LA POLITICA EDUCATIVA EN COSTA RICA
Gobernar mediante alianzas público-privadas
ISBN 978-9930-548-13-4
379 728 6
I-61p Internacional de la Educación América Latina (IEAL)
La política educativa en Costa Rica : Gobernar mediante alianzas públicoprivadas / Internacional de la Educación América Latina (IEAL), Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) . San José, Costa Rica : Editorial Internacional de la Educación América Latina, 2023
69 páginas : ilustraciones a color, PDF
ISBN 978-9930-548-13-4
1. POLÍTICA EDUCATIVA. 2. EDUCACIÓN. 3. C OSTA RICA. I. Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE). II Título
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMÉRICA LATINA (IEAL)
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Revisión filológica: Lucía Zúñiga Solano
Diseño: Estudio Casarli, Buenos Aires, Argentina
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Contenidos
Introducción
La educación privada se instala en Costa Rica de la mano de las políticas neoliberales
¿Cuáles legislaciones favorecen el comercio educativo y la participación Privada en la política educativa?
El acuerdo general sobre comercio de servicios y su impacto en la educación
La ley 9635 del año 2018 sobre el fortalecimiento de las finanzas pública
Plan nacional de desarrollo y de inversión pública (PNDIP)
Alianza público-privada: un modelo predilecto de gobierno
El ministerio de educación pública: la cuna de las alianzas público-privadas en educación
La legislación que habilita negocios mixtos en el ámbito municipal Reforma fiscal y las donaciones
La participación privada en la toma de decisiones se aprueba desde el Estado
El caso emblemático de la fundación Omar Dengo FOD y la pro-futuro de telefónica de España
La formación docente: privada y tercerizada
Reformas educativas no consultadas y pagadas con deudas: la participación del banco interamericano para el desarrollo y del banco mundial
La privatización que se desprende de la receta de la OCDE para Costa Rica
Evaluación
estandarizada Cerrar y fusionar instituciones Reforma en secundaria 9 10 12 12 13 14 17 18 21 23 24 26 28 30 33 36 37 37 38
Fondo crecemos para estudiantes: un ejemplo de la operacionalización de La mirada de la OCDE Grupos empresariales expertos en pedagogía: la alianza por la educación
Qué más puede motivar a la alianza por la educación
El grupo financiero transnacional BAC Credomatic
Tablas
Tabla 1. Costo de matrícula del año 2020 en dólares y en moneda local de los colegios privados en Costa Rica organizados por Provincia.
el
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Fundación Gente y las juntas
educación Alianza para el bilingüismo El caso de la reforma de matemática Costo de mercado de los colegios privados El negocio de las instituciones parauniversitarias A modo de conclusión Anexos Fuentes Bibliográficas
de
Tabla 2. Institutos parauniversitarios aprobados por
CSE y detalle de carreras vigentes en
al 2019 40 41 42 44 46 48 50 52 55 61 63 66 52 56
el periodo 2017
Presentación
Este documento ofrece un análisis sobre la política pública educativa, a partir de los escenarios encontrados en doce países de América Latina. Por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.
A partir de los documentos, leyes e informes analizados, se constata que actualmente, la política educativa pública en América Latina se caracteriza por la amplia injerencia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de agencias internacionales de cooperación; la naturalización de los mecanismos de alianzas público privadas y de forma más creciente, la consolidación de actores privados y empresariales que participan en el diseño, la gestión y la ejecución de la política educativa.
La consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en política pública. Los sindicatos de educación de América Latina fueron los primeros en señalar cómo las políticas de signo neoliberal deterioran la política pública educativa pública y responsabilizan al cuerpo docente de este deterioro, al tiempo que abren la puerta a grupos empresariales para que comercien servicios y lucren con la educación publica.
Ante el avance del proceso de privatización y comercio educativo a nivel mundial, la Internacional de la Educación (IE) impulsó una Campaña de respuesta global (Global Response), para enfrentar dicho proceso y defender la vigencia de la educación pública con calidad, laica, gratuita y obligatoria garantizada por el Estado como derecho social. En coordinación con esta campaña, en el 2016, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) inició un monitoreo de las principales tendencias del comercio educativo y, en el 2018, se publicó un estudio que demostraba que el comercio educativo percibido en los países, responde a una lógica con expresión mundial y regional.
En el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, los sindicatos de educación de la Internacional de la Educación en América Latina se comprometieron a acompañar su acción político-sindical con procesos de investigación y reflexión para proponer política educativa alternativa a la que se ha estado desarrollando en la región.
En esta nueva entrega, el OLPE analiza el comportamiento del comercio educativo en doce países de la región, en donde se observan las siguientes tendencias:
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1. Las metas educativas establecidas en Jomtien y de Dakar promovieron el endeudamiento de los países con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para impulsar reformas educativas. La política de endeudamiento para sostener la política educativa se mantiene hasta la fecha en cada uno de los países. Uno de los signos principales de estas reformas fue promover las evaluaciones estandarizadas a docentes y estudiantes, la reducción del currículo y promover que los Ministerios de Educación actuaran con el modelo de alianzas público-privadas.
2. El impulso de este tipo de reformas fue posible gracias a la tendencia neoliberal implantada en América Latina, sumado a la llegada de los sectores empresariales a cargos e instituciones públicas.
3. La alianza público-privada es una fórmula instalada en todos los países. Por un lado consolida las oportunidades para el lucro privado con dinero público y, por otro, juega a favor del desmantelamiento paulatino del sistema educativo público.
4. La llegada de gobiernos de signo neoliberal facilitó la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS), que provocó una expansión acelerada de la oferta privada de servicios educativos en todos los niveles.
5. A partir de Jomtien, Dakar y ahora Incheon (2015), los actores del sector privado, de la cooperación internacional y de las IFI, consolidaron su presencia en la definición de la política pública educativa. Un ejemplo son los Consejos Nacionales de Educación, cuerpos multisectoriales donde además de los gobiernos, los actores privados, empresariales y religiosos se involucran directamente en la toma de decisiones. En algunos casos, estos consejos son financiados con fondos de la cooperación internacional y promueven acuerdos que estimulan el comercio educativo e incluso, contradicen las leyes de educación.
6. Sumado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha constituido en un actor decisivo en la definición de la política educativa con carácter mercantilista. En materia educativa, la OCDE recomienda la eliminación de la gratuidad universal a favor de la gratuidad “focalizada”, el diseño de presupuestos basados en resultados, el impulso de agencias de evaluación educativa que puedan tener carácter privado, la evaluación estandarizada para docentes y estudiantes, la participación de actores privados en la prestación de
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servicios educativos, la exclusión de los sindicatos en niveles de toma de decisión, así como reformas profundas en secundaria que pasan por la reducción de años de estudio y del currículo.
7. En los países estudiados, tanto Organizaciones no gubernamentales (ONG) como grupos privados, fundaciones y grupos religiosos, le venden servicios a los Ministerios de Educación y a ONG internacionales, favoreciendo una red de negocios privados que lucra a costas de la educación pública.
8. Se constata que los ministerios de educación muestran amplia expertise en materia de alianzas con la cooperación internacional, ONG internacionales y compra de servicios a privados. Estos servicios incluyen desde programas de gestión y administración interna de los ministerios de educación, sistemas de gestión y centralización de datos, formación docente, diseño curricular, evaluación docente y estudiantil y gestión y administración de centros educativos. Sobresalen los acuerdos con USAID, Fe y Alegría, Telefónica- Movistar y la Unión Europea, entre otros.
9. Los sectores empresariales en cada país han configurado plataformas de coordinación para incidir directamente en la política educativa como Empresarios por la Educación, Juntos por la Educación, etc. que a su vez constituyen la Red latinoamericana por la educación (REDUCA). Los grupos privados organizados en REDUCA establecen alianzas con las autoridades educativas, capturan recursos de cooperación, tienen presencia en los medios de comunicación, fomentan la reducción del currículo y promueven miradas críticas y descalificadoras del personal docente, al tiempo que generan presión para el recorte de derechos laborales en el sector educativo.
10. Los procesos de comercio educativo han profundizado el deterioro de las condiciones de trabajo docente, pues las reformas educativas han promovido la inestabilidad laboral, la reducción de los derechos laborales y la violación del derecho a organizarse, a firmar pactos colectivos y a participar en huelgas.
11. La intromisión de los grupos privados en la definición de la política educativa se ha hecho aún más evidente en el contexto de la crisis sanitaria causada por COVID-19. Durante la pandemia, la respuesta estatal se ha basado en las alianzas público-privadas para distribuir contenidos digitalizados y herramientas pedagógicas, así como formación docente para el uso de herramientas digitales en pandemia, promoviendo el rol del sector privado y de transnacionales tecnológicas en la política pública educativa.
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12. Previo a la pandemia, estos actores privados habían liderado experimentos público- privados en la educación pública para implementar planes piloto en herramientas virtuales y productos de empresas tecnológicas. Ejemplo de ello fue el Plan Ceibal, una Computadora por niño y “la maleta” del proyecto PROFUTURO de Telefónica Movistar. Todos esos proyectos no tenían una perspectiva pública y con la llegada de la pandemia, fueron irrelevantes para garantizar el derecho a la educación pública.
Este documento da cuentas de la expresión de comercio educativo en el ámbito nacional, entrelazando la información encontrada en legislaciones, publicaciones, informes y noticias. El documento detalla las leyes y las prácticas que favorecen la participación del sector empresarial y las instituciones internacionales en los mecanismos de toma de decisión, la carrera de las Fundaciones de empresas privadas y las ONG por conquistar nichos de negocio y la naturalización de la presencia de grupos privados y empresariales que le hablan al oído a las autoridades educativas.
El OLPE es una herramienta al servicio de la acción política sindical de las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina y busca poner a disposición información actualizada y documentada que acompañe la acción sindical y la defensa del derecho a la educación pública en la América Latina.
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Combertty Rodríguez G. Coordinador Regional Principal Internacional de la Educación América Latina.
Introducción
El artículo 78 de la Carta Magna establece que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por el Estado. En la educación estatal, incluida la superior, la ley mandata a que el gasto público no sea inferior al 8 % anual del producto interno bruto.
A pesar de que esta asignación presupuestaria es significativa, el Ministerio de Educación Pública (MEP) deja en manos de actores privados múltiples actividades. Desde la formación docente, el fortalecimiento de las Juntas Administrativas de educación hasta el diseño de contenidos curriculares, son ámbitos en los que el MEP ha aceptado e incluso promovido la participación del sector privado y de grupos empresariales.
Como se observará, en Costa Rica legislación nacional y la práctica del propio Ministerio de Educación Pública son los pilares centrales y principalmente responsables de que el sector privado sea un actor con capacidad de decisión, opinión y gestión en la política educativa.
En Costa Rica, la estructura educativa se organiza en la unidad básica del centro educativo. Los centros educativos se organizan en circuitos escolares, 27 direcciones regionales y finalmente, las oficinas centrales del MEP. Como se observará en este documento, el sector privado tiene alianzas y participación e incidencia en las decisiones públicas en todos estos niveles.
Durante la pandemia causada por el COVID 19, Costa Rica implementó clases a través de medios virtuales con la plataforma de contenidos digitales "Aprendo en casa”. El país aun muestra brechas de acceso a la conectividad de calidad, y únicamente el 34 % de familias de las zonas rurales y el 54 % de familias de las zonas urbanas tienen acceso a una computadora. Los sindicatos de educación han alzado la voz debido a que, para poder cumplir su trabajo, muchas personas docentes debieron endeudarse para adquirir una computadora o un teléfono inteligente con mayor capacidad.
También durante la pandemia, en octubre de 2020, en Costa Rica se aprobó una Cooperación técnica del BID para diseñar “un modelo de formación híbrida para asegurar que los jóvenes adquieran habilidades certificables y certificaciones reconocidas por la industria, en sus colegios o en un Centro de Certificación, como parte integral de su educación secundaria técnica”. En el marco de esta cooperación técnica, la Fundación Omar Dengo brindará la capacitación a “los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP), así como de la operación de un Centro de Certificación equipado con la tecnología requerida para que los estudiantes realicen
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las demostraciones prácticas necesarias para obtener algunas de las certificaciones” (BID, 2020, p. 4). Estas iniciativas que toman forma en pandemia deben monitorearse para prevenir que abran nuevos nichos de comercio educativo una vez se haya superado la pandemia y se requiere reforzar la presencialidad, el encuentro y el rol decidido del Estado en el ejercicio del derecho a la educación.
En el periodo de 1976 a 1978, cuando los precios del café generaron una mejora en la Hacienda Nacional. Ese modelo fortaleció la presencia del Estado, generó instituciones públicas, reguló las relaciones del mercado, promovió los servicios públicos, generó fuentes de trabajo en la economía formal, invirtió en obra pública, expandió la cobertura de la educación pública, invirtió en la expansión de la educación superior pública. Esta inversión pública y las condiciones de trabajo en el magisterio permitieron que la educación pública del país alcanzara un nivel de calidad que muchos aún recordamos.
Durante el Modelo del Estado Benefactor, la educación pública cumplió un rol de integración social. Los espacios de las escuelas, los colegios y las universidades públicas eran espacios de integración y de cohesión social, donde se encontraban personas con contextos socioeconómicos muy distintos, generando una integración con impacto simbólico.
El modelo neoliberal se empezó a implementar en Costa Rica en los años 80. Este modelo implicó el despido de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público. En los años noventa la política productiva se centró en la economía de exportación y en la apertura de mercados. El crecimiento de la oferta privada fue notable en la educación superior, pues existen 55 universidades privadas frente a cinco5 universidades públicas. Las universidades privadas ofrecen carreras de los campos de finanzas, administración, derecho, educación y psicología. Únicamente tres universidades privadas ofrecen medicina, pues se requiere contar con laboratorios (PEN, 2017).
La oferta privada en educación primaria por ahora representa el 8 % de la educación primaria (PEN, 2017).
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La educación privada se instala en Costa Rica de la mano de las políticas neoliberales
El modelo neoliberal también ha traído una desmejora en las condiciones de trabajo de las y los docentes y funcionarios, pues al debilitar la institucionalidad pública, desmejora la atención a la infraestructura y al equipamiento escolar. Por un lado, como se analiza más adelante, la formación docente queda en manos de actores subcontratados y no responde a un plan nacional de formación docente.
Por otra parte, la falta de infraestructura educativa ha provocado que solamente el 5 % de los centros educativos del país puedan implementar el currículo completo (PEN, 2017) porque los centros educativos deben recibir al menos dos2 turnos de horarios , dificultando que las y los estudiantes puedan permanecer en el centro educativo todo el tiempo necesario para recibir todas las materias. El Ministerio de Educación Pública tiene un plan de mejora de infraestructura (PEN, 2017) y cuenta con recursos de préstamos del Banco Mundial para ello.
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A continuación se analiza un conjunto de legislaciones y acuerdos que favorecen el comercio educativo y la participación del sector privado en la educación.
El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y su impacto en la educación
La publicación de la Internacional de la Educación sobre La educación en Costa Rica Un análisis comparativo de su desarrollo en los años 1950-2014, elaborada por el Licenciado Jose Manuel Valverde para la Internacional de la Educación, analiza a profundidad la implementación de las políticas neoliberales en Costa Rica y coloca el foco en la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS o GATT en Inglés)en la década del noventa.( IEAL, 2014).
El Acuerdo surge tras la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), impulsada por 151 países del mundo. Diez años más tarde, en América Latina había seis6 países que ya habían suscrito el Acuerdo General de Comercio y Servicios.
Valverde explica que la OMC ha señalado en varias ocasiones que el AGCS “no incluye a los servicios públicos ni impone que sean privatizados”, no obstante, al no estar claramente establecido en las negociaciones la no inclusión de los servicios públicos, en muchos países la firma de estos acuerdos se ha traducido en una expansión acelerada de la oferta privada de servicios educativos en todos los niveles( IEAL, 2014, p 45).
En Costa Rica, la oferta privada se extendió rápidamente en el nivel de educación superior, donde en el año 2019 operaban 55 universidades privadas y cinco5 universidades estatales. Al mismo tiempo, la lógica del comercio de servicios creció de forma exponencial pues las universidades públicas han establecido un sistema de venta de servicios (investigación, asesoría, etc.) a fin de robustecer el presupuesto de la institución.
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¿Cuáles legislaciones favorecen el comercio educativo y la participación privada en la política educativa?
Valverde identifica que con el Acuerdo General de Comercio y Servicios, se abre la puerta para que cada vez más proveedores privados suministren servicios de educación e incluso, desplacen la oferta pública ( IEAL, 2014, p 45).
Esta tendencia del crecimiento de la privatización y del comercio de la educación pública no se limitan a la oferta privada de educación o a la matrícula en el sector privado, sino que incluye también la privatización del diseño de la política educativa y la participación del sector privado empresarial en la toma de decisiones sobre la política pública educativa en los países.
Los gobiernos que impulsan las dinámicas de comercio en educación también avalan un proceso de deterioro y de baja inversión en la educación pública, situación que se ha dado en Costa Rica y que se aborda en el siguiente apartado.
Fortalecimiento de las finanzas pública
Los gobiernos de Costa Rica han venido disminuyendo los fondos disponibles para la educación. El Documento de Jose Manuel Valverde señala cómo a partir del año 2000, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica empezó a utilizar otra metodología para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual disminuye en aproximadamente un 30 % el monto presupuestado para la educación (IEAL, 2014, p. 45).
En el año 2018 se aprueba la ley 9635 sobre el Fortalecimiento de las finanzas públicas tuvo un impacto importante en el presupuesto de distintas instituciones públicas y de una cantidad importante de programas estatales. No obstante, el artículo 29 de esa ley, mantiene un gasto mínimo del ocho por ciento (8 %) del producto interno bruto destinado a la educación estatal.
Ese porcentaje contempla
los recursos presupuestados para primera infancia, preescolar, educación primaria, secundaria, educación profesional y educación técnica, incluido el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). El Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá́ destinar un porcentaje de este rubro al financiamiento de infraestructura educativa y equipamiento (Hacienda, 2018, p. 79).
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La ley 9635 del año 2018 sobre el
La educación en Costa Rica está regida por la Ley 1670 del año 1950. El Artículo 5 de esa Ley establece que el órgano responsable la dirección general de la enseñanza oficial corresponderá es el Consejo Superior de Educación Pública (CSE), Consejo presidido por la o el Jerarca del Ministerio de Educación.
El Consejo fue creado por la Ley 1362 del año 1951 y el año 2013, la ley 9126 establece una Reforma Integral de la Ley N° 1362. La ley le brinda la función de ejercer el control de calidad de la educación y su “adaptación constante a las necesidades del país y a los requerimientos de la época” El Consejo puede hacer contrataciones “conforme los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento y la normativa vigente”, incluyendo la contratación de asesorías y consultorías.
En el año 2008 se aprobó la Política educativa “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”. Esta política establece el crecimiento de centros educativos de calidad para garantizar la excelencia en educación.
Esta política describe la calidad como una oferta “que atienda las necesidades y aspiraciones sociales en general, y en especial aquellas de los grupos más desfavorecidos” (CSE, 2008, p.8). En el 2008 esa política educativa planteó “esfuerzo preferencial de atención a los más pobres, a los que sufren marginación y que, por ello, ven limitados sus derechos” (p. 9) en línea con las recomendaciones de la OCDE con relación a enfocar los esfuerzos de acceso y gratuidad para algunos sectores.
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP)
Otro mecanismo que influye la política educativa en el país es el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP).
El investigador José Manuel Valverde (IEAL, 2014) analiza cómo en los Planes Nacionales de Desarrollo, aprobados por los gobiernos desde el 2006 hasta el 2014
se retoma el discurso de la educación como derecho humano y como nervio y motor del desarrollo nacional, devolviéndole el papel de instrumento de generación de oportunidades, de promoción de la equidad y de lucha contra la pobreza
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en la práctica la educación se continúa entendiendo como instrumento para ser más competitivos como país en el mercado internacional (acceso a mercados) y acceder a trabajos de creciente calidad.
Actualmente está vigente el PNDIP 2018-2022 (MIDEPLAN, 2018), que orienta las políticas del Gobierno de la República hacia cinco metas. Dos de estas metas contemplan acciones directamente vinculadas a la educación pública: la meta de disminución del desempleo considera que para bajar el desempleo entre 0,7 y 1,8 puntos porcentuales, es necesario fortalecer los programas de educación dual.
La otra meta, detener el crecimiento de la desigualdad incluye como una de las estrategias centrales aumentar las competencias en inglés, como herramienta para la inclusión laboral. El PNDIP propone lograr esta mejora en las competencias mediante las actividades contempladas en la alianza público-privada “Alianza para el Bilingüismo”. Este documento aborda la Alianza para el Bilingüismo con más detalle en un apartado más adelante.
En general, el PNDIP enfoca todo lo relativo a educación como un área pensada para la “incorporación al mercado laboral, así como para hacer frente a los retos de la cuarta revolución industrial”. El Plan hace un rápido análisis sobre el estado de la educación primaria y secundaria (media) en el país y concluye que la cobertura en primaria es fuerte y que lo que se debe reforzar es la educación secundaria y técnico vocacional. Según, el PNDIP la educación secundaria debe atender al menos tres problemas:
• la falta de interés de los estudiantes en la educación formal (fallas curriculares y pedagógicas, inadecuación de contenidos a la realidad del estudiantado, entre otros.
• problemas económicos que limitan el acceso real a la educación y dificultades de aprendizaje.
• incongruencia de las ofertas educativas con las necesidades del mercado laboral, por ejemplo, la poca formación en áreas como el inglés (MEP, 2018, p. 21).
Además, el Área de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia plantea como los principales desafíos:
• aumentar la cobertura en el nivel de Maternal infantil, Interactivo II y Ciclo de Transición.
• mejorar la calidad del sistema educativo y medir esta calidad mediante los nive-
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les de competencias en lectura y matemática.
• mejorar la enseñanza del inglés como segundo idioma.
• disminuir el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan.
• fomentar el emprendimiento en la población joven.
• Aumentar el acceso de las personas de 18 a 24 años que se ubican en los quintiles de menor ingreso a la educación (MIDEPLAN, 2018, p. 267).
Llama la atención que los desafíos identificados por el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2018-2022, se alinean a la perfección con las tendencias que las instituciones financieras internacionales (BID, Banco Mundial) plantean para las políticas educativas. Esto podría ser un indicador de que las autoridades públicas responsables de elaborar los aportes en educación para este PNDIP estarían identificando los desafíos orientados principalmente por la perspectiva de estas instituciones sobre lo que se propone para la educación pública.
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Alianza Público-privada: un modelo predilecto de gobierno
Costa Rica ha ido incrementando la normativa pública que rige las alianzas público- privadas. Si bien esto es una medida de mitigación para que no crezcan las alianzas público-privadas sin regulación, también es el escenario para normalizar y naturalizar el sistema de alianza público-privada como una forma creciente de la gestión pública, es decir, una forma creciente de gobierno.
Este conjunto de normativas incluye:
• Ley 7762 del año 1998, Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos.
• La ley 6227 del año 2017, Ley General de la Administración Pública.
• Decreto N°41042-H relativo al procedimiento para la determinación de Riesgos fiscales y de Contingencias Fiscales en Proyectos de Asociaciones público-privadas
Ley 7762 del año 1998, Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos, regula los contratos de concesión de obras públicas y de obras con servicios públicos. Esta ley establece un Fondo Nacional de Concesiones con la capacidad de recibir donaciones nacionales e internacionales y de contar con fondos de partidas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional.
Por su parte, la ley 6227 del año 2017, Ley General de la Administración Pública, aporta un marco amplio de interpretación que favorece que surjan y crezcan las alianzas público- privadas.
Esta posibilidad de interpretación se basa en:
• el Artículo 8 que describe que el “ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales”;
• el Artículo10 señala que la norma administrativa deberá ser interpretada en la “forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige” y también debe interpretarse tomando en cuenta otras normas conexas”.
• Finalmente, el Artículo 14 establece que se “podrán autorizar implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos” (Ley 2267, 2017).
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En el año 2018, la Hacienda Pública del país aprueba el Decreto N°41042-H relativo al procedimiento para la determinación de Riesgos fiscales y de Contingencias Fiscales en Proyectos de Asociaciones Público-Privadas. Este Decreto establece los lineamientos para disponer de información sobre los posibles riesgos fiscales y los posibles impactos en las finanzas públicas de las Asociaciones público-privadas para “definir aquellas políticas tendientes a mitigar los riesgos”.
El Decreto describe los Proyectos de Asociación Público-Privada como una relación contractual de largo plazo entre una parte pública y otra privada para proveer un activo o un servicio público, en el que el agente privado asume un riesgo significativo y la responsabilidad de la gestión y la remuneración se vincula al desempeño (Hacienda, 2018, p. 7)
El artículo 2 de este decreto extiende la aplicación de este procedimiento a las alianzas público-privadas en las que desde el gobierno central hasta “las universidades estatales, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, las empresas públicas del Estado, entes públicos no estatales y demás órganos desconcentrados” (Hacienda, 2018, p. 4).
Si bien el estado costarricense, los ministerios públicos y las instituciones públicas siguen siendo estructuras fuertes y con presencia nacional, la lógica de la alianza público-privada se ha instalado como una forma natural de la gestión pública.
Tal y como se observa tanto en el Decreto 41042-H relativo al procedimiento para la determinación de Riesgos fiscales y de Contingencias Fiscales en Proyectos de Asociaciones Público-Privadas como en la ley 7762, las alianzas público-privadas no discriminan ni eximen ningún área de la gestión pública.
El Ministerio de Educación Pública:
Costa Rica se enfrenta a un Ministerio de Educación Pública que metido en una lógica mundial de comercio educativo y de mercantilización de la educación pública. Es muy normal ver al MEP impulsando Alianzas Público-Privadas, comprando servicios a terceros y a grupos privados, promoviendo desde el propio MEP que los grupos privados hagan negocios con la educación pública.
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la cuna de las alianzas público-privadas en educación
En el año 2016 el MEP junto con la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE), el BAC|CREDOMATIC y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) iniciaron una alianza público-privada para elaborar un protocolo de formación de vínculos de cooperación y alianzas para el MEP.
A raíz de esta Alianza, en el año 2018 se publica la Guía de Formación de Alianzas Público-privadas para el desarrollo del Ministerio de Educación Pública (MEP, 2018). Esta guía respalda la existencia de las alianzas partiendo de que el Estado a solas o “una sola organización, sea pública o privada, no tiene la capacidad para resolver unilateralmente un problema” por lo que las Alianzas Público- Privadas para el Desarrollo (APPD) en el sector educativo permitirían reforzar “competencias estratégicas” y para mejorar la calidad educativa.
Las APPD son un “vínculo de cooperación para la interacción corresponsable entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas, en la cual las partes comparten recursos, competencias y riesgos” (MEP, 2018, p. 23).
Las partes de esta alianza sugieren que de forma parcial o total, los fondos de cooperación para el sector educación puedan usarse para la incorporación de las Tecnologías para la Información y la Comunicación (TICs) en el proceso educativo y para el equipamiento y la dotación de recursos didácticos. La guía apuesta por continuar en la línea de los programas PRONIE y Educ@tico, etc. (MEP, 2018, p. 21) y por promover colaboraciones enfocadas en el desarrollo de la capacidad emprendedora y del manejo de un segundo idioma.
La guía sostiene que las APPD parten de que actores públicos y privados consideren que mediante una acción conjunta podrían optimizar los “recursos financieros, técnicos, materiales y el intercambio de conocimientos” para resolver los desafíos que enfrentan.
La guía argumenta que es de interés del MEP desarrollar iniciativas, planes, programas y proyectos a través de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) y vínculos de cooperación, con el propósito de articular y alinear la cooperación de los sectores que contribuya al mejoramiento de la educación costarricense (…) en el marco del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (MEP, 2018, p. 24).
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Según el documento, tanto las organizaciones de la sociedad civil y las empresas pueden hacer aportes muy significativos a las Alianzas con el MEP.
El sector privado puede aportar la experiencia que tiene en materia de innovación y gestión, además de contribuir con “recursos financieros, tecnológicos y logísticos a proyectos de desarrollo” y brindarle escalabilidad por medio de sus socios y proveedores, es decir, su cadena de valor.
Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo las fundaciones creadas y financiadas por las empresas privadas, pueden aportar su “conocimiento sobre los problemas sociales” y “las expectativas que tienen las comunidades”, así como sus “capacidades técnicas e innovadoras para la gestión de las APPD”. Desde la perspectiva de esta Guía, las organizaciones de la sociedad civil ejercerían “control político”, exigirían rendición de cuentas y pueden actuar como “intermediario o agente catalizador para las relaciones entre el Gobierno y las empresas en el marco de determinada alianza” (p. 27).
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Costa Rica I Gobernar mediante alianzas público-privadas
Fuente de la imagen: MEP
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En a guía se describe que la APPD responde a “sistemas de rendición de cuentas menos formales y de carácter horizontal” (p. 23) y las APPD con el MEP deberán reunir características como:
• Posibilitar un impacto positivo y sostenible en el sistema educativo.
• Estar alineadas con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
• Ser establecidas con socios que estén dispuestos a rendir cuentas (p. 24).
Finalmente, la guía propone que el sector público podría proveer incentivos económicos y legales para fomentar las APPD (p. 26).
El hecho de que esta guía sea una publicación conjunta no marca el inicio de un proceso de colaboración, sino más bien, un momento de maduración de una práctica del Ministerio de Educación Pública de actuar en alianzas público-privadas. La Guía, al regular las prácticas de alianzas, permite continuar, consolidar y ampliar esta práctica.
La legislación que habilita negocios mixtos en el ámbito municipal
La ley 8828, Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta del año 2010, autoriza la constitución de Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM), para ejecutar obras y/o proveer servicios en los territorios municipales (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2010).
El Artículo 22 de la ley establece que la SPEM requiere la participación de la municipalidad y de al menos un sujeto de Derecho Privado. Al menos el 51 % de las acciones de esta sociedad deben estar en manos de la municipalidad y las acciones de las municipalidades en las SPEM, no son transferibles a sujetos de Derecho privado.
El artículo 23 de esta ley autoriza a las municipalidades participantes en la SPEM y a las instituciones del Estado a invertir en estas empresas de economía mixta, siempre que haya acuerdo municipal.
El artículo 5 de esta ley brinda atribuciones para que las SPEM “modernicen” y amplíen los servicios públicos existentes en el municipio y también para que “desarrollen nuevas actividades productivas” según lo que cada Concejo municipal determine. El único servicio que se excluye del ámbito de intervención de las SPEM son los acueductos y los alcantarillados.
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El artículo 4 de esta ley, facilita que las SPEM puedan establecer oficinas en cantones de todo el país, siempre que medie un acuerdo municipal y la aprobación de los concejos municipales involucrados.
Además, el Artículo 7, faculta a las SPEM a establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y el sector privado tanto para desarrollar proyectos como proveer servicios y el Artículo 9 las habilita a hacer convenios de cooperación con instituciones del Estado, recibir donaciones estatales o del sector privado.
Si bien, no se observan muchas actuaciones comerciales en educación que estén utilizando la figura de Sociedades Públicas de Economía Mixta, es una herramienta que puede ser utilizada por grupos y actores con interés de promover el comercio en educación, en diferentes áreas, modalidades y servicios educativos.
Es decir, es una herramienta más de la legislación costarricense que facilita las condiciones para los negocios educativos. Se debe observar el uso que se le de a esta herramienta.
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Reforma Fiscal y las donaciones
Al igual que se ha observado en los casos de Colombia y Uruguay, en Costa Rica también se pueden recibir beneficios fiscales a partir de las donaciones que se dan para programas y proyectos educativos, como los mencionados anteriormente en el caso de la Alianza por la Educación o el Proyecto Pro-Futuro de telefónica Movistar.
La ley 9635 sobre el Fortalecimiento de las finanzas públicas (Hacienda Pública, 2018), en su Articulo 8 define como gastos deducibles de la renta bruta las donaciones debidamente comprobadas que hayan sido entregadas, durante el periodo fiscal respectivo, al Estado, a sus instituciones autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, a la Junta de Protección Social (JPS), a las juntas de educación y a las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública (MEP), a las instituciones docentes del Estado (…) y a otras instituciones, como asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales (…), en las zonas definidas como rurales según el reglamento de esta ley, durante el periodo tributario respectivo (Hacienda Pública, 2018).
La ley limita la deducción a un máximo del 10 % de la renta neta calculada para el contribuyente donante. Las principales formas de donación que se revisaron en este documento se referían a donaciones a las juntas de educación o al Estado.
En los casos de Fundación Gente y de la Fundación Telefónica o de las empresas que financiaron la reforma de matemática, es de esperarse que sus beneficios de deducción sean significativos, tomando en cuenta su nivel de participación en donaciones.
La Ley 9635 sobre el Fortalecimiento de las finanzas públicas es, una vez más, un instrumento para beneficiar y promover la participación del sector privado en los procesos educativos y de formación docente.
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Como se detalló en páginas previas, el órgano responsable de la dirección general de la enseñanza oficial es el Consejo Superior de Educación Pública (CSE).
Entre otras funciones, el CSE tiene la tarea de aprobar:
• Los planes de desarrollo de la educación pública.
• Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas,
• Tipos de escuelas y colegios.
• La puesta en marcha de proyectos innovadores experimentales en la educación formal o la no formal.
• Los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum.
• El sistema de evaluación de los aprendizajes.
• La política de infraestructura educativa.
• La política general para la formación continua, preparación, perfeccionamiento y estímulo del personal docente.
Al observar estas funciones, se evidencia que para que crezca la oferta privada en educación, que se impulsen reformas al currículo y que se legitimen los procesos de evaluación estandarizada, el Consejo Superior de Educación ha tenido que habilitar los mecanismos para habilitar las diferentes formas de comercio educativo que tienen presencia en el país.
El Consejo está conformado por:
• La o el ministro de Educación Pública, quien lo presidirá́.
• Dos exministras/os de Educación Pública, designados por el Poder Ejecutivo.
• Una persona nombrada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.
• Una persona representante del tercer ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada, nombrada por los directores de los colegios de estos ciclos (educación secundaria).
• Un representante de I y II ciclos de la Educación General Básica (la enseñanza primaria) y preescolar, nombrado por los directores regionales, supervisores y directores de las escuelas de I y II ciclos de la Educación General Básica (primarias) del país.
• Un integrante designado por las organizaciones de educadores inscritas conforme a la ley, nombrado por sus correspondientes directivas.
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La participación privada en la toma de decisiones se aprueba desde el Estado
El Artículo 6 de la ley 9162 les otorga a sus integrantes “independencia de las entidades que las nombren” y detalla que se refiere a “la independencia de criterio y no por delegación”. Además se les exige representar “los intereses de la educación nacional vista como un todo”.
La forma en que está conformado el CSE es el punto de partida para habilitar la participación privada en la toma de decisiones en política educativa. Cuando el CSE se refiere a la educación nacional como un todo no hace una referencia específica a la educación como un derecho ni a la educación con un sentido público.
Pensar la educación “como un todo” sin reiterar que es un sistema público orientado por la noción de derechos, gratuidad y gestión pública, también es una forma de naturalizar la oferta privada y los formatos público-privados de gestión y codiseño de la política pública.
El Consejo Superior de Educación es responsable de la participación de actores privados en procesos de la educación pública, como por ejemplo, que la Fundación Omar Dengo, ente privado, reciba fondos públicos para la formación docente y el desarrollo de plataformas de informática o bien, que más de veinticinco Institutos parauniversitarios se hayan instalado y vean crecer su matrícula en los últimos años.
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El caso emblemático de la Fundación Omar Dengo
Uno de los actores fundadores de la Alianza por la Educación es la Fundación Omar Dengo es una institución privada sin fines de lucro, fundada en 1987. En ese año era presidente Oscar Arias Sánchez y su ministro de Educación era Francisco Antonio Pacheco.
Clotilde Fonseca fue la Directora Ejecutiva de la Fundación Omar Dengo desde 1987 hasta el año 2002. La señora Clotilde Fonseca era además la esposa del Ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco.
La Fundación Omar Dengo fue fundada por “empresarios e intelectuales que buscaban desarrollar e incrementar la calidad de la educación, por medio de la informática y de la aplicación de nuevas tecnologías al proceso educativo costarricense” (FOD, s.f.).
La FOD fue inscrita en el mes de junio y en agosto de ese mismo año, es decir dos meses luego de inscrita como Fundación, ya estaba siendo declarada “entidad de interés público” mediante Decreto Ejecutivo N°17731-J-H.
Es importante reiterar entonces que, mientras que esta Fundación, que recibió la declaración de entidad de interés público en solo dos meses de haber sido fundada era dirigida por una persona que en era además, esposa del Ministro de Educación en ese momento.
Algunos hitos desde la creación de la Fundación son
1988: Durante la gestión de dicho ministro, esposo de la Directora de la Fundación, a la FOD se le asignó en 1988 la ejecución del Programa de Informática Educativa (PIE MEP-FOD) para Preescolar, I y II ciclo de la educación general básica en 57 escuelas públicas.
1997: el MEP asigna a la FOD el desarrollo del Programa Informática Educativa Siglo XXI.
2002: es último año de dirección de la señora Clotilde Fonseca. En ese año se aprueba la Ley N°8207, que otorgaba carácter de Utilidad pública al Programa de Informática Educativa.
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Esta Ley marcó la clave del crecimiento exponencial que luego tendría la Fundación Omar Dengo.
Por un lado, el Artículo 2 de la ley autoriza el traslado de fondos públicos a las FOD para que “sostener, fortalecer y ampliar el Programa de Informática Educativa”.
Además, la declaración de utilidad pública estableció exoneraciones tributarias de toda clase los bienes que la Fundación Omar Dengo adquiera para la ejecución del Programa de Informática Educativa.
2002: el Consejo Superior de Educación aprobó la creación del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE) que articularía la formación en informática desde el ciclo de preescolar, el I y II ciclo e incluso el III Ciclo. Es decir, otorgaba participación total de la FOD en todos los niveles de la educación.
2004: la FOD recibe fondos de cooperación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) para lanza el “instituto Innov@ de Aprendizaje y Tecnología y la construcción y remodelación de su nueva sede” (FOD, 2004).
2014: el PRONIE lanza el Campus Virtual “UPE la puerta al conocimiento", una plataforma de capacitación virtual para docentes para incorporar las tecnologías en los procesos de aprendizaje y enseñanza.
2017: la FOD informaba que el programa PRONIE atendía a 652.400 estudiantes y a sus docentes, lo cual representa el 87 % de los estudiantes matriculados en la educación diurna, desde preescolar hasta III ciclo.
2018: la FOD y la Fundación Telefónica de España acuerdan que la Fundación telefónica, mediante el proyecto PROFUTURO aportará hasta US$ 1 millón de dólares para proyectos de la FOD, incluido la compra del equipo tecnológico y al desarrollo profesional y acompañamiento cercano de los maestros para promover la innovación educativa.
Los programas que desarrolla la Fundación se dirigen a docentes de todos los nivele, y la FOD reporta tener hasta 7000 mil usuarios por año. Algunos de los cursos que ofrece la FOD son reconocidos por servicio civil, otros no son reconocidos porque tienen una capacidad de matrícula limitada.
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Los principales problemas identificados en la evaluación del programa PRONIE se refieren a la poca articulación con la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), sino por el contrario, la FOD funciona como una estructura paralela del MEP, especialmente como una estructura paralela a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), que tiene entre sus tareas “analizar, estudiar, formular, planificar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar aspectos propios de la gestión, experimentación e introducción de las TIC en el sistema educativo (...) favorece la labor del docente mediante la promoción y uso de los recursos digitales” (Fuente: MEP).
Como se plasma aquí, el Consejo Superior de Educación y el marco legislativo asigna una y otra vez, las tareas de formación e informática a una Fundación Privada, sin exigir una articulación con las actividades de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio.
Esta decisión del Consejo Superior de Educación es la razón por la cual, en el año 2016 se destinó el 0.7 % del presupuesto del MEP a la Fundación Omar Dengo (FOD) lo que representó cerca de ¢16 000 millones para el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD). Con estos dineros públicos, la FOD compra de equipo de cómputo, además diseña e implementa las capacitaciones docentes, desarrolla las herramientas pedagógicas y certifica al personal docente (FOD).
Sólo en el año 2018, el plan de compras aprobado para el centro de soporte del PRONIE es de US$ 2 351 000. (FOD)
Este tipo de estructura privada institucionalizada en la lógica pública como es el caso de la FOD ha sido defendido por las Naciones Unidas. La UNESCO, por ejemplo, sostiene que las Alianzas Público-Privadas y los servicios educativos prestados por el sector privado son unas herramientas para alcanzar la cobertura y la equidad, así como para aumentar los fondos disponibles, la innovación y la eficiencia UNESCO 2017, p. 3).
FOD y la PRO-FUTURO de Telefónica de España
La Fundación Telefónica, de la transnacional de telecomunicaciones Telefónica Movistar, ha lanzado el proyecto PRO Futuro cuya meta es alcanzar a 10 millones de niñas y niños en los continentes de Asia, África y América Latina y el Caribe mediante proyectos de tecnologías educativas.
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En el año 2018, Telefónica anunció que PROFUTURO aportaría casi un millón de euros a generar una estructura de proyecto en la FOD. Mediante este proyecto se financiaría la compra del equipo tecnológico y la contratación del personal que brinda las capacitaciones a docentes. Además, PROFUTURO hospeda la plataforma de recursos tecnológicos a la cual acceden 1200 docentes. Esta plataforma, con todos los recursos y los datos de las y los docentes, está hospedada en la nube de PROFUTURO mediante el espacio de la SCOLARTIC.
Para ¿ docentes de primaria, PROFUTURO ofrece una “maleta” que contiene una Tablet, que a su vez sirve de servidor y tiene contenidos educativos precargados. Esta Tablet se conecta a internet y va registrando “la experiencia de uso de las y los estudiantes”. En el nivel de primaria la formación está a cargo de “coaches”. PROFUTURO ha anunciado su interés en desarrollar un Observatorio de exclusión educativa.
Para los docentes de secundaria, los cursos ofrecidos en alianza por la FOD y PRO Futuro si son reconocidos por el IDP, porque cumplen 90 horas de formación en secundaria, lo que representa dos2 puntos en carrera profesional (FOD, 2018).
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La formación docente: privada y tercerizada
El Artículo 23 de la Ley Fundamental de Educación (Ley de 1950) establece que el Estado es el actor que “formará profesionales docentes, para los diversos niveles de la enseñanza, por medio de institutos especiales y de la Universidad de Costa Rica.”
El Artículo 25 establece que los “institutos de formación de profesionales docentes se regirán por un reglamento que deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Educación” y el Artículo 26 garantiza que el Estado ofrecerá programas de formación profesional y de adiestramiento para el personal en servicio.
La ley no limita la formación inicial ni en servicio como una actividad exclusiva del Estado. Una consecuencia de esto es la tendencia que se observa por parte de muchos actores del sector privado, principalmente los integrantes de la Alianza por la Educación, para que desarrollan algún tipo de intervención en la formación docente, sin que esté vinculado a una política de formación y diseñados en función de proyectos de corto plazo.
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez (IDP) es el organismo responsable de la formación y actualización docente. El IDP fue creado en el año 2008. Se le asignaron nueve funcionarios, es decir, surgió sin tener un equipo propio que le permita brindar actualización docente por todo el país.
En los últimos diez años, el IDP ha gestionado 185 000 cupos para capacitaciones, la mayoría de las cuales se contratan a terceros, puesto que una estructura de nueve funcionarios no podría llevar adelante la tarea de formación docente a nivel nacional. Un actor privado que vende el servicio de capacitación al IDP es la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia (FUNDEPREDI). Según datos del año 2020, FUNDEPREDI cobra entre 60 000 y 70 000 colones por cupo (Auditoría MEP).
No hay ninguna legislación ni reglamento que impida que el IDP compre servicios a terceros. Estos servicios se compran sin necesidad de responder a un plan, puesto que el MEP no cuenta con un Plan Nacional de capacitación y actualización docente, por lo que tanto los cursos impartidos por la FOD como los cursos contratados por el IDP pueden ser diseñados a criterios de los prestamistas del servicio de capacitación.
Por otra parte, en Costa Rica existe una amplia oferta de carreras de universidades privadas vinculadas al sector educativo. El gran negocio de las universida-
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des privadas es graduar docentes de primaria y graduar directores/directoras. Al menos 30 carreras de las universidades privadas están vinculadas a la educación primaria. Solamente en el periodo del 2010 al 2015 se extendieron 5000 títulos en carreras educativas.
Es decir, 1000 títulos por año en carreras educativas. De estos mil títulos, el 87 % eran títulos obtenidos por universidades privadas. Un 58 % de docentes de las escuelas públicas están graduados de universidades privadas, principalmente la Universidad de las Ciencias y el Arte (UNICA) y la de San Isidro Labrador (PEN, 2017).
Más del 50 % de los títulos otorgados por las universidades privadas en carreras educativas es para la carrera de administración educativa (para ser directores/as). Esto no es un dato menor, pues la carrera de gestión educativa es la formación para poder fungir como director o directora de escuela o de colegio. El dato de que hay un 50 % de docentes que se forma como directoras o directores en el sector privado, puede tener un impacto en la perspectiva desde la cual se asumirá la gestión de la institución educativa pública, posiblemente, desde una mirada influenciada por un carácter empresarial.
Es decir, el sector educativo privado está formado a las y los docentes que luego trabajan en el sector público.
Nuevamente, no hay ninguna legislación que limite la posibilidad de los comercios de educación privada de formar a docentes que se insertan en el sector público.
Inclusive, los mecanismos de selección de docentes que están vigentes en el sistema de contratación pública conocido como “Servicio civil”, no contemplan ninguna puntuación diferenciada o a favor de candidatos que tienen títulos universitarios de instituciones públicas.
Entre las intervenciones estratégicas del Plan nacional de desarrollo y de Inversión Pública 2018- 2022, se incluye el “aseguramiento de la calidad docente” (MIDEPLAN, 2018, p. 270), mediante la capacitación a docentes del MEP para el mejoramiento del desempeño profesional. Al 2022 se plantea haber capacitado a 66.783 docentes y el PNDIP establece que se podrá financiar con apoyo del Financiamiento del Banco Mundial-BID “Programa por resultados”.
En noviembre del 2007 se cambió el nombre del Departamento de Supervi -
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sión Nacional, ahora Departamento de Evaluación de la Calidad se cambiaron además, sus funciones. A partir de estos cambios en el Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC) decidimos cambiar nuestro estilo de gestión, enfocándolo más la asesoría, acompañamiento y evaluación para el mejoramiento continuo. Así también, modificamos los documentos que hemos utilizado en el asesoramiento de los miembros del Equipos Coordinadores de la Calidad y pasamos de módulos de autocapacitación, a cuadernillos que esperamos les guíen en la gestión de los Equipos de Calidad de los diferentes ámbitos del Sistema
Educativo. Esto, creemos, les dará mayor autonomía en la forma de plantear la ejecución del Modelo de Calidad, su evaluación y toma de decisiones; según el contexto y su plan de mejoramiento propuesto.
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Si bien hay países de la región con mucho mayor endeudamiento que Costa Rica, el país tiene la característica de que sus políticas educativas y las prácticas del Ministerio de Educación están muy alineadas con la perspectiva de estas instituciones financieras.
El Banco Interamericano de Desarrollo BID juega un papel muy importante pues todas sus gestiones de préstamos, proyectos y cooperaciones técnicas se coordinan con cada Ministerio del área del proyecto. Es decir, el gobierno y el poder ejecutivo, aprueban todas las actividades del BID en el país.
Al igual que lo hace en otros países de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo apoya una plataformas de diálogo en Costa Rica llamada Consejo Social (CONSoc), que es un espacio de “consulta permanente promovida por el Grupo BID e integrada por representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de cada país” (BID).
La selección de cada OSC que participa en los Consejos Sociales del BID o CONSoc se basa en la coincidencia de las actividades de estas OSC con las líneas acordadas entre el BID y los gobiernos de dichos países (BID, 2016, p. 15).
En Costa Rica, entre los integrantes del CONSoc se encuentran:
• Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) que promovió la segunda ase de la Reforma de Matemáticas.
• Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento
• Fundación Acción Joven, que integra la Alianza por la educación
• Fundación Omar Dengo, que integra la Alianza por la Educación y es el máximo beneficiario privado de fondos públicos para educación.
• Federación de Organizaciones Sociales
• Horizonte Positivo
• Fundación Paniamor
• Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
• Programa Estado de la Nación
• La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
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Reformas Educativas no consultadas y pagadas con deudas: la participación del Banco Interamericano para el Desarrollo y del Banco Mundial
Esto muestra que el BID tiene un lugar de articulador y un liderazgo en los procesos de desarrollo del país. El hecho de que estas organizaciones participen del CONSoc y no de otros espacios de articulación o diálogo, deja claro que el BID tiene una legitimidad incluso entre actores sociales.
En este país en el año 2005, el Banco Mundial generó un préstamo por US$ 30 000 000 denominado “Eficiencia y equidad de la Educación”. Ese préstamo, que todavía se está pagando porque el periodo de pago son 25 años, financió un Sistema de información para dar seguimiento a resultados educativos que se denominó “Sistema de Información de Desarrollo Educativo- SIDE”. Además financió estrategias de evaluación y diagnóstico, así como el apoyo del IDP.
En el año 2012 se recibe otro préstamo, esta vez del BID, para la construcción de infraestructura educativa, por un total de US$ 167 000 000.
Un informe de Hacienda del I trimestre del 2018 muestra problemas con la adjudicación de los carteles de licitación, pues en el caso de la construcción de centros educativos de Alajuela, Heredia y Cartago se han adjudicado los carteles sin comprobar si los terrenos poseían agua (Hacienda, 2018, pp. 66).
En el año 2015, el BID también le donó US$ 1 200 000 al proyecto “Generando capacidades en la nueva fuerza laboral para la Economía del Conocimiento” de la Fundación Monge. Este proyecto busca acercar los contenidos impartidos en secundaria al mercado de trabajo.
Mientras que estos bancos promueven el endeudamiento para comprar servicios a terceros, el BID presiona a los países para impulsar reformas orientadas a invertir menos fondos en educación y salud y a buscar una forma de brindar educación y salud de forma más barata.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) coincide con el BID en su postura de desincentivar la inversión en educación pública. La OCDE está llamando a focalizar las políticas públicas en educación en programas asistencialistas, es decir, que el Estado garantice educación sólo para quienes no puedan pagar, y permita que los que sí pueden pagar, paguen por la educación. Esta es la lógica que opera en varios países donde funcionan las escuelas privadas de bajo costo.
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Debe tomarse en cuenta que en el año 2019, el BID apoyó la organización de una reunión latinoamericana de la Alianza de Educación Digital en Latinoamérica (ADELA) en Costa Rica. En esta alianza participan actores como el instituto SUMMA del BID y la Fundación Ceibal, financiada por el BID. Por parte de Costa Rica, la Fundación Omar Dengo es integrante de ADELA.
Se debe dar seguimiento a nuevos proyectos orientados a digitalizar la educación en el país, pues muy seguramente seguirán los formatos que tiene el Plan Ceibal en Uruguay o la dinámica de gestión privada de fondos públicos con que actúa la FOD.
En el año 2019, la salida del jerarca en educación dio al traste con varias negociaciones que estaban avanzadas tanto con e BID como con el Banco Mundial.
Actualmente, el Banco Mundial y el BID coordinan con el Ministerio de Educación Pública para fomentar procesos de educación virtual o en línea, herramientas de evaluación de la calidad y cambios en las dinámicas de contratación docente.
Como ha advertido la Internacional de la Educación, las negociaciones entre el BID, el Banco Mundial y el Ministerio de Educación, impulsan reformas educativas que no pasan por ninguna mesa de negociación. Se debe estar alerta pues en otros países, estas agendas de evaluación, contratación docente y educación virtual ya han demostrado ser profundamente antipedagógicas.
Como Anexo de este documento, se ofrece un resumen de los préstamos que Costa Rica ha contraído con el BID y con el Banco Mundial para financiar reformas educativas. Se recomienda su revisión para identificar más ejemplos sobre las principales formas de intervención de estas IFI.
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La privatización que se desprende de la receta de la OCDE para Costa Rica
Los países que quieren entrar a la OCDE deben someterse a una serie de observaciones por parte de esta organización, luego reciben una lista sugerencias para distintas áreas y deben estar dispuestas a alinearse con estas sugerencias.
Costa Rica es uno de estos países. En el año 2017, Costa Rica recibió un conjunto de instrucciones de la OCDE, entre las que se recomienda un “cambio significativo en el diseño, financiamiento y ejecución de las políticas” educativas (OCDE, 2017, p. 5), así como el diseño y la planificación de presupuesto vinculado a resultados medibles
(p.6). La OCDE critica que la inversión de Costa Rica en educación (8 % del PIB) es inclusive mayor a la de muchos países de la OCDE, pero la inversión no se refleja en el nivel de finalización de los estudios, pues únicamente el 51 % de las personas de 24-34 años cuentan con el título de estudios de secundaria.
En primera infancia
El Informe de la OCDE para Costa Rica plantea ampliar el negocio privado en la primera infancia. La OCDE propone ampliar el nivel de atención y educación de la primera infancia (AEPI) mediante el apoyo al sector privado, pues es el sector privado el que tiene capacidad de aumentar la oferta a mayor velocidad. La OCDE sostiene que el Estado costarricense debe atender prioritariamente a la niñez en mayor riesgo, insistiendo en la focalización asistencialista, en oposición a la universalización y el fortalecimiento de la política pública.
Esta misma recomendación de recurrir al sector privado para ampliar el nivel de educación inicial también la ha hecho el BID y la estructura denominada Diálogo Interamericano.
En cuanto al MEP, que es el principal empleador, el programa de preescolar incluye un perfil docente que detalla las características del personal “que coadyuvan a potenciar el desarrollo integral de los educandos” (MEP, 2013; PEN, 2015). Sin embargo, ese perfil consiste en un listado restringido de quince características, ciertamente importantes, pero expuestas con un alto grado de generalidad, sin mayor explicación conceptual o metodológica. En tales condiciones, resulta insuficiente no solo para guiar una selección precisa y cuidadosa de postulantes, sino también para dotar de contenido las actividades de capacitación para el personal en servicio.
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A partir de las recomendaciones de la OCDE, podría surgir un mayor impulso a la educación privada y a las alianzas público-privadas, por ejemplo, que grupos privados gestionen y administren centros de educación publica bajo el formato de concesión.
La Administración de Carlos Alvarado (2018-2022) se comprometió a aumentar 40 000 cupos en la Red de Cuido, es decir en atención primera infancia. Podemos prever que la forma que tiene el gobierno de reportar este aumento de cupos es promoviendo el crecimiento de la educación inicial y en primera infancia esté a cargo del sector privado, máxime si esto le facilita al gobierno reportar una mayor cobertura en este nivel.
Evaluación estandarizada
La OCDE recomienda que Costa Rica establezca un sistema de evaluación docente, con evaluaciones anuales, que establezca las condiciones para una evaluación externa. Además, se recomienda fortalecer la profesión de supervisión escolar y constituir equipos de supervisores (p. 14). La OCDE llama que a el país valore la creación de un ente –sin especificar si estuviera vinculado al Ministerio de Educación Pública- que apoye el establecimiento de estándares de calidad y el desarrollo de la política docente. Este ente serio distinto al Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense, MECEC, que opera dentro del Ministerio de Educación, pues como se ha aclarado, la OCDE lo propone como un ente externo.
Nuevamente la OCDE coincide con el BID en el impulso de procesos de evaluación estandarizada y en el impulso de estructuras autónomas y privadas que se encargan de esta evaluación estandarizada, y que cobran importantes montos de dinero por hacerlo. Este es el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa -INIEE- en México, las Agencias de Aseguramiento de la Calidad en Chile, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Ecuador y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
Cerrar y fusionar instituciones
La OCDE recomienda cerrar las escuelas pequeñas y con pocos estudiantes y centralizar esta población en menos cantidad de escuelas de mayor tamaño. Una experiencia similar ha sido financiada por el BID y el Banco Mundial en Paraguay, con el establecimiento de “escuelas potenciadas” y “escuelas modelo” en las zonas rurales, respectivamente.
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Al sistema educativo costarricense esto le podría resultar atractivo, máxime tomando en cuenta el dato que se aporta en la introducción de este documento, con respecto a que únicamente el 5 % de los centros educativos reciben la totalidad del currículo y que el 95 % no lo recibe por falta de disponibilidad de infraestructura educativa, lo que reduce el tiempo del que se puede disponer de infraestructura.
Una vez más, la OCDE y el BID están alineados. El BID ha financiado proyectos de cierre de escuelas rurales y unidocente en Ecuador y en Paraguay. En el caso de Paraguay, el proyecto del BID de reubicar a estos niños de escuelas rurales en mega colegios, ya mostró sus primeras fallas: los sistemas de transporte no funcionan en las zonas rurales y a veces los transportistas contratados no han cumplido con prestar el servicio, dejando a cientos de niños sin acceso a las escuelas.
La fórmula de cerrar centros educativos y fusionar escuelas o colegios es además una forma de eliminar plazas docentes y administrativas. El cierre de escuelas y la reubicación de niños y niñas ha dejado como resultado el despido de maestros y la exclusión de muchos niños y niñas del sistema educativo, pues sus familias no confían en enviarlos a estudiar en lugares alejados. Un detalle que estos planes de cerrar escuelas no han tomado en cuenta es que muchas veces el centro educativo es la Única presencia del Estado en una comunidad, por lo que cerrar una escuela es aislar a esa comunidad
Reforma en Secundaria
Con respecto a la gestión en secundaria, la OCDE critica que el currículo educativo en secundaria en Costa Rica es fuertemente académico (p.17) y que podría pensarse en procesos más cortos (de seis meses a dos años) que fusionen los colegios técnico con el INA y que preparen para el empleo (p. 19), impartiendo “aprendizajes basados en el trabajo”.
La OCDE llama a reformar las alternativas de Formación técnica y priorizarlas sobre aquellas de formación académica. Esta opción la plantean como la mejor oportunidad para las y los estudiantes en riesgo social tengan en la prueba de Bachillerato Académico un obstáculo para que se inserten al mercado laboral.
Este tipo de medidas se han tomado ya en Brasil y en México y han resultado en la creación de una secundaria con un currículo muy reducido, centrado en español,
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matemática, inglés y habilidades blandas, es decir, resultando en un sistema secundario que no educa para la ciudadanía sino para empleos mal pagados.
En Costa Rica, el desempleo juvenil es del 19 % y un 50 % de la juventud en edad de colegio está fuera del colegio. Esta es una conjugación perfecta para que se argumente la necesidad de reducir la cantidad de años que los estudiantes permanecen en secundaria, así como la cantidad de materias que reciben.
Igualmente es posible que surja mayor presión por parte del BID y de la OCDE y de actores privados, por ejemplo el CINDE, el CPC y a Alianza por la Educación, para que el MEP avance con la imposición de pruebas estandarizadas a docentes y estudiantes. El BID como organismo de financiación de distintos programas del MEP podría poner mucha presión para que sí se hagan pruebas estandarizadas, e incluso, para vincular la estabilidad laboral de las y los maestros a los resultados de estas pruebas. Máxime tomando en cuenta que el documento del BID y Diálogo Interamericano denominado “El Estado de las políticas docentes en Costa Rica” ya ha dicho que el modelo de evaluación de docentes a cargo de los directores es muy débil.
Como lo ha advertido la Internacional de la Educación en otras ocasiones, la reforma en secundaria que se impulse en el país podría estar orientada a disminuir la cantidad de materias, limitarlas a inglés, español y matemática y algunas habilidades para el mundo del trabajo. Ya en Brasil se eliminaron las materias vinculadas a estudios sociales, historia, filosofía, geografía, etc.
El argumento ha sido que hay grandes masas de juventud que ya están fuera de la secundaria y que lo que necesitan es un sistema secundario más alineado con su urgencia de ingresar al mercado laboral. Estas recomendaciones de la OCDE coinciden con las posiciones neoliberales que vinculan los procesos educativos exclusivamente a la eficiencia laboral, y que ven en la educación un recurso que responde exclusivamente a las exigencias de los mercados.
Finalmente, la OCDE también le ha recomendado a Costa Rica que promueva las Alianzas Público-Privadas y que focalice los fondos de la educación en los grupos más pobres, permitiendo que los que pueden pagar, paguen educación privada.
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Fondo Crecemos para estudiantes: un ejemplo de la operacionalización de la mirada de la OCDE
En el año 2019, el Ministerio de Educación perdió la gestión de las becas para estudiantes en el nivel de primaria. El fondo de becas será gestionado en adelante por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que tiene un enfoque de atención a familias en pobreza.
El IMAS ya gestiona las becas para estudiantes de Secundaria, conocido como el sistema “Avancemos”. Ahora, las becas para el nivel de primaria se conocerán como “Crecemos”.
Esto cambia la perspectiva con la cual se ponen a disposición becas estudiantiles, alejándose del enfoque del derecho a la educación y acercándolas al enfoque de respuesta humanitaria y respuesta a la condición de pobreza. El Programa Crecemos es un programa un programa de transferencias monetarias condicionadas (otorga fondos a los estudiantes) para promover la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal a nivel de Primera Infancia, I y II Ciclo de la Educación General Básica. La transferencia del dinero es mensual y se gira a cada estudiante si este permanece en el sistema educativo mes a mes.
Anteriormente las y los estudiantes de Primaria recibían la beca a través del ministerio de educación y era el personal docente el que identificaba a las y los estudiantes en necesidad de una beca.
Con el cambio de responsabilidad al IMAS, son las familias las responsables de ir a gestionar los fondos de beca, en las ventanillas del IMAS. El Ministerio de Educación deberá estar atento a que este cambio de gestión no genere mayor exclusión de las y los estudiantes.
Este tipo de políticas en las que la atención se focaliza en las familias en pobreza, en lugar de promover un abordaje más universal de la política, es el tipo de carácter que la OCDE le impregna a las políticas educativas.
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Grupos empresariales expertos en pedagogía: la Alianza por la Educación
En varios países de América Latina las empresas privadas y las fundaciones creadas por muchas empresas privadas se han articulado en estructuras nacionales y han aumentado su capacidad de incidir en el diseño, la implementación u operación, la administración e incluso la gestión de algún proyecto en la educación pública. Muchas de estas articulaciones formadas por el sector privado y sus fundaciones son parte de la Red Latinoamericana de Educación (REDUCA).
En el caso de Costa Rica, en el año 2017 se funda la Alianza por la Educación, que agrupa a 16 organizaciones privadas y de la sociedad civil de Costa Rica que tienen proyectos en alianza con el Ministerio de Educación en centros educativos públicos. Si bien sigue un formato similar al de las articulaciones empresariales de REDUCA, la Alianza por la Educación no ha publicado ninguna información que la vincule con esta red.
El sitio web de la Alianza por la Educación describe esta articulación de empresas privadas como
un espacio de articulación del sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por una educación de calidad para todos y todas. Es un espacio para compartir experiencias; debatir y reflexionar en torno a los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo; y, liderar procesos de diálogo social que permitan fortalecer el debate y la articulación entre diversos actores.
La Alianza está conformada por empresas del sector bancario, empresas del sector industria y alimentos, automovilística, energía, servicios y fundaciones dedicada a proyectos en educación.
Algunos de los integrantes más conocidos de la Alianza en el año 2019 eran la Fundación Gente (del Grupo Purdy Motor), P&G, Intel, Fundación Mora Terán, Fundación Omar Dengo, Coopeservidores, BAC Credomatic, Garnier y Fundación Creciendo Juntos (EcoDesarrollos Península de Papagayo).
Estos actores consideran que pueden construir las sinergias entre el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno “para lograr una mejora sistémica en la educación”.
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Es interesante que la Fundación Omar Dengo (FOD) forma parte de esta articulación del sector empresarial.
En su sitio web, la Alianza enumera distintos retos que según este sector empresarial se expresan en todos los niveles educativos y que “involucran el acceso y la permanencia en el sistema educativo, la infraestructura y la conectividad, la formación docente inicial y en servicio, así como la gestión institucional” (AxE, s.f)
Como parte de los objetivos, se señala
la promoción de Alianzas Estratégicas con el objeto de contribuir al establecimiento de una comunidad articulada del sector privado y la sociedad civil articulada que incluya acuerdos de trabajo colaborativos, sello de reconocimiento de Impacto en Calidad de la Educación y una Caja de Herramientas para los socios de la Alianza.
Ese sitio web explica que las empresas y organizaciones buscarían generar una visión compartida de los restos de la educación y alinear sus iniciativas y sus inversiones.
Qué más puede motivar a la Alianza por la Educación
Como lo establece en su página web, las empresas de la Alianza por la Educación estarían impulsando que en el país se instalara la “Comisión para el aseguramiento de la calidad”. Según lo informara el Despacho de la anterior Viceministra de Educación (Aparo Pacheco, Viceministra académica, 2018-2019), la Alianza por la Educación y el BID colaboraron con el MEP para revisar distintos modelos internacionales vigentes para el aseguramiento de la calidad.
La Alianza por la Educación buscaba establecer un documento que sistematizara el estado de situación de las instituciones responsables de los sistemas de calidad educativa de América Latina y hacer un análisis comparativo con los instrumentos y estructuras con las que cuenta el MEP para esta tarea, así como sus alcances legales.
Al revisar los casos de estos tres actores integrantes de la Alianza por la Educación, no se debe tomar a la ligera que esa fuera una agenda del sector empresarial.
Tanto la FOD, como BAC Credomatic como la Fundación Gente son actores privados empresariales con muchísima especialidad en el manejo de la gestión educativa y en
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la alianza con el MEP. Es decir, que si la Alianza por la Educación se plantea diseñar y establecer un sistema de aseguramiento de la calidad, tiene bastantes herramientas y bastante peso político para hacerlo.
Dentro del MEP, la calidad está en manos del Departamento de Evaluación de la Calidad de la Dirección de Gestión y Evaluación. El Decreto Nº 38170-MEP del año 2014, le otorga la función de “Desarrollar, implementar y dirigir el sistema de calidad de la educación costarricense” así como el “promover el mejoramiento de la capacidad de gestión de los centros educativos públicos, así como de la calidad del proceso de enseñanza”(MEP, 2016).
El Departamento de Evaluación de la Calidad de la Dirección de Gestión y Evaluación fomenta que cada centro educativo cuente con equipos coordinadores de calidad que actúen en función de un Plan Anual de Trabajo (PAT). Cada centro debe hacer un Plan de Mejoramiento Quinquenal (PMQ) (MEP, 2016, p. 7). La Directriz DM-1502-10-14, establece el marco estructural para las actividades vinculadas con la gestión y evaluación de la calidad de la educación va desde el centro educativo hacia los ámbitos más abarcadores como el circuito escolar, la dirección regional y oficinas centrales del MEP. El en 2013, el MEP publicó su Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC). En este documento el MEP aportaba una definición oficial del concepto de Calidad de la Educación como la “Satisfacción de necesidades educativas de la persona y la comunidad mediante un proceso que potencie con equidad el desarrollo humano y la identidad nacional” (MEP 2013, p. 26). Esta definición se asienta en los principios de necesidades de las personas y la comunidad, el proceso, la equidad, el desarrollo humano y la identidad nacional.
Mientras tanto, no se encontró ninguna definición de calidad en los documentos de la Alianza por la Educación. Aún así, se como se muestra más adelante, muchas empresas y Fundaciones de la Alianza por la Educación han apoyado las pruebas PISA como un criterio para el cumplimiento de calidad, lo cual no tiene ninguna relación con lo que plantea el MECEC del MEP.
La gestión que se había avanzado en manos de la Alianza por la Educación, se vio truncada con la salida del jerarca de educación y de sus vice jerarcas en el año 2018. En este momento, la Alianza sigue avanzando y tiene la oportunidad de recuperar esta agenda.
A continuación se revisan los casos de tres integrantes de la Alianza por la Educación que han mostrado amplia participación en la política educativa.
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El grupo financiero transnacional BAC Credomatic
El grupo financiero transnacional BAC/Credomatic es uno de los integrantes de la Alianza por la Educación con mayor presencia en la toma de decisiones educativas. El BAC ha impulsado dos reformas educativas integradas a temas financieros. Una de estas reformas se centró en el diseño del currículo de educación financiera que actualmente se imparte en el sistema educativo público y que sustituye los contenidos de los que se conocía como “educación para el hogar”.
Otra reforma que está siendo impulsada es la que promueve el contenido educativo centrado en planes de desarrollo socio productivo en liceos rurales (MEP, 2019). Además, desde el 2016 el BAC ha financiado un porcentaje del desarrollo de la Reforma de Matemáticas en secundaria (Integrarse, 2016).
La forma de participar en estos procesos es que el personal del BAC vinculado a la política de responsabilidad empresarial trabaja, junto con consultores contratados, en coordinación con docentes y el Departamento de Cooperación Internacional del MEP. Este es el departamento que coordina con todos los procesos público-privados.
En el caso del diseño del currículo de educación financiera, el BAC contó con un grupo de consultores con experiencia en pedagogía quienes generaron un trabajo conjunto con docentes con capacidad de enseñar banca y finanzas, los ejercicios en contabilidad y además tomar decisiones y fueron los responsables de diseñar los contenidos curriculares.
Para el fomento de la reforma curricular, las Direcciones regionales del Ministerio de Educación, establecieran asesoras nacionales y regionales en el área de educación para la vida. Además, desde el Despacho Ministerial se conformó un Comité técnico de educación financiera que reunió a varios departamentos del MEP, así como a representantes del Banco Popular y BAC.
El BAC apoya diferentes cursos de capacitación docente, como parte del impulso a esta reforma en Educación Financiera. Estos cursos se enfocan en contenidos como habilidades para la planeación, habilidades para hacer y evaluar trabajos de investigación, diseño de material y recurso didáctico, principalmente libros para el personal docente y los libros de trabajo para estudiantes (BAC, 2017).
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Hasta el año 2017, BAC había financiado la formación de 600 docentes de la materia “vida cotidiana” para aprender los contenidos de la reforma en educación financiera, 75 docentes de colegios técnicos, 40 docentes de inglés para especializarlos en finanzas.
Los cursos que ofrece el BAC son reconocidos por el servicio civil porque estos cursos se inscriben por el “Formulario de Capacitación” del Instituto de Desarrollo Profesional (FOCAP del IDP), lo cual los hace más atractivos para las y los docentes.
Otros materiales que están en proceso de desarrollo por el BAC junto con el MEP son la Guía de emprendimiento en liceos rurales, un e-learning para docentes.
Como se observó en el acápite anterior, el BAC es un aliado muy apegado al MEP, al punto que el Ministerio elabora la Guía de actuación de alianzas público privada de la mano con este grupo financiero transnacional.
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Fundación Gente y las Juntas de Educación
La Fundación Gente es del Grupo Purdy Motor, empresa del sector automovilístico que tiene como uno de los principales clientes al gobierno y sus instituciones.
En el año 2013 la Fundación firma el Primer Convenio de Cooperación con el Ministerio de Educación Pública. Este convenio enmarca el primer “Programa para el Fortalecimiento de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas”. Con este Convenio, la Fundación ha trabajado en la capacitación a integrantes de Juntas de cinco mil centros educativos.
Las juntas administrativas de educación son órganos descentralizados responsables de la ejecución del presupuesto asignado a cada institución para la infraestructura y en general, para garantizar el funcionamiento diario del centro educativo. Las Juntas están conformadas por cinco5 personas que trabajan de forma voluntaria que no siempre tienen las herramientas necesarias pro que tienen que tomar decisiones sobre el uso del presupuesto públicos y contrataciones.
La Fundación está enfocada en promover la participación en las Juntas. La Fundación promueve la Campaña “Únase a una Junta” partiendo de que ser integrante de una Junta conlleva mucha responsabilidad y no se recibe ningún salario por este trabajo.
En el sitio web de la Fundación Gente se señalan como objetivos:
• Generar una visión compartida a través de la implementación de una estrategia nacional para las Juntas de Educación y Administrativas.
• Elevar el perfil de las Juntas entre los actores involucrados en el tema.
• Desarrollar un programa de capacitación y acompañamiento que potencie e instrumente a las Juntas y demás actores del ecosistema de Juntas.
• Desarrollar o adaptar un programa de Información Contable y Comunicación para las Juntas (FG, 2019).
Como se observa, los objetivos se refieren a tareas muy políticas y organizativas que incluyen el diálogo con la comunidad educativa, con padres de familia, vecinos y estudiantes.
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Aunado a ellos, el Ministerio ha establecido que las Juntas deben verse como “agencias de integración entre los centros educativos y las comunidades”, constituyéndose en actores centrales en garantizar las condiciones para que cada centro pueda funcionar.
Aún así, teniendo en cuenta el peso de este rol, el MEP ha dejado estas tareas en manos de una Fundación privada El MEP ha institucionalizado las metodologías y los materiales diseñadas por la Fundación Gente.
Una vez más, en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública es el telonero de la participación del sector privado en la toma de decisiones en materia de educación pública.
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Alianza para el bilingüismo
Otra de las iniciativas que reiteran la práctica del Ministerio de Educación Pública de actuar en coordinación y en co-gestión con el sector privado es la Alianza pata el Bilingüismo (ABi) que buscan promover “una Costa Rica bilingüe” en inglés y español.
La ABi tiene un presupuesto de USD $ 30 000 000 (treinta millones de dólares) de los fondos de Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), USD $1 490 000 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y USD $ 268 000 del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Si bien los fondos provienen de instituciones públicas, la alianza se impulsa mediante un Convenio Marco de Cooperación con el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) y la Fundación ALIARSE. Se debe recordar que esta Fundación participó en la elaboración de la Guía de Formación de Alianzas Público-privadas para el desarrollo del Ministerio de Educación Pública. Además estos tres actores del sector privado han suscrito una Alianza Público-Privada con el MTSS para el desarrollo de Habilidades para la Vida (Skills for Life) para ejecutar un programa de preparación a 1000 personas en inglés y habilidades blandas.
La Alianza se lanza en el año 2018 y desde la perspectiva de las partes, la misma potenciaría la empleabilidad de las personas y contribuiría a la reactivación económica. La Declaración de Apertura de la Alianza (INA, 2018) establece el Foro Intersectorial del Bilingüismo como un espacio de toma de decisión conjunta.
Según las partes que conforman la alianza, el sector privado del convenio aportaría el “conocimiento con empresas privadas en distintas iniciativas para el fortalecimiento del inglés”. Las partes públicas de la Alianza por el Bilingüismo han invertido casi un millón y medio de dólares en esta alianza.
Por ejemplo, el MTSS invirtió 350 millones de colones en la formación de 882 personas y en la segunda edición de la formación se invertirán 8.000 millones de colones para formar a unas 3500 personas más.
En el año 2019, el MEP ha dedicado 150 millones de colones (USD 268 000) para implementar 4.000 pruebas de diagnóstico para establecer una línea base. A partir del año 2019, también 5.000 del nivel de preescolar recibirán lecciones de inglés.
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La ABi tiene metas para cada nivel educativo. Por ejemplo para preescolar, se propone universalizar e inglés en las 27 Direcciones Regionales, y finalizar el diseño del programa de estudio de preescolar Bilingüe.
Para la secundaria, las metas se centran en diseñar talleres de carácter extra-curricular para estudiantes en secundaria y certificar a 180 000 estudiantes en conocimientos de inglés en secundaria.
Por ahora la iniciativa se ha priorizado en colegios:
• Ambientalistas
• Artísticos
• Científicos
• Humanísticos
• Técnicos Profesionales
• Liceos Experimentales Bilingües
Esta inversión es casi de USD $ 1 550 000 dólares invertidos en la formación en inglés y en habilidades blandas de menos de 5000 personas.
Al igual que se observa en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP 2018-2022), las autoridades públicas han puesto el énfasis en que las personas manejen ciertas habilidades como el mecanismo para insertarse en el mercado laboral. Es decir, la Alianza por el Bilingüismo una vez más tiene como punto de partida una falacia, pues pone la responsabilidad de bajar el desempleo principalmente en el desarrollo de habilidades, sin vincularlo al rol del contexto de generación de empleo y promoción de políticas de fomento del empleo en los diferentes cantones del país.
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El caso de la reforma de Matemática
La reforma de Matemáticas (Reforma Matemáticas) fue iniciada en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación Pública solicitó que un equipo de docentes universitarios diseñara el nuevo currículo en matemática. Inicialmente, este proyecto contó con un financiamiento inicial de la Fundación para la Cooperación Costa Rica-USA (CRUSA), que colocaba los Fondos a través de la FOD.
Con este financiamiento se contrató a un equipo de consultores que diseñaron los contenidos, los materiales didácticos y planificaron la primera fase de formación docente.
En el año 2016, al finalizar el presupuesto de CRUSA, el MEP firmó un Convenio con la Alianza Empresarial para el Desarrollo, conformada por 140 empresas nacionales e internacionales para que continuara el financiamiento del proceso de reforma.
En ese momento, 10 empresas de AED se comprometieron con financiar las actividades de la reforma, y anunciaron que consideraban que a través de esta Reforma, el país podría aumentar 10 puntos en los resultados de Costa Rica en la Prueba PISA de Matemática en el 2021 (MEP, 2016).
Las empresas que en esa ocasión financiaron las actividades fueron Mesoamérica, Intel, Procter&Gamble, Coopeservidores, BAC Credomatic, Garnier & Garnier, Fundación Gente y Fundación Quirós Tanzi. Muchas de estas empresas luego serían fundadoras de la Alianza por la Educación.
Con el financiamiento de CRUSA se logró dar refuerzo de capacitación para la Dirección de Gestión y Capacitación de la Calidad el MEP en el tema de elaboración de pruebas e ítems. El año 2016 fue el primer año en que la prueba de bachillerato estuvo 100 % apegada al nuevo currículo de matemática. Además, con el apoyo de CRUSA se financió la capacitación a tres mil docentes, tanto en contenidos como en estrategias de mediación en aula, se diseñaron cursos en línea para formación docente (Massive Open Online Courses -MOOC´ s).
Por su parte, el financiamiento de las empresas de AED inició en el año 2016 y finalizó en el 2018. Con estos fondos, se financiaron Cursos Virtuales y mini MOOC, para preparar a las y los estudiantes para los exámenes de bachillerato (http://cursos.reformamatematica.net)
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A partir de la firma del Convenio entre el MEP y AED, se estableció una comisión de alto nivel en la que participaba AED y la ministra de educación, que sesionaba tres veces al año. Además, se conformó una Comisión Técnica en la que participaba AED, el equipo consultor del Proyecto y seis departamentos o áreas del Ministerio de Educación, que sesionaba cuatro veces al año.
Es muy interesante observar la habilidad del MEP para, en primera instancia, impulsar el diseño de una reforma curricular mediante una consultoría externa. En segunda instancia, también llama la atención que, para dar seguimiento al avance de la Reforma, el MEP establezca comisiones de coordinación directa con el sector empresarial.
Hasta la fecha, el proyecto de la Reforma continúa enfrentando el desafío de no estar integrado en la estructura nacional del MEP, característica que tuvo desde un principio, pues se desarrolló en el marco de una consultoría financiada con presupuesto de la cooperación. Incluso, la página web de la Reforma no está integrada en la página del MEP, dejando en evidencia esta falta de articulación.
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Costo de mercado de los colegios privados
La oferta privada en secundaria representa el 8 % de toda la oferta en secundaria del país (PEN, 2018). Esta oferta parece estar estancada en las provincias del Gran Área metropolitana, pues las instituciones tienen en su mayoría más de 25 años de fundadas. Por el contrario, la oferta privada muestra crecimiento en las provincias costeras.
La siguiente tabla muestra los costos de las mensualidades de los principales colegios privados en Costa Rica. Se observa que en las provincias del Gran Área Metropolitana (GAM)hay una concentración de colegios y hay menos oferta en las provincias de las costas. Esto no debe de llamar la atención, pues es en la GAM donde se concentra la clase media y media alta.
Para comprender los costos de las mensualidades, se debe tener en cuenta que el salario base en Costa Rica es de USD $ 400. Como se observa, hay colegios que cobran más de tres salarios base.
En promedio, el costo de las mensualidades de la mayoría de los colegios representa 1,25 % de un salario base. En el país ha subido la tendencia de que los bancos e instituciones financieras ofrecen financiamiento para cubrir los costos de mensualidades educativas. Por ejemplo, el BAC Credomatic, que tiene toda una línea de préstamos para educación o Coopeservidores (CS).
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ProvinciaColegios Matrícula 2020 en Dólares Matrícula 2020 en colonesmoneda local. San José San José Heredia Alajuela San José San José BRITANICO DE COSTA RICA COUNTRY DAY SCHOOL COLEGIO LINCOLN SCHOOL SAINT PAUL COLLEGE HUMBOLDT SEK DE COSTA RICA 993 1 400 890 (aproximado) 895 768 705 300 000 Sólo ofrecen valor en dólares Sólo ofrecen valor en dólares 501 000 430 000 395 000 Provincias del Gran Área Metropolitana
Tabla 1. Costo de matrícula del año 2020 en dólares y en moneda local de los colegios privados en Costa Rica organizados por Provincia.
ProvinciaColegios Matrícula 2020 en Dólares
San José
San José San José
San José
Heredia
San José
Cartago
Cartago
San José
San José
San José
San José
Heredia
Heredia
Cartago
San José
Heredia
Heredia
Heredia
San José
San José
San José
Cartago
COLEGIO METODISTA
COLEGIO SAINT FRANCIS
SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL
SAGRADA REINA DE LOS ANGELES
PANAMERICANO
KAMUK SCHOOL
MIRAVALLE
SAINT CLARE
LA SALLE
LOS ANGELES
SAGRADO CORAZON
COLEGIO
San
Matrícula 2020 en colonesmoneda local.
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Alajuela
José
MONTERREY COLEGIO YURUSTI VALLE DORADO COLEGIO ANGLOAMERICANO SALESIANO DON BOSCO NUEVA GENERACION "EL COPEY" C.T.P. C.I.T. SANTA INES ADVENTISTA DE COSTA RICA SAN MIGUEL ARCANGEL (SAINT MICHAEL) COLEGIO LAS AMERICAS BILINGÜE JORGE VOLIO JIMENEZ CENTROAMERICANO ADVENTISTA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 693 639 598 589 536 546 525 523 446 445 438 420 429 402 384 375 384 313 357 352 339 339 329 330 313 388 000 358 000 335 000 330 000 300 000 306 000 294 000 293000 250 000 249 000 245 000 235 000 240 000 225 000 215000 210 000 215 000 175 000 200 000 197 000 190 000 190 000 184500 185000 175 000 Provincias del Gran Área Metropolitana
ProvinciaColegios Matrícula 2020 en Dólares
Alajuela Alajuela Heredia
Alajuela Alajuela
San José Guanacaste Guanacaste
Puntarenas Limón Limón
Matrícula 2020 en colonesmoneda local.
Fuente: elaboración propia con datos de El Financiero Como se observa, en las provincias costeras, hay una oferta privada de bajo costo que no se observa en la zona del Gran Área metropolitana.
La oferta privada de bajo costo está sostenida bien por grupos religiosos, como el caso de la institución El Espíritu Santo en Guanacaste, o por iniciativas de docentes que deciden fundar una institución, por ejemplo el Colegio Santa Sofía Bilingüe en la provincia de Puntarenas.
La tendencia de colegios probados de bajo costo fundados por docentes se ha observado en Canadá, Estados Unidos y la India. Por su parte, República Dominicana y Colombia son países con alta presencia de instituciones fundadas por grupos religiosos, que operan mediante mecanismos de alianza público-privadas. Ambas tendencias pueden crecer en Costa Rica.
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Limón Puntarenas Puntarenas Guanacaste SAN GERARDO COLEGIO MARISTA COLEGIO BILINGÜE NUEVA ESPERANZA SAN AGUSTIN COLEGIO AGROPECUARIO DE SAN CARLOS COLEGIO CALASANZ SANTA ANA LAKESIDE INTERNATIONAL SCHOOL SANCTI SPIRITUS VALLE DEL SOL COLEGIO BILINGÜE SAN FRANCISCO DE ASÍS MARIA INMACULADA MADRE DEL DIVINO PASTOR SANTA SOFÍA COLEGIO BILINGÜE EL ESPIRITU SANTO 284 282 268 170 125 27 393 410 375 335 329 254 196 32 27 159 000 158 000 150 000 95 000 70 000 150 000 220 000 229 600 210 000 187 500 184 500 142 000 110 000 18 000 15 000 Provincias del Gran Área Metropolitana Provincias costeras
El negocio de las instituciones parauniversitarias
El país cuenta con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), un instituto con presencia nacional que atiende la formación técnica en 9 áreas de desarrollo socio productivo. Además, existen cinco universidades públicas con sedes en todo el país. Esta oferta pública robusta, no ha evitado que crezca una oferta privada de formación para-universitaria.
La Ley Nº 6541 regula las Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitarias y se establece que el objetivo de estas instituciones es “ofrecer carreras completas, de dos o tres años de duración, a personas egresadas de la educación diversificada” Esta ley define que “las carreras de educación superior parauniversitaria es intermedio, entre la educación diversificada y la educación superior universitaria”.
Las parauniversitarias también pueden “ofrecer servicios descentralizados a las universidades oficiales del país, mediante convenios firmados con ellas”.
Como ocurre en otros procesos del quehacer educativo, es el Consejo Superior de Educación, el órgano encargado de “la creación, supervisión y supresión de las carreras de educación superior parauniversitaria, tanto oficiales como particulares, así como de los planes de estudio, programas y perfiles de salida de los graduados, de acuerdo con los reglamentos que dicte, todo conforme al Plan Nacional de Desarrollo” (Ley Nº 6541).
Cada vez que una institución para-universitaria solicite la apertura de nuevas carreras para su oferta, el Consejo Superior de Educación tiene un plazo no mayor de noventa días para pronunciarse.
La ley no limita la cantidad de instituciones ni de carreras que pueden ofrecer.
Hasta la fecha, en Costa Rica, el Consejo Superior de Educación ha aprobado la instalación de 27 institutos para-universitarios.
Según las cifras ofrecidas por el propio CSE, únicamente durante el periodo 2017 al 2018, estos 27 colegios para-universitarios tuvieron la matrícula de 50 817 nuevos estudiantes.
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Tabla 2. Institutos parauniversitarios aprobados por el CSE y detalle de carreras vigentes en el periodo 2017 al 2019
Instituto Carreras que ofrece
Centro Costarricense de Educación Parauniversitaria (CCEP)
Centro de Formación de Tecnologías de Información (CENFOTEC)
Emergencias Médicas Prehospitalarias Asistente Dental e Higiene Oral
Administración de Empresas Desarrollo y Diseño WEB Dirección de Empresas
Tecnologías de Desarrollo de Software Tecnologías de Información y Comunicación Telemática
Centro Iberoamericano de Desarrollo Profesional (CIDEP)
Centro Interamericano de Educación Tecnológico (CIET)
Colegio Universitario
Boston
Administración de la Pequeña y Mediana Empresa Investigación
Criminal
Administración y Gestión Deportiva Artes Culinarias
Diseño de Interiores
Diseño y Decoración de Interiores
Informática
Mercadeo y Servicio al Cliente Secretariado Ejecutivo Bilingüe Secretariado Ejecutivo en Español Administración de Negocios Contabilidad
Diseño Publicitario
Diseño y Decoración de Interiores Gestión del Recurso Humano
Animación Digital
Colegio Universitario
Creativo
Decoración del Espacio Interno
Diseño de Modas
Diseño Interno
Diseño y Desarrollo Web
Fotografía Digital
Producción Audiovisual Digital
Gestión y Dibujo Arquitectónico
Desarrollo y Programación de Video Juegos Diseño Gráfico
Desarrollo y Diseño de Video Juegos
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Colegio Universitario de Cartago (CUC)
Dirección de Empresas Dirección y Administración de Empresas Electrónica Empresas y Actividades Turísticas Investigación Criminal Investigación Criminal y Organizacional Investigación Criminal y Seguridad Organizacional Mecánica Dental Programación de Sistemas
Secretariado Administrativo Bilingüe Secretariado Bilingüe Secretariado Ejecutivo Tecnologías de la Información Turismo
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)
Computación Empresarial Contabilidad y Finanzas Dirección de Empresas Gestión de la Producción y Servicios Gestión de Servicios Gestión Municipal
Gestión Operativa de Terminales Portuarias Guía Naturalista Ingles como Segunda Lengua Inglés Conversacional Operaciones Logísticas Portuarias Salud y Seguridad Laboral Gestión de la Salud Ocupacional Redes Turísticos Gestión Logística
Colegio Universitario IPARAMEDICA
Administración de Seguros, Riesgos y Fianzas Administración de Seguros, Riesgos y cauciones Citología Médica Disección y Tanatopraxia Electromedicina
Emergencias Médicas Prehospitalarias Urgencias, Emergencias Médicas y Desastres Gerontología
Histotecnología
Histotecnología Médica
Tecnortopedia y Trauma Telemática y Redes Tecnocardiología y Hemodinamia
Laboratorio de Microbiología Química y Clínica
Colegio Universitario Panamericano
Administración de Negocios
Administración de Recursos Humanos Contaduría
Recursos Humanos
Sistemas de Computación
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Instituto Carreras que ofrece
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Instituto Carreras que ofrece
Colegio Universitario Tecnosalud
Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI)
Asistencia Veterinaria
Administración de Empresas Agroindustria
Biotecnología
Ciencias Agropecuarias
Contabilidad y Finanzas
ManejoForestal
Servicios y Actividades Ecoturísticas
Tecnologías Agroindustriales
Instituto de Educación Superior Parauniversitaria San
Juan Bautista de la Salle
Instituto de Servicios Educativos S.A. (ISESA)
Administración de Empresas Ciencias de la Familia
Administración de Empresas Contabilidad
Criminalística
Criminología
Informática
Secretariado Ejecutivo Bilingüe
Instituto en Ciencias de la Salud (INCISA)
Instituto Invenio de Tecnologías Emergentes
Asistente de Laboratorio Químico-Clínico Emergencias Médicas y Rescate
Infraestructura para las Tecnologías de Información y Comunicación
Operación y Mantenimiento de Plantas de Energía Tecnologías de Diseño y Fabricación
Tecnologías de Información y Comunicación Tecnologías de Negocios
Asistente Administrativo en Servicios de Salud
Cuidado Domiciliar
Diseño y Fabricación de Sistemas Mecatrónicos Gestión de Procesos Empresariales
Operación y Mantenimiento de Sistemas de Energías Renovables
Desarrollo de Software
Asistente Administrativo en Servicios de Salud
Cuidado Domiciliar
Diseño y Fabricación de Sistemas Mecatrónicos Gestión de Procesos Empresariales
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Instituto Carreras que ofrece
Operación y Mantenimiento de Sistemas de Energías Renovables Desarrollo de Software
Instituto Latino de Formación Integral (ILAFORI)
Instituto Parauniversitario American Business Academy (ABA)
Instituto Parauniversitario Asociación de Servicios Médicas Costarricenses (ASEMECO)
Instituto Parauniversitario Católico de Costa Rica (IPCA)
Técnica Dental Diseño y Decoración de Interiores Artes Culinarias
Administración de Empresas Contabilidad Secretariado Ejecutivo en Español
Asistente de Farmacia Asistente de Laboratorio Registros Médicos y Estadísticos de Salud
Administración de Finanzas en PYMES AuditoríaInterna Contabilidad
Contabilidad Computarizada Contabilidad de Costos y Métodos de Costeo Cuidado y Atención Integral del Paciente Paliativo y Geriátrico Cuidador o Cuidadora para el Cuidado Paliativo y Geriatría Formación de Agentes Pastorales Locución y Manejo de la Voz Podología
Psicología del Deporte y la Actividad Física Salud Ocupacional
Instituto Parauniversitario Plerus
Criminología Imágenes Médicas
Imagenología Médica Laboratorio Clínico Registros Médicos y Sistemas de Información en Salud
Instituto Parauniversitario Politécnico Internacional
Artes Culinarias
Gastronomía y Artes Culinarias Programación de Computadoras Soporte Técnico en Tecnologías de la Información Telecomunicaciones
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Instituto
Instituto Parauniversitario
Richard Nixon
Carreras que ofrece
Criminalística Informática
Secretariado Ejecutivo
Instituto Parauniversitario
Yunis
Instituto Profesional Ávila
Secretariado Ejecutivo en Español Contabilidad
Administración Contabilidad
Informática Secretariado Ejecutivo en Español
Instituto Superior de Educación Técnica (ISET)
Administración de Empresas AuditoríaInterna Contabilidad Informática
Secretariado Ejecutivo Bilingüe
Secretariado Ejecutivo en Español
Parauniversitario del Istmo S. A.
Administración
Administración de Empresas Contabilidad Logística, Compras y Almacenamiento
Fuente: elaboración propia con base en información del CSE.
Como se observa, la oferta de carreras es muy diversa. Además, la Ley 6541 que regula Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria faculta a estos institutos a “establecer convenios de cooperación e intercambio de servicios y tecnología con las instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras” (Artículo 18).
En un país donde la clase media aún es fuerte y en la que existen muchas facilidades de crédito para endeudarse y financiar procesos educativos, es de esperarse que la oferta de estos institutos siga creciendo y diversificándose, ocupado aún más área del mercado.
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A modo de conclusión
En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado Costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública- privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política Educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las APP.
Como se analizó en este documento, el Ministerio de Educación Pública tiene la certeza que el sector privado en un actor en la mejora de la calidad y además, que el sector privado es un actor aliado oportuno para compartir los riesgos y para fortalecer las competencias, es decir, las autoridades educativas buscan complementar su rol echando mano de actores no estatales.
El papel y el enfoque con el actúa el Consejo Superior de Educación también deja en evidencia una relativización del sentido público de la Educación. Es el Consejo Superior de Educación el que ha facilitado el crecimiento de la oferta privada, la gestión en alianzas público-privada y las reformas curriculares.
Sumado a esto, la mirada pública coincide con la mirada de sectores privados como son la OCDE, la Alianza Empresarial por la Educación, el BID y el Banco Mundial. El hecho de que el propio Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 20182022 identifique los mismos desafíos educativos que ha identificado el Banco Mundial o la OCDE, ya es una evidencia de cómo la gestión pública en educación en Costa Rica no busca diferenciarse, sino más bien alinearse con la tendencia global.
Antes de que Costa Rica se orientase por las políticas de la OCDE, ya había adoptado los lineamientos de la OMC mediante la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios, con respecto al comercio educativo y como se revisó en este documento, hace más de dos décadas, las políticas educativas del país ya estaban fomentando el sector privado de la educación.
El otro signo en la gestión de la educación pública en el país es la tendencia del MEP de ceder a actores privados procesos y diseños temáticos que son centrales y que deberían estar fuertemente liderados por el propio Ministerio. La compra de servicios o el outsourcing, principalmente en materia de plataformas de informática
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y en formación docente, no fortalece las capacidades del MEP para desarrollar las actividades desde sus propias estructuras institucionales y genera sistemas paralelos de gobiernos educativos privados, como es el claro ejemplo de la FOD.
El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado Costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos.
En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades públicas, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y el sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.
Esto es producto del signo ideológico de los gobiernos de las últimas décadas, pues el Ministerio de Educación Pública tiene el presupuesto, la estructura y la capacidad para cumplir todas las tareas que ahora está dejando en manos de terceros privados, simplemente porque rige la noción neoliberal de que la gestión pública-privada es más efectiva.
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Anexos
A continuación se ofrece un resumen de los principales préstamos adquiridos por Costa Rica en materia educativas en las últimas décadas.
Proyectos del BID en Costa Rica
Cooperación técnica
US$ 28 000 000 (veintiocho millónes de dólares)
US$ 1 000 000 (un millón de dólares)
• http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=446641
• Ampliar la oferta de Servicios de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano.
• Fortalecer la calidad y efectividad de las políticas y programas existentes.
• Mejorar la recopilación de información.
• Fortalecer el marco institucional.
Préstamo-Fideocomiso
BID-Banco Nacional
Construcción y equipamiento de infraestructura
US$ 167 000 000 (Ciento sesenta y siete millones de dólares)
• Plataforma física y tecnológica de calidad .
• Construir y equipar escuelas primarias y colegios de secundaria del sector público en áreas urbano-marginales y rurales.
• Construcción de espacios culturales y deportivos en centros de alta densidad estudiantil.
Cooperación Técnica
Acceso a servicios de desarrollo infantil temprano
US$ 980 370 (novecientos ochenta mil trescientos setenta dólares).
• Brindar fondos a la Fundación DEHVI para que brinde servicios a la Red de cuido.
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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto en dólares Año de aprobación Objetivos del préstamo Prescolar y tercer ciclo Desarrollo Infantil Temprano y Red de Cuido
educativa
1995 2011 2012 2013
Tipo de inversión
Nombre del Proyecto Monto en dólares Año de aprobación Objetivos del préstamo
Pensamiento Lógico Matemático con uso de tecnología en preescolar
US$ 1 500 000 (un millón y medio de dólares)
2015
• Desarrollar un programa para la enseñanza de las matemáticas con tecnología en la educación pre-primaria.
• Aumentar los constructos cognitivos en educación matemática en preescolar para mejorar la transición a primaria (nivel en el que ya se implementa la Reforma).
• Evaluar el programa.
Apoyo a la gestión de la infraestructura
US$ 350 000 (trescientos cincuenta mil dólares)
2015
• Brindar apoyo técnico al Ministerio de Educación Pública (MEP) para gestionar y supervisar las obras de infraestructura educativa que se construye como parte del fideicomiso para la ejecución del Programa “Construyendo y Equipando la Infraestructura Escolar”.
Generando capacidades en la nueva fuerza laboral para la Economía del Conocimiento.
US$ 1 200 000 (un millón doscientos mil dólares)
2016
• Brindar capacitación y apoyo, desde el programa Soy Cambio de Fundación Monge, a 800 jóvenes entre 16 y 20 años en riesgo social de centros educativos de la Gran Área Metropolitana.
• Capacitación a 40 directores de colegios y 40 orientadores.
• Capacitación a 40 coordinadores de empresa para la intermediación laboral en los colegios técnicos.
• Promover que el grupo de jóvenes finalice la secundaria, inicie una formación técnica y se inserte en el mercado laboral.
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Préstamo Cooperación técnica Para el MEP y Fundación Monge
Proyectos del BANCO MUNDIAL en Costa Rica
Préstamo
Préstamo
Elaboración propia con datos del Banco Mundial y el BID
2005 2013
Los objetivos señalados en el documento son:
• Calidad y equidad de la educación en zonas rurales: implementación de proyectos en zonas focalizadas.
• Apoyar el desarrollo institución y articular las estrategias entre los departamentos y unidades del MEP promover diagnósticos participativos y evaluar programas educativos.
• Desarrollar un Sistema de información para dar seguimiento a resultados educativos: Sistema de Información de Desarrollo Educativo, SIDE.
• Mejorar eficiencia institucional del Ministerio de Educación Pública con estrategias inter-institucionales: promoción de diagnóstico y evaluación.
• Fortalecimiento de la educación rural, especialmente en escuelas con bajos rendimientos.
• Mejorar la equidad en los servicios educativos (becas, transporte y alimentación).
• Apoyar la unidad de educación indígena.
• Fortalecimiento de capacidad institucional de las universidades públicas.
• procesos de evaluación institucional.
• Formación docente en servicio.
• Ampliación de infraestructura.
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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto en dólares Año de aprobación Objetivos del préstamo Eficiencia y equidad de la Educación Proyecto de mejoramiento de la educación superior
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US$ 30 000 000 (Treinta millones de dólares)
US$ 200 000 000 (Doscientos millones de dólares)
Fuentes bibliográficas
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• BID (2020). Documento de Cooperación Técnica I. Información Básica de la CT. País/ Región: COSTA RICA - Nombre de la CT: Nuevo modelo de formación semipresencial y certificación de habilidades para mejorar la empleabilidad de los jóvenes vulnerables en la era post-COVID19. Recuperado de https://www.iadb.org/projects/document/ EZSHARE-1510578838-21?project=CR-T1231
• BID (2016). Tiempo de decisiones. América Latina y el Caribe ante sus desafíos.
• CSE. (s.f.). Funciones del Consejo Superior de Educación. Recuperado de http://www. cse.go.cr/funciones
• CSE (2019) Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria. Matricula inicial por cuatrimestre, institución y carrera Años 2017, 2018 Y 2019. Tomado de http://www. cse.go.cr/sites/default/files/files/Matr %C3 %ADcula %20Parauniversitarias %20 por %20institución %20y %20cuatrimestre %202017-2019(2).pdf
• CSE (2008) Política Educativa. El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense.
• Fundación Gente. (2020). Informe anual. Recuperado de http://www.fundaciongente.org/wp-content/uploads/2020/03/Informe-Anual-FG-01e20-1.pdf
• Hacienda pública (2018) Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones público-privadas N°41042-H. Tomado de https://www.hacienda.go.cr/docs/5af49bc0c36eb_Decreto %20 N41042-H.pdf
• Gobierno de Costa Rica Declaración de la Alianza por el bilingüismo Tomado de https://www.ina.ac.cr/Documentos %20compartidos/Alianza %20para %20el %20 Bilinguismo.pdf
• IEAL (2015) La educación en Costa Rica. Un análisis comparativo de su desarrollo en los años 1950 al 2014. https://ei-ie-al.org/recurso/la-educacion-en-costa-rica
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• Ley 9635 del año 2018. Ley sobre el Fortalecimiento de las finanzas públicas. Tomado de https://www.hacienda.go.cr/docs/5c07dd2965e11_ALCA202_04_12_2018.pdf
• Ley 2170 del año 1950. Ley Fundamental de Educación. Tomado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=31427
• Ley 9126 Reforma Integral ley N° 1362 de "Creación del Consejo Superior de Educación Pública”.
Tomado de http://cse.go.cr/sites/default/files/files/LeydeCreaciondelCSELey9126NUEVA.pdf
• Ley 1362 Reglamento de Creación del Consejo Superior de Educación (CSE) Tomado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/ nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=38076&nValor3=92260¶m2=1&strTipM=FN&lResultado=6&strSim=simp
• Ley 6541, Ley que regula Instituciones de Enseñanza Superior Preuniversitaria. Tomado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31756&nValor3=72619&strTipM=TC
• Ley 8828. Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta. Tomado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/ nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=68059&nValor3=80971&strTipM=TC
• Ley 7762 (1998) Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos Tomado de https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454
• Ley 6227, Ley General de Administración Pública. Tomado de http://www.pgrweb. go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
• Ley Nº 8207 Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa. Tomada de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47747&nValor3=50717&strTipM=TC
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• MEP (2019) Circular DVM-PICR-13-07-2019. Transferencia Monetaria Condicionada Crecemos y competencias del MEP. Tomado de https://www.mep.go.cr/sites/default/files/descargas_etica/dvm-13-07-2019.pdf
• MEP. (s.f.) Alianza por el bilingüismo. Un storymap. Tomado de https://www.arcgis. com/apps/MapJournal/index.html?appid=3086c818675b4990ba03d21f26a4c20e
• MEP y ALIARSE (2016). Guía de formación de alianzas público-privadas para el desarrollo Ministerio de Educación Pública. Tomado de http://mep.go.cr/sites/default/ files/daic/guia-mep-aliarse-oei.pdf
• MEP (2016) III Etapa Plan de mejoramiento quinquenal en el MECEC Aseguramiento y mejoramiento continuo
Tomado de. http://www.dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/documentos/plan_mejoramiento.pdf
• MEP (2013) Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense
• MEP (2015) Transformación curricular: fundamentos conceptuales en el marco de la visión “Educar para una Nueva Ciudadanía”. Recuperado de http://cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/9-2016_educar_para_una_nueva_ciudadaniafinal.pdf
• MIDEPLAN. (2018). Plan nacional de desarrollo e inversión pública PNDIP 2018-2022. Recuperado de https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/ plan/files/Costa %20Rica %20PNDIP %20 %202019-2022.pdf
• MNC. (2018). El Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR). Tomado de http://www.cualificaciones.cr/ images/articulos/publicaciones/MarcoNacionalCualificaciones_v2_16092019.pdf
• OCDE (2017). Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación: la educación en Costa Rica
• PEN (2019) Programa Estado de la Nación. Séptimo Informe Estado de la Educación Tomado de https://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/documentos/ESTADO-EDUCACION-2019-WEB.pdf
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• PEN (2017). Sexto Informe del Estado de la Educación. Recuperado de https://estadonacion.or.cr/informe/?id=17074dc7-a4c3-40d4-8690-801868d90534
• PEN (2018) Políticas Docentes en Costa Rica. Recuperado de https://estadonacion. or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/politicas-docentes-CR.PDF
• UNESCO. (2016). Revisando el concepto de la Educación como un bien público
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