en cuenta para este análisis. Estas respuestas nos permiten acceder a discursos textuales que ilustrarán la sistematización. El contenido de los datos cualitativos es relevante, pues permiten valorar desde otra óptica el evento, así como tener en cuenta sus aportes para próximas actividades. Asimismo se debe señalar que muchas de estas manifestaciones no reflejan el universo de las res74

puestas. Se observa un contraste con los datos cuantitativos por cuanto en su gran mayoría arrojaron valores de satisfacción y positividad hacia el evento (Excelente, Muy Bueno y Bueno): a)

Muy bueno:

• Tema Convocatoria- 60% • Organización- 46% • Ponencias Centrales- 56% • Ponencias de Mesas- 48% • Espacio Físico (lugar)- 50% • Servicios- 37%

Bueno:

• Difusión- 40% • Coordinación de Mesas- 44%

c) De Acuerdo con la duración días del evento, o sea con el número de días: 82% d) Mucho es la consideración de los aportes que realizó el Congreso al colectivo: 66% 1) Evaluación de la dimensión Dinámica del Congreso La forma de trabajo programada consistió en Conferencias centrales para todos los asistentes, 3 Mesas de ponencias por temas a elección, presentación de paneles y pósteres. Las ponencias se agruparon para su presentación sobre la base de los tres ejes del Congreso: (a) Derechos Humanos y Ética; (b) Compromiso Social y Trabajo Social; (c) Autonomía y Trabajo Social. En la dimensión Dinámica del Congreso se pretendió presentar la evaluación relacionada a los Expositores, al abordaje de los Debates y a la pertinencia de los Temas presentados. 1.1) Expositores Se resaltó que la ausencia de profesionales extran jeros que fueron invitados como “expositores que no vinieron al Congreso es una responsabilidad compartida con la organización”.1 La lectura de las ponencias no fue bien evaluado por los/as participantes, así como tampoco que se leyeran las ponencias de los ausentes. Se reclamó la necesidad de “abrir la propuesta de trabajos por temas más novedosos, y profesionales más jóvenes y en temas de actualidad”.

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Lo que se encuentre a partir de ahora en entrecomillados y con letra cursiva es expresión textual de

los participantes al Trabajo Congreso, que- fue a través de evaluación Revista Regional de Social ISSN aportada 0797- 0226 - AÑOdel 25formulario - Nº 52 - 2011

espacio ADASU A su vez, se planteo que “en oportunidad en que se presente un expositor de la talla de Teresa Matus el espacio posterior al debate, debería ser un espacio privilegiado y especialmente pensado desde la organización”. 1.2)

Debates

Respecto a la dinámica del Congreso se relevaron variadas expresiones como por ejemplo: no recurrir en forma sistemática al uso de power point para las presentaciones,

la edad de imputabilidad, adicciones, legalización de drogas, legalización del aborto”. Además se reclamó que “en el ámbito de la decisión política, el Trabajo Social tiene el deber y compromiso ético de hacer escuchar su voz con respecto a estos temas, sobretodo para desmitificar las afirmaciones de la prensa con respecto al concepto de ciudadanía seguridad social”. Se opina que el “Congreso se constituye para muchos en una oportunidad privilegiada de encuentro y de intercambio de reflexiones”. 1.3) Temas La pregunta abierta dirigida a relevar lo relacionado a “temas de interés” por parte de los participantes al Congreso, dio como resultado un amplio abanico de respuestas. A los efectos de simplificar la lectura de los temas propuestos se elaboró un cuadro donde se agruparon 3 ejes principales: (i) Práctica Profesional - Formación Permanente, (ii) Colectivo Profesional - Promoción de la Profesión y (iii) Temáticas - Desafíos frente a las Políticas Sociales, que se presenta en el cuadro de la página anterior. 2) Evaluación de la dimensión Estructura del Congreso.

generando instancias de intercambio entre los expositores y participantes, con discusión, análisis, propuestas y “buscar formas creativas de espacios que no sean solamente la escucha”, sino para preguntar y generar intervenciones de los participantes. Que “esta instancia no debería ser un momento de sentarse a escuchar definiciones sino poder cuestionarnos hoy, debatir, discutir poder reflexionar sobre nuestras prácticas o investigaciones actuales, más allá del deber ser del discurso y los códigos”. Alguien que concurrió por primera vez expresó la necesidad de “escuchar más experiencias de otros lugares, no solo teoría, sino más bien intercambio de experiencias, de intervenciones profesionales”. Se expresó también que es “un deber del Trabajador Social poder problematizar y debatir en esta instancia temas como: baja de

Respecto a la dimensión “Estructura del Congreso” se presenta la evaluación relacionada a las variables: tiempo, cumplimiento del programa, difusión, costo y ponencias presentadas. 2.1) Tiempo “Organizar y respetar los tiempos” fue uno de los reclamos más reiterados por parte de los asistentes. También se expresó: “Más tiempo y menos temáticas de modo de poder profundizarlas”. Sin embargo, para otros “fue muy extenso en su totalidad y hasta maratónico lo cual dificulta la participación por razones laborales”. Algunos expresaron que “se comenzó sistemáticamente más tarde de lo previsto”. Con respecto a la variable tiempo en referencia a las ponencias se planteó que algunas fueron “leídas en forma muy rápida”, y se

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observó que algunos “expositores debieron apurarse en sus presentaciones”. Se expresó que “en la Mesas faltó tiempo para el debate y también faltaron algunas ponencias interesantes”. Se ha manifestado, a su vez, que “ la duración del Congreso parece correcta para la cantidad de aportes que tenemos para realizar desde nuestra profesión”. 2.2) Programa Algunas respuestas expresan que se debió “cumplir con lo establecido en el Programa”, “no cambiar los invitados” y la “necesaria confirmación previa especialmente de expositores internacionales”, así como también una breve síntesis de los temas, dado lo limitado del tiempo de los expositores. 2.3) Difusión La difusión fue considerada en general como buena, aunque se expresó que en algunos ámbitos laborales la convocatoria no se realizó adecuadamente, o bien no llegó en el tiempo previsto, tal como se había acordado con la organización responsable de la propaganda del Congreso.

ponencias completas de los expositores nacionales y extranjeros). Algunos asistentes solicitaron enfáticamente que las ponencias no fueran leídas: “no permitir que un expositor lea todo el tiempo su trabajo… Eso no comunica con efectividad”. Se cree inadecuado que “las ponencias de expositores ausentes sean leídas”. En cuanto al número de ponencias por mesa se propone que sean “tres priorizando la calidad sobre la cantidad, con duración de 15 minutos”. En caso de que se deban integrar un alto número de ponencias se propone realizar “otras instancias pre- congreso: seminarios, encuentros temáticos y otros”. Los participantes nacionales como extranjeros propusieron incorporar nuevas dinámi-

2.4) Costo Se presentó un reclamo con relación al “plan de financiación para socios de Adasu sin intermediación de tarjetas en plan de 6 cuotas”. Para otros “el costo fue elevado por eso se dieron ciertas ausencias de colegas”. Sin embargo, el número de inscriptos y participantes fue muy importante con relación a otras experiencias similares. 2.5) Ponencias Existe una demanda casi uniforme de acceder a las ponencias vía electrónica, solicitud que fue formalizada al mes de finalizado el evento (presentaciones en power point y Revista Regional deTrabajo Social -

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espacio ADASU cas dentro del Congreso, tales como Foros simultáneos para abordar temáticas muy relevantes para el colectivo como por ejemplo “Género”. Se reitera la solicitud de realizar encuentros, seminarios, jornadas de un día, preparatorios al Congreso por regiones en el interior del país. Se solicitó “que las ponencias de los invitados extranjeros no queden al final de las ponencias”. Existió un reconocimiento especial “para los expositores nacionales y extranjeros que no leyeron sus ponencias”.

II) OBSERVACIONES GENERALES DEL CONGRESO En términos generales, el pasado XI Congreso Nacional de Trabajo Social y Primera Conferencia Latinoamericana de Bienestar Social fue evaluado de manera altamente positiva por parte de los/as participantes. Si bien se dejó constancia de la frustración que significó algunas ausencias, se reconoció y apreció la presencia de los conferencistas internacionales que asistieron al evento. Importa destacar la propuesta de realizar

“encuentros regionales en ciudades del interior del país”; así como valorizar “el espacio referido al colectivo, o sea que el mismo no se ubique al final del evento”; y se reclamo “un espacio para que las Filiales manifiesten sus demandas y expectativas y presenten sus trabajos como participación gremial del colectivo”. La estructura y dinámica del Congreso, su contenido y características fueron evaluadas muy positivamente por parte de los colegas e invitados extranjeros. Es decir, se destaco la originalidad del evento en el escenario regional, al integrar diferentes ámbitos y participantes: estudiantes, profesionales, académicos; actores políticos, colectivo profesional, representantes y autoridades gremiales y académicos en el ámbito nacional y regional. Se considero que el desarrollo del “ evento fue muy oportuno y que los temas que se trabajaron fueron extremadamente apropiados”. Se expresó que el Congreso permitió acceder y llevar “mucho para reflexionar y que la importancia del encuentro con otros y el intercambio favorece elL encaminarnos en la ruta”. Se agradeció y valoró a la organización del evento.

En el marco del XI Congreso Nacional de Trabajo Social en el que se congregaron los profesionales de los dos centros de formación universitaria del país, los estudiantes, expositores e invitados constituyeron en un espacio que permitió la elaboración de Declaratorias en temas de Derechos Humanos. Cerca de 400 participantes especializados en el área del Trabajo Social en el Uruguay, declararon lo que se transcriben a continuación:

D E C L A R A T O R I A S A. Ley 15.448 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Los Trabajadores Sociales del Uruguay reunidos en su XI Congreso Nacional de los días 12, 13 y 14 de mayo de 2011 en la ciudad de Montevideo, declaran: 1.- La firme convicción que la Ley 15.448 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de impunidad) debe desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico (que en rigor nunca debió integrar). 2.-Que esta Ley consagra la imposibilidad de apropiarnos de nuestro pasado, nos aleja del rico legado de nuestros/as compañeros/as estudiantes de Trabajo Social y compañeros/as 78

(opinión pública)

desaparecidos/as y asesinados en el período del terrorismo de Estado por actuar de acuerdo al compromiso ético-político aún nos guía. 3.-Que el Corpus Internacional de Derechos Humanos que vincula a Uruguay, obliga al Estado a garantizar estos derechos por tanto no existe autoridad superior que pueda modificarlo. 4.- Que la impunidad es la negación de la responsabilidad individual y colectiva. La conciencia y la responsabilidad son fundadoras de la ética, única capaz de instaurar entre las personas el respeto y la dignidad. 5.-Este colectivo expresa su inclaudicable determinación a continuar apoyando el movimiento ciudadano que brega por su eliminación.

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B. Iniciativas que apuntan a incrementar la pretensión punitiva, reducir las garantías procesales y rebajar la edad de imputabilidad de los y las adolescentes. Los Trabajadores Sociales del Uruguay reunidos en su XI Congreso Nacional de los días 12, 13 y 14 de mayo de 2011 en la ciudad de Montevideo, declaramos nuestro total compromiso en la defensa de los Derechos Humanos de la población adolescente del país. • Este compromiso nos lleva a rechazar todas las iniciativas que apuntan a incrementar la pretensión punitiva, reducir las garantías procesales y rebajar la edad de imputabilidad de los y las adolescentes. • Estos movimientos no sólo contradicen los compromisos en materia de Derechos Humanos asumidos por Uruguay y la Constitución de la República, sino que reproducen formas de relacionamiento heredadas de un pasado dictatorial que tendió a consolidar enfrentamientos entre integrantes de una misma comunidad nacional. • Entendemos por el contrario que nuestra sociedad se debe a un amplio debate sobre los derechos y deberes de los/as adolescentes que han infringido la ley penal, como paso imprescindible para la superación del problema, que a nuestro entender, (y como muestra la experiencia internacional) no puede ser resuelto mediante un incremento del encierro. • Como cientistas sociales debemos afirmar nuestra certeza que estas infracciones a la Ley por parte de un reducido número de adolescentes deben ser interpretadas como la emergencia de un malestar social originado en un sistema injusto que actualmente lo deposita en esta población como su responsabilidad exclusiva. • Este colectivo expreso su compromiso en defensa de los Derechos Humanos de los y las adolescentes del país, y la disponibilidad de aportar su conocimiento acumulado en el tema en los diversos ámbitos de discusión que la sociedad debe darse.

C. Declaración para debate del colectivo profesional. • Nos dirigimos a las y los Asistentes, Trabajadores y Trabajadoras Sociales reunidos en el XI Congreso Nacional para señalar nuestra preocupación con aquellas propuestas que pretenden equiparar el derecho y al acceso a sistemas de protección social universales, desmercantilizados y de calidad, con otras que apuntan a sistemas mínimos de protección, planteando programas focalizados para grupos vulnerados, reeditando soluciones neoliberales que han demostrado su ineficacia para atender los problemas de la población, agudizando la desigualdad y la fractura social, solo preocupados de evitar la conflictividad social y asegurar la gobernabilidad. • En el marco de la reformulación actual del Plan de Equidad, la creación del sistema nacional de cuidados y los debates de mejoramiento del alcance y calidad del sistema educativo, los y las profesionales del Trabajo Social tenemos que realizar nuestro aporte, reafirmando las propuestas de universalidad, ampliación de ciudadanía y gratuidad que establecen los principios de nuestro Código de Ética, descartando las soluciones caritativas, voluntaristas y represivas. • En ese marco, la jerarquización del aporte y rol del Trabajo Social, supone el reconocimiento de adecuadas condiciones de trabajo, la autonomía técnica y adecuados niveles de remuneración salarial. • Sobre éste último punto consideramos que estamos en buenas condiciones de reivindicación y lucha por su aumento, dado el casi pleno empleo en la profesión y la demanda de Trabajadores y Trabajadoras Sociales que se requiere en la formulación e implementación de diversas políticas y programas sociales, tanto en el ámbito público como privado. • Convocamos a los/las colegas a sumar su trabajo militante, la reflexión y crítica en el ámbito gremial, académico, institucional y sindical, para fortalecer y dignificar la profesión y por lo tanto contribuir con la dignificación de la población sujeto de los diversos servicios y políticas sociales.

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MULTIVERSIDAD FRANCISCANA DE AMÉRICA LATINA (miembro de CEAAL) Desde 1989 formación alternativa, crítica y propositiva en Educación Popular Auspicia Pontificia Universidad de San Buenaventura, Roma, Italia

Diploma y Maestría de Educación Popular Cursos, talleres y jornadas para el año 2011 SEPTIEMBRE Taller de Expresión Corporal Danza (Corriente de Patricia Stokoe) «Hacernos espacio» Viernes 2 de 19:00 a 22:00 h y sábado 3 de 10:00 a 13:00 h Docentes: Leticia Sarante y Valeria Yarzábal Curso-taller: «Cultura y saberes populares» Docente: Néstor Ganduglia Comienzo: 12 de setiembre, 19.00 hs a 22.00 h (este curso se realizará todos los lunes y jueves de setiembre, a partir del 12, y el lunes 3 de octubre).

OCTUBRE Co-organizadores del II SEMINARIO INTERNACIONAL FORMACION DE FORMADORES PARA EL DESARROLLO RURAL (Extensión UDELAR y otros) 13, 14 y 15 de octubre NOVIEMBRE Seminario SEGURIDAD CIUDADANA Reflexiones y aportes de la Educación Popular 14, 15, 16 de noviembre Contenidos de los cursos a disposición Cursos en Montevideo, interior o la región. Inscripciones abiertas en horario de secretaría - Lunes a jueves, de 16.00 a 20.00 h MFAL- Canelones 1164 - Montevideo - Uruguay Tel. 2 900 76 48 - 2 902 23 62

Multiversidad Franciscana de América Latina multiversidad@adinet.com.uy http://www.facebook.com/pages/Multiversidad-Franciscana-de-America-Latina/136322519766392

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