4.3. La privatización ‘por defecto’ y la emergencia de escuelas privadas de bajo costo. Los casos de Perú, República Dominicana y Jamaica En un número importante de países del Sur global, el sector privado se ha expandido
considerablemente en las últimas décadas sin la necesidad de políticas públicas activas
en favor de la privatización. En estos casos, la privatización se explica por la pasividad de los Estados ante la creciente demanda educativa. En estos contextos, el incremento de la
demanda educativa, la escasa capacidad estatal para responder a dicha demanda y la consecuente ausencia de sistemas educativos universales y de calidad abren una ventana para el desarrollo de la actividad privada en el campo educativo (De, Noronha, y Samson, 2002; Phillipson, 2008; Tooley y Dixon, 2006; Walford, 2011). La privatización se produce así ‘por defecto’8,4y se canaliza a menudo a través de las llamadas ‘escuelas privadas de bajo costo’ (LFPSs, por sus siglas en inglés ‘low-fee private schools’). Las LFPSs son un tipo de escuelas impulsadas y controladas inicialmente por un individuo o por un grupo de individuos, generalmente con fines lucrativos, que apuntan a un segmento compuesto por familias de bajos ingresos y que ofrecen educación básica a cambio de una cuota escolar relativamente pequeña, y que esas familias están dispuestas a pagar (véase Phillipson [2008] y cf. Walford [2011]). Los defensores de este tipo de escuelas suelen argumentar que su popularidad está asociada
a una supuesta superioridad en materia de calidad en comparación con las escuelas estatales
(Tooley y Dixon, 2006). No obstante, la evidencia de la superioridad de estas escuelas no es para nada concluyente. Por el contrario, como afirman numerosos estudios, la elección de
LFPSs estaría vinculada en la mayoría de los casos a la falta de recursos, masificación o no-
disponibilidad de escuelas estatales (especialmente en zonas rurales y urbano-marginales),
o a las preferencias lingüísticas o religiosas de algunos grupos sociales (Härmä, 2013; Heyneman y Stern, 2014; Sarangapani y Winch, 2010; Srivastava, 2008). Además, tampoco está claro que, a pesar de su ‘bajo costo’, las familias más pobres puedan acceder a ellas.
En muchos casos, las cuotas no llegan a ser lo suficientemente bajas como para no excluir a los sectores más pobres (Day Ashley et al., 2014). 8.
Otros autores se refieren a este proceso como privatización de facto (Tooley y Dixon, 2006) o privatización grassroots (de abajo hacia arriba) (Tooley, 2013; Walford, 2011).
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