TRIBUNA

COMPARTIENDO ESFUERZOS

YOLANDA IBARROLA

Viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid

No puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda la Revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para, a través de sus páginas, trasladar públicamente mi agradecimiento a Gabriel de Diego por todos estos años en los que, desde 2005 como Tesorero y desde 2015 como Decano, ha afianzado unas relaciones estrechísimas entre los procuradores madrileños y la Comunidad de Madrid. He tenido la enorme suerte de trabajar con él de forma muy cercana, compartiendo proyectos de mejora y de futuro para la justicia madrileña, en los que siempre he sentido el compromiso y la defensa del interés general de Gabriel de Diego y de todo su equipo.

Juntos de la mano, la Administración Regional y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid hemos colaborado de una manera sincera en iniciativas conjuntas a las que hemos dado impulso con el fin último de ofrecer cada día un mejor servicio a los ciudadanos de Madrid. Fruto de esta colaboración nació en 2019 el Servicio de Representación Procesal en el que Colegio y Administración concebimos, programamos y pusimos en marcha una iniciativa pionera como es este servicio. Los llamados “procuradores de guardia”, que permite a las víctimas del delito de género y de odio contar con los servicios de un procurador desde el mismo momento en el que interponen denuncia, lo que agiliza el proceso desde el inicio y sin tener que esperar al momento en el que la presencia de un procurador es preceptiva. A través de este servicio el Colegio también se compromete a facilitar a los ciudadanos información en cuestiones de carácter procesal, incluidas las gestiones telemáticas con la Administración de Justicia. El Gobierno Regional y el colectivo de procuradores hemos podido mejorar de forma exponencial el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, garantizando así para los madrileños el derecho constitucional consagrado en el artículo 119 de nuestra Carta Magna. Pero hemos ido más allá. No se puede hablar de una verdadera Justicia si ésta no sitúa como eje vertebrador de su actuación la defensa de las víctimas del delito. Pieza esencial en esa protección de las víctimas de hechos delictivos lo constituyen las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. En el año 2020, periodo ya con estadística cerrada, asistió a 3.851 víctimas y atendió 2.486 consultas. Comenzamos prestando este servicio con siete oficinas y antes de que finalice la actual legislatura, todos los partidos judiciales de la región contarán con su propia oficina de asistencia a las víctimas del delito. En el desarrollo y funcionamiento de esta herramienta fundamental para las víctimas del delito también hemos tenido la colaboración cercana y sincera de los procuradores.

El Gobierno Regional y la Procura madrileña también hemos compartido esfuerzos por ayudar a dignificar la retribución de los profesionales que prestan el imprescindible servicio de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de Madrid que así lo necesiten.

Desde esta Consejería hemos iniciado además un ambicioso programa de innovación digital en la administración de Justicia madrileña del que es parte indispensable el colectivo de procuradores. Esta revolución tecnológica que a todos los sectores de muestra sociedad incumbe hoy en día no puede dejar de lado a la Justicia. Al contrario, debe ser uno de los motores que impulsen este movimiento transformador a nivel global.

Por ello, hace pocas semanas hemos publicado la Orden de 2 de marzo de 2022, por la que se actualizan los módulos y las cuantías relativas a la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad de Madrid. Mediante dicha disposición normativa hemos actualizado los baremos de procuradores. De este modo, hemos conseguido que en la actualidad las tarifas de los procuradores madrileños se encuentren muy por encima respecto a las aprobadas por el Ministerio de Justicia. Un +84,88% en los procedimientos penales, un +38,67 en los civiles y un +58,40€ en las apelaciones. A pesar de este esfuerzo económico, somos muy conscientes de la dificultad de hacer efectiva en toda su amplitud la justa retribución a estos profesionales por su enorme compromiso social, cívico y constitucional que de cara a los ciudadanos conforma un servicio público esencial que garantiza los derechos y la libertad de todos.

Para seguir avanzando en este imparable proyecto transformador de la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid no abdicaremos de nuestra vocación por el diálogo constante con todos los sectores que trabajan y construyen este servicio público esencial para los ciudadanos y del que es parte imprescindible la Procura madrileña.