Políticas públicas en:
Derechos sexuales y reproductivos e identidad de género
Situación nacional Los derechos sexuales y reproductivos protegen el derecho de las mujeres y los hombres a decidir sobre lo que sucede con su cuerpo y su reproducción. La Red de Trabajadoras de la Educación ha analizado cómo la llegada de los derechos sexuales y reproductivos y de identidad de género a la esfera de las políticas públicas, es un resultado de las luchas de los movimientos de mujeres por lograr evidenciar el carácter público y político de la vida privada. Este apartado aborda las políticas y programas estatales relativos a la garantía de los derechos a la salud sexual y reproductiva, el acceso a los métodos anticonceptivos, la atención a las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida y la interrupción legal y voluntaria del embarazo. También se han incluido en este apartado el enfoque cultural en la atención al parto y el establecimiento de legislaciones que atiendan la diversidad sexual. Cuando no se establecen políticas puntuales para subsanar desigualdades históricas, se generan prácticas de Estado que reproducen la inequidad en el acceso a servicios de salud, información y orientación para el uso de métodos anticonceptivos, lo que limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes. Jesica Báez, autora del estudio Políticas educativas, jóvenes y sexualidades en América Latina y el Caribe. Las luchas feministas en la construcción de la agenda pública sobre educación sexual, identifica que las políticas educativas que integran la educación sexual, transitan tres modalidades que conviven en América Latina. Una modalidad prioriza ─y casi que se limita a─ la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. Otra modalidad de políticas y programas logran incluso integrar el tema de violencia basada en género (incluida la violencia sexual) y un tercer momento de las políticas de educación sexual se enmarcan en los derechos de las y los estudiantes y busca educar en la perspectiva de diversidad y de inclusión. Báez analiza que en general la región muestra avances en la perspectiva y el contenido de la educación sexual (Báez, 2015), pero persiste una priorización de la sexualidad en el sentido médico, así como de auto control y punición. Es decir, aún no se logra homologar en la región un proceso de educación sexual enfocado en la vivencia integral de derechos y diversidad. Argentina y Brasil son los únicos países cuyos sindicatos reportaron una inciden34 / Incidencia sindical en políticas públicas para la igualdad
