1. El estudio de la privatización educativa: conceptos básicos y metodología

Este apartado tiene tres objetivos centrales. En primer lugar, pretende perfilar algunas conceptualizaciones teóricas referidas a la privatización educativa y advertir sobre las más recientes –y menos evidentes– manifestaciones del fenómeno, especialmente en lo relativo a los nuevos roles del sector privado en el campo de la promoción y producción de política educativa (Ball & Junemann, 2012; Ball, 2009, 2012). En segundo lugar, se presentan algunas consideraciones generales para entender los procesos de cambio de políticas y de reforma educativa desde la perspectiva de la economía política y cultural (EPC) (Jessop, 2010; Robertson & Dale, 2015; Verger et al., 2016). Finalmente, se plantean los aspectos metodológicos que han guiado la investigación, distinguiendo los distintos tipos de material empírico recogido y analizado.

1.1 La privatización educativa: alcance y políticas

Los procesos de privatización en el campo de la educación difieren, tanto a efectos prácticos como formales, de aquellos que atañen a otros servicios públicos como la energía, el transporte o las telecomunicaciones. No resulta frecuente que la privatización educativa sea vehiculizada a través de la transferencia a manos privadas de la titularidad de establecimientos educativos públicos (Bellei & Orellana, 2014). Por el contrario, la privatización educativa suele ocurrir más bien al nivel de la provisión del servicio educativo (por vía del incremento de la presencia de agentes privados independientes o sostenidos total o parcialmente por el Estado) y de su financiamiento (conforme los agentes privados y, en especial, las familias hacen frente a una mayor porción del gasto en educación) (Verger et al., 2016). En otras palabras, la privatización educativa resulta de la transferencia de actividades y responsabilidades tradicionalmente asumidas por instituciones público-estatales hacia agentes privados que acaban reconfigurando sus roles en materia de provisión, financiamiento y regulación (Belfield & Levin, 2002; Lubienski, 2006). En ciertos contextos, la privatización educativa ocurre de modo más o menos espontáneo en ausencia de incentivos o políticas activas que la impulsen. Estos casos de privatización “por defecto” son propios de contextos en los que los estados tienen dificultades estructurales o bien para hacer frente a la creciente demanda educativa (Day Ashley et al., 2014), o bien para “metabolizar” al interior del sector estatal las nuevas y diversas preferencias de ciertos sectores sociales (Plank, 2006). En la mayoría de los casos,