Políticas educativas en:
Protección al derecho a la educación pública
Situación nacional Este apartado aborda programas para la inclusión y permanencia, el financiamiento y cobertura, la ampliación de derechos de guarderías, salas cunas, jardines infantiles y la participación en la elaboración de currículos educativos inclusivos. Mirando en retrospectiva, las políticas de educación de los países latinoamericanos se han caracterizado por situaciones muy particulares. En algunos países los sistemas educativos venían siendo legislados ya sea con las normativas establecidas por las dictaduras o bien generadas con un carácter provisorio o “de emergencia” al final de los regímenes dictatoriales. En otros fueron las instancias financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, los entes que rigieron las decisiones (especialmente en formas de administración y de inversión) en los sectores educativos públicos. La llegada al poder de gobiernos del campo democrático y popular a algunos países de la región, ha permitido atender la urgencia que había de legislar la educación con un sentido público. No obstante, las organizaciones sindicales señalan que aún hace falta avanzar para legislar con sentido de derecho social, lo cual abarca una visión más amplia que supera la inversión con carácter público y que alcanza la participación de los gremios en la toma de decisiones y la gestión democrática del aparato educativo. En la tabla 5 se enumeran las diferentes políticas públicas y programas alcanzados en los países en materia protección al derecho a la educación pública, especificando las formas de participación que cada sindicato considera haber tenido. En República Dominicana se aprobó en el 2012 una ley de financiamiento educativo que establece el 4% del PIB para la educación pública. Este aumento es significativo pues previamente se destinaba el 1,4% del PIB y hubo un acuerdo para implementarlo de forma escalonada. Este presupuesto estaba previsto desde hacía quince años atrás, cuando se aprobó la ley General de Educación. La profesora María Teresa Cabrera (integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la IE durante los años 2007 al 2015) explica que “desde el 26 de octubre 2010 la Coalición por una Educación Digna dejó claro cómo avanzarían sus actividades de presión e incidencia: determinación de permanecer en lucha mientras no sea aprobado el presupuesto para la educación pública acorde con la ley 66/97 (4% del PIB)”.13 Luego de la aprobación del 4% del PIB para la educación, se aprobó un Pacto Educativo en el año 2012. Este Pacto consta de 21 puntos; uno de ellos establece 13. Cabrera, M. Lucha social, Estado e inversión en educación, revista Red N. 1. Tomado de http://www.ei-ie-al.org/ publicaciones/red01_web.pdf Internacional de la Educación para América Latina / 47
