el efecto sedimentario de reafirmación de estas políticas y coinciden en que distintas gestiones y partidos políticos, durante períodos democráticos y no democráticos, gobiernos
nacionales y provinciales han dado apoyo y consolidado por acción u omisión dicho sistema de provisión dual público-privada (Gamallo, 2015; Narodowski, Moschetti y Gottau, 2016;
Vior y Rodríguez, 2012). Así, una suma de factores augura su difícil reversibilidad. En primer lugar, el financiamiento compartido que caracteriza al sector privado –esto es, subvención
estatal parcial complementada con cuotas mensuales a cargo de las familias– constituye un esquema de gasto costo-eficiente desde la perspectiva del Estado (Narodowski, 2008). En segundo lugar, la dependencia del Estado para con el sector privado en materia de
infraestructuras escolares es especialmente fuerte en las jurisdicciones en las que este último cubre entre el 30 y el 50% de la matrícula total. Finalmente, el poder de lobby de ciertas
asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, en particular aquellas dependientes de la Iglesia católica, refuerza la continuidad del modelo. Dicho poder se manifiesta incluso en
la sostenida presencia de representantes de la Iglesia en altos cargos de los organismos de supervisión de las escuelas privadas (De Luca, 2008; Puiggrós, 2003).
4.5. La privatización por vía del desastre. Los casos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Haití En algunos casos, la privatización educativa avanza en el marco y a la merced de catástrofes o crisis profundas. Situaciones de emergencia, tales como desastres naturales o conflictos
armados, constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas drásticas que, en situación de normalidad, encontrarían más dificultades para prosperar. A pesar de su gran diversidad, esta clase de episodios comparten una serie de elementos que dan consistencia
a la trayectoria que calificamos como ‘privatización por vía del desastre’. En primer lugar, los episodios de crisis derivados de catástrofes o conflictos se caracterizan por una importante presencia de agentes externos, quienes en muchas ocasiones conciben los contextos de emergencia como ‘campos de pruebas’ de ciertas reformas. En segundo lugar, en contextos post-catástrofe, el debate público y democrático sobre qué tipo de reformas o medidas
adoptar suele atenuarse. Ello es consecuencia del sentimiento de emergencia imperante para reconstruir el país o restituir la situación de normalidad, pero también del hecho de que
los agentes externos tienden a aterrizar en el país afectado con soluciones predefinidas.
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